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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00874-02

Fecha
20 de junio de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00874-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica Samai del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00874-02

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

20 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)

Actor: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA

Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS

Temas: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS –
carga de la prueba en materia de acciones populares / DERECHO COLECTIVO A LA
MORALIDAD ADMINISTRATIVA - no se probó su vulneración, cuya protección se
reclamó con esta demanda.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias
Idárraga, en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró probadas las excepciones denominadas
“Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales” y
“ausencia de transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y
diligente de las funciones asignadas por la ley” y negó las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Javier Elías Arias Idárraga demandó al municipio de San José y a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas por la supuesta vulneración del derecho e interés
colectivo relacionado con la moralidad administrativa. Aseguró que estas entidades
incumplieron su obligación legal de dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus

1 A continuación, se transcribe, de forma literal, la parte resolutiva de la sentencia del 26 de septiembre

de 2022:
PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de “errónea fundamentación jurídica de la
demanda”, “falta de Legitimación en la Causa por Pasiva” propuestas por Corpocaldas y probadas las
excepciones que “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales”,
“ausencia de transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las
funciones asignadas por la ley a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, en
atención a su órbita de competencia”, propuestas por Corpocaldas.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: SIN COSTAS.
CUARTO: Remítase copia de la demanda del auto admisorio de la demanda y de la sentencia definitiva
al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo.
QUINTO: Una vez ejecutoriada este acto judicial, háganse las anotaciones pertinentes en el programa
informático “Justicia Siglo XXI”.

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

ingresos corrientes para la adquisición de las áreas de importancia estratégica para la
conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y
distritales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda2

El 6 de diciembre de 2017, Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio del medio de control
para la protección de los derechos e intereses colectivos, interpuso demanda en contra
del municipio de San José y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -en adelante
Corpocaldas-.

Como fundamento de sus pretensiones, transcritas a pie de página3, el actor popular
indicó que las entidades demandadas habían desatendido la obligación legal conjunta
establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la
Ley 1450 de 2011, según el cual, tratándose de áreas de importancia estratégica para
la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y
distritales, “los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales”.

Lo anterior teniendo en cuenta que, desde la promulgación de la Ley 99 de 1993, las
entidades demandadas no habían adquirido los predios para la conservación de las
cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo, desconociendo, además, que
dicha normativa obedeció a la grave incidencia del fenómeno del niño en los embalses y
acueductos del país y a la deforestación de las cuencas hidrográficas causada por los
asentamientos subnormales.

2 Documento denominado “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de

Samai.
3 Estas fueron las pretensiones consignadas en la demanda (se transcriben de forma textual, incluso con

posibles errores):
A. Se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, literal b, art. 4 ley 472 de 1998.
B. Se ordene a los accionados a realizar la inversión del 1% de las rentas corrientes de cada periodo
fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha que se profiera sentencia.
C. Se ordene a pagar a mi bien el 15% del valor que se recupere para la adquisición de los predios
aledaños al recurso hídrico, art. 40 ley 472 de 1998, se concedan costas y agencias en derecho a mi
bien.
D. Se ordene por parte del juez en el auto admisorio aplicar, los art. 86 y 96 CGP, a fin de que los
demandados aporten en la contestación de la demanda las pruebas que pretendan hacer valer y de
consignar situaciones falsas o que dilaten la acción, sean condenados por temeridad y mala fe, además
de aplicar art. 38 ley 472 de 1998. Igualmente se aplique art. 145 CPACA.
E. Se ordene informar a la comunidad sobre esta demanda, por la página web de la rama judicial, link
avisos a la comunidad y desde ya solicito se conceda amparo de pobre a fin de que las pruebas que se
requieran las paguen las partes o el fondo para acciones populares de la defensoría del pueblo y se
invierta la carga de la prueba, pues no tengo vínculo laboral actualmente.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

En definitiva, el actor alegó la supuesta vulneración de la moralidad administrativa,
derecho colectivo consagrado en el literal b del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en
procura “del recto manejo de la administración pública, ya que los recursos que ordena
la Ley 99 de 1993, desde el año 93 a la fecha de fallar esta acción, no se han invertido
como manda la ley”.

2. Contestaciones de la demanda

2.1. Corpocaldas4 indicó que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, dispone que la inversión del 1% para la
adquisición y mantenimiento de las zonas destinadas para la conservación de los
recursos hídricos le competía única y exclusivamente a los entes territoriales.

Además de su falta de legitimación en la causa por pasiva, propuso las excepciones
que denominó “errónea fundamentación de la demanda”, “Corpocaldas ha actuado
conforme a los postulados legales y constitucionales” y “ausencia de transgresión de los
derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por
la ley”; acápites en los que resaltó que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 fue
interpretado de forma errónea por el actor popular, en la medida en que en ninguno de
sus apartes se les atribuyó a las corporaciones autónomas regionales la obligación de
destinar parte de sus ingresos a la adquisición de áreas de interés para acueductos
municipales.

2.2. El municipio de San José5 aseguró que las afirmaciones del actor popular no
estaban soportadas en ninguna prueba.

Explicó que ese ente territorial nació “jurídicamente a la vida administrativa” en 1998;
que las administraciones precedentes adquirieron tres predios en cumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y que la reserva
presupuestal de esos recursos venía siendo apropiada por la administración municipal,
que inició su período constitucional el 1° de enero de 2016.

3. En la audiencia de pacto de cumplimiento, que se realizó el 6 de julio de 20186, se
logró un acuerdo entre las entidades demandadas, con la anuencia del Ministerio
Público, lo que dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 24
4 Folios 30 a 33 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice

2 de Samai.
5 Folios 42 a 46 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice

2 de Samai.
6 Folios 108 y 109 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el

índice 2 de Samai.

3

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

de septiembre de 20187, aprobara el pacto celebrado y designara a un comité para la
verificación de su cumplimiento.

La parte actora interpuso recurso de apelación8, en el que solicitó dejar sin efecto la
sentencia de primera instancia, por cuanto el convenio celebrado se acordó y aprobó sin
su presencia y aquiescencia, en violación directa de lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 472 de 1998.

A través de providencia del 3 de julio de 2020, esta Subsección9 declaró: (i) la nulidad de
la sentencia de 24 de septiembre de 2018; (ii) la nulidad parcial del auto de 6 de julio del
mismo año y (iii) fallida la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 6 de julio de
2018.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 26 de septiembre de
202210, declaró probadas las excepciones denominadas “Corpocaldas ha actuado
conforme a los postulados legales y constitucionales” y “ausencia de transgresión de los
derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por
la ley” y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, a partir de las
pruebas allegadas al proceso, se comprobó que el municipio de San José destinó más
del 1% de sus ingresos corrientes municipales para la protección de fuentes hídricas.

El fundamento de esta decisión será plasmado en la parte considerativa de la presente
providencia.

5. La apelación

El actor popular solicitó la nulidad y formuló recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia11. La petición de nulidad fue rechazada, de plano, por el Tribunal
Administrativo, a través del auto de 10 de febrero de 202012.

La impugnación se fundamentó en que, a juicio del actor popular, no se acreditó que se
hubiesen realizado inversiones en protección de fuentes hídricas, por un valor superior
al 1% del presupuesto público del municipio de San José.
7 Folios 129 a 134 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el
índice 2 de Samai.
8 Folio 137 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de

Samai.
9 Folios 191 a 196 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el

índice 2 de Samai.
10 Documento “ED_18SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.
11 Documento “ED_22CORREORDONULIDRECU(.msg) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.
12 Documento “ED_24AUTOCONCEDERECURSO(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

A continuación, se cita el recurso de apelación que presentó el actor popular
(transcripción literal, con errores):

(…)
DE no dar nulidad pedida justificando en derecho el por que la niegan, entonces
apelomi inconformidad con el curioso fallo, radica en que nunca los accionados
probaron en derecho haber realizado las inversiones pedidas desde los años 1994 a lo
corrido del año 2022, y el juzgador pese a encontrar años sin compras algunas, pues
solo adquirieron predios años 2010, 2012 y 2018 el resto de años nada cumplieron de
lo que la ley 99 de 1993 les impone , tal como lo pedi en la RENUENET ACCION
POPULAR DONDE PIDO SE DE APLICASION ART 84 LEY 472 DE 1998 POR QUIEN
CORRESPONDA, YA QUE NO SE QUIEN LE CORRESPONDE APLICAR ART 84 LEY
472 DE 1998, PUES SOY UN CIUDADANO LEGO EN DERECHO Y POR ELLO PIDO
REMITA A QUIEN SEA COMPETENTE A FIN QUE APLIQUE ART 84 LEY 472 DE
1998.

El juzgador de manera especial en derecho se niega ampaarr mi accion, OLVIDANDO
DE TAJO A RAJATABLAS, QUE no me corresponde probar nada, PUES PARA QUE
UNA ACCION POPULAR S EAMPARE, solo basta que exista la amenaza o la
posibilidad que esta ocurra, segun lo ha dicho la H CC y lo manda el art 5 ley 472 de
1998. ADEMAS por su puestísimo que probe la amenaza, solo que el juzgador no
requirió y menos exigió que el tutelado y los vinculados demostraran TODAS las
inversiones desde el año 1994 al año 2022 y se conformo con unos solos años, además
de conformarse que no adjuntaran escrituras publicas d e compras de predios, CDP Y
RP TAL COMO LO SOLICITE EN MI ACCION DE LINAJE CONSTITUCIONAL,
AMPARADO EN DERECHO.

ES ALMENTABLE QUE EL JUZGADOR HAYA CREIDO QUE PUDO REALIZAR
PACTO SIN MI PRESENCIA, COMO LO HA HECHO EN ACCIONE SPOPULARES, y
desconozca la ley 472 de 1998 y lo peor es que profiera sentencia inhibitoria cuando la
ley 472 de 1998 le impone y manda sentencia de merito negando o amparando lo
pedido, y sin embargo no acta tal pedimento y exigencia de la ley 472 de 1998.

Manifietso que el juzgador desconoce lo QUE PEDI EN LA RENUENET ACCION
POPULAR DONDE NUNCA CUMPLIO TERMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO PARA
SU FALLO, Y OLVIDA que solcite demostar por el accionado, vinculado todas las
invesriones realizaas desde el año 1993 al año de fallar la acción, es decir al año 2022,
pues la accioncita constitucional solo ha tardado en 1 instancia casi 5 añitos, pues fallo
violando la ley 472 de 1998 y el C DE ESATDO LE ORDENO FALLAR EN DERECHO.
MI APELACION consiste en revocar la sentencia de 1 instancia y ordenar amparar lo
pedido por mi , AMPARANDO LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA DESDE EL AÑO
1994 A LA FECHA DE RESOLVER LA SEGUNDA INSTANCIA, QUE C OMO LO
ORDENA ART 37 LEY 472 DE 1998, SERA EN EL AÑO 2022. COMO PRUEBA
TRASLADA PIDO QUE EL JUZGADOR DE INSTANCIA, APORTE COPIA DE LA
ACCION POPULAR QUE FALLO EL H CONSEJO DE ESATDO ,MP DRA SRA
STELLA CONTO DIAS DEL CASTILLO , RAD ACCION POPULAR 66001 23 31 000
2010 00343 01,ACTORA maria ximena pereira acostas, accionado departamento de
Risaralda y otros, DONDE SE AMPARO IGUALPRETENCION A LA PEDIDA HOY Y
me concedieron agencias en derecho a mi favor a la fecha por suma de $ 2 7 57 000
esa es una prueba suficiente paar dar clariddad de lo contrario del fallo del juzgador de
1 instancia, quien nunca cumplio terminos perentorios de tiempo que le impone la ley
472 de 1998 y por ello pidos e remita a quien corresponda a fin q de aplicasion art 84
ley 472 de 1998

APELO y pido revocar para en su lugar amparar mi accion, pido AGENCIAS EN
DERECHO A MI FAVOR EN SUMA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY EN AMBAS
INSTANCIAS, AMPARADO ART 365-1 CGP.

5

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado -frente a lo cual se hará una precisión en el siguiente acápite-, la Sala procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor popular contra la sentencia de
primera instancia, no sin antes realizar unas consideraciones previas.

El señor Arias Idárraga, como sustento de este medio de control, alegó la vulneración
de la moralidad administrativa en procura “del recto manejo de la administración
pública, ya que los recursos que ordena la Ley 99 de 1993, desde el año 93 a la fecha
de fallar esta acción, no se han invertido como manda la ley”13.

El hecho de que en la demanda se invoque el cumplimiento de una norma que atañe a
la apropiación de recursos públicos no desdibuja la procedencia del medio de control
para la protección de los derechos e intereses colectivos, si se tiene en cuenta que la
acción se orienta, precisamente, a que se adelante el juicio de moralidad en lo relativo a
la defensa del patrimonio público, el ejercicio de las funciones de apropiación y
ejecución de los recursos que la ley destina a la protección del medio ambiente para la
conservación de recursos hídricos14.. Para finalizar, se debe agregar que no puede
hablarse de la procedencia de otra acción, como la de cumplimiento, en la medida que
esta no opera cuando se pretende el cumplimiento de normas legales que establezcan
gastos, tal y como sucede con el artículo 210 de la Ley 1450 de 201115.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Sala es competente para el conocimiento de
este medio de control, por tratarse de un asunto relativo a la protección de derechos e
intereses colectivos en el que la primera instancia fue decidida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de
2011. Además, por virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 -
compilatorio del reglamento del Consejo de Estado- que distribuyó el reparto de los
distintos asuntos con base en criterios de especialización y volumen de trabajo, y que
determinó que a la Sección Tercera le corresponde el conocimiento, entre otras, de las

13 Documento denominado “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de

Samai.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 29 de octubre de 2015, radicación 66001233100020100034301, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de julio

de 2018, expediente 25000-23-41-000-2018-00376-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

acciones populares relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa, derecho
que fue el único invocado en la demanda.

1. Cuestiones previas

La Sala advierte tres aspectos en el escrito de apelación del actor popular que
considera necesario analizar en forma previa al estudio de fondo.

1.1. En uno de los apartes de la apelación, el actor popular insistió en que el pacto de
cumplimiento celebrado en la audiencia que se realizó el 6 de julio de 2018, se acordó y
aprobó sin su presencia, con desconocimiento de la Ley 472 de 1998.

Este aspecto, tal y como se precisó en los “antecedentes”, ya fue estudiado por esta
Sala, en providencia del 3 de julio de 2020, en la que, no sobra aclarar, se le dio la razón
al actor popular, al declarar la nulidad parcial del auto de 6 de julio de 2018, en el aparte
que estableció un pacto de cumplimiento aceptado por el municipio, Corpocaldas y el
Ministerio Público y que, además, declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento
que se mencionó en el recurso de apelación.

1.2. El señor Javier Elías Arias Idárraga alegó asimismo que el trámite de primera
instancia duró cinco años, con lo cual se desconocieron los “términos perentorios”
establecidos en la Ley 472 de 1998; a la par que solicitó que el proceso se “remit[iera] a
quien correspond[iera]” para que se diera aplicación al artículo 84 Ibidem16.

Del contenido de la norma que se mencionó en la impugnación -que dispone que la
inobservancia de los términos procesales establecidos en la Ley 472 de 1998 hará
incurrir al juez en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo-, en
concordancia con el artículo 34 Ibidem -según el cual, vencido el término para alegar, el
juez dispone de veinte días para proferir sentencia-, lo que evidencia la Sala es que el
actor popular pretende que se estudie si, de conformidad con las normas mencionadas,
el Tribunal Administrativo incurrió en una mala conducta, por inobservar un término
procesal.

En virtud del principio de congruencia, contenido en el artículo 281 del Código General
del Proceso17, la competencia de la Subsección para pronunciarse en este asunto,

16 Artículo 84. La inobservancia de los términos procesales establecidos en esta ley, hará incurrir al Juez

en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo.
17 Artículo 281. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos

en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

7

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

como juez de segunda instancia no es plena, sino que está sujeta a los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la que esta Corporación, como
superior funcional, lo que debe hacer es confrontar el sustento de la decisión apelada
con los argumentos de inconformidad planteados por el actor popular.

Bajo esa óptica, el tiempo que tardó el Tribunal para dictar su decisión de primera
instancia no constituye un motivo que conduzca a considerar que lo decidido no fue
acertado y que debe ser revocado, que es el interés que le asiste al actor popular. No
sobra decir que, en todo caso, esta Sala carece de competencia para calificar la
conducta de los magistrados que profirieron la decisión de primera instancia y/o para
imponerles una eventual sanción.

En definitiva, la Sala se limitará a estudiar, en el siguiente acápite, los cargos de
inconformidad que Javier Elías Arias Idárraga expuso frente a los fundamentos de
hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia del Tribunal
Administrativo.

1.3. La Sala no desconoce que el actor popular inició su escrito de apelación solicitando
la nulidad de la sentencia de primera instancia, en la medida que “exist[ían] magistrados
que [lo] denunciaron penalmente y que “esta[ban] impedidos para conocer y tramitar
acciones a [su] nombre”.

Sobre la posible configuración de una nulidad de naturaleza procesal, conviene aclarar
que, el 20 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó de plano
esta solicitud, ante la “evidencia que el actor popular solicitó la nulidad después de
dictada la sentencia de primera instancia; además [porque] de los fundamentos
alegados en la misma, no se evidencia que hayan (sic) existido con la misma”.

Esa determinación además de que no fue objeto de inconformidad por parte del actor
popular, está en línea con la postura de la Sala, según la cual resulta improcedente
acudir al recurso de apelación para revivir las oportunidades precluidas, en las que el
actor tenía la carga de alegar las nulidades procesales, de forma oportuna y ante las
instancias correspondientes18.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre
el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que
la ley permita considerarlo de oficio.
18 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de

2018, C.P. Rocío Araújo Oñate. En este mismo sentido ver la sentencia del 1° de diciembre de 2016, con
radicado 11001-03-15-000-2016-02844-00, proferida por la Sección Primera de esta Corporación judicial,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

Se agrega, para finalizar, que la situación expuesta por el actor popular no encuadra
en ninguno de los supuestos que dispone el artículo 133 del Código General del
Proceso19.

2. Alcance de la segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas negó las súplicas de la demanda ante la
inexistencia de una vulneración de la moralidad administrativa, derecho colectivo
invocado en la demanda.

El actor popular cuestionó el fallo de primera instancia porque, a su juicio, no se acreditó
que el municipio de San José y Corpocaldas hubiesen realizado inversiones del 1% del
presupuesto público en protección de fuentes hídricas. Como respaldo de esa tesis
alegó que: (i) sobre las accionadas recaía la carga de probar que realizaron las
inversiones en ese porcentaje, deber procesal que no se cumplió; y (ii) el Tribunal
Administrativo incurrió en sendas falencias en el recaudo de los medios probatorios que
resultaban necesarios para resolver este asunto.

3. Análisis del caso concreto

3.1. Primer cargo de la apelación: de la carga de la prueba en materia de acciones
populares

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo relacionó las pruebas
obrantes en el proceso, e hizo especial énfasis en tres escrituras públicas,

19 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la
práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su
traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se
haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.

9

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

correspondientes a la adquisición de predios rurales en el municipio de San José -
identificadas con los números 329 de 2002 y 319 y 321 de 2012- y unas órdenes de
pago “por mantenimiento y compra de predios”, medios probatorios que, en su criterio,
permitían establecer que el ente municipal demandado realizó inversiones por valor de
$216’367.738 para la protección de fuentes hídricas, suma superior al 1% de los
ingresos de libre destinación global de ese municipio -que entre 2007 a 2020, ascendió
a $176’628.389-.

Así las cosas, ante la inexistencia de prueba que diera cuenta de una violación del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, el a quo declaró probadas las
excepciones denominadas “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales
y constitucionales” y “ausencia de transgresión de los derechos reclamados y
cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley” y negó las
pretensiones de la demanda.

En su recurso de apelación, el actor popular aseguró que el municipio de San José y
Corpocaldas “nunca (…) probaron en derecho haber realizado las inversiones pedidas
desde los años 1994 a lo corrido del año 2022”, pese a que les correspondía el
cumplimiento de ese deber legal. En esa línea, agregó que, como demandante, no le
correspondía “probar nada” porque para la prosperidad de esta acción popular solo
bastaba la existencia de una amenaza o la posibilidad de que esta ocurriera, en los
términos del artículo 5° de la Ley 472 de 1998.

Para resolver este punto, es importante referirse a la carga de la prueba en materia de
acciones populares. El artículo 3020 de la Ley 472 de 199821 dispone que la obligación
de demostrar los hechos y pretensiones en la demanda le corresponde a la parte
demandante, pero que, si por razones de orden económico o técnico este extremo no
puede allegar las pruebas, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la
deficiencia probatoria, para lo cual podrá solicitar a la entidad pública cuyo objeto esté

20 Artículo 30. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de
orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un
fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al
tema materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el
inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos.
21 Ese artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-215 de 1999, en el

entendido que resultaba “admisible, lógico y necesario” que la demostración de los perjuicios sufridos por
una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le corresponda al afectado y que ello no
violentaba derechos fundamentales, en la medida que se permitía invertir la carga de la prueba cuando el
extremo activo no pudiera allegar las pruebas.

10

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

referido al tema materia de debate, los elementos probatorios indispensables para
adoptar un fallo de mérito.

Sobre este aspecto, lo que ha dicho esta Corporación22 es que no basta con que el
demandante indique que determinados hechos violan los derechos e intereses
colectivos para que se tengan por ciertas sus afirmaciones y que, por ello, en principio,
es quien tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de la afectación
y/o vulneración, la que debe ser real, directa, inminente, concreta y actual, de manera
tal que se perciba la potencialidad de amenaza y/o de violación del derecho colectivo,
pero que, en todo caso, si por razones económicas o técnicas, el actor popular no
puede acreditar los medios de convicción, el juez debe invertir la carga de la prueba.

Además de lo anterior, el artículo 167 del Código General del Proceso23 establece,
como principio general, que incumbe al demandante probar el supuesto de hecho que
permite la consecuencia jurídica de la norma aplicable al caso, excepto los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, las que no requieren prueba.

Advierte la Sala que el actor estructuró sus pretensiones sobre la base de que las
entidades demandadas incumplieron el deber previsto en el artículo 111 de la Ley 99 de
199324, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, que dispone que los
municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales,
distritales y regionales.

Fue así como, en el asunto sub judice, se invirtió la carga de la prueba, en tanto que
fueron las entidades demandadas -tanto el municipio de San José como Corpocaldas-
las que, junto con sus contestaciones de la demanda, aportaron algunos de los
documentos que permitieron acreditar el cumplimiento de la obligación mencionada; los

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp. AP-1499 de 2005.
23 Que resulta aplicable a este proceso, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA.
24 Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Declárense de interés

público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos municipales, distritales y regionales.
Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales.
Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde
se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la
reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su
administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos
garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales
respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin.
(…).

11

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

demás medios de convicción fueron producto de una prueba de oficio que decretó el
Tribunal Administrativo de Caldas, tal y como pasará a exponerse con detalle.

En efecto, el actor popular únicamente allegó “copia de [que] agot[ó] vía gubernativa”, a
saber, de la petición que presentó, el 18 de julio de 2017, ante Corpocaldas, con
radicado 2017-El-0001009125, en la que solicitó copia de “todos los cdp, rp, escrituras
que exist[ieran] desde el año 1993”, en los que se hubiese adquirido predios para la
conservación y preservación del agua, “en todos los municipios del departamento de
Caldas”26. En la demanda aseguró que “no [obtuvo] resp[uesta]” de su petición.

Corpocaldas, en la contestación de la demanda, aclaró que “no era cierto lo afirmado
por el demandante cuando manifestó que (…) no [se le] dio respuesta a su derecho de
petición”, para lo cual aportó el oficio 2017-IE-0001950827, del 3 de agosto de 2017, en
el que el coordinador de biodiversidad y ecosistemas de esa entidad dio respuesta a la
petición de Javier Elías Arias Idárraga. En ese documento se consignó, en síntesis, que
la función de Corpocaldas, en el marco del artículo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, era “emitir concepto técnico para
viabilizar la importancia ambiental de las microcuencas frente a la adquisición en áreas
abastecedoras del recurso hídrico o sus áreas de recarga hídrica”; en línea con lo
anterior, se le indicó al señor Arias Idárraga que, como el concepto de Corpocaldas no
versaba “sobre un predio o unidad productiva en particular”, desconocía los predios

25 Folio 37 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de

Samai.
26 A continuación, se transcribe el derecho de petición calendado el 18 de julio de 2017 (de forma textual,

incluso con posibles errores):
1. Se escanee copia completa de todos los cdp, rp, escrituras que existan desde el año 1993, en donde
CORPOCALDAS haya adquirido predios para la conservación y preservación del agua, hasta la fecha de
responder (…). Esta información la requiero para todos y cada uno de los municipios del departamento de
Caldas donde CORPOCALDAS tenga injerencia, en forma conjunta con los entes territoriales de adquirir
predios para conservación del agua (…)”.
2. Solicito escanee CONSTANCIA de todos los predios adquiridos por todos y cada uno de los alcaldes
municipales del departamento de Caldas, desde el año 1993 a la fecha de responderme.
3.Requiero Constancia de lo actuado por CORPOCALDAS, desde el año 1993 a la fecha de responder, a
fin de conocer que ha hecho tendiente a hacer cumplir la ley 99 de 1993, en cada municipio de caldas y si
ha verificado cada predio que haya adquirido los municipios de Caldas desde el año 1993 a la fecha de
responder.
4. Solicito un informe detallado de todos los predios que se hayan adquirido todos y cada uno de los
municipios de Caldas y de la verificación de dichos predios por CORPOCALDAS, pues dichas zonas se
administran de manera conjunta con cada municipio, en cumplimiento del art 111 de la ley 99 de 1993,
donde se especifique el año de adquisición, la ubicación, extensión superficiaria, valor de los mismos,
desde el año 1993 a la fecha de responder este derecho de petición.
5. Requiero por favor se me brinde un informe detallado respecto de la utilización efectiva de los recursos
con destinación especifica contemplados en el art 111 de la ley 99 de 1993, que comprenda el periodo
fiscal año 1993, hasta la fecha de realización del informe.
6. Solicito se me informe que ha hecho y que hará CORPOCALDAS, a fin que no se vulneren derechos e
intereses colectivos contemplados en los art a, b, d, I m, articulo d de la ley 472 de 1998.
7. Esta información le requiero a fin de impetrar acción popular y acción de grupo.
27 Folios 40 y 41 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice

2 de Samai.

12

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

adquiridos por cada uno de los municipios del departamento de Caldas. En todo caso,
aclaró que había adquirido algunos predios en el parque natural “Selva de Florencia”,
en el oriente de Caldas, jurisdicción de los municipios de Samaná y Pensilvania, por sus
características medio ambientales y anexó la relación de los predios adquiridos.

Por su parte, el municipio de San José, junto con su contestación de la demanda,
adjuntó tres escrituras públicas -identificadas con los números 329 de 2002, 319 de
2012 y 321 de 201228- de predios que adquirió en cumplimiento de la obligación
prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

El 5 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas decretó los medios de
convicción aportados con las contestaciones de la demanda al mismo tiempo que, de
oficio, le solicitó al secretario de hacienda del municipio de San José que “inform[ara]
desde el año 2007 los ingresos corrientes presupuestales cada año, y el que se ha
usado para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas
de pago por servicios ambientales, allegando la documentación que soporte la
respuesta respecto a las inversiones y contratos suscritos”29.

El 18 de marzo de 202130, la Secretaría de Hacienda de ese municipio contestó el
requerimiento y anexó los siguientes documentos que versaban sobre los “ingresos
corrientes de libre destinación que sirven como base para determinar el 1% a invertir”:
(i) órdenes de pago de inversiones 2010 al 2018; (ii) orden de pago número 1741 de
2017; (iii) resoluciones números 003, 025, 073, 074 de 2017; (iv) resoluciones números
216, 218 y 221 de 2016; (v) recaudos de impuesto predial de 2017, 2018, 2019 y 2020;
(vi) resoluciones 062 de 2018 y (vii) resolución número 096 de 2019. Por último, explicó
que, para 2021, contaba con la suma de $68’587.905, como recurso destinado para
cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que
aún no había sido ejecutado, pues se estaba “en espera del estudio técnico por parte
de Corpocaldas de los predios propuestos por el municipio”.

El 4 de junio de 2021, el Tribunal cerró la etapa probatoria y corrió traslado a las partes
para presentar sus alegatos de conclusión, determinación que no fue objetada por las
partes.

28 Folios 47 a 67 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2” visible en el índice

2 de Samai.
29 Folios 202 y 203 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el

índice 2 de Samai.
30 Ver documento “ED_05RESPUESTREQUERIMIE(.rar) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

En ese contexto, el a quo, después de analizar los medios de convicción hasta aquí
mencionados, determinó que no medió vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, en tanto, que, precisamente, las pruebas recaudadas permitían
determinar que las accionadas sí habían cumplido con el deber legal que les asistía,
señalado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

Entonces, aunque el demandante, en su escrito de apelación, se limitó a decir que no le
correspondía “probar nada” y que las entidades demandadas incumplieron su deber
probatorio, tal aseveración no es cierta. Del contexto fáctico y probatorio puesto de
presente, aunque en este caso la carga de la prueba se invirtió31, resulta incuestionable
que con los medios de prueba aportados por las entidades accionadas y decretadas
oficiosamente por el Tribunal Administrativo de Caldas se estableció que no hubo
vulneración del derecho colectivo alegado en la demanda32.

El actor popular no cuestionó en su impugnación el valor probatorio que le asignó el
Tribunal Administrativo a determinadas pruebas, según las cuales existían evidencias
claras de la adquisición de tres predios por parte del municipio de San José, así como
de rubros que destinó para su mantenimiento, actuaciones con las que -así lo entendió
el a quo- se acreditó el cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. Esta Sala,
por el marco de competencia que le fue fijado, no puede suponer las razones de
inconformidad de quien apela, pues si así lo hiciera vulneraría el principio de
imparcialidad33 y el derecho al debido proceso de la contraparte34. Por lo anterior, la
providencia apelada queda incólume en lo relacionado con las conclusiones probatorias
a las que arribó el Tribunal.

Para finalizar el estudio del primer cargo de la apelación, esta Sala debe poner de
presente, a modo de refuerzo argumentativo del fallo de primera instancia, que el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de
2011, contiene un supuesto de hecho complejo, en la medida en que no solo dispone el
porcentaje que los entes territoriales deben destinar a la adquisición de áreas
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos, sino que determina, además,

31 De conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.
32 No sobra señalar que, en los mismos términos en que se resolverá esta sentencia, la Subsección B de

esta Corporación decidió la acción popular, con número de radicado 66.016, interpuesta por el mismo
actor popular en contra del municipio de Manzanares y Corpocaldas, por idénticos hechos, mediante
providencia del 4 de mayo de 2022, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
33 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015.
34 Artículo 29 Constitucional.

14

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

que dichas zonas deben ser definidas, de forma previa, por las autoridades
ambientales. A pie de página el contenido literal de la norma en cuestión35.

A partir de la redacción del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, es claro que el deber de
adquisición de áreas de importancia estratégica dependía de que la autoridad ambiental
determinara, a través de un concepto técnico, que existían los terrenos que debían ser
adquiridos.

En ese entendido, para esta Subsección la inversión de la carga de la prueba, en este
caso, solo era parcial, ya que el actor popular estaba en posibilidad de acreditar si
existían áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos en el municipio
de San José, definidas de forma previa por Corpocaldas, sobre las que recaía el deber
de adquisición y, pese a ello, no medió afectación de recursos. El demandante no
cumplió con esta carga demostrativa, pues no allegó ni solicitó la práctica de medio
probatorio alguno que permitiera probar este hecho.

3.2. Segundo cargo de la apelación: de las falencias en el recaudo de los medios
probatorios

El actor popular también discutió el hecho de que, pese a que resultaba necesario
verificar todas las inversiones del presupuesto público en protección de fuentes hídricas
realizadas desde 1994 hasta 2022, el Tribunal Administrativo se “conformó con unos
años”, sin tener en cuenta que solo se adquirieron predios en los “años 2010, 2012 y
2018 [y] el resto de años nada”.

De este argumento hubo un pronunciamiento expreso en el fallo de primera instancia. El
a quo estimó el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, después de aclarar que el municipio de San José
destinó esos recursos para la protección de las fuentes hídricas de “forma global” y no
anual, razón por la que únicamente había adquirido tres predios rurales para esos fines.

También dijo el Tribunal que, lo anterior, no implicaba la violación de la ley ni de los

35 Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Declárense de interés
público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos municipales, distritales y regionales.
Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales.
Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o
dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la
reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su
administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos
garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales
respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin (se destaca).

15

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

derechos colectivos al medio ambiente, sino que era una “estrategia” que usaba ese
ente territorial, en tanto contaba con recursos limitados y que las sumas previstas
anualmente podían ser insuficientes para la adquisición de inmuebles, por lo que
invertía esos recursos “en espacios de tiempo [y] de manera significativa”.

Frente a esta conclusión del Tribunal el recurrente no formuló ningún reproche, con lo
que incumplió la carga de sustentar materialmente su recurso de apelación, dado que el
argumento del señor Arias Idárraga fue descartado en primera instancia y en su
impugnación no presentó ningún argumento que específicamente cuestionara lo
decidido por el a quo.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación, como se ha hecho en casos
similares36, que la sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple
manifestación de inconformidad en contra de la providencia recurrida, ni tampoco con
la solicitud genérica de que se revoque, o con la mera reiteración de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la
contestación37. De ahí que la carga de sustentación no puede entenderse cumplida con
la mera expresión de afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la
decisión de primera instancia38, pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí
mismas para evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo
decidido en primera instancia resultó desacertado.

En todo caso, evidencia la Sala que el actor popular, durante la etapa probatoria que
cursó en primera instancia no presentó ningún reparo, así como tampoco interpuso
recurso de reposición contra el auto que la declaró clausurada.

Teniendo en cuenta que “nadie mejor que el interesado para conocer los medios de
prueba que se deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están
fundamentando sus pretensiones”39, por lo que, si el actor popular echaba de menos
algún elemento probatorio necesario para la resolución de este caso, debía advertir esa
situación y expresarlo al juez de primera instancia, con el fin de que esos supuestos
elementos de juicio se allegaran a este proceso, en la oportunidad procesal pertinente,
pero ello no ocurrió.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 16 de diciembre de 2020, expediente 46.542.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 4 de marzo de 2022, expediente No. 53.376, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No.

2415. M.P. Humberto Murcia Ballén.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo

de 2004, radicación número: 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

16

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

3.3. Para finalizar, la Sala no pasa por alto que el actor popular solicitó que se valorara,
en esta instancia, una providencia dictada por la Sección Tercera de esta Corporación -
la A.P con radicado 66001-23-31-000-2010-00343-01, C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo-, con fundamento en que en esa decisión “se [le] amparó igual pretensión a la
[aquí] pedida y [se le] concedieron agencias en derecho”. Sin embargo, la Subsección
advierte que esta decisión no tiene fuerza vinculante de precedente jurisprudencial en
este caso y que no resulta pertinente su estudio en ninguno de los cargos de la
apelación.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la providencia que señaló el señor Arias Idarraga
se limitó a estudiar si otras entidades diferentes a las aquí demandadas -el municipio de
Pueblo Rico, el departamento de Risaralda y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda- incumplieron sus deberes de destinar no menos del 1% de sus ingresos a la
conservación de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de los
acueductos. Adicionalmente, aunque en esa decisión sí se condenó en costas a las
entidades referidas en favor de Javier Elías Arias Idárraga, ello ocurrió porque estas
resultaron vencidas en ese proceso, supuesto que no sucedió en el sub lite.

3.4. Debe decirse, para finalizar, que aunque la presente demanda popular pretendió
que se amparara el derecho colectivo a la moralidad administrativa, en el ámbito de la
correcta inversión del patrimonio público, en el ejercicio de las funciones relativas a la
apropiación e inversión de los recursos destinados a la adquisición de predios para la
preservación del medio ambiente, para la Sala es evidente que la conclusión a la que
llegó el Tribunal Administrativo de Caldas no fue desvirtuada, ya que con los medios de
prueba aportados por las entidades accionadas y los decretados oficiosamente se
estableció que no hubo vulneración del derecho colectivo alegado en la demanda.

En el escenario descrito, y después de descartar los cargos de la apelación del actor
popular, se impone confirmar, en su totalidad, la sentencia de primera instancia.

4. Costas

No se condenará en costas teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 36 de la
Ley 472 de 199840, no se encuentra acreditado que el actor popular que formuló la
apelación hubiera actuado temerariamente o de mala fe.

40 Artículo 38. Costas. El juez aplicará
las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo
podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado,

17

Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)
Actor: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Municipio de San José y otro
Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos
e intereses colectivos

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y,
acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica
Samai del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes,
el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás
acciones a que haya lugar.

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