Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00205-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., doce (12) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 17001-23-33-000-2020-00205-01 (5958-2024)1
Demandante : Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de 1985,
(docente vinculada antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003)
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia de Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)2, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda3
1.1.1 Pretensiones
1. La señora Ana Elsa Betancur Sánchez acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 0130-6 del Dieciséis (16)
1
Expediente digital.
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Samai del tribunal de origen, índice 12.
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Samai del tribunal de origen, índice 11
Número Interno: 5958-2024
Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG)
de enero de Dos Mil Veinte (2020), mediante el cual, la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
a favor de la actora.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada «12 de junio
de 2017»; (ii) los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del
poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas; (iii) la inclusión en la
nómina de pensionados; (iv) el pago de las mesadas atrasadas desde el momento
de consolidación del derecho pensional hasta la inclusión de la demandante en la
nómina de pensionados;(v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; (vi) el pago de los intereses moratorios causados de
conformidad con el artículo 192 ibidem y; (vii) se condene en costas a la
demandada.
1.1.2 Hechos
3. La señora Ana Elsa Betancur Sánchez, nacida el 12 de junio de 1962, cuenta en
la actualidad con más de cincuenta y cinco (55) años de edad; efectuó cotizaciones
al sistema pensional ante el extinto Instituto de Seguros Sociales ISS, acumulando
un total de 533,14 semanas, actualmente registradas en la Administradora
Colombiana de Pensiones.
4. En relación con su trayectoria laboral, manifestó que, prestó servicios como
docente vinculada a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas bajo
las siguientes órdenes de prestación de servicios: « i) Autorización N° 80 del 2 de marzo
de 1998, en la Institución Educativa Colegio Andrés Bello; ii) Autorización N° 66 del 22 de enero de
1999, en la Institución Educativa Colegio Andrés Bello; iii) Autorización N° 853 del 12 de junio de
2000, en la Institución Educativa Escuela Ricardo Jaramillo; iv) Autorización N° 526 del 1 de febrero
de 2001, en la Institución Educativa Escuela Ricardo Jaramillo; y v) Autorización N° M-D-22 del 19
de marzo de 2003, en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús de Manizales.»
5. Que, desde el Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004), hasta el Veinte
20 de abril de Dos Mil Cinco (2005), se desempeñó como docente en calidad de
provisional en dicho departamento.
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Número Interno: 5958-2024
Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG)
6. Además, estuvo vinculada como docente provisional del Municipio de Manizales,
así: (i) del Veinte (20) de mayo al trece (13) de diciembre de Dos mil Tres (2003);
(ii) del Trece (13) de febrero al Trece (13) de diciembre de Dos Mil Nueve (2009); y
(iii) del Tres (3) de marzo al Dos (2) de mayo de Dos Mil diez (2010). Luego, fue
nombrada en propiedad en el servicio docente oficial el Dieciocho (18) de Mayo de
Dos mil Diez (2010), cargo que ha venido desempeñando de manera continua.
7. Una vez cumplidos los requisitos de edad (55 años) y tiempo de servicio (20 años
de servicio oficial), solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, el reconocimiento y pago
de la pensión ordinaria de jubilación conforme a lo previsto en la Ley 812 de 2003,
en compatibilidad con el salario por pertenecer al régimen anterior en cuanto a su
pensión de jubilación, la cual, fue negada por medio del acto acusado.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
8. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
Ley 33 de 1985 artículo 1º inciso 2º; Ley 71 de 1988, artículo 7; Ley 91 de 1989,
artículo 15 numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993, artículo 6; Ley 115 de 1993, artículo
115; Ley 100 de 1993, artículo 279; Ley 812 de 2003, artículo 81; Decreto 3752 de
2003, artículo 1 y 2.
9. Se adujo en la demanda que, el acto administrativo demandado no se ajusta a
las disposiciones legales que debían regirla y carece de sustento jurídico, ya que,
de la correcta interpretación normativa y en armonía con el acervo probatorio
recaudado en sede administrativa, la condición particular de la demandante en su
calidad de docente la hace acreedora al reconocimiento de la pensión de jubilación
al cumplir los cincuenta y cinco (55) años de edad, precisando que, para aquellos
vinculados con posterioridad a 1990, se produjo la unificación del régimen
prestacional con el de los demás empleados públicos del orden nacional, situación
que se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
10. En ese orden, el régimen pensional aplicable a los docentes vinculados al
servicio educativo estatal con posterioridad a dicha ley corresponde al previsto en
la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003; Sin embargo, conforme a
la jurisprudencia del Consejo de Estado, debe computarse el tiempo de servicio
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efectivamente prestado, con independencia de la modalidad de vinculación del
docente, para efectos del reconocimiento del derecho pensional.
1.2 Contestación de la demanda4
11. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG, tras oponerse a las pretensiones de la demanda, arguyó
que no resulta jurídicamente procedente aplicar a la demandante las disposiciones
consagradas en la Ley 33 de 1985, en tanto que, para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, aquella no ostentaba la calidad de docente afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ni la de
empleado público, condiciones indispensables para la prosperidad de las
pretensiones formuladas. Sin que se pueda considerar que el reconocimiento de
tiempos de servicio o la eventual declaratoria de existencia de una relación laboral
con el Departamento de Caldas, le confiere la calidad de empleada pública afiliada
al FOMAG, pues, dicha condición únicamente la ostenta desde el 19 de marzo de
2004, fecha a partir de la cual se consolidó su vinculación al servicio docente oficial
en tal calidad.
12. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido
e inaplicabilidad del régimen de Ley 33 de 1985.
1.3 Sentencia de primera instancia5
13. El Tribunal Administrativo de Caldas -Sala Quinta de Decisión-, mediante
sentencia de Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), denegó las
pretensiones del libelo, condenando en costas a la parte actora.
14. Como sustento de su decisión, el tribunal indicó que, no se acreditó la modalidad
de vinculación de la señora Ana Elsa Betancur Sánchez como docente oficial entre
el Veinte (20) de mayo y el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Tres (2003); el
reporte de semanas cotizadas de Colpensiones evidencia aportes en junio de 2003
derivados de un vínculo con la Personería de Manizales; las certificaciones del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no registran afiliación de la
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Ib., archivo: 23.
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Samai del tribunal de origen, índice 24.
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Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
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Magisterio (FOMAG)
actora durante ese año. Asimismo, no obran en el expediente acto de nombramiento
ni acta de posesión que acrediten su condición de servidora pública antes de la Ley
812 de 2003.
15. Encontró probado que, con anterioridad a dicha ley, la vinculación de la
demandante correspondió a autorizaciones, órdenes o contratos de prestación de
servicios como docente, los cuales, si bien computan para tiempo laborado, no son
equiparables a una relación legal y reglamentaria ni generan los derechos propios
de esta; por ello, consideró que solo a partir del Decreto # 00279 del Diecisiete (17)
de marzo de Dos Mil Cuatro (2004) adquirió la calidad de servidora pública, esto es,
con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003. Por tanto, no es beneficiaria
del régimen pensional de la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985.
1.3 Recurso de apelación6
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación, y, sostuvo que, está
acreditado que la señora Betancur Sánchez tiene más de cincuenta y cinco (55)
años de edad y ha laborado durante más de veinte (20) años en el sector docente
oficial. Además, actualmente se desempeña como docente con aportes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en provisionalidad desde 2003 y,
en propiedad desde 2010.
17. Adujo que, la actora tuvo vinculaciones con anterioridad al Veintisiete (27) de
junio de Dos Mil Tres (2003), mediante órdenes de prestación de servicios como
docente oficial, circunstancia que la hace beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 91 de 1989, así las cosas, cumple con los requisitos de edad y
tiempo, por lo que, en aplicación de los principios de favorabilidad, prevalencia del
derecho sustancial (art. 187 CPACA) y protección al trabajador, debe reconocerse
la pensión de jubilación en los términos solicitados.
1.4 Trámite de segunda instancia
18. Por medio de auto del Diecisiete (17) de abril de Dos Mil veintiséis (2026)7, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo
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Ib. índice 15.
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Samai - índice 7.
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247 del CPACA; decretó como prueba de oficio, el aporte de la Resolución No. 274 de
Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Tres (2003), visible a índice 15, archivo 1, páginas 17
a 19 de la herramienta electrónica Samai (actuaciones del tribunal de origen); y negó
el decreto, a instancia de parte, de las pruebas documentales aportadas junto con la
alzada; se corrió traslado de la misma a las partes y al Ministerio Público y se autorizó
a presentar alegatos por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
del auto.
1.5 Alegatos de conclusión en segunda instancia
19. La parte actora en sus alegatos de conclusión8, insistió en la prosperidad de las
pretensiones, para significar que, «Ha laborado por más de 20 años como docente oficial y se
vinculó a la misma por primera vez en el año 1998 hasta el año 2003 a través de autorizaciones y/o
contratos de prestación de servicio, continuó en nombramiento en provisionalidad desde el año 2004
al año 2010 y a la fecha continúa nombrado y activo al servicio de la Docencia Oficial, como se
observa en el certificado de afiliación del FOMAG.»
20. El Ministerio Publico, guardó silencio9.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
2.2 Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿Deben tenerse en cuenta las vinculaciones por contratos u órdenes de prestación
de servicio anteriores a la vigencia de la Ley 812 de 2003 a efectos del
reconocimiento pensional docente?
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Samai - índice 15
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Samai - índice 17
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El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG)
ii) ¿Debe revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda?
iii) ¿La señora Ana Elsa Betancur Sánchez quien se desempeña como docente,
tiene derecho a la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y si resulta
compatible con el sueldo que devenga como educadora?
23. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará si la accionante
tiene derecho a la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen
de transición de la Ley 812 de 2003 o, por el contrario, le asiste el derecho a la
pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, como quiera que, suma tiempos
laborales tanto en el sector público como privado y, si los tiempos laborados
mediante contratos de prestación de servicios pueden ser computados tanto para el
reconocimiento pensional como para acceder a dicho régimen.
24. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos: (2.2.1.) Marco normativo y
jurisprudencial; (2.2.6) Pruebas recaudadas; y 2.3 Caso concreto
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial
2.2.2. Régimen pensional docente
25. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años
de servicio y llegara a 50 años, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación
liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985,
norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos
que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años, liquidada con el 75%
«del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
26. Con el advenimiento de la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, concebido como una cuenta especial de la
Nación, que tiene como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de
los docentes. En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer
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Número Interno: 5958-2024
Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG)
la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional de los docentes afiliados.
27. Ahora bien, en la ley mencionada, se determinó que, a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según
el cual «para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos
de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional». (Subrayado fuera de texto).
28. En ese orden, aunque si bien es cierto que, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que, la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios,
también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación,
y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado11, corresponde al consagrado para el sector
público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en cuenta que, el régimen de seguridad
social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso
mandato del artículo 279 de esta normativa.
29. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que, el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue
a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte,
el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62
de 1985, indica que, la base de liquidación de los aportes estará constituida por la
asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales
y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.
11
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601
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Magisterio (FOMAG)
Y precisa que, en todo caso, «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes.»
30. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993 no varió las condiciones
como se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que,
como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones
fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17
de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el
artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
31. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 «Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario», puesto que, a
través del artículo 8112introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
32. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que, el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio
público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley» ; sin embargo, enseguida
reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de
junio de 2003), deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FOMAG y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».
33. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1° dispuso que, «el
régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones,
en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».
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Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional
3752 de 2003.
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Magisterio (FOMAG)
34. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de
201913, en la cual, estableció que, para definir el régimen pensional que regula el
derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha
de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado
en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]».
35. De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual, ocurrió el 27 de junio del mismo
año14, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde
«al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo»15
36. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…]
68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son
beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley
100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo
81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años. Esto quiere
13
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
14
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
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Magisterio (FOMAG)
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en
cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones
[…]».
37. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Y de
tiempo o semanas: 20 años de servicio con un monto: 75% con un IBL o
componente temporal del último año anterior a la adquisición del derecho a la
pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el
goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o
último año de prestación de servicios, según corresponda.
38. En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito
de tiempo de servicios, según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 y el monto del que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la citada Ley.
39. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de
1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135
de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
2.2.3. Reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988, para docentes
40. Sentado lo anterior, se explica por qué resulta necesario examinar la
aplicabilidad de la Ley 71 de 1988, en materia pensional docente: en la práctica, no
son pocos los educadores que han prestado servicios tanto en el sector público
como en el privado, acumulando aportes en distintos regímenes.
41. De ahí surge el interrogante, pues, aun cuando los docentes están exceptuados
del régimen general por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y cuentan con un
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régimen propio en la Ley 91 de 1989, se discutió si podían acceder a la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
42. Esta discusión adquiere particular relevancia respecto de docentes vinculados
antes de la Ley 812 de 2003, en la medida en que la Ley 71 de 1988, puede resultar
más favorable que la Ley 33 de 1985 cuando no se alcanza el tiempo exigido
exclusivamente en el sector público, pero, sí se completa el requisito al sumar
aportes efectuados en distintos sectores.
43. En efecto, la Ley 71 de 1988 (art. 7) prevé, para la pensión por aportes, los
siguientes requisitos: (i) 55 años si es mujer y 60 años si es varón; (ii) 20 años de
aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión del sector
público y el ISS (hoy Colpensiones); y (iii) una tasa de reemplazo del 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
44. Ahora bien, en relación con el ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de
1994, reglamentario de dicha ley, se establece que, la prestación se liquida con el
75% del salario promedio base para aportes del último año de servicios, con
inclusión de factores conforme a la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales que
reconozcan emolumentos con carácter salarial que sirvan de base para aportes.
45. A su turno, la Ley 62 de 1985 (art. 1), al modificar la Ley 33 de 1985, relacionó
factores tales como asignación básica, gastos de representación, primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno, y,
además, dispuso una regla de cierre: en todo caso, la pensión se liquidará sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
46. A partir de esa norma, se han presentado dos lecturas sobre los factores que
integran el IBL: (i) una interpretación que asume el listado como taxativo,
condicionado a la cotización; y (ii) otra que entiende que no es excluyente, de
manera que, admite otros factores siempre que tengan reconocimiento normativo
como salariales y hayan servido efectivamente de base para cotizaciones.
47. En ese marco, se adoptó la segunda postura, en cuanto integra el contenido
total del artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, bajo el principio de favorabilidad, admite
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la inclusión de factores adicionales reconocidos como salariales por normas
especiales, siempre que se verifique, o se garantice, que sobre ellos se realizaron
los aportes correspondientes.
48. Esta comprensión, además, armoniza con el Acto Legislativo 01 de 2005, en
cuanto prescribe que, para la liquidación de las pensiones, solo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones; y, también,
con pronunciamientos de unificación, como el del 28 de agosto de 2018 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que resaltó como subregla que en el IBL
solo ingresan los factores sobre los que se hicieron aportes.
49. En línea con lo anterior, se puede destacar que, esta Subsección, en
providencia del 30 de enero de 2025, expuso razones por las cuales, la Ley 71 de
1988, se considera aplicable a docentes, entre ellas: la intención legislativa
vinculada a la Ley 91 de 1989; el carácter general de la Ley 71 de 1988, respecto
de servidores públicos; su condición de normativa de «derechos mínimos» en materia
pensional; la inexistencia de un mandato legal, que exija ejercer toda la vida laboral
en docencia pública para acceder a beneficios pensionales; y que la excepción
prevista en la Ley 33 de 1985, no impide que otra norma posterior, como la Ley 71
de 1988, gobierne aspectos pensionales en los términos de la remisión normativa
aplicable.
50. Con todo, se precisó que, la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988, no sustituye, ni
elimina la posibilidad de pensionarse bajo la Ley 33 de 1985, para docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003; antes, constituye una alternativa adicional,
potencialmente favorable para quienes acumulan tiempos en el sector público y
privado.
51. Se concluyó entonces, que, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de
2003, la Ley 71 de 1988, opera como parte del régimen vigente del sector público
nacional al que remite la Ley 91 de 1989, permitiendo una modalidad que exige
55/60 años y 20 años de aportes acumulables; y, en cualquier caso, la pensión se
liquida con el 75% del promedio base de aportes del último año.
52. Sin embargo, es posible advertir, que las consideraciones de la sentencia del
30 de enero de 2025 se refieren a una situación de vinculación previa a la Ley 812
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de 2003; por consiguiente, no pueden leerse como una regla de exclusión absoluta
frente a docentes que iniciaron su vinculación después del 27 de junio de 2003,
dado que, en ciertos supuestos, la Ley 71 de 1988 podría entrar en juego por vía
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando resulte más
favorable.
53. En tal hipótesis, y según la interpretación acogida del artículo 36, en particular
a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, podrían aplicarse
normas anteriores (como la Ley 71) para edad, tiempo y tasa, mas no
necesariamente para el IBL, que se calcularía con base en los artículos 21 y 36
(inciso 3) de la Ley 100 de 1993.
2.2.4. Cómputo de la labor docente ejercida mediante contratos de prestación
de servicios
54. Por otra parte, respecto de los periodos laborados mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que pueden considerarse
para acreditar el ejercicio de la función docente oficial y, por ende, computarse para
efectos pensionales.
55. Ello se apoya, ante todo, en la definición material de la labor docente prevista
en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, que alude al ejercicio de la enseñanza
en planteles oficiales y no oficiales en distintos niveles, lo cual, se centra en la
naturaleza de la actividad, más allá de la forma de vinculación.
56. En ese orden, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el
docente contratado por prestación de servicios desarrolla su labor de forma
personal y bajo directrices propias del servicio público educativo, en términos
análogos al docente vinculado legal y reglamentariamente. De ahí que, en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 201616, se haya resaltado, la
subordinación y la sujeción a reglamentos, calendario académico y órdenes
jerárquicas, lo cual, justifica la protección a la luz de los principios de primacía de
la realidad e igualdad.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
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57. En tal sentido, se ha entendido viable el reconocimiento pensional con inclusión
de tiempos laborados por contratos de prestación de servicios, ya sea cuando se
pretende la declaración de una relación laboral encubierta o, incluso, cuando se
solicita únicamente su cómputo para efectos pensionales, en aplicación de
principios como, la primacía de la realidad, favorabilidad y pro homine. A ese
respecto, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
«se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es viable
cuando se pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el
evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo
la forma contractual»17
58. Ahora bien, la admisión de esos tiempos para efectos pensionales no releva el
deber de recaudo de aportes al sistema. De hecho, el ordenamiento contempla
instrumentos para el pago o cobro de aportes omitidos o insuficientes, y, además,
el Decreto 3752 de 2003 (art. 2) asigna a las entidades territoriales o de previsión a
cargo los trámites de prestaciones causadas antes de la afiliación al FOMAG, con
la responsabilidad correlativa frente a omisiones en el pago de aportes.
59. En consecuencia, para la Ley 812 de 2003, si un docente se vinculó mediante
contrato de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003, se aplica el
régimen anterior, esto será, el previsto en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33
de 1985, o a la ley 71 de 1988, indistintamente de interrupciones posteriores o de
cambios en la modalidad de vinculación.
60. Esta interpretación se sostiene, de una parte, porque la Ley 812 de 2003 no
distinguió modalidades de vinculación y se limitó al criterio temporal de ingreso; y,
de otra, porque, conforme a la sentencia C-555 de 1994, la diferenciación entre
docentes empleados públicos y docentes contratistas no puede conducir al
desconocimiento de derechos irrenunciables cuando realizan la misma actividad en
situaciones idénticas o análogas. En tal virtud, la vinculación inicial anterior a la Ley
812 de 2003, aun bajo contratos de prestación de servicios, no impide la aplicación
del régimen anterior.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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2.2.5. Compatibilidad entre pensión y ejercicio de la docencia oficial
61. En relación con la supuesta incompatibilidad entre pensión y salario docente,
debe reiterarse que, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, prevé expresamente
que, para afiliados al FOMAG, las prestaciones serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración.
62. Además, ese entendimiento ha sido respaldado por disposiciones históricas que
reconocieron la compatibilidad en el ejercicio de la docencia, verbi gratia, el Decreto
224 de 1972 y la Ley 60 de 1993, así como, por el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, interpretado por esta corporación como una salvaguarda de las
disposiciones
63. A ello se le puede sumar, que la única norma que estableció de forma expresa
una incompatibilidad de pensiones, se halla en el art. 45 del Decreto 1278 de 2002,
el cual, y, luego de un análisis constitucional, fue declarado inexequible con
sentencia C-1157 de 2003, en consideración a que el Ejecutivo, no podía suprimir
una excepción configurada por el legislador.
64. En ese contexto, la jurisprudencia ha reiterado que, los maestros oficiales
pueden percibir salario y pensión simultáneamente, tanto si se vincularon antes
como después de la Ley 812 de 2003, dado que, la compatibilidad se reconoce por
razón de la actividad docente oficial y no por la pertenencia a un régimen específico.
65. Con todo, la compatibilidad se encuentra delimitada al ejercicio de la docencia
oficial, precisión que acota el alcance de la excepción frente a la prohibición general
de doble asignación del tesoro público.
66. Por ende, no resultará jurídicamente atendible, condicionar el reconocimiento o
disfrute de la pensión de jubilación del docente a la desvinculación del servicio, en
tanto y en cuanto, la compatibilidad constituye uno de los rasgos característicos del
régimen del magisterio, en los términos en que ha sido desarrollado
normativamente y reiterado en sede jurisprudencial de esta misma subsección
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2.2.6. Pruebas recaudadas18
67. Al plenario se allegó la siguiente prueba documental:
i) Resolución 0130-6 del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veinte (2020) «POR
MEDIO DEL CUAL SE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION DE
JUBILACIÓN.» (acto (administrativo demandado)19, en cuyo cuerpo, se indicó:
«…»
CONSIDERANDO
Que mediante petición radicada bajo el radicado Nº 111-2019-ER -002800 del 13/08/2019 a
la señora ANA ELSA BETANCUR SANCHEZ, identificada con C.C. N° 30.281.634, a través
de apoderado solicita: “El reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, equivalente al
75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de
pensionada, es decir a partir del 12 de junio de 2017”
Manifiesta el peticionario haber estado vinculado al servicio docente con anterioridad a la
entrada en vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por lo cual le resultan aplicables las
disposiciones pensionales vigente con anterioridad al 27 de junio de 2003.
Tenemos que el peticionario se vinculó al servicio docente como afiliados al Fondo Nacional
de prestaciones Sociales del Magisterio a partir del 19/03/2004, en la Institución Educativa El
Carmen Sede Antonio José del municipio de La Dorada, en vigencia del artículo 81 de la Ley
812 de 2003, por lo cual le resulta aplicable el régimen pensional establecido en la Ley 100 de
1993, con excepción de la edad de pensión establecida para hombres y mujeres en 57 años.
Al respecto la entidad fiduciaria encargada de la administración del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ha manifestado:
“SEÑORES SECRETARIA DE EDUCACION EL DOCENTE INGRESA EN VIGENCIA DE LEY
812 DE 2003 POR LO QUE SE DEBE APLICAR EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA
CONSAGRADO EN LA LEY 100 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 9 Y
SUBSIGUIENTES DE LA LEY 797 DE 2003, POR LO QUE SE DEBE APLICAR LO
CONSAGRADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993, HABER CUMPLIDO 57
AÑOS DE EDAD Y HABER COTIZADO 1300 SEMANAS A 2017, PARA EFECTOS DE
LIQUIDACION, SERA CON EL PROMEDIO DE SALARIOS DE LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS
O PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO, ACTUALIZADOS CON EL IPC, Y LO
ANTERIOR DEBE ESTAR PROYECTADO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE
RECONOCIMIENTO, EN CASO DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS SE DEBE NEGAR DE
PLANO EL DERECHO PENSIONAL.”
Como se colige de los certificados aportados al expediente los periodos servidos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no corresponden a servicios
laborados como docente oficial y por ende no se encontraba afiliado al Fomag,
Se encuentra probado que el peticionario ingreso al servicio docente en vigencia del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, el cual establece:
“Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y tendrán los derechos
18
Samai del tribunal de origen, índice 11 y 15 «Expediente digital primera instancia»
19
Samai del tribunal de origen, índice 11, archivo 14. «5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 11»
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pensiona/es del régimen pensiona/ de prima media establecidos en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez
que será de 57 años para hombre y mujeres”» (sic)
ii) Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de la actora, que da cuenta
que nació el 12 de julio de 196220.
iii) Reporte de Colpensiones de las semanas cotizadas dentro del periodo
comprendido entre el veintiuno (21) de febrero de Mil Novecientos setenta y nueve
(1979) al Treinta (30) de junio de Dos Mil Tres (2003) con un total de 533.14
semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.21
iv) Oficio UAF-HV-323 del Veinte (20) de mayo de Dos mil Diecinueve (2019) de la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, por medio del cual, dan
respuesta al «RADICADO 2019PQR5767 de 10/05/2019» en el siguiente tenor:
«Dando respuesta a la solicitud de la referencia y después de revisados nuestros archivos,
sistemas de información y nóminas de pago, adjunto al presente le remitimos en cinco (05)
folios, acumulados de pago extraídos del aplicativo de Cobol, correspondientes a los años
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, laborado por OPS con nuestra Entidad, certificado de historia
laboral como docente provisional desde 19/03/2004 al 05/04/2005 en un (1) folio, certificado
de historia laboral y salarios de los años 2010 al 2019 como docente en propiedad en tres (3)
folios.
Es de anotar que durante el tiempo laborado por reconocimiento por servicios prestados en el
ramo de la educación y sus honorarios se cancelaban mediante resoluciones de pago, en las
cuales se dejaba plasmado el tiempo laborado, la Institución Educativa y el valor a cancelar.
Dichas Resoluciones reposan en el Archivo General del Departamento, lugar donde Usted
20
Samai del tribunal de origen, índice 11, archivo 14. «5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 11»
21
Ibidem.
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puede adelantar su búsqueda. Bajo esta figura no se hacían descuentos y tampoco aportes
para pensión.» 22
v) Al expediente se adosaron las órdenes de prestación de servicios de los años
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así:23
Entidad contratante Ordenes de Prestación Desde Hasta
de servicios
Departamento de Autorización # 80 del 02 02/03/1998 31/12/1998
de marzo de 1998.
Caldas
Departamento de Autorización # 66 del 22 22/01/1999 31/12/1999
de enero de 1999.
Caldas
Departamento de Autorización # 853 del 12 12/06/2000 31/12/2000
de junio del 2000
Caldas
Departamento de Autorización # 526 del 01 01/02/2001 31/12/2001
de febrero de 2001.
Caldas
Departamento de Autorización # 724 del 04 04/02/2002 31/12/2002
de febrero de 2002
Caldas
Departamento de Autorización # MD 22 del 19/03/2003 30/04/2003
Caldas 19 de marzo de 2003
vi) Para certificar el tiempo de servicios y la naturaleza de la vinculación de la
demandante como docente oficial del municipio de Manizales para el año 2003, se
decretó como prueba de oficio, la Resolución No. 274 de Veinte (20) de mayo de Dos
22
Samai del tribunal de origen, índice 11, archivo 14.
23
Samai del tribunal de origen, índice 15.anexos
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Mil Tres (2003), donde se nombró en forma provisional a la señora Betancur Sánchez
para desempeñar las funciones de docente en la Escuela Rural Santa Teresita del
Niño Jesús del municipio de Manizales24; vinculo que perduró hasta el Trece (13) de
diciembre de Dos Mil Tres (2003), según se infiere del certificado de información
laboral GDE-29214, expedido el 18 de julio de 201925 (se incorpora al texto la captura
de pantalla del certificado)
(vii) Mediante comunicación del Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004), la
Gobernación de Caldas Secretaría General del Departamento Unidad de Gestión y
Talento Humano Grupo de Gestión Administrativa, le comunicaron a la demandante
que, mediante Decreto No. 00279 del Diecisiete (17) de Marzo de Dos mil Cuatro
(2004), fue nombrada provisionalmente en el cargo de docente en el Colegio El
Carmen del Municipio de la Dorada, vinculo que duró desde Diecinueve (19) de marzo
de Dos mil Cuatro (2004) hasta el Veinte (20) abril de Dos mil Cinco (2005).26 (se
incorpora al texto la captura de pantalla del certificado)
24
Samai del tribunal de origen, índice 15.
25
Samai del tribunal de origen, índice 11, archivo 14.
26
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(viii) Mediante Resolución 1994 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Diez (2010), la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, nombró a la demandante en
periodo de prueba, como docente de básica primaria.27, efectivo desde el Diecinueve
(19) de mayo de Dos mil Diez (2010), hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de Dos
Mil Diez (2010), como se advierte, en el «FORMATO UNICO PARA LA EXPEDICION DE
CERTIFICADO DE SALARIOS»
(ix) Mediante Resolución 2662 del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Once (2011), la
secretaria de Educación del Departamento de Caldas, nombró a la actora demandante
en propiedad, como docente de básica primaria.28
27
Samai del tribunal de origen, índice 15.
28
Samai del tribunal de origen, índice 15.
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2.3. Análisis del caso concreto
68. La demandante nació el Doce (12) junio de Mil Novecientos Sesenta y Dos
(1962).
69. Conforme a la historia laboral emitida por Colpensiones del Diecinueve (19) de
marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), la demandante cotizó en el sector privado, en
los siguientes periodos:
Periodos
Desde Hasta
21/02/1979 11/05/1979
11/06/1979 29/04/1980
1/07/1980 1/07/1980
31/03/1981 26/01/1986
12/02/1993 30/11/1994
1/01/1995 30/01/1995
1/02/1995 30/11/1995
1/12/1995 31/12/1995
1/02/1996 31/03/1996
1/04/1996 30/04/1996
1/05/1996 30/09/1996
1/10/1996 31/12/1996
1/07/2002 31/07/2002
1/08/2002 31/01/2003
1/03/2003 31/03/2003
1/06/2003 30/06/2003
Total 10 años, 2 meses y 20 días
70. De los certificados obrantes en el plenario, se evidencia que, la parte
demandante acreditó los siguientes tiempos públicos:
Periodos laborados como docente por órdenes
de prestación de servicios
Desde Hasta días
02/03/1998 31/12/1998 304
22/01/1999 31/12/1999 343.
12/06/2000 31/12/2000 202
01/02/2001 31/12/2001 333
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04/02/2002 31/12/2002 331
19/03/2003 30/04/2003 42
Total 4 años, 3
meses y 5
días
Periodos con vinculación laboral Días
certificados con la presentación de la
demanda
Desde Hasta
20/05/2003 13/12/2003 207
19/03/2004 20/04/2005 397
03/03/2010 02/05/2010 60
19/05/201029 31/12/2010 227
01/01/2011 31/12 /2015 1826
01/ 01/2016 11/ 09/ 2016 255
12/09/2016 31/12/2016 111
01/01/ 2017 31/12/ 2017 365
01/01/2018 20/05/2019 505
Total 10 años, 10
meses y 3 días
71. De la información relacionada, se desprende, que la señora Ana Elsa Betancur
Sánchez, en efecto se vinculó al servicio educativo con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, y estuvo vinculada con el ISS, hoy Colpensiones,
circunstancia relevante, para efectos de la determinación del régimen pensional
aplicable, en los términos del artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
72. Tal y como se indicó en precedencia, obran en el expediente, varias órdenes de
prestación de servicios que demuestran que la demandante, inició su ejercicio
docente, desde el Dos (2) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998),
hasta el Treinta (30) de abril de Dos Mil Tres (2003), casi sin interrupciones
significativas, y por periodos contractuales superiores a doscientos (200) días
calendario.
29
A partir del 19/05/2010 hasta el 20/05/2019 el tiempo de servicio docente de la demandante se toma del «FORMATO UNICO
PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE SALARIOS CONSECUTIVO NO. 1858», visible en Samai del tribunal de origen,
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
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73. Mediante Resolución No. 274 de Veinte (20) de mayo de Dos Mil Tres (2003), fue
nombrada en provisionalidad, como docente en la Escuela Rural Santa Teresita del
Niño Jesús del municipio de Manizales, vinculación que, según quedó probado, se
extendió de manera ininterrumpida, hasta el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Tres
(2003). Posteriormente, mediante Decreto No. 00279 del Diecisiete (17) de Marzo de
Dos mil Cuatro (2004), fue nombrada provisionalmente en el cargo de docente en el
Colegio El Carmen del Municipio de la Dorada vinculo que duró del Diecinueve (19)
de marzo de Dos mil Cuatro (2004), hasta el Veinte (20) abril de Dos mil Cinco (2005).
74. Luego, por medio de la Resolución 1994 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Diez
(2010), la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, nombró a la
demandante en periodo de prueba, como docente de básica primaria, efectivo desde
el Diecinueve (19) de mayo de Dos mil Diez (2010), hasta el Treinta y uno (31) de
diciembre de Dos Mil Diez (2010).
75. Por último, a través de la Resolución 2662 del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil
Once (2011), la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, nombró a la
actora en propiedad, como docente de básica primaria; cargo que, continúa ejerciendo
hasta la fecha, según se informa en la demanda.
76. De lo anterior, se puede comprobar que, la demandante, ejerció funciones como
docente, durante un periodo significativo, anterior al 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, circunstancia que, conforme a la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, resulta determinante para la definición
del régimen pensional aplicable, con independencia de la modalidad formal de
vinculación.
77. Ahora bien, conforme los formatos de historia laboral, expedidos por el Fondo
Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y valorados por esta
Sala, se concluye que, la sumatoria de los tiempos de servicio, como docente por
órdenes de prestación de servicios, en provisionalidad y en propiedad, ascendió a
Quince (15) años, Un (1) mes y ocho (8) días, (Periodos certificados con la
presentación de la demanda), equivalentes a 785,47, semanas aproximadamente.
78. De otro lado, se estableció que, la demandante efectuó cotizaciones, al extinto
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en un periodo interrumpido
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comprendido entre el Veintiuno (21) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Nueve
(1979) y el Treinta 30 de junio de Dos mil tres (2003), que arrojó un total de 533,14
semanas. No obstante, se advierte, que, parte de dicho tiempo, coincide con lapsos
en los cuales la actora, se encontraba vinculada como docente oficial,
concretamente en el periodo comprendido entre el Primero (1) de Julio de Dos Mil
Dos (2002) y el Treinta y Uno (31) del julio de Dos Mil Dos (2002) y entre el, Primero
(1) de agosto de Dos Mil Dos (2002) y el Treinta y Uno enero de Dos mil Tres (2003),
los cuales suman un total de 29,42 semanas, razón por la cual, no es jurídicamente
viable computar dichos periodos de manera doble.
79. Ahora bien, se tiene que, una vez computado el tiempo servido como docente
oficial y las semanas reportadas por Colpensiones, se concluye que, el número de
semanas, válidamente computables por aportes al ISS asciende a 503,72 semanas
semanas equivalentes aproximadamente a nueve (9) años, ocho (8) meses y un (1)
día.
80. Del formato único para expedición de certificado de salarios expedido por el
Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG30, se extrae que,
la demandante devengó los siguientes factores salariales así:
• Del 19 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2010
-Prima de Navidad
-Asignación Básica
• Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011
• Prima de Navidad
• Asignación Básica
• Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
• Prima de Navidad
-Asignación Básica
-Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013
• Prima de Navidad
• Asignación Básica
• Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
• Prima de Navidad
• Pirma de servicios
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• Asignación básica
• Bonificación Mensual
• Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015
• Prima de Navidad
• Pirma de servicios
• Asignación básica
• Bonificación Mensual
• Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2016 al 11 de septiembre de 2016
• Pirma de servicios
• Asignación básica
• Bonificación Mensual
• Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017
• Prima de Navidad
• Pirma de servicios
• Asignación básica
• Bonificación Mensual
• Prima de Vacaciones Docentes
• Del 1 de enero de 2018 al 20 de mayo de 2019
• Prima de Navidad
• Pirma de servicios
• Asignación básica
• Bonificación Mensual
-Bonificación Pedagógica
• Prima de Vacaciones Docentes
81. Finalmente, se encuentra demostrado que, el Trece (13) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019), la demandante solicitó el reconocimiento de dicha prestación y
que, mediante la Resolución 0130-6 del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veinte
(2020), la entidad demandada, negó la pensión solicitada, bajo el argumento que
los periodos servidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, no corresponden a servicios laborados como docente oficial y por ende no se
encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, decisión que originó el presente proceso contencioso administrativo.
82. Por su parte, el Tribunal, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar
que, la vinculación de la demandante se efectuó mediante contratos u órdenes de
prestación de servicios como docente, los cuales, aunque computables como
tiempo laborado, no configuran una relación legal y reglamentaria, ni generan los
derechos propios de esta. En consecuencia, solo adquirió la calidad de servidora
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pública a partir del Decreto N.º 00279 del diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro
(2004), esto es, con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003.
2.3 . Caso concreto.
83. En el caso en estudio, la señora Ana Elsa Betancur Sánchez, pretende que, se
declare la nulidad del acto administrativo, mediante el cual, la entidad demandada,
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación y, en ese sentido, se revoque la
sentencia de primera instancia y, se accedan a las pretensiones de la demanda
84. Teniendo en cuenta el acervo probatorio, previamente valorado, el régimen
pensional aplicable a la señora Betancur Sánchez, se determina conforme al artículo
81 de la Ley 812 de 2003, disposición que establece, como único criterio definitorio,
la vinculación al servicio público educativo oficial, con anterioridad al 27 de junio de
2003.
85. En el caso particular, quedó plenamente acreditado a través de las órdenes de
prestación de servicios, y actos de nombramiento, obrantes en el expediente, que
la señora Ana Elsa, se desempeñó como docente en distintos lapsos entre los años
1998 y 2019, lo que resulta suficiente para indicar que, se encuentra amparada, por
el régimen prestacional anterior a la Ley 812 de 2003.
86. Precisado lo anterior, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, norma que exige, para las mujeres,
cincuenta y cinco (55) años y veinte (20) años de aportes acumulados, en cualquier
tiempo, en una o varias entidades de previsión social, incluidas las cotizaciones
efectuadas al Instituto de los Seguros Sociales.
87. En cuanto al requisito temporal, se tiene que, de acuerdo con el resumen de
semanas cotizadas, expedido por Colpensiones, la actora acreditó, inicialmente
533.14, como se refleja con la certificación visible en el número romano iii) del
párrafo 66 de esta providencia, No obstante, al realizar la verificación del reporte de
semanas cotizadas al sistema pensional de la demandante, expedido por
Colpensiones, se evidencio tiempo dobles de cotización. En consecuencia,
únicamente podrán tenerse como válidas y efectivamente acreditadas 503,72
semanas cotizadas ante Colpensiones.
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88. Adicionalmente, de la sumatoria de los tiempos de servicio, como docente por
órdenes de prestación de servicios, en provisionalidad y en propiedad, se advierten,
Quince (15) años, Un (1) mes y ocho (8) días, de tiempo de servicio públicos, que
equivalen a 481,98 semanas.
89. De esta manera, al acumular los periodos de cotización debidamente
acreditados, esto es, 503,72 semanas y 785,47 semanas, para un total de 1.289,19
semanas de cotización (24 años 8 meses y 24 días), por lo que, se constata que la
señora Ana Elsa Betancur Sánchez, supera holgadamente el umbral de veinte (20)
años de aportes, exigido por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, sumado a que,
cumplió el requisito de edad correspondiente, razón por la cual, resulta
jurídicamente procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.
90.En cuanto al requisito de la edad, la demandante nació el Doce (12) de junio de
Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962), por lo tanto, para el Trece (13) de agosto de
Dos Mil Diecinueve (2019), fecha de la reclamación pensional, contaba con 57 años
de edad.
91. Vistas así las cosas, no es de recibo de la Sala, lo dispuesto por el A quo; pues,
se itera, que, para la Ley 812 de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato
de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003, se aplica el régimen
anterior, esto será, el previsto en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985,
o a la Ley 71 de 1988, indistintamente de interrupciones posteriores o de cambios
en la modalidad de vinculación, norma última que gobierna el sub judice.
92. Precisado lo anterior, se tiene entonces que, como la vinculación de la
demandante al servicio docente se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y perduró inclusive hasta la presentación de la demanda, le
resulta aplicable el régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989 para los
docentes oficiales, razón por la cual, su derecho pensional ha de regirse por las
disposiciones legales aplicables a los pensionados del sector público nacional
anterior a la Ley 100 de 1993, entre las cuales se encuentra la Ley 71 de 1988 que
contempló la pensión de jubilación por sumatoria de aportes.
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93. Ahora bien, respecto del ingreso base de liquidación, esta Sala de Subsección31
en referencia a la liquidación de la pensión de jubilación docente por aportes, ha
precisado lo siguiente:
«Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes oficiales con
acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el reconocimiento o reliquidación
de su pensión de jubilación no modifica la posición adoptada por esta Corporación mediante
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, pues es en cuanto al caso de marras que
en esta oportunidad nos remitimos a la mentada norma que complementa el régimen de
pensiones, en el sentido que ésta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por el
trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y privado con el
propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior, en observancia de los requisitos
de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33 de 1985, como en efecto se
consideró en la mentada providencia.
De ello, que el Sistema Integral de Seguridad Social no puede concebirse como un conjunto
de disposiciones normativas aisladas entre sí, pues aquel corresponde a una articulación de
preceptos que atienden la constante transformación de las realidades sociales en las cuales
interactúan sus afiliados. Como en efecto lo consideró la doctrina nacional especializada en la
materia, el doctor Gerardo Arenas Monsalve en cuanto a la aplicación de la Ley 71 de 1988
para aquellos casos en que los trabajadores que se hicieron beneficiarios del régimen de
transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues si bien ésta norma «[…] no
constituye propiamente un régimen anterior; pero su aplicación por transición es válida e
interesa, como se ha señalado con acierto, “a aquellas personas que a la entrada en vigencia
de la Ley 100, después de ésta, no reunían los requisitos para pensionarse con base en la
Ley 33/85 o con el Decreto 758/90, esto es, que no tenían 20 años de servicio público, en el
primer caso, ni quinientas semanas cotizadas al ISS en los últimos veinte años al cumplimiento
de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, en el segundo caso, pero que sumando los
tiempos cotizados en ambos sectores, éstos arrojan no menos de veinte años de aportes
[…]»32.
Aun con esta línea de intelección esbozada, es imperioso aclarar que tal como se contempló
en la providencia aludida, los docentes a quienes les aplica este régimen anterior al 26 de
junio de 2003, se encuentran exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por
mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios del régimen de transición estipulado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tampoco están sometidos a las condiciones que en materia
de ingreso base de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibídem.
En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos educadores
oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación formuló la Ley 100
de 1993, evidentemente el período para la determinación de tal concepto no podría
ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma ejusdem, sino el previsto en la
Ley 33 de 1985, tal como lo dispuso la mentada sentencia de unificación, lo cual,
además es concordante con las disposiciones de la materia previstas por la Ley 71
de 1988 (en este caso particular de pensión por acumulación de aportes privados y
públicos).»
94. Conforme a lo anterior, el periodo que debe tenerse en cuenta para calcular el
IBL de la pensión por aportes docente, corresponde al año inmediatamente anterior
31
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda Subsección A- Consejero ponente: William
Hernández Gómez - sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) - radicación número: 25000 -23- 42-
000-2013-06853-01(4391-14)
32
Gerardo Arenas Monsalve . El régimen de transición pensional. En: derecho colombiano de la seguridad social, p. 293
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a la adquisición del estatus jurídico pensional por la condición especial de los
educadores estatales de percibir dos asignaciones del tesoro público (sueldo y
mesada pensional), conforme al artículo 19, literal g) de la Ley 4 de 1992, por lo
que, no es necesario demostrar el retiro del servicio para hacer efectiva la prestación
pensional, tal como ya lo ha considerado esta Sala en anteriores
pronunciamientos33.
95. Así las cosas, se advierte que, la demandante adquirió el estatus de pensionada
el Doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), tras cumplir la edad de 55 años,
en ese orden, se debe tener en cuenta el período correspondiente a las cotizaciones
realizadas en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional, ya que, se encuentra probado en el proceso que para dicha época ya
superaba los 20 años de servicio, condición que se cumplió dentro del intervalo
laboral del 01/01/2011 al 31/12/2015, concretamente el Ocho (8) de diciembre de
Dos Mil Trece (2013).
96. En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta, el Decreto 2709 de 1994
(regulatorio del artículo 7 de la Ley 71 de 1988), establece en su artículo 6º:
«Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas
en la ley.»
97. Por otro lado, en la sentencia aludida, esta Sala de Subsección34 frente a los
factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de la pensión por aportes
docente, estableció lo siguiente:
« […] Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los maestros
oficiales con acumulación de cotizaciones del sector público y privado, debe señalarse
que éstos efectivamente corresponden únicamente a aquellos sobre los cuales se
hayan efectuado los descuentos respectivos y que se encuentren enlistados
específicamente en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. Por lo tanto, no se puede
incluir ningún factor diferente a éstos, puesto que tal presupuesto fue objeto de
definición de regla jurisprudencial de manera general en la sentencia de unificación
objeto de estudio para este tipo de servidores, sin que por el hecho de consolidarse
este caso en una pensión por aportes o por la condición de educadores ello pueda
33
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda - Subsección A- consejero ponente : Gabriel
Valbuena Hernández - sentencia del veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) - radicado: 25000-23-42-000-2016-
01145-01 (2045-2018).
34
Ibidem
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variar para contabilizar todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen
percibido»
98. Conforme a lo expuesto, según la mentada jurisprudencia de unificación, los
factores salariales que se deben incluir en la liquidación son únicamente aquellos
que se encuentran descritos en la Ley 62 de 1985, y sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones en el año anterior al Doce (12) de junio de dos mil diecisiete
(2017).
2.3.1. Prescripción
99. Habida cuenta que se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación deprecada por la parte activa, resulta indispensable verificar la ocurrencia
o no del fenómeno prescriptivo sobre las mesadas adeudadas.
100. El artículo 41 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968 estableció el plazo
de tres años para que prescriban las acciones que emanan de los derechos que el
decreto consagró, es decir, que el término se cuenta a partir de la fecha en que la
obligación respectiva se hace exigible, la misma disposición indica que la simple
reclamación que se presente por escrito por parte del trabajador o empleado a la
autoridad que tenga la competencia para reconocer el derecho o la prestación
interrumpe la prescripción, pero, solo por un lapso igual, esto es, por 3 años.
101. El artículo en mención fue reglamentado a través del Decreto 1848 de 1969,
que en su artículo 102, dispuso lo siguiente: «Artículo 102.- Prescripción de acciones. Las
acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
solo por un lapso igual.»
102. De las normas mencionadas, se colige que, la ley señaló un término para
reclamar los derechos ante las autoridades competentes, el cual, no puede ser
superior a tres años, y que se cuentan a partir de la fecha en que la obligación se
hace exigible y se interrumpe con la reclamación presentada ante la autoridad con
competencia para reconocer el derecho, por una sola vez. Es decir que, una vez
presentada la petición ante la administración esta interrumpe la prescripción y a
partir de ese momento, cuenta con tres años para su reclamación en sede judicial,
31
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al cabo de los cuales, su inactividad implicará la extinción de su derecho, y, por
ende, no será posible acceder al restablecimiento del mismo.
103. En el presente asunto, la demandante adquirió el estatus de pensionada el
Doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), presentó solicitud de reconocimiento
pensional ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG
el 13 de agosto de 201935, la cual, fue resuelta negativamente mediante la
Resolución 0130-6 del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veinte (2020), y, presentó
la demanda ante esta jurisdicción el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil (2020)36, razón
por la cual, en la presente oportunidad no se configuró el fenómeno de la
prescripción de mesadas.
104. Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia que negó las pretensiones
de la demanda, y en consecuencia, se anulará la Resolución 0130-6 del Dieciséis
(16) de enero de Dos Mil Veinte (2020), mediante el cual, la Secretaría de Educación
del Departamento de Caldas negó la pensión de jubilación a favor de la actora, y se
ordenará su reconocimiento a partir del Doce (12) de junio de dos mil diecisiete
(2017), con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el
año de servicios anterior a esa fecha, con la inclusión de los factores salariales
descritos en la Ley 62 de 1985 y todos aquellos que la norma señale como factor
salarial para los docentes. Lo anterior, por la condición especial de los educadores
estatales de percibir dos asignaciones del tesoro público (sueldo y mesada
pensional), conforme al artículo 19, literal g) de la Ley 4 de 1992, tal como ya lo ha
considerado esta Sala en anteriores pronunciamientos37
105. Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con
la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe
aplicar la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh. índice final
35 Samai del tribunal de origen, índice 11
36 Samai del tribunal de origen, índice 01
37 Consejo de Estado - Sala de lo Contencios o Administrativo -Sección Segunda - Subsección A- consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández - sentencia del veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) - radicado: 25000-23-42-000-2016-
01145-01 (2045-2018).
32
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Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
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índice inicial
106. Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse, mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de
la causación de cada uno de ellos.
Condena en costas
107. El criterio mayoritario de esta Sala acerca de la procedencia de condena en
costas y agencias en derecho, se orienta a establecer que, ésta solo se da si se
encuentran reunidos los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso.
108. En el caso de autos, no evidencia la Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente
la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, se revocarán las impuestas en
primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR integralmente la sentencia del Veintitrés (23) de Agosto de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso
instaurado por la señora Ana Elsa Betancur Sánchez contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
• (FOMAG), por las razones expuestas en la parte motiva; en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 0130-6 del Dieciséis (16) de
enero de Dos Mil Veinte (2020), mediante el cual, la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas, negó la pensión de jubilación a la demandante.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación
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Demandante: Ana Elsa Betancur Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG)
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y
pagar a favor de la señora Ana Elsa Betancur Sánchez, una pensión de jubilación
equivalente al 75 % del promedio de la asignación mensual básica, sobre la cual
aquella cotizó durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico
respectivo, ello, con efectividad desde el Doce (12) de junio de dos mil diecisiete
(2017) y en adelante las mesadas que se causen.
CUARTO: La entidad accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el
artículo 192 del CPACA.
QUINTO: REVOCAR la condena en costas efectuada en primera instancia. Sin
costas en ésta.
SEXTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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