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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00007-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR el numeral «Primero» de la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia. Tercero. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Cuarto. Reconocer personería jurídica al abogado Héctor Jaime Giraldo Duque identificado con la cédula de ciudadanía 9.870.052 y la tarjeta profesional 142.328 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a La Previsora S.A, según poder visible a índice 17. Quinto. Aceptar la renuncia al poder para representar a Seguros del Estado S.A. presentada por la abogada Lina Marcela Gabelo Velásquez, identificada con la cédula de ciudadanía 1.053.784.680 y la tarjeta profesional 210.292 del Consejo Superior de la Judicatura, según documento visible a índice 18. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00007-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00007-01 (5904-2024)
Demandante: David Herrera Trejos
Demandado: Departamento de Caldas

Terceros: Seguros Allianz Seguros S.A., Axa Colpatria Seguros S.A.,
La Previsora S.A., Liberty Seguros y Seguros del Estado.

Temas: Desvinculación del servicio por cumplimiento de la edad de retiro
Forzoso. Reintegro, pago de salarios y prestaciones. Presunción
de legalidad. Caducidad. Fuente del daño en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. REVOCA
CADUCIDAD Y NIEGA PRETENSIONES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de caducidad y condenó en costas.

ANTECEDENTES

El señor David Herrera Trejos instauró demanda en contra del Departamento de
Caldas, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019 «por
medio de la cual se niega una solicitud de pagos de acreencias laborales» y, a título
de restablecimiento del derecho, el pago debidamente indexado de los salarios,
cesantías (con intereses y sanción por mora), primas, vacaciones, dotaciones,
cotizaciones al sistema de seguridad social integral, dejados de percibir desde el 19

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de abril de 2016 y hasta el 18 de abril de 2018. Además, que se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Afirmó que se desempeñó como celador, grado 2, al servicio del Departamento de
Caldas en la institución educativa Escuela Normal Superior Rebeca Sierra del
municipio de Anserma, desde el 24 de junio de 1992 y hasta que fue retirado del
servicio en virtud del cumplimiento de la edad de retiro forzoso mediante Resolución
3182-6 del 19 de abril de 2016.

Que, para proteger sus derechos fundamentales, presentó acción de tutela, que fue
declarada improcedente por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Manizales y confirmada por el Tribunal de Caldas; sin embargo, la Corte
Constitucional revisó el asunto y mediante sentencia T-360 de 2017 concedió el
amparo al mínimo vital y ordenó al Departamento el reintegro a un cargo igual o
similar al que ocupaba.

Que reclamó a la demandada para que le fueran reconocidos y pagados los
emolumentos dejados de percibir entre su retiro y posterior reintegro, pero la
solicitud fue negada a través de la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019,
notificada el 26 del mismo mes y año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Sostuvo que los actos demandados vulneran los artículos 2, 5, 6, 25 y 53 de la
Constitución Política; 41 (literal g) de la Ley 909 de 2004; 12 de la Ley 4 de 1992;
42 del Decreto Ley 1042 de 1978 y el Decreto 1919 de 2002. Argumentó que con la
expedición del acto demandado la entidad desatendió el principio de favorabilidad
y, aunque desvincular a un empleado por incurrir en la edad de retiro forzoso es una
actuación legal y constitucional, esto demanda verificar que no goce de una
protección especial de origen constitucional.

Que se violó el derecho al debido proceso porque no tuvo oportunidad de presentar
descargos ni se emitió concepto de la «comisión de personal». Expresó que tenía
derecho al reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir desde su retiro
y hasta la fecha de reintegro en virtud de la orden impartida por la Corte
Constitucional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 5 de mayo de 2021 se admitió la demanda. La entidad se opuso a las
pretensiones y expresó que la providencia de la Corte Constitucional ordenó
exclusivamente el «reintegro» y no se pronunció sobre los derechos patrimoniales
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invocados. Que la Resolución 3182-6 conserva su presunción de legalidad y la
Resolución 4974-6 no causó ningún perjuicio, pues se limitó a resolver un derecho
de petición que no tenía soporte normativo. Afirmó que, aunque el último es el acto
demandado, el concepto de violación se refiere al primero, al acto de retiro del
servicio. Excepcionó «legalidad del acto administrativo», buena fe, cobro de lo no
debido y prescripción.

Llamó en garantía a Axa Colpatria Seguros S.A., Seguros del Estado S.A., Allianz
Seguros S.A., La Previsora S.A. y Liberty Seguros S.A. Los llamamientos fueron
admitidos el 6 de abril de 2022 y, en general, consideraron que no se esgrimió
ningún cargo en contra del acto demandado, sino que se argumentó desde la
perspectiva del retiro del servicio (que se presume válido), que la actuación fue
legal, existe cosa juzgada en virtud de la sentencia de constitucionalidad y allí no se
ordenó ningún resarcimiento económico.

El 31 de octubre de realizó audiencia inicial, se fijó el litigio, se decretaron pruebas
y se fijó fecha para su práctica, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2023, instancia
en la que se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En sentencia del 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas, de
oficio, declaró probada la excepción de caducidad y condenó en costas a la parte
demandante. Consideró que, de los móviles de la demanda, es imposible estudiar
algún aspecto de la legalidad de la Resolución 4974-6 de 2019 sin remitirse al acto
de retiro del servicio. Es decir, que el análisis jurídico para el reconocimiento de
salarios y prestaciones por el período reclamado «no puede desligarse» del estudio
sobre la legalidad de la Resolución 3182-6 del 19 de abril de 2016.

Que la decisión de la Corte se circunscribe a la verificación y garantía de derechos
fundamentales, pero no declaró la nulidad del acto de retiro. Concluyó que, para
acceder a lo pedido, debió demandar las Resoluciones 3182-6 y 4266-6 de 2016;
pero, como ambas fueron notificadas en el 2016 y la demanda se presentó el 18 de
enero de 2021, entonces ha operado ostensiblemente el fenómeno jurídico de la
caducidad, que correspondía a un término de 4 meses. Por lo anterior, sostuvo que
no era necesario pronunciarse sobre los llamamientos en garantía.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación. Expresó que la demanda no
se fundamenta en el retiro del servicio a través de la Resolución 3182-6 del 19 de
abril de 2016; sino en el reintegro efectuado mediante Resolución 3315-6 del 16 de
abril de 2018, que supone «una situación laboral sin solución de continuidad» y el
correspondiente pago de los salarios dejados de percibir.

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Que, con la orden de reintegro «[…] queda fuera del ámbito legal la Resolución que
en principio lo hubiera retirado de su cargo» y, como no existe, no podía ser
demandada. En otras palabras, que aquella orden restableció el derecho al «anular»
implícitamente el acto de retiro respecto del cual existe cosa juzgada en virtud de la
providencia de la Corte Constitucional.

Que solo era posible reclamar los derechos laborales reivindicados con el reintegro
a partir de aquel, efectuado el 16 de abril de 2018 y que fueron oportunamente
reclamados y negados por la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019, hipótesis
según la cual no ha operado ni la prescripción ni la caducidad.

Enfatizó en que la Resolución demandada era la 4974-6 del 20 de agosto de 2019
y no otro acto administrativo, y que la presentación de acciones constitucionales no
cercena la oportunidad de acceder al reclamo de derechos por la vía ordinaria, en
este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 5 de noviembre de 2024 y se dispuso que
una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados.

Seguros del Estado S.A. solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.
Insistió en que la entidad cumplió la sentencia de tutela proferida por la Corte
Constitucional; sin embargo, esta no alteró la presunción de legalidad inherente al
acto administrativo de retiro, el cual debió ser demandado y declarado nulo
oportunamente para dar lugar al restablecimiento de un derecho.

Las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público solicitó que se confirme la decisión. Expresó que, si se realiza
el cómputo a partir del acto demandado, este es, la Resolución 4974-6 del 20 de
agosto de 2019, lo cierto es que operó el fenómeno jurídico de la caducidad, porque
entre la fecha en que se declaró fallida la conciliación prejudicial (10 de febrero de
2020) y la presentación de la demanda (18 de enero de 2021) transcurrieron más
de 11 meses.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si en el
presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad y, de no ser así, deberá
estudiarse la legalidad de la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019 «por
medio de la cual se niega una solicitud de pagos de acreencias laborales» y el
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consecuente restablecimiento del derecho en relación con los salarios y
prestaciones dejados de percibir por el demandante durante el tiempo que fue
desvinculado de la entidad y hasta el correspondiente reintegro.

Marco normativo y jurisprudencial

Presunción de legalidad de los actos administrativos

La presunción de legalidad, también denominada, de legitimidad, de validez o
juridicidad, es una característica o cualidad atribuida a los actos administrativos,
según la cual, se presupone que estos son expedidos en estricto sometimiento de
las normas vigentes. Para Dromi, «[...] es la suposición de que el acto fue emitido
conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico»1.

El efecto principal de dicha presunción es la inalterabilidad de la validez de los actos
hasta que no exista un pronunciamiento anulatorio que emane de autoridad judicial
competente, así como su obligatoriedad. Tomás-Ramón Fernández y Eduardo
García de Enterría lo explican en los siguientes términos:

«Se trata de una técnica formal para imponer el inmediato cumplimiento
de las decisiones administrativas, consagrando una capacidad de autotutela
de la Administración y dispensándola de la necesidad de obtenerla de los
Tribunales, pero sin que ello suponga excluir la eventual intervención de éstos.
Concretamente la “presunción de legalidad” del acto opera en tanto que los
interesados no la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante
las vías de los recursos disponibles y justificar que el acto, en realidad, no
se ajusta a derecho» (énfasis fuera de texto)2.

Se comprende como una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en
contrario y que, más que un medio de prueba, invierte la carga de la prueba3. Lo
cierto es que, sin entrar a considerar si la presunción de legalidad se inserta o no
en una lógica probatoria, pues no se adapta a la estructura básica de las
presunciones en la acepción procesal del término (hecho base, hecho presunto y
juicio de probabilidad), sí es claro que impone una carga argumentativa relevante
para quien discute la legalidad de los actos administrativos, pues debe demostrar
lógicamente la contradicción del acto con el ordenamiento o el desconocimiento de
las reglas que orientan su expedición.

Similar a la presunción de inocencia, quien alega la nulidad está obligado a
demostrar con argumentos de hecho y, especialmente, de derecho, la existencia de
un vicio invalidante del acto administrativo, de conformidad con las causales de
nulidad que prevé el CPACA. Esto implica identificar las disposiciones vulneradas y
las razones de la transgresión, pues no basta con la enunciación genérica de las

1 Dromi, Roberto. Derecho administrativo. 5ª ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996. p. 225.
2 García de Enterría, Eduardo & Fernández, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 6ª ed. Madrid:

Editorial Civitas, S.A., 1993. p. 490.
3 Dromi. Op. Cit., p. 226.

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normas que se estiman ignoradas. Los cargos presentados por el demandante son
el límite que debe observar el juez en su pronunciamiento, quien no está habilitado
para declarar la nulidad de un acto oficiosamente.

Como lo ha sugerido la Corte Constitucional, la presunción de validez garantiza la
capacidad de respuesta del Estado para la satisfacción de las necesidades urgentes
de la comunidad, lo que difícilmente se cumpliría si la legalidad de cada acto
expedido pudiese ser cuestionada e inaplicada previo a pronunciamiento judicial4.
En sentido similar, Jorge Héctor Escola propone:

«Por nuestra parte, pensamos que el verdadero y real fundamento de esa
presunción reside en la existencia del interés público que está ínsito en todo
acto administrativo y para cuya consecución éstos son dictados. Es ese interés
público el que explica satisfactoriamente y justifica la presencia de un privilegio
tan especial, que sólo cede cuando se ha demostrado, por vías legales previstas
para ello, que un acto es ilegítimo. Sin la presunción de legitimidad toda la
actividad administrativa, por lo común legítima, podría verse cuestionada, lo que
llevaría a una perniciosa paralización del accionar administrativo, impidiéndose
de ese modo la satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas
y el logro de los fines del Estado, que es el objeto propio del actuar de la
administración pública» (énfasis fuera de texto)5.

De este modo, el interés general no es solo un fundamento sino un fin de la
presunción. Este se materializa en la «[…] certeza y estabilidad en el tráfico de
relaciones jurídicas que emprende la administración con los administrados» 6. Pero
tampoco implica una inmunidad en favor del Estado, pues el juez competente podrá,
en cada caso concreto, declarar la nulidad de un acto con ocasión de la precisa y
jurídica ilación de razones que presente un demandante.

La fuente del daño en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho

El artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el objeto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la efectividad de los derechos y la preservación del
orden jurídico. Por su parte, el artículo 104 sostiene que esta conoce «[…], además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]»
(énfasis fuera de texto).

4 En palabras de la Corte Constitucional: «La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales

sobre los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes
de la comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades
jurídicas y puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y
ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra
la voluntad de éstos» (Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
5 Escola, Jorge Héctor. El interés público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma,

1984. p. 151.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-136 del 28 de marzo de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Aunque esta norma previó en sentido amplio que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo tiene por objeto conocer de todos aquellos litigios que se originen en
«actos» de la Administración, la propia jurisdicción se ha encargado de precisar y
limitar el alcance de dicha disposición. El Consejo de Estado ha sostenido que solo
los actos administrativos son susceptibles de control judicial7 y es característica
inherente a todo acto administrativo que produzca efectos, esto es, que cree,
modifique, altere o extinga una situación jurídica.

Por otra parte, la Corporación ha delimitado aún más el objeto de control, pues no
todos los actos administrativos son enjuiciables, lo son, por regla general, los
definitivos, en los términos del artículo 43 del CPACA. Lo anterior excluye el control
de los actos administrativos de trámite o impulso8.

Ahora, en relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la prosperidad de las pretensiones depende, además, de que el acto
administrativo produzca efectos en relación con la situación particular discutida por
quien presenta el medio de control. El acto demandado debe corresponder con
aquel que generó la lesión alegada sobre el derecho subjetivo que se pretende
amparar, para que pueda válidamente generarse restablecimiento en favor de
la parte demandante. Es decir, debe pretenderse la nulidad del acto administrativo
que creó, modificó o extinguió esa situación jurídica particular.

Resolución al caso concreto

Para resolver los móviles de la apelación, la Sala primero estudiará si operó el
fenómeno jurídico de la caducidad y, según dicha consideración, evaluará la
prosperidad de las pretensiones.

Según el recurrente, el acto demandado fue la Resolución 4974-6 del 20 de agosto
de 2019 «por medio del cual se niega una solicitud de pagos de acreencias
laborales», notificado a su apoderado el 26 de agosto del mismo año, según consta
al cierre del documento9. Por lo anterior, teniendo en cuenta la regla prevista en el
literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el mismo podía ser demandado
dentro de los cuatro meses posteriores, esto es, hasta el 27 de diciembre de 2019
(sin tener en consideración la vacancia judicial). Sin embargo, presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial el 18 de diciembre del mismo año10, suspendiendo el
cómputo del término, que solo se reanudó hasta el 10 de febrero de 2020, cuando
se expidió constancia de no acuerdo.

7 La excepción a esta tendencia inició en la Sección Primera en el 2014 (Consejo de Estado. Sección Primera.

Sentencia del 27 de noviembre de 2014. Rad. 05001-23-33-000-2012-00533-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala)
y concluyó allí mismo en el 2020 (Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020.
Rad. 11001-03-24-000-2010-00317-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón).
8 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2024. Rad. 11001-03-26-

000-2019-00162-00 (65.008). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
9 Visible en la demanda, disponible en el índice 34 del proceso en «Tribunales», donde fue digitalizado.
10 Ibid.

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En la sentencia de primera instancia se adujo que la demanda fue radicada el 18 de
enero de 2021, pero le asiste razón al demandante cuando alega que la presentó el
11 de febrero de 2020 y fue repartida al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Manizales, que declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Caldas el 7 de octubre de 2020. Por lo anterior, se
concluye que la demanda se presentó oportunamente para controvertir
judicialmente la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019.

Nótese, entonces, que la diferencia en la hipótesis del Tribunal y el demandado
radica en la fecha a partir de la cual debía computarse el término de caducidad. De
un lado, la Sala de primera instancia consideró que no podría elaborar un examen
jurídico de las pretensiones sin que, implícitamente, se juzgue la legalidad de las
Resoluciones 3182-6 del 19 de abril de 2016, que lo retiró del servicio y la 4266-6
del 26 de mayo de 2016, que confirmó la decisión. Por lo que tomó la notificación
de este último acto como el punto de partida para el cómputo. Del otro lado, el
demandante adujo que pretendió la nulidad de la Resolución 4974-6 del 20 de
agosto de 2019, y es a partir de la notificación de esta que debe estudiarse la
caducidad y no de otro acto diferente.

A juicio de esta Sala, no es admisible computar la caducidad desde la notificación
de un acto administrativo del cual no se pretende su nulidad, al margen de que entre
el acto enjuiciado y el fundamento jurídico de la demanda, exista una relación
sustancial. Lo anterior porque si se demanda un acto distinto a aquel que produjo la
lesión alegada sobre el derecho subjetivo, esto no supone la imposibilidad de un
juicio de validez a propósito del acto, sino la improsperidad de las pretensiones. En
otras palabras, es posible juzgar la legalidad y eventual restablecimiento del
derecho a partir de un acto administrativo posterior distinto al de retiro, pues nada
es óbice para que el juez de lo contencioso administrativo estudie la validez de un
acto resultado de una petición despachada desfavorablemente, sin que esto
suponga el acceso a lo pretendido.

Precisamente, este es el escenario que la Sala observa, pues, aunque la Resolución
4974-6 del 20 de agosto de 2019 negó el pago de unas acreencias laborales, la
situación jurídica del demandante no se vio originalmente afectada por esta
decisión, sino por aquella de retirarlo de su empleo: la Resolución 3182-6 del 19 de
abril de 2016, que no fue demandada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ni anulada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-360 de 2017,
conservando incólume su presunción de validez.

Ahora bien, aunque en el presente caso no operó el fenómeno jurídico de la
caducidad respecto de la Resolución 4974-6 del 20 de agosto de 2019 y la decisión
del Tribunal será revocada, no hay lugar a conceder las pretensiones. Si bien el
recurrente expresó que la orden de reintegro de la Corte supuso la «inexistencia»
del acto de retiro y el deber de pagar los emolumentos dejados de percibir, lo cierto
es que no se observa ningún pronunciamiento de autoridad judicial competente que
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declare la ilegalidad del retiro. La orden de reintegro impartida por la alta
Corporación tuvo como única finalidad la protección de los derechos fundamentales
del demandante, y es respecto de dicho asunto que la decisión hizo tránsito a cosa
juzgada.

Incluso, el recurrente argumentó que la presentación de acciones constitucionales
no cercena la oportunidad de acceder al reclamo de derechos por la vía ordinaria,
en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta idea, que se
comparte, enseña que, además de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, tuvo oportunidad de cuestionar la ilegalidad del acto de retiro ante
el juez competente, pues solo esta podría ser la fuente de la lesión a sus derechos
subjetivos que, una vez declarada, daría lugar al respectivo restablecimiento del
derecho.

En suma, la Sala revocará la declaración oficiosa de la excepción de caducidad y,
en su lugar, negará las pretensiones.

Condena en costas

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Caldas.

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Radicación: 17001-23-33-000-2021-00007-01 (5904-2024)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR el numeral «Primero» de la sentencia proferida el treinta (30)
de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas y,
en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia.

Tercero. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Cuarto. Reconocer personería jurídica al abogado Héctor Jaime Giraldo Duque
identificado con la cédula de ciudadanía 9.870.052 y la tarjeta profesional 142.328
del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a La Previsora S.A, según
poder visible a índice 17.

Quinto. Aceptar la renuncia al poder para representar a Seguros del Estado S.A.
presentada por la abogada Lina Marcela Gabelo Velásquez, identificada con la
cédula de ciudadanía 1.053.784.680 y la tarjeta profesional 210.292 del Consejo
Superior de la Judicatura, según documento visible a índice 18.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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