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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00515-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00515-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las suplicas de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 13 Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026) Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada, conforme la motivación. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00515-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revocar sentencia y en su lugar declarar probada de oficio la
excepción de cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Gustavo Antonio Colorado Corrales, por intermedio de apoderado

judicial, solicitó declarar la nulidad del Auto ADP 012257 de 28 de septiembre de
2016, proferido por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante el cual se ordenó el archivo
de la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la mentada
prestación a partir del 4 de febrero de 2015, el pago del reajuste en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el ajuste de la condena de conformidad con
el artículo 187 del CPACA, el pago de intereses moratorios, el cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el CPACA, y se condene en costas.

4. Manifestó que nació el 14 de octubre de 1952, y que cumplió 50 años de edad
el 13 de octubre de 2002. Además, indicó que prestó sus servicios como docente
de la siguiente manera: i) desde el 22 de marzo de 1972 hasta el 23 de abril de

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

1981, nombrado mediante Decreto 0068 de 24 de febrero de 1972 proferido por el
gobernador de Caldas; y ii) desde el 5 de marzo de 2004 hasta el 9 de julio de 2015,
también al servicio del departamento de Caldas, nombrado mediante Decreto 0135
de 27 de febrero de 2004.
5. En consecuencia, el 3 de mayo de 2016 solicitó ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia. No obstante, mediante Auto
ADP 012257 de 28 de septiembre de 2016, la entidad ordenó el archivo de la
petición, al considerar que no se evidenciaban nuevos elementos de juicio que
permitieran variar lo decidido en la Resolución 43720 de 2 de septiembre de 2008,
por medio de la cual se había negado el reconocimiento de dicha prestación.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indico que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48,
53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como las Leyes 39
de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de
1975, 91 de 1989, 60 de 1993,100 de 1993, 1437 de 2011; y los Decretos 1743 de
1966, 2277 de 1979 y 224 de 1972. Alegó que el acto acusado fue expedido de
manera irregular, pues la UGPP ordenó el archivo de la solicitud pensional al
considerar que no existían nuevos elementos de juicio para modificar lo decidido en
la Resolución 43720 de 2 de septiembre de 2008, mediante la cual se había negado
previamente el reconocimiento de la pensión gracia.

7. En resumen, manifestó que la entidad desconoció el debido proceso
administrativo, dado que, al tratarse de una prestación pensional de carácter
imprescriptible, no podía limitarse a archivar la petición, sino que debía adelantar el
procedimiento administrativo correspondiente, valorar las pruebas aportadas,
pronunciarse de fondo sobre la solicitud y conceder los recursos procedentes.

8. También afirmó que el auto demandado incurrió en falsa motivación, porque la
UGPP asumió que la solicitud presentada en 2016 era idéntica a la resuelta en 2008;
sin embargo, según el demandante, la nueva petición contenía elementos distintos,
en especial la solicitud de computar como departamental el tiempo laborado entre
el 5 de marzo de 2004 y el 9 de julio de 2015, por efecto del proceso de
descentralización de la educación.

1.3. Contestación de la demanda
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones indicando que su actuación se ajustó a derecho, porque el
demandante no cumplió los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, en armonía
con la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia constitucional sobre pensión gracia. En
particular, que el actor no acreditó haber consolidado el derecho antes de la entrada
en vigencia de la Ley 91 de 1989.

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

10. En ese sentido, indicó que el periodo comprendido entre el 24 de abril de 1981 y

el 4 de junio de 1997 no era computable, porque fue desempeñado en el Centro
Experimental Piloto de Caldas como profesional universitario, código 3020, cargo
que calificó como administrativo y no docente.

11. Agregó que, si bien el demandante acreditaba más de 20 años de servicio en

términos generales, no todos podían computarse para efectos de la pensión gracia;
y en ese orden solo logró 18 años, 5 meses y 14 días de servicio docente territorial
o nacionalizado, tiempo insuficiente para acceder a la prestación reclamada.

12. Propuso como excepciones: i) la inexistencia de la obligación y cobro de lo no

debido, ii) buena fe, iii) prescripción y iv) la genérica.

1.4. Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 17 de octubre de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como cuestión
previa analizó la viabilidad de emitir pronunciamiento de fondo frente a la posible
configuración de cosa juzgada, en atención al proceso judicial anterior promovido
por el educador para obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Al respecto,
señaló que dicha figura no se estructuraba, porque la solicitud elevada en 2016
incorporó hechos nuevos, relacionados con tiempos de servicio que no fueron objeto
de estudio en la decisión judicial previa. Además, precisó que el Auto ADP 012257
de 28 de septiembre de 2016 constituía un acto administrativo definitivo, en tanto
impidió continuar con la actuación administrativa.

14. Precisó que, el demandante acreditó una vinculación docente oficial anterior al
31 de diciembre de 1980 y que los periodos laborados como docente entre 1972 y
1981, y luego entre 2004 y 2015, sumaban 20 años, 4 meses y 3 días de servicio
docente computable. Para ese efecto, excluyó el tiempo comprendido entre el 24 de
abril de 1981 y el 4 de junio de 1997, durante el cual el actor se desempeñó como
profesional universitario en el Centro Experimental Piloto de Caldas, por
corresponder a un cargo administrativo.

15. Frente al argumento de la UGPP sobre la financiación de la plaza con recursos
del Sistema General de Participaciones, el a quo concluyó que el origen de los
recursos no determinaba la naturaleza de la vinculación, pues lo relevante era
acreditar que la plaza fuera territorial o nacionalizada. En ese sentido, estimó que
los nombramientos y traslados realizados por el departamento de Caldas
demostraban que la vinculación posterior a 2004 fue de carácter territorial.

16. En consecuencia, declaró la nulidad del Auto ADP 012257 de 28 de septiembre
de 2016 y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al actor. Sin
embargo, declaró probada la excepción de prescripción, fijó los efectos fiscales del
reconocimiento a partir del 29 de octubre de 2016 y se abstuvo de condenar en
costas a la UGPP.

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

1.5. Recursos de apelación
17. A través de apoderada, la UGPP interpuso recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia, con el fin de que se revoque la decisión. Explicó que
el Tribunal desconoció el marco legal y jurisprudencial de la pensión gracia, pues, a
su juicio, esta solo procede respecto de docentes que hubieren consolidado el
derecho antes del 29 de diciembre de 1989, situación que no se configuraba en el
subjudice.

18. Agregó que los tiempos laborados entre 2004 y 2015 no podían computarse
para efectos de la pensión gracia porque correspondían a una vinculación nacional.
Además, reiteró que el periodo comprendido entre 1981 y 1997 fue desempeñado
en el cargo de profesional universitario, código 3020, de naturaleza administrativa y
no docente.

19. Por su parte, el demandante presentó recurso de apelación adhesiva. Solicitó
adicionar el numeral tercero de la sentencia, para que en la liquidación de la pensión
gracia se incluyera la prima de servicios; así mismo se ordenara los reajustes
previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; y revocar el numeral sexto con el
fin de condenar en costas a la UGPP.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Mediante auto de 20 de febrero de 2026, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia
de 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. No
hubo intervenciones en esta instancia.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por esta Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
22. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, ambas partes -demandante y demandada- presentaron recurso de
alzada, cuestionándose la totalidad de la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

2.2 Del problema jurídico
23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si al demandante le asiste

el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia y los reajustes
ordenados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

24. No obstante, la Sala estima necesario previamente analizar de oficio la
configuración de la excepción de cosa juzgada.

2.3. Cuestión previa
25. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas
analizó la posible configuración de la cosa juzgada, en atención a la existencia de
un proceso judicial anterior promovido por el demandante, también orientado al
reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin embargo, concluyó que no se
estructuraba al considerar que la solicitud elevada en el año 2016 incorporó hechos
nuevos relacionados con tiempos de servicio que no habrían sido objeto de estudio
en la decisión judicial previa.

26. Así las cosas, debe despejarse si en esta instancia la Subsección puede
decidir de oficio la excepción de cosa juzgada pese a que sobre ella existe
pronunciamiento previo en los términos referidos.

27. Pues bien, la Ley 1437 de 2011 y concretamente su artículo 180 original
preveía que las excepciones de cosa juzgada, prescripción extintiva, caducidad,
transacción, conciliación y falta de legitimación en la causa debían decidirse por el
juez o magistrado ponente junto a las denominadas excepciones previas4. Así pues,
antes de entrar a regir las modificaciones introducidas primero por el Decreto
Legislativo 806 de 2020 y luego por la Ley 2080 de 2021, estas excepciones,
aunque no estaban enlistadas como previas en el artículo 100 del CGP, debían
tramitarse de igual forma, lo que mantuvo incluso con la expedición del decreto
proferido en el marco del estado de excepción en el año 2020.

28. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 187 del CPACA le asignó al juez
contencioso administrativo la facultad de decidir sobre las excepciones propuestas
y «sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada». Aunado a que el
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, «propuestas o no», sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

29. Se concluye entonces que el Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos al momento de dictar sentencia de segunda instancia deben decidir
no solo las excepciones propuestas por el demandado o las no estudiadas por el
inferior sino también cualquier otra que encuentren probadas, con el límite de no
reformar en perjuicio del apelante único. En consecuencia, la Sala se encuentra
habilitada para pronunciarse sobre el particular.

4 Numeral, 6, artículo 180, CPACA (antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021).

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

30. Importante destacar que esta Subsección en sentencia de 12 de junio de
20255, resolvió en un asunto similar respecto a la competencia del a quem para
decidir sobre la excepción de cosa juzgada, cuando frente a esta ya se había emitido
un pronunciamiento en primera instancia. Al respecto, con fundamento en el artículo
167 del CPACA, concluyó que no existía limitación alguna, pues en segunda
instancia se puede decidir de oficio sobre cualquier excepción, con la limitación de
la no reformatio in peius; y se destacó:

“ii) El auto interlocutorio que niega una excepción en primera instancia no hace tránsito
a cosa juzgada pues no da por terminado el proceso. A manera de ejemplo,
extraordinariamente sí tendrían tales efectos los autos que aceptan el desistimiento de
las pretensiones, decretan el desistimiento tácito, terminan el proceso por pago,
aprueban una conciliación o aceptan la transacción total de las pretensiones; en estos
casos, es como dictar sentencia pues el proceso llega a su fin. La doctrina denomina a
esas providencias como «autos interlocutorios con fuerza de sentencia».
iii) El principio de inmutabilidad se predica exclusivamente de las sentencias y de los
autos que tienen dicha fuerza, pues no son revocables ni reformables por el juez que las
pronunció (artículo 285 del CGP); característica que la ley no les ha otorgado a las demás
providencias, menos aun si permiten continuar con el proceso.”

31. Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, se concluye que esta Subsección
está facultada para analizar de oficio la excepción de cosa juzgada en el presente
asunto.

2.4 El fenómeno jurídico de la cosa juzgada6
32. La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza sobre
lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido el
mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado,
se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

33. En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad
en las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter de
inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.

34. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la disputa
de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida,
razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a
las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia
litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

35. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

5 Exp. 20001 23 33 000 2018 00035 01 (0321-2020), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Criterio reiterado por

esta Subsección en sentencia de 4 de junio de 2026, radicación 25000-23-42-000-2019-00090-02 (0215-2026),
C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
6 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del proceso

radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea porque
no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley o
habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que proceden
contra las providencias ya ejecutoriadas.

• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció la
facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el término para
interponer los recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma
desfavorable.

36. Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión normativa
del artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

37. La Sección Segunda7 frente a los elementos que configuran la cosa juzgada,
indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa
juzgada.
b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente
[…]».

38. Por su parte, el artículo 189 del CPACA8 preceptúa los efectos de la cosa

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-00634-
01(5385-2019)
8
«Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato
de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga
el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en
parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.»

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en cuenta
lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las cuales se
discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa
petendi.

39. En atención a lo que antecede, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, de causa
y objeto. Además, el artículo 189 del CPACA establece que las decisiones judiciales
que declaren la nulidad de los actos administrativos en esta jurisdicción tendrán
fuerza erga omnes, por lo que no es posible que nuevamente sean sujetas a debate
judicial.

2.5 Caso Concreto
40. Está demostrado que, con anterioridad, el señor Gustavo Antonio Colorado
Corrales presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja
Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, proceso que fue conocido bajo el
radicado 17001-33-31-003-2009-00144-00, en el que solicitó la nulidad de la
Resolución 43720 de 2 de septiembre de 2008, por medio de la cual se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

41. Dicho proceso resultó adverso al interesado, pues el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, mediante sentencia de
26 de mayo de 2011, negó las pretensiones de la demanda. Para ello, concluyó
que el tiempo laborado como profesional universitario, código 3020, grado 04, en el
Centro Experimental Piloto de Caldas, correspondía a un cargo administrativo y no
podía computarse para efectos de la pensión gracia.

42. Posteriormente, el demandante presentó una nueva solicitud ante la UGPP,
que fue resuelta mediante Auto ADP 012257 de 28 de septiembre de 2016, por
medio del cual la entidad ordenó el archivo de la petición, al considerar que la
Resolución 43720 de 2 de septiembre de 2008 ya había resuelto una solicitud de
igual naturaleza y se encontraba ejecutoriada.

43. A través del presente medio de control, el actor cuestiona la legalidad del
Auto ADP 012257 de 28 de septiembre de 2016, bajo el argumento de que la
solicitud elevada en el año 2016 contenía elementos nuevos relacionados con los
tiempos laborados entre el 5 de marzo de 2004 y el 9 de julio de 2015, los cuales,
a su juicio, debían computarse como servicio docente territorial para efectos de
completar los 20 años exigidos para acceder a la pensión gracia.

44. Bajo ese contexto, se procederá a verificar los elementos configurativos de
la cosa juzgada al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual se expondrá el
siguiente cuadro comparativo:

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Radicado: 17001 23 33 000 2019 00515 01 (0198–2026)
Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

Expediente anterior Expediente actual objeto de estudio
Juzgado Sexto Administrativo de Tribunal Administrativo de Caldas
Descongestión del Circuito de 17001-23-33-000-2019-00515-00
Manizales
17001-33-31-003-2009-00144-00
SUJETOS PROCESALES
Demandante: Gustavo Antonio Demandante: Gustavo Antonio
Colorado Corrales Colorado Corrales
Demandado: Caja Nacional de Demandado: Unidad Administrativa
Previsión Social - CAJANAL Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
ACTOS ACUSADOS

Resolución 43720 de 2 de septiembre Auto ADP 012257 de 28 de septiembre
de 2008, por medio de la cual CAJANAL de 2016, por medio del cual la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión ordenó archivar la solicitud de
gracia. reconocimiento de la pensión gracia.

PRETENSIONES

Solicitó declarar la nulidad de la Solicitó declarar la nulidad del Auto ADP
Resolución 43720 de 2 de septiembre 012257 de 28 de septiembre de 2016.
de 2008, mediante la cual CAJANAL A título de restablecimiento del derecho,
EICE resolvió desfavorablemente la pidió el reconocimiento de la pensión
solicitud de reconocimiento de la gracia a partir del 4 de febrero de 2015,
pensión gracia. A título de el reajuste previsto en el artículo 14 de
restablecimiento del derecho, pidió que la Ley 100 de 1993, la actualización de
se condenara a la entidad a reconocer y las sumas adeudadas, intereses
pagar dicha prestación. moratorios, cumplimiento de la
sentencia y condena en costas.

FUNDAMENTOS FACTICOS
El señor Gustavo Antonio Colorado En esta oportunidad, el demandante
Corrales, indicó que prestó sus servicios afirmó que prestó servicios como
durante más de 20 años en la docencia docente así: i) desde el 22 de marzo de
oficial y que cumplía los requisitos 1972 hasta el 23 de abril de 1981; y ii)
exigidos por la ley para acceder al desde el 5 de marzo de 2004 hasta el 9
reconocimiento de la pensión gracia. de julio de 2015. Sostuvo que este último
Señaló que elevó petición ante periodo debía computarse como
CAJANAL EICE, la cual fue resuelta territorial, por tratarse de un
desfavorablemente mediante la nombramiento efectuado por el
Resolución 43720 de 2 de septiembre Departamento de Caldas y por efecto del
de 2008. proceso de descentralización educativa.

DECISIONES JUDICIALES
El Tribunal Administrativo de Caldas,
El Juzgado Sexto Administrativo de mediante sentencia de 17 de octubre
Descongestión del Circuito de de 2025, accedió parcialmente a las
Manizales, mediante sentencia de 26 pretensiones de la demanda. Consideró
de mayo de 2011, negó las que no se configuraba cosa juzgada,
pretensiones de la demanda. porque la solicitud de 2016 incorporó
tiempos de servicio no analizados en la
Para ello, valoró la historia laboral del decisión judicial previa, y concluyó que
actor y encontró acreditados los
siguientes periodos: i) como docente de

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Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

plaza nacionalizada en la Escuela el actor acreditaba 20 años, 4 meses y
Rafael Pombo de Belalcázar, desde el 3 días de servicio docente computable.
22 de marzo de 1972 hasta el 31 de julio
de 1975; ii) como docente de plaza
nacionalizada en la Concentración
Escolar Juan XXIII de Manizales, desde
el 1.º de agosto de 1975 hasta el 23 de
abril de 1981; iii) como profesional
universitario, código 3020, grado 04, en
el Centro Experimental Piloto de Caldas,
desde el 24 de abril de 1981 hasta el 4
de junio de 1997; iv) como docente en
provisionalidad en la Institución
Educativa Obispo de Supía, desde el 5
de marzo de 2004 hasta el 7 de
noviembre de 2004; y v) como docente
en provisionalidad en el Colegio San
Víctor de Supía, desde el 8 de
noviembre de 2004 hasta el 23 de julio
de 2010.

Con base en ello, concluyó que, si bien
el actor contaba con más de 50 años de
edad y más de 30 años de servicios en
términos generales, el periodo laborado
como profesional universitario en el
Centro Experimental Piloto de Caldas
correspondía a un cargo administrativo,
sin que se hubiera acreditado el ejercicio
de funciones docentes; por tanto, dicho
lapso no podía computarse para efectos
de la pensión gracia y no se acreditaba
el tiempo de servicio docente exigido
para acceder a la prestación.

45. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

46. En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el
proceso con radicado 17001-33-31-003-2009-00144-00 como en el que hoy ocupa
la atención de la Sala, el señor Gustavo Antonio Colorado Corrales fungió como
demandante. Por su parte, el extremo pasivo estuvo conformado inicialmente por la
extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, cuyas competencias
pensionales fueron asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, entidad
demandada en este proceso. De manera que se encuentra acreditada la identidad
de partes.

47. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada, pues,
si bien se demandaron actos administrativos diferentes, del contraste de los
expedientes en cita se avizora que las pretensiones de las demandas y las
motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas permiten inferir que, en las causas judiciales relacionadas,

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Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

el demandante deprecó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
se negó y se abstuvo de emitir un nuevo pronunciamiento frente al reconocimiento
y pago de la pensión gracia. Asimismo, solicitó, a título de restablecimiento del
derecho, el reconocimiento de dicha prestación con sus respectivos reajustes,
intereses y demás emolumentos, con fundamento en los servicios docentes
prestados en el departamento de Caldas.

48. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa,
ello en tanto los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta de que la aquí
demandante propugnó por la misma causa, esto es, obtener el reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual sostuvo en ambos asuntos que acreditaba los
requisitos de ley, especialmente el cumplimiento de la edad —50 años— y el tiempo
de servicio docente exigido para dicha prestación, relacionando para efectos de esta
última exigencia los periodos laborados en el departamento de Caldas, a saber:

Expediente anterior Expediente bajo estudio
Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Tribunal Administrativo de Caldas
Manizales Rad. 17001-23-33-000-2019-00515-00
Rad. 17001-33-31-003-2009-00144-
00
Tiempos de Servicio
• Docente plaza nacionalizada,
Escuela Rafael Pombo de
Belalcázar: desde el 22 de marzo • Nombramiento en propiedad, plaza
de 1972 hasta el 31 de julio de nacionalizada, Escuela Rafael
1975. Pombo de Belalcázar: desde el 22 de
marzo de 1972 hasta el 31 de julio
• Docente plaza nacionalizada, de 1975.
Concentración Escolar Juan XXIII
de Manizales: desde el 1.º de • Traslado a la Concentración Escolar
agosto de 1975 hasta el 23 de abril Juan XXIII de Manizales: desde el 1.º
de 1981. de agosto de 1975 hasta el 23 de
abril de 1981.
• Profesional universitario, código
3020, grado 04, en el Centro • Nombramiento en provisionalidad
Experimental Piloto de Caldas: como docente en la Institución
desde el 24 de abril de 1981 hasta Educativa Obispo de Supía: desde el
el 4 de junio de 1997. 5 de marzo de 2004 hasta el 7 de
noviembre de 2004.
• Docente en provisionalidad en la
Institución Educativa Obispo de • Traslado al Colegio San Víctor de
Supía: desde el 5 de marzo de Supía: desde el 8 de noviembre de
2004 hasta el 7 de noviembre de 2004 hasta 13 de enero de 2013.
2004.
• Traslado a la Institución Educativa
• Docente en provisionalidad en el Cañamomo y Lomaprieta de Supía:
Colegio San Víctor de Supía: desde desde el 14 de enero de 2013 hasta
el 8 de noviembre de 2004 hasta el el 9 de julio de 2015.
23 de julio de 2010.

49. Cabe destacar que los anteriores tiempos de servicio fueron valorados en su
momento por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de

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Manizales, al resolver el proceso primigenio. En efecto, en dicha oportunidad se
concluyó que el actor no acreditó los 20 años de servicio computables para acceder
a la pensión gracia, toda vez que, el periodo laborado como profesional universitario,
código 3020, grado 04, en el Centro Experimental Piloto de Caldas correspondía a
un cargo administrativo y, por ello, no podía tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la prestación.

50. Ahora bien, en el presente proceso el Tribunal Administrativo de Caldas
consideró que no se configuraba la cosa juzgada, porque la solicitud elevada en el
año 2016 incorporó tiempos de servicio posteriores a los analizados en el proceso
judicial anterior, particularmente los comprendidos entre el 23 de julio de 2010 y el
9 de julio de 2015.

51. No obstante, la Sala advierte que el periodo que la parte actora pretende
computar en esta oportunidad no corresponde a una vinculación autónoma o
distinta, sino a la continuidad del vínculo originado en la Resolución 00135 de 27 de
febrero de 2004, mediante la cual fue nombrado en provisionalidad como docente
en la Institución Educativa Obispo del municipio de Supía. Dicho vínculo fue
expresamente relacionado y valorado en el proceso anterior.

52. En ese sentido, aunque en el presente proceso se afirma que el vínculo
posterior a 2004 debe ser considerado territorial, lo cierto es que no se acredita que
la labor desarrollada durante ese periodo fuera producto de una nueva designación,
que permita diferenciar el periodo posterior al 23 de julio de 2010 de aquel que ya
fue objeto de análisis judicial. Por ello se itera, que se advierte es la prolongación
temporal del mismo vínculo docente, sin solución de continuidad, y respecto del cual
se plantea a través de un nuevo proceso judicial una nueva tesis jurídica sobre su
naturaleza.

53. Dicho de otro modo, el lapso que ahora se presenta como novedoso no
modifica la causa fáctica previamente examinada, pues parte del mismo
nombramiento y de la misma relación laboral analizada en el proceso anterior. La
diferencia radica en que, en esta oportunidad, el actor pretende que el servicio
prestado entre el 5 de marzo de 2004 y el 9 de julio de 2015 sea considerado
territorial; sin embargo, tal planteamiento no altera el origen del vínculo ni convierte
el periodo en uno distinto al ya debatido.
54. Por ello, la discusión planteada en esta oportunidad no recae sobre un hecho
laboral distinto, sino sobre una nueva lectura jurídica de la misma relación de
servicio, ahora sustentada en la naturaleza territorial del vínculo y en el proceso de
descentralización educativa. Esa variación argumentativa no desvirtúa la identidad
de causa, en la medida en que la pretensión continúa apoyada en el mismo vínculo
para completar los 20 años exigidos para acceder a la pensión gracia.
55. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa
juzgada, este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis judicial, pues lo

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establecido en el proceso primigenio conserva inmutabilidad en aras de preservar
la seguridad jurídica.

56. En tal sentido, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, y en su lugar declarará probada de oficio la
excepción de cosa juzgada, tal como se sustentó anteriormente. Por sustracción de
materia no hay lugar a pronunciarse frente al recurso de apelación de la parte actora
relativo a la inclusión de un factor en la liquidación de la prestación, los ajustes de
la condena y la imposición de costas en primera instancia a la entidad.

2.5 Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

60. En el presente caso no hay lugar a condenar en costas dado que, aunque no
prospera el recurso de apelación, de oficio se está declarando probada la excepción
de cosa juzgada.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las suplicas de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.

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Demandante: Gustavo Antonio Colorado Corrales

En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada, conforme
la motivación.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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