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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00009-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00009-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 34 El cual tiene como fundamento normas internacionales como el Convenio 100 de 1951 de la OIT, que prohíbe la discriminación salarial por factores como el género, la edad, la raza, entre otros, y busca garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito laboral, el cual fue ratificado por Colombia mediante el Decreto 1262 de 1997; así como, el artículo 53 de la Constitución Política y la Ley 1496 de 2011, entre otros. 25 Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025) Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00009-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dos (2) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante : Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada : Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda1

1.1.1 Pretensiones y hechos

El señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del oficio No. 2-2017-002062 del 9 de mayo de 2017,
por medio del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago
de prestaciones sociales y factores salariales, devolución de dineros pagados
por retención en la fuente y aportes al sistema de seguridad social y, el pago
de las indemnizaciones deprecadas.

1
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
5_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004DEMANDAPDF_20240312082200.pdf
2
Demanda presentada el 18 de julio de 2017, como consta en el acta individual de reparto, visible en el expediente
digital- digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
ActaRepartoJuzgado. Aclarándose que en ese momento fue presentada ante los Juzgados Administrativos de
Manizales, correspondiéndole al Juzgado 2 Administrativo, quien por auto del 13 de noviembre de 2019 determinó
que no tenía competencia para conocer de él por factor cuantía y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo de
Caldas; quien avocó el conocimiento a través de providencia del 9 de octubre de 2020.

2

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

A título de restablecimiento del derecho deprecó que, en aplicación del
principio de la realidad sobre las formas, se ordene al Servicio Nacional de
Aprendizaje, en adelante SENA, reconocer la existencia de una relación
laboral desde el mes de octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016.

Asimismo, al pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales que se
hayan generado durante dicho periodo, tales como: primas de servicios, de
vacaciones y de navidad, vacaciones, cesantías y sus intereses, bonificación
por servicios prestados, subsidio familiar, horas extras, recargos nocturnos,
entre otros; así como, el pago de los aportes a la seguridad social,
indemnización moratoria por la no consignación de cesantías o la establecida
en el artículo 65 del CST, devolución de los pagos por retención en la fuente,
pólizas de cumplimiento, indemnización por perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante y daño emergente.

Sumado a lo anterior, solicitó el pago de perjuicios morales, estimados en la
cuantía de Veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes; que
todo lo adeudado sea pagado debidamente indexado, se condene en costas
a la demandada y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

El señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero prestó sus servicios a la entidad
demandada como instructor, desde el mes de octubre de 2011 y hasta
diciembre de 2016, en virtud de Diez (10) contratos de prestación de servicios
suscritos, los cuales se ejecutaron en los municipios de: La Dorada, Samaná,
Victoria, Manzanares, Honda, Marquetalia y Puerto Boyacá.

Durante el tiempo en que ejerció la labor de instructor no le fue pagado por el
SENA ninguna prestación social, ni reconocido horas extras o recargos
dominicales; debiendo adquirir el contratista una póliza de cumplimiento para
poder ejercer la labor.

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Sostiene el actor que, a pesar de haber sido vinculado bajo contrato de
prestación de servicios, realmente se configuró una relación laboral, dado que
se cumplieron los tres requisitos necesarios para ello, esto es, la
subordinación, el pago de una remuneración y la prestación del servicio. El
primer elemento en cita se encuentra satisfecho toda vez que, debía portar
delantal de la entidad, cumplir horarios, cargar en el aplicativo del SENA cada
fin de trimestre las notas de los alumnos y se le ejercía supervisión a su labor
de forma personal y por vía electrónica.

Indica el actor que, elevó petición ante el SENA tendiente al reconocimiento
de la relación laboral y el pago de todas las acreencias laborales, la cual fue
negada a través del acto administrativo acusado.

1.1.2 Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó como infringidos las siguientes normas:

Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 16, 25, 29, 53, 122 y 209.
Ley 1437 de 2011, artículos 137 y 138.

Al desarrollar el concepto de violación manifestó que, el acto acusado
adolece de falsa motivación por cuanto, si bien los contratos suscritos se
enmarcaron en una presunta legalidad, amparados en las disposiciones de la
Ley 80 de 1993, tampoco es menos cierto que, en la ejecución de aquellos
hubo una verdadera relación laboral. Función que fue continua por algo más
de cinco (5) años, rompiéndose así el criterio de eventualidad para ese tipo de
contratación.

Acusa también al acto demandado de haber sido proferido con desviación de
poder, comoquiera que, a pesar que la entidad tiene el deber de proteger los
derechos del demandante, procedió a negar el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de lo pretendido. Con dicho actuar se vulneraron los
derechos a la igualdad y el trabajo.

4

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

1.2 Contestación de la demanda3.

El SENA al contestar la demanda se opuso a las pretensiones incoadas al
considerar que, entre la entidad y el demandante lo que hubo fue un vínculo
contractual, sin que se haya configurado la existencia de la relación laboral
aducida por cuanto no se presentaron en el desarrollo de los contratos
suscritos los tres elementos que son propios de una relación laboral.

Específicamente no hubo subordinación, aclarando que, lo que se presentó
fue una coordinación de funciones, en virtud de la cual el contratista debía
consignar las notas de sus alumnos en el sistema, se le supervisaba el
cumplimiento del desarrollo del contrato, debía usar carne y delantal como
elementos distintivos.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: «prescripción
extintiva trienal y bienal, inexistencia los elementos propios del contrato
realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo o relación laboral,
interrupción contractual, cobro de lo no debido, compensación y la genérica».

1.3 Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia proferida Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas, así:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de prescripción
extintiva, inexistencia de los elementos del contrato realidad, cobro de lo no
debido y la genérica, formuladas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. 2-2017-002062 del 9
de mayo de 2017 expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, de
conformidad con las consideraciones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA y el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero en
virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos en el período del 25
de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016, salvo sus interrupciones.

3
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
13_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_012CONTESTACIONDEMAN_20240312082203.pdf.
4
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 22

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA a liquidar y pagar el valor de las prestaciones
sociales legales a que tiene derecho el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero,
únicamente mientras estuvo vinculado mediante contratos de prestación de
servicios en el período comprendido del 25 de octubre de 2011 al 17 de
diciembre de 2016, de acuerdo a la tabla esbozada en la parte considerativa,
tomando como base para la liquidación, los honorarios que percibía
mensualmente por cada contrato de prestación de servicios, conforme el
siguiente cuadro:

QUINTO: CONDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a tomar,
durante el período comprendido entre el 25 de octubre de 2011 al 17 de
diciembre de 2016, salvo sus interrupciones, el ingreso base de cotización
pensional (IBC) de la parte demandante (los honorarios pactados), mes a mes,
y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, por lo que la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador.

SEXTO: ORDENAR la indexación de las sumas que resulten con base en el
IPC, según lo dispone el artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta las fechas
de causación y pago efectivo de las mismas, aplicando la fórmula pergeñada
en la parte motiva.

SÉPTIMO: DECLARAR que el tiempo laborado por el señor Gustavo Adolfo
Gallego Quintero, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
entre el 25 de octubre de 2011 y el 17 de diciembre de 2016, salvo sus
interrupciones, se debe computar para efectos de la seguridad social integral.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las
consideraciones expuestas (…)”.

Lo anterior al considerar que, conforme al principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, entre el señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero y el
Servicio Nacional de Aprendizaje existió una verdadera relación laboral en el
período del 25 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2016 (salvo sus

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Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

interrupciones), que el SENA pretendió disfrazar a través de contratos de
prestación de servicios.

Precisó el Tribunal que, se acreditaron los tres elementos de la relación
laboral, así: i) prestación personal del servicio, de acuerdo con el objeto
contractual la labor debía ser desarrollada de forma personal por el aquí
demandante, lo cual también fue corroborado con los testimonios
recaudados; ii) remuneración, elemento acreditado también a través de los
contratos donde se pactó el pago de honorarios; iii) subordinación, el
demandante al ejercer la labor debía usar dotación y carné suministrados por
la entidad, cumplir horario de 8 horas diarias y 42 semanales, en virtud de lo
cual tenía dedicación exclusiva a la entidad, estaba sujeto a órdenes
emanadas por el personal del SENA, debía asistir a reuniones donde se
impartían directrices; además, podía ser objeto de llamados de atención,
debiendo pedir permiso en caso de requerir ausentarse; todo lo cual fue
corroborado con los testigos escuchados en el proceso.

El Tribunal, pese a que el abogado de la parte pasiva tachó por sospecha a
los testigos José Mauricio Herrera Castañeda y Juan Camilo Montoya
Ospina, manifestó que aquella no prosperaba; lo anterior por cuanto, el hecho
que aquellos tuvieran demandas con pretensión similar a la que se debate en
este asunto, no les resta credibilidad a sus declaraciones; los testigos, dada
su cercanía con el actor, tenían conocimiento de cómo aquel ejecutaba la
labor y, lo por ellos dichos corrobora el cumplimiento del requisito de la
subordinación.

Sumado a ello, el A-quo indicó que hubo continuidad en la labor y, en la planta
de cargos de la entidad demandada, existía el cargo de instructor el cual tenía
funciones a fines con las establecidas en los contratos suscritos por el actor.

1.4 Recurso de apelación5.

5
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 25

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Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

La parte pasiva, inconforme con la decisión y por intermedio de su apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la decisión
de primera instancia, al considerar que:

Que la relación que unió a las partes fue de naturaleza contractual y no laboral;
en el entendido que no hubo subordinación, sino una coordinación de
actividades. Considerando que, de los testimonios y demás pruebas allegadas
no se logra acreditar la imposición de órdenes, cumplimiento de horario ni
llamados de atención, ante lo cual, se deben desestimar las súplicas de la
demanda.

Adicionalmente, afirma que al demandante por los servicios prestados le fue
pagado honorarios no salario; así como, insiste en que no se acreditó la
subordinación, teniendo en cuenta que los testigos tienen un conocimiento
muy precario de la realidad contractual entre las partes y sus declaraciones
no fueron precisas.

Señala que, en estos eventos el fenómeno de la prescripción se debe
contabilizar de manera independiente para cada contrato y corre desde la
fecha de su terminación; ante lo cual, en este caso el derecho se encuentra
prescrito.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 15 de agosto de 20246, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

El Ministerio Público allegó el concepto respectivo7, pidiendo que se confirme
la sentencia recurrida, comoquiera que se acreditaron los tres elementos
necesarios para que surja una relación laboral, siendo estos, la prestación del
servicio, la remuneración y la subordinación en la labor que como instructor
desarrolló en la entidad demandada el señor Gallego; por tanto, en aplicación al

6
Expediente digital – Samai – índice 4.
7
Expediente digital – Samai – índice 9.

8

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Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

principio de la primacía de la realidad sobre formalidades, se debe reconocer
aquella y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales legales
reclamadas.

La parte actora, de forma extemporánea, se pronunció sobre el recurso
incoado8.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el
Juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron
los tres elementos que configuran la relación laboral, especialmente, el
elemento de la subordinación o, como lo pregona el recurrente lo que hubo
fue una relación contractual. De configurarse dicha relación laboral, deberá
analizarse si se configuró el fenómeno de la prescripción.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Hechos probados;
2.2.3. Análisis del caso concreto; y 2.2.4. Condena de costas.

8
Expediente digital – Samai – índice 11.
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

9

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de
prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3),
dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal
de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente
bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […]
general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral

3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter
laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En
cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento
de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir
órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y
disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado
o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante
de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así
se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados
del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.» -sic-

Entonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto
es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales
a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la
garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas
respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo,
bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas
autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales10; y, para reforzar su tesis, el demandante puede valerse
de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está
encubriendo una auténtica relación laboral11.

10 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
11 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 12 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte
actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la
entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación
de servicios una verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades,
consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En
consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y
jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto13.

2.2.2 Hechos probados.

Conforme las pruebas allegadas al plenario que resultan relevante para
decidir, tenemos que:

El demandante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios
con el SENA14:

Contrato Fecha de inicio /
Término ejecución Objeto
No. terminación
Inicio: 25 de octubre de Prestar servicios profesionales para
2011 desarrollar el componente comercial,
Terminación: 16 de empresarial y de Mercadeo para el
diciembre de 2011 montaje de diez (10) unidades
Contrato
productivas, en el marco del
No. 346 de Un (1) mes y veintidós (22) días.
Programa Jóvenes Rurales
2011
Emprendedores, en el departamento
de Caldas y el municipio de Puerto
Boyacá, por periodos fijos para la
ejecución de los proyectos.
Interrupción 22 días

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
13
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias
identificadas con los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
14
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 29-94 Y ARCHIVO
9_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_008ESCRITOSUBSANACIO_20240312082202.pdf

12

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Prestación de servicios profesionales
Inicio: veinte (20) de de carácter temporal para desarrollar
enero de 2012 el componente empresarial y
comercial, para el montaje de 12
Contrato unidades productivas, en el marco del
No. 069 de Cinco (5) meses y once (11) días Programa Jóvenes Rurales
2012 Terminación: treinta (30) Emprendedores, en el departamento
de junio de 2012. de Caldas y el municipio de Puerto
Boyacá, por un término de cinco (5)
meses y once (11) días de ejecución
de los proyectos.
Interrupción 4 días
Prestar servicios profesionales de
carácter temporal para desarrollar el
componente empresarial y comercial,
Inicio: Nueve (09) de julio
para el montaje de (12) unidades
Contrato de 2012
productivas, en las áreas Pecuaria,
No. 244 de Cinco (5) meses y dos (2) días.
agrícola, agroindustrial, confección y
2012 Terminación: diez (10)
artesanías, en el marco del Programa
dé diciembre del 2012
jóvenes Rurales Emprendedores, en
el departamento de Caldas y el
municipio de Puerto Boyacá.
Interrupción 28 días
Prestar servicios profesionales para
Inicio: 23 de enero de desarrollar la formación y el proyecto
2013 productivo, para el montaje de 24
unidades productivas, en el área 'de
Contrato
Diez (10) meses y veintidós (22) mercadeo y comercialización, en el
No. 242 de
días marco del Programa veintidós
2013 Terminación: 14 de Jóvenes Rurales Emprendedores, en
diciembre de 2013 el área de cubrimiento del centro, por
diez (10) meses y (22) días para la
ejecución de los proyectos.
Interrupción 28 días
Inicio: 20 de enero de Prestar servicios profesionales de
2014 carácter temporal como instructor del
Terminación: 31 de Inicial: Siete (07) meses y doce área de comercialización para crear y
Contrato Agosto de 2014 (12) días. fortalecer unidades de productivas
No. 404 de ADICIÓN No. 1, hasta el Adición No. 1: Dos (2) Meses y rurales sostenibles, mediante
2014 hasta el 20 de noviembre veinte días (20) días acciones de formación y
de 2014 Adición No. 2: trece (13) días fortalecimiento en el marco del
ADICIÓN No. 2, hasta el Programa Jóvenes Rurales
03 de diciembre de 2014 Emprendedores.
Interrupción 33 días
Acta inicio: 26 de enero Prestar servicios profesionales de y
de 2015 apoyo a la gestión del
emprendimiento rural, para crear
administración, y fortalecer unidades
gestión productivas financiera, rurales
INICIAL: Nueve (09) meses y
sostenibles en el(las) área(s), (gestión
Contrato Terminación: 14 de veinte (20) días.
de proyectos, asociatividad,
No. 265 de noviembre de 2015
comercialización, áreas de su
2015 ADICIÓN No. 1: Veintiocho (28)
competencia, realizando acciones
Adición No. 1: hasta el 12 días
ventas, etc, de acuerdo at diseño
de Diciembre de 2015 curricular), y demás de formación y de
acompañamiento a unidades
productivas Emprendedores para el
desarrollo (JRE).
Interrupción 36 días
Acta inicio: 5 de febrero Prestación temporal de servicios
de 2016 profesionales, como instructor, por
período fijo, para la ejecución de
acciones de formación profesional,
Contrato
presenciales o virtuales, en el Centro
No. 491 de Diez (10) meses y doce (12) días
Terminación: Pecuario y Agroempresarial, apoyar el
201615
17 de diciembre de 2016 desarrollo de las actividades de
formación, formulación de proyectos y
diseño dé actividades de aprendizaje,
en el área de Mercadeo.

15
Información tomada del acta parcial No. 001 de 2016 – interventoría, aportada por ambos sujetos procesales; toda
vez que no se aportó copia de este contrato.

13

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Solicitud elevada por el demandante el día 30 de marzo de 2017 ante la Caja
de Compensación Familiar CONFA, solicitando el pago del subsidio de
desempleo, el cual fue resuelto de forma negativa por medio de oficio del 17
de abril de 2017, indicándole que, dada la vinculación a través de contrato de
prestación de servicios que tuvo con el SENA, dicha entidad no estaba en la
obligación de realizar aportes parafiscales a dicha caja y, que como trabajador
independiente pudo haber cotizado para hacerse acreedor a ese beneficio;
sin embargo, no encontraron aportes a su nombre16.

Manual específico de funciones y requisitos expedido por el SENA, para el
cago de instructor, de los centros de formación profesional17.

Resolución No. D00986 DE 2007, Por la cual se adopta el Manual Específico
de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleos públicos de la Planta de Personal del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA18.

Relación de pagos efectuada por el SENA al demandante en algunos meses
del año 2012 a 201619.

Se allegó copia de la historia laboral del actor expedida el 28 de abril de 2021
por Colpensiones en la cual se observa cotizaciones por él realizadas en
calidad de trabajador independiente desde el 1 de febrero de 1995 al 31 de
marzo de 1999, con un total de 178,57 semanas 20 . Obrando también
respuesta de la AFP Colfondos de fecha 28 de junio de 2021, donde informa

16
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 1-9
17
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 102-112
18
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 113-134
19
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 113-134
20
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
46_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_045RESPUESTAREQUERIM_20240312082208.pdf

14

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

que el demandante estuvo afiliado a esa entidad entre el año 2011 a 2016,
como afiliado independiente, aportando la historial laboral respectiva 21.

Obra respuesta emitida el 26 de abril de 2021 por CONFA, mediante la cual
informa que el actor no tiene afiliación con dicha entidad22; así como, por la
EPS Salud Total de fecha 28 de abril de 2021, quien manifiesta que el actor
está afiliado a esa entidad desde el 8 de octubre de 2007 como cotizante 23,
figurándole desde el 2 de febrero de 2010 al 31 de marzo de 2017 cotizaciones
de forma independiente, salvo el mes de abril de 2011 donde figura cotización
por el señor Diergo Tamayo Serna.

El SENA dio respuesta a requerimiento efectuado en el curso del proceso a
través de oficio del 6 de mayo de 2021, mediante el cual informa que, los
instructores de la entidad tienen diversos salarios según la escala salarial que
está divida en grados; además, afirma que nunca ejerció poder disciplinario o
subordinado para con el demandante, quien no tuvo jefes jerárquicos durante
su vinculación contractual. Aporta con su respuesta los certificados de
ingresos y retenciones del actor y manual de funciones del cargo de
instructor24.

En la audiencia llevada a cabo el 18 de mayo de 2021, se tomaron las
declaraciones de los siguientes testigos:

• José Mauricio Herrera Castañeda

El apoderado de la parte pasiva presentó tacha por sospecha contra el testigo;
bajo el argumento que, tenía un proceso también en contra de la entidad con
pretensiones similares; además, el aquí demandante sirvió de testigo en
aquel.

21
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
50_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_049RESPUESTAREQUERIM_20240312082209.pdf
22
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
47_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_046RESPUESTAREQUERIM_202403
23
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
44_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_043RESPUESTAREQUERIM_202403
24
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
45_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_044RESPUESTAREQUERIM_20240312082208.pdf

15

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

El declarante expuso:

Que conoce al demandante porque trabajaron en el mismo centro del SENA, más o
menos desde el año 2011 hasta el 2016; indicó que el actor se desempeñó inicialmente
como instructor en el programa CERN o jóvenes rurales, luego en el año 2016 en el
área de mercadeo.

Sostuvo que el actor tenía que laborar durante 8 horas diarias hasta completar un total
de 160, que debía reportar para el pago, el cual se hacía de forma mensual, el citado
reporte inicialmente se hacía en físico y luego a través de la plataforma SOFIA. Debía
cumplir el horario que le asignaba la entidad, en el cual debía distribuir las 160 horas
mensuales; además, no tenían descanso, no se les pagan prestaciones sociales ni la
seguridad social, la cual debía ser cancelada por cada contratista.

Para desarrollar el objeto del contrato se le asignaba un municipio dentro de la zona de
influencia de la regional, al cual se debía dirigir y, una vez en él, proceder a ubicar los
jóvenes, convocarlos, crear el grupo y luego proceder a capacitarlos, debiendo incluso
que gestionar el lugar donde desarrollaría las capacitaciones; para esos viajes no se
les asignaban viáticos, el contratista debía asumir los gastos.

Aseveró que, los materiales para ejercer la labor eran suministrados por el SENA;
además, tenían que utilizar una bata o camiseta, que cada uno mandaba a
confeccionar, y carné, este si otorgado por la demandada, todo con identificación de la
entidad y debían portarlos durante el ejercicio de su función. Sumado a lo anterior, en
caso de requerir ausentarse debía pedir permiso al coordinador o al supervisor, so pena
que se le hiciera llamados de atención con copia a la hoja de vida o, incluso, no se le
renovara el contrato.

Mensualmente tenía que asistir a unas reuniones donde les daban directrices a seguir
por parte del coordinador académico (Jorge Ariel Torres, Isabel Gallo y otros que no
recuerda el nombre), subdirector y en general por el área administrativa de la entidad;
así como, rendían informes.

• Juan Camilo Montoya

El apoderado de la parte pasiva presentó tacha por sospecha contra el testigo;
bajo el argumento que, tenía un proceso también en contra de la entidad con
pretensiones similares; además, el aquí demandante sirvió de testigo en
aquel.

El declarante expuso:

Que conoció al demandante cuando aquel ingresó en el año 2011 al SENA, momento
para el cual el testigo ya estaba prestando el servicio en la entidad; aseverando que
fueron compañeros de trabajo hasta el año 2016, en que el testigo dejó de prestar sus
servicios. Que ambos trabajaban en el programa de jóvenes rurales emprendedores,
pero en áreas diferentes, el señor Gallego en la parte comercial y el testigo en la parte
técnica.

Explicó que el programa en cita tiene dos componentes de capacitación, un
componente técnico y un componente comercial. Así como, que antes de las
capacitaciones, deben asistir a un programa de formación en donde les informan las

16

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

competencias y sus resultados, los horarios y la temática que se va a manejar en el
ciclo de capacitaciones. La labor era desarrollada de lunes a viernes, 8 horas diarias,
siendo libre el contratista de escoger el horario, esto es, si en la mañana o en la tarde,
incluso en algunos eventos en la noche.

Informó que el accionante se encuentra vinculado a la entidad ya como funcionario de
planta del SENA; adicionalmente, que durante la prestación del servicio como
contratista no ejerció otra labor por cuanto el tiempo no se lo permitía.

Expuso que la labor era ejercida en la zona rural de diversos municipios que tiene
influencia la regional, para el desplazamiento a ellos no se le pagaban viáticos; que en
caso de requerir ausentarse debía pedir permiso, en caso de no hacerlo era sancionado
incluso con la retención del sueldo; que no era posible sustituir el contrato ni enviar a
otra persona a ejercer la labor, además que durante las capacitaciones debía usar el
carné y una bata blanca que los identificaba; no se les reconocía prestaciones sociales
ni vacaciones.

Trámite administrativo

El día 27 de marzo de 2017, por intermedio de apoderado judicial, el
demandante presentó reclamación ante el SENA con miras a obtener el
reconocimiento de la relación laboral por el periodo en que estuvo vinculado
a través de contrato de prestación de servicios, esto es, desde el mes de
octubre de 2011 y hasta diciembre de 2016. Asimismo, deprecó al pago de las
acreencias laborales y prestaciones sociales que se hayan generado durante
dicho periodo, tales como: primas de servicios, de vacaciones y de navidad,
vacaciones, cesantías y sus intereses, bonificación por servicios prestados,
subsidio familiar, horas extras, recargos nocturnos, entre otros; así como, el
pago de los aportes a la seguridad social, indemnización moratoria por la no
consignación de cesantías o la establecida en el artículo 65 del CST,
devolución de los pagos por retención en la fuente, pólizas de cumplimiento,
indemnización por perjuicios materiales y morales25.

La anterior petición fue resuelta de forma negativa por la entidad a través del
oficio No. 2-2017-002062 del 9 de mayo de 2017, en el cual se le indicó que,
el vínculo que unió al peticionario con la entidad fue de contrato de prestación
de servicios, sin que se configuren los elementos de una relación laboral, no
existió cumplimiento de horario impuesto por la entidad, habiendo ejercido la
labor en el tiempo acordado entre las partes; además, establecen que en el

25
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
13_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_012CONTESTACIONDEMAN_20240312082203.pdf; folio 294-342

17

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

en el SENA Centro Pecuario y Agroempresarial no hay funcionario de planta
que ejerza las mismas funciones que realizó el contratista26.

2.2.3. Análisis del caso concreto

Pasa la Sala a resolver el problema jurídico indicado en precedencia, así:

Se recuerda que lo aquí pretendido es el reconocimiento de una relación
laboral encubierta a través de contratos de prestación de servicios y, en
consecuencia, el pago de acreencias laborales. El Tribunal accedió a las
pretensiones parcialmente, decisión con la cual no está conforme la parte
pasiva, quien argumenta que no se acreditaron los requisitos para su
declaración.

En ese orden de ideas, la Sala recuerda que para la configuración de una
relación laboral se deben acreditar tres elementos, siendo estos: i) prestación
personal del servicio, ii) remuneración y, iii) subordinación. Por tanto, se pasa
a analizar cada uno de estos:

En cuanto a la prestación personal del servicio acreditado está que el
demandante prestó sus servicios a través de varios contratos de prestación
de servicios, antes relacionados, desde el 25 de octubre de 2011 hasta el 17
de diciembre de 2016.

Los dos testigos, Juan Camilo Montoya y José Mauricio Herrera Castañeda,
escuchados durante el proceso fueron coincidentes en que era el demandante
el que ejercía la labor, sin poder delegar en ninguna otra persona.

Así las cosas, teniendo en cuenta las declaraciones en mención y la existencia
de los citados contratos, pruebas de las cuales se concluye que las labores
se debían prestar por el aquí demandante, para la Sala está acreditada la
prestación del servicio.

26
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 17001233300020200000900 – índice 17 – archivo
6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_005ANEXOSDEMANDAPDF_20240312082201.pdf; folio 11-24

18

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

En relación con la remuneración, aspecto sobre el cual no hubo controversia
y por tanto, se da por acreditado, tenemos además que en cada contrato se
pactó el pago de unos honorarios de forma mensual, en virtud de la labor
ejecutada, obrando en el plenario comprobantes de consignaciones que
realizó el SENA a favor del demandante por algunos meses de los años 2012
a 2016.

Ahora, respecto a la subordinación o dependencia, se considera
importante indicar que, el SENA fue creado mediante Decreto Ley 118 de
1957 y sus funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a
los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la
ganadería, según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957.

Posteriormente, la Ley 119 de 1994 27 dispuso que el SENA es un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su artículo 2, consiste en «[…]
cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país».

Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en
formar y capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que
cumple en desarrollo de su actividad.

Según lo indicado por los testigos y conforme a las pruebas de los contratos
allegadas, en especial, las funciones en ellos indicados, tenemos que el
demandante ejerció la labor de instructor en el programa jóvenes rurales
emprendedores.

27 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el
Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones».

19

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Dado la labor de instructor desarrollada, se infiere que el contratista no tiene
autonomía pues aquella debe ejercerse conforme al cronograma académico
estipulado por la entidad.

Sumado a ello, los dos testigos escuchados en audiencia fueron coincidentes
en que el servicio se prestaba en un horario de 8 horas días, 160 horas al
mes. Además, el demandante debía usar un carné y una bata durante el
ejercicio de su labor con miras a ser identificado por los aprendices; sumado
a lo anterior, estaba sujeto a instrucciones y órdenes de sus coordinadores,
ante quien debía pedir permiso en caso de requerir ausentarse, so pena de
imposición de sanciones, tales como, retención en el pago de honorarios o no
renovación del contrato siguiente.

Como se expuso en precedencia, la labor del SENA es impartir capacitación.
Para ello, dentro de su planta de personal está el cargo de instructor, el cual,
según el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias
laborales para los empleos de la planta de personal del Sena, contenido en
la Resolución 0986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015) y su
anexo28, desarrolla las siguientes funciones:

“(…)
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las
Políticas Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta
Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza - aprendizaje - evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados
propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en
los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas
curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza - aprendizaje - evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el

28 Extraído de la página virtual del SENA, https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx - https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/MF/manual_de_funciones_y_competencias_laborales_986_07_08_06_2007.zip,
archivo número 20 Instructores.

20

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación
Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las
responsabilidades institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de
acuerdo con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
(…)”29.

Dichas funciones, tienen semejanzas con las desarrolladas por el contratista,
aquí demandante, durante el tiempo en que prestó sus servicios a través de
contrato de prestación de servicios, siendo estas:

En los contratos Nos. 346 de 2011, 244 de 2012, 069 de 2012 y 242 de 2013,
encontramos las siguientes obligaciones contractuales:

i) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas
por el SENA
ii) Ejecutar el contrato con autonomía e independencia desde el punto de vista
técnico y científico, sin perjuicio del cumplimiento que se debe dar al pensum y
los contenidos mínimos de los programas de formación, el calendario académico,
la programación de clases, las estrategias para evitar la deserción, el lugar, los
fines y objetivos misionales, las normas y directrices del SENA Para ello aplicará
las herramientas pedagógicas, criterios de evaluación, adjudicación de
calificaciones, entre otros aspectos que considere necesarios, conducentes y
pertinentes para garantizar la transmisión de sus conocimientos y la adquisición
de competencias por parte de los aprendices, coherentemente con la filosofía
institucional.
iii) Desarrollar las actividades adicionales que como instructor se requieran para la
ejecución del contrato. El contratista se compromete a ajustarse a las políticas de
comunicación del SENA y aplicación de las TIC (Manejar los sitios Web oficiales,
utilizar correctamente los correos electrónicos (revisarlos periódicamente y
contestar requerimientos), velar por la correcta utilización de la imagen
institucional, reportar al área de comunicaciones de la Regional los eventos o
actividades a realizar que requieran divulgación, y participar activamente en las
reuniones citadas por el Centro (Procesos de inducción, Grupos Primarios,
Comités de Evaluación y Seguimiento, entre otros).
iv) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida
ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del
SENA.
v) Permanecer identificado con su carné dentro de las instalaciones del SENA y
dictar las clases con el delantal u overol que le hayan sido asignados por la
Subdirección de Centro, cuando así se requiera.

Del contrato No. 404 de 2014 se destacan las siguientes actividades:

29
Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-
funciones.aspx.

21

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

i) Programar las actividades de formación que den respuesta a la creación de una
unidad productiva rural sostenible de carácter asociativo por proyecto formativo.
ii) Realizar actividades de formación para el fortalecimiento de las capacidades
empresariales de los aprendices del proyecto formativo y para la ejecución y
consolidación de los proyectos productivos.
iii) Elaborar y aplicar el proyecto de formación, guías de aprendizaje, e instrumentos
de evaluación con técnicas didácticas activas para garantizar el cumplimiento de
los resultados de aprendizaje, según formatos establecidos. Realizar el
diagnóstico de las unidades productivas de su área en articulación con el
instructor técnico, el gestor de fortalecimiento y el líder del programa.

En el contrato No. 265 de 201530 le figuran como obligaciones:

i) De la formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de
formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y
actividades establecidas para el programa JRE en el Sistema Integrado de
gestión de Calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del Líder de
Programa JRE de su Centro de formación.
ii) Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de
"formación por proyectos" para formación complementaria especial, de acuerdo
al procedimiento de calidad del programa JRE dentro del proceso "Gestión del
emprendimiento y empresarismo"
iii) Ejecutar los talleres trasversales de apoyo a la generación de emprendimientos
rurales en el marco de las acciones del programa JRE, como mínimo: taller de
fortalecimiento de competencias para la innovación, taller identificación perfil
emprendedor, taller de liderazgo y competencias blandas, taller de educación
financiera, taller de ideación y modelo de negocio CANVAS, taller de gestión
financiera.

Estas obligaciones dan cuenta que, durante el desarrollo de todos los
contratos la labor ejercida por el demandante fue la de instructor, funciones
que denotan una sujeción y dependencia de quien ejerce el empleo,
comoquiera que el demandante no era libre de decidir en qué momento las
ejercía, pues para ello dependía de los horarios y zonas designadas por la
entidad para brindar la capacitación; además, estas son inherentes a la misión
del SENA. Todo ello conlleva a concluir que en estos contratos si se demostró
la subordinación.

Por tanto, concluye la Sala que la entidad demandada utilizó equívocamente
la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada,
por lo que se configura en este caso la relación laboral encubierta, en
aplicación de los principios constitucionales consagrados en los artículos 13 y
53.

30
No se reportan las obligaciones contractuales del contrato No. 491 de 2016, dado que, solo contamos con el acta
de interventoría No. 01 de 2016; sin embargo, se debe precisar que el objeto contractual fue el de prestar servicios
temporales como instructor.

22

Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del
contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y
en el proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto
del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo
contrario se afectan los derechos del trabajador31.

Ahora, en cuanto a la inconformidad del recurrente según la cual, en estos
eventos el fenómeno de la prescripción se debe contabilizar de manera
independiente para cada contrato y corre desde la fecha de su terminación;
ante lo cual, en este caso el derecho se encuentra prescrito; debe indicarse
que:

En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de
agosto de 201632, esta Sección estimó:

«quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro
operario, no regresividad y progresividad» [se resalta].

Ahora bien, en la sentencia del 9 de septiembre de 2021 de la Sección
Segunda de esta Corporación33 se indicó, sobre el término y el momento a
partir del cual debe computarse la prescripción extintiva en los casos donde
exista vinculaciones contractuales consecutivas, que se hace necesario el
examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la
solución de continuidad en la relación laboral declarada. Además, se
estableció un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador

31
Así se expuso, entre otros, en la sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado 41001-23-33-000-2018-00279-01 (6185-
2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, donde se reiteró jurisprudencia sobre la materia.

32 Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
33 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que dicho término constituya una «camisa de
fuerza» para que el juez contencioso, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, determine si se presentó o
no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Acorde con lo anterior, con los contratos allegados y con lo resumido en el
cuadro inserto en el punto i) del acápite “2.2.2. Hechos probados”, se logra
evidenciar que, solo en dos contratos hubo interrupciones considerables de
más de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, esto es, entre el contrato No. 404 de 2014 al No. 265 de 2015 –
interrupción de 33 días – y, del contrato No. 265 de 2015 al No. 491 de 2016 –

interrupción de 36 días-; sin embargo, dichas interrupciones fueron en diciembre

de cada año y hasta enero o febrero del año siguiente, concluyéndose que
ocurrieron durante el periodo de vacaciones académicas de la entidad y
durante el cual se adelanta todo el proceso de la nuevas contrataciones, esto
es, existe una justificación para dicho plazo que excede los 30 días; razón
por la cual, no hubo solución de continuidad y, en consecuencia, el término de
prescripción, contrario a lo expuesto por el recurrente, debe ser contado a
partir de la finalización del último contrato.

Así las cosas, tenemos que el vínculo contractual finalizó el 17 de diciembre
de 2016 y la reclamación administrativa se radicó el 27 de marzo de 2017,
esto es, no se configuró el fenómeno de la prescripción; además, entre la
citada reclamación y la presentación de la demanda, lo cual se hizo el 18 de
julio de 2017, no transcurrieron tampoco los tres años para que surgiera el
fenómeno en cita; en razón de lo expuesto, tal como lo resolvió el Tribunal, no
hay lugar a declarar la prescripción.

Por tanto, se confirmará la sentencia apelada ya que, se insiste, en el sub lite
se probaron los tres elementos configurativos de un contrato realidad,
quedando demostrado que el SENA evadió las obligaciones laborales
respecto del demandante, toda vez que ejerció atribuciones propias de un

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

empleador a través de contratos de prestación de servicios que versaban
sobre funciones ínsitas de la entidad, que, además, no fueron temporales.

Por último, es importante precisar que, en casos similares el criterio de la Sala
es reconocer el restablecimiento del derecho con base en los salarios
devengados por un empleado de planta, en aras de dar aplicación al principio
de “a igual trabajo, igual salario”34. En este caso, el Tribunal ordenó aquel
restablecimiento con base en los honorarios devengados por el demandante;
sin embargo, como este aspecto no fue objeto de apelación y solo recurrió la
entidad demandada no es posible modificar dicha orden, dado el principio de
la non reformatio in pejus.

2.2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Cuarta de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

34 El cual tiene como fundamento normas internacionales como el Convenio 100 de 1951 de la OIT, que prohíbe la
discriminación salarial por factores como el género, la edad, la raza, entre otros, y busca garantizar la igualdad real
y efectiva en el ámbito laboral, el cual fue ratificado por Colombia mediante el Decreto 1262 de 1997; así como, el
artículo 53 de la Constitución Política y la Ley 1496 de 2011, entre otros.

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Radicado: 17001233300020200000901 (1960-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Gallego Quintero
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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