Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00162-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00162-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00162-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
Medio de control: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)
Asunto: Sentencia de única instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a decidir, en única instancia, el medio de control promovido por los
ciudadanos Mauricio Acero Montoya, y Carolina Munévar Ospina en calidad
de coadyuvante, contra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente (en adelante la Agencia, CCE, o simplemente Colombia
Compra Eficiente), con el fin de que se declare la nulidad del acto
administrativo que ordenó “la apertura del proceso de licitación pública No.
CCENEG-018-1-2019 con el fin de seleccionar a los proveedores de un
acuerdo marco para la Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y
Periféricos”, y el que contiene el pliego de condiciones.
Como fundamento de la ilegalidad que se aduce, el actor expuso omisiones
relacionadas con los requisitos que debían observar los actos acusados, la
modalidad de selección aplicable al Acuerdo Marco de Precios y la justificación
de los factores de escogencia, entre otras.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Presentada el 15 de octubre de 2019, la demanda plantea las siguientes
pretensiones bajo el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
CPACA (transcripción literal, incluyendo eventuales errores):
“2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución Número 1883 de 2019 de fecha 8 de
agosto de 2019, por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de licitación
pública No. CCENEG-018-1-2019 para seleccionar a los proveedores de un acuerdo
marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos, cuyo objeto es,
establecer (a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler de ETP al amparo del
Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se
vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de la compra o alquiler
de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte de las Entidades Compradoras.
Radicación: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
2.2. Que se declare la nulidad del acto contentivo del pliego de condiciones definitivo
y sus modificaciones, correspondiente a la licitación pública No. CCENEG-018-1-2019
para seleccionar a los proveedores de un acuerdo marco para la compra o alquiler de
equipos tecnológicos y periféricos, cuyo objeto es, establecer (a) las condiciones para
la compra de ETP o alquiler de TP al amparo del Acuerdo Marco; (b) Las condiciones
en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las
condiciones para el pago de la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos
por parte de las Entidades Compradoras”.
2. En el concepto de la violación se plantearon los siguientes argumentos,
cuyo desarrollo, por fines metodológicos, se hará en el estudio puntual de la
Sala, según corresponda:
(i) “El aviso de la convocatoria, el estudio previo y el pliego de condiciones
no reúnen la totalidad de los requisitos formales indicados en la normativa
vigente”; al omitir informar la modalidad de selección, teléfono de la entidad,
entre otros aspectos.
(ii) “Violación al principio de publicidad y transparencia en tanto la entidad
realizó una publicación indebida de los avisos de que trata el numeral 3 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993”.
(iii) “Violación flagrante al principio de planeación, en tanto no se
encuentra justificada la modalidad de selección escogida, así como los
requisitos de ponderación y adjudicación de la propuesta”.
(iv) “Violación flagrante al principio de transparencia”, al no justificar la
modalidad de selección ni el fundamento de ciertos requisitos habilitantes.
(v) “Violación flagrante al principio de legalidad, planeación, transparencia
y deber de selección objetiva en tanto NO se incluyó como único factor de
evaluación el menor precio”.
(vi) “Violación flagrante al principio de transparencia, economía, derecho
fundamental a la igualdad y libertad de empresa al exigir CUPO DE CRÉDITO
y certificación de DISTRIBUIDOR AUTORIZADO”.
(vii) “Violación flagrante al derecho fundamental a la igualdad, al deber de
selección objetiva, y libre concurrencia al ponderar marcas adicionales en el
marco de un proceso de selección cuyo objeto es la adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes de común utilización”.
(viii) “Violación flagrante al derecho fundamental a la igualdad, al deber de
selección objetiva, y el principio de libre competencia, al exigir en el Anexo 3
´Ficha Técnica Categoría Compra-Venta Formación y Educación’ que las
tabletas cuenten con CERTIFICACIÓN ENERGY START 7.0 o superior”.
(ix) “Violación flagrante al principio de legalidad y al principio de publicidad
al NO efectuar la asignación de riesgos definitiva durante la Audiencia de
Asignación de Riesgos, ni publicar el acta (o documento) contentiva del
desarrollo de la referida Audiencia de Asignación de Riesgos”.
Medida cautelar solicitada
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Radicación: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
3. Con el escrito de la demanda se pidió decretar como medida cautelar
(i) la suspensión de los efectos de los actos administrativos demandados, (ii)
la actuación administrativa contractual y, (iii) el contrato -en caso de que éste
se hubiese celebrado-1. Dicha solicitud fue negada mediante auto del 12 de
febrero de 20202 y confirmada en providencia del 24 de marzo siguiente3 ante
el recurso instaurado.
Contestación de la demanda4
4. Colombia Compra Eficiente contestó la demanda y esgrimió, en
síntesis, los siguientes medios exceptivos:
(i) Excepción previa - Indebida escogencia y caducidad del medio de control.
Distinto a un control abstracto de legalidad, el mecanismo instaurado revela un
interés subjetivo5 propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, respecto del cual operó el fenómeno de la caducidad de 4 meses6.
(ii) Los documentos publicados por CCE, aviso de convocatoria, el estudio
previo y el pliego de condiciones, sí cumplieron todos los requisitos de Ley.
(iii) CCE garantizó la publicación de los avisos en la forma exigida en la ley.
(iv) La licitación pública para la selección de proveedores por acuerdo marco
de precios (AMP) está prevista en el Decreto 1082 de 2015. El actor confunde
la naturaleza del proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios
con características técnicas uniformes, con el proceso de escogencia de
proveedores de bienes y servicios dentro de los AMP.
(v) El menor precio no es el único criterio para seleccionar proveedores de un
AMP.
(vi) No hay afectación al principio de transparencia, como lo evidencia el
cronograma de la licitación y la alta concurrencia de participantes.
(vii) Inexistencia de violación a los principios de la contratación estatal al exigir
cupo de crédito y certificación de distribuidor autorizado.
1 Fl. 33 a 38 del c. de medidas cautelares.
2 Fl. 84 y 85 del c. de medidas cautelares.
3 Visible fls. 117 a 130 -ambas caras- ib.
4 Contestación de la demanda visible en expediente digital, índice 30 de Samai y en Fl. 51 a 71 c. 1.
5 CCE afirmó que en “la licitación pública No. CCENEG-018-1-2019 … el señor Mauricio Acero,
asesoraba a la empresa Computel System S.A.S., participante dentro del proceso del Acuerdo Marco de
Precios de Compra o Alquiler de Equipos Tecnológico y Periféricos” que no cumplió las condiciones del
pliego, e intervino en la audiencia de adjudicación.
6 Mediante providencia del 13 de mayo de 2022, índice 62 de Samai, se decidió (i) “RECHAZAR por
improcedente la excepción de “´indebida escogencia del medio de control´”; y (ii) “PROVEER sobre la
excepción de caducidad del medio de control en la sentencia que decida de fondo el asunto de la
referencia”.
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Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
(viii) El actor asocia la vulneración del principio de libre concurrencia con la
solicitud de un requisito ponderable -relativo a las marcas adicionales-.
(ix) No hay ilegalidad al exigir la certificación ENERGYSTAR 7.0 o superior,
que es aplicada a los equipos tecnológicos y periféricos.
(x) La obligatoriedad de la realización de la audiencia de riesgos se cumplió en
los términos del Decreto 1082 de 2015.
Coadyuvancia7
5. La ciudadana Carolina Munévar Ospina coadyuvó las pretensiones,
pruebas, fundamentos y cargos de ilegalidad planteados por el actor principal8;
y en las peticiones probatorias incluyó la solicitud de unos testimonios 9.
Adecuación del trámite procesal
6. Mediante proveído del 20 de octubre de 2022 se dispuso adecuar el
trámite al de sentencia anticipada10 adoptando las siguientes determinaciones:
(i) prescindir de la audiencia inicial; (ii) incorporar las pruebas documentales
allegadas por las partes11; (iii) negar el decreto de las pruebas testimoniales
solicitadas por la actora12 y su coadyuvante13; y (iv) realizar la fijación del litigio.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
7 Escrito del 10 de junio de 2022, visible en el expediente digital, índice 68 de Samai.
8 En proveído de 19 de julio de 2022 se admitió la coadyuvancia, índice 69 de Samai.
9 Pidió el decreto y práctica de los siguientes testimonios: (i) “de los funcionarios que participaron en la
elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de selección ACUERDO MARCO
CCENEG-018-1-2019; y (ii) ERNESTO MATALLANA CAMACHO … profesor universitario y tratadista, lo
anterior con el propósito de demostrar los hechos y omisiones descritos en la demanda inicial …”
10 Por hallarse configurada la hipótesis del literal b) del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó
el artículo 182A del CPACA.
11 La demandante aportó los siguientes documentos: (i) Resolución 1883 del 8 de agosto de 2019, por
medio de la cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública No. CCENEG018-1-201912; (ii)
pliego de condiciones definitivo y sus modificaciones del proceso de licitación pública No. CCENEG-018-
1-2019; (iii) copia del correo electrónico del 31 de julio de 2019 donde se eleva la consulta a la empresa
Energy Star, así como la respuesta respectiva; y (iv) la actuación administrativa del proceso de Licitación
Pública Acuerdo Marco No. CCENEG-007-1-2018 alojados en el SECOP II. La coadyuvante de la parte
actora solicitó el decreto y práctica de los testimonios ya referidos. La demandada en su contestación
aportó: (i) aviso de convocatoria del 28 de junio de 2019, (ii) el aviso de que trata el artículo 30 de la Ley
80 de 1993, (iii) el estudio de mercado del sector equipos tecnológicos y periféricos, (iv) estudios y
documentos previos del proceso de licitación pública CCENEG-018-1-2019, (v) resolución 1883 de 8 de
agosto de 2019, que ordena la apertura del proceso de licitación No. CCENEG-018-1-2019; (vi) el pliego
de condiciones con adenda del proceso de licitación pública; (vii) acta de asignación de riesgos; y (viii)
acta de audiencia de adjudicación del proceso de licitación pública No. CCENEG-018-1-2019.
12 El actor en la demanda pidió decretar el testimonio del señor Gerardo Morales; y la coadyuvante pidió
el testimonio de los funcionarios que participaron del proceso de selección del acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019 y de Ernesto Matallana Camacho, profesor y tratadista. Ambas solicitudes fueron negadas
pues los hechos que pretenden demostrar “son pasibles de ser verificados en atención a los elementos
de juicio que derivan de las pruebas de carácter documental, allegadas por el mismo. En tal sentido, el
testimonio solicitado por la parte actora, es impertinente y carece de idoneidad, pues no emana necesario
para demostrar el cumplimiento o no de las normas y principios alegados por parte de la Entidad
accionada, entendiendo que el asunto bajo estudio, se enmarca en el cuestionamiento de la legalidad”;
lo propio se predicó respecto de los solicitados por la coadyuvante.
13 Mediante auto de 16 de febrero de 2023 se decidió no reponer la providencia impugnada; y en
providencia del 31 de marzo de 2023, al resolver el recurso de súplica promovido, se confirmó la decisión
adoptada.
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Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
7. En sus alegatos, tanto el actor14 como Colombia Compra Eficiente15
reiteraron sustancialmente los argumentos esgrimidos en la demanda y en su
contestación, respectivamente. La coadyuvante guardó silencio. El Ministerio
Público pidió negar las pretensiones16.
II. CONSIDERACIONES
8. El objeto del litigio se fijó17 en torno a definir si los actos demandados
son nulos por infracción de las normas constitucionales y legales en que se
fundan. Con este objeto, la Sala se propone: (i) definir los actos susceptibles
de control judicial y la vía procesal que corresponde; (ii) oportunidad para el
ejercicio del medio de control; (iii) determinar si es viable el control
jurisdiccional de los actos enjuiciados; y, (iv) según se desprenda de lo
anterior, examinar los cargos formulados por la parte demandante.
Actos precontractuales susceptibles de control judicial
9. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 de la
Ley 1437 de 201118 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación19, la Sala es competente para conocer en única instancia la
demanda de nulidad instaurada contra actos expedidos por autoridades del
orden nacional, en este caso la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente20.
10. Tratándose de actuaciones administrativas contractuales, el artículo 77
de la Ley 80 de 1993 establece que son aplicables las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones administrativas, siempre que sean compatibles
con la finalidad y principios del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
11. Al acudir a los preceptos de la Ley 1437 de 2011, en la parte primera
de este compendio se regula el procedimiento administrativo común y
14 Índice de Samai 123.
15 Índice de Samai 121.
16 Índice de Samai 122.
17 Auto del 20 de octubre de 2022. Índice de Samai 89.
18
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá
en única instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por
las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo
orden. (…)”.
19 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Tercera: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos
agrarios, contractuales, mineros y petroleros (…)”.
20 Artículo 1 del Decreto 4170 de 2011. “Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como una entidad descentralizada de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación” (se subraya).
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Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
principal21, esto es, la estructura que define el sistema de garantías, principios
y deberes que debe cumplir la Administración para el nacimiento, formación y
producción de los actos administrativos (sin perjuicio de aquellos regulados
por leyes especiales), en cuyas bases se afirma la actuación legítima del
Estado a través del reconocimiento de los derechos y libertades de las
personas, la primacía del interés general y la sujeción de las autoridades a la
Constitución y la ley.
12. Al interior de esta plataforma, el legislador distinguió entre los
denominados actos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son
aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o impiden
darle continuidad22, los segundos corresponden a actuaciones necesarias en
el camino de conformación del acto definitivo. De esta forma, el procedimiento
administrativo exhibe la articulación entre unos y otros dentro de una
secuencia razonada y sucesiva de etapas en la que se construye la decisión
de la Administración.
13. La función jurídica asignada a estas dos clases de actos explica, así
mismo, su aptitud o no para ser impugnados. De conformidad con los artículos
74 y 7523 del CPACA sólo los que se catalogan como definitivos pueden ser
escrutados por los medios de control dispuestos en la ley, en tanto contienen
de manera cierta y concreta la manifestación de voluntad de la Administración;
lo que no sucede con los actos de trámite, pues aunque éstos traen elementos
necesarios para llegar a una determinación solo representan las actuaciones
propias del procedimiento administrativo que precede a la expresión de
voluntad final de la Administración.
14. En la fase precontractual también hacen presencia ambos tipos de
actos, de modo que por su naturaleza sólo aquellos que tienen la connotación
de definitivos son susceptibles de impugnación. Así ocurre v. gr. respecto del
pliego de condiciones, la declaratoria de desierta y el acto de adjudicación -el
primero en tanto define las bases del proceso de selección y del futuro
contrato24; el segundo, finaliza la actuación por imposibilidad de llegar a una
selección; y el tercero, culmina satisfactoriamente al elegir el ofrecimiento más
favorable-.
15. La distinción entre estos actos en punto a su impugnabilidad ha sido
analizada de tiempo atrás bajo la teoría de los “actos separables del contrato”,
indicando que son separables aquellos que por su carácter definitivo son
21 “ARTÍCULO 34. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este
Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no
previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código”.
22 ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
23 “ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra
los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.
24 Más allá de las modificaciones de las que por su naturaleza es susceptible el pliego de condiciones,
ello no afecta su connotación de acto definitivo en la medida que esta característica no se equipara con
el concepto de intangibilidad ni el de irrevocabilidad.
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susceptibles de control, con independencia y autonomía respecto del
contrato25.
16. Esta precisión se conecta con las disposiciones del art. 141 del
CPACA26 que prevé la posibilidad de demandar de forma individual los actos
que preceden a la celebración del contrato sin tener que enjuiciar el contrato
mismo27 estableciendo una regla especial en la materia28, siempre y cuando
se trate de actos definitivos pues son los que se categorizan como separables
para efectos de su examen judicial.
17. En el sub lite fueron enjuiciados: (i) la Resolución 1883 de 2019 que
ordenó la apertura de la licitación pública No. CCENEG.018-1-2019, y (ii) el
pliego de condiciones respectivo. De modo que se impone a la Sala
determinar, a partir de la naturaleza jurídica que les atañe, su aptitud o no para
ser cuestionados por vía judicial.
18. El de apertura corresponde a un acto a través del cual la Administración
informa al público el comienzo de un proceso de selección y la necesidad que
busca satisfacer con el futuro contrato. Por su alcance y objeto hace parte de
los denominados actos de trámite, en tanto únicamente se encamina a servir
de herramienta enunciativa sobre su inicio y no comporta una decisión
definitiva o que ponga fin a la actuación; justamente hace lo contrario, da inicio
al procedimiento por vía de un anuncio, nada más.
19. Al ser de trámite, el acto de apertura no es susceptible de impugnación,
de modo que si los administrados consideran que con éste se transgreden
principios de la contratación estatal, tales reproches deben ser cuestionados
frente al pliego de condiciones que es el acto administrativo en el que converge
aquel trámite, siempre que tenga incidencia y se proyecte en su expedición
irregular.
20. En aras de la completa exposición del marco del control de los actos
precontractuales, se debe indicar que si bien esta Corporación ha confirmado
que los actos de trámite no son pasibles de control judicial, en casos
excepcionales lo ha admitido bajo dos premisas, una general y una particular
referida al acto de apertura:
25
La doctrina ha señalado que “[e]l acto separable impugnable debe ser un acto administrativo decisorio
en sentido técnico-jurídico, pues los simples actos de la administración meramente preparatorios no
pueden ser objeto de impugnación (…)”. DROMI, José Roberto, “La licitación pública” (segunda ed.),
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo, 1977, pág. 423.
26 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. (…)
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 [nulidad] y 138 [nulidad y restablecimiento del
derecho] de este Código, según el caso”.
27 La teoría de los actos separables imperó en el sistema procesal administrativo bajo el Decreto 01 de
1984, pero con la Ley 446 de 1998 (art. 32) ello se modificó y se dispuso que “[u]na vez celebrado éste
[el contrato], la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad
absoluta del contrato”. El CPACA retomó la teoría de los actos separables, como lo determina su art.
141.
28 El inciso segundo del art. 141 del CPACA establece que “[l]os actos proferidos antes de la celebración
del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138 (…)”.
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“ Entonces, por regla general los actos de trámite no son demandables salvo cuando
se configuran dos excepciones: en primer lugar, una general aplicable a todos los
actos preparatorios y de trámite, según la cual, serán impugnables dichos actos
cuando pongan fin al procedimiento del cual hacen parte; en segundo lugar, una
excepción especial, prevista por la jurisprudencia concretamente para los actos de
apertura en las licitaciones, los cuales serían susceptibles de ser enjuiciados cuando
contengan decisiones sobre el fondo del asunto o puedan afectar los principios que
deben regir la actividad contractual, como por ejemplo, cuando mediante dicho acto,
en lugar de invitar a los interesados a que participen en el proceso de selección en
condiciones de igualdad, se restringe de forma ilegal la participación,
desconociéndose así los principios de transparencia e igualdad de oportunidades 29”30.
21. Así, en línea de principio no es posible su impugnación judicial por
tratarse de un acto de trámite, a menos que se presente alguno de los eventos
que autorizan su examen31.
Respecto de la excepción general indicada por la jurisprudencia, se precisa
que ésta no es predicable del acto de apertura, dado que algo no puede ser y
no ser al mismo tiempo -dar apertura al proceso de selección y ponerle fin-.
Por consiguiente, el control excepcional de este acto sólo puede dirigirse a los
eventos establecidos puntualmente para este acto, cuando contenga: (a)
“decisiones sobre el fondo del asunto”, o (b) que “puedan afectar los principios
que deben regir la actividad contractual”.
22. La Sala no puede dejar de reflexionar en la real cabida que tales
excepciones tienen respecto de la naturaleza del acto de apertura, en la
medida que el mismo no contiene, por esencia, un elemento definitorio en la
actuación administrativa -que es precisamente el punto de distinción entre los
dos tipos de actos que se estudian-. En otras palabras, si lo que diferencia los
actos de trámite y los definitivos es la aptitud de “definir sobre el fondo del
asunto”, cómo sostener que el de apertura pueda contener, así sea de forma
excepcional, un atributo del que legalmente carece y que, además, es la
característica que sustancialmente lo haría un acto definitivo.
23. Lo anterior se explica con mayor nitidez al analizar el acto de apertura
por sus efectos, ya que incluso si en éste se incorporan manifestaciones
consideradas de fondo, lo cierto es que esencialmente no lo son, ni pueden
29 Nota original: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 6 de agosto de 1997. Exp: 13.945; y
sentencias del 18 de septiembre de 1997; 20 de septiembre de 2001. Exp: 9807; 26 de abril del 2006.
Exp: 15.188; 30 de noviembre de 2006. Exp: 18.059”.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012,
radicación 11001-03-26-000-2010-00036-01 (38.924), Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio.
31 En relación con la tesis en que se sostienen tales excepciones, bajo el expediente
88001233300020170002301 (60.483), Sección Tercera, Subsección A, el suscrito ponente efectuó
aclaración de voto indicando que “un acto de trámite no muta su naturaleza a un acto definitivo o
susceptible de control jurisdiccional por incorporar en sus determinaciones consecuencias que afecten
situaciones jurídicas individuales o concretas, en tanto que conserva su característica de no contener
efectos decisorios sobre la actuación administrativa (…) En otras palabras, el acto de apertura tiene la
función de ser el impulsor inicial del proceso de selección, para lo cual se limita a señalar el comienzo
de la fase externa de éste, esto es, en la que pueden participar los administrados, y la formulación de la
invitación a sujetos indeterminados que les pueda interesar el mismo; por ende, no es viable catalogarlo
como un acto que incide en el fondo de la actuación administrativa o que vulnera los principios de la
contratación estatal, puesto que se circunscribe a dar inicio al proceso, es decir, no fija sus condiciones
o lineamientos sustanciales”.
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Radicación: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
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ser tenidas como definitivas; basta señalar que el pliego -y no el acto de
apertura- es el instrumento determinador de las reglas de participación,
evaluación y escogencia, y de las bases del contrato que se pretende celebrar,
atributo del que no goza otro acto en sede de la licitación.
24. De forma que en los casos en que tales reglas y principios fueran
incluidos en el acto de apertura habrá de entenderse que lo son a título
meramente indicativo, pues su lectura sólo puede hacerse en clave de la
función jurídica que dicho acto despliega en el ámbito precontractual, por cuya
virtud sólo “anuncia” el inicio de un proceso de selección y sus bases
generales.
25. Más allá de la anterior comprensión, en todo caso, la Sala no advierte
en el contenido de la Resolución 1883 de 201932 la configuración de alguna de
las excepciones antes referidas. Lo anterior, por cuanto a través de dicho acto
CCE ordenó la apertura de la licitación pública No. CCENEG.018-1-2019 bajo
los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de
201533, indicando en su artículo 1° el objeto del proceso de contratación, la
modalidad de selección, el cronograma, el lugar donde podía consultarse el
pliego, los estudios y documentos previos; y en los artículos 2° y 3° convocó a
diferentes veedurías ciudadanas y a organizaciones gremiales y civiles para
realizar el control social del proceso, y ordenó dar publicidad al mismo,
respectivamente.
26. La Sala encuentra que el acto de apertura demandado confirma y afirma
su connotación de acto de trámite, no sólo en función de su naturaleza, que
debía ser suficiente, sino en la medida que no contiene una previsión de fondo
relativa al proceso de selección o una regla que atente contra los principios
que rigen la actividad contractual. Entonces, como acto de trámite, no es
susceptible de examen por la jurisdicción, lo que impone a la Sala pasar al
análisis del segundo acto demandado.
27. Sobre el pliego de condiciones, esta Corporación es pacífica en definirlo
como un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto cuya
función jurídica es la de determinar las reglas de escogencia del contratista,
32 Folios 41 y 42 del cuaderno 1.
33 El artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 dispone: “Acto administrativo de apertura del
proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante
acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales
para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título.
El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:
1. El objeto de la contratación a realizar.
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.
3. El Cronograma.
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios
y documentos previos.
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas
correspondientes.
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de
selección”.
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como las bases del contrato y su interpretación. Derivado de su naturaleza, el
pliego de condiciones se inscribe en la categoría de los actos definitivos al
contener decisiones de fondo que inciden directamente en el proceso de
selección y en el ámbito contractual; por tanto, es pasible de control judicial34.
Oportunidad para el ejercicio del medio de control
28. Sin perjuicio del análisis que efectuó esta Subsección al admitir la
demanda en auto del 12 de febrero de 202035, la Sala retoma el examen
relativo a la caducidad del medio de control como presupuesto procesal que
debe respaldar la emisión del fallo; en particular, teniendo en cuenta que su
configuración fue propuesta como excepción por la demandada, y que
mediante providencia del 20 de octubre de 2022 se dispuso resolverla al
momento de dictar sentencia.
29. Colombia Compra Eficiente indicó que el término de caducidad que
atañe a esta litis es el que corresponde al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no al de simple nulidad que fue promovido.
Señaló que la condición de asesor jurídico que tuvo el demandante respecto
de uno de los proponentes en el proceso de licitación pública y su participación
en esa calidad, corroboran el interés subjetivo y no objetivo del actor; así que
en el caso concreto afirma que deben contabilizarse los cuatro meses que
corresponden al mecanismo de nulidad y restablecimiento, los que fenecieron
configurándose la caducidad.
30. La Sala empieza por precisar que bajo la Ley 1437 de 2011 el legislador
estableció un conjunto normativo que redefinió tanto el objeto de la jurisdicción
contencioso administrativa, como los medios de control que permiten analizar
la responsabilidad del Estado. Para examinar la legalidad de los actos
administrativos proferidos antes de la celebración del contrato (según dispone
el inciso segundo del artículo 141 del CPACA) instituyó dos mecanismos, el
de nulidad (art. 137) y el de nulidad y restablecimiento (art. 138), según si se
trata de actos de contenido general36 en el primer caso, o particular, en el
34 Al respecto esta Sección ha señalado que “en materia de actos previos al contrato estatal se identifican
como actos de carácter definitivo y por lo tanto, susceptibles de control jurisdiccional: el de adjudicación
del contrato —parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993—, el que declara desierta la licitación
pública, el que hace efectiva la póliza constituida para garantizar la seriedad de la oferta –numeral 12
del artículo 30 ejusdem–, el que adopta el pliego de condiciones, entre otros. Estos actos comparten la
característica de ser definitivos porque contienen un pronunciamiento que decide directa o
indirectamente la selección del contratista” (se subraya). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 17 de septiembre de 2018, radicación
11001-03-26-000-2012-00004-00 (42747) Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
35 En el auto admisorio de la demanda, visible del fl. 129 al 131 del c. ppal., se indicó: “[e]n cuanto a la
oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad, conviene señalar que el artículo 164, numeral
1, literal a), del CPACA prescribe que este tipo de demandas pueden presentarse en cualquier tiempo,
por lo que resulta obvio que el libelo objeto de estudio se interpuso en oportunidad”.
36 Excepcionalmente procede el dispositivo de nulidad frente a actos de carácter particular, en los eventos
descritos en el art. 137 del CPACA:
“1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente”.
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segundo.
31. Como ya fue advertido, el pliego de condiciones ostenta la connotación
de acto administrativo de carácter general y responde a la categoría de los
actos definitivos, de modo que su enjuiciamiento ciertamente corresponde al
mecanismo de control de nulidad instaurado; en el sub lite ello se constata en
el contenido de las pretensiones, las cuales se limitan a formular
cuestionamientos propios del contencioso objetivo de anulación.
32. Distinto a lo argumentado por CCE, el interés promovido en la demanda
no se advierte subjetivo por el hecho de que el actor hubiese obrado como
asesor jurídico de uno de los proponentes en la licitación. El talante de
subjetividad apunta a que con la pretensión anulatoria se genere el
restablecimiento del derecho particular y concreto lesionado; consecuencia
que se descarta en este caso pues quien acudió a la jurisdicción lo hizo en
calidad de ciudadano, en ejercicio de la legitimación conferida por el art. 137
ib37, quien no fue proponente en la licitación, y si obró o no en nombre de otro,
nada interesa pues no exhibe un interés subjetivo en lo pretendido.
33. Así, de cara a una eventual anulación, ningún beneficio subjetivo en la
escena procesal podría obtener el actor con su demanda, en tanto carece del
efecto restitutorio de un derecho a su favor; sin que la Sala advierta razones
admisibles que puedan conducir a la restricción de sus derechos ciudadanos.
34. Se exalta la autonomía que en sede de control judicial fue atribuida a
los actos que preceden la celebración del contrato, pues como ocurre bajo el
presente examen se demandó la nulidad del pliego, sin el condicionamiento
de tener que pretender la nulidad del contrato. Y de igual manera, se resalta
el derecho que tienen los administrados para promover este medio de control,
sin que actuaciones antecedentes se presenten como límite a su ejercicio.
35. Por tanto, se confirma que el mecanismo de simple nulidad sí es el
procedente en el presente asunto, sin argumentos que sustenten una variación
del medio de control. La Sala precisa, en todo caso, que el resultado del
escrutinio formulado y la decisión no se proyecta en los derechos conferidos a
quienes fueron seleccionados bajo la licitación pública que derivó en el
Acuerdo Marco celebrado, pues éste no es objeto de debate.
36. En lo que respecta al término de caducidad, la Sala debe aclarar que
ninguna incidencia tiene en su cómputo la distinción entre el medio de control
de nulidad y el de nulidad y restablecimiento, comoquiera que en ambos casos
la ley definió el mismo término para la presentación oportuna de la demanda,
37 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.
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como se pasa a indicar.
37. El artículo 164 del CPACA estableció en el numeral 1° que la demanda
podría presentarse en cualquier tiempo, cuando “a) Se pretenda la nulidad en
los términos del artículo 137 de este Código”. Sin embargo, en el numeral 2°
definió unas reglas en las que fijó términos especiales, como la definida en el
literal c) respecto de los actos previos a la celebración del contrato:
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será
de treinta (30) días. (…)
b) Cuando se pretenda la nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones
de autorización de inscripción de nacionales, el término será de diez (10) años
contados a partir de la fecha de su expedición;
c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los
actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso; (se subraya).
(…)”
38. De acuerdo con esta pauta legal, los actos que preceden a la
celebración del contrato están sujetos al ejercicio de las acciones de nulidad y
de nulidad y restablecimiento del derecho, con un único término de caducidad
de cuatro meses. Y la expresión “según el caso”, hace referencia al tipo de
acto enjuiciado (general o particular) que define el momento a partir del cual
se cuenta el término para demandar: al día siguiente de su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, conforme a la naturaleza del acto y la
posición jurídica de quien demanda.
39. A partir de este marco legal, el pliego de condiciones de la licitación
pública No. CCENEG-018-1-2019 fue publicado el 8 de agosto de 201938. Con
esta fecha inaugural y sin perjuicio de las adendas que modificaron dicho
pliego de forma posterior, al haberse presentado la demanda el 15 de octubre
de 2019, el medio de control fue instaurado dentro de los 4 meses que ley
prevé para tal fin, lo que conduce a negar la excepción en los términos
planteados y a confirmar su oportuna presentación, y así la procedencia de su
examen.
40. Vale precisar que aunque los actos enjuiciados en el sub examine ya
surtieron los efectos jurídicos para los cuales fueron proferidos, es decir ya
agotaron su objeto toda vez que la licitación pública en que se produjeron
culminó con el perfeccionamiento del AMP para la Compra o Alquiler de
Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, suscrito entre
Colombia Compra Eficiente y varios proveedores, ello no impide adelantar el
examen de legalidad de que trata el medio control de nulidad promovido, pues
38 Publicación efectuada en el portal SECOP II, consultada en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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éste no está condicionado a la vigencia del acto, sino que se remonta a la
verificación de sus elementos de origen en contraste con el ordenamiento
jurídico en un examen de legalidad objetiva39; así lo ha reiterado en múltiples
ocasiones esta Corporación, al afirmar:
“La circunstancia de que un acto demandado haya sido notificado, derogado o
subrogado por otro, ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, en
tanto que, como el análisis de la legalidad del acto administrativo comprende
la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació o no
válido a la vida jurídica, su nulidad produce efectos invalidantes desde su
nacimiento40, tal como lo ha reiterado la Corporación desde la providencia del
14 de enero de 199141”42.
El Acto cuya legalidad se cuestiona
41. Conforme a la fijación del litigio43 y considerando la falta de aptitud para
enjuiciar el acto de apertura, la Sala procede a establecer si el pliego de
condiciones de la licitación pública No. CCENEG-018-1-2019 “adolec[e] de los
vicios de nulidad por infracción de las normas constitucionales y legales en
que se fundan, y de los principios que rigen los procesos de contratación
pública”. Además, por fines metodológicos, reorganizará algunos de los
reproches de cara a la afinidad que revisten ciertas temáticas comunes, y no
hará transcripción integral del pliego demandado, sino que se remitirá a los
apartes que correspondan al analizar cada uno de ellos.
Análisis de los cargos objeto de la litis
(i) “El aviso de convocatoria, el estudio previo y el pliego de condiciones
no reúnen la totalidad de los requisitos formales indicados en la
normativa vigente”
42. La Sala pasa a analizar estos dos reproches bajo el común
denominador de corresponder a actuaciones en las que el actor reprocha la
vulneración de los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.4 del
Decreto 1082 de 2015, así (1) en el aviso de convocatoria: pues no se incluyó
la siguiente información: (i) el teléfono de la entidad para atender a los
interesados; (ii) identificación de las cantidades a adquirir, y (iii) enumeración
y descripción de las condiciones para participar; y, (2) en el estudio previo y
en los pliegos de condiciones, en tanto no se indicó la modalidad de selección
y su justificación.
43. En oposición a tal censura, la entidad demandada refirió que tales actos
sí cumplieron con la información respectiva; afirmó que no es posible por la
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 11 de abril de 2019, radicación 11001032600020160014200 (57.875), Consejero Ponente: José
Roberto Sáchica Méndez.
40 Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 7 de marzo de 2007, expediente 11542, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
41 Nota original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de
enero de 1991, expediente S-157, C.P. Gustavo Arrieta Padilla.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-26-000-2014-00135-00 (52055), Consejera Ponente: María
Adriana Marín.
43 Definido mediante auto del 20 de octubre de 2022, índice Samai 103.
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naturaleza del Acuerdo Marco señalar las cantidades a adquirir pues éstas son
definidas en la operación secundaria por las entidades públicas que hacen la
adquisición; y agregó que la modalidad de selección sí fue indicada.
44. En concepto del Ministerio Público, se cumplió con la información que
legalmente correspondía de acuerdo con la naturaleza del procedimiento de
selección de proveedores para un AMP44. Señaló que el pliego de condiciones
estableció que la modalidad de selección era la licitación y su justificación
radica en los artículos 2 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto
1082 de 2015.
45. La Sala recuerda, en primer lugar, que los actos que tienen la
connotación de preparatorios o de trámite no son susceptibles de escrutinio
judicial, así que no podrá entenderse que de forma indirecta deban ser
analizados en sí mismos por el juez, pues ello constituiría una contradicción
que desdice de su naturaleza. La Subsección aclara que aquellos defectos del
procedimiento que no hayan sido superados bajo la regla de corrección de la
actuación administrativa45, pueden ser objeto de control en el examen del acto
definitivo siempre que repercutan en su expedición irregular y se erijan en un
vicio que afecte la legalidad del acto -en este caso del pliego de condiciones-
pues, como es bien sabido, no toda irregularidad se constituye en fundamento
de nulidad.
46. Ninguno de los reproches que se endilgan al aviso de convocatoria
tienen incidencia en el pliego. La razón fundamental radica en que la existencia
de tal aviso no se explica por sí sola, lo que justifica que su contenido no sea
enjuiciable, sino que es parte del conjunto de actividades que unidas se
expresan en un todo que es el acto, en tanto allí convergen las garantías,
principios y elementos en que se fundamenta su expedición. De esta forma, al
advertir que el pliego de condiciones de la licitación pública No. CCENEG-018-
1-2019 no omitió la información que echa de menos el actor, no existe vestigio
de irregularidades vinculadas al acto definitivo.
47. No sobra indicar que el propio demandante al separar las omisiones
que atribuyó al aviso de convocatoria respecto de las asociadas al pliego, no
planteó la repercusión que hubiesen tenido puntualmente aquellas en este
acto, lo que abriría la posibilidad de analizarlas y, comoquiera que el aviso en
sí mismo no es objeto de control judicial, basta lo anterior para que la Sala
niegue el cargo. Un examen diverso llevaría a mutar el medio de control
promovido a uno de carácter subjetivo, y no planteado, bajo la hipótesis de
razonar si las omisiones que refiere el actor impactaron, p. ej., en la
44 Precisó que el número de teléfono de la entidad si bien no estaba en el numeral 2 del aviso de
convocatoria sí estaba en su numeral 1° y además era visible en el membrete inferior del aviso. Indicó
que se incluyó la descripción de los bienes y servicios objeto de la convocatoria, sólo que por la
naturaleza del AMP no podían definirse sus cantidades en la operación primaria.
45 “ARTÍCULO 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y
adoptará las medidas necesarias para concluirla”.
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información a la que tuvo acceso o le impidieron participar, esfera que no es
del resorte del contencioso objetivo de legalidad y escapa a la calidad en que
se presentó el demandante y bajo la cual elevó sus pretensiones.
48. En segundo lugar, corresponde analizar si existió violación del numeral
3 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto
1082 de 2015, pues según la demanda ni en los estudios previos ni en el pliego
de condiciones se justificó la modalidad de selección de proveedores del AMP.
Dado que se plantea una omisión con incidencia directa en el pliego, se impone
revisar si tal evento aconteció y si se constituye en una infracción de las
normas constitucionales y legales en que se funda, como vicio de nulidad.
49. El contenido de los citados artículos es el siguiente:
“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y “Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de
documentos previos. Los estudios y condiciones. Los pliegos de
documentos previos son el soporte para condiciones deben contener por lo
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de menos la siguiente información: (…)
condiciones, y el contrato. Deben permanecer
a disposición del público durante el desarrollo 2. La modalidad del proceso de selección
del Proceso de Contratación y contener los y su justificación.
siguientes elementos, además de los indicados
para cada modalidad de selección: (…)
3. La modalidad de selección del contratista y
su justificación, incluyendo los fundamentos
jurídicos”.
50. Al revisar el documento denominado “Estudios y Documentos Previos
de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco
para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos”46, la Sala
observa que más allá de que no haya un título definido como “modalidad de
selección y justificación”, lo cierto es que el citado documento desarrolla y
explica las razones por las cuales se optó por adelantar un proceso de
selección bajo un Acuerdo Marco de Precios, e indicó, a su vez, que lo haría a
través de licitación pública, como se extrae de los siguientes apartados:
“Las Entidades Estatales para dar cumplimiento a las funciones misionales y de apoyo
de la Entidad adquiere Equipos Tecnológicos y Periféricos -ETP-, como: (i)
computadores de escritorio; (ii) computadores portátiles; (iii) estaciones de trabajo; (iv)
tabletas; (v) impresoras térmicas; (vi) impresoras matriz de punto; (vii) impresoras
MFP láser blanco y negro; (viii) impresoras láser color; (ix) impresora de inyección de
tinta; (x) lectores de códigos de barras; (xi) escáneres; (xii) video proyectores; (xiii)
monitores industriales, (xiv) accesorios adicionales, entre otros.
Colombia Compra Eficiente evidenció que las Entidades Estatales adquieren ETP bajo
dos modalidades de contratación: compra-venta o alquiler. Por esta razón, Colombia
Compra Eficiente puso a disposición de las Entidades Estatales los Acuerdos Marco
para el alquiler y compra de ETP en 2015 y 2017 respectivamente. Los resultados
obtenidos en la primera generación de los Acuerdos Marco permitieron a Colombia
Compra Eficiente concluir que la compra o alquiler de ETP cuentan con aspectos
46 Visible en expediente digital, índice 30 de Samai - anexos contestación de la demanda.
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comunes que permiten la unión de los dos modelos de operación en un único proceso
de licitación. Lo anterior, teniendo en cuenta que las similitudes obedecen únicamente
a aspectos técnicos de los productos, independientemente del alcance y obligaciones
que se deben adquirir al ser un contrato de compraventa o alquiler.
La nueva generación del Acuerdo Marco para la compra o alquiler de Equipos
Tecnológicos y periféricos le permitirá al Estado convertirse en un actor fundamental
en la promoción y acceso de tecnología de calidad. Para ello, Colombia Compra
Eficiente contó con la participación y acompañamiento de MinTIC, Entidades
Estatales, Proveedores, Fabricantes, Gremios y demás interesados.
El Proceso de Contratación objeto del presente documento de estudios y documentos
previos, tiene como finalidad satisfacer la necesidad de contar con ETP de las
Entidades Estatales al amparo de un Instrumento de Agregación de Demanda.
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de su función de "Diseñar, organizar y
celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de
demanda" adelanta el Proceso de Contratación para celebrar un Acuerdo Marco y
obtener mayor valor por dinero en la adquisición o arrendamiento de ETP al
incrementar la eficiencia en los procesos de cada Entidad Compradora y aprovechar
las economías de escala”.47
51. Paso seguido, precisó las razones que afianzaban la justificación de
acudir a un AMP de cara al objeto perseguido por CCE:
“III. Acuerdo Marco para la compra o alquiler de ETP
El Acuerdo Marco busca: (i) aprovechar el poder de negociación que tiene el Estado
como un solo comprador, agregando la demanda para la compra o alquiler de ETP de
las Entidades Compradoras; (ii) mejorar la eficiencia en la compra o alquiler de ETP
al hacer un solo proceso de licitación; y (iii) garantizar a las Entidades Compradoras
la compra o alquiler de ETP durante la vigencia del Acuerdo Marco.
La compra o alquiler de ETP pueden ser procesos de contratación estandarizados
debido a que el equipo de estructuración conformado por Colombia Compra Eficiente
y MinTIC, tuvo acompañamiento permanente de los Fabricantes principales de cada
uno de los ETP, en la configuración de las posibles Combinatorias que las Entidades
Estatales pueden requerir para “armar” el ETP que satisface su necesidad, y que están
disponibles en el mercado.
En razón a lo anterior la compra o alquiler de ETP se conforma como una actividad
que puede y debe agregarse para obtener eficiencias en el Proceso de Contratación
y mejorar la posición negociadora del Estado colombiano”48.
52. Más adelante, en el capítulo IV y V estableció:
“IV. Forma de presentación de la Oferta
El artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082, establece que la selección de Proveedores
para un Acuerdo Marco debe hacerse por licitación pública. El Proponente podrá
presentar oferta para cada una de las categorías o subcategorías, según corresponda,
del lote de compra -venta o el lote de alquiler de ETP. Todos los Proponentes deben
estar en capacidad de vender ETP o prestar el servicio de alquiler de ETP en el
territorio Nacional”.
“V. Proceso de selección de Proveedores
El artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082, establece que la selección de Proveedores
para un Acuerdo Marco de Precios debe hacerse por licitación pública” 49.
47 Pág. 3 del documento citado.
48 Pág. 5-6 del documento citado.
49 Pág. 17 y 18 ib.
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53. Conforme a lo anterior, el pliego de condiciones indicó la necesidad de
suscribir un Acuerdo Marco cuyo alcance consideraba “las especificaciones
establecidas en los estudios y documentos previos50, en orden a establecer:
“(a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler de ETP …; (b) las condiciones
en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las
condiciones para el pago de la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y
Periféricos por parte de las Entidades Compradoras”51
54. Y señaló que la modalidad de selección del AMP era la licitación pública:
“La selección de los Proveedores para un Acuerdo Marco debe hacerse por licitación
pública de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007 y por el artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015” 52.
55. Con la precisión de que el reproche formulado por el actor apunta a
confrontar la omisión de tal requisito frente a los documentos previos y el pliego
de condiciones -sin refutar el contenido de una justificación, a la que tacha de
inexistente-, la Sala encuentra que no hay cabida al cargo que se analiza, pues
visto el acto en su contenido y a partir de sus bases sí se advierte la indicación
y la justificación acerca de la modalidad de selección escogida, tanto por la
mención puntual de aplicar el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
y el artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015, como al hacer énfasis
en la incorporación de los documentos previos como parte integrante de las
reglas del pliego de cara a la suscripción de los AMP.
56. Esta visión supera lo formal y es consistente con mandatos superiores
a los que no escapa la tarea del juez de la legalidad, pues al tenor del artículo
228 de la Constitución Política53 el ejercicio de la función de administrar justicia
impone que en las decisiones judiciales prevalezca el derecho sustancial. Lo
anterior, aclara la Sala, en manera alguna autoriza a desconocer requisitos
legales, sino a reconocer que éstos pueden ser observados y estar presentes
de forma esencial en los diversos contenidos que conforman el acto.
57. Así, del análisis de legalidad efectuado y en concordancia con la
hermenéutica inscrita en la citada regla constitucional, la Sala concluye que no
existe la infracción aducida a partir de una lectura integral y completa del pliego
y de los fundamentos en que se soporta, permitiendo distinguir entre una
inobservancia formal y una sustancial, sin que esta última se haya configurado;
por lo que el reproche será negado.
(ii) Violación del principio de publicidad y transparencia por cuanto la
entidad realizó una publicación indebida de los avisos de que trata el
numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
50 Pág.12 del citado pliego
51 Ib.
52 Pág. 3 del citado pliego.
53 “ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial (…)”.
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58. Para el actor se violaron los principios de publicidad y transparencia
porque la publicación de los avisos a los que se refiere el numeral 3 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993 se hizo antes del acto que ordenó la apertura del
proceso de selección y no después de este momento. Al respecto, expuso que
la entidad interpretó equivocadamente la norma al considerar que la licitación
abre el mismo día de la expedición del acto que ordena su apertura, cuando lo
que señala el núm. 1° de dicho artículo es que se ordenará su apertura,
evidenciando que se trata de una fecha posterior.
59. Afirmó que primero se debe proferir el acto de apertura, después
publicar el pliego de condiciones definitivo y luego realizar las publicaciones a
las que se refiere el mencionado artículo. Una interpretación distinta llevaría a
escenarios poco razonables, a los cuales se refirió en la demanda. Concluyó
que la circunstancia de que la publicación de los avisos se hiciera después del
acto que ordenó la apertura, afectó la publicidad del proceso y restó 20 a 10
días a los proponentes para que presentaran sus propuestas.
60. Colombia Compra Eficiente subrayó la carencia de respaldo normativo
en la interpretación del citado artículo 30. Negó la vulneración de los principios
de publicidad y transparencia ya que los avisos que ordena la norma son
electrónicos, así que desde su publicación por primera vez se cumpliría con
aquellas garantías. Como el aviso de convocatoria fue publicado el 11 de julio
de 2019 y el acto de apertura el 8 de agosto siguiente, la norma se cumplió.
61. Para el Ministerio Público la ley no hace obligatorio que se publiquen 3
avisos, y dado que el 11 de julio de 2019 CCE publicó el respectivo aviso,
concluyó que no se infringió el artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
62. El artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN. La licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas:
1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de
acto administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la
resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de
apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o
factibilidad.
(…)
3o. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia
licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5)
días calendario, según Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en Ia
página Web de Ia entidad contratante y en el Sistema Electrónico para Ia Contratación
Pública -SECOP (…)”.
63. El estudio de este cargo impone, de nuevo, pasar por el tamiz que
determina que los actos preparatorios y de trámite no son objeto de control
judicial. En el caso concreto, el actor recrimina (i) la publicación indebida de
los avisos de que trata el núm. 3 del art. 30 de la Ley 80 de 1993, por la
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equivocada interpretación de la entidad respecto de esa disposición; y, (ii) que
se afectó la publicidad del proceso de selección y se disminuyó el tiempo que
los proponentes tenían para presentar sus propuestas.
64. Sobre el primer aspecto, la Sala advierte que el interés del actor no
apunta a un vicio que afecte el pliego de condiciones. El reproche está dirigido
a cuestionar la interpretación de una norma y a debatir sobre ésta para, de allí,
afirmar que la publicación del aviso se hizo en una oportunidad distinta a la
que debería.
65. Este panorama revela que el pliego demandado no es contendor de un
vicio en su expedición, a propósito de la aplicación de la normatividad aludida;
ello se constata en tanto lo que el demandante plantea realmente es una crítica
al numeral 3 del citado artículo, ya que a su juicio debe entenderse que el hito
de cómputo para publicar los avisos es posterior y no anterior al acto de
apertura, aun cuando la norma establece que “[d]entro de los diez (10) a veinte
(20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia licitación se publicarán hasta
tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario”.
66. Vale decir que el medio de control de nulidad no está orientado a
cuestionar la norma superior que se dice infringida por el acto acusado, ni su
enunciado normativo; el objeto de este dispositivo se ocupa del examen de
legalidad del acto demandado, y de este escenario escapan las preferencias
subjetivas del actor respecto a lo que debería decir la norma en la que aquel
se fundó. Por ello, sólo de constatarse de manera fehaciente la presencia de
vicios en la formación del acto definitivo sería procedente su nulidad a través
de este medio de control objetivo y abstracto, sin que el escenario judicial
admita un debate simplemente de oposición y crítica, sin proyección clara y
directa en la esfera de la legalidad del acto cuestionado, como aquí acontece.
67. El segundo aspecto, pregona que se afectó la publicidad del proceso
de selección y se disminuyó el tiempo de los proponentes para presentar sus
propuestas. Este ataque, así mismo, será desestimado, pues la manifestación
coincidente entre demandante y demandada de que el aviso sí se publicó en
la página del Secop y el registro en dicha plataforma de que tal acontecimiento
ocurrió, revelan que no se desconoció el principio de publicidad que debía
acompañar la expedición del pliego. De suerte que la materialización de la
función jurídica asignada por ley al aviso, en orden a anunciar al público,
comunicar y dar a conocer acerca de la próxima apertura de una licitación,
impide que hubiese germinado un vicio como el planteado en el acto objeto de
escrutinio; lo que llevará a negar este cargo.
68. No sobra indicar que cuando el actor se queja de un defecto que en
definitiva se descarta, habrá de decirse, con lógica, que tampoco es posible
desatar el efecto asociado a éste. Pero incluso en el escenario de que la
reducción del tiempo para presentar propuestas hubiese acontecido, tal
reproche excedería el contencioso objetivo de anulación, pues sería de cargo
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de los sujetos afectados comprobar que ello sucedió y demostrar en qué
consistió la lesión o menoscabo de sus derechos de cara a las propuestas
presentadas, lo que revela una inconformidad de orden subjetivo ajena al sub
lite, que no se refugia en el interés jurídico del actor ni en la calidad en que
éste actúa. Por lo anterior, el reproche será negado.
(iii) Violación flagrante al principio de publicidad al no efectuar la asignación
de riesgos definitiva durante la Audiencia de Asignación de Riesgos, ni
publicar el acta o documento de la referida audiencia
69. Como fundamento del reproche sostuvo el demandante que la
audiencia de riesgos culminó, sin asignarlos de forma definitiva, como exige el
art. 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, pues esa gestión sólo se concretó
en fecha posterior con la publicación de la adenda núm. 1. Además, recrimina
que no se publicó el acta de tal audiencia dentro de los tres (3) días que señala
el art. 2.2.1.1.1.7.1 ib.
70. Colombia Compra Eficiente precisó que la realización de la audiencia
de riesgos se cumplió en los términos descritos por el Decreto 1082 de 2015,
y publicó en el SECOP II el documento contentivo de las observaciones
indicando cuáles habían sido acogidas y, basado en esto último, publicó la
adenda 1 modificando los documentos definitivos. El Ministerio Público
respaldó la postura de la entidad demandada.
71. Los apartes de las normas que se postulan infringidas, son los
siguientes:
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la “ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad
licitación. En la etapa de selección de la en el SECOP. La Entidad Estatal está
licitación son obligatorias las audiencias de: a) obligada a publicar en el SECOP los
asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a Documentos del Proceso y los actos
solicitud de un interesado es necesario administrativos del Proceso de
adelantar una audiencia para precisar el Contratación, dentro de los tres (3) días
contenido y alcance de los pliegos de siguientes a su expedición. (…)”
condiciones, este tema se tratará en la
audiencia de asignación de Riesgos.
En la audiencia de asignación de Riesgos, la
Entidad Estatal debe presentar el análisis de
Riesgos efectuado y hacer la asignación de
Riesgos definitiva (…)”.
72. Dos aspectos debe destacar la Sala; el primero impone subrayar que el
acto objeto de la pretensión anulatoria bajo el sub lite es el pliego de
condiciones de la licitación pública No. CCENEG-018-1-2019, y el segundo
impone tener presente cuál es la función jurídica de las normas de publicidad
que establece el ordenamiento jurídico, en sede precontractual.
73. Unidos estos elementos es apenas evidente que el reproche postulado
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no tiene destino ni incide en el pliego de condiciones; lo anterior, en la medida
que se trata de un cuestionamiento que se cierne en la actuación
administrativa pero que no trasciende al ámbito de las nulidades, ello ante la
circunstancia de que se realizaron las actuaciones que conforman el eje
central de las aludidas normas (como el mismo actor refiere) y, por esa vía, se
concretaron las garantías que subyacen a éstas, en tanto: (i) la realización de
la audiencia y la asignación definitiva de riesgos sí se efectuaron y se garantizó
el derecho de contradicción frente a la definición inicial de aquellos; y (ii) se
materializó el principio de publicidad al registrar en la plataforma la posición de
la Administración sobre su asignación final, mediante la Adenda 1 al pliego.
74. De esta manera, como el examen de legalidad no es equivalente al
culto por las formas, consideradas en sí mismas, y sin que exista repercusión
alguna de irregularidades que se proyecten en el pliego definitivo, no se abre
paso la configuración de un vicio de nulidad bajo el cargo aducido.
75. En otras palabras, dado que la función jurídica de las normas que se
tildaron infringidas se cumplió -al haberse identificado, valorado y asignado los
riesgos, y publicados los resultados en función de su determinación final a
través de la plataforma disponible para ello- se concluye que estas actuaciones
quedaron cubiertas por la regla de corrección de la actuación administrativa
(art. 41 del CPACA) en los términos ya analizados en esta providencia.
76. No está de más señalar que la demandante, en todo caso, al formular
el cargo no precisó de qué manera una eventual incorrección, como la que
pregona, habría incidido en la legalidad del pliego de condiciones, por lo que
indefectiblemente la presunción que lo acompaña ha de mantenerse incólume;
además, si aun habiéndose definido los riesgos de forma definitiva, a través
de la Adenda 1, se predicara una vulneración de garantías asociadas al
principio de publicidad inscrito en las normas invocadas, ello excedería el sub
examine, pues en ese escenario el interés jurídico comprometido no sería en
de la mera legalidad, sino el subjetivo de quien se vio afectado en alguno de
sus derechos o garantías. Por estas razones, en conjunto con las expuestas
en el segmento que antecede, la Sala despachará negativamente este
reproche.
(iv) Violación flagrante al principio de planeación, en tanto no se encuentra
justificada la modalidad de selección escogida, así como los requisitos
de ponderación y adjudicación de la propuesta
(v) Violación flagrante al principio de transparencia
La Sala agrupa estos dos cargos de cara a los lazos argumentativos que los
unen.
77. El actor señala que hubo violación de los parágrafos 1° y 2° del artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, y de los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.1.2.1.3 del
Decreto 1082 de 2015, antes transcritos, al no haber justificado de manera
amplia y suficiente la modalidad de selección escogida. Afirma que la entidad
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pública tenía la obligación de fundamentar la modalidad de escogencia en vista
de la suspensión provisional de la expresión “por licitación pública” contenida
en el artículo 2.2.1.2.1.2.10 del precitado Decreto, que definía que este era el
mecanismo de selección para los Acuerdos Marco de Precios. Por tanto, el
estudio previo y el pliego de condiciones violaron aquellas normas.
78. Al lado de tal argumento planteó la violación del principio de planeación
y transparencia por CCE, al no “justificar los criterios para la selección y
adjudicación de la oferta más favorable, como lo establece el artículo 5 de la
Ley 1150 de 2007”.
79. Indicó que las dos omisiones descritas derivaron en la violación del art.
24 de la Ley 80 de 1993 que establece que los interesados en un proceso de
selección deben tener la oportunidad de conocer y controvertir las decisiones
y actos que lo conforman, y ello se impide cuando se omite justificar tanto la
modalidad de selección como los criterios de escogencia, y se incorporan sin
motivos unos requisitos técnicos y económicos mínimos.
80. La entidad demandada subrayó que la suspensión de la expresión “por
licitación pública” del artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto mencionado,
ordenada por el Consejo de Estado en auto del 18 de abril de 2018 (exp.
56.165) no afecta el pliego y sus bases, pues no implicó que en “… la selección
del proveedor o proveedores no pueda realizarse nunca una licitación,
circunstancia que dependerá del análisis que dicha entidad estatal (Colombia
Compra Eficiente) realice en cada caso frente a la modalidad de selección que
resulta aplicable”; y reiteró haber justificado la modalidad de selección.
81. Además de señalar que es un cargo reiterativo, descartó la vulneración
del principio de transparencia ante el cumplimiento de los requisitos fijados en
la ley ya que garantizó la posibilidad de conocer y oponerse a los todos los
actos ya que estos se publicaron en el Secop II. Refiere, en todo caso, que el
actor no atacó la claridad o ponderación de los criterios de evaluación, y éstos
fueron definidos en los documentos del proceso y se basaron, particularmente,
en el estudio de mercado que adelantó la entidad.
82. El Ministerio Público se refirió a la sección del pliego en la que se
plasmó que la modalidad de selección del AMP era la licitación pública, y se
apartó del reproche del actor indicando que sí se justificó al remitirse al art.
2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015.
83. Para abordar el análisis propuesto, en primer lugar, se reproducen las
normas que se invocan infringidas (se transcriben los apartes que fueron
citados por el demandante):
“ARTÍCULO 2o. DE LAS “Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Artículo 2.2.1.1.2.1.3.
MODALIDADES DE Estudios y documentos Pliegos de
SELECCIÓN. La previos. Los estudios y condiciones. Los
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escogencia del contratista documentos previos son el pliegos de condiciones
se efectuará con arreglo a soporte para elaborar el deben contener por lo
las modalidades de proyecto de pliegos, los menos la siguiente
selección de licitación pliegos de condiciones, y el información: (…)
pública, selección contrato. Deben
abreviada, concurso de permanecer a disposición 2. La modalidad del
méritos y contratación del público durante el proceso de selección y
directa, con base en las desarrollo del Proceso de su justificación.
siguientes reglas: (…)” Contratación y contener los
siguientes elementos,
PARÁGRAFO 1o. La además de los indicados
entidad deberá justificar de para cada modalidad de
manera previa a la apertura selección: (…)
del proceso de selección de
que se trate, los 3. La modalidad de
fundamentos jurídicos que selección del contratista y
soportan la modalidad de su justificación, incluyendo
selección que se propone los fundamentos jurídicos”.
adelantar.
PARÁGRAFO 2o. El
procedimiento aplicable
para la ejecución de cada
una de las causales a que
se refiere el numeral 2o del
presente artículo, deberá
observar los principios de
transparencia, economía,
responsabilidad y las
siguientes reglas:(…)”.
84. La Sala advierte que la premisa central de la censura queda vacía de
contenido, en tanto apunta a que la medida de suspensión de la expresión “por
licitación pública”54 del artículo 2.2.1.2.1.2.10 citado, le impuso a CCE la carga
de justificar el mecanismo elegido y no sólo fundamentarse en tal disposición;
lo que, en criterio del demandante no cumplió.
85. Analizado el primer cargo, la Subsección encontró justificada la
modalidad de selección del AMP en los estudios previos y el pliego de
condiciones demandados, en tanto allí se expresa la conveniencia de dar
continuidad a una primera generación de AMP para equipos tecnológicos y
periféricos -ETP- en función de los beneficios que a nivel de combinación de
tecnologías, negocios jurídicos, criterios de oferta y demanda en el mercado,
y aprovechamiento de las economías de escala, daban lugar a avanzar en la
licitación propuesta. De este modo, más allá de la suspensión de la citada
expresión, la justificación del mecanismo estaba cumplida.
86. Se precisa que el pronunciamiento judicial de suspensión, que a la
postre se confirmó al declararse la nulidad de tal expresión normativa 55 tuvo
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 18 de abril de 2018, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Rad. 11001-03-26-000-2016-00015-00 (56.165)
55 Mediante sentencia del 22 de octubre de 2021. Ibidem.
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una razón de ser puntual, consistente en que el Decreto 1082 de 2015 no podía
imponer a nivel reglamentario, a la licitación pública como mecanismo de
selección de los AMP, así que en caso de elegirse, debía estar sustentado en
el respectivo proceso de selección. La citada providencia indicó:
“… el inciso 1º del artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015, cuando establece
la licitación pública como regla obligatoria para la selección del proveedor o
proveedores con quien(es) se suscribirá el AMP, excede su competencia, puesto que
en ningún momento la Ley 1150 de 2007 impuso expresamente la licitación pública
respecto de dicho acuerdo. Distinto sería que, como consecuencia del análisis
casuístico del AMP y de las normas que consagran las modalidades de selección y
sus causales, CCE concluyera que resulta procedente la licitación pública, pero, se
reitera, esa conclusión no puede estar predefinida por el reglamento, dado que la Ley
1150 de 2007 no erigió como regla obligatoria la licitación respecto de los AMP”.
87. Ante la inexistencia de una prohibición de acudir a la licitación pública
para la escogencia de proveedores de un AMP, unido a que bajo el sub
examine sí se expresó la justificación de elegir tal modalidad, la Sala debe
decantarse por descartar la prosperidad del reproche aducido.
88. Lo propio acontece respecto de la violación del principio de
transparencia, dado que su fundamento descansa en la misma premisa fallida
atrás analizada, al reprochar que la omisión en expresar la razón de acudir al
mecanismo de selección impidió a los interesados conocer y pronunciarse
sobre aquellas justificaciones, pero que, por fuerza de hallarse reveladas en
los actos acusados, excluyen la configuración del defecto propuesto.
89. Bajo la misma línea, el actor formuló otra forma de transgresión del
principio de transparencia en tales actos, al no “justificar los criterios para la
selección y adjudicación de la oferta más favorable, como lo establece el
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007”.
90. Este reclamo -que corresponde al cargo 4.4. de la demanda56- no tiene
más desarrollo que el descrito, de modo que al enfrentar los estudios previos
y el pliego de condiciones, con los contenidos normativos del art. 5 de la Ley
1150 no se encuentra a la llana -es decir, en los mismos términos presentados
en la demanda- un escenario que exhiba una infracción legal57.
La mencionada norma trata acerca de la selección objetiva y la define como
aquella “en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la
entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”.
56 Visible a fl. 20 del c. 1.
57 Se precisa que aun cuando en los “Hechos y omisiones” de la demanda (fls. 5 al 10) el actor planteó
el incumplimiento de la entidad del deber legal de determinar los requisitos de participación y selección,
señalando que se exigieron requisitos habilitantes, de evaluación y de adjudicación que no se justificaron,
ni fueron adecuados ni proporcionales, lo cierto es que sólo se transcribieron fragmentos de tales
requisitos, sin explicación del por qué se estiman ilegales. Tampoco en el concepto de la violación
referido a este cargo se expuso algo más. Por lo que la Sala circunscribe su análisis al contexto fijado
en la censura.
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91. Puntualmente, respecto a los criterios de selección y adjudicación, que
son base de la censura, dispone:
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA.
(…)
2. <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de
los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública,
el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta
de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de
los organismos consultores o asesores designados para ello.
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las
siguientes alternativas:
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relación de costo-beneficio para la entidad. (…)”.
92. De este marco legal no es posible desprender el reproche de ilegalidad
aducido, pues lo que la norma establece es el imperativo de seleccionar la
mejor oferta a partir de la definición de factores técnicos y económicos, y de
criterios de ponderación detallados y precisos para tal escogencia. A diferencia
de lo que deja entrever el cargo, dicha disposición no obliga a justificar cada
uno de tales factores en los estudios previos ni en el pliego de condiciones
sino a establecerlos bajo criterios de objetividad, es decir, alejado de
motivaciones vinculadas al afecto o interés, y marca algunas pautas y criterios
para su definición.
93. Lo anterior razona en las bases mismas del “Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública” pues dicha connotación, la de ser
“general”, explica que se hayan concebido las reglas y principios que
disciplinan la contratación estatal, en un marco común y transversal a su
actividad negocial, y que como parte de su estructura incorpore la potestad
discrecional de la Administración para llenar de contenido variables de diversa
índole (técnica, financiera, entre otras) dentro de un margen de apreciación
ceñido a los principios y postulados que el ordenamiento jurídico prescribe.
94. Recuerda la Sala que la discrecionalidad corresponde a una potestad
de valoración emanada de la ley y conferida por ella, que faculta a la
Administración a tomar una definición dentro de un margen, más o menos,
amplio de maniobra, según disponga la ley, siempre con referencia al marco
normativo de la potestad que gobierna la materia58. Esta facultad no ignora
58 Sobre esta temática, la doctrina especializada señala que se trata “esencialmente una libertad de
elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la
decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la ley
y remitidos al juicio subjetivo de la Administración” Cfr. García De Enterría y Fernández Rodríguez. Curso
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que el actuar de la Administración está sometido al ordenamiento jurídico, y
en nada se opone al íntimo relacionamiento entre las diversas disciplinas que
confluyen por determinación normativa en el proceso de formación de la
decisión administrativa59.
95. Por ello, se afirma que el ejercicio de las potestades discrecionales
revela “la inclusión en el proceso aplicativo de la ley de una estimación
subjetiva de la propia administración con la que se completa el cuadro legal
que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular [de manera
que] la existencia de potestades discrecionales es una exigencia indeclinable
del gobierno humano: éste no puede ser reducido a una pura normocracia
objetiva y neutral, a un simple juego automático de normas (…)”60.
96. En ese sentido, la confección del pliego a cargo de la Administración le
autoriza a determinar las bases de participación y selección de la mejor oferta
y del futuro contrato por reconocimiento expreso de esta potestad discrecional
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, disposición de la que no
emana un precepto que obligue a la entidad pública a señalar en los
documentos previos o en los pliegos de condiciones los análisis del proceso
de formación y definición de tales requisitos. Lo que impone la ley es que se
establezcan de forma clara y precisa para que las reglas de participación y
selección sean objetivas y conduzcan a la selección de la mejor oferta, en
función del interés general que gobierna la actividad.
97. Al revisar el contenido de los estudios previos que soportan el pliego de
condiciones demandado, se evidencia que CCE estableció los criterios de
habilitación y evaluación del proceso de selección. Ello se advierte en el
capítulo “VI. Criterios para evaluar Ofertas y adjudicar el Acuerdo Marco” y en
el “VII. Adjudicación” (págs. 26 a 38 del citado documento) en el que se
definieron las premisas, requisitos y ponderación aplicable a dicho proceso de
escogencia. Lo propio es apreciable en el pliego de condiciones en la medida
que en el capítulo “VI. Criterios de evaluación de las Ofertas” (pág. 29 a 45) se
establecieron los criterios de evaluación y los puntajes que podían obtener los
proponentes, al igual que las reglas de adjudicación en los términos indicados
en el numeral “IX. Adjudicación” (pág. 52 a 54).
98. El despliegue de esta potestad discrecional, al menos en lo que atañe
al reproche del actor, no revela visos de ilegalidad puesto que CCE cumplió la
normativa que se dijo transgredida, en la medida que estableció los criterios
para la selección y adjudicación de la licitación pública No. CCENEG-018-1-
2019 y no estaba obligada a justificar cada requisito y variable, sin perjuicio de
la claridad, razonabilidad y objetividad que debe sustentar el ejercicio de tal
de derecho administrativo, cit., pp. 455-456 y 460-461; citado por MARIN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto,
en Revista Digital de Derecho Administrativo No. 2, Universidad del Externado, 2009. Pág. 164.
59 Sobre la potestad discrecional esta Subsección se ha pronunciado, entre otras, en sentencia del 27
de agosto de 2021. Rad. 25000233600020150099501 (58927), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
60 GARCÍA DE ENTERRÍA – FERNÁDEZ Tomás-Ramón, “Curso de Derecho Administrativo I”
Decimoctava edición, 2017, Thompson Reuters (Legal), Editorial Aranzadi S.A.U. Navarra. Pág. 501.
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definición -contenido que no fue cuestionado en este cargo por el demandante-
y por tanto, estas razones son criterio de razón suficiente para que la Sala
niegue el cargo.
(vi) Violación al principio de legalidad, planeación, transparencia y deber de
selección objetiva por cuanto no se incluyó como único factor de
evaluación el menor precio
99. El demandante planteó la violación de la Ley 1150 de 2007 respecto de
los numerales 2 del artículo 2, y 3 del artículo 5. El primero en cuanto establece
que la adquisición o suministro de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización es causal de selección abreviad. El
segundo en tanto ordena que en tales casos el único factor de evaluación de
propuestas es el menor precio. En contra, CCE decidió agregar factores
distintos al menor precio en el numeral VI Criterios de Evaluación, al incluir
factores económicos y técnicos de ponderación en el pliego demandado, lo
que desconoce el Decreto 1082 de 2015.
100. Agregó que, en todo caso, no se justificaron los otros dos criterios de
escogencia permitidos en la licitación pública -calidad y precio- ni se explicó
su ponderación para generar una ventaja a favor del Estado. Al no ser factores
esenciales para la comparación objetiva de las propuestas, se configuraba
igualmente la violación aducida.
101. La Agencia demandada precisó que el actor confunde la naturaleza del
proceso de selección de proveedores de AMP con el de adquisición de bienes
de características técnicas uniformes. El primero atiende por regla general a
una licitación pública por no encontrarse dentro de las excepciones planteadas
por la Ley 1150 de 2007, siendo viable incluir otros factores de evaluación; el
segundo apunta a una selección abreviada por subasta inversa, en que el
único criterio para la selección es el precio; son dos procesos distintos.
102. Además, no se reprochó que las condiciones establecidas para la
selección no fueran claras o generaran desigualdad; por el contrario, 51
competidores presentaron oferta y pudieron cumplir los requisitos del pliego,
incluidos los criterios técnicos como factor de ponderación.
103. En concepto del Ministerio Público, la selección de proveedores para un
AMP, u operación primaria, debe adelantarse por licitación pública y por tanto
admite otros criterios de ponderación; lo distingue del proceso de selección
abreviada por subasta inversa a la que se refiere el artículo 2 de la Ley 1150
de 2007 que puede implicar la compra por catálogo por parte de las entidades
compradoras, cuyo único criterio de selección es el menor precio.
104. El contenido de las normas que se aducen infringidas es el siguiente:
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE
SELECCIÓN. La escogencia del contratista se “ARTÍCULO 5o. DE LA
efectuará con arreglo a las modalidades de SELECCIÓN OBJETIVA.
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selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base (…)
en las siguientes reglas: …
3. Sin perjuicio de lo previsto en el
2. Selección abreviada. (…) Serán causales de numeral 1 del presente artículo, en
selección abreviada las siguientes:
los pliegos de condiciones para las
contrataciones cuyo objeto sea la
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios
de características técnicas uniformes y de común adquisición o suministro de bienes y
utilización por parte de las entidades, que servicios de características técnicas
corresponden a aquellos que poseen las mismas uniformes y común utilización, las
especificaciones técnicas, con independencia de su entidades estatales incluirán como
diseño o de sus características descriptivas, y único factor de evaluación el menor
comparten patrones de desempeño y calidad precio ofrecido”.
objetivamente definidos”.
105. Al examinar el contenido del pliego de condiciones sobre este aspecto,
se observa que para la evaluación Colombia Compra Eficiente tuvo en cuenta
como factores: el técnico, económico y el apoyo a la industria nacional, con los
siguientes puntajes:
Tabla 11 Puntaje por criterio de evaluación de cada categoría o subcategoría
Nº Criterios de evaluación Puntaje
1 Factor económico 70
2 Factor técnico 20
3 Puntaje para estimular la industria nacional 10
Total puntos 100
En donde el puntaje total de la oferta es la suma del puntaje relativo de todas
las Combinatorias que se encuentran definidas para cada una de las
categorías o subcategorías al que presente oferta -en atención a la fórmula de
calificación descrita en el pliego de condiciones-.
106. Para solventar este reproche, se torna necesario hacer algunas
precisiones relacionadas con las modalidades de selección de contratistas
dispuestas en el EGCAP, en particular la selección abreviada, de cara al
procedimiento de escogencia de proveedores de un AMP conforme a las
bases en que descansa su objeto y fin en el ordenamiento jurídico.
107. Este punto de partida permite razonar que los procedimientos de
selección y sus reglas expresan la trascendencia que tiene la actividad
contractual del Estado para la realización del interés general, lo que explica
que la selección de las mejores propuestas, en cualquiera de los sectores que
requieran la provisión de bienes o servicios a cargo del Estado, sea la base
fundamental en la que se edifica la consecución de tal propósito, y por cuya
virtud los objetivos y principios que rigen esta forma de gestión pública quedan
inscritos en el negocio jurídico respectivo.
108. La versatilidad que entraña el contrato estatal para la atención de las
múltiples y variadas tareas que tiene a su cargo la Administración, encuentra
en la colaboración de los particulares la fórmula de una gestión eficiente –tanto
en términos financieros como de ejecución estratégica– al obtener de aquellos
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la experiencia, conocimiento, ventajas de negociación y posicionamiento en un
ámbito o mercado específico.
109. Para alcanzar tales propósitos, el estatuto de contratación pública tiene
establecidas unas modalidades de selección de contratistas que permiten
determinar la ruta de escogencia de la propuesta más favorable a los intereses
del Estado, de acuerdo con las características del objeto, la función y el fin
perseguido con la futura contratación, o por la cuantía, constituyéndose estos
mecanismos en una forma o procedimiento que admite múltiples contenidos,
según la necesidad que se pretende suplir.
110. Con la expedición de la Ley 1150 del año 2007, el legislador adoptó
“medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993” y con tal
lineamiento ratificó a la licitación pública como el mecanismo por excelencia
para seleccionar contratistas del Estado; a la vez halló necesaria la
determinación de unas subreglas con las que completó, en cinco, las
modalidades de selección de contratistas disponibles en el ordenamiento
jurídico: (i) licitación pública; (ii) selección abreviada; (iii) concurso de méritos,
(iv) contratación directa; y (v) mínima cuantía61.
111. Tal categorización materializa, entre otros, el principio previsto en el art.
5 ib. que señala que “[e]s objetiva la selección en la cual la escogencia se haga
al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca”; lo
anterior, en la medida que a través de cada uno de los mecanismos de
selección se perfilan los criterios que conducen a la elección de la mejor
propuesta según la necesidad a ser atendida; entonces, en unos casos lo
determinante es el precio, en otros la calidad y, en otros más se acudirá a la
ponderación de variables. Así que, para el legislador la concepción de estas
pautas y medidas invitan y promueven la transparencia en la contratación
estatal.
112. En relación con la modalidad de selección abreviada, la ley determinó
que corresponde a la “prevista para aquellos casos en que por las
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual” (numeral 2
del art. 2 ídem). Entre sus causales, de cara al objeto sub examine, se resalta
la contenida en el literal a):
“a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y
calidad objetivamente definidos.
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de
61 La mínima cuantía ingresó al orden legal con el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado por
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, modificada por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020.
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instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco
de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos”.
(subraya propia).
113. Este enunciado normativo describe con precisión los elementos
centrales que conforman la causal: (i) se trata de un mecanismo disponible
para la “adquisición o suministro” que requiera realizar una entidad pública
(verbos rectores); (ii) respecto de “bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización” (objeto); y, (iii) para ello se acudirá
a: subasta inversa, instrumentos de compra por catálogo derivados de la
celebración de AMP, u operaciones de adquisición en bolsas de productos
(procedimiento).
114. De esta forma, desde la expedición de la Ley 1150 de 2007 se dispuso
que para bienes de tales características, las entidades acudirían a un
procedimiento de escogencia abreviado que encuentra justificación en la
naturaleza del objeto requerido, lo que permite hacer uso de mecanismos que
ofrecen estándares de adquisición eficientes y generan economías, como los
indicados en el párrafo anterior. A su vez, el parágrafo 5 del citado art. 2,
señala:
“PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo modificado por el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Los acuerdos marco de precios a que se refiere el
inciso 2 del literal a) del numeral 2 del presente artículo, permitirán fijar las condiciones
de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período
de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía
establecidas en el acuerdo. (se subraya)
La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo
marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la
posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios
ofrecidos.
En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de
compra y el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y
condiciones previstos en el respectivo acuerdo.
El Gobierno nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño,
organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento
establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se
hará obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. (…)”
115. El marco normativo reseñado define la función jurídica atribuida a los
AMP en dos operaciones negociales. En la primera o principal, se adelanta un
proceso de selección para la conformación de un catálogo de proveedores con
quienes CCE ha definido las condiciones de los bienes y servicios que serán
ofrecidos en una segunda operación, al paso que en ésta se adelanta la
adquisición o suministro por parte de la entidad estatal directamente
interesada, por selección abreviada, mediante la colocación de una orden de
compra bajo el AMP. De suerte que la actividad de CCE se limita a
preestablecer un banco de proveedores y las condiciones para acceder a
éstos, para que luego la entidad respectiva pueda adquirirlos a través de un
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proceso de selección abreviada.
116. Como desarrollo de los anteriores preceptos, los acuerdos marco de
precios fueron objeto de reglamentación en los artículos 46 a 49 del Decreto
1510 de 2013; disposiciones que luego fueron incluidas en el Decreto 1082 de
2015 -Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional-
y sus modificatorios, en los que se vislumbran reglas relativas a la procedencia
y utilización de los AMP, entre otros, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.8. Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo
Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces,
periódicamente debe efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos
Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características
Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las
Entidades Estatales y la información disponible del sistema de compras y contratación
pública.
Las Entidades Estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo
Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente
debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar el
Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado”.
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia
Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la
Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada
a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal
pueda satisfacer la necesidad identificada.
Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido,
la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2. 7 del presente decreto
está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia
Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra
correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios (…)”.
117. Sobre la caracterización de estas dos operaciones se ha pronunciado
la jurisprudencia de esta Corporación en diversas oportunidades, para señalar
respecto de los Acuerdos Marco, lo siguiente:
“5.3.- Se trata, en esencia, de un contrato marco o normativo que se
desarrolla en dos etapas o momentos. Una primera, donde un organismo
centralizado de compras públicas celebra, con ciertos proveedores
seleccionados, un negocio jurídico de larga duración en virtud del cual se
pactan las condiciones contractuales uniformes que serán observadas para
la adquisición de ciertos bienes y/o servicios por cuenta de las entidades
públicas durante un tiempo prefijado, haciéndose consistir su efecto
normativo en su aptitud para gobernar los términos jurídicos de los futuros
negocios subsecuentes que se realizarán a su amparo. Perfeccionada esta
primera etapa, adviene el segundo momento del procedimiento, que consiste
en la concreción, en cada caso en particular, de órdenes de compra de bienes
y/o servicios de cada entidad pública obligada a contratar conforme al
Acuerdo Marco según las necesidades a satisfacer, ciñéndose a las
condiciones contractuales ya pactadas entre el organismo centralizado y los
proveedores (…)”62
118. La distinción entre tales operaciones permite advertir que la modalidad
de selección abreviada bajo la causal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
de 16 de agosto de 2017, Exp. 56166, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
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1150 de 2007 corresponde a la que es adelantada por la entidad estatal
interesada en la “adquisición o suministro” de bienes de características
técnicas uniformes y común utilización; procedimiento de selección que entre
otros mecanismos autoriza a acudir a “instrumentos de compra por catálogo
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios” frente a los cuales
“las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor
precio ofrecido”.
119. Es allí donde no haría sentido incorporar otros factores de escogencia,
pues, p. ej., si la entidad que accede al AMP incluye otros factores al catálogo
de proveedores, desnaturaliza el mecanismo y las ventajas del contrato marco
que son las que promueven la transparencia y objetividad que inspiró al
legislador al contemplarlas.
120. A partir de lo expuesto, la Sala no encuentra mérito bajo el cual se
entienda configurado el vicio por infracción de las normas aducidas por el
actor, en tanto, se itera, la restricción del numeral 3 del artículo 5 de la Ley
1150 de 2007 relativa al menor precio como único factor de evaluación, es
propia de la operación secundaria, no así de la primaria que es de la que trata
el pliego de condiciones examinado, por lo que el cargo será negado.
(vii) Violación flagrante al principio de transparencia, economía, derecho
fundamental a la igualdad y libertad de empresa al exigir CUPO DE
CRÉDITO y certificación de DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
(viii) Violación flagrante al principio de igualdad, deber de selección objetiva
libre concurrencia, al ponderar marcas adicionales, en el marco (sic) de
un proceso de selección cuyo objeto es la adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes de común utilización
La Sala analizará conjuntamente estos dos cargos de cara al contexto
argumentativo y conceptual que comparten.
121. Tilda de ilegales estos requisitos, al transgredir los art. 24 y 25 de la Ley
80 de 1993 y el derecho a la igualdad, en tanto: (i) la certificación de distribuidor
autorizado no es un requisito que la ley exija a los comerciantes dedicados a
la venta o alquiler de equipos tecnológicos, así que no pueden ser exigidos
para participar, basta la manifestación de que los bienes o servicios son de la
calidad ofertada, asumiendo el vendedor las obligaciones de garantía, la cual
es solidaria con el fabricante; (ii) respecto del cupo de crédito, además de no
ser un requisito exigido en la ley, es discriminatorio para los proponentes que
ejecutan contratos con sus propios recursos, y no es coherente pedirlo si se
cumplen los requisitos de liquidez que el pliego exige. De otra parte, señaló
que se incluyó el diferencial de marcas adicionales para la ponderación de las
ofertas, sin que ello represente mejores rendimientos, eficiencia o calidad,
contrariando el art. 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
122. La entidad pública demandada señaló, de un lado, que tales requisitos
fueron resultado de los estudios de mercado y derivan de la naturaleza misma
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de operaciones de compra y alquiler de equipos tecnológicos y periféricos al
demostrar que la cadena de distribución de los ETP inicia con el suministro del
bien a través de dos fuentes: (i) fabricante y/o (ii) distribuidor mayorista
autorizado. Además, tales requisitos se definieron para garantizar los mejores
estándares de calidad de los bienes requeridos por las entidades públicas. De
otro lado precisó que los requisitos puntuables en un proceso de selección
buscan fortalecer ciertos criterios técnicos que no limitan la participación en el
proceso y sí aseguran mayor concurrencia de proveedores, más aún en el
ámbito de un AMP en que se escogen numerosos proveedores.
123. Los planteamientos de CCE fueron compartidos por el Ministerio
Público, ante lo observado en los documentos previos.
124. Corresponde a la Sala, en primer lugar, analizar si la inclusión de los
dos requisitos que refiere el actor vulnera los principios de economía,
transparencia, igualdad y libertad de empresa, de cara a las previsiones de los
artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993. Para el efecto, conviene precisar
brevemente el alcance de tales principios.
125. Desde la óptica de la contratación estatal, el principio de transparencia
tiene la función de instrumentalizar procesos de selección bajo reglas claras,
objetivas, justas, completas, imparciales, motivadas, públicas y controvertibles
que conduzcan a la selección de la mejor propuesta, y se evite el escenario de
la arbitrariedad, improvisación o manipulación en la escogencia del contratista.
126. El principio de economía promueve la definición de etapas y
mecanismos necesarios para adelantar sin dilaciones e indefiniciones los
procesos de contratación de las entidades estatales; de modo que propende
porque la actuación precontractual se adelante con austeridad de tiempos,
medios y gastos, y esté precedida de los estudios y análisis que definan el
objeto del contrato y las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales
necesarias para su ejecución.
127. Bajo el principio de igualdad, la Administración debe garantizar la
oportunidad de participación de los sujetos que estén en posibilidad de
contratar con el Estado para satisfacer las necesidades públicas que subyacen
a éste; y alude, así mismo, al deber de la Administración de conferir el mismo
trato en la exigencia y aplicación de las reglas del proceso de selección y su
evaluación.
128. A su turno, el principio de libre concurrencia aplicado a la contratación
estatal salvaguarda la oportunidad de que todo interesado en participar en un
proceso de selección pueda presentar ofertas a la Administración y obtener el
derecho a ser adjudicatario del contrato, con la precisión que “es un principio
relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público impone limitaciones
de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la
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capacidad e idoneidad del oferente”63; por ende, esta garantía está sujeta a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que garanticen la capacidad
legal, técnica, administrativa y financiera requerida para la adecuada y
eficiente prestación del objeto a contratar.
129. A tono con tales postulados, el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 1150
de 2007 señala que para la definición de los requisitos habilitantes, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
“1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza
del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones
antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo
establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la
respectiva certificación” (se resalta).
130. Este enunciado normativo revela el despliegue de la potestad
discrecional en sede precontractual con sujeción a los principios y reglas
anotadas, e impone a la Administración el deber de establecer la medida de
su necesidad, y a partir de ésta realizar los estudios que sustenten, entre otras,
las reglas de participación del proceso de selección basado en el conocimiento
del mercado y sus partícipes. De ahí que cada uno de los eslabones -jurídicos,
técnicos, financieros y de experiencia- que se incorporen a los pliegos deben
construir una cadena razonada de exigencias, cuyo destino final sea la
realización del interés general, a través de la selección de la mejor propuesta.
131. En el caso concreto, se expidió el pliego de condiciones “para
seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco para la compra o alquiler de
Equipos Tecnológicos y Periféricos – ETP”. El objeto del Acuerdo Marco
consistió en “establecer: (a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler
de ETP al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las
Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones
para el pago de la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por
parte de las Entidades Compradoras”.
132. El estudio de mercado que precedió al pliego de condiciones, y cuya
realización atañe a las entidades públicas en sus procesos de contratación
según prescribe el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 64 expuso
que las bases de tal análisis se realizaba en perspectiva de avanzar en la
transformación digital del país, lo cual bajo la política del plan de Desarrollo
2018-2022 se orientaba a permitir el uso de tecnologías emergentes, el
desarrollo del entorno digital, la formación en talento digital, la seguridad digital
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio
de 2001, 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037), Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez.
64 “ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
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y la interoperabilidad de plataformas. Para la determinación de los bienes
objeto de la selección de proveedores, incluyó la definición de los ETP en los
siguientes términos:
“Son los Equipos Tecnológicos y Periféricos como: (i) computadores de escritorio; (ii)
computadores portátiles; (iii) estaciones de trabajo; (iv) tabletas; (v) impresoras
térmicas; (vi) impresoras matriz de punto; (vii) impresoras MFP láser blanco y negro;
(viii) impresoras láser color; (ix) impresora de inyección de tinta; (x) lectores de
códigos de barras; (xi) escáneres; (xii) video proyectores; (xiii) monitores industriales,
(xiv) tableros interactivos, (xv) accesorios adicionales, entre otros”65.
133. A través del RFI -Request For Information66- que llevó a cabo con
participación de entidades estatales y proveedores, CCE determinó que las
entidades que requieren ETP para el desarrollo de sus funciones lo realizan a
través de procesos de contratación de alquiler y compraventa; y conforme a la
experiencia de los Acuerdos Marco celebrados en 2015 y 2017 para alquiler y
compra de ETP, respectivamente, se podía brindar un sólo escenario que
permitiera suplir sus necesidades en cualquiera de estas operaciones.
134. Al referirse al entorno económico, nacional e internacional de los ETP,
a partir de variables de importación y exportación, precisó que los productos
informáticos y electrónicos de iniciativa de fabricantes nacionales de equipos
de cómputo y tabletas no se ha consolidado para competir con los actores
internacionales67, que hacen parte de la industria global.
135. Sobre el papel de los actores más representativos en el mercado
internacional de los ETP, puntualiza que la dinámica económica global ha
abierto los canales de comercialización en los países desarrollados, así como
en países en vías de desarrollo, de allí que exista una transformación en su
cadena de fabricación y distribución. Precisó al respecto:
“Para el sector de ETP, la dinámica global ha sido un factor fundamental para el
desarrollo y transformación del sector, teniendo en cuenta que la cadena de
elaboración y distribución de sus componentes ha permitido que ingresen actores a
nivel global, ya sea, como fabricantes (Hardware, Software, aplicaciones, plataformas,
entre otras), distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas o canales de
distribución. La evolución de la industria ha permitido que tanto los países
desarrollados como los países en desarrollo promuevan nuevos empleos y
contribuyan con el conocimiento tecnológico de los distintos sectores que conforman
las TIC. Los actores globales más representativos de la industria, por su
posicionamiento de marca, liderazgo tecnológico, poder de adquisición y capacidad
financiera son: (i) Computadores: IBM, Fujitsu, Hewlett-Packard, Dell, Apple, Acer,
Lenovo (ii) Periféricos: Hewlett-Packard, Xerox, Epson, Kodak, Cannon, Lexmark,
Hacer, Fujitsu, Sharp”.
136. Igualmente, en dicho estudio se identificaron las características de los
65 Pág. 6 del Estudio de Mercado; y pág. 4 de los Estudios y Documentos Previos.
66 En ingles, “Request for Information”, “es la solicitud de información acerca de los Instrumentos de
Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de tecnología enviada por Colombia
Compra Eficiente el 27 de febrero de 2019”.
67 Señaló: “Adicionalmente, el papel de estos fabricantes [nacionales] consiste en integrar piezas que se
producen en los mercados en los que se encuentran, lo cual limita su aporte desde el punto de vista de
investigación, desarrollo e innovación”. (pág. 10 del Estudio de Mercado).
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productos y servicios en ETP que ofrece el mercado68, sus fabricantes, y la
estructura de costos calculada para cada modalidad (alquiler y venta).
137. Producto de las diferentes sesiones realizadas con múltiples actores
(entidades públicas, fabricantes, agremiaciones) se dieron a conocer las
observaciones y oportunidades de mejora a raíz de la ejecución de los AMP
de 2015 y 2017 para considerarlas en la nueva generación del Acuerdo Marco
de ETP en 2019, tanto en compraventa como en alquiler. Entre ellas se
destacan:
68 “Colombia Compra Eficiente realizó mesas de trabajo con los Fabricantes, los Canales y las Entidades
Estatales para determinar los ETP que se adquieren bajo la modalidad de compra-venta y/o alquiler así
como los servicios complementarios asociados y que generan una oferta de valor importante para las
Entidades Estatales. Los ETP identificados son: (i) los computadores; (ii) las tabletas; (iii) las impresoras;
(iv) los escáneres; (v) Plotter; (vi) video proyectores; (vii) lectores de códigos de barras; (viii) monitores
industriales; (ix) tableros y (x) otros accesorios y en materia de servicios complementarios se destacan
(i) mantenimientos preventivos, (ii) migración o transferencia de datos, (iii) instalación y configuración,
(iv) garantía extendida, (v) ofimática, (vi) antivirus y (vii) gestión de impresión, los cuales son aplicables
a alguno o a los dos modelos de contratación de computadores y periféricos, es decir compra-venta o
alquiler” (pág. 20 ib.); e identificó sus componentes. P. ej. respecto del ítem de “computadores”
estableció:
“El computador es un aparato electrónico que tiene el fin de recibir y procesar datos para la realización
de diversas operaciones y tienen una vida útil entre tres (3) y cinco (5) años aproximadamente, según
los Fabricantes. Entre las principales marcas de computadores están Lenovo, Hewlett Packard, Dell,
Acer, Apple, Toshiba, Samsung, Janus, PC Smart y Compumax. Los computadores tienen componentes
de Software y Hardware y dado su factor de forma se pueden clasificar en: (i) computadores de escritorio
y (ii) portátiles, los computadores de escritorio adicionalmente se encuentran en diferentes opciones
como son small form factor, tiny, mini o micro, all in one o todo en uno, workstation o estación de trabajo,
thin client o cliente liviano; los portátiles a su vez se encuentran en factor de forma integrado o híbrido
convertible 2 en 1, es decir que se puede convertir en tableta. En los componentes de Software más relevantes se encuentran entre otros los siguientes:
• Sistema operativo: Es el conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de un
computador y permiten el funcionamiento de otros programas. Entre los más conocidos de uso
corporativo se encuentran Windows 10 Pro, GNU/Linux y Macintosh.
• Anti-virus: El antivirus es un programa que ayuda a proteger los computadores de los virus que puedan
infectarlos y que pueden ocasionar borrado de archivos, alteración de datos o acceso a información
confidencial. Cada antivirus tiene características diferentes y utiliza métodos de detección desarrollados
por cada Fabricante.
• Licenciamiento de Software de ofimática: Es el conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas,
es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. En los componentes de Hardware esenciales se encuentran entre otros los siguientes:
• Procesador: Es el cerebro del sistema encargado de procesar toda la información y responsable de
ejecutar todas las instrucciones existentes. En el mercado se encuentran dos (2) fabricantes de
procesadores, Intel y AMD.
• El desempeño de un procesador depende de factores como: (i) arquitectura; (ii) número de núcleos;
(iii) la frecuencia de operación de los relojes; (iv) la capacidad de multitareas; (v) instrucciones
soportadas; (vi) tipos de memoria soportadas; y (vii) procesadores gráficos integrados.
• Memoria RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory), es el componente de
Hardware del computador donde el sistema operativo, programas, aplicaciones y datos de uso frecuente
son almacenados y de esta forma son rápidamente manipulados por el procesador. Existen dos tipos de
memoria RAM: (i) DRAM, Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio (Dynamic Random Access Memory) y
(ii) SRAM, Memoria Estática de Acceso Aleatorio (Static Random Access Memory), y dentro de estas
categorías se tienen diferentes tipos, los cuales dependen de la velocidad de transferencia y proceso de
datos como (i) DDR4 y (ii) LPDDR, entre otras.
La memoria RAM varía dependiendo si es un portátil o
un equipo de cómputo de escritorio y en su capacidad de velocidad. La capacidad de la memoria RAM
en equipos de cómputo oscila entre 8 GB y 64GB o más, dependiendo de la configuración y de las
ranuras disponibles.
• Disco duro: es la capacidad de almacenar permanentemente información, está dada en GB o TB, su
velocidad de transferencia de datos se mide en MB/s y pueden ser instaladas en equipos portátiles o en
equipo de cómputo de escritorio. El disco duro para uso corporativo depende de: (i) el sistema operativo
instalado en el computador que por lo general requiere de un almacenamiento interno de mínimo 20GB;
(ii) el formato, la resolución y el contenido de cada archivo; (iii) la cantidad de archivos y la tecnología de
fabricación, Disco Duro Mecánico (Hard Drive Disk, HDD) y Disco Duro de Estado Sólido (Solid State
Drive, SSD) (…)” (ib).
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• Revisar los tiempos de entrega definidos por cantidades y zonas del país,
así mismo la distribución en zonas de los equipos para determinar la
cobertura de la garantía y los tiempos de respuesta definidos.
• Permitir que las Entidades Estatales adquieran ETP de acuerdo a sus
necesidades, lo cual implica fichas técnicas dinámicas y modulares.
• Ofrecer a las Entidades Estatales soluciones de virtualización, soluciones
híbridas, escritorios virtuales con esquema de seguridad robustos y
excelente conectividad.
• Garantizar el acompañamiento del Fabricante y el canal en la disposición
final de los equipos que cumplieron su vida útil.
• Garantizar que las especificaciones técnicas de los ETP se encuentren de
acuerdo a las necesidades de la Entidad Estatal, y de los perfiles y
actividades a desarrollar por parte de los usuarios finales. (…)”69
138. Las observaciones reseñadas, apuntan a superar problemáticas o
circunstancias que bajo los primeros AMP se presentaron en su ejecución.
Entre ellas, la Sala advierte situaciones relacionadas con la necesidad de
adoptar medidas para acortar los tiempos de entrega cuando se trata de
órdenes de compra por cantidades, invitando a revisar en el marco de los AMP
las variables de disponibilidad de equipos para mitigar tales dificultades; lo que
condujo, entre otras razones, a plantear el siguiente esquema:
69 Pág. 35 del Estudio de mercado.
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139. Las eficiencias en costos, entrega oportuna, respaldo directo,
disponibilidad de equipos, fueron la base a partir de la cual se estimó
conveniente, en el escenario de una selección de proveedores en la segunda
generación de AMP, optar por una cadena de distribución con amparo del
fabricante y garantía de cantidades disponibles para responder en la operación
secundaria. Determinación que es proporcional y razonable de cara a la
continuidad de la política de transformación digital del país y a la necesidad de
optimizar recursos y tiempos a través de este circuito. Además, se debe
resaltar que se trata de un mercado de alto impacto en el país, en el que la
adquisición de estos equipos bajo el primer AMP (2017 a 2019) ascendió a un
valor de “$ 202.408,9 millones, $ 85.031,1 correspondieron a órdenes de
compra emitidas por entidades obligadas y $ 117.377,7 a órdenes de compra
emitidas por entidades no obligadas”70 según se extrajo de los registros de la
Tienda Virtual del Estado Colombiano.
140. Las ventajas que el estudio arrojó dieron cuenta de que para el año
2019 se negociaba en un mercado cada vez más competitivo, cambiante e
incluyente, en el que las transacciones asociadas a la venta de ETP tenían
dinámicas en las que se alcanzaban los siguientes beneficios:
“Los canales señalaron a Colombia Compra Eficiente que, para satisfacer las
necesidades de las Entidades Estatales, es fundamental ofrecer múltiples
marcas para los ETP, lo cual permite: (i) disponibilidad de los equipos en el
tiempo de entrega previamente establecido (ii) el fortalecimiento de las
relaciones comerciales con el Fabricante y Distribuidor Mayorista (iii) ofrecer
un servicio integral de venta y postventa; y (iv) tener precios competitivos por
parte del Fabricante. Por su parte, los Fabricantes manifestaron que el Canal
que ofrezca sus marcas podrá acceder a los siguientes certificados: (i)
Distribuidor autorizado: el Canal conoce el portafolio ofrecido por el Fabricante
y mantiene una relación comercial con el Fabricante (ii) Centro de servicio
autorizado: el Canal ha recibido capacitación del Fabricante para atender el
servicio post-venta de sus productos”.
141. Bajo ese contexto, en el pliego de condiciones se incluyó el requisito
denominado “Cadena de Distribución”, como parte de los requisitos mínimos
técnicos en la categoría de compraventa de ETP:
70 Pág. 31 Ibidem.
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142. Sin improvisación o capricho, se evidencia que CCE planificó en fases
o generaciones sucesivas los AMP de ETP y, como resultado de la experiencia
de sus anteriores contratos marco determinó entre los requisitos de selección
el de certificar que se trata de “Distribuidor autorizado”, figura de usanza en el
mercado de los ETP con la que se propuso contrarrestar las contingencias
advertidas y consolidar condiciones que ofrecieran mayores beneficios a las
entidades que acudieran a la operación secundaria, en tiempos, calidad,
disponibilidad y respaldo. Al respecto el pliego estableció:
143. La conveniencia y razonabilidad de hacer tal exigencia, es justificada y
coherente de cara al objeto y alcance del AMP. Sus bases y función descartan
la transgresión de los principios denunciados por el actor; por el contrario, es
evidente que la transparencia en la información, la participación y
contradicción, los análisis para la confección de los pliegos y las razones que
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lo motivaron, se materializó en el requisito aludido. A la vez, el principio de
economía está presente en tanto la determinación de las condiciones de
participación estuvo precedida de análisis económicos puntuales del sector
unido a las necesidades de respaldo, mantenimiento y provisionamiento de
tales equipos; lo que, de un lado, llevó a la definición de reglas y mecanismos
necesarios para adelantar sin dilaciones e indefiniciones técnicas y financieras
la licitación propuesta; y, de otro, a proyectar en sus requisitos condiciones de
mejora en la apuesta de valor para la adquisición de ETP tanto en la relación
costo - beneficio, como en la mitigación de los riesgos.
144. Se suma a lo anterior el interés que expresaron las entidades estatales
de poder adquirir ETP “de acuerdo a sus necesidades, lo cual implica fichas
técnicas dinámicas y modulares”, y que ofrezcan “soluciones híbridas” sin que
se afecte su funcionalidad y conectividad -como atrás fue referido-, en las que
se permita combinar categorías y subcategorías de equipos. En el estudio de
mercado se identificó y definió que la atención de estas necesidades puntuales
(que permitían integrar un equipo con otros de distintos fabricantes) se
denominaba “Combinatorias”; concepto que fue definido, así:
“Es la selección de ciertos requisitos mínimos técnicos para que la Entidad Estatal
pueda `armar` el ETP que se adecue a sus necesidades. Los requisitos mínimos
técnicos que la Entidad Estatal puede seleccionar, fueron definidos en mesas de
trabajo con Fabricantes, MinTIC y Colombia Compra Eficiente” 71.
145. Esta funcionalidad resaltaba el carácter versátil de contar con
alternativas combinables y abría la gama de posibilidades y aprovechamientos
en el manejo de las plataformas de cada entidad pública; potencialidad
presente en el mercado que imponía que esas “combinatorias” fueran
respaldadas por el fabricante a través del distribuidor respectivo para
garantizar que técnicamente fueran compatibles, sin perder sus atributos
tecnológicos y “permitiendo que los sectores que siguen usando tecnología
tradicional logren superar las barreras que se han generado frente a la
transformación digital”72.
146. Por tanto, en los Estudios y Documentos Previos al referirse a las
especificaciones y fichas técnicas de los equipos, en unión con el requisito de
distribuidor autorizado, se precisó lo siguiente:
“El Proponente debe allegar de cada marca presentada, un documento del Fabricante
en el que indique que es viable la configuración requerida para el ETP y cumple con
lo definido en el Anexo Técnico de cada categoría o subcategoría, aplica para el Lote
de compra-venta. Para la categoría de cómputo el proponente debe presentar un
documento firmado por el fabricante en el que indica y garantiza, que da cumplimiento
a los umbrales de rendimiento con la configuración integral del ETP con procesador
con el que será entregado. Debe entregar adicionalmente un documento del
Fabricante o Fabricantes de procesadores con los que el Fabricante del ETP tiene
relación y que podrán entregar durante la ejecución del Acuerdo Marco, aplica para el
Lote de compra-venta”73.
71 Pág. 4 tanto del Estudio de Mercado como de los Estudios y Documentos Previos.
72 Pág. 6 del Estudio de Mercado.
73 Pág. 25 del Estudio de Mercado.
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147. Distinto a los argumentos presentados por el actor, la Sala descarta la
presencia de los vicios de ilegalidad aducidos. No se observa que de manera
injustificada o arbitraria se haya definido el requisito de contar con certificación
de Distribuidor autorizado, no sólo porque las reglas autorizan su cumplimiento
de manera escalonada, ya sea al amparo del fabricante y también del
distribuidor mayorista, sino porque responde a la necesidad de garantizar la
compatibilidad y funcionalidad de los ETP y las posibles combinatorias.
148. No se presentó vulneración al principio de igualdad ni libre
concurrencia, pues no se trata de que las entidades estatales simplemente
generen un procedimiento de acceso a todo sujeto que se considere en
condiciones de cumplir el objeto pretendido, sino que ofrece un escenario en
el que se precisan las características y reglas mediante las cuales se proyecta
el cumplimiento de la necesidad pública llamada a satisfacer. El hecho de que
una actividad no tenga una restricción legal, como afirma el actor, no conduce
necesariamente a que se cumpla la habilitación para determinado proceso,
pues justamente según el objeto, su cuantía y complejidad los requisitos varían
(v.gr. la experiencia solicitada en unos contratos es menor y en otras mayor,
siendo relativa) y ello no deviene de que una norma restrinja o no la actividad
a contratar, sino que responda a los criterios de habilitación y selección en
procura de obtener las mejores condiciones de mercado para suplir las
necesidades que proclaman requerir las entidades públicas.
149. En este caso, se buscó garantizar la disponibilidad de equipos en las
cantidades que exija la operación secundaria, lo que el negocio de compra de
bienes para reventa, al que alude el actor, no necesariamente logra respaldar;
al igual ocurre respecto a la funcionalidad de las combinatorias de ETP con
miras a asegurar su compatibilidad entre fabricantes.
150. Estos argumentos sostienen, a su vez, la razonabilidad de que el pliego
hubiese definido como elemento ponderable el de marcas adicionales, al
señalar:
“Colombia Compra Eficiente otorgará puntaje a aquellos proponentes que relacionen
marcas adicionales a la mínima solicitada para dar cumplimiento a los requisitos
mínimos técnicos. Para ello, deberá cumplir con las mismas condiciones exigidas en
el pliego de condiciones so pena de no ser puntuada. Para ello, el Proponente debe
diligenciar las columnas del Formato 1 que tengan en su encabezado `MARCA- Factor
técnico adicional`, tantas veces como marcas adicionales presente en su oferta”74.
151. Lo anterior, en la medida que para la concreción de los objetivos del
Acuerdo Marco de Precios era fundamental ofrecer múltiples marcas para los
ETP y aprovechar todos los beneficios que el mercado ofrece. Esta vía
permitiría ampliar la gama de alternativas combinadas posibles en el AMP, y
potencialmente permitía generar beneficios en costos y en el abanico de
opciones para escoger las soluciones tecnológicas de los equipos que mejor
se acompasaran a las necesidades del adquirente.
74 Pág. 42 del pliego de condiciones sub examine.
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152. De modo que para la Sala el mencionado criterio técnico ponderable sí
representaba mejoras en el catálogo de ETP combinables y, a su turno,
extendía las ventajas económicas de cara a la participación de un mayor
número de marcas, siendo directamente proporcional con una mejor y mayor
concurrencia al proceso de selección.
153. Conforme a lo analizado en precedencia, el certificado de distribuidor
autorizado encuentra razón de ser y justificación en sede de legalidad, al igual
que el criterio ponderable de las marcas adicionales. Por lo anterior, el cargo
será negado.
154. En relación con el Cupo de Crédito, aunque el demandante acusa al
pliego de contener un requisito que carece de sustento legal, y además de ser
discriminatorio respecto de los proponentes que pueden ejecutar el contrato
con sus propios recursos, la Sala no encuentra cabida a tal reproche.
155. La premisa de este análisis impone plantear las bases legales en que
se sostiene la posibilidad de exigir un cupo de crédito. Al respecto, y como
parte de la garantía del principio de selección objetiva, el legislador confirió a
las entidades contratantes la facultad de aplicar los criterios para la
determinación de los requisitos habilitantes y de ponderación, en los términos
y bajo los criterios del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
156. La citada norma define como condiciones necesarias a verificar “la
capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes”; y a la vez, conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 201575, estableció en la etapa de planeación el deber de
análisis del sector a cargo de la entidad pública “desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo”.
157. A esta plataforma normativa se suma el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del
Decreto 1082, que al tratar acerca de la “Determinación de los Requisitos
Habilitantes” precisó que debía tenerse en cuenta: “(a) el Riesgo del Proceso
de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;
(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal
no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para
verificar los requisitos habilitantes”.
158. Al amparo de las disposiciones que autorizan el ejercicio de la potestad
de la Administración en relación con la determinación de los requisitos
habilitantes, las entidades estatales, en ejercicio de tales deberes, podrán
establecer requisitos como el cupo de crédito con el fin de garantizar la
75“ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del
Proceso”.
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capacidad financiera necesaria para contratar, siempre que su exigencia sea
adecuada, razonable y proporcional a la naturaleza del contrato. Ello será
viable, en términos generales, para garantizar los recursos que requiere todo
o parte del contrato, a través del respaldo que sobre ellos otorga un tercero
para ese negocio jurídico -generalmente corresponde a una entidad financiera
o, como en este caso, también el Fabricante o Distribuidor Mayorista-.
159. Al respecto, el pliego señaló lo siguiente:
160. Más allá de que la información acerca de los requisitos habilitantes que
se registra en el RUP revele índices para medir la fortaleza financiera del
interesado, como el de liquidez76, lo cierto es que puede ocurrir que la entidad
estime conveniente y razonable solicitar un cupo de crédito para completar la
garantía de recursos del contratista y que en la ejecución no existan retrasos
asociados a su carencia. Lo anterior, en tanto una y otra figura -índices de
liquidez77 y cupo de crédito- no guardan equivalencia o analogía de cara a su
función jurídica, aunque sean complementarias para robustecer la capacidad
financiera del proponente.
161. En los términos descritos, comoquiera que uno de los ejes de
optimización de los AMP de ETP en 2019 estaba asociado con la garantía de
disponibilidad de cantidades de ETP requeridos en la operación secundaria,
resulta ser que el cupo de crédito extendido por la entidad financiera o el
fabricante o distribuidor mayorista por $200`000.000 se constituye en medida
razonable para mitigar el riesgo de indisponibilidad de recursos. Lo anterior
halla justificación bajo una premisa básica, y es que el proponente puede
disponer de sus bienes y patrimonio como titular de tales derechos en lo
habitual de sus actividades, siendo relevante considerar que el caso concreto,
76 El Decreto 1082 de 2015 señala al respecto: “ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes
contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el
artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes: (…)
3. Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:
3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses (…)”
77 Los indicadores de liquidez definen la capacidad “para saldar las obligaciones a corto plazo que se
han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes”.
Instituto Nacional de Contadores Públicos. (2012). Principales indicadores financieros y de gestión.
Visible en: https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf.
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corresponde a un escenario negocial cuyo plazo fue fijado en dos años,
prorrogable por un año más78, en el que el respaldo del cupo de crédito
acompañaría el AMP durante toda su ejecución, disminuyendo el riesgo de
afectación de tal acuerdo ante variaciones de los índices de liquidez en el
patrimonio de los adjudicatarios. Se trata de una medida adecuada y
proporcional a los fines perseguidos en la contratación, pues es un tercero el
que respalda los recursos requeridos en la cadena de distribución hasta dicho
monto. En consecuencia y ante la inexistencia de la vulneración a los derechos
invocados, la Sala negará el cargo”.
162. En los términos descritos, comoquiera que uno de los ejes de
optimización de los AMP de ETP en 2019 estaba asociado con la garantía de
disponibilidad de cantidades de ETP requeridos en la operación secundaria,
resulta ser que el cupo de crédito extendido por la entidad financiera o el
fabricante o distribuidor mayorista por $200`000.000 se constituye en medida
razonable para mitigar el riesgo de indisponibilidad de recursos. Lo anterior
halla justificación bajo una premisa básica, y es que el proponente puede
disponer de sus bienes y patrimonio como titular de tales derechos, y mediante
el cupo de crédito es un tercero el que respalda los recursos requeridos en la
cadena de distribución hasta dicho monto. En consecuencia y ante la
inexistencia de la vulneración a los derechos invocados, la Sala negará el
cargo.
(ix) “Violación flagrante al derecho fundamental a la igualdad, al deber de
selección objetiva, y el principio de libre competencia al exigir en el
Anexo 3 `Ficha Técnica Categoría Compra-venta Formación y
Educación` que las tabletas cuenten con CERTIFICACIÓN ENERGY
STAR 7.0 o superior
163. Censura el actor la inclusión de la citada certificación por contrariar los
arts. 13 y 333 de la Constitución Política y el art. 5 de la Ley 80 de 1993. Indicó
que Energy Star es un programa creado por una agencia de Estados Unidos
para la protección ambiental que propende por la eficiencia energética; y
resulta discriminatorio para la empresa nacional incluir tal certificación en la
categoría de compraventa Formación y Educación (Anexo 8), pues está
dirigida únicamente a empresas que comercialicen productos en Estados
Unidos o en países que se han acogido a ese programa.
164. Por su parte, CCE señaló que esta exigencia constituye un requisito de
la ficha técnica que no limitó la participación de los interesados, pues sólo era
verificado en la adquisición de los equipos de la operación secundaria por las
entidades compradoras. Refirió que este tipo de certificaciones responde a una
política ambiental en la que el país está comprometido, y en el proceso de
selección sus beneficios repercutían, entre otros en: (i) uso eficiente de los
recursos naturales; (ii) mejor gestión de los residuos; y (iii) disminución del uso
78 Acuerdo Marco de Precios, consultado en el portal SECOP II, disponible en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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de químicos peligrosos. Dicha certificación es una herramienta del mercado
para garantizar a las entidades compradoras que adquieren productos con
soluciones de ahorro de energía y brindan protección al medio ambiente.
165. Las normas indicadas por el actor como infringidas son las siguientes,
además del ya citado artículo 5 de la Ley 1150 de 2007:
“ARTÌCULO 13. Todas las personas nacen “ARTÌCULO 333. La actividad económica y
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma la iniciativa privada son libres, dentro de los
protección y trato de las autoridades y gozarán límites del bien común. Para su ejercicio,
de los mismos derechos, libertades y nadie podrá exigir permisos previos ni
oportunidades sin ninguna discriminación por requisitos, sin autorización de la ley.
razones de sexo, raza, origen nacional o La libre competencia económica es un
familiar, lengua, religión, opinión política o derecho de todos que supone
filosófica. responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo,
El Estado promoverá las condiciones para que tiene una función social que implica
la igualdad sea real y efectiva y adoptará obligaciones. El Estado fortalecerá las
medidas en favor de grupos discriminados o organizaciones solidarias y estimulará el
marginados. desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá
El Estado protegerá especialmente a aquellas que se obstruya o se restrinja la libertad
personas que por su condición económica, económica y evitará o controlará cualquier
física o mental, se encuentren en circunstancia abuso que personas o empresas hagan de
de debilidad manifiesta y sancionará los su posición dominante en el mercado
abusos o maltratos que contra ellas se nacional.
cometan”. La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural
de la Nación”.
166. Ninguna de las normas reseñadas se advierte transgredida en los
pliegos de condiciones sub examine. Para la Sala, una perspectiva aislada y
unidireccional conduciría a concluir que exigir en las fichas técnicas de las
tabletas la certificación Energy Star 7.0 resulta un trato discriminatorio o
restrictivo de la libertad económica, cuando lo cierto es que la óptica de análisis
involucra llevar a la balanza dos ámbitos relevantes, el avance tecnológico y
la protección del medio ambiente, todo ello, en clave de concertar el desarrollo
sostenible de múltiples actividades humanas a partir de premisas asociadas al
menor daño, al consumo racional de recursos naturales, al uso y desuso de
ciertos materiales y a la recolección y gestión de los residuos de los aparatos,
entre otros principios y valores medioambientales.
167. En el caso concreto, CCE en sus estudios de mercado precisó que el
marco legal le imponía considerar y atender la regulación ambiental en el
proceso de selección de proveedores del AMP de ETP, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. Esta normativa tiene establecidas
políticas y regulaciones relativas a la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la Nación. Unido a lo anterior, aludió
al denominado Manual de Compras Sostenibles para entidades públicas y
privadas expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
darle total relevancia a la estrategia de compra responsable de bienes y
servicios sostenibles.
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168. Reseñó que la Resolución 1512 de 2010 del entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo definió la responsabilidad de los fabricantes
de computadores y periféricos de formular, presentar e implementar sistemas
de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos. Y mediante el
Decreto 1076 de 2015 reglamentó la gestión integral de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos para prevenir y minimizar los impactos
adversos al ambiente.
169. Este panorama normativo se proyectó en que el análisis de mercado
realizado por CCE identificara las principales normas técnicas y certificaciones
internacionales en materia de protección ambiental de estos equipos; y a que
su alcance y coberturas fueran esquematizados, como se registró en el
siguiente cuadro:
170. Al explicar la certificación Energy Star, el estudio de mercado registró
lo siguiente:
“La certificación Energy Star garantiza que los productos avalados con el sello
contienen soluciones de ahorro de energía que repercuten en una mejora en la calidad
del aire y la protección del medio ambiente. Los equipos de oficina con certificación
Energy Star, desde computadoras y monitores hasta equipos de imágenes, como
impresoras y copiadoras, ahorran energía mediante un diseño eficiente que se refleja
en un menor uso de energía para realizar tareas regulares y, cuando no están en uso,
ingresen automáticamente en un modo de bajo consumo”79.
171. Revisado con más detalle el cuadro anterior, se observa que para las
tabletas (equipo al que se ciñó el cargo que planteó el actor) ninguna otra
certificación o norma lo cobijaba, de manera que siendo aquella la que en el
mercado responde a la impronta de desempeño ambiental sostenible, su
exigencia derivaba en razonable, adecuada y proporcional en el marco de la
decisión de incorporar su exigencia en el Anexo 8, en el que se estableció que
79 Pág. 13 del citado documento.
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“[l]a tableta debe contar con certificación Energy Star 7.0 o superior. Esta
certificación debe poder ser verificada directamente desde el terminal”80.
172. La Sala advierte que la exigencia de la certificación aludida es fruto del
ejercicio de la discrecionalidad técnica de CCE, en la medida que al hacerlo
trenzó el interés público perseguido bajo el AMP, los derechos de participación
e igualdad de los interesados, y el análisis actual de los mercados y sus
avances tecnológicos, de cuyo resultado estableció como la mejor opción,
entre otras posibles, la adquisición de tabletas con certificación en ahorro de
energía, pues el mercado lo ofrecía.
En este punto conviene recordar que la doctrina ha sido consistente en señalar
que la discrecionalidad es “(…) esencialmente una libertad de elección entre
alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos,
porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (oportunidad,
económicos, etc.), no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la
Administración”81.
173. En este caso, de una universalidad de normas técnicas y certificaciones
ambientales, en particular, de cara a la naturaleza de los bienes objeto del
AMP (equipos tecnológicos y periféricos) no podría tildarse como
desproporcionado, irrazonable o arbitrario que la contratante analizara
aquellas más representativas en el mercado y a partir de allí materializara la
exigencia de contar con un mecanismo que obra como hilo conector entre la
fabricación y comercialización de equipos tecnológicos y las medidas de
protección que el medio ambiente reclama; ello, tanto en la escena nacional
como global, esta última siendo el escenario en el que principalmente se
fabrican estos productos.
174. Precisamente la valoración de tales criterios, pone en evidencia la
dinámica de las relaciones socio-económicas involucradas en las
determinaciones de la Administración, a la par, revela el diverso y en más de
las veces especializado catálogo de variables y estudios que resultan
necesarios para adoptar una decisión, los cuales no pueden ser abarcados
completamente por la ley; lo anterior explica que el legislador deposite en la
Administración la facultad discrecional de completar las hipótesis legales así
construidas y “[p]or eso, se ha dicho, la discrecionalidad aparece allí donde el
Derecho no llega´82, siempre en el marco y con los límites que fija el
ordenamiento jurídico, esto es, que la decisión sea “adecuada a los fines de la
norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”83.
80 Consultado en: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.898809&i sFromPublicArea=True&isModal=False.
81
Cfr. García De Enterría y Fernández Rodríguez. Curso de derecho administrativo, cit., pp. 455-456 y 460-461; citado
por MARIN HERNÁNDEZ Hugo Alberto, en Revista Digital de Derecho Administrativo No. 2, Universidad del
Externado, 2009. Pág. 164. Consultado en: https://revistas.uexternado.edu.co
82 DE VEGA PINZÓN, Gabriel, La Discrecionalidad Administrativa, Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, 1984, pp. 20 y ss.
83 El art. 44 de la Ley 1437 de 2011, establece: “DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que
el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los
fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.
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Radicación: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
175. Con este entendimiento, es evidente para la Subsección que la
exigencia de que tal certificación debía acompañar las fichas técnicas de las
tabletas que serían entregadas en la operación secundaria no desemboca en
una vulneración de garantías superiores ni legales; por el contrario, es una
medida que se corresponde con las responsabilidades que en materia de
medio ambiente tiene el Estado en el ordenamiento jurídico, así como en sus
compromisos de cuidado y sostenibilidad del planeta84; lo contrario implicaría
ponderar con mayor jerarquía el interés de uno o algunos partícipes de que no
se requiriera tal certificación -sin que el actor indicara si habría otra que
cumpliera con tal equivalencia para tildarse de discriminatoria- degradando el
nivel superior que tienen las medidas de conservación de los recursos
naturales y reducción de la contaminación, pues se trata de postulados que
hacen parte del interés general y se afilian al concepto del bien común.
176. Esta línea guarda armonía con los postulados de los artículos 13 y 333
de la Carta Política, en cuyas bases se reconoce el derecho a la igualdad, a la
iniciativa privada y a la libre competencia económica, con la connotación
trascendente de que éstos suponen “responsabilidades”, tienen “función
social” y están sujetos a los límites que impone el bien común -como es, en
este caso, la protección del medio ambiente-. Por las razones aducidas, se
descarta que tal exigencia pueda calificarse como desigualitaria respecto de
la empresa nacional o discriminatoria; de modo que el reproche no está
llamado a prosperar.
177. Corolario de lo expuesto, la Sala no encuentra que se hayan
desconocido las normas invocadas por el actor en cada uno de sus cargos, de
manera que negará las pretensiones formuladas en la demanda.
Costas
178. Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el
control abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, en virtud de lo establecido en el
artículo 188 del CPACA.
III. PARTE RESOLUTIVA
179. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
84 Como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas que, entre otros asuntos promueve objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) a través de principios empresariales dirigidos a “fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental” y “favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente”. En: https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-
tu/diez-principios/
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Radicación: 11001032600020190016200 (65.008)
Demandante: Mauricio Acero Montoya y otro
Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
V.F
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