Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00333-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00333-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00333-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00333-02 (1130-2024)
Demandante: Denis Rincón Grajales
Demandada: Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Se modifica el ordinal primero para ordenar estarse a lo resuelto
en la sentencia de nulidad de los decretos salariales anuales de
2008 a 2018. Se confirma en lo demás la decisión apelada.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia de primera instancia del 2 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad de la
Resolución DESAJMAR17-470 del 22 de mayo de 2017 y el acto ficto configurado
por la omisión de respuesta del recurso de apelación interpuesto. Además, solicitó
la inaplicación de los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992 expedidos entre
2012 y 2015 que regularon la prima especial como parte integrante de la asignación
básica mensual y no como un adicional equivalente al 30 %, así como la de aquellos
que dispusieron que la bonificación por actividad judicial no constituye factor salarial
ni prestacional.
2. A título de restablecimiento del derecho, reclamó el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
equivalente al 30 % del salario básico mensual como un adicional a este, y las
diferencias salariales y prestacionales derivadas de su correcta liquidación, por el
período comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
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Demandante: Denis Rincón Grajales
3. Pidió igualmente la indexación de las sumas reconocidas, la aplicación del
artículo 192 del CPACA en materia de intereses moratorios y la condena en costas
a la entidad demandada.
4. Como fundamento de sus pretensiones, señaló que prestó sus servicios en
la Rama Judicial entre el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015
como jueza administrativa del Circuito de Manizales en Descongestión, fecha en la
que se retiró del cargo.
5. Afirmó que durante ese período la entidad demandada le dio al 30 % de su
asignación básica mensual la denominación de prima especial sin carácter salarial,
lo que, a su juicio, implicó que sus prestaciones y demás acreencias laborales
fueran liquidadas sobre el 70 % y no sobre el 100 % de la remuneración.
6. Por tal motivo, el 2 de mayo de 2017 presentó reclamación administrativa
para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias derivadas de dicho
concepto, la cual fue resuelta desfavorablemente a través de los actos acusados.
Contestación de la demanda
7. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando
que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter
salarial, por lo que no resulta procedente su inclusión como factor para la liquidación
de prestaciones sociales.
8. Indicó que, como autoridad administrativa, estaba sometida al imperio de la
ley y obligada a aplicar las normas vigentes. En ese sentido, mencionó que no tenía
competencia para inaplicar los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno nacional, los cuales conservaban presunción de legalidad mientras no
fueran anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
9. Asimismo, manifestó que, si bien el Consejo de Estado mediante la sentencia
del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos entre
1993 y 2007, en dicha decisión no se pronunció sobre situaciones particulares ni
sobre los actos administrativos posteriores.
10. Explicó que la entidad no contaba con la disponibilidad presupuestal para
asumir las obligaciones derivadas de un eventual fallo desfavorable, toda vez que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos necesarios
para cubrir el reconocimiento retroactivo de la prima especial del 30%, por lo que
acceder a lo pretendido contrariaría el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que
prohíbe contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes.
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11. Sostuvo además que acceder a las pretensiones implicaría que la
remuneración mensual de la demandante superara el tope establecido en el
«Decreto 1251 de 2009» para los jueces de la República.
12. Propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario
por la no vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia
de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública;
prescripción trienal; ausencia de causa petendi; y la innominada.
Sentencia apelada
13. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 2 de
noviembre de 2022, decidió «acoger de manera integral» la «sentencia de
unificación» del 2 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado, anuló
la Resolución DESAJMAR17-470 del 22 de mayo de 2017 y el acto administrativo
ficto, y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las
sumas causadas con anterioridad al 2 de mayo de 2014.
14. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad reconocer y
reliquidar la prima especial de servicios «equivalente al 30 % del 100 % del salario
básico mensual» y pagar las diferencias adeudadas por el período comprendido
entre el 2 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.
15. El a quo precisó que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 debía reconocerse como un valor adicional a la asignación básica y no
como parte integrante de esta, de modo que la reliquidación ordenada recaía sobre
el 30 % de la remuneración que dejó de computarse como consecuencia de la
interpretación errada de esa norma.
16. Declaró además que la prima especial solo constituye factor salarial para
efectos de los aportes a pensión de jubilación y, en consecuencia, ordenó reliquidar
los aportes pensionales por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2012
y el 31 de diciembre de 2015, tomando como base el 100 % del salario básico.
17. En cuanto a la prescripción, señaló que la actora presentó su reclamación
administrativa el 2 de mayo de 2017, por lo que el fenómeno extintivo operó
respecto de las sumas causadas con anterioridad al 2 de mayo de 2014.
18. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
Adición de sentencia
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19. En atención a la solicitud de adición de sentencia presentada por la parte
actora, mediante providencia del 26 de septiembre de 2023, el Tribunal adicionó el
numeral tercero de la sentencia del 2 de noviembre de 2022, en el sentido de
ordenar a la entidad reliquidar todas las prestaciones sociales a las que tuvo
derecho la demandante sobre el 100 % del salario básico mensual, así como pagar
las diferencias adeudadas por el período no prescrito, esto es, entre el 2 de mayo
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.
20. En esa misma providencia, el a quo se pronunció sobre la bonificación por
actividad judicial y concluyó que esta solo constituye factor salarial para efectos de
determinar el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones y al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por esa razón, negó las
pretensiones dirigidas a su reconocimiento como factor para la liquidación de
prestaciones sociales y consideró improcedente la inaplicación de los decretos que
regulan esa materia.
21. También corrigió la referencia normativa aplicable a la actualización de las
sumas reconocidas y precisó que esta debía efectuarse conforme al artículo 187
del CPACA.
22. Por último, negó las demás peticiones de adición de la sentencia.
Recursos de apelación
23. Inconformes con la decisión, ambas partes presentaron recurso de
apelación.
24. La actora cuestionó la declaratoria de prescripción respecto del período
comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 1 de mayo de 2014, por considerar
que el término trienal debía contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29
de abril de 2014, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, y no desde la entrada en vigor del
Decreto 57 de 1993.
25. Asimismo, solicitó el reconocimiento de la bonificación por actividad judicial
como factor salarial y prestacional a partir del 1 de enero de 2009, con las
consecuencias correspondientes en la reliquidación de sus prestaciones sociales,
con fundamento en el Decreto 3900 de 2008 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado1.
1 La actora también solicitó que se incluyera expresamente en la parte resolutiva la orden de
actualizar las sumas reconocidas conforme al artículo 187 del CPACA, sin embargo, este punto fue
resuelto mediante la providencia del 26 de septiembre de 2023, que corrigió la referencia normativa
en ese sentido, por lo que no constituye un cargo autónomo de apelación.
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26. Por su parte, la entidad demandada insistió en que no era posible acceder
al reconocimiento ordenado por el Tribunal, por cuanto el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha asignado los recursos necesarios para asumir el pago
retroactivo de la prima especial del 30%. En ese sentido, precisó que ninguna
autoridad puede contraer obligaciones con cargo al presupuesto de gastos sobre
apropiaciones inexistentes, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de
1996.
27. Igualmente, mencionó que el ordinal cuarto de la sentencia incurrió en
incongruencia al ordenar la reliquidación de los aportes a pensión de jubilación con
inclusión de la prima especial como factor salarial, toda vez que esa pretensión no
fue formulada en la demanda ni en la reclamación administrativa, lo que configura
un fallo extra petita contrario al principio de congruencia, al derecho de defensa y
al principio de justicia rogada.
28. Además, sostuvo que la Rama Judicial carece de competencia para
reliquidar pensiones, pues dicha función corresponde al fondo de pensiones al que
se encuentre afiliada la demandante.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó impedimento para
conocer el asunto, motivo por el cual fue separado del conocimiento del proceso
mediante decisión del 7 de abril de 2025.
30. Mediante auto del 22 de septiembre de 2025 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por ambas partes y se corrió traslado a los sujetos
procesales para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
31. El Ministerio Púbico solicitó confirmar la decisión apelada, al estimar que
la entidad demandada no podía sustraerse del cumplimiento de una decisión
judicial bajo el argumento de no contar con recursos, pues le correspondía prever
las apropiaciones necesarias para atender las obligaciones derivadas de
sentencias y conciliaciones.
32. También señaló que, contrario a lo expuesto por la actora, no era
procedente tomar como punto de partida la ejecutoria de la sentencia de nulidad
del «22 de julio de 2014» para computar el término de prescripción, pues la
exigibilidad del derecho se produjo con la entrada en vigencia del Decreto 57 de
1993. Por ello, como la solicitud fue presentada el 2 de mayo de 2017, consideró
prescritas las sumas causadas antes del 2 de mayo de 2014.
III. CONSIDERACIONES
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Competencia
33. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problemas jurídicos
34. En concordancia con los recursos de apelación interpuestos, la Sala deberá
establecer si el Tribunal incurrió en error al declarar prescritas las sumas causadas
antes del 2 de mayo de 2014, al considerar que la exigibilidad del derecho surgió
con la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 y no con la ejecutoria de la sentencia
de nulidad del 29 de abril de 2014.
35. Asimismo, se estudiará si la bonificación por actividad judicial constituye
factor salarial y prestacional para efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales de la demandante.
36. También se deberá determinar si la falta de apropiación presupuestal
alegada por la entidad demandada impide acceder al reconocimiento ordenado en
primera instancia.
37. Finalmente, la Sala deberá establecer si en el ordinal cuarto de la sentencia
apelada se desconoció el principio de congruencia al ordenar la reliquidación de los
aportes a pensión de jubilación con inclusión de la prima especial como factor
salarial, sin que esa pretensión hubiera sido formulada en la demanda ni en la
reclamación administrativa.
Análisis de los problemas jurídicos
38. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia modificará el ordinal primero
de la decisión apelada para para ordenar estarse a lo resuelto en la sentencia del
9 de abril de 2024, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado,
dentro del proceso de simple nulidad núm. 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-
2019). Confirmará en lo demás el fallo, por cuanto los argumentos planteados en
los recursos de apelación de ambas partes no están llamados a prosperar por las
razones que se expondrán a continuación.
39. El primer problema jurídico consiste en examinar si el Tribunal erró al
declarar prescritas las sumas causadas con anterioridad al 2 de mayo de 2014, al
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considerar que la exigibilidad del derecho surgió con la entrada en vigor del Decreto
57 de 1993 y no con la ejecutoria de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014.
40. Sobre el particular, la Sala advierte que el fenómeno de la prescripción
debe aplicarse en los términos expuestos en la sentencia del 2 de septiembre de
2019, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado2. Conforme a esa
regla, el reconocimiento del derecho procede respecto de los tres años anteriores
a la reclamación presentada en sede administrativa, pues la exigibilidad de las
diferencias generadas por la reducción del salario en un 30 % no surgió con la
declaratoria de nulidad de los decretos salariales anuales, sino desde la entrada en
vigor del decreto que reglamentó por primera vez el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
esto es, el Decreto 57 de 1993.
41. En el expediente se encuentra acreditado que la actora prestó sus servicios
en la Rama Judicial entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015,
periodo durante el cual se desempeñó como jueza administrativa del Circuito de
Manizales en Descongestión.
42. También está probado que el 2 de mayo de 2017 presentó reclamación
administrativa dirigida a obtener el reconocimiento y pago de las diferencias
derivadas de la prima especial. Por ello, al aplicar el término trienal de prescripción,
solo resultan exigibles las sumas causadas a partir del 2 de mayo de 2014.
43. Bajo ese entendido, el Tribunal acertó al declarar prescrito el período
anterior a esa fecha, por lo que este reparo no está llamado a prosperar.
44. El segundo problema jurídico consiste en determinar si la bonificación
por actividad judicial constituye factor salarial y prestacional a partir del 1 de enero
de 2009, como lo sostiene la parte actora con fundamento en el Decreto 3900 de
2008 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, y si ello imponía su inclusión en
la base de liquidación de las prestaciones sociales reclamadas.
2 Sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicación 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-18)
conjuez ponente, Carmen Anaya de Castellanos, entre otras cosas, respecto a la prescripción trienal
refiere «Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo
exigible con la entrada en vigor de decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992,
es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En
consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la
prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29
de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa.
[…]
Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se
tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969» [se destaca].
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45. Sobre el particular, la Sala advierte que la bonificación por actividad judicial
fue creada mediante el Decreto 3131 de 2005 como un reconocimiento económico
semestral por el buen desempeño de los funcionarios de la Rama Judicial, sin
carácter salarial ni prestacional3.
46. Esta Corporación4, al estudiar la legalidad de la expresión «sin carácter
salarial», concluyó que no desconocía derechos adquiridos ni vulneraba
disposiciones legales o constitucionales, pues se trataba de una suma adicional a
la asignación básica, creada con la finalidad de mejorar las condiciones económicas
de los servidores beneficiarios, pero concebida desde su origen sin naturaleza
salarial.
47. Posteriormente, el Decreto 3900 de 2008 modificó el alcance de dicho
emolumento y dispuso que, a partir del 1 de enero de 2009, constituiría factor para
determinar el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones y, de
acuerdo con la Ley 797 de 2003, para la cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Sin embargo, esa disposición no le confirió carácter
salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.
48. En efecto, la norma delimitó de manera expresa la incidencia de la
bonificación por actividad judicial a la determinación del ingreso base de cotización
en pensión y salud a partir del 1 de enero de 2009, sin que sea posible extender
sus efectos a otros conceptos prestacionales.
49. Así, le asiste razón al Tribunal al concluir que, aunque la bonificación por
actividad judicial debe computarse para determinar el ingreso base de cotización al
Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
no procede incluirla en la base de liquidación de las demás prestaciones sociales
reclamadas. Por tanto, este reproche no está llamado a prosperar.
50. El tercer problema jurídico consiste en determinar si la falta de
apropiación presupuestal alegada por la entidad demandada impedía acceder a lo
ordenado en la sentencia de primera instancia. Al respecto, la Sala advierte que la
ausencia de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
releva a la entidad del cumplimiento de las obligaciones judicialmente declaradas
ni permite negar derechos salariales o prestacionales cuando estos se encuentran
acreditados.
51. En esa medida, la dificultad presupuestal invocada por la Rama Judicial no
constituye un reproche jurídico suficiente contra los fundamentos de la sentencia
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 22 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2013-00927-02 (0893-17).
4 Sentencia proferida el 19 de junio de 2008 dentro de la acción de nulidad 11001-03-25-000-2006-
00043-00 (0867-06).
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apelada, sino una circunstancia relacionada con el cumplimiento de la condena. Por
tanto, este argumento tampoco está llamado a prosperar.
52. En cuanto al cuarto problema jurídico, la entidad demandada sostuvo que
el Tribunal incurrió en incongruencia al ordenar la reliquidación de los aportes
pensionales con inclusión de la prima especial como factor salarial, por tratarse de
una pretensión no formulada en la demanda ni en la reclamación administrativa.
53. Revisadas las documentales obrantes en el expediente, se encuentra que
la actora solicitó expresamente tanto en la reclamación administrativa como en la
demanda la reliquidación de las prestaciones sociales y el pago de los demás
derechos laborales causados durante el período reclamado, expresiones que
comprenden los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pues estos
constituyen una obligación directamente derivada de la relación laboral y son el
insumo necesario para la liquidación de la pensión de jubilación.
54. A lo anterior se suma que los aportes pensionales constituyen un derecho
imprescriptible e irrenunciable5 a favor del trabajador y por virtud de lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios. Por consiguiente, el
pronunciamiento del a quo sobre ese punto se ajusta a derecho.
55. Por lo anterior, no prospera el reparo planteado por la entidad demandada.
56. Finalmente, la Sala evidencia que en el ordinal primero de la parte
resolutiva de la sentencia apelada se ordenó «acoger de manera integral» la
providencia de 2 de septiembre de 2019 proferida por la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado. Sin embargo, esa decisión no fue la que declaró la nulidad de
los decretos salariales que se pretende que se inapliquen.
57. En consecuencia, se modificará dicho ordinal para ordenar estarse a lo
resuelto en la sentencia de 9 de abril de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad
de algunos artículos de los decretos expedidos entre 2008 y 2018, al considerar
que establecieron la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30 % de
aquel. Esta interpretación se extiende a los decretos salariales posteriores, en la
medida en que reproduzcan el contenido normativo anulado.
Condena en costas
5 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15)
consejero ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva
no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de
emolumentos económicos temporales».
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58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
59. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
60. En el caso concreto no procede la condena en costas, pues ninguno de los
dos recursos prosperó y la modificación que se realiza es de oficio, de manera que
no puede predicarse que alguna de las partes haya resultado vencida en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual
quedará así:
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 9 de abril de 2024,
de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001
03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), conforme a lo indicado en la parte
motiva.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00333-02 (1130-2024)
Demandante: Denis Rincón Grajales
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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