Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00555-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2018-00555-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00555-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00555-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00555 01 (5433-2019)
Demandante: Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y departamento de Caldas.
Tema: Sanción moratoria por ajuste de cesantías
definitivas como resultado de una nueva
reclamación.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
Con la demanda se pretende la nulidad del artículo 6° de la Resolución nro.
5988-6 del 10 de julio de 2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora.
Como consecuencia de lo anterior, solicita se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a
partir del vencimiento de los 70 días hábiles posteriores a la radicación de la
solicitud de las cesantías definitivas, hasta cuando se hizo efectivo el pago total
de la prestación; cancelar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la
disminución del poder adquisitivo de la sanción por mora, teniendo como base
la variación del IPC, desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía,
hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso;
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
pagar los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se lleve a cabo el pago de la sanción
moratoria reconocida; y condenar en costas a la parte demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.
Por haber laborado como docente en el departamento de Caldas, la actora en
fecha del 31 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Dicha prestación fue
reconocida por medio de la Resolución nro. 4591-6 del 1° de junio de 2015,
donde se incluyeron los factores salariales de sueldo mensual, la prima de
navidad y la prima de vacaciones. Las referidas cesantías fueron canceladas
por intermedio de entidad bancaria BBVA el 28 de septiembre de 2015.
Mediante el Decreto 1545 del 19 de julio de 2013 se estableció la prima de
servicios para el personal docente, en cuyo artículo 5 se determinó que
constituía factor salarial para liquidar las cesantías. A través del Decreto 1566
de 2014 se creó la bonificación por servicios a favor de los docentes, como
carácter salarial, tal como lo dispuso su artículo 1.
El 11 de mayo del 2018, la demandante radicó petición solicitando el ajuste de
las cesantías definitivas para que se incluyera la prima de servicios y la
bonificación por servicios, y en consecuencia se reconociera la sanción mora
desde los 70 días siguientes a la radicación de la petición inicial de las
cesantías definitivas, hasta cuando fuera realizado el pago total de la
prestación, con la inclusión de tales factores.
La entidad demandada por medio de la Resolución nro. 5988-6 del 10 de julio
de 2018, ajustó las cesantías reconocidas incluyendo los dos factores salariales
conforme a la normatividad, pero negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
Afirmó la demandante que el pago total de las cesantías con la inclusión de la
prima de servicio y bonificación por servicios se realizó el 30 de agosto del
2018, trascurriendo un total de 1.139 días de mora desde la solicitud inicial del
31 de marzo de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989; artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley
1071 de 2006.
En síntesis, en el concepto de violación expone que la demandante laboró como
docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
teniendo un régimen de retroactividad en las cesantías1. Al terminar su relación
laboral se habían expedido los Decretos 1545 de 2013 y 1566 de 2014,
mediante los cuales se establecieron a favor de los docentes la prima de
servicios y la bonificación por servicios respectivamente.
A la señora Gutiérrez Muñoz le fueron reconocidas las cesantías definitivas en
monto inferior al que tenía derecho, al no incluirse los factores salariales antes
mencionados, constituyendo un pago parcial de la prestación que solo vino a
ser superado el 30 de agosto de 2018, con el pago del ajuste.
Aunque la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe
entenderse que entre la solicitud y el pago no deben superarse los 70 días
hábiles, el FNPSM canceló la prestación fuera de los términos establecidos en
la Ley.
1.4. Contestación de la demanda2
El departamento de Caldas, a través de apoderada, se pronunció sobre los
hechos y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de
la demanda.
Acto seguido, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inexistencia de la obligación con fundamento en la Ley”, “buena fe”, y
“prescripción”.
Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 24 de julio de
2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que la
actora solicitó el reconocimiento de la sanción por mora, al estimar que la
1 Empezó a laborar el 11 de mayo de 1978 y terminó el 30 de diciembre de 2014
2 Folios 91 a 100 del expediente físico.
3 Folios 188 a 201 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
misma se causa por la liquidación inexacta de las cesantías, lo que implicó la
expedición de un nuevo acto administrativo que reajustó la prestación social.
Sostuvo que el reajuste de las cesantías o la diferencia causada por la
liquidación de esta, no se encuentra dentro de los supuestos normativos para
que se genere la sanción moratoria, pues ello no implica que la prestación se
hubiese pagado en forma inoportuna o de forma tardía; por el contrario, el
FNPSM reconoció y pagó la cesantía definitiva de la demandante.
La administración en el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
consignó los rubros y factores a tener en cuenta, sin que la parte interesada
hubiese presentado recurso alguno.
En efecto, después de 2 años de haberse reconocido las cesantías, fue que la
parte demandante solicitó su reliquidación, por lo que el reconocimiento se
encontraba en firme y no sería razonable, ni ajustado a derecho imponer al
Estado una prestación económica por el tiempo durante el cual la actora no
ejecutó ninguna acción para la defensa de sus intereses.
Advirtió que, al ser una sanción, esta debe estar expresamente prevista en la
Ley, y por ende no se puede extender o aplicar por analogía a supuestos de
hecho o de derecho distintos a los previstos por la Ley explícitamente.
1.6. Recurso de apelación4.
El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que, si bien
existió un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un pago, este debe
considerarse parcial, pues al no estar de acuerdo con el monto reconocido se
presentó la petición que culminó con el pago total de las cesantías mediante el
ajuste otorgado, configurándose la hipótesis de pago inferior al que tenía
derecho, establecido en la sentencia de unificación con radicado 76001 23 31
000 2000 02513 01 del 27 de marzo de 2007. «d) Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de
acuerdo con el monto reconocido» y la sentencia con radicado nro. 19001 23 31
000 2003 02134 01 de la Sección Segunda.
Al comprobarse que el FNPSM y la Secretaría de Educación excluyeron como
factor salarial la prima de servicios, la sanción debe imponerse desde que se
debía realizar el pago de las cesantías definitivas, es decir cuando venció el
término de la petición inicial, y hasta que se pagó la diferencia insoluta.
Alegó que i) los derechos laborales no son dádivas de la administración, para
considerar que al haber accedido al ajuste de las cesantías, ésta haya actuado
4 Folios 207 a 213 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
de manera generosa, por el contrario, la suma reconocida corresponde al
legítimo ejercicio de un derecho; ii) La solicitud de ajuste de las cesantías
definitivas fue radicada cuando aún no habían transcurrido tres (3) años de la
desvinculación del servicio, lo cual legitima la reclamación y el reconocimiento
realizado más allá de las consideraciones efectuadas respecto a las cesantías
definitivas; iii) El Ministerio de Educación Nacional actuó de mala fe al
desconocer la prima de servicios como factor salarial para efectos de la
liquidación de las cesantías; iv) En el expediente y en la hoja de revisión
expedida por la entidad fiduciaria encargada de los recursos del FNPSM, se
consagra expresamente la negación de la prima de servicios bajo el entendido
que esta no se encuentra en el manual de liquidación, misma que termina
siendo incluida posteriormente y v) los actos proferidos por la administración
legitiman el ejercicio de la acción al haber emitido pronunciamiento expreso
respecto al ajuste de las cesantías y la sanción por el no pago total de las
mismas, más allá de la renuncia a términos5.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 28 de enero de 2020, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.
Las partes y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardaron silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
5 Palabras usadas por la apelante en su recurso.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si procede el
reconocimiento de la sanción moratoria, contemplada en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías
definitivas, a partir del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud inicial de la prestación o hay lugar a la confirmación de
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Actuación administrativa
De conformidad a lo previsto en la primera parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7- CPACA-, una de las formas
de iniciar la actuación administrativa, es a través del ejercicio del derecho de
petición en interés particular8, y su objeto es obtener resolución de lo pretendido.
La misma se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en la
parte primera del CPACA y en leyes especiales, concretamente el «debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad».
Además, está sujeta a un procedimiento compuesto por unas etapas y términos
preclusivos, la cual finaliza con la expedición de una decisión definitiva, esto es
con un acto administrativo; contra el cual, dentro del término de ejecutoria
proceden los recursos en sede administrativa, prerrogativa que permite la
revisión de la decisión. 9 , adquiriendo firmeza, entre otros «3. Desde el día
siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos». 10
Acto administrativo que se presume legal mientras no haya sido anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o suspendido.11
De la normatividad citada se desprende que, la petición de cesantías definitivas
es una actuación administrativa que inicia a solicitud de parte.
7 En adelante CPACA.
8 Artículo 4 CPACA
9 El trámite y decisión para los asuntos no sujetos a régimen especial se encuentra previsto en los
artículos 74 a 85 de la misma codificación
10 Artículo 87 ibidem.
11 Artículo 88 CPACA
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Actuación que tiene un término especial para su resolución definido en la ley, y
la jurisprudencia, como se advierte seguidamente.
2.3.2. Solicitud de cesantías definitivas y sanción moratoria
El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las
solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los
servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la
Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta,
deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta
anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los
términos señalados en el inciso primero de este artículo».
De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto
administrativo que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación,
veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social».
Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su
pago.
El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:
«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el
pago se produjo por culpa imputable a éste».
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Posteriormente, con la Ley 1071 de 2006 12 , se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la
solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de
este artículo».
Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento del mismo, consistente en el pago de un día de salario por cada
día de retraso, así:
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de
lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a este».
Sobre el tópico en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la
fecha de causación de la sanción moratoria. Es así, como el aludido cuerpo
colegiado adujo que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo
haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria
iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera
que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión
(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en
12 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.”
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo
517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por
consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia,
se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de
2006». (Negrilla fuera de texto)
Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la
exigibilidad de la sanción moratoria en comento:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el la ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después de
tiene en cuenta para 45 días posteriores a 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
el computo del la ejecutoria petición
(después de 15 días) el acto
término de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a 55 días posteriores a la
Personal la ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al la ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del la ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
Sin notificar o 10 días, posteriores al 67 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
notificado fuera de intento de notificación 45 días posteriores a expedición del acto
TIEMPO
término personal 9 la ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la notificación del acto que
resuelve ejecutoria resuelve recurso
ACTO ESCRITO, Adquirida, después de 15 45 días, a partir del 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso días de interpuesto el siguiente a la interposición del recurso
RESOLVER recurso ejecutoria
2.3.3. De la naturaleza de las cesantías
Las cesantías conciernen a una prestación social a cargo del empleador, que
constituye un auxilio para el trabajador en caso de quedar cesante.
En el ordenamiento jurídico, existen dos sistemas para la liquidación y pago de
las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.
En el régimen retroactivo, el valor del auxilio está en poder del empleador
durante la vigencia de la relación laboral y se paga con base en el último salario
devengado, conforme a las Leyes 6a de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160 de
1947.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
Y en el régimen anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 y, después, en
la Ley 50 de 1990, las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a
la Administradora del Fondo de Cesantías, el 14 de febrero de cada año.
El carácter unitario o periódico de esta prestación, en criterio de la jurisprudencia
de esta Corporación13 lo define la terminación del vínculo laboral. En tal sentido,
este órgano ha precisado que mientras subsista la vinculación, la prestación
social es periódica, no obstante, se considera como prestación unitaria cuando
ha culminado el vínculo laboral del trabajador con la administración.
2.4 Caso concreto
Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que la parte demandante en fecha del 31 de marzo de 2015 14 ,
solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
mediante Resolución nro. 4591-6 del 1° de junio de 201515, reconoció y ordenó
dicho pago por la suma de $98.803.725. Acto administrativo notificado el 4 de
junio de ese año, decisión que quedó en firme al no acreditarse la interposición
de recurso.
El 11 de mayo de 201816, la señora Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz presentó
solicitud de ajuste de las cesantías reconocidas, por la no inclusión de los
factores salariales de prima de servicios y la bonificación por servicios, en la
liquidación. Asimismo, pidió la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de
2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados
desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haberse radicado la
solicitud de cesantías.
La Secretaría de Educación de Caldas a través de la Resolución nro. 5988-6
emitida el 10 de julio de 2018 17 , ajustó las cesantías definitivas de la
peticionaria, aumentando la suma a $100.500.142, valor que quedó a
disposición el 22 de agosto de 2018, tal como se evidencia en el certificado
bancario de pago emitido por el banco BBVA 18 . De otro lado, negó el
reconocimiento de la sanción moratoria.
De cara a la premisa normativa citada y lo acreditado en el proceso, en criterio
de la Sala, no es dable contabilizar la sanción moratoria desde la petición inicial
13 Al respecto, ver sentencias del 25 de abril de 2019 con radicado 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-
17) y del 23 de enero de 2020 con radicado 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).
14 Así se evidencia en la Resolución nro. 4591-6 del 1° de junio de 2015.
15 Folios 28 y 29 del expediente físico.
16 Folios 21 a 26 del expediente físico.
17 Folios 34 y 35 del expediente físico.
18 Folio 36 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
de cesantías, en atención a que la reclamación realizada con el fin de obtener
un ajuste a las cesantías y que dio lugar a la expedición de la Resolución nro.
5988-6 emitida el 10 de julio de 2018, no da lugar a revivir los términos frente a
la primera actuación, como lo pretende la recurrente, ya que como se indicó en
precedencia los términos y etapas de la actuación administrativa son
preclusivos. Así, que el reconocimiento y pago contenido en la Resolución
4591-6 de 1 de junio de 2015, no constituye un pago parcial para esos efectos.
Se aduce en el recurso que el Tribunal de Primera Instancia no consideró las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con 19001 23 31 000
2003 02134 01, y de la Sala Plena, identificada bajo el número 76001 23 31 000
2000 02513 01, en las que apoya su pretensión; sin embargo, las providencias
antes mencionadas no dispusieron nada diferente frente a la causación de la
sanción moratoria por pago de las cesantías parciales o definitivas. Véase:
La sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007, proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado, radicado 76001 23 31 000 2000 02513 01, se
ocupó de determinar un asunto de carácter procesal, al definir el medio de
control procedente tratándose del reclamo de las cesantías y de la sanción
moratoria, para lo cual tuvo en cuenta las diferentes hipótesis que se pueden
presentar, entre las que se encuentra cuando «5.3.4. Existe pronunciamiento
expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de
acuerdo con el monto reconocido», en cuyo caso, concluyó que, al existir
discusión respecto del contenido del acto administrativo, la vía procesal para su
reclamo era la nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo que no aconteció en este caso, donde se encuentra acreditado que la
petición de cesantías definitivas fue resuelta mediante Resolución nro. 4591-6
del 1° de junio de 2015, quedando en firme y además, no fue objeto de
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa19.
Igual situación acontece con la providencia de 11 de julio de 201320, invocada
por la parte actora, la cual resolvió una situación disímil a la discutida en este
caso, en tanto la condena impuesta fue consecuencia de la no cancelación de
las cesantías dentro del término de los 45 contados a partir de la firmeza del
acto administrativo que las reconoció.
De otro lado, si bien se alegó la violación a los derechos laborales, dado que la
solicitud se hizo cuando todavía no habían trascurrido 3 años de la
19 En la resolución 5988-6 se consignó: La anterior resolución se notificó debidamente...quedando el acto
administrativo en firme.
20 Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección A Radicado 19001 23 31 000 2003 02134 01
C.P.Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: José Wilmer Chilito Rivadeneira Demandado:
municipio de Timbiquí- Cauca. El problema jurídico resuelto por la Sala fue si se ajustaba o no a derecho
el acto administrativo por medio del cual se ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales
definitivas del actor, y si había lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de1995; luego que la parte actora solicitara la nulidad en vía judicial el acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas, lo que no ocurrió en el asunto que ahora se estudia.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
desvinculación, para la Sala tal violación no puede aducirse cuando se omite
por parte del interesado dentro del término legal su reclamo; lo que no
constituye una mera formalidad, sino el procedimiento que rige la relación entre
las autoridades y los particulares con plena garantía y observancia del debido
proceso, y a través del cual se hacen valer los derechos.
Así las cosas, a diferencia de lo expresado por la recurrente, la actuación
administrativa que inició la señora Beatriz Gutiérrez Muñoz con la solicitud del
31 de marzo de 2015 finalizó con la Resolución 4591-6 del 1° de junio de 2015;
notificada a la parte interesada el 4 del mismo mes y año; sin que la interesada
la objetara en sede administrativa o judicial. Prestación que tiene el carácter de
unitaria.
En ese escenario, se reitera la nueva petición presentada más de 2 años
después, aunque obtuvo que la administración realizara un ajuste a la cesantía,
no revive los términos de la actuación administrativa culminada. Por lo que, no
se hacen extensivos los términos para el reconocimiento de la sanción
moratoria, como consecuencia de un ajuste posterior de las cesantías
definitivas, a partir del vencimiento de los 70 días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud inicial de la prestación.
En un caso de supuestos fácticos similares a los aquí tratados, esta
Corporación en sentencia del 6 de octubre de 202221, identificada con radicado
nro. 17001-23-33-000-2018-00189-01 (845-2022), dispuso que la falta de
ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser
subsanada con una petición posterior que en todo caso fue debidamente
atendida por la parte demandada.
«De igual modo, mal haría esta Corporación en reconocer una sanción moratoria
cuando fue la demandante quien, además, no presentó el recurso de reposición
que procedía contra la liquidación inicial y dejó trascurrir más de dos años para
presentar la reclamación sobre la inclusión de nuevos factores salariales. La falta
de ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales oportunos no puede ser
subsanada con una petición posterior que en todo caso fue debidamente atendida
por la parte demandada. La subsección reitera que “una cosa es efectuar la
liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo a las directrices
tomadas por la entidad demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera del
plazo determinado por el legislador la prestación aludida”».
Aunado a lo anterior, la existencia de mala fe por parte de la entidad pública
encargada del reconocimiento de las cesantías aducida en el recurso no
determina en esta jurisdicción la causación de la sanción.
Así las cosas, ante la no prosperidad del recurso, se confirmará la sentencia de
primera instancia.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P:
Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 6 de octubre de 2022, con radicado nro. 17001 23 33 000 2018
00189 01 (845-2022).
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00555-01
Demandante : Beatriz Elena Gutiérrez Muñoz
2.5. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte demandante; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a
condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta
de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que
en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no
puede observarse que la demanda y el recurso de apelación hubiesen sido
presentados con carencia de fundamentación legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 24 de julio de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.