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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00233-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00233-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. 9 Radicación: 76001-23-33-000-2017-00233-01 (3770-2022) Demandante: Amarildo Banguero Daza SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00233-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00233-01 (3770-2022)
Demandante: Amarildo Banguero Daza
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Amarildo Banguero Daza presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (Casur), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos: (i) la Resolución 0636 del 24 de junio de 2013; (ii) el acto ficto o
presunto derivado de la petición del 23 de septiembre de 2015; (iii) la Resolución 5987
del 17 de julio de 2013; (iv) el Oficio 20982/GAG SDP del 11 de noviembre de 2015, y (v)
la Resolución 1786 del 20 de marzo de 2013. Mediante tales actos fue declarado deudor
del Tesoro Público y se le ordenó reintegrar las sumas percibidas por concepto de
asignación de retiro entre el 28 de noviembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2012.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las entidades demandadas:
(i) modificar o revocar los actos administrativos referidos, en lo relativo a la orden de
devolución de los dineros percibidos por la asignación de retiro reconocida mediante la
Resolución 04332 del 8 de octubre de 2008, por valor de $64.903.020 m/cte.; (ii) pagar
intereses conforme al artículo 4, numeral 8, de la Ley 80 de 1993, desde la fecha en que
se hizo efectivo el descuento hasta el pago efectivo; (iii) efectuar los ajustes
correspondientes conforme al CPACA, y (iv) pagar una indemnización moratoria de
$40.000.000 m/cte., por los daños inmateriales o de relación causados.

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00233-01 (3770-2022)
Demandante: Amarildo Banguero Daza

3. Señaló que, mediante Resolución 03595 del 25 de agosto de 2008, la Policía
Nacional lo retiró temporalmente del servicio por disminución de la capacidad psicofísica,
y que Casur, mediante Resolución 4332 del 8 de octubre de 2008, le reconoció asignación
de retiro. No obstante, el acto de retiro fue declarado nulo por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, en proceso que culminó
con una conciliación judicial aprobada mediante auto del 29 de junio de 2012. En
cumplimiento de esa decisión, se expidió la Resolución 04395 del 21 de noviembre de
2012, que ordenó el reintegro del actor a la institución y el pago de salarios y demás
emolumentos dejados de percibir durante la separación del servicio. Posteriormente, la
Policía Nacional acató lo acordado mediante la Resolución 0636 del 24 de junio de 2013
y realizó la liquidación de los valores adeudados, incluyendo el descuento de $64.903.020
m/cte., correspondiente a la prestación sufragada durante el período de desvinculación.

4. Sostuvo que en concordancia con el reintegro, Casur, mediante Resolución 1786
del 20 de marzo de 2013, revocó en todas sus partes la Resolución 4332 del 8 de octubre
de 2008 y suspendió el pago de la asignación de retiro, sin contar con su consentimiento.
Además, ofició a la Policía Nacional para que ordenara el descuento de la suma pagada
por concepto de dicha asignación. Finalmente, a través de la Resolución 5987 del 17 de
julio de 2013, reconoció en su favor una nueva asignación de retiro y ordenó el reintegro
de los valores pagados con base en la Resolución 4332.

Contestación de la demanda.

5. Casur se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que, con el
reintegro del actor al servicio activo de la Policía Nacional, desaparecieron los
fundamentos legales que sustentaron el reconocimiento de la asignación mensual de
retiro. Por tal razón, estimó procedente revocar la Resolución 4332 del 8 de octubre de
2008 y ordenar la devolución de los valores pagados por dicha prestación, máxime
cuando no es posible percibir simultáneamente salario como miembro activo de la
institución y asignación de retiro, conforme al artículo 128 de la Constitución Política.
Finalmente, solicitó no imponerle costas, al haber actuado conforme a derecho, y propuso
las siguientes excepciones: (i) inexistencia del derecho; (ii) presunción de legalidad de
los actos administrativos demandados, y (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional expuso que los actos
demandados fueron expedidos por autoridad competente y gozan de presunción de
legalidad. Señaló que dio cumplimiento a la decisión proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali y que los dineros pagados
al actor deben ser reintegrados, a fin de evitar un detrimento patrimonial para el Estado.
En respaldo de su posición, citó las sentencias SU-053 de 2015 y SU-556 de 2014 de la
Corte Constitucional, así como providencias del Consejo de Estado, que establecen
límites a la indemnización cuando se dispone el reintegro y previamente se han efectuado
pagos por concepto de salarios o asignación de retiro. Sostuvo que Casur está facultada
para realizar los descuentos y proteger el erario, conforme al artículo 128 de la
Constitución Política.

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar procedente ordenar el descuento de las sumas recibidas por
concepto de asignación de retiro, cuando una sentencia dispone el reintegro al servicio
activo de la Fuerza Pública junto con el pago de prestaciones sociales sin solución de
continuidad. Lo anterior, por cuanto se entiende que no hubo ruptura en la relación de
servicio, y el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público.

8. Concluyó que las sumas que el actor recibió a título de asignación de retiro durante
el período en que estuvo desvinculado del servicio activo resultan incompatibles con los
salarios y demás prestaciones reconocidas como restablecimiento del derecho, tras la
nulidad del acto de retiro. En consecuencia, consideró que los descuentos se ajustan a
derecho y a la prohibición constitucional contenida en el artículo 128 Superior.

9. Finalmente, condenó en costas a la parte actora, en la suma equivalente al 1 %
del valor de las pretensiones reconocidas en la demanda, con fundamento en el numeral
3 del artículo 365 del Código General del Proceso.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

10. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia. Manifestó que el a quo no tuvo en cuenta
que los efectos de la revocatoria de la asignación de retiro operan hacia el futuro, por lo
que no era procedente ordenar la devolución de las sumas percibidas mientras estuvo
vigente la respectiva resolución.

11. Sostuvo que el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 admite la compatibilidad entre
la asignación de retiro y el salario derivado del servicio activo en la Policía Nacional,
motivo por el cual el acto que revocó dicha prestación adolece de falsa motivación. Añadió
que Casur debió solicitar su consentimiento antes de revocar la Resolución 4332 de 2008,
ya que esta solo puede revocarse de manera unilateral en casos de fraude.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

12. Mediante autos proferidos el 7 de diciembre de 2022 y 6 de julio de 2023, se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.

13. Casur presentó alegatos de conclusión en los que reiteró que los actos
demandados gozan de la presunción de legalidad, al no existir elementos que permitan
inferir la configuración de alguna causal que la desvirtúe. Resaltó que la prohibición de
doble erogación con cargo al erario tiene fundamento constitucional y legal, conforme a

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

lo expuesto en la contestación de la demanda. En consecuencia, solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.

14. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Consideró
que el escrito de alzada no cumple con los requisitos del artículo 320 del CGP, pues no
formula reparos concretos contra la decisión. Sostuvo que la revocatoria directa no
constituyó el eje central de la controversia, en tanto la decisión de revocar el acto que
reconoció la asignación de retiro obedeció al cumplimiento de un fallo judicial. Además,
advirtió que el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 no resulta aplicable al caso, por lo
que existe una interpretación errónea del supuesto de hecho por parte del actor.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

15. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615 del Código
General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los Tribunales Administrativos. En consecuencia, corresponde a esta Corporación
abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico.

16. En principio, correspondería formular el problema jurídico en torno a los reparos
planteados en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. No obstante, al revisar el
expediente, la Sala advierte que, antes de abordar el fondo del asunto, es preciso verificar
si la demanda fue presentada dentro del término legal previsto para ejercer el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, en virtud de la facultad
prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, que autoriza declarar de oficio
la caducidad cuando se evidencie su configuración.

17. Para resolver este asunto, la Sala iniciará por exponer las reglas jurídicas que
regulan el fenómeno de la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. A continuación, identificará los actos administrativos que fueron
demandados y precisará las fechas relevantes para el cómputo del término legal. Con
base en esa información, determinará si la demanda fue presentada dentro del plazo
establecido por el ordenamiento jurídico.

Análisis

18. En el presente asunto, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de caducidad, al comprobar que
la demanda fue presentada por fuera del término legal previsto para el ejercicio del medio

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se sustenta a
continuación.

19. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita
temporalmente el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es
garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica
su carácter irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme
al artículo 187 del CPACA.

20. En lo que atañe al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a
la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto acusado, según
corresponda.

21. De acuerdo con el expediente, el apelante fue retirado del servicio activo de la
Policía Nacional mediante la Resolución 03595 del 25 de agosto de 2008, por disminución
de la capacidad psicofísica. A raíz de ello, Casur le reconoció asignación de retiro
mediante la Resolución 4332 del 8 de octubre del mismo año.

22. El acto de retiro fue declarado nulo por la propia administración en el marco de
una conciliación judicial celebrada entre el demandante y la Policía Nacional, en la que
esta última reconoció la ilegalidad de la desvinculación y accedió a reintegrarlo al servicio,
así como a pagarle los salarios y demás emolumentos dejados de percibir durante el
tiempo de separación. Dicha conciliación fue aprobada mediante auto del 29 de junio de
2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Cali.

23. En cumplimiento de dicha conciliación, la Policía Nacional expidió la Resolución
04395 del 21 de noviembre de 2012, mediante la cual ordenó el reintegro del actor a la
institución y el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir durante el
tiempo de desvinculación. A su vez, Casur, mediante la Resolución 1786 del 20 de marzo
de 2013, revocó en todas sus partes la Resolución 4332 del 8 de octubre de 2008,
suspendió la asignación de retiro y ofició a la Policía Nacional para que descontara el
valor pagado por dicho concepto.

24. Posteriormente, la Policía Nacional expidió la Resolución 0636 del 24 de junio de
2013, mediante la cual dio cumplimiento a la conciliación judicial y dispuso el pago de
$133.772.753,53 m/cte., discriminado así:

(i) Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional:

La suma de $ 64.903.020,00 m/cte., por concepto de la prestación que le fue
pagada al actor durante el tiempo de desvinculación, incluidos los
descuentos del mes de diciembre y los de ley.
La suma de $ 3.969.610,06 m/cte., por concepto de aporte para pensión.

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

La suma de $ 100.554,68 m/cte., por concepto de aumento general.
La suma de $ 12.854,15 m/cte., por concepto de aumento de prima de
actividad.
La suma de $ 10.528,52 m/cte., por concepto de aumento de prima de
antigüedad.

(ii) Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional

La suma de $ 269.428,31 m/cte., por concepto de prima de vacaciones.

(iii) Dirección de Sanidad de la Policía Nacional:

La suma de $ 2.106.983,64 m/cte., por concepto de servicio de sanidad.

(iv) Al señor Agente AMARILDO BANGUERO DAZA […] la suma de $
62.399.774,17 m/cte. […].

25. Para determinar si la demanda fue presentada dentro del término legal, es
necesario precisar que el actor solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución 1786 del 20 de marzo de 2013, mediante la cual Casur revocó la
Resolución 4332 del 8 de octubre de 2008 y ofició a la Policía Nacional para que,
al expedir el acto que reconociera valores retroactivos al actor, descontara la suma
de $64.903.020 m/cte., correspondiente a la asignación de retiro previamente
pagada. En ese mismo acto, se declaró a Banguero Daza como deudor del Tesoro
Público.
b) La Resolución 0636 del 24 de junio de 2013, mediante la cual la Policía Nacional
dio cumplimiento a la conciliación judicial y efectuó la liquidación y pago de
$133.772.753,53 m/cte., según lo señalado en el numeral 25 de esta providencia.
c) La Resolución 5987 del 17 de julio de 2013, a través de la cual Casur reconoció
una nueva asignación de retiro y ordenó el reintegro de los valores pagados con
fundamento en la Resolución 4332 del 8 de octubre de 2008.
d) El acto ficto derivado de la petición presentada el 23 de septiembre de 2015, en la
cual el actor solicitó la revocatoria o modificación de la Resolución 0636 del 24 de
junio de 2013.
e) El Oficio 20982/GAG SDP del 11 de noviembre de 2015, mediante el cual se indicó
al actor que las resoluciones 1786 y 5987 de 2013 ordenaban el reintegro de las
sumas pagadas por concepto de asignación de retiro entre el 28 de noviembre de
2008 y el 30 de noviembre de 2012.

26. Según el demandante, dichos actos lesionaron sus derechos al declararlo deudor
del Tesoro Público y ordenarle la devolución de la suma percibida por concepto de
asignación de retiro entre el 28 de noviembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2012. En
consecuencia, solicitó que se anularan o modificaran exclusivamente en lo relativo a la
orden de descontar y/o reintegrar esos valores.

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

27. Frente a la Resolución 1786 del 20 de marzo de 2013, la Sala observa que esta
no creó, modificó o extinguió de manera directa un derecho del actor respecto del
reintegro de los dineros percibidos, pues se limitó a revocar un acto previo y a oficiar a la
Policía Nacional para que descontara las sumas correspondientes. No obstante, la
Resolución 5987 del 17 de julio de 2013 sí contiene una decisión expresa en ese sentido,
al ordenar el descuento de los valores previamente reconocidos, por lo que es este acto
el que definió la situación jurídica concreta que el actor pretende controvertir.

28. Así las cosas, se constata que las resoluciones 1786 y 5987, ambas de 2013,
fueron notificadas por edicto desfijado el 22 de abril de 2013 y el 15 de agosto de 2013,
respectivamente. A su vez, la demanda fue presentada ante la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Cali el 27 de febrero de 2017, esto es, cuando ya habían
transcurrido más de cuatro (4) meses desde la notificación de los actos acusados. En
tanto el acto administrativo que ordenó el reintegro de valores no tiene naturaleza
periódica, le resulta aplicable el término general de caducidad previsto en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

29. En consecuencia, respecto de las resoluciones 1786 del 20 de marzo y 5987 del
17 de julio de 2013, se configura la caducidad del medio de control, lo que impide a esta
jurisdicción pronunciarse de fondo sobre la legalidad de tales decisiones.

30. En cuanto a la Resolución 0636 del 24 de junio de 2013, la Sala advierte que se
trata de un acto de ejecución, en la medida en que la Policía Nacional se limitó a dar
cumplimiento a lo pactado en la conciliación judicial aprobada mediante auto del 29 de
junio de 2012. Por tal razón, dicho acto no tiene carácter definitivo en los términos del
artículo 43 del CPACA, ya que no contiene una manifestación autónoma de voluntad
dirigida a crear, modificar o extinguir una situación jurídica1, sino que simplemente
implementa una decisión preexistente. En consecuencia, no es susceptible de control
judicial por la vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2.

31. Ahora bien, el actor alegó que la Policía Nacional, al expedir la Resolución 0636,
excedió lo dispuesto en la conciliación judicial. En particular, sostuvo que dicha resolución
ordenó, por iniciativa propia, el descuento de $64.903.020 m/cte., sin que tal obligación
estuviera contemplada en el texto conciliado ni en la providencia judicial que lo aprobó.
Sobre este punto, la jurisprudencia de esta Corporación3 ha establecido que sí procede
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el acto

1
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2014. Exp. 25000-23-41-000-2012-00338-01: “Un acto
administrativo efectivamente es la manera en que la administración manifiesta unilateralmente su voluntad,
provocando efectos jurídicos que crean, modifica o extinguen situaciones de los afectados.”
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 26 de septiembre de 2013. Exp. 68001-23-33000-2013-00296-01:
únicamente las decisiones de la Administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los
actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que “los actos de ejecución de
una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos
no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas
decisiones”.
3
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 26 de septiembre de 2013, Rad. No.
68001-23-33-000-2013-00296-01; 30 de marzo de 2006, Rad. No. 25000-23-27-000-2005-01131-01.

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

supuestamente ejecutivo introduce decisiones autónomas que exceden lo pactado o
dispuesto por la autoridad judicial, pues en tal caso se configura un verdadero acto
administrativo susceptible de control.

32. Si en gracia de discusión se admitiera que la Resolución 0636 del 24 de junio de
2013 contiene una manifestación de voluntad que excede lo pactado en la conciliación
judicial y, por tanto, reviste carácter definitivo, lo cierto es que la demanda también fue
presentada por fuera del término legal. Como se indicó, esta fue radicada el 27 de febrero
de 2017, es decir, más de tres años después de la expedición del acto, cuando ya había
operado la caducidad conforme al artículo 164 del CPACA.

33. En lo relativo al acto presunto derivado de la petición del 23 de septiembre de
2015, mediante la cual el actor solicitó la revocatoria o modificación de la Resolución
0636 de 2013, la Sala recuerda que la existencia del silencio administrativo no tiene la
virtualidad de revivir el término de caducidad. En este caso, la situación jurídica quedó
consolidada desde 2013 con la expedición de la resolución acusada, de modo que la falta
de respuesta a una solicitud posterior no genera un nuevo término para demandar.

34. Finalmente, frente al Oficio 20982/GAG SDP del 11 de noviembre de 2015, se
advierte que este documento carece de efectos jurídicos propios, pues se limita a reiterar
el contenido de las resoluciones 1786 y 5987 de 2013, sin adoptar una decisión nueva ni
modificar una situación jurídica. Por tanto, no constituye un acto administrativo en los
términos del artículo 43 del CPACA y, en consecuencia, no es susceptible de control
judicial.

Conclusión

35. Así las cosas, se colige que la demanda fue presentada por fuera del término legal,
esto es, una vez vencido el plazo de cuatro (4) meses contados desde la notificación,
ejecución o publicación de los actos administrativos acusados que sí eran susceptibles
de control judicial. Por tanto, esta Subsección, en virtud de la facultad conferida en el
inciso segundo del artículo 187 del CPACA, revocará parcialmente la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, se mantendrá incólume
la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que no fue objeto de reparo
en el recurso de apelación.

36. Finalmente, la Subsección exhorta a los jueces y tribunales administrativos a
ejercer un control temprano del proceso, resolviendo asuntos como el que aquí se decide
en la etapa procesal correspondiente, en cumplimiento de los artículos 169, 180 (numeral
5), 182A (numeral 3) y 207 del CPACA.

Condena en costas.

37. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de

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Demandante: Amarildo Banguero Daza

Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior, se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.

38. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo
– valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.”4

39. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

40. Descendiendo al caso concreto, se considera que no se encuentra configurado el
elemento objetivo porque, si bien la sentencia de primera instancia fue revocada en los
términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP, no se advierte que el recurso de
apelación haya carecido de forma manifiesta de fundamento legal. Tan es así, que la
sentencia de primera instancia estudió de fondo las pretensiones de la demanda y
algunos reparos controvierten esa decisión.

41. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 29 de noviembre de
2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto negó las pretensiones
de la demanda.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00233-01 (3770-2022)
Demandante: Amarildo Banguero Daza

SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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