Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00090-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00090-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00090-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00090 02 (0215-2026)
Demandante: Alida Campos Méndez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Cosa
Juzgada. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar sentencia y en su lugar declarar probada de
oficio la excepción de cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 24 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. La señora Alida Campos Méndez, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad del Auto ADP 007858 de 15 de junio de 2016, por
medio del cual la UGPP se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo frente a
la petición de reconocimiento y pago de una pensión gracia, al considerar
configurado el fenómeno de la cosa juzgada.
3. A título de restablecimiento del derecho, pretende el reconocimiento y
pago de dicha prestación a partir del 17 de agosto de 2011 y de los reajustes
pensionales previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, así mismo que las
sumas reconocidas sean indexadas conforme al IPC, se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A., y que de no ser así, se
condene al pago de intereses moratorios y de las costas del proceso.
4. Manifestó que nació el 7 de marzo de 1956, razón por la cual cumplió 50
1 Visible en el archivo 026ED_EXP DIGITA_20190090ALIDACAMPOSM.pdf del expediente digital que
reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: Alida Campos Méndez
años el 6 de marzo de 2006; y que prestó servicios como docente de la siguiente
manera:
• Mediante Decreto 583 de 16 de mayo de 1979, suscrito por el gobernador de
Boyacá, fue nombrada como profesora del Colegio Nuestra Señora de
Nazareth de Chiquinquirá, cargo del que tomó posesión el 1.º de marzo de
1979 y en el que laboró hasta el 23 de enero de 1984.
• Como educadora temporal y de tiempo completo en distintos periodos no
continuos comprendidos entre el 12 de abril de 1988 y el 30 de noviembre de
19922, los cuales, según indicó, fueron nacionales y por tanto no computables.
• Mediante Resolución 202 de 1.º de febrero de 1993, proferida por el alcalde
mayor de Bogotá, fue vinculada como docente de tiempo completo en la
planta de personal docente del Distrito Capital, desde el 8 de febrero de 1993
hasta el 20 de abril de 1994.
• A través del Decreto 164 de 30 de marzo de 1994, expedido por el alcalde
mayor de Bogotá, fue nombrada como docente en la planta del Fondo de
Educación Regional, cargo del que tomó posesión el 21 de abril de 1994 y en
el que laboró hasta el 9 de julio de 1996 con vínculo de carácter nacional.
5. Señaló que, si bien la última designación laboral referida era nacional, esta
mutó a distrital con ocasión del proceso de descentralización del servicio
educativo previsto en la Ley 60 de 1993, toda vez que el Distrito Capital de Bogotá
fue certificado para la prestación del servicio de educación mediante Resolución
6144 de 26 de diciembre de 1995, y la Nación – Ministerio de Educación Nacional
entregó la administración de dicho servicio al Distrito Capital mediante acta de 10
de julio de 1996. Por ello, sostuvo que el tiempo servido desde esa fecha y hasta
el 8 de enero de 2016 debía considerarse territorial – distrital y, en consecuencia,
válido para efectos de la pensión gracia.
6. Relató que, con anterioridad CAJANAL negó el reconocimiento de pensión
gracia mediante Resolución 29370 de 2 de julio de 2008, acto que fue
demandado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
mediante sentencia de 18 de octubre de 2012, decisión que fue confirmada por
el Consejo de Estado el 12 de mayo de 2014.
7. Que el 26 de febrero de 2016 presentó una nueva reclamación ante la
UGPP, con fundamento en los tiempos de servicio territorial-distrital, sin incluir
los periodos de carácter nacional. Sin embargo, mediante el Auto ADP 007858
de 15 de junio de 2016, la entidad se abstuvo de emitir un nuevo
pronunciamiento, al considerar que la petición versaba sobre un asunto
previamente decidido en sede judicial.
2 Del 12 de abril de 1988 al 30 de noviembre de 1988; del 23 de enero de 1989 al 30 de noviembre de 1989;
del 22 de enero de 1990 al 30 de noviembre de 1990; del 21 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 1991
y del 20 de enero de 1992 al 30 de noviembre de 1992
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1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53,
151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como las Leyes 39
de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de
1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 715 de 2001; y los Decretos 1743
de 1966 y 2277 de 1979. Explicó que el acto administrativo demandado fue
expedido irregularmente, toda vez que la UGPP se abstuvo de resolver de fondo
la nueva solicitud de reconocimiento pensional, pese a que, a su juicio, al tratarse
de un derecho imprescriptible y de una petición en la que se aducían nuevos
elementos frente al cumplimiento de los requisitos, la entidad debía adelantar el
procedimiento administrativo correspondiente y emitir una decisión motivada.
9. Sostuvo que la UGPP incurrió en falsa motivación al considerar que la
reclamación presentada versaba sobre los mismos hechos y pretensiones que
habían sido objeto de decisión anterior, pues en esta oportunidad pidió que no se
tuvieran en cuenta los tiempos nacionales y que, en cambio, se valorara el
servicio prestado desde el 10 de julio de 1996 como territorial-distrital, por efecto
del proceso de descentralización educativa adelantado en el Distrito Capital.
10. Afirmó que no se configuraba la cosa juzgada, ya que, si bien existía
identidad de partes, no ocurría lo mismo respecto del objeto y la causa petendi,
en tanto la última petición se fundó en el fenómeno de la descentralización de la
educación y en la presunta mutación del vínculo nacional a distrital, aspecto que
no fue analizado en el proceso judicial anterior.
1.4 Contestación de la demanda
11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, consideró que el Auto ADP 007858 de 15 de junio de 2016 fue
expedido conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable, insistiendo en
que operó la cosa juzgada, ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 18 de octubre de 2012, negó las pretensiones
encaminadas al reconocimiento de la prestación, decisión que fue confirmada por
el Consejo de Estado el 12 de mayo de 2014.
12. Afirmó que existía identidad de objeto, causa y partes entre el proceso
anterior y el actual, pues en ambos se pretendía el reconocimiento y pago de la
pensión gracia con fundamento en la historia laboral de la demandante; tramite
en el que ya se había analizado la naturaleza de su vinculación, en particular el
tiempo laborado en la planta del Fondo Educativo Regional, el cual fue
considerado de carácter nacional.
13. En ese orden, la actora no puede promover un nuevo proceso para reabrir
un debate ya definido judicialmente, ni invocar un eventual cambio jurisprudencial
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para desconocer decisiones ejecutoriadas, pues ello afectaría la seguridad
jurídica, el debido proceso, la igualdad y la confianza legítima. Propuso como
excepciones: i) cosa juzgada; ii) presunción de legalidad de los actos
administrativos; iii) inexistencia de la obligación; iv) prescripción; y v) genérica.
1.5 Sentencia de primera instancia3
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia de 24 de julio de 2025, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Argumentó que, si bien en la audiencia inicial
se había declarado probada la excepción de cosa juzgada, el Consejo de Estado,
mediante providencia de 30 de octubre de 2023, confirmó parcialmente esa
decisión respecto de algunos periodos, y ordenó analizar el lapso comprendido
entre el 10 de julio de 1996 y el 8 de enero de 2016, en relación con el proceso
de descentralización de la educación en el Distrito Capital de Bogotá. En ese
contexto, el tribunal centró el estudio en determinar si dicho tiempo podía
calificarse como territorial para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
15. Frente a lo anterior, concluyó que se acreditaba un tiempo servido entre el
1.º de marzo de 1979 y el 22 de enero de 1984, equivalente a 4 años, 10 meses
y 21 días, computable por su naturaleza nacionalizada; seguidamente, estimó
válido para los efectos reclamados, la labor desarrollada entre el 10 de julio de
1996 y el 8 de enero de 2016, equivalente a 19 años, 6 meses y 2 días, al estimar
que, en virtud de la descentralización educativa, dicho vínculo mutó a distrital.
16. Para arribar a esa conclusión frente al último periodo, señaló que mediante
Resolución 6144 de 26 de diciembre de 1995, el Ministerio de Educación
Nacional certificó que el Distrito Capital cumplía los requisitos para asumir la
administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio
educativo; y que el 10 de julio de 1996 se suscribió el acta de entrega
correspondiente entre la Nación y el Distrito Capital.
17. También sostuvo que, si bien algunas certificaciones calificaban la
vinculación de la actora como nacional, el Decreto 164 de 30 de marzo de 1994
permitía concluir que fue nombrada por el alcalde mayor de Bogotá en la planta
del Fondo Educativo Regional, y que la intervención del delegado del Ministerio
de Educación Nacional o el origen de los recursos no determinaban, por sí solos,
la naturaleza nacional del vínculo.
18. Con base en ello, concluyó que la demandante reunió 20 años de servicio
como docente nacionalizado y territorial el 16 de agosto de 2011, razón por la
cual declaró la nulidad del Auto ADP 007858 de 15 de junio de 2016 y ordenó a
la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados entre el 16 de agosto de
2010 y el 15 de agosto de 2011.
3 Visible en el archivo 074Sentenciaquea_SENTENCIA_03201990reconocimien.pdf
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19. Finalmente, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 26 de febrero de 2013, ordenó la
actualización de las sumas adeudadas en los términos del artículo 187 del
CPACA, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
1.6 Recurso de apelación4
20. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso
recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señaló que
la pensión gracia es una prestación excepcional y de interpretación restrictiva,
por lo que solo procede cuando se acreditan plenamente los requisitos de edad,
tiempo de servicio, buena conducta y vinculación territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980.
21. Señaló que el a quo realizó una valoración errada del periodo comprendido
entre el 10 de julio de 1996 y el 8 de enero de 2016, pues, a su juicio, la
descentralización del servicio educativo en el Distrito Capital no implicaba, por sí
sola, la mutación automática de la naturaleza jurídica de la vinculación de la
demandante. Agregó que la expedición del nombramiento por una autoridad
territorial y el proceso de descentralización educativa no eran suficientes para
tener por acreditado el carácter territorial del vínculo, pues, en su criterio, debía
verificarse de manera concreta la plaza ocupada por la demandante.
22. También cuestionó la liquidación ordenada, al considerar que no procedía
incluir todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus
pensional, sino únicamente aquellos autorizados por el régimen aplicable.
Finalmente, sostuvo que el reconocimiento de la pensión gracia, en las
condiciones dispuestas por el a quo, desconocía el principio de legalidad, la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y el precedente jurisprudencial
sobre la materia.
23. Por su parte, la demandante presentó recurso de apelación adhesiva con
el fin de que se adicionara la sentencia. Solicitó que se ordenara el pago de los
reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al considerar que
dicha pretensión fue formulada en la demanda y que el Tribunal omitió
pronunciarse sobre ella desconociendo el principio de congruencia.
24. Asimismo, pidió que se revocara el numeral octavo de la decisión y, en su
lugar, se condenara en costas a la UGPP por haber resultado vencida en el
4 El escrito de la UGPP se encuentra visible en el archivo 077_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION.pdf y el de la parte actora en el archivo 083_MemorialWeb_Respuesta-
APELACIONfavorable.pdf
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proceso. Para sustentar su inconformidad, invocó el artículo 188 del CPACA y
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la procedencia de la condena en
costas bajo un criterio objetivo-valorativo.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
25. Mediante auto de 06 de febrero de 2026, se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes.
26. En el término concedido el agente del Ministerio Público delegado ante
este despacho rindió concepto en el cual solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, al considerar que la señora Alida Campos Méndez no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.
27. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio.
28. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
29. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, ambas
partes presentaron recurso de alzada, cuestionándose la totalidad de la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
31. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la demandante le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia y los reajustes
ordenados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
32. No obstante, la Sala estima necesario previamente analizar la
configuración de la excepción de cosa juzgada.
2.3. Cuestión previa
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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33. En audiencia inicial celebrada el 2 de septiembre de 2020, el tribunal de
instancia declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la UGPP,
en atención a que, en otro proceso, con identidad de objeto, partes y causa, se
profirió sentencia el 12 de mayo de 2014 en el que se negaron las súplicas de la
demanda orientadas al reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de
la señora Alida Campos Méndez.
34. Inconforme con esa decisión la parte actora presentó recurso de apelación
que fue desatado por esta Corporación mediante auto calendado el 30 de octubre
de 2023, en el que se decidió confirmar parcialmente la decisión, siendo
pertinente destacar que se consideró que la cosa juzgada afectaba “al estudio
del tiempo laborado entre el 01 de marzo de 1979 y el 23 de enero de 1984 y del
12 de abril de 1988 al 30 de diciembre de 2006, sin embargo, del lapso
comprendido desde el 10 de julio de 1996 al 8 de enero de 2016, debe realizarse
el análisis sobre el tipo de vinculación ostentado por la actora, teniendo en cuenta
lo argüido específicamente en lo que toca a la descentralización de la educación
para el Distrito Capital de Bogotá desde el 10 de julio de 1996, porque ese
aspecto no ha sido observado en sede judicial.”
35. Así las cosas, debe despejarse si en esta instancia la Subsección puede
decidir de oficio la excepción de cosa juzgada pese a que sobre ella existe
pronunciamiento previo en los términos referidos.
36. Pues bien, Ley 1437 de 2011 y concretamente su artículo 180 original
preveía que las excepciones de cosa juzgada, prescripción extintiva, caducidad,
transacción, conciliación y falta de legitimación en la causa debían decidirse por
el juez o magistrado ponente junto a las denominadas excepciones previas7. Así
pues, antes de entrar a regir las modificaciones introducidas primero por el
Decreto Legislativo 806 de 2020 y luego por la Ley 2080 de 2021, estas
excepciones, aunque no estaban enlistadas como previas en el artículo 100 del
CGP, debían tramitarse de igual forma, lo que mantuvo incluso con la expedición
del decreto proferido en el marco del estado de excepción en el año 2020.
37. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 187 del CPACA le asignó al juez
contencioso administrativo la facultad de decidir sobre las excepciones
propuestas y «sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada». Aunado
a que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, «propuestas o no», sin perjuicio de la no reformatio in
pejus.
38. Se concluye entonces que el Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos al momento de dictar sentencia de segunda instancia deben
decidir no solo las excepciones propuestas por el demandado o las no estudiadas
por el inferior sino también cualquier otra que encuentren probadas, con el límite
7 Numeral, 6, artículo 180, CPACA (antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021).
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de no reformar en perjuicio del apelante único. En consecuencia, la Sala se
encuentra habilitada para pronunciase sobre el particular.
39. Importante destacar que esta Subsección en sentencia de 12 de junio de
8
2025 , resolvió en un asunto similar respecto a la competencia del a quem para
decidir sobre la excepción de cosa juzgada, cuando frente a esta ya se había
emitido un pronunciamiento en primera instancia. Al respecto, con fundamento
en el artículo 167 del CPACA, concluyó que no existía limitación alguna, pues en
segunda instancia se puede decidir de oficio sobre cualquier excepción, con la
limitación de la no reformatio in peius; y se destacó:
“ii) El auto interlocutorio que niega una excepción en primera instancia no hace
tránsito a cosa juzgada pues no da por terminado el proceso. A manera de ejemplo,
extraordinariamente sí tendrían tales efectos los autos que aceptan el desistimiento
de las pretensiones, decretan el desistimiento tácito, terminan el proceso por pago,
aprueban una conciliación o aceptan la transacción total de las pretensiones; en estos
casos, es como dictar sentencia pues el proceso llega a su fin. La doctrina denomina
a esas providencias como «autos interlocutorios con fuerza de sentencia».
iii) El principio de inmutabilidad se predica exclusivamente de las sentencias y de los
autos que tienen dicha fuerza, pues no son revocables ni reformables por el juez que
las pronunció (artículo 285 del CGP); característica que la ley no les ha otorgado a
las demás providencias, menos aun si permiten continuar con el proceso.”
40. Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, se concluye que esta
Subsección está facultada para analizar de oficio la excepción de cosa juzgada
en el presente asunto.
2.4 El fenómeno jurídico de la cosa juzgada9
41. La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza
sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser
debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido
ya fue estudiado, se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al
mismo.
42. En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad
en las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter
de inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.
43. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la
disputa de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma
indefinida, razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan
al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
8 Exp. 20001 23 33 000 2018 00035 01 (0321-2020), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo
9 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del proceso
radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).
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controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.
44. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:
• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea
porque no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley
o habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que
proceden contra las providencias ya ejecutoriadas.
• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció
la facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el término
para interponer los recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de
forma desfavorable.
45. Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:
«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con
todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».
46. La Sección Segunda10 frente a los elementos que configuran la cosa
juzgada, indicó lo siguiente:
«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada.
b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento.
Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la
nueva causa.
c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-
2018-00634-01(5385-2019)
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varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente […]».
47. Por su parte, el artículo 189 del CPACA11 preceptúa los efectos de la cosa
juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en
cuenta lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las
cuales se discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede
a la nulidad solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente
a la causa petendi.
48. En atención a lo que antecede, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, de
causa y objeto. Además, el artículo 189 del CPACA establece que las decisiones
judiciales que declaren la nulidad de los actos administrativos en esta jurisdicción
tendrán fuerza erga omnes, por lo que no es posible que nuevamente sean
sujetas a debate judicial.
2.5 Caso Concreto
49. Pues bien, está demostrado que, con anterioridad, la señora Alida Campos
Méndez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, proceso que fue conocido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado 25000-23-25-
000-2011-01183-00, en el que solicitó la nulidad de la Resolución 29370 de 2
de julio de 2008, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.
50. Dicho proceso resultó adverso a la interesada, como da cuenta la
sentencia de 18 de octubre de 2012 que negó las pretensiones de la demanda,
decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, con fallo de 12 de mayo de 2014, al considerar que la actora no
acreditó los 20 años de servicio computables para acceder a la prestación.
51. Posteriormente, la demandante presentó una nueva solicitud ante la
UGPP, que fue resuelta mediante Auto ADP 007858 de 15 de junio de 2016, y
con el que se negó otra vez la prestación en comento, esta vez por considerar
que se estructuraba la cosa juzgada.
52. La actora, a través del presente medio de control cuestiona la legalidad del
anterior actor, esta vez bajo el argumento de que el vínculo nacional mutó a
11 «Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en
un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de
las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes
solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o
municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.»
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distrital desde el 10 de julio de 1996, con ocasión del proceso de
descentralización educativa en el Distrito Capital.
53. Bajo ese contexto, se procederá a verificar los elementos configurativos
de la cosa juzgada al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual se expondrá el
siguiente cuadro comparativo:
Expediente anterior Expediente actual objeto de estudio
Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Cundinamarca – Sección Segunda –
25000-23-25-000-2011-01183-00 Subsección B
25000-23-42-000-2019-00090-00
SUJETOS PROCESALES
Demandante: Alida Campos Méndez Demandante: Alida Campos Méndez
Demandado: Caja Nacional de Demandado: Unidad Administrativa
Previsión Social - CAJANAL Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
ACTOS ACUSADOS
Resolución 29370 de 2 de julio de Auto ADP 007858 de 15 de junio de
2008, por medio de la cual la Caja 2016, por medio del cual la UGPP se
Nacional de Previsión Social EICE negó abstuvo de emitir pronunciamiento de
el reconocimiento y pago de una fondo frente a una solicitud de
pensión gracia. reconocimiento y pago de pensión
gracia, al considerar que existía
pronunciamiento judicial previo sobre la
prestación reclamada.
PRETENSIONES
Solicitó declarar la nulidad de la Solicitó declarar la nulidad del Auto ADP
Resolución 29370 de 2 de julio de 007858 de 15 de junio de 2016, por
2008, por medio de la cual la Caja medio del cual la UGPP se abstuvo de
Nacional de Previsión Social EICE negó emitir pronunciamiento frente a una
el reconocimiento y pago de la pensión solicitud de reconocimiento y pago de
gracia. A título de restablecimiento del pensión gracia, al considerar que existía
derecho, pidió que se ordenara el decisión judicial previa sobre la
reconocimiento y pago de dicha prestación reclamada. A título de
prestación a partir del 7 de marzo de restablecimiento del derecho, pidió que
2006, en cuantía equivalente al 75% del se ordenara el reconocimiento y pago de
ingreso base de liquidación, con la pensión gracia a partir del 17 de
inclusión de todos los factores salariales agosto de 2011, junto con los reajustes
devengados en el año inmediatamente del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la
anterior a la consolidación del estatus actualización de las sumas adeudadas,
pensional, junto con los reajustes de ley; intereses moratorios, cumplimiento de la
intereses moratorios, y el cumplimiento sentencia y condena en costas.
de la sentencia.
FUNDAMENTOS FACTICOS
Alida Campos Méndez sostuvo que Alida Campos Méndez sostuvo que
nació el 7 de marzo de 1956, por lo que nació el 7 de marzo de 1956, por lo que
cumplió 50 años el 7 de marzo de 2006. cumplió 50 años el 6 de marzo de 2006.
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Afirmó que prestó servicios como En esta oportunidad, afirmó que prestó
docente territorial y nacionalizada, así: i)
servicios así: i) en el departamento de
en el departamento de Boyacá, Boyacá, desde el 1.º de marzo de 1979
mediante nombramiento en propiedad, hasta el 23 de enero de 1984, para un
desde el 1.º de marzo de 1979 hasta el total de 4 años, 10 meses y 23 días; ii)
22 de enero de 1984; ii) en el Distrito en el Distrito Capital, como educadora
Capital de Bogotá, como docente temporal y de tiempo completo, en
temporal de tiempo completo, en periodos comprendidos entre el 12 de
distintos periodos comprendidos entre el abril de 1988 y el 30 de noviembre de
12 de abril de 1988 y el 30 de noviembre 1992, los cuales señaló que, aunque
de 1992; y iii) en el Distrito Capital defueron aportados a la Caja de Previsión
Bogotá, con nombramiento en
del Distrito, fueron certificados como
propiedad efectuado mediante Decreto nacionales y no debían tenerse en
164 de 30 de marzo de 1994, desde el cuenta; iii) en el Distrito Capital,
21 de abril de 1994 hasta el 30 de mediante Resolución 202 de 1.º de
diciembre de 2006. Con fundamento en febrero de 1993, desde el 8 de febrero
esos tiempos, afirmó haber laborado 21 de 1993 hasta el 20 de abril de 1994,
años, 7 meses y 29 días y haber tiempo que también indicó fue certificado
consolidado el estatus pensional el 7 de como nacional; y iv) mediante Decreto
marzo de 2006, fecha en la que cumplió 164 de 30 de marzo de 1994, desde el
50 años de edad. 21 de abril de 1994 hasta el 9 de julio de
1996, con vínculo nacional.
No obstante, sostuvo que ese último
vínculo mutó a distrital desde el 10 de
julio de 1996 hasta el 8 de enero de
2016, por efecto de la descentralización
educativa prevista en la Ley 60 de 1993,
por lo que afirmó haber cumplido 20
años de servicio el 17 de agosto de
2011.
DECISIONES JUDICIALES
El Tribunal Administrativo de En el proceso actual, el Tribunal
Cundinamarca, mediante sentencia de Administrativo de Cundinamarca,
18 de octubre de 2012, negó las Sección Segunda, Subsección B,
pretensiones de la demanda, al mediante sentencia de 24 de julio de
considerar que la actora no acreditó los 2025, accedió parcialmente a las
20 años de servicio exigidos para pretensiones de la demanda. Para ello,
acceder a la pensión gracia. Para ello, tuvo en cuenta el periodo comprendido
tuvo como computable únicamente el entre el 1.º de marzo de 1979 y el 22 de
tiempo servido como docente territorial, enero de 1984, equivalente a 4 años, 10
equivalente a 6 años, 1 mes y 5 días, y meses y 21 días, y el laborado entre el
descartó el tiempo restante —16 años, 9 10 de julio de 1996 y el 8 de enero de
meses y 2 días— por corresponder a 2016, para 19 años, 6 meses y 2 días.
una vinculación de carácter nacional El Tribunal consideró que este último
asociada a la planta del Fondo podía computarse como territorial, al
Educativo Regional. estimar que, en virtud del proceso de
descentralización educativa en el
La decisión fue apelada y el Consejo de Distrito Capital, el vínculo de la
Estado, mediante sentencia de 12 de demandante mutó a distrital. Con base
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mayo de 2014, confirmó la providencia en ello, concluyó que la actora reunió 20
de primera instancia. En esa años de servicio docente nacionalizado
oportunidad, la Corporación relacionó y territorial el 16 de agosto de 2011,
los servicios prestados por la declaró la nulidad del Auto ADP 007858
demandante en Boyacá y en el Distrito de 15 de junio de 2016 y ordenó
Capital de Bogotá, incluidos los periodos reconocer y pagar la pensión gracia, con
temporales comprendidos entre 1988 y efectos fiscales desde el 26 de febrero
1992, el servido como docente de de 2013, por prescripción trienal.
tiempo completo en propiedad entre el 8
de febrero de 1993 y el 21 de abril de
1994, y el laborado en la planta del
Fondo Regional Educativo desde el 21
de abril de 1994 hasta el 30 de
diciembre de 2006. Con base en ello,
concluyó que los tiempos laborados en
Bogotá no podían computarse para la
pensión gracia, por corresponder a una
vinculación de carácter nacional.
54. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:
55. En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el
proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-01183-00 como en el que hoy
ocupa la atención de la Sala, la señora Alida Campos Méndez fungió como
demandante. Por su parte, el extremo pasivo estuvo conformado inicialmente por
la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, cuyas
competencias pensionales fueron asumidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, entidad demandada en este proceso. De manera que se
encuentra acreditada la identidad de partes.
56. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada,
pues, si bien se demandaron actos administrativos diferentes, del contraste de
los expedientes en cita se avizora que las pretensiones de las demandas y la
motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, y el Consejo de Estado permiten inferir que, en las causas
judiciales relacionadas, la demandante deprecó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se negó y se abstuvo de emitir un nuevo
pronunciamiento frente al reconocimiento y pago de la pensión gracia. Asimismo,
solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de dicha
prestación con sus respectivos reajustes, intereses y demás emolumentos, con
fundamento en los servicios docentes prestados en el departamento de Boyacá
y en el Distrito Capital de Bogotá.
57. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa,
ello en tanto los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta de que la aquí
demandante propugnó por la misma causa, esto es, obtener el reconocimiento
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de la pensión gracia, para lo cual sostuvo en ambos asuntos que acreditaba los
requisitos de ley, especialmente el cumplimiento de la edad —50 años— y el
tiempo de servicio docente exigido para dicha prestación, relacionando para
efectos de esta última exigencia los periodos laborados en el departamento de
Boyacá y en el Distrito Capital de Bogotá, a saber:
Expediente anterior Expediente bajo estudio
Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Cundinamarca – Sección Segunda –
Rad. 25000-23-25-000-2011-01183-0 Subsección B
Rad. 25000-23-42-000-2019-00090-00
Tiempos de Servicio
• Boyacá: 1.º de marzo de 1979 a 23
• Boyacá: 1.º de marzo de 1979 a 22
de enero de 1984.
de enero de 1984.
• Distrito Capital: periodos temporales
• Distrito Capital: periodos
entre el 12 de abril de 1988 y el 30 de
temporales entre el 12 de abril de
noviembre de 1992
1988 y el 30 de noviembre de 1992.
• Distrito Capital: Resolución 202 de
• Distrito Capital: docente de tiempo
1993, del 8 de febrero de 1993 al 20
completo en propiedad, del 8 de
de abril de 1994.
febrero de 1993 al 21 de abril de
1994.
• Distrito Capital – FER, Decreto 164
de 1994: del 21 de abril de 1994 al 9
• Distrito Capital – FER, Decreto 164
de julio de 1996; y del 10 de julio de
de 1994: del 21 de abril de 1994 al
1996 al 8 de enero de 2016, según
30 de diciembre de 2006.
la tesis de mutación a distrital.
58. Cabe destacar que los anteriores tiempos de servicio fueron valorados en
su momento por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de
Estado, al resolver el proceso primigenio. En efecto, en dicha oportunidad se
concluyó que la actora no acreditó los 20 años de servicio computables para
acceder a la pensión gracia, toda vez que, si bien contaba con un periodo válido
en el Departamento de Boyacá, los demás tiempos laborados en el Distrito
Capital fueron considerados de carácter nacional y, por ello, no podían tenerse
en cuenta para el reconocimiento de la prestación.
59. Ahora bien, como se expuso en acápite anterior, mediante auto de 30 de
octubre de 2023, el Consejo de Estado confirmó parcialmente la decisión
adoptada por el Tribunal en audiencia inicial celebrada el 2 de septiembre de
2020, en cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los
tiempos comprendidos entre el 1.º de marzo de 1979 y el 23 de enero de 1984,
y entre el 12 de abril de 1988 y el 30 de diciembre de 2006; no obstante, dispuso
que debía analizarse el lapso comprendido entre el 10 de julio de 1996 y el 8 de
enero de 2016, en relación con el proceso de descentralización de la educación
en el Distrito Capital de Bogotá.
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60. En cumplimiento de dicha orden, la Sala advierte que el periodo que la
parte actora pretende computar en esta oportunidad desde el 10 de julio de 1996
no corresponde a una vinculación autónoma o distinta, sino a la continuidad del
vínculo originado en el Decreto 164 de 30 de marzo de 1994, mediante el cual
fue nombrada como docente en la planta del Fondo Educativo Regional. Dicho
vínculo fue expresamente relacionado y valorado en el proceso anterior, en el
que se concluyó que correspondía a una vinculación de carácter nacional.
61. En ese sentido, aunque en el presente proceso se afirma que el vínculo
mutó a distrital por efecto de la descentralización educativa, lo cierto es que no
se acredita que la labor desarrollada durante ese periodo fuera producto de una
nueva designación, que permita diferenciar el periodo posterior al 10 de julio de
1996 de aquel que ya fue objeto de análisis judicial. Por ello se itera, que se
advierte es la prolongación temporal del mismo vínculo docente, sin solución de
continuidad, y respecto del cual se plantea a través de un nuevo proceso judicial
una nueva tesis jurídica sobre su naturaleza.
62. Dicho de otro modo, el lapso que ahora se presenta como novedoso no
modifica la causa fáctica previamente examinada, pues parte del mismo
nombramiento y de la misma relación laboral analizada en el proceso anterior. La
diferencia radica en que, en esta oportunidad, la actora pretende que, desde la
ejecución del proceso de descentralización educativa en el Distrito Capital, ese
servicio deje de ser considerado nacional y adquiera carácter territorial; sin
embargo, tal planteamiento no altera el origen del vínculo ni convierte el periodo
en uno distinto al ya debatido.
63. En efecto, si bien existe un extremo temporal posterior al 30 de diciembre
de 2006 —fecha hasta la cual se estudió la historia laboral en el proceso
anterior—, este no corresponde al origen de una nueva vinculación docente, sino
a la prolongación del mismo vínculo previamente examinado. Por ello, la
discusión planteada en esta oportunidad no recae sobre un hecho laboral distinto,
sino sobre una nueva lectura jurídica de la misma relación de servicio, ahora
sustentada en el proceso de descentralización educativa del Distrito Capital. Esa
variación argumentativa no desvirtúa la identidad de causa, en la medida en que
la pretensión continúa apoyada en el mismo vínculo para completar los 20 años
exigidos para acceder a la pensión gracia.
64. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa
juzgada, este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis judicial, pues
lo establecido en el proceso primigenio conserva inmutabilidad en aras de
preservar la seguridad jurídica.
65. En tal sentido, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar declarará probada
de oficio la excepción de cosa juzgada, tal como se sustentó anteriormente.
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2.5 Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las suplicas de la
demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada,
conforme la motivación.
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante
– parte vencida, en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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