Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00183-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2025
Radicado: 13001-23-33-000-2019-00183-01
Demandante: Rosa Isabel Torres de Hoyos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00183-01 (3572-2023)
Demandante: Rosa Isabel Torres de Hoyos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Sanción moratoria por pago de ajuste de cesantías.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Rosa Isabel Torres de Hoyos por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución 5472 del 17 de agosto de 2018, por
medio del cual se revisaron las cesantías definitivas y se negó el pago de la
sanción moratoria por la no inclusión de la prima de servicios en la liquidación
inicial.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no
haberse incluido la prima de servicios en la liquidación inicial, ii) se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 a 195 del
CPACA, y iii) se condene en costas a la entidad demandada.
Hechos
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Demandante: Rosa Isabel Torres de Hoyos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. La señora Rosa Isabel Torres de Hoyos se desempeñó como docente en la
Institución Educativa Salim Bechara por más de 39 años.
6. Por medio de la Resolución 3941 del 25 de mayo de 2015 le fueron reconocidas
sus cesantías definitivas; sin embargo, al momento de la liquidación inicial no le
fue incluida la prima de servicios como factor salarial.
7. Mediante solicitud del 26 de enero de 2018 reclamó el ajuste de las cesantías
con la inclusión de dicho factor y la sanción moratoria por el no pago oportuno
y completo.
8. Como respuesta a la anterior petición, la Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena de Indias a través de la Resolución 5472 del 17 de agosto de 2018
ordenó el reconocimiento y pago de las diferencias causadas por la no inclusión
de la prima de servicios en la liquidación inicial, en valor de 2.667.280 COP,
pero omitió pronunciarse frente a la mora.
9. La cancelación del anterior monto se «verificó» el día 10 de octubre de 2018.
10. Por lo anterior, es claro que al omitir pagar la totalidad de las cesantías
definitivas, surge a su favor la sanción moratoria exigible 70 días después de
haberse radicado la solicitud de cesantías definitivas hasta que se produjo su
cancelación, transcurriendo así 1184 días.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
11. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: Leyes 6 de 1945, 65 de
1946, 244 de 1995, 1071 de 2006 y 1755 de 2015 y los Decretos 1160 de 1947,
1045 de 1978 y 1545 de 2013.
12. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso
que si la administración a motu proprio se dio cuenta del error cometido al
momento de liquidar las cesantías definitivas de la actora, debió también
reconocerle la sanción moratoria en el entendido que no le había cancelado la
totalidad de su prestación.
13. En ese contexto, la penalidad se hizo exigible después de los 70 días siguientes
a la reclamación administrativa, hasta el día 10 de octubre de 2018, cuando fue
pagada la diferencia por la no inclusión de dicho factor.
Contestación de la demanda
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14. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 1 se pronunció sobre los hechos y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos.
15. La prestación inicial que reconoció las cesantías definitivas fue pagada con
anterioridad al reajuste de las cesantías.
16. No hay lugar a la sanción moratoria, porque la señora Torres de Hoyos es
beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, sistema que no contempla el
pago de dicha penalidad.
17. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «prescripción», «de la
ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria»,
«improcedencia de la indexación», «sostenibilidad financiera» y «innominada o
genérica».
Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 26 de febrero de
20212, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante.
19. Sostuvo que la señora Rosa Isabel Torres de Hoyos es beneficiaria del régimen
con retroactividad de cesantías previsto en la Ley 6 de 1945, porque laboró
como docente en la Institución Educativa Salim Bechara desde el 25 de marzo
de 1975 hasta el 3 de febrero de 2015.
20. Este régimen no contempla la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990,
y su aplicación violaría el principio de inescindibilidad.
21. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida porque la demanda se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
Recurso de apelación 3
22. El apoderado de la señora Rosa Isabel Torres de Hoyos interpuso recurso de
apelación, con el cual solicita se revoque la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y en su lugar se concedan las pretensiones
reclamadas en el libelo. Al respecto, argumentó lo siguiente:
1 Páginas 57 a 68 del expediente digital.
2 Páginas 122 a 137 del expediente físico.
3 Páginas 243 a 245 del expediente físico.
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23. El error en la aplicación de la sanción moratoria al gremio de docentes ya fue
zanjado por el Consejo de Estado. Pues, la máxima autoridad administrativa
consideró que estos empleados públicos sí tienen derecho al reconocimiento
de la sanción moratoria.
24. Si bien los servidores públicos beneficiarios del régimen anualizado no tienen
derecho a esta penalidad, frente al caso particular de los profesores no aplica
dicho criterio porque la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
reconoció y señaló que a los docentes oficiales les son aplicables las
disposiciones de la Ley 244 de 1995.
25. Reiteró que la reclamación administrativa se realizó el 30 de marzo de 2015 y
el pago total de la obligación se hizo efectivo el 10 de octubre de 2018.
26. «Solo al efectuarse el pago de la resolución 5472/08/2018 logra extinguirse la
obligación prestacional en favor de la demandada, en los términos de pago de
la obligación, como prestación de lo que se debe. Antes al haber un pago parcial
al no aplicar correctamente la ley (omitir las disposiciones del decreto 1545 de
2013), no se había producido pago al tenor del artículo 1649 del Código Civil».
Trámite correspondiente a la segunda instancia
27. Mediante auto del 20 de octubre de 2023 4 se admitió el recurso de apelación
presentado por la demandante.
28. En esta oportunidad las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
29. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5.
31. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
4 Página 254 del expediente físico.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
mismo.
Problema jurídico
32. Le corresponde a la Subsección determinar si procede el reconocimiento de la
sanción moratoria como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías
definitivas o si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
33. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Actuación administrativa, ii) Solicitud de cesantías y sanción
moratoria, iii) De la naturaleza de las cesantías, iv) Hechos probados y caso
concreto.
Actuación administrativa
34. De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6 - CPACA-, una de las formas
de iniciar la actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de
petición en interés particular 7, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.
35. La misma se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en
la parte primera del CPACA y en leyes especiales, concretamente el «debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad».
36. Además, está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y términos
preclusivos, el cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto es
con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria
proceden los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la
revisión de la decisión 8, adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día
siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos»9
37. Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 10.
6 En adelante CPACA.
7 Artículo 4 CPACA
8 El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en los artículos 74 a
85 de la misma codificación.
9 Artículo 87 ibidem.
10 Artículo 88 CPACA
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38. De la normatividad citada aplicada al caso concreto se desprende que, la
petición de cesantías definitivas es una actuación administrativa que inicia a
solicitud de parte. Aunque la administración puede reconocerla de oficio.
39. Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.
Solicitud de cesantías definitivas y sanción moratoria.
40. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de
200611,establece que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)
41. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
42. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos
para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia
en el parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
11 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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efectivo el pago de estas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro
del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)
43. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
44. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el
CPACA se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO CORRE
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir la ejecutoria la petición
RESPUESTA
el acto
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después de
tiene en cuenta para 45 días posteriores 70 días posteriores
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para
el cómputo del a la ejecutoria a la petición
(después de 15 días) expedir el acto
término de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a 55 días posteriores a
Personal
TIEMPO notificación la ejecutoria la notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al la ejecutoria la notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del la ejecutoria la entrega del aviso
TIEMPO
aviso
Sin notificar o 10 días, posteriores al 67 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
notificado fuera de intento de notificación 45 días posteriores a la expedición del
TIEMPO
término personal 9 la ejecutoria acto
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45 días después de 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció la renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
notificado el acto que lo siguiente a la notificación del acto
ACTO ESCRITO Interpuso recurso
resuelve ejecutoria que resuelve
recurso
ACTO ESCRITO, Adquirida, después de 15 45 días, a partir del 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso días de interpuesto el siguiente a la interposición del
RESOLVER recurso ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
De la naturaleza de las cesantías.
45. Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.
46. En el ordenamiento jurídico existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.
47. En el régimen retroactivo, el valor del auxilio se paga con base en el último
salario devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto
1160 de 1947.
48. Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después,
en la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben
consignarse a la Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de
cada año.
49. El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la
jurisprudencia de esta Corporación 12 lo define la terminación del vínculo
laboral. En tal sentido, este órgano ha precisado que mientras subsista la
vinculación, la prestación social es periódica, no obstante, se considera como
prestación unitaria cuando ha culminado el vínculo laboral del trabajador con la
administración.
Hechos probados
50. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
51. El secretario de Educación Distrital de Cartagena de Indias a través de la
Resolución 3941 del 25 de mayo de 2015 13, ordenó el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas a la señora Rosa Isabel Torres de Hoyos en valor
12 Al respecto, ver sentencias del 25 de abril de 2019 con radicado 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-17) y
del 23 de enero de 2020 con radicado 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).
13 Páginas 21 a 23 el expediente digital.
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de 122.850.797 COP 14, por haber desempeñado funciones como docente
ininterrumpidamente desde el 25 de marzo de 1975 hasta el 3 de febrero de
201515.
52. Acto seguido, la señora Torres de Hoyos el día 26 de enero de 2018 16 radicó
ante la entidad territorial, la solicitud para que le fuera reconocida la prima de
servicios en la liquidación de sus cesantías y la sanción moratoria por el no pago
oportuno y completo de sus cesantías, precisamente por la no inclusión de dicho
factor en la liquidación inicial.
53. Mediante la Resolución 5472 del 17 de agosto de 2018 17 el secretario de
Educación Distrital de Cartagena revisó la liquidación inicial y ordenó el
reconocimiento y pago de las diferencias causadas por la no inclusión de la
prima de servicios. En las consideraciones de este acto, se plasmó lo siguiente:
«Que mediante solicitud radicada con el No. 2018-CES-526934 del 08 de febrero de
2018, el docente solicitó la revisión de las cesantías definitivas reconocida, toda vez
que al reconocer la prestación no se tuvo en cuenta PRIMA DE SERVICIO en la
Resolución No. 3941 del 25 de mayo de 2015.
[…]
Que el reajuste de las cesantías definitivas es así:
Reajuste de cesantía: $125.518.077
Cesantía cancelada: $122.850.797
Valor a pagar: $2.667.280
[…] ».
54. El dinero correspondiente al pago del reajuste fue puesto a disposición de la
demandante el día 27 de septiembre de 2018 18 y cobrado el 10 de octubre del
mismo año, tal como consta en el certificado bancario BBVA.
Caso concreto
55. La parte demandante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, indicando que a diferencia de las motivaciones del a quo, a los
docentes oficiales sí les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 244 de
1995, tal como lo dispuso la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018. E
insistió en que se debe cancelar la sanción moratoria, ya que no se incluyó la
14 De esa suma se debía descontar 56.632.163 COP por concepto de cesantías parciales ya pagadas.
15 Información que es corroborada con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral obrante
en las páginas 26 y 27 del expediente digital.
16 Páginas 17 a 20 del expediente digital.
17 Páginas 12 a 14 del expediente digital.
18 Página 15 del expediente digital.
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prima de servicios en la liquidación inicial y sólo la obligación quedó extinta con
el pago ordenado en la Resolución 5472 del 17 de agosto de 2018.
56. Advierte la Sala de entrada que no es objeto de la discusión el régimen de
cesantías aplicable a la señora Rosa Isabel Torres de Hoyos, pues tal aspecto
no fue objeto de reparo por parte de la apelante.
57. No obstante, a diferencia de lo considerado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, los beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías sí les resulta
aplicable la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006.
58. Sobre el particular, esta subsección desde la sentencia del 5 de noviembre de
202019, ha considerado que la Ley 1071 de 2006 no distinguió entre regímenes
para su aplicación y tampoco si se trata de cesantías parciales o definitivas, sino
que simplemente consagró su ámbito de aplicación a todos los servidores
públicos.
59. En ese orden de ideas, le correspondería a la Sala analizar si en este caso se
consolidó la penalidad. No obstante, se advierte que lo pretendido por la
demandante es la sanción moratoria por el pago tardío del ajuste de la
prestación, contados a partir de los 70 días siguientes a la solicitud de cesantías
definitivas. Lo cual no resulta procedente.
60. De cara a la normatividad citada, la sanción moratoria se causa cuando se
produce el pago tardío de las cesantías y no como consecuencia de un ajuste
posterior.
61. En ese orden de ideas, y comoquiera que no procede el reconocimiento de la
sanción moratoria por la demora en la cancelación del reajuste de las cesantías
definitivas, tal como lo ha considerado esta Corporación 20 en reiteradas
ocasiones, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
Condena en costas
62. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había
o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 5
de noviembre de 2020, con radicado 76001-23-33-000-2016-00773-01 (0871-2018).
20 Ver entre otras, las sentencias proferidas por el M.P: Luis Eduardo Mesa Nieves el 25 de julio de 2024 con
radicados 17001-23-33-000-2018-00186-01 y 17001-23-33-000-2018-00555-01
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63. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses.
64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas anteriormente.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a las consideraciones
antedichas.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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