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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00186-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00186-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00186-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00186 01 (2721-2020)
Demandante Fabiola Vanegas Torres
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Caldas
Tema: Sanción moratoria por ajuste de cesantías
definitivas como resultado de una nueva
reclamación.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 17 de octubre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

Con la demanda se pretende la nulidad del artículo 5° de la Resolución nro. 9025-
6 del 23 de noviembre de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente
a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a partir del vencimiento
de los 70 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de las cesantías
definitivas, hasta cuando se hizo efectivo el pago total de la prestación; cancelar
los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de la sanción por mora, teniendo como base la variación del IPC,
desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; pagar los intereses
moratorios a partir del día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia y

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Demandante : Fabiola Vanegas Torres

hasta cuando se lleve a cabo el pago de la sanción moratoria reconocida; y
condenar en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.

Por haber laborado como docente en el departamento de Caldas, la actora en
fecha del 19 de junio de 2015 presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Dicha prestación fue
reconocida por medio de la Resolución nro. 8567-6 del 16 de septiembre de
2015, donde se incluyeron los factores salariales de sueldo mensual, la prima de
navidad, la prima de vacaciones, bonificación por servicios y la prima de
alimentación. Las referidas cesantías fueron canceladas por intermedio de
entidad bancaria BBVA.

Mediante el Decreto 1545 del 19 de julio de 2013 se estableció la prima de
servicios para el personal docente, en cuyo artículo 5 se determinó que constituía
factor salarial para liquidar las cesantías.

El 23 de agosto del 2017, la demandante radicó petición solicitando el ajuste de
las cesantías definitivas para que se incluyera la prima de servicios, y en
consecuencia se reconociera la sanción mora desde los 70 días siguientes a la
radicación de la petición inicial de las cesantías definitivas, hasta cuando fuera
realizado el pago total de la prestación, con la inclusión de tales factores.

La entidad demandada por medio de la Resolución nro. 9025-6 del 23 de
noviembre de 2017, ajustó las cesantías reconocidas incluyendo la prima de
servicios como factor salarial, pero negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.

Afirmó la demandante que el pago total de las cesantías con la inclusión de la
prima de servicios se realizó posterior al reajuste del 20 de febrero de 2018,
trascurriendo un total de 861 días de mora desde la solicitud inicial del 19 de
junio de 2016.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989; artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071
de 2006.
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Demandante : Fabiola Vanegas Torres

En síntesis, en el concepto de violación expone que la demandante laboró como
docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
teniendo un régimen de retroactividad en las cesantías1. Al terminar su relación
laboral se había expedido el Decreto 1545 de 2013, mediante el cual se
estableció a favor de los docentes la prima de servicios.

A la señora Vanegas Torres le fueron reconocidas las cesantías definitivas en
monto inferior al que tenía derecho, al no incluirse el factor salarial antes
mencionado, constituyendo un pago parcial de la prestación que solo vino a ser
superado el 20 de febrero de 2018, con el pago del ajuste.

Aunque la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe
entenderse que entre la solicitud y el pago no deben superarse los 70 días
hábiles, el FNPSM canceló la prestación fuera de los términos establecidos en
la Ley.

1.4. Contestación de la demanda

El departamento de Caldas2 se opuso a todas y cada una de las pretensiones
formuladas en la demanda, dado que a la demandante no le asisten razones
fácticas, legales y jurisprudenciales para realizar la reclamación ante el ente
territorial.

Argumentó que dirigir las pretensiones pecuniarias al departamento de Caldas
generaría un detrimento patrimonial, ya que la entidad no cuenta con los recursos
para asumir dicha carga. En ese escenario, no es razonable que se vincule al
ente territorial.

De otra parte, manifestó que la responsabilidad de reconocimiento y pago de
prestaciones es del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Por último, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inaplicabilidad de la sanción moratoria”, “buena fe” e “inexistencia de la
obligación con fundamento en la Ley”.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio.

1.5. Sentencia de primera instancia3

1 Periodo comprendido entre el 15 de julio de 1986 y el 30 de diciembre de 2014.
2 Folios 56 a 68 del expediente físico.
3 Folios 104 a 107 del expediente físico.

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Demandante : Fabiola Vanegas Torres

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 17 de octubre de
2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que no hay
lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley
1071 de 2006. Pues, el Consejo de Estado ha sido reiterativo en afirmar que el
legislador no previó el pago tardío de reajuste de cesantías como un supuesto
de hecho que genere sanción moratoria.

Sostuvo que si bien la sentencia del 27 de marzo de 2007 tiene alguna conexión
con el sub examine, en esa providencia se determinó el medio de control en
algunos aspectos laborales, como el de la sanción por mora cuando existe
pronunciamiento expreso sobre las cesantías y el interesado no está de acuerdo
con el valor reconocido.

Advirtió que no está siendo demandado el acto inicial que otorgó las cesantías,
lo que existe es una solicitud de reajuste de esta prestación; la cual se resolvió
a su favor aun cuando el acto de reconocimiento se encontraba en firme, no solo
porque no existen pruebas de recursos contra el mismo, sino porque no se
demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1.6. Recurso de apelación4.

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que, si bien existió
un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un pago, este debe
considerarse parcial, pues al no estar de acuerdo con el monto reconocido se
presentó la petición que culminó con el pago total de las cesantías mediante el
ajuste otorgado, configurándose la hipótesis de pago inferior al que tenía
derecho, establecido en la sentencia de unificación con radicado 76001 23 31
000 2000 02513 01 del 27 de marzo de 2007. «d) Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de
acuerdo con el monto reconocido» y en la sentencia con radicado nro. 19001 23
31 000 2003 02134 01 de la Sección Segunda.

Al comprobarse que el FNPSM y la Secretaría de Educación excluyeron como
factor salarial la prima de servicios, la sanción debe imponerse desde que se
debía realizar el pago de las cesantías definitivas, es decir cuando venció el
término de la petición inicial, y hasta que se pagó la diferencia insoluta.

Alegó que i) los derechos laborales no son dádivas de la administración, para
considerar que al haber accedido al ajuste de las cesantías, ésta haya actuado

4 Folios 111 a 114 del expediente físico.

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de manera generosa, por el contrario, la suma reconocida corresponde al
legítimo ejercicio de un derecho; ii) La solicitud de ajuste de las cesantías
definitivas fue radicado cuando aún no habían transcurrido tres (3) años de la
desvinculación del servicio, lo cual legitima la reclamación y el reconocimiento
realizado más allá de las consideraciones efectuadas respecto a las cesantías
definitivas; iii) El Ministerio de Educación Nacional actuó de mala fe al
desconocer la prima de servicios como factor salarial para efectos de la
liquidación de las cesantías; iv) En el expediente y en la hoja de revisión
expedida por la entidad fiduciaria encargada de los recursos del FNPSM, se
consagra expresamente la negación de la prima de servicios bajo el entendido
que esta no se encuentra en el manual de liquidación, misma que termina siendo
incluida posteriormente y v) los actos proferidos por la administración legitiman
el ejercicio de la acción al haber emitido pronunciamiento expreso respecto al
ajuste de las cesantías y la sanción por el no pago total de las mismas, más allá
de la renuncia a términos5.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 20 de mayo de 2021, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.

Las partes demandante y demandada guardaron silencio.

De otro lado, el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
alegó que se encuentra de acuerdo con el fallo de primera instancia, al señalar
que la demandante presentó la solicitud de reajuste de las cesantías,
pretendiendo que se le pagara la sanción moratoria desde la fecha de
reconocimiento de la prestación.

Además, la sanción moratoria pretendida no se encuentra dentro de los
supuestos regulados por la norma para tal fin, por lo tanto, no es procedente
acceder a las pretensiones de la accionante6.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

5 Palabras usadas por la apelante en su recurso.
6 Actuación visible a índice 14 del expediente digital.

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El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si procede el reconocimiento
de la sanción moratoria, contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías definitivas, a partir
del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud
inicial de la prestación o hay lugar a la confirmación de la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Actuación administrativa

De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8- CPACA-, una de las formas
de iniciar la actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de
petición en interés particular9, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.

La misma se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en
la parte primera del CPACA y en leyes especiales, concretamente el «debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad».

Además, está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y términos
preclusivos, la cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto es
con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria
proceden los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 En adelante CPACA.
9 Artículo 4 CPACA

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revisión de la decisión. 10 , adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día
siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos».11

Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o suspendido.12

De la normatividad citada se desprende que, la petición de cesantías definitivas
es una actuación administrativa que inicia a solicitud de parte.

Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.

2.3.2. Solicitud de cesantías definitivas y sanción moratoria

El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las
solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:

«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por
parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la Ley.

Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué
requisitos le hacen falta anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en
los términos señalados en el inciso primero de este artículo».

De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías
Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social».

10 El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en los artículos

74 a 85 de la misma codificación.
11 Artículo 87 ibidem.
12 Artículo 88 CPACA

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Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago.

El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:

«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre
que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».

Posteriormente, con la Ley 1071 de 2006 13 , se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir
la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los
documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos
y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo».

Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento del mismo, consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retraso, así:

«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías

13 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías

definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.”
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definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación
social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o
parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo
cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».

Sobre el tópico en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la
fecha de causación de la sanción moratoria. Es así, como el aludido cuerpo
colegiado adujo que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas-
o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la
expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006 5),
10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de
20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento
de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción
moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera
de texto)

Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la
exigibilidad de la sanción moratoria en comento:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto

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Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
computo del término la ejecutoria petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Aviso ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO siguiente de entrega del aviso

ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del recurso
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria

2.3.3. De la naturaleza de las cesantías

Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.

En el ordenamiento jurídico, existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.

En el régimen retroactivo, el valor del auxilio está en poder del empleador durante
la vigencia de la relación laboral y se paga con base en el último salario
devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160 de
1947.

Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después, en
la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a
la Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de cada año.

El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la jurisprudencia
de esta Corporación14 lo define la terminación del vínculo laboral. En tal sentido,
este órgano ha precisado que mientras subsista la vinculación, la prestación
social es periódica, no obstante, se considera como prestación unitaria cuando
ha culminado el vínculo laboral del trabajador con la administración.

2.4 Caso concreto

14 Al respecto, ver sentencias del 25 de abril de 2019 con radicado 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-

17) y del 23 de enero de 2020 con radicado 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).
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Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que la parte demandante en fecha del 19 de junio de 201515, solicitó
el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
mediante Resolución nro. 8567-6 del 16 de septiembre de 201516, reconoció y
ordenó dicho pago por la suma de $88.166.659. Acto administrativo notificado el
28 de septiembre de ese año, decisión que quedó en firme al no interponerse
recursos en su contra.

El 23 de agosto de 201717, la señora Fabiola Vanegas Torres presentó solicitud
de ajuste de las cesantías reconocidas, por la no inclusión de la prima de
servicios en la liquidación. Asimismo, pidió la sanción por mora establecida en la
Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo,
contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haberse
radicado la solicitud de cesantías.
La Secretaría de Educación de Caldas a través de la Resolución nro. 9025-6
emitida el 23 de noviembre de 2017 18 , ajustó las cesantías definitivas de la
peticionaria, aumentando la suma a $89.667.471, valor que quedó a disposición
el 25 de enero de 2018, tal como se evidencia en el certificado bancario de pago
emitido por el banco BBVA19. De otro lado, negó el reconocimiento de la sanción
moratoria.

De cara a la premisa normativa citada y lo acreditado en el proceso, en criterio
de la Sala, no es dable contabilizar la sanción moratoria desde la petición inicial
de cesantías, en atención a que la reclamación realizada con el fin de obtener un
ajuste a las cesantías y que dio lugar a la expedición de la Resolución nro. 9025-
6 del 23 de noviembre de 2017, no da lugar a revivir los términos frente a la
primera actuación, como lo pretende la recurrente, ya que como se indicó en
precedencia los términos y etapas de la actuación administrativa son preclusivos.

Así, que el reconocimiento y pago contenido en la Resolución nro. 8567-6 del 16
de septiembre de 2015, no constituye un pago parcial para esos efectos.

Se aduce en el recurso que el Tribunal de Primera Instancia no consideró las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con 19001 23 31 000
2003 02134 01, y de la Sala Plena, identificada bajo el número 76001 23 31 000
2000 02513 01, en las que apoya su pretensión; sin embargo, las providencias
antes mencionadas no dispusieron nada diferente frente a la causación de la
sanción moratoria por pago de las cesantías parciales o definitivas. Véase:

15 Así se evidencia en la Resolución nro. 8567-6 del 16 de septiembre de 2015.
16 Folios 31 y 32 del expediente físico.
17 Así se evidencia en la Resolución nro. 9025-6 del 23 de noviembre de 2017.
18 Folios 33 y 34 del expediente físico.
19 Folio 35 del expediente físico.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00186-01
Demandante : Fabiola Vanegas Torres

La sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007, proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado, radicado 76001 23 31 000 2000 02513 01, se ocupó de
determinar un asunto de carácter procesal, al definir el medio de control
procedente tratándose del reclamo de las cesantías y de la sanción moratoria,
para lo cual tuvo en cuenta las diferentes hipótesis que se pueden presentar,
entre las que se encuentra cuando «5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre
las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el
monto reconocido», en cuyo caso, concluyó que, al existir discusión respecto del
contenido del acto administrativo, la vía procesal para su reclamo era la nulidad
y restablecimiento del derecho.

Lo que no aconteció en este caso, donde se encuentra acreditado que la petición
de cesantías definitivas fue resuelta mediante la Resolución nro. 8567-6 del 16
de septiembre de 2015, quedando en firme y, además, no fue objeto de demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativa20.

Igual situación acontece con la providencia de 11 de julio de 201321, invocada
por la parte actora, la cual resolvió una situación disímil a la discutida en este
caso, en tanto la condena impuesta fue consecuencia de la no cancelación de
las cesantías dentro del término de los 45 contados a partir de la firmeza del acto
administrativo que las reconoció.

De otro lado, si bien se alegó la violación a los derechos laborales, dado que la
solicitud se hizo cuando todavía no habían trascurrido 3 años de la
desvinculación, para la Sala tal violación no puede aducirse cuando se omite por
parte del interesado dentro del término legal su reclamo; lo que no constituye una
mera formalidad, sino el procedimiento que rige la relación entre las autoridades
y los particulares con plena garantía y observancia del debido proceso, y a través
del cual se hacen valer los derechos.

Así las cosas, a diferencia de lo expresado por la recurrente, la actuación
administrativa que inició la señora Fabiola Vanegas Torres con la solicitud del 19
de junio de 2015 finalizó con la Resolución nro. 8567-6 del 16 de septiembre de
2015; notificada a la parte interesada el 28 del mismo mes y año; sin que la
interesada la objetara en sede administrativa o judicial. Prestación que tiene el
carácter de unitaria.

20 En la Resolución 9691-6 se consignó: La anterior resolución se notificó debidamente...quedando el acto
administrativo en firme.
21 Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección A Radicado 19001 23 31 000 2003 02134 01

C.P.Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: José Wilmer Chilito Rivadeneira Demandado:
municipio de Timbiquí- Cauca. El problema jurídico resuelto por la Sala fue si se ajustaba o no a derecho
el acto administrativo por medio del cual se ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales
definitivas del actor, y si había lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de1995; luego que la parte actora solicitara la nulidad en vía judicial el acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas, lo que no ocurrió en el asunto que ahora se estudia.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00186-01
Demandante : Fabiola Vanegas Torres

En ese escenario, se reitera la nueva petición presentada casi 2 años después,
aunque obtuvo que la administración realizara un ajuste a la cesantía, no revive
los términos de la actuación administrativa culminada. Por lo que, no se hacen
extensivo los términos para el reconocimiento de la sanción moratoria, como
consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías definitivas, a partir del
vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud inicial
de la prestación.

En un caso de supuestos fácticos similares a los aquí tratados, esta Corporación
en sentencia del 6 de octubre de 202222, identificada con radicado nro. 17001-
23-33-000-2018-00189-01 (845-2022), dispuso que la falta de ejercicio de los
mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser subsanada con una
petición posterior que en todo caso fue debidamente atendida por la parte
demandada.

«De igual modo, mal haría esta Corporación en reconocer una sanción
moratoria cuando fue la demandante quien, además, no presentó el recurso
de reposición que procedía contra la liquidación inicial y dejó trascurrir más
de dos años para presentar la reclamación sobre la inclusión de nuevos
factores salariales. La falta de ejercicio de los mecanismos de defensa
judiciales oportunos no puede ser subsanada con una petición posterior que
en todo caso fue debidamente atendida por la parte demandada. La
subsección reitera que “una cosa es efectuar la liquidación y cancelación de
la prestación social de acuerdo a las directrices tomadas por la entidad
demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera del plazo
determinado por el legislador la prestación aludida”».

Aunado a lo anterior, la existencia de mala fe por parte de la entidad pública
encargada del reconocimiento de las cesantías aducida en el recurso no
determina en esta jurisdicción la causación de la sanción.

Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte demandante; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P: Carmelo

Perdomo Cuéter, sentencia del 6 de octubre de 2022, con radicado nro. 17001 23 33 000 2018 00189 01
(845-2022).
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00186-01
Demandante : Fabiola Vanegas Torres

términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no puede
observarse que la demanda y el recurso de apelación hubiesen sido presentados
con carencia de fundamentación legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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