RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2018-00282-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00282-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00282-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas del 12 de febrero de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva. Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de febrero de 2021, que condenó en costas a la parte demandante. Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00282-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y departamento
de Caldas

Tema: sanción moratoria por reajuste de cesantías definitivas. Subtema 1: leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: improcedencia de la sanción moratoria por
diferencia en la liquidación de cesantías; reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la señora Gloria Gil Zuluaga contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de febrero de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Gloria Gil Zuluaga solicitó la nulidad parcial del acto administrativo que le
negó el pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, por cuanto las cesantías definitivas inicialmente reconocidas le fueron
reajustadas para incluir la prima de servicios como factor base de liquidación, con
fundamento en el Decreto 1545 de 2013 que ordenó esa inclusión a favor de todos los
docentes. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones, al estimar que
dicha sanción es improcedente en caso de reliquidación de cesantías, al no
enmarcarse esa situación fáctica dentro de los supuestos normativos que la prevén.

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Gloria Gil Zuluaga, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 5 de marzo
de 20181, contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), y el departamento de
Caldas, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que
a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

i) La parte actora solicitó que se declare la nulidad del artículo sexto de la
Resolución 326-6 del 12 de enero de 2018, que negó el reconocimiento de la sanción
moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de retardo, contado desde los
70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de cesantías definitivas y hasta
cuando se hizo efectivo el pago total de la prestación.

ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de la mencionada
sanción, con los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del
poder adquisitivo; de los intereses moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria
de la correspondiente sentencia y las costas procesales.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

i) Al haber laborado como docente en el departamento de Caldas, la señora
Gloria Gil Zuluaga presentó solicitud el 29 de febrero de 2016 ante el Fomag, a través
de la secretaría de educación de esa entidad territorial, tendiente a obtener el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a que tenía derecho. Mediante
Resolución 4380-6 del 2 de junio de 2016, le fue concedido dicho auxilio —para cuya
liquidación se tuvieron en cuenta el sueldo, la bonificación por servicios y las primas
de navidad, vacaciones y alimentación—, y el 5 de septiembre de 2016 le fue
consignado a su cuenta bancaria.

ii) A través del Decreto 1545 de 2013, se estableció la prima de servicios a favor
de los docentes como factor salarial para efectos de la liquidación de cesantías, motivo
por el cual el 2 de agosto de 2017 solicitó al Fomag el reajuste de sus cesantías
definitivas con inclusión de la prima de servicios como base para su cálculo y el pago
de la respectiva sanción moratoria desde los 70 días siguientes a la radicación de la
petición inicial de las cesantías definitivas hasta cuando fuere consignado el monto
total de la prestación.

1 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), pp. 4 a 22.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

iii) Por medio de Resolución 326-6 del 12 de enero de 2018, las cesantías
definitivas fueron reajustadas con inclusión de la prima de servicios y se negó la
sanción moratoria solicitada.

iv) La solicitud de cesantías definitivas se realizó el 29 de febrero de 2016, por lo
que el plazo para cancelarlas finalizaba el 14 de junio de 2016. Hasta la fecha en la
cual fue realizado el pago total de tal prestación social, con ocasión del reajuste
reconocido mediante la Resolución 326-6 del 12 de enero de 2018, transcurrieron un
total de 662 días de mora.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15.
La Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2.
La Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.

4. Al explicar el concepto de violación, la señora Gloria Gil Zuluaga adujo que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que entre el reconocimiento y pago
de las cesantías no debe superarse un término de 70 días hábiles después de haber
radicado la respectiva solicitud, de conformidad con las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, pero el Fomag insiste en cancelarlas tardíamente, por lo que hay lugar a la
sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de retardo, contado
desde que venció el plazo para el efecto y hasta cuando se sufragó la prestación
solicitada en forma correcta.

2.2. Contestación de la demanda

5. El Fomag no presentó escrito teniente a contestar la demanda. Por su parte, el
departamento de Caldas, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda, por no asistirle a la actora el derecho a la sanción moratoria reclamada. Así
mismo, planteó las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, buena fe, mala fe de la
parte demandante y prescripción2.

2.3. Sentencia de primera instancia

6. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia del 12 de febrero de 2021,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte accionante3.
Consideró que la actora solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por estimar
que se causa por la liquidación inexacta de las cesantías al no haberse incluido la
prima de servicios, lo que implicó la expedición de un nuevo acto administrativo que
reajustó la prestación social; no obstante, esa reliquidación o la diferencia originada
por cuenta de su ajuste no se encuentra enmarcada dentro de los supuestos

2 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), pp. 95 a 101.
3 Samai, índice 2, ED_11SENTENCIA(.PDF) NroActua 2.

3

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

normativos para que se genere la sanción moratoria, pues ello no implica que dicho
auxilio se hubiese pagado en forma inoportuna o tardía.

7. Sostuvo que el Fomag concedió las cesantías definitivas y las canceló el 5 de
septiembre de 2016 de conformidad con la liquidación que dio a conocer a la parte
actora; decisión contra la cual la interesada no interpuso recurso alguno y solo hasta
el 2 de agosto de 2017, es decir, más de 1 año después de haberse reconocido,
solicitó la reliquidación de esa prestación. Por lo anterior, no sería razonable ni
ajustado a derecho imponer al Estado una sanción económica por el tiempo durante
el cual la demandante no ejecutó ninguna acción para la defensa de sus intereses y
el acto administrativo de reconocimiento se encontraba en firme.

8. Concluyó que en el presente asunto la parte demandante no invocó disposición
alguna que prevea una sanción moratoria en caso de reajuste de cesantías, y al no
poder aplicarse por analogía la penalidad establecida para el pago tardío de las
cesantías iniciales, el derecho reclamado no puede reconocerse.

2.4. Recurso de apelación

9. La señora Gloria Gil Zuluaga, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación4 para que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

10. En primer lugar, citó apartes de las sentencias del 27 de marzo de 2007 y 11
de julio de 2013 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proferidas dentro de
los procesos con radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01 y 19001-23-31-000-
2003-02134-01 (1496-11), respectivamente, que estimó no fueron valorados, sobre la
sanción por mora en el pago de las cesantías, con lo que concluyó que el hecho de
que el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido ha sido tipificado por
la jurisprudencia como una razón para la imposición de la sanción moratoria, al haber
existido un pago parcial, como en el presente caso, en el que deliberadamente el
Fomag excluyó un factor salarial de la liquidación de ese auxilio, pese a que el Decreto
1545 del 19 de julio de 2013 lo prevé a favor de los docentes.

11. Arguyó que la suma reconocida corresponde al legítimo ejercicio de un derecho
laboral y la solicitud de ajuste de las cesantías definitivas con la prima de servicios fue
radicada cuando aún no habían transcurrido 3 años desde la desvinculación del
servicio, lo cual legitima la reclamación, máxime cuando el Fomag negó el derecho a
la inclusión de ese factor por no encontrarse la prima de servicios en el manual de
liquidación, lo que constituye una vía de hecho.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

12. Mediante auto del 7 de abril de 20225, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de

4 Samai, índice 2, ED_14RECURSOAPELACIONG(.PDF) NroActua 2.
5 Samai, índice 4.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

13. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

15. ¿Le asiste derecho a la señora Gloria Gil Zuluaga a la sanción moratoria por el
pago incompleto de sus cesantías definitivas, de conformidad con las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, en armonía con la jurisprudencia de esta Sección Segunda
acerca del tema, al no haberse liquidado ese auxilio con inclusión de la prima de
servicios en el acto administrativo de reconocimiento inicial?

16. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (ii) las reglas
jurisprudenciales previstas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018. A partir de las
anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv)
en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006

17. La Ley 244 de 1995, «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo 2°

6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

5

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de aquellas7.

18. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación
definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de manera parcial para
educación o vivienda, buscando con ello que la administración expida las resoluciones
en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y
perjuicios a los trabajadores.

19. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (artículo 1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en los
artículos 4 y 5, así:

ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por

7 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada

reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».

6

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

culpa imputable a este.

20. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las
cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el
evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para
que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad obligada
debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las cesantías.

3.3.2. Reglas jurisprudenciales. Sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018

21. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia en mención definió
que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de las
cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en atención a
la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y a su ubicación
dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y la implementación
de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio».

22. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley8 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de

8 Artículos 68 y 69 CPACA.

7

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día
que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo
resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.

23. Ahora bien, en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 dictada por la
Sección Segunda el 2 de noviembre de 20239, se señaló que la sanción moratoria
prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 depende de que el derecho a las
cesantías se haga exigible; además, la posibilidad de reclamar efectivamente tal
sanción existe mientras no haya vencido el término de prescripción, por lo que fijó
reglas de unificación en cuanto a este último tema10.

3.4. Hechos probados

24. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

25. La señora Gloria Gil Zuluaga, en calidad de docente del departamento de
Caldas, presentó el 29 de febrero de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías definitivas con ocasión de su retiro del servicio, según lo relata la parte
actora en el acápite de hechos de la demanda y se constata en la Resolución 4380-6
del 2 de junio de 201611, por medio de la cual se concede ese auxilio.

26. Mediante la Resolución 4380-6 del 2 de junio de 2016, la secretaría de
educación de Caldas, en representación del Fomag, reconoció a favor de la
demandante el derecho al pago de cesantías definitivas y ordenó sufragarle la suma
de $ 145.424.911 por ese concepto, para cuyo cálculo tuvo en cuenta el sueldo, la
bonificación mensual (Decreto 1566 de 2014) y las primas de navidad, vacaciones y
alimentación. Acto administrativo en el que se indicó que procedía recurso de
reposición12.

27. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2016 el dinero correspondiente al pago
de las cesantías definitivas reconocidas fue puesto a disposición de la demandante a

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, proceso con radicado 08001-23-

33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
10 «(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías

definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible,
esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío o no pago de las
cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años,
que no puede ser entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho por prescripción, esa
circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción moratoria».
11 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), p. 33.
12 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), pp. 37 y 38.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

través del banco BBVA13.

28. El 2 de agosto de 2017 la accionante, por conducto de apoderado, presentó
ante el Fomag, departamento de Caldas, solicitud de reajuste de las cesantías
definitivas anteriormente reconocidas con inclusión de la prima de servicios, como lo
dispone el Decreto 1545 de 2013, y el pago de la sanción moratoria establecida en las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, desde la fecha de radicación de la solicitud de
cesantías hasta el momento en que se realizara el pago del ajuste14.

29. A través de la Resolución 326-6 del 12 de enero de 2018, la secretaría de
educación de Caldas modificó la Resolución 4380-6 del 2 de junio de 2016, en el
sentido de incrementar el valor a reconocer por cesantías definitivas al monto de
$ 150.768.258, ordenó sufragar la respectiva diferencia (por $ 5.343.347) y negó la
sanción moratoria. Se consideró que cuando se remitió el proyecto de acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías definitivas se incluyó como factor
salarial la prima de servicios, pero la Fiduciaria La Previsora SA la excluyó al expedir
la hoja de revisión y aprobación de la prestación, porque no se encontraba en el
manual unificado para liquidación de prestaciones sociales de los docentes15.

30. El 5 de marzo de 2018 fue pagado el monto correspondiente al reajuste de las
cesantías definitivas, mediante consignación en el banco BBVA16.

3.5. Caso concreto.

3.5.1. Resolución del problema jurídico. Improcedencia de sanción moratoria
por diferencia en la liquidación de las cesantías definitivas

31. En el asunto bajo análisis, se encuentra demostrado que el 29 de febrero de
2016 la señora Gloria Gil Zuluaga solicitó el reconocimiento de sus cesantías
definitivas. La secretaría de educación de Caldas, en representación del Fomag,
ordenó el pago de dicha prestación mediante la Resolución 4380-6 del 2 de junio de
2016, el cual se realizó por consignación bancaria el 5 de septiembre de 2016. Contra
la mencionada resolución procedía el recurso de reposición, sin que se hubiera
interpuesto por parte de la interesada.

32. Sin embargo, dado que no se incluyó la prima de servicios en la liquidación de
dicha prestación social, la señora Gloria Gil Zuluaga pidió su reajuste el 2 de agosto de
2017, junto con la sanción moratoria, ante lo cual la secretaría de educación de Caldas,
por medio de la Resolución 326-6 del 12 de enero de 2018, procedió a reliquidar ese
auxilio y pagó la respectiva diferencia el 5 de marzo del mismo año, pero negó la
referida sanción.

33. Por consiguiente, la sanción moratoria pretendida por la accionante se deriva de
13 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), p. 39
14
Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), pp. 24 a 27.
15 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), pp. 40 a 42.
16 Samai, índice 2, ED_17001233300020180028(.PDF), p. 43.

9

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

la diferencia suscitada en el monto de las cesantías definitivas reconocidas a través de
la Resolución 4380-6 del 2 de junio de 2016, al no incluir la prima de servicios en el
ingreso base de liquidación; no obstante, dicho reajuste y la aludida sanción fueron
reclamadas con posterioridad a la firmeza de ese acto administrativo mediante una
nueva solicitud.

34. Sobre el particular, cabe advertir que las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no
establecen como causal de la sanción moratoria la reliquidación de las cesantías por
no inclusión de un factor salarial o por una diferencia en su monto y, en tal sentido, en
virtud del principio de legalidad, no es dable acceder a su reconocimiento, toda vez que
su finalidad es castigar la desidia en el pago de la prestación social al omitirlo dentro
del término perentorio previsto para el efecto.

35. Igualmente, resulta importante recordar que esta Sección, en fallo del 9 de abril
de 201417, ya era del criterio de la improcedencia de la sanción moratoria por
consignación incompleta de las cesantías, al explicar:

Ahora bien, en cuanto a la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las
diferencias surgidas por la reliquidación de las cesantías del demandante, se observa
que la norma que consagra el derecho a la sanción moratoria por la consignación
extemporánea de cesantías está prevista en los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”, que al
respecto señala:

“ARTÍCULO 1o. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.”

ARTÍCULO 2o. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a éste.”

La disposición anterior no consagra la obligación de pagar sanción moratoria por el
pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de las mismas, sino
por el pago inoportuno de las cesantías, bien sea parciales o definitivas.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicación 13001-23-31-000-2007-00225-

01(1483-13). M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

10

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

36. El precitado criterio ha sido reiterado por ambas subsecciones que integran
esta Sección Segunda, en sentencias del (i) 17 de octubre de 2017, proceso 08001-
23-33-000-2012-000171-01 (2839-14); (ii) 21 de agosto de 2020, expediente 08001-
23-33-000-2015-80076-01 (2155-2019); (iii) 27 de noviembre de 2020, proceso 17001-
23-33-000-2018-00047-01 (5452-2019), (iv) 16 de septiembre de 2021, expediente
25000-23-42-000-2018-00709-01 (6590-2019); (v) 26 de junio de 2024, proceso
17001-23-33-000-2018-00277-01 (4433-2023); (vi) 1.° de agosto de 2024, expediente
17001-23-33-000-2018-00043-01 (4425-2021); y (vii) 27 de marzo de 2025, proceso
17001-23-33-000-2018-00183-01 (4482-2021)18, por citar algunas.

37. En consecuencia, contrario a lo afirmado por la apelante, la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas resulta respetuosa del precedente judicial vigente
de esta corporación, como órgano cierre de esta jurisdicción, el cual se ha mantenido
hasta la actualidad. Acerca de la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial, la
Corte Constitucional19 ha explicado:

En esos términos, esta Corporación precisó que “[e]l derecho de acceso a la
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la sola
publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio
de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las
personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser
razonable, consistente y uniforme”20.

Lo anterior indica que en el ejercicio de la función judicial se expresa, de una parte, el
principio de legalidad a la hora de hallar el contenido normativo de la disposición y así
establecer, en estricto sentido, el derecho aplicable, y, de la otra, el principio de
igualdad que exige, por parte de la autoridad encargada de administrar justicia, la
efectiva verificación de que ante procesos que obedezcan a las mismas circunstancias
fácticas y jurídicas, sean aplicados los mismos derechos, deberes y obligaciones.

38. Así las cosas, en armonía con el criterio jurisprudencial decantado por esta
Sección Segunda en forma pacífica, no es dable el reconocimiento de la sanción
moratoria solicitada por la demandante, al estar su pretensión soportada en el ajuste
del que fue objeto su auxilio de cesantías con ocasión de una petición formulada tiempo
después de la firmeza del acto administrativo de reconocimiento, puesto que, se reitera,
la sanción procede ante el pago inoportuno de dicha prestación.

39. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico planteado se establece que
la demandante no tiene derecho a la sanción moratoria pretendida, toda vez que el
hecho de que en la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas haya
omitido incluir un factor salarial en su liquidación, que suscitó el reajuste de esa

18 Del numeral (i) al (v) corresponden a sentencias proferidas por la Subsección B, mientras las demás, por la

Subsección A.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-406 del 2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; reiterada en fallo T-210

de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
20 Sentencia C-836 de 2001.

11

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

prestación, en razón a una nueva solicitud, no se halla dentro de los supuestos
normativos que el legislador preceptuó para su causación, es decir, que no implica
pago inoportuno o tardío de ese auxilio.

40. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.

3.6. Conclusión

41. La Subsección concluye que la señora Gloria Gil Zuluaga no tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria solicitada, dado que el derrotero
jurisprudencial vigente y pacífico de esta Sección Segunda ha sido claro en cuanto a
que una indebida liquidación de las cesantías no conlleva concluir que el empleador
incurrió en mora, pues solo es procedente ante la inobservancia de los plazos legales
para su pago inicial, sin que pueda prolongarse su exigibilidad hasta cuando se
realicen las reliquidaciones o modificaciones que surjan con posterioridad.

3.7. Costas

42. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario21 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

43. Por lo tanto, la Sala revocará la condena en tal sentido impuesta en primera
instancia y se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte
que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

21
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, proceso con radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
14).

12

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00282-01 (4424-2021)
Demandante: Gloria Gil Zuluaga
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y otro

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas del 12 de febrero de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con la parte motiva.

Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 12 de febrero de 2021, que condenó en costas a la parte
demandante.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.