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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00348-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00348-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, para en su lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción en los siguientes términos: «DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas reclamadas, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1.° de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2003. Tercero: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido de disponer: «CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas entre el 1.° de julio de 1994 y el 30 de junio de 2003. Aportes a pensión que deberán ser dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado anualmente por el Gobierno Nacional ni el previsto en el Decreto 1251 de 2009» Cuarto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces. Quinto: Sin condena en costas en esta instancia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00348-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00348-02 (3191-2024)
Demandante: José Joaquín Ríos Valencia
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala de Conjueces, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor José Joaquín Ríos Valencia interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMAR17-422 del 8 de
mayo de 2017, a través de la cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial negó la reliquidación y pago de las diferencias salariales
y prestacionales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y, del acto ficto producto del silencio administrativo negativo en el que
incurrió la entidad frente al recurso de apelación interpuesto en contra del acto
anterior.

4. Que se condene a la demandada a reliquidar la remuneración mensual,
teniendo en cuenta el 30% de la prima especial como un aumento de la asignación

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básica, y las prestaciones sociales, con la inclusión de la prima como factor salarial,
desde el 1.° de julio de 1994 hasta 30 de junio de 2003.

5. Que se actualicen las sumas ordenadas, se condene en costas y agencias
en derecho, y se ordene el pago de los intereses moratorios, conforme a lo dispuesto
en el artículo 192 del CPACA.

HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

7. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República desde el 1.° de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2003.

8. Que el 17 de abril de 2017, solicitó la reliquidación de los salarios y las
prestaciones sociales, devengadas del 1.° de julio de 1994 al 30 de junio de 2003,
teniendo en cuenta la prima especial de servicios en los términos descritos en la
Ley 4ª de 1992. Petición que fue negada a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Como normas violadas se citaron los artículos 53, 150, numeral 19, literal
e); 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992.

10. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y el precedente desarrollado sobre el particular por el Consejo
de Estado porque la entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales, a
través de los cuales se reguló el reconocimiento de la prima especial
correspondiente al 30% del salario, pues la tuvo en cuenta como parte integrante
de este y no como un aumento, con lo que generó una disminución en la asignación
básica y las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó, entre
otras, la decisión del 29 de abril de 20141, emitida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 8 de febrero de 2021, la entidad2 señaló que no
tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
2
Archivo denominado «007_ED_07CONTESTACIONDEMAND.pdf» visible a índice 29 de SAMAI del tribunal.

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públicos, ya que su función se limita a cumplir los actos administrativos expedidos
por la autoridad correspondiente.

12. Que, en caso de acceder a las pretensiones, debe considerarse la
imposibilidad material de reconocer los derechos reclamados, dado que no es viable
contraer obligaciones con cargo al presupuesto de gastos sobre apropiaciones
inexistentes.

13. Propuso las siguientes excepciones: integración de litisconsorcio necesario,
prescripción e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces3, mediante
sentencia del 22 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones.
Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe
ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica
de los servidores beneficiarios de aquella. De ahí que, en principio, el demandante
tenga derecho a que se reliquiden sus salarios y prestaciones.

15. No obstante, dado que la reclamación fue radicada ante la administración
el 17 de abril de 2017, declaró probada la prescripción del derecho reclamado, salvo
en lo que tiene que ver con los aportes a pensión, respecto de los cuales ordenó su
cotización sobre el 100% del salario, tomando la prima especial de servicios como
factor salarial para efectos de pensión y ordenó consignar las diferencias causadas
desde el 1.° de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 2003. Negó las demás
pretensiones.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación, en el que alegó que
reconocer las diferencias pedidas por el demandante superaría el tope de la
remuneración que prevé el Decreto 1251 de 2009. Además, indicó que la prima
especial no constituye factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales,
disposición normativa declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-279 de 1996.

17. Señaló que el juez no tuvo en cuenta la radicación de la reclamación
administrativa al momento de contabilizar el término extintivo. Sostuvo que, respecto

3 índice 31 de SAMAI del tribunal.
4 índice 36 de SAMAI del tribunal.

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del tiempo laborado hasta el «31 de diciembre de 2007»5, no sería procedente
proponer conciliación, en tanto se configuró la prescripción. En cuanto a los valores
causados a partir de 2008, precisó que no es posible efectuar reconocimiento
alguno, en la medida en que los decretos expedidos para esas vigencias conservan
su legalidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. El 9 de mayo de 2025 se admitió el recurso y se dispuso que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

19. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

CONSIDERACIONES

Asunto a resolver

20. Los problemas jurídicos según el recurso de apelación interpuesto se
contraen a determinar si la prima tiene carácter salarial, si operó la prescripción, y
si se supera el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009.

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

21. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, así como los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del
Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

22. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrito, desde 1993
ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos

5 Así lo señala expresamente en el recurso.

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por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 6 bajo el
argumento de que tener el 30% del salario a título de prima despoja de efectos
salariales esa porción de la asignación básica, y, en consecuencia, disminuye el
monto de las prestaciones, en tanto que las reconoce con base en un 70%. Con lo
que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2 literal a) de la Ley 4ª de
1992, esto es, que «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno
retributivo de carácter adicional»

23. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias
decisiones en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del
2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 20237, 5 de septiembre de 20238, 5 de
diciembre de 20239, 6 de agosto de 202410 y 18 de diciembre de 202411.
Particularmente, en estas ha precisado que:

24. La prima especial es un incremento del salario básico. De manera que sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por
dicho concepto resulten a su favor.

25. La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión. Lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-
279 de 1996.

26. El reconocimiento de las diferencias debidas no podrá, en ningún caso, superar
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno de los cargos
que sean beneficiarios del referido emolumento.

27. Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.

28. Bajo esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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9 de abril de 202412, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario»

Resolución del caso concreto

29. Revisados los argumentos de la apelación, se advierte que, contrario a lo
expuesto por la entidad, el tribunal no le otorgó carácter salarial a la prima especial.
Ciertamente, expuso que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
la sentencia C-279 de 1996 y las sentencias del 12 de septiembre de 201813 y 2 de
septiembre de 2019, proferidas por el Consejo de Estado, «la prima especial de
servicios NO tiene carácter salarial […] SOLO le reviste carácter de factor salarial
para efectos de cotización para la pensión de jubilación»14. Sin embargo, de la
lectura del resuelve de la decisión apelada se observa que la forma en la que se
planteó puede generar confusión, de ahí que se precisará esta para indicar que la
prima especial no tiene carácter salarial.

30. Ahora bien, teniendo en cuenta que a través de la sentencia del 29 de abril
de 2014 el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos
entre 1993 y 2007, tal como se expuso en párrafos anteriores, se revocará el
numeral primero de la sentencia para estarse a lo resuelto en aquella decisión.

Prescripción

31. En lo que se refiere a la prescripción, esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica15, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 el
interesado podía haber interrumpido la prescripción trienal. Es decir, que no fue con
la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
13 Radicación: 730012333000201200183 02. CP. Néstor Raúl Correa Henao. Demandante: María Cecilia

Arango Troncoso. No aportó más datos.
14 Negrillas del texto original.
15 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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32. De conformidad con lo expuesto, en armonía con las pruebas obrantes en el
expediente, la Sala encuentra que, en principio, el demandante tiene derecho a que
se le reconozcan y paguen las diferencias salariales causadas entre el 1 de julio de
1994 y el 30 de junio de 2003, junto con todas sus prestaciones sociales, teniendo
en cuenta el 100% de la asignación básica mensual. No desde el 1 enero de 1993,
como se indicó en la sentencia de primera instancia.

33. Sin embargo, tal como lo concluyó el tribunal, aquel se encuentra prescrito,
en consideración a que la reclamación administrativa ante la Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se radicó hasta el 17 de abril de 2017;
salvo en lo que tiene que ver con la obligación de la demandada de realizar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, durante el lapso reclamado, por tratarse de un derecho cierto,
irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que
presta sus servicios laborales al Estado16, utilizando como ingreso base de
cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba como
prima especial. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
100 de 199317, que prevé que es obligatorio efectuar las respectivas cotizaciones,
no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la sostenibilidad del
sistema18.

34. Ahora, en relación con el límite porcentual previsto en el Decreto 1251 de
2009, la Subsección advierte que la entidad demandada tendrá que verificar que
realizada la liquidación tendiente a efectuar los aportes a pensión que debe hacer,
no se supere el tope legal que prevé no solo esta normativa sino las emitidas
anualmente durante el periodo reconocido.

35. Así las cosas, se modificarán los numerales tercero y cuarto de la sentencia
apelada, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de
prescripción, salvo en lo que se refiere a los aportes al sistema pensional, y de
precisar que las cotizaciones deberán efectuarse utilizando como ingreso base el
100% de la remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado
y al empleador, de acuerdo con los porcentajes de ley, en relación con las
diferencias no cotizadas durante los períodos en que laboró como juez de la

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
17 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
18 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación:
25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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República, esto es, entre el 1.° de julio de 1994 y el 30 de junio de 2003,19 las cuales
deberán ser dirigidas al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado.
Lo anterior, teniendo en cuenta el porcentaje máximo fijado anualmente por el
Gobierno Nacional.

De la condena en costas en segunda instancia.

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
dado que el recurso de apelación dio lugar a las modificaciones adoptadas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19 De acuerdo con la constancia 0611, expedida el 25 de abril de 2017 por el coordinador del Grupo de

Ejecución Presupuestal y Pagos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, visible a
folios 150 a 156 del archivo denominado «1_ED_01CUADERNO1FLS11(.pdf) NroActua 29» del índice 29 de
SAMAI del tribunal.

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00348-02 (3191-2024)

FALLA

Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 22 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, para en su
lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el radicado:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 22 de marzo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en el
sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción en los
siguientes términos:

«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas
reclamadas, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción
de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando
como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1.° de
julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2003.

Tercero: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 22 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido
de disponer:

«CONDENAR a la entidad demandada a efectuar las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando
como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la
proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los
porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas entre el 1.° de julio
de 1994 y el 30 de junio de 2003. Aportes a pensión que deberán ser dirigidos
al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado. Sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado anualmente por el Gobierno
Nacional ni el previsto en el Decreto 1251 de 2009»

Cuarto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces.

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00348-02 (3191-2024)

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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