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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00216-02

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00216-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el párrafo 2 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, y en su lugar se dispone no condenar en costas de primera instancia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) 23 Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JNFG 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00216-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional y departamento de
Caldas, Secretaría de Educación

Tema: Reconocimiento intereses moratorios derivados del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo
del sector educativo

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Sigifredo de Jesús Colorado presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 8354-6 del 30 de octubre de 2017 y 0081-
6 del 2 de enero de 2018, por medio de las cuales el secretario de educación del
departamento de Caldas le negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios presuntamente causados por el retardo en el pago de la homologación
y nivelación salarial.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir del día
siguiente a los 30 días posteriores a su causación, esto es el 10 de febrero de 1997,
hasta el día en que fue efectivo el pago del retroactivo por homologación y nivelación
salarial [15 de abril de 2013]; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 del CPACA; y iii) la condena en costas a la entidad
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Sigifredo de Jesús Colorado prestó sus servicios en la Secretaría de Educación
de Caldas, en un cargo de carácter administrativo.

3.2. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación
certificó al departamento de Caldas para la administración del servicio educativo,
por lo tanto, este último por medio del Decreto 0021 de 1997 transfirió el personal
administrativo que se encontraba vinculado con la nación a la planta territorial; sin
embargo, no tuvo en cuenta que en la mayoría de los casos el de carácter
departamental o municipal contaba con un nivel salarial más alto que el del orden
nacional.

3.3. A través del concepto 1607 del 17 de mayo de 2004, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que las entidades territoriales dentro
del proceso de descentralización del servicio educativo debían, previa
homologación, efectuar la correspondiente nivelación salarial y que el mayor valor
del nivel salarial debería ser cubierto por la nación.

3.4. En consideración con lo establecido en la Directiva Ministerial 10 de 2005 y en
la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Educación de Caldas elaboró el estudio técnico para la
homologación nacional, el cual fue aprobado a través de comunicación suscrita el
30 de marzo de 2007.

3.5. Mediante el Decreto 0399 de 20 de abril de 2007, la Secretaría de Educación de
Caldas homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la
planta de cargos del departamento; no obstante, a través de los oficios SED 0345
del 17 de junio de 2000 y GJSED 1497 22 de mayo de 2009, la entidad territorial
solicitó la revisión y ajuste de dicho proceso, el cual fue aprobado por el Ministerio

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

de Educación Nacional mediante el Oficio 2009EE29765 del 1° de junio de 2009 y
en consecuencia se expidió el Decreto 337 de diciembre de 2010, que modificó el
acto inicial.

3.6. Por medio de la Resolución 1667-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la
Resolución 3987-6 del 19 de julio de 2013, el Ministerio de Educación a través de la
Secretaría de Educación de Caldas reconoció y ordenó el pago del valor retroactivo
causado por la homologación y nivelación salarial, a partir del 10 de febrero de 1997
hasta el 31 de diciembre de 2009. El pago se efectuó el 15 de mayo de 2013.

3.7. El 6 de diciembre de 2017 le solicitó a la Secretaría de Educación de Caldas el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios presuntamente causados por el
retardo en la cancelación de la homologación y nivelación salarial; petición
denegada a través de las resoluciones 8354-6 del 30 de octubre de 2017 y 0081-6
del 2 de enero de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 12 del Convenio 95 de 1949 de la OIT sobre
la protección del salario; 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil; 177 del
Código Contencioso Administrativo; y 16 de la Ley 446 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La entidad territorial expidió los actos con infracción de las normas en que debía
fundarse, pues el fundamento de la negativa frente al pago de los intereses
moratorios fue que se trató de un proceso administrativo que no le era imputable,
sin que sea aceptable que alegara su propia culpa en su favor, toda vez que era
posible prever el pago de aquella obligación derivada de la equiparación de los
cargos, según lo previsto en la Ley 60 de 1993.

5.2. La nivelación salarial fue pagada varios años después de su causación, sin que
en la liquidación se evidenciara algún valor correspondiente a los intereses
moratorios, por lo tanto era procedente su reconocimiento.

5.3. Con ocasión de la expedición de los actos acusados, se le desconocieron las
garantías mínimas laborales de carácter irrenunciable establecidas en el artículo 23
Superior, así como el principio de favorabilidad en materia laboral.

2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 5

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

1.2. Contestaciones de la demanda

6. 1.2.1. El Ministerio de Educación Nacional3 sostuvo que no es el ente competente
para el reconocimiento de las pretensiones aducidas como restablecimiento del
derecho, sino que era facultad de la administración territorial, en atención a que la
administración del personal docente se trasladó a la autoridad territorial por virtud
de la Ley 715 de 2001. De ahí la configuración de la falta de legitimación en la causa
por pasiva, entendida como la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación
con el interés sustancial discutido en el proceso, la cual conllevaba un fallo
desestimatorio de lo solicitado en la demanda4.

6.1. Pese a lo anterior, en el caso concreto no era razonable la exigencia de intereses
moratorios derivados del retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial, pues no existió retardo alguno en el cumplimiento de obligaciones laborales
que sí generaba a cargo del empleador aquella carga, a título de indemnización de
perjuicios5.

7. 1.2.2 El departamento de Caldas, Secretaría de Educación6, se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que los dineros recibidos por el
demandante producto del proceso de homologación y nivelación salarial, fueron
indexados, por lo tanto, no tenía derecho a reclamar la sanción moratoria, pues con
ello se incurriría en una doble sanción.

7.1. También formuló la excepción de legitimación en la causa por pasiva, habida
consideración de que fue el Ministerio de Educación Nacional el ente que «designó
los recursos para el reconocimiento de la homologación salarial del Sistema General de
Participaciones y no con recursos propios».

7.2. Finalmente, como excepciones formuló las que denominó buena fe, inexistencia
de la obligación con fundamento en la ley, inaplicabilidad de los intereses moratorios
y prescripción.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 16
4 De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, en sentencias proferidas el 25 de julio de

2011 [expediente con rad. 20.146]; 11 de noviembre de 2009 [expediente con rad. 18166]; y 14 de
marzo de 2012 [expediente con rad. 22.032]
5
Según lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia 00161 del 13 de
mayo de 2010
6
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 17

4

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, en sentencia
del 19 de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte vencida en el proceso. Como fundamento de su decisión señaló lo
siguiente7:

8.1. De acuerdo con los elementos de convicción allegados al proceso, se demostró
que con las resoluciones 1667-6 del 22 de marzo, 3987-6 del 19 de julio de 2013, y
8896-6 de 11 de diciembre de 2014, le fue reconocida al demandante la
homologación y nivelación salarial del período comprendido entre el 10 de febrero
de 1997 y el 31 de diciembre de 2009, y en la liquidación se incluyó una suma por
indexación. El pago de la suma correspondiente se realizó el 15 de abril de 2013.

8.2. Debido a su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
previstos en una norma que los autorice en forma expresa, es decir que faculte su
cobro para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, supuesto
que no se dio en el presente asunto.

8.3. A la parte actora le fue reconocida la indexación sobre las sumas pagadas por
concepto de homologación y nivelación salarial, por lo tanto la pretensión de obtener
intereses de mora por el pago tardío del retroactivo carecía de vocación de
prosperidad, dada la incompatibilidad entre ambos conceptos, tal y como lo ha
considerado el Consejo de Estado8, a saber:

«(i) el lapso transcurrido entre la fecha de reconocimiento y el pago del retroactivo
por homologación y nivelación salarial, en la mayoría de casos, resulta razonable, a
la luz de las diferentes gestiones de orden administrativo que deben adelantar las
entidades públicas para efectuar este tipo de reconocimientos, como ocurrió en el
caso que sirve de parámetro, en el que apenas transcurrió un (1) mes, tiempo en el
cual no se presenta una depreciación significativa del valor de la suma reconocida.

(ii) Si el beneficiario del pago por homologación y nivelación salarial no presentó
oposición o recursos contra el acto administrativo que contiene la suma reconocida,
el asunto no puede subsanarse generando una nueva discusión a través de una
petición posterior de reconocimiento de intereses.

(iii) No existe una norma que consagre la obligación de pago inmediato de la suma
reconocida por concepto de homologación y nivelación salarial, pues como se anotó,

7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 41
8
Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia proferida el 12 de septiembre de 2019, radicación 17001-23-33 -000-2016-
00993 -01). En igual sentido, fallos del 23 de octubre de 2020, rad. 170012333000-2018-00143-01
(4932-2019); y del 3 de diciembre de 2020, rad. 170012333000-2016-00270-01 (1245-19)

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

dicho trámite está compuesto por una sucesión de etapas administrativas que
incluyen la respectiva apropiación presupuestal, por lo que no resultan aplicables
las normas civiles sobre intereses de mora a este tipo de casos.

(iv) Aun cuando exista retardo, no procede el pago de intereses de mora, pues como
lo ha señalado esa corporación en repetidas oportunidades, al constatarse que la
suma reconocida fue indexada, reconocer intereses de mora constituiría un doble
pago por el mismo concepto, atendiendo la incompatibilidad entre ambas figuras,
·aspecto que se abordó líneas atrás.

(v) Finalmente, atendiendo al carácter eminentemente sancionatorio de los intereses
de mora, su reconocimiento se halla supeditado a la existencia de una norma que
expresamente los consagre en el supuesto de pago tardío de la homologación y
nivelación salarial, lo cual no ocurre en este caso.».

8.4. Lo anterior aunado a que la actualización de la suma reconocida no es un
derecho de carácter laboral de aquellos establecidos en el artículo 53 de la
Constitución Política, sino que correspondía a una técnica de reajuste de valores
monetarios a efectos de contrarrestar los efectos de la inflación.

8.5. La condena en costas era procedente, en la medida en que la parte demandada
se vio en la necesidad de asumir su defensa judicial y sufragar los gastos
procesales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 366 del
Código General del Proceso9.

1.4. El recurso de apelación

9. Sigifredo de Jesús Colorado interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos10:

9.1. El retardo no se generó respecto del mes transcurrido entre el acto administrativo
que reconoció el retroactivo y el pago, sino que la pretensión de reconocimiento de
intereses obedeció a la mora de 16 años en la incorporación del personal
administrativo a la planta de la entidad territorial, esto es desde el año1997 y hasta
que en efecto ocurrió la homologación y nivelación salarial -2009-.
9.2. Frente al anterior argumento se configuró «la falta de motivación por parte del
Despacho para negar lo pretendido, argumentando sin temor alguno que resulta razonable
que el Estado se demore 16 años para pagar una obligación laboral y que a juicio de él […]
solo se deben pagar como mora el mes que transcurrió, entre la expedición de la resolución
que ordena el pago del retroactivo y la fecha de inclusión en nómina».

9 En lo sucesivo CGP
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 43

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

9.3. De igual manera existió «falta de motivación […] pues no puede negarse un derecho
adquirido manifestando de manera subjetiva» la inexistencia de una norma que regule
el pago de intereses en mora derivado de los retroactivos que se adeudaban por
homologación y nivelación salarial para efectos del reconocimiento a los
trabajadores de un pago al cual tienen derecho, pues con fundamento en el artículo
53 de la Constitución Política, el juzgador debe interpretar la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho.

9.4. El acto que estableció la homologación y nivelación salarial no fue objeto de
impugnación, pues solo «resolvía unas escalas las cuales generaron retroactividad» y no
calcularon en aquel los intereses moratorios reclamados a través de una nueva
petición, sin que ello conllevara una pérdida de la oportunidad legal para reclamar
lo pretendido, si se tiene en cuenta que «en tratándose de derechos prestacionales o
emolumentos laborales, se puede presentar la reclamación a la administración cuantas
veces se requiera».

9.5. Los intereses de mora se constituyeron como una sanción al pago tardío de una
obligación, cualquiera que sea esta. Sin embargo, en el evento en que no existiera
alguna norma aplicable al caso podía «acogerse a la analogía o a los principios
generales del derecho, porque como bien se sabe el legislador en aras de salvaguardar la
equidad y la justicia, creó a través del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, la posibilidad de
resolver asuntos semejantes que no tuvieses una regulación normativa en particular», de
acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995.

9.6. En el auto 232 de 2001, la Corte Constitucional consideró que el principio de la
analogía consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, supone la presencia de 3
elementos para su configuración, a saber: (i) la ausencia de norma exactamente
aplicable al caso en cuestión; (ii) que el caso previsto por la norma sea similar o
semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador; y (iii) la
existencia de la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto
el precepto normativo.

9.7. Es así como en el ordenamiento jurídico colombiano «existen normas que autorizan
expresamente el reconocimiento y pago de intereses de mora», tales como los artículos
1608 a 1617 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 65 de la Ley 45 de 1990;
el Código Sustantivo del Trabajo [sin que señalara un artículo específico]; 23, 101,
102 y 141 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 116 de 1976 y la Ley 446 de 1998. A
su vez, la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra regulada en los
artículos 2, 58 y 90 de la Constitución Política, «normas que deben ser interpretadas a
la luz de los postulados constitucionales que consagran la protección especial de los
trabajadores (art. 53)».

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

9.8. Si bien el a quo reconoció que las sumas pagadas fueron indexadas y por tal
razón no era válido el reconocimiento de los intereses de mora, no tuvo en cuenta
que «la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del tiempo
sería los intereses de mora; emolumentos que durante los alegatos de conclusión, se
solicitaron se pagaran de forma preferente y favorable, en lugar de la indexación, debido a
la injustificada demora en el pago de dichas acreencias laborales».

9.9. La indexación y los intereses de mora no son incompatibles, pues la naturaleza
de las dos figuras es diferente, toda vez que la primera se refiere a la actualización
de la deuda por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo,
en tanto que la segunda es la sanción por el pago inoportuno de una obligación.

9.10. Es procedente el reconocimiento de la indexación de los valores adeudados y
el pago de los intereses de mora de manera concomitante, toda vez que de ninguna
manera estos se excluyen cuando existe retardo en los pagos debidos; no obstante,
si el fallador considera que son incompatibles, en virtud del principio de
favorabilidad, debe reconocer los intereses de mora que han sido solicitados en la
demanda y que abarcan el componente inflacionario e indemnizatorio.

9.11. A efectos de sustentar la decisión en primera instancia, el tribunal citó
jurisprudencia del Consejo de Estado que «en nada aplican a la situación fáctica aquí
debatida», entre las que se encontraban las siguientes sentencias: i) del 22 de abril
de 2015, rad. 25000-23-25-000-01312(2506- 2013); y ii) del 7 de diciembre de 2017,
rad. 2014-00311-01 (0905-15).

9.12. En la primera de aquellas, se indicó la procedencia de la indexación con la
actualización de las sumas derivadas de una condena judicial. Sin embargo, en el
sub judice no existió una sentencia que reconociera el derecho a la homologación y
nivelación salarial o que ordenara el pago del retroactivo; pues «dicho proceso nació
por ministerio de la ley y la Constitución, materializado a través de los actos administrativos
de homologación y nivelación salarial; de modo que, la obligación surgió desde el momento
mismo en que el servidor fue trasladado de una planta a otra, dada la descentralización
administrativa, por tanto, por principio de igualdad debían ser ajustados salarialmente sus
sueldos y cancelados de forma simultánea al traslado, es decir, oportunamente». Esto en
atención a que se trata de conceptos que no son incompatibles sino
complementarios11.

9.13. En el segundo fallo, se denegó el reconocimiento de los intereses moratorios
en razón de su naturaleza sancionatoria, de modo que si no se mencionaron en el

11
Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias de 21 de febrero de 2002, rad. 14112; y del 10 de mayo de 2001, exp. 12719.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

acto que reconoció el retroactivo, ante la falta de una norma que los haya previsto,
tampoco podían reconocerse los intereses moratorios. Al respecto, debía
considerarse que no era necesario su reconocimiento, toda vez que estos operan
de pleno derecho, máxime cuando «el Código Civil colombiano [artículo 1608], es la
norma rectora en cuanto a obligaciones se refiere, y olímpicamente salta el hecho que por
analogía se puede acudir a otras normas sancionatorias, amén que existe regulación
normativa en materia laboral» [sic].

9.14. Sumado a ello, en la citada providencia se indicó que «la mora en el pago de las
obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un
deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben
inspirar la actividad administrativa»; argumento en virtud del cual se puede afirmar que
«las entidades de derecho público están obligadas a asumir las consecuencias de su
retraso en el cumplimiento de las respectivas obligaciones, pagando los respectivos
intereses en las mismas condiciones que se le exige al administrador; aun más justificable
cuando son de carácter laboral».

9.15. Se reiteró en que si bien en el caso concreto se pretende el «pago de intereses
moratorios sobre el retroactivo por homologación por favorabilidad en lugar [de] la
indexación ya cancelada, efectivos a partir de los treinta días posteriores a la causación del
derecho, hasta el día en que se efectuó el pago tardío por homologación y nivelación
salarial, NO se hace con la intención, como manifiesta y precisa este despacho, de que se
paguen y/o reconozcan sobre una misma obligación -capital-, indexación e intereses
moratorios para los mismos espacios de tiempo o que se paguen intereses sobre la
indexación […] es decir, sí se debe pagar atendiendo el principio constitucional de
favorabilidad para el trabajador, tanto para la aplicación de normas como para su
interpretación - el pago de los intereses moratorios y NO la indexación ya cancelada».

9.16. La condena en costas desconoció la buena fe del demandante al acudir a la
administración de justicia en procura de sus derechos, sumado a que resulta ser la
parte débil frente a la potestad del Estado y no existió comportamiento temerario o
doloso, que justificara la imposición de esa máxima condena, de conformidad con
lo previsto en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del
CGP.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. En atención a que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y
tampoco se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para
que los extremos procesales alegaran de conclusión12, de conformidad con lo

12 Según se observó en el auto proferido el 19 de febrero de 2024, visible en el índice 4 de Samai

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto13.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a establecer
lo siguiente:

13. ¿Sigifredo de Jesús Colorado tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios sobre el valor de la liquidación por la homologación y nivelación
salarial del empleo, en virtud del proceso de descentralización del servicio
educativo?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. De la nacionalización de la educación y el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos

14. En virtud de la Ley 43 de 197515 ocurrió el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria que prestaban los departamentos, el distrito
especial de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarias, el cual se desarrolló
entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

13 De acuerdo con la constancia secretarial del 25 de abril de 2024, visible en el índice 8 de Samai
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
15 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se
redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

15. Con fundamento en la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los
principios constitucionales sobre el servicio público y esencial de la educación, fue
proferida la Ley 115 de 199416 a través de la cual se definió el término educación
como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, e
igualmente, se reguló como una función social acorde con las necesidades de las
personas, la familia y la sociedad17; por consiguiente, previó la obligación en cabeza
del Estado de garantizar su acceso y la responsabilidad de la nación y de las
entidades territoriales de garantizar su cobertura18.

16. En armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y
como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, se expidió
la Ley 60 de 199319, por la cual se creó el situado fiscal que sería destinado a la
educación y definió los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los
entes territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los
departamentos y distritos.

17. Lacitada ley les confirió a los departamentos competencias en materia de
educación20, en particular, para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales21. Igualmente, dispuso la
entrega de los recursos necesarios [bienes y personal] a los departamentos, distritos
y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.

18. Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2001 22 modificó los artículos 356 y 357
de la Constitución Política y creó el Sistema General de Participaciones de los entes
territoriales. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 715 de 2001 23 que fijó la
proporción de la distribución de los recursos para los sectores de educación, salud

16 «Por la cual se expide la ley general de educación».
17 Art. 1 Ley 114 de 1994.
18 Art. 4 ibidem.
19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
20 Artículo 3, literal a), de la Ley 60 de 1993.
21 Artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
22 «Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.

(…)
Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios
a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los
servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se
crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios […]».
23 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros»

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

y propósito general; asimismo, definió el porcentaje que posteriormente se repartiría
entre los municipios, distritos y departamentos.

19. Adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la nación y
las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles
preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural [artículos 5 a 7], mediante los
cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados
la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad, así como la administración del personal.

20. En los artículos 34 y 38 ibidem, se dispuso la incorporación de docentes,
directivos y del personal administrativo a los cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones24 [antes situado fiscal], por parte
de la respectiva entidad territorial, con prioridad del personal vinculado que
cumpliera los requisitos para el ejercicio del cargo.

21. Frente a este proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil
emitió el Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, con el fin de resolver una
consulta planteada por la ministra de educación nacional25, indicó que las entidades
territoriales debían homologar al personal administrativo que recibieron o ingresara
en adelante, con ocasión de la descentralización del servicio educativo, a través del
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.

22. Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, dentro
de un límite máximo salarial acorde con su realidad fiscal, siempre en búsqueda de
la eficiencia, en aras de contribuir a la equivalencia de aquellos y al equilibrio de los
salarios entre los servidores nacionales y los territoriales, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 199226.

24 En adelante SGP
25 «1.- ¿Deben las entidades territoriales, en virtud del principio de igualdad, proceder a homologar

al personal administrativo que recibieron o reciban en virtud de la descentralización del servicio
educativo?
2.- Debe la Nación asumir con cargo al Sistema General de Participaciones los costos de la
homologación del personal administrativo realizado por las entidades territoriales durante la vigencia
de la ley 60 de 1993?
3.- Debe la Nación asumir con cargo al Sistema General de Participaciones el costo de la
homologación del personal administrativo que realicen las entidades territoriales certificadas en
virtud de lo establecido en la ley 715 de 2001?»
26 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
[…]

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

23. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005, determinó que el procedimiento de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo docente comprendería las siguientes
etapas:

i) La elaboración del estudio técnico, cuyo producto es la creación de una tabla
de homologación con la clasificación del empleo [código y grado], las
funciones, los requisitos y la asignación salarial de la planta de personal
administrativo de la entidad territorial receptora; y

ii) la homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la
fecha, por medio de un acto administrativo general y luego individualizado
por cada funcionario, con el cargo a homologar y la nivelación salarial
respectiva, previo certificado de disponibilidad presupuestal.

2.3. Lo probado dentro del proceso

24. Al expediente se aportaron los siguientes documentos27:

24.1. Resolución 1667-6 de 22 de marzo de 2013, por medio de la cual la Secretaría
de Educación de Caldas reconoció al demandante, por concepto de ajuste de la
homologación y nivelación salarial del personal administrativo por el periodo
comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009, con la
indexación, la suma de $48.931.878 «valor neto». Para ese efecto consideró:

«Que por medio de Decreto departamental N°. 0337 del 2 de diciembre de 2010 se modificó
la homologación y nivelación salarial de los cargos administrativos de la planta de personal
del Departamento de Caldas - Sector Educación, financiados con recursos del Sistema
General de Participaciones, que fue aprobada inicialmente por Decreto departamental N°
0399 del 20 de abril de 2007.

Que atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y en la Resolución
2171 de 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y que
en consecuencia la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, elaboró y
presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para la

Artículo 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la
presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo.- El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional».
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 6

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correspondiente homologación y nivelación salarial antes definida, cuya metodología fue
la de revisar que las funciones específicas correspondieran al nivel jerárquico, en el cual
se encuentra ubicado cada funcionario con los pares del departamento de Caldas;
comparando el salario actual con el salario más aproximado de la escala de
administración central del Departamento, de acuerdo con el nivel jerárquico y los
requisitos exigidos para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo y
grado salarial que se debe asignar.

Que dicho estudio técnico radicado en su última versión con el No. 2007ER9711, fue
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación suscrita el 30
de marzo de 2007 por parte de la Doctora Gloria Mercedes Álvarez Núñez, Directora de
la Dirección de Descentralización, por encontrase ajustado a las normas de carrera
administrativa.

Que el Departamento de conformidad con lo anterior, mediante Decreto 0399 de 20 de
abril 2007 homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la
planta de cargos del Departamento de Caldas pagada con recursos del sistema general
de participaciones.

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Oficio 2009EE29765 del 01 de junio
de 2009, aprobó la modificación al estudio técnico de ajuste a la homologación y
nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas.

Que la unidad administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Caldas,
realizó liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal administrativo financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones, por el periodo comprendido entre
el 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009, que arrojó un valor bruto de […]
$57.341.662.202 pesos […]».

24.2. Resolución 3987-6 del 19 de julio de 2013, por medio de la cual la secretaria de
educación del departamento de Caldas aclaró el anterior acto administrativo, en el
sentido de ajustar la liquidación de la indexación por observarse «una diferencia entre
el valor calculado por el Ministerio de Educación y el valor total calculado por la Secretaría
de Educación, lo cual obliga a la SED a hacer el correspondiente ajuste, liquidando el valor
de la indexación teniendo como base el IPC inicial del mes de enero de 1997 (IPC INICIAL
80,92)». Por lo tanto, se reconoció una suma de $52.485.088.

24.3. Resolución 8896-6 del 11 de diciembre de 2014, expedida por la secretaria de
educación de Caldas, se modificó el anterior acto, con base en las siguientes
consideraciones:

• por medio del Oficio 1059 UJ SED del 16 de septiembre de 2013, la
Secretaría de Educación de Caldas solicitó al Ministerio de Educación
Nacional la actualización de la fecha de reconocimiento al concepto de
indexación por tratarse de un concepto que no fue actualizado para el año
2013, cuando se reconoció la nivelación salarial.

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• El demandante presentó una petición el 8 de marzo de 2013, relacionada con
«inconsistencias de forma en la Resolución 3987-6 de 19 de julio de 2013 por medio
de la cual se reconoció y ordenó un pago por concepto de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones».

• Con el Oficio 2014EE21121 de 20 de marzo de 2014, el Ministerio de
Educación Nacional le solicitó a la Secretaría de Educación de Caldas, se
efectuara el cálculo de la liquidación hasta la fecha en que se realizó el giro de
los recursos por parte de la nación.

24.4. Con base en lo anterior, en la parte resolutiva modificó la Resolución 3987-6 del
19 de julio de 2013, en cuanto el valor correspondiente por concepto de
homologación y nivelación salarial por el período comprendido desde el 10 de
febrero de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2009 era de $52.485.088, y el de la
«actualización de indexación y diferencias salariales dejadas de percibir en el proceso de
nivelación salarial», correspondía a $4.876.357.

24.5. Según certificación del 25 de febrero de 2016, suscrita por el profesional
universitario de la Secretaría de Educación de Caldas, se indicó:

«El señor Colorado Sigifredo de Jesús […] mediante resolución número: 2026-6 del 22
de marzo de 2013, resolución aclaratoria número: 3987-6 del 19 de julio de 2013 y
resolución modificatoria número 8896-06 de 11 de diciembre de 2014, se le reconoció
retroactivo de homologación y nivelación salarial como personal administrativo de los
establecimientos educativos pagados con recursos del SGP del sector educativo adscrito
a la planta de personal del departamento de Caldas a partir del año 11/02/1997, los
valores que a continuación se detallan:

AÑO DEVENGOS INDEXACIÓN TOTAL
1997 $2.703.437 $6.107.464 $8.810.902
1998 $2.552.779 $6.284.078 $8.836.856
1999 $7.050.926 $6.448.003 $13.498.928
2000 $8.767.080 $6.671.999 $15.439.079
2001 $9.543.118 $6.090.435 $15.633.553
2002 $8.590.377 $4.738.190 $13.328.567
2003 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 Los
2007 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0
TOTAL $39.207.716 $36.340.168 $75.547.884
anteriores dineros fueron cancelados en Abril 15 de 2013» [sic].

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24.6. El 6 de abril de 2017 presentó reclamación ante la Secretaría de Educación de
Caldas el para obtener el pago de intereses moratorios «causados por la falta de pago
oportuno» sobre las sumas previamente pagadas por concepto de homologación y
nivelación salarial.

24.7. La anterior petición se denegó a través de la Resolución 8354-6 del 30 de
octubre de 2017 expedida por el secretario de educación de Caldas, al considerarse
que no era razonable la exigencia de intereses moratorios, toda vez que no existió
mora en el pago de las obligaciones laborales por parte del empleador sino una
equiparación de cargos como consecuencia de una decisión administrativa del
Estado, máxime cuando las sumas pagadas fueron indexadas, de manera que el
demandante recibió el valor real de la acreencia, de tal manera que se garantizó el
principio de equidad y los derechos laborales previstos en el artículo 53 Superior.

24.8. El demandante interpuso el recurso de reposición y la autoridad confirmó la
decisión a través de la Resolución 0081-6 del 2 de enero de 2018, con sustento en
la incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, en atención a que
la primera conllevaba la actualización de la suma dineraria reconocida, mientras que
el fin de este último era la penalización económica de quienes incurrieran en retardo
en el cumplimiento de sus deberes a título de indemnización de perjuicios;
circunstancia que no se configuró en el caso concreto pues la obligación fue
satisfecha el 15 de abril de 2013 y por el valor real de la acreencia.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

25. El tribunal de instancia negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento
concerniente a que no existía una norma que lo facultara para su cobro y la suma
reconocida por concepto de homologación y nivelación salarial fue debidamente
actualizada y además era incompatible con los intereses moratorios reclamados. El
demandante apeló la decisión, con fundamento en que estos se causaron debido a
que la administración no asumió el pago de sus obligaciones salariales de manera
inmediata, sino que correspondió a 16 años comprendidos desde 1997 y hasta que
en efecto ocurrió la homologación y nivelación salarial en el 2009.

26. De acuerdo con los elementos de convicción señalados en precedencia, se
observó que a través del Decreto 0399 del 20 de abril de 2007, se ordenó el proceso
de homologación y nivelación salarial del departamento de Caldas, en virtud del
cual, se expidió la Resolución 1667-6 del 22 de marzo, aclarada por la Resolución
3987-6 del 19 de julio, ambas del 2013, y la Resolución 8896-6 del 11 de diciembre
de 2014, mediante las cuales se le reconoció unas sumas de dinero por todas las

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diferencias salariales durante el período de 2004 a 2009, indexadas al año 2013
[año en que se efectuó el reconocimiento y pago], como se señaló en el acápite
precedente.

27. En consecuencia, a pesar de que el proceso de homologación se consolidó hasta
el año 2013 cuando se efectuó el pago del retroactivo correspondiente, lo cierto es
que se debieron agotar múltiples etapas, propias de la transferencia de los recursos
de la nación a las entidades territoriales.

28. Así entonces, de modo alguno el Ministerio de Educación o el departamento de
Caldas incurrieron en alguna dilación del pago, puesto que se surtieron las diversas
etapas necesarias para satisfacer la obligación en relación con la suma reconocida
al demandante, procedimiento que requirió de varios ajustes y modificaciones.

29. En este punto es necesario señalar que los intereses moratorios han sido
definidos desde el punto de vista jurisprudencial como aquella suma de dinero que
debe pagar el deudor a título de indemnización por el incumplimiento total o parcial
de una obligación. En otras palabras, son aquellos que debe pagar el deudor desde
la fecha en la que se constituye en mora, los cuales cesan solo en el momento del
pago de la obligación contraída, cuya finalidad es el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el
dinero en la oportunidad debida28.

30. Lo anterior no se encuentra demostrado dentro del sub judice, puesto que la
Resolución 1667-6 que reconoció la suma derivada de la nivelación data del 22 de
marzo de 2013 y el pago de la nivelación salarial se efectuó el 15 de abril de 2013,
según se indicó en la certificación emitida por la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas, es decir transcurrieron aproximadamente 2 meses entre
uno y otro momento, de modo que no es procedente la condena por el pago de
intereses moratorios, en tanto se considera un plazo razonable, sin que se haya
incurrido en una dilación injustificada, en atención a la magnitud de los trámites
económicos y administrativos para terminar el proceso de homologación y
nivelación salarial.

31. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de septiembre de 2017, al
resolver un caso similar al que ahora se estudia, partió de la fecha de los actos
administrativos de reconocimiento del retroactivo de la nivelación salarial respecto
del pago efectivo y sostuvo que «trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo
que reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo,

28 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2017.

Rad. 73001-23-33-000-2014-00311-01(0905-15). C.P. William Hernández Gómez.

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prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial»29.

32. En tal virtud, para la Sala no hay lugar a reconocer los intereses moratorios
solicitados en la demanda, toda vez que del contenido del acto administrativo a
través del cual se reconoció el retroactivo con ocasión a la homologación y
nivelación salarial, no se estableció nada al respecto, máxime cuando el
demandante no manifestó su desacuerdo frente a ellos, por lo que no es dable que
a través de un nuevo procedimiento administrativo iniciado en ejercicio de una
petición presentada en interés particular pretenda recurrir lo reconocido a través de
la Resolución 1667-6 del 22 de marzo de 2013, en tanto no incluyó los intereses
moratorios.

33. Aunado a lo anterior, en el presente caso se estructuró una causa justificante de
la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el reconocimiento de una
actualización monetaria con base en el índice de precios al consumidor, como se
realizó, y no el pago de una indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco
se demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la
obligación, sumado al hecho de que en el contexto normativo aplicable al asunto,
no se previó expresamente el reconocimiento de dicha sanción en caso de dilación
en el proceso de nivelación en comento, lo cual convalida el actuar de las
demandadas a través de los actos acusados.

34. Frente a lo aquí analizado, el Consejo de Estado en sentencia del 7 de diciembre
de 2017 indicó que no es procedente acceder al reconocimiento de los intereses
moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque
tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago,
de modo que contrario a lo señalado por el apelante, esta sentencia constituye
precedente aplicable, a saber:

«Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso,
teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto
buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto
en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con

radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).

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estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no
se evidencian en el presente asunto»30.

35. En esta línea, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar
al pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos
que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no
existe una norma que autorice dicho reconocimiento31.

36. En igual sentido, esta Subsección mediante sentencia del 15 de mayo de 202432,
sostuvo que no es procedente acceder al reconocimiento de los intereses
moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, sin que exista
un mandato legal que determine en forma expresa su imposición, dada su
naturaleza sancionatoria.

37. Ahora bien, el demandante señaló que la sentencia proferida el 22 de abril de
201533, no le era aplicable pues en este se indicó la procedencia de la indexación
con la actualización de las sumas derivadas de una condena judicial, la cual no era
aplicable al sub judice en tanto no existió una sentencia que reconociera el derecho
a la homologación y nivelación salarial o que ordenara el pago del retroactivo, pues
«dicho proceso nació por ministerio de la ley y la Constitución».

38. Al respecto, se observó que la señalada providencia resolvió un recurso de
apelación contra un fallo que en primera instancia condenó a la extinta Cajanal al
pago de los intereses por mora como mecanismo indemnizatorio de los perjuicios
sufridos por el demandante respecto de quien se ordenó computar dentro del
ingreso base de liquidación lo devengado durante los período en que ejerció
funciones de planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, de modo que
se efectuara de oficio la conversión de la moneda extranjera a pesos colombianos
como efecto de la inflación, en atención al principio de favorabilidad. Además de lo
anterior, ordenó la indexación prevista en el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo.

39. En esa oportunidad el Consejo de Estado revocó lo concerniente al pago de los

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017,

proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso

con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia proferida el 15 de mayo de 2024, dentro del proceso con radicación 17001-23-22-000-
2017-00549-01 (3790-2022). En igual sentido se ha pronunciado la Subsección B en las sentencias
del 4 de mayo de 2023, 08001-23-33-000-2014-00966-01 (0675-2021), 22 de febrero de 2018,
radicado 73001-23-33-000-2014-00404-01(2475-15); del 1 de marzo de 2018, radicado 73001-23-
33-000-2014-00221-01(1914-15) y 73001-23-33-000-2014-00265-01(3484-15)
33
Dentro del proceso con radicación 25000-23-25-000-2001-01312 (2506- 2013)

19

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

intereses moratorios que pudieran derivarse de las cantidades líquidas reconocidas
en la condena, en los términos del artículo 177 del CCA adicionado por el artículo
60 de la Ley 446 de 1998, en tanto ambas cargas económicas tenían una misma
finalidad, a saber mitigar los efectos adversos devenidos por la mora del deudor en
el cumplimiento de las obligaciones y de configurarse en conjunto tendría como
resultado un enriquecimiento sin justa causa a favor del acreedor.

40. Es así como se establece que si bien la providencia se refirió a la incompatibilidad
de la indexación frente a los intereses moratorios que generan las sentencias en las
que se reconozcan cantidades líquidas de dinero, y en el presente caso la
homologación y nivelación salarial no ocurrió por virtud de una decisión judicial, lo
cierto es que el elemento común con el sub lite es que la pérdida del valor adquisitivo
ya fue conjurada con la indexación, luego no es procedente el reconocimiento de
los intereses moratorios por esa razón, aunado a que como ya se expuso, existió
una justificación razonable para la dilación en el pago del correspondiente
retroactivo.

41. Asimismo, Sigifredo de Jesús Colorado sostuvo que debido a lo anterior debía
acudirse al razonamiento por analogía. Sobre el particular, en efecto la Corte
Constitucional definió la analogía en la sentencia C-083 de 199534, por la cual
declaró exequible el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, como una de las formas de
sometimiento del juez al imperio de la ley, de conformidad con lo previsto en el
artículo 230 de la Constitución Política, así:

«a) La analogía. Es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas
expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos
jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan
la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía
halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues,
en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento
igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un
esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar
el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de
carácter general.

Aunque el razonamiento se cumple, en apariencia, de lo particular a lo particular, es
inevitable la referencia previa a lo general, pues los casos análogos tienen en
común, justamente, el dejarse reducir a la norma que los comprende a ambos,
explícitamente a uno de ellos y de modo implícito al otro. En la analogía se brinda
al juez un fundamento para crear derecho, pero ese fundamento se identifica con la
ley misma que debe aplicar. El juez que apela al razonamiento per analogiam no
hace, pues, otra cosa que decidir que en una determinada situación, es el caso de
aplicar la ley.

34 M.P. Carlos Gaviria Díaz

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

Por ende, la analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación.
El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su
consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo
230 de la Constitución.» [Resalta la Sala]

42. En tal sentido, el argumento por analogía se aplica a situaciones que: i) no están
previstas en la ley; y ii) son semejantes a las que sí están reguladas por la norma,
y solo difieren en aspectos jurídicamente irrelevantes, de tal manera que se
subsumen en normas de carácter general en virtud de la razón de ser de estas, por
virtud del principio de igualdad.

43. En el auto 232 de 2011, la Corte Constitucional también indicó que la analogía
establecida en nuestro ordenamiento jurídico supone la presencia de 3 elementos
para su configuración, esto es: i) la ausencia de norma exactamente aplicable al
caso en cuestión; ii) que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al
asunto carente de norma o previsión por el legislador; y iii) que exista la misma
razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto el precepto normativo.

44. En esas condiciones, no hay lugar a la aplicación analógica de las normas que
regulan las obligaciones contractuales entre particulares, ni aquellas establecidas
en el caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, pues no cumple con
ninguno de los criterios del método de auto-integración, en tanto no existe un vacío
legal que el intérprete deba colmar, así como tampoco la razón, motivo o
fundamento para aplicar al caso no previsto el precepto normativo, pues se insiste
en el presente caso no se configuró incumplimiento alguno por parte de la
administración.

45. De ahí que tampoco haya lugar a la aplicación del principio in dubio pro operario
o favorabilidad, el cual se aplica en los casos en que exista duda sobre la disposición
jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho, siempre que se garantice inescindibilidad de la
norma, esto es, la aplicación de manera íntegra en relación con la totalidad del
cuerpo normativo al que pertenece35.

46. En suma, no hay lugar a los intereses moratorios pretendidos en esta litis, toda
vez que el empleador cumplió la obligación dentro de un plazo razonable, si se tiene
en cuenta que el proceso de homologación culminó en el 2013, año en que el

35
La Corte Constitucional sostuvo en la sentencia T-832A de 2013, que el legislador
desarrolló el principio de favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamento en el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos: «En caso de
conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad».

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Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

demandante obtuvo el pago indexado por concepto de la nivelación y homologación
salarial.

47. Por lo analizado, se confirmará la sentencia apelada que negó el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios presuntamente causados por el retardo en el
pago de la homologación y nivelación salarial.

2.5. Costas

48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.

51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

52. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí
expuesto.

36 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

3. Conclusión

53. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que es improcedente el
reconocimiento de intereses moratorios, en el entendido que existió una justificación
razonable para la dilación en el pago del correspondiente retroactivo, además, la
pérdida del valor adquisitivo fue conjurada con la indexación y no hay lugar a la
aplicación analógica de las normas ni el principio de favorabilidad, por no ajustarse
a los elementos establecidos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia para su
configuración.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el párrafo 2 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19
de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión
Oral, y en su lugar se dispone no condenar en costas de primera instancia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)
Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG

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