Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00002-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 17001-23-33-000-2019-00002-01 (3910-2021)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Julio César Trujillo Toro
Tema : Traslado de régimen pensional. Devolución de mesadas
Decisión : Revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio
la excepción de caducidad de la acción de conformidad con
lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la demandante y el demandado
contra la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Administradora Colombiana de Pensiones1 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones: (i) GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, mediante la cual se
reconoció una pensión de vejez a favor del señor Julio César Trujillo Toro, efectiva desde
el 1.º de octubre de 2013, por un valor mensual de $ 1.609.333 para ese año, liquidada
con base en 1137 semanas cotizadas, un IBL de $ 1.968.831 y una tasa de reemplazo
del 81 %, conforme al Decreto 758 de 1990; (ii) SUB 167260 del 22 de agosto de 2017,
por la cual se reconoció un incremento del 14 % por persona a cargo en cumplimiento de
una sentencia judicial2; y (iii) SUB 120709 del 7 de mayo de 2018, que reconoció un pago
único por retroactivo y declaró cumplida la orden judicial referida.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) declarar que el accionado no reunía
los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, ni del Decreto 758 de 1990, debiendo aplicarse en su caso la Ley
797 de 2003; (ii) ordenar la devolución de las sumas percibidas en virtud de los actos
administrativos demandados, por haber adoptado una conducta arbitraria al no autorizar
su revocatoria, lo que configuraría una actuación de mala fe; y (iii) indexar las sumas
1 En adelante Colpensiones.
2 Decisión proferida por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, Rad.
66001-41-05-001-2015-00791-00.
Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
correspondientes o reconocer los intereses legales, para evitar un detrimento patrimonial
derivado de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
3. Expuso que al 1.º de abril de 1994 el accionado solo acreditaba 604 semanas
cotizadas, equivalentes a 11 años y 8 meses de servicio. Por ello, al haberse trasladado
el 1.º de febrero de 2009 del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima
media con prestación definida, perdió el beneficio del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993, que exigía al menos 15 años de cotizados a la entrada en vigencia
de dicha norma para conservar su aplicación.
4. No obstante, el 10 de septiembre de 2013 el demandado solicitó el reconocimiento de
la pensión, la cual le fue concedida mediante la Resolución GNR 253413 de 2013, con
fundamento en el Decreto 758 de 1990, bajo el supuesto de que era beneficiario del
régimen de transición. Los recursos de reposición y apelación interpuestos contra este
acto fueron resueltos de forma desfavorable mediante las resoluciones GNR 37830 del
11 de febrero de 2014 y VPB 4454 del 31 de marzo del mismo año.
5. Posteriormente, a través de la Resolución VPB 16546 del 12 de abril de 2016,
Colpensiones solicitó autorización del pensionado para revocar el acto de
reconocimiento, y precisó que la prestación debía liquidarse conforme a la Ley 797 de
2003, fijando la mesada en $ 1.075.421, efectiva desde el 1.º de octubre de 2013.
6. En cumplimiento de una decisión judicial, Colpensiones reconoció un incremento del
14 % sobre la mesada pensional, a partir del 1.º de octubre de 2013, por tener el afiliado
a su cónyuge a cargo. Esta orden fue ejecutada mediante la Resolución SUB 167260 del
22 de agosto de 2017, y el retroactivo fue reconocido a través de la Resolución SUB
120709 del 7 de mayo de 2018.
7. Colpensiones concluyó que el accionado no era beneficiario del régimen aplicado para
el reconocimiento pensional y, por tanto, tampoco eran procedentes los incrementos
reconocidos en su favor.
Contestación de la demanda
8. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que si
bien actualmente cuenta con 1320 semanas cotizadas, dicho número no refleja la
totalidad de su historial, pues existen inconsistencias en los aportes registrados, motivo
por el cual solicitó su corrección. Señaló que, al 7 de septiembre de 2013, había cumplido
la edad requerida para pensionarse por vejez y acreditaba las semanas exigidas
conforme al Acuerdo 049 de 1990. Por tanto, invocó el principio de confianza legítima y
la buena fe para justificar su solicitud de reconocimiento de la pensión.
9. Indicó que interpuso demanda ordinaria con el fin de obtener la nulidad del traslado de
régimen pensional y la preservación de su derecho a permanecer en la transición prevista
por la Ley 100 de 1993. Se opuso a la solicitud de devolución de los valores percibidos,
señalando que actuó de buena fe, sin inducir en error a la administración ni haber
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
incurrido en actos fraudulentos, y que confió legítimamente en la decisión adoptada por
la entidad, la cual reconoció la pensión de manera voluntaria con base en documentos
válidos y ajustados a la realidad.
10. Finalmente, propuso como excepciones la imposibilidad de revocatoria de acto
administrativo de carácter particular y la imposibilidad de devolución de dineros
cancelados a particular de buena fe.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de imposibilidad
de devolución de dineros cancelados a particular de buena fe, y no fundada la de
imposibilidad de revocatoria de acto administrativo de carácter particular, propuestas por
el demandado. Asimismo, declaró la nulidad de las resoluciones censuradas, mantuvo la
presunción de legalidad de la Resolución VPB 16546 del 12 de abril de 2016, y negó las
demás pretensiones, sin imponer condena en costas al no advertir temeridad ni mala fe
procesal.
12. La autoridad judicial concluyó que la pensión de vejez se reconoció con fundamento
en normas que no resultaban aplicables al beneficiario, particularmente el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990. Consideró que
el señor Trujillo Toro no cumplía los requisitos para acogerse a esas normas, al no haber
acreditado el mínimo de semanas cotizadas antes del 1.º de abril de 1994. Estimó que le
era aplicable el régimen general contenido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en su
versión modificada por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolución VPB 16546 de 2016. En esa medida, también declaró la
nulidad de las resoluciones expedidas con posterioridad al acto base.
13. Sobre las excepciones, el Tribunal consideró que el accionado actuó de buena fe al
recibir los pagos derivados de un acto administrativo ejecutoriado, sin evidencia de
fraude, y amparado por el principio de confianza legítima. Por el contrario, desestimó la
excepción de imposibilidad de revocatoria del acto administrativo particular, al tratarse de
un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que no requiere acudir
previamente a la figura administrativa de la revocatoria directa.
Recursos de apelación
Colpensiones y el señor Trujillo Toro interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
Colpensiones
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
14. Manifestó su inconformidad frente a la decisión de haber negado la devolución de las
sumas pagadas al señor Julio César Trujillo Toro en virtud del acto de reconocimiento
pensional declarado nulo. Alegó que, si bien se logró demostrar que el demandado no
cumplía los requisitos del régimen de transición ni tenía derecho a los incrementos
reconocidos, el fallo omitió ordenar el reintegro de los dineros percibidos, lo que —a su
juicio— configura un enriquecimiento sin causa en perjuicio del erario.
15. Sostuvo que al haberse efectuado un reconocimiento pensional con fundamento en
un régimen legal inaplicable, el pago derivado de tal decisión fue indebido. En
consecuencia, el demandado —quien fue advertido de la ilegalidad de los actos y no
autorizó su revocatoria— no podía conservar lo recibido. Invocó el principio de lesividad
y el carácter excepcional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la administración para recuperar lo indebidamente pagado, en
cumplimiento del deber constitucional de salvaguarda de los recursos públicos.
16. Afirmó que la actuación del demandado no se ajustó a los postulados de buena fe, al
mantener una prestación a la que sabía no tenía derecho. Por lo tanto, el fallo de primera
instancia —al abstenerse de ordenar la restitución de los dineros— contrarió los principios
de moralidad administrativa, justicia, y el Acto Legislativo 01 de 2005, que consagra la
sostenibilidad financiera del sistema pensional como un objetivo prioritario del Estado.
Julio César Trujillo Toro
17. Controvirtió la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto
declaró la nulidad de las resoluciones GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, SUB
167260 del 22 de agosto de 2017 y SUB 120709 del 7 de mayo de 2018, mediante las
cuales Colpensiones le reconoció la pensión de vejez y un incremento del 14 % por
persona a cargo.
18. Indicó que actualmente cursa un proceso ordinario ante la jurisdicción laboral, en el
que solicita la nulidad del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro
individual, decisión que, de ser favorable, le permitiría conservar los beneficios del
régimen de transición consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Consideró,
por tanto, que la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas fue prematura e
incongruente, al haber declarado la nulidad de los actos administrativos sin existir un
pronunciamiento definitivo sobre la validez de dicho traslado. Afirmó que en su caso no
fue debidamente informado sobre las consecuencias de su decisión, en particular la
pérdida del régimen de transición, lo que, a su juicio, vicia la validez del cambio de
régimen.
19. Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declarar probada la excepción de imposibilidad de revocatoria del acto
administrativo de carácter particular, manteniendo la validez del reconocimiento
pensional efectuado mediante la Resolución GNR 253413 de 2013 y sus actos
posteriores.
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto proferido el 17 de febrero de 2022 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por Colpensiones y el señor Julio César Trujillo Toro.
21. En la oportunidad procesal prevista, las partes guardaron silencio frente a los
recursos de apelación interpuestos.
22. El Ministerio Público sugirió confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró
que Colpensiones demostró la legalidad de la Resolución VPB 16546 de 2016, mediante
la cual se reliquidó la pensión del demandado bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003.
Señaló que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el señor Trujillo Toro no
acreditó los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993, dado que no contaba con las semanas mínimas exigidas al 1.º de abril de
1994. Destacó que, si bien el accionado cuestionaba la validez del traslado, ese asunto
debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, ante la cual ya cursaba un proceso
independiente. En cuanto a la devolución de los dineros, expuso que el pago se realizó
en virtud de un acto administrativo válido y que no se probó mala fe por parte del
beneficiario.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
24. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo
del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.
Análisis del problema jurídico
25. En el presente caso, la Sala revocará la sentencia apelada al verificar que el acto
administrativo que reconoció la pensión fue demandado una vez vencido el término
especial de cinco (5) años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
configurándose la caducidad del medio de control. Asimismo, se precisa que los demás
actos enjuiciados no son objeto de control judicial, por las razones que se exponen a
continuación.
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Demandante: Colpensiones
26. Colpensiones reconoció la pensión de vejez al demandado mediante la Resolución
GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, aplicando el Decreto 758 de 1990 al considerarlo
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Este acto administrativo fue confirmado a través de las resoluciones GNR 37830 del 11
de febrero de 2014 y VPB 4454 del 31 de marzo del mismo año, al resolverse los recursos
de reposición y apelación, respectivamente.
27. Posteriormente, mediante Resolución VPB 16546 del 12 de abril de 2016,
Colpensiones anunció que revisaría de oficio la prestación económica del accionado, con
fundamento en el artículo 4.° del CPACA. Tras dicha revisión, concluyó que el beneficiario
perdió el régimen de transición por haberse trasladado de régimen sin acreditar el mínimo
de 15 años de servicio exigido al 1.° de abril de 1994. En la parte resolutiva, se precisó
que se daba alcance a la Resolución VPB 4454 del 31 de marzo de 2014, en el sentido
de indicar que la pensión debía reconocerse con base en la Ley 797 de 2003,
considerando 1050 semanas, con una cuantía de $ 1.213.343 y una tasa de reemplazo
del 65.61 %.
28. En cumplimiento de un fallo judicial, Colpensiones expidió la Resolución SUB 167260
del 22 de agosto de 2017, mediante la cual incrementó en un 14 % la mesada pensional
del demandado por tener a su cónyuge a cargo. El retroactivo derivado de esta orden fue
reconocido en la Resolución SUB 120709 del 7 de mayo de 2018.
29. Las resoluciones objeto de demanda en este presente son: (i) GNR 253413 del 9 de
octubre de 2013; (ii) SUB 167260 del 22 de agosto de 2017; y (iii) SUB 120709 del 7 de
mayo de 2018. Según Colpensiones, dichos actos son contrarios al orden jurídico, toda
vez que el demandado no reunía los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición ni, por ende, para acceder a una pensión bajo el Decreto 758 de 1990, al haber
perdido tal prerrogativa por haberse trasladado de régimen sin acreditar el tiempo mínimo
de servicio requerido.
30. El análisis de caducidad respecto del primer acto administrativo cuestionado —
Resolución GNR 253413 del 9 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció la
pensión de vejez al demandado—, debe regirse por la regla especial contenida en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Esta norma establece un término de cinco (5) años,
contados a partir del reconocimiento pensional, para ejercer acciones administrativas o
contencioso-administrativas en esta materia.
31. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas
disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de la norma,
según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se
encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta cuestión,
esta Subsección se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida
disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo
de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
norma3, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 20244.
32. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede
generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83
de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,
en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».
33. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de la Sala en el
sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de cinco (5) años
previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos
después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en
curso desde antes de esta modificación normativa.
34. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa
prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer
las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas y,
en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En
cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte
Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho
encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:
«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador,
• numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de
configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y
demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite
al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la
seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten
desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. […] el proceso
no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la
realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica
3
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-
2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre
de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4
“Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo
concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás
disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia
desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se
realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-
2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
(Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la
doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29,
150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para
fijar tales formalidades procesales.»5 (Subrayado propio).
35. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el
legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al
no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico6.
36. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular
los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los
antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto original de la
norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las
actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 20037; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es
Ley de la República.
37. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad
fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que declaró la
inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y
tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite
temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y
la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en
la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229
C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.).8
5
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones
reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”
8
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. «Entonces, la expresión “en cualquier
tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la
inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya
consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada
merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse
a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el
restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo
contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de
dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede
perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias
resulta notoriamente irracional y desproporcionada. […].
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229
C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que
desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda
a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas
frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la
expresión examinada.» (Resaltado original, subrayado propio)
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
38. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del
Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las
personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para
que dicho reconocimiento sea cuestionado.9
39. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que
procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que
ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
jubilarse.
40. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso
en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una
tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra
reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los
derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala,
prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les
reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por
la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales
derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la
Constitución.
41. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
42. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
9
Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg. «[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella
que tiene que ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión, bien sea por vía
administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser
demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una
pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad
jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada
su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como
ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado esta
circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien al Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido
derecho a la pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.»
9
Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea»10.
43. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad
concreto11, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el
presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma
hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad
competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea
ostensible.
44. En relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla, advirtiendo entonces
que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de su sanción, de manera
que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada en vigencia del
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común
a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el artículo 86 entró
en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.
45. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad
de cinco (5) años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente
aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma
(16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en
todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con
ocurrencia de algún delito.
46. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la acción de
encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en que
se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se encontraba en
curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto
último, aun si el demandado no la propuso como excepción.
47. Así, en el caso concreto está acreditado que al demandado le fue reconocida la
pensión de vejez mediante la Resolución GNR 253413 del 9 de octubre de 2013,
expedida por Colpensiones y que la demanda fue radicada el 11 de diciembre de 2018
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales. Por tanto,
transcurrieron más de cinco (5) años entre la expedición del acto y la presentación de la
demanda, por lo que esta Subsección revocará la sentencia de primera instancia en
cuanto accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar de oficio la
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, Rad. 66001-
23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
11
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control
de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad
concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior
jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P.
Darío Quiñonez.
10
Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
excepción de caducidad de la acción, conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
48. En cuanto a las resoluciones SUB 167260 del 22 de agosto de 2017 y SUB 120709
del 7 de mayo de 2018 —mediante las cuales se reconoció un incremento del 14 % en la
mesada pensional y se efectuó el correspondiente pago retroactivo en cumplimiento de
una orden judicial—, la Sala precisa que estos actos constituyen actuaciones de
ejecución, máxime cuando quedará vigente el acto de reconocimiento pensional como
consecuencia de la decisión adoptada en esta instancia.
49. Conforme a lo anterior, se encuentra que Colpensiones se limitó a cumplir un fallo
judicial, sin que existiera una decisión autónoma dirigida a crear, modificar o extinguir una
situación jurídica. Por tanto, no se trata de actos administrativos definitivos en los
términos del artículo 43 del CPACA, y no son susceptibles de control judicial mediante el
medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta Subsección ha reiterado dicho
criterio, entre otras, en sentencia del 5 de junio de 2025, proceso 76001-23-33-000-2017-
00233-01 (3770-2022).
50. Por otro lado, aunque el Tribunal de primera instancia consideró que debía
mantenerse incólume la Resolución VPB 16546 de 2016, la Sala aclara que dicho acto
no fue objeto de demanda en el presente proceso, razón por la cual no se emitirá
pronunciamiento sobre su legalidad.
Condena en costas
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
la declaratoria de la excepción de caducidad se realizó de oficio con fundamento en una
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-0002-01 (3910-2021)
Demandante: Colpensiones
norma que no existía para la fecha en que se presentó la demanda. Por lo tanto, no era
exigible a las partes tenerla en cuenta, razón por la cual no puede afirmarse que alguna
de ellas haya resultado totalmente vencida en esta segunda instancia. En consecuencia,
se prescindirá de la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 18 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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