Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00995-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Contrato de estabilidad jurídica
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00995-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00995-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de agosto de 2021
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / MODALIDAD DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO / PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
[E]ntre las diferentes formas de intervención del Estado en la economía (art. 334 de la Constitución Política) se definió, por vía legislativa, que el contrato se constituía en el mecanismo idóneo para fomentar la inversión privada pretendida, pues, por su conducto, inversionista y Nación acordaban estabilizar las nomas que acompañarían de principio a fin las inversiones propuestas, al haber sido fundamentales para conformar su decisión; de modo que, como fuente estable de derechos y obligaciones, el contrato se erigió en instrumento adecuado y razonable para la concreción de tales finalidades. Concordante con lo dicho, la Ley 963 de 2005 fijó un procedimiento especial para la presentación de la solicitud de contrato, su posterior evaluación y eventual aprobación, bajo los requisitos, términos y condiciones allí establecidos; por tanto, sólo con la suscripción del contrato se generaba una relación jurídica vinculante en función de la estabilidad normativa acordada.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 344 / LEY 963 DE 2005
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / ELEMENTOS DEL CONTRATO / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVIDAD APLICABLE / LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA / REGULACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LEY / FINALIDAD DE LA NORMA
[E]l contrato de estabilidad jurídica se constituye en el vehículo de intervención definido por el legislador para atraer la inversión privada, de modo que su celebración se constituye en conditio sine qua non para activar los beneficios de la estabilización normativa. Lo anterior, permite recabar en la existencia de dos instrumentos jurídicos que, en una relación de causa – efecto, confluyen en esta materia; el primero corresponde a la Ley 963 de 2005 por cuya virtud se creó el contrato de estabilidad jurídica, y se definió (i) su finalidad, (ii) el procedimiento para su conformación, y (iii) sus elementos esenciales y rasgos característicos; el segundo, corresponde al contrato mismo, esto es, aquel acuerdo de voluntades que siendo formalizado mediante escrito materializa, en cada caso concreto, la autorización conferida por el legislador para desatar las ventajas de un marco normativo estable, a partir de su celebración.
FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar concepto de 3 de agosto de 2015; Exp. 2246; C.P. Álvaro Namen Vargas y sentencia de la Corte Constitucional, C 320 del 24 de abril de 2006; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / ELEMENTOS DEL CONTRATO / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVIDAD APLICABLE / CONTRATO SOLEMNE / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUNCIONES DEL JUEZ / ETAPA PRECONTRACTUAL
[L]a celebración de todo contrato estatal, incluido el de estabilidad jurídica, impone para su perfeccionamiento el cumplimiento de la solemnidad escrita que prevé el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; así quedó refrendado, en particular, en el artículo 8 del Decreto 2950 de 2005, reglamentario de la Ley 963 (…) esta categoría, al corresponder a un contrato estatal, somete su existencia al cumplimiento de la formalidad escrita que, siendo un requisito ad substantiam actus, debe estar presente para el perfeccionamiento del contrato, so pena de que el negocio jurídico estatal se repute inexistente. Así, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 963 de 2005, conformado por varias etapas y, en concordancia con las previsiones de la Ley 80 de 1993, hay que señalar, desde ahora, que la solicitud de contrato de estabilidad jurídica -fase inicial de orden precontractual- no puede asimilarse con el contrato mismo, ni sus efectos son equiparables. Esta condición legal –esto es, la formalidad escrita del contrato de estabilidad jurídica– permite colegir, de entrada, diversas consecuencias, entre ellas, que no hay cabida a la pretensión de que el juez contencioso administrativo sea quien pueda dar por celebrado un contrato de estabilidad jurídica que no fue aprobado ni suscrito por la administración, pues más allá de las diferentes vías en que se pudiera aducir responsabilidad del Estado y, a la vez, las variadas formas de su restablecimiento o reparación, lo cierto es que no le corresponde al juez asumir la función administrativa de celebrar o entender celebrado el contrato.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 / DECRETO 2950 DE 2005 - ARTÍCULO 8 / LEY 963 DE 2005
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 29 de noviembre de 2018; Exp. 58006; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / ELEMENTOS DEL CONTRATO / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVIDAD APLICABLE / SOLICITUD DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / OBLIGACIÓN DEL INVERSIONISTA
[E]n cuanto a los elementos determinantes de los contratos de estabilidad jurídica, la ley dispuso: (i) que su objeto consistía en garantizar la aplicación de unas normas, identificadas expresamente en el contrato, a inversiones nuevas o a la ampliación de unas existentes, a favor del inversionista que lo celebrara; (ii) como causa del mismo estableció la necesidad de estabilizar un marco legal específico que fuera trascendental en la decisión de hacer nuevas inversiones o ampliar las existentes, en procura de aumentar la inversión en el país; y, (iii) se fijó una contraprestación, consistente en el pago de la prima a cargo del inversionista y a favor del Estado en los términos indicados en la disposición. (…) En punto al procedimiento administrativo que permite definir la celebración o no de un contrato de estabilidad jurídica, el artículo 4° de la Ley 963 distinguió entre una fase inicial de solicitud de contrato a cargo del inversionista, y una etapa subsiguiente de evaluación a cargo de un Comité; este último estaba encargado de estudiar la solicitud y definía sobre la aprobación o improbación de la suscripción del contrato.
FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C 320 de 2006.
REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROYECTO DE CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / NORMATIVIDAD APLICABLE / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DISCRECIONAL / POTESTAD DISCRECIONAL / PODER DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PODER DISCRECIONAL DEL CARGO PÚBLICO / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTIVIDAD INVERSIONISTA
La segunda fase de la determinación, se centra en las competencias del Comité de Estabilidad Jurídica. En las bases de esta etapa despunta como aspecto principal, la facultad discrecional conferida por el legislador al Comité, en la medida que, habiendo dejado plantados unos requisitos normativos y haciendo expresas las finalidades de la decisión, estableció que sería el análisis de diversas variables financieras, técnicas y en general de factibilidad –según el proyecto de inversión presentado– las que, en su conjunto, permitirían concluir si se aprobaba o no la suscripción del citado instrumento contractual. La decisión así adoptada, según el contexto de la ley, es discrecional y no reglada como parecería interpretarlo el demandante. En este punto, recuerda la Sala que la discrecionalidad corresponde a una potestad de valoración emanada de la ley y conferida por ella, que faculta a la administración a tomar una definición dentro de un amplio margen de maniobra; es decir, autoriza a definir si algo debe o no hacerse, siempre con referencia al marco normativo de la potestad que gobierna la materia. La simpleza de esta descripción, que se proyecta en diferentes escalas, no ignora que el actuar de la administración está sometido al ordenamiento jurídico –expresión del principio de legalidad que es llenado de contenido a través de reglas y principios– que, en nada se opone al íntimo relacionamiento entre las diversas disciplinas que confluyen por determinación normativa, en el proceso de formación de la decisión administrativa. (…) el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) en su artículo 36, hizo referencia el ejercicio de facultades discrecionales para actos generales o particulares, norma que se reprodujo en el artículo 44 del CPACA, como reconocimiento a una realidad de administración y ejercicio del poder público, soportado, entre otros, en criterios de utilidad y necesidad; así, tal disposición estableció como condición de la expedición de los actos bajo facultad discrecional.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 46
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C 301 del 3 de febrero de 1995; M.P. Hernando Herrera Vergara y C 524 del 1 de Julio de 2003; M.P. Jaime Córdova Triviño.
REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / NORMATIVIDAD APLICABLE / REGULACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA
[A]l fijar los “criterios específicos de evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica” el (…) CONPES 3366 estableció como derroteros: (i) el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 4 de la Ley 963 de 2005; (ii) las actividades económicas elegibles, descartando algunas relacionadas con el Régimen General de Inversiones y los expresamente excluidos por la Ley 963 de 2005, indicando que no se favorecerán unas actividades sobre otras, salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente; (iii) recabó en el carácter esencial de la norma objeto de solicitud de estabilización, subrayando que éste debe ser el factor determinante de la decisión de invertir y, a la vez, debía serlo de la aprobación o improbación de la misma por el Comité; y, (iv) estableció el criterio de rentabilidad económica y social mediante el cual se definiría si los efectos que en tales ámbitos proyectaba la inversión, ameritaban la celebración del contrato; entre otros criterios relevantes que el citado documento estableció. (…) Al lado de las guías definidas en los documentos CONPES, hay que señalar que mediante la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, se derogó expresamente la Ley 963 de 2005, determinación que, en precisión de sus efectos, trajo consigo la incorporación de un régimen de transición respecto de los trámites en curso.
FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4 / LEY 1607 DE 2012
ACTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No se pierde al vencer el término establecido en la ley para el procedimiento administrativo común / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
[S]i bien estableció un término de cuatro meses para decidir sobre la suscripción o no de tal contrato, no previó una sanción como la que reclama el censor pues, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, el legislador no halló que tal defecto tuviera la entidad de suprimir la competencia del Comité y, siendo así, de entrada, no es posible para el juez crear una sanción que la ley no prevé, aspecto que tampoco desprotege al solicitante, pues bajo reglas del procedimiento administrativo común, estuvo a su alcance propiciar una decisión ficta o presunta de carácter negativo, cuando consideró que la administración había dejado de decidir, prefiriendo esperar a una decisión expresa, respecto de la cual formuló los recursos que procedían. (…) el alcance y contenido del procedimiento en examen, tiene en la etapa de análisis a cargo del Comité un amplio margen de valoración según los diversos niveles de complejidad que revista su estudio, de forma que tal dinámica permite entender las razones por las cuales el legislador se abstuvo de imponer un efecto de pérdida de competencia a dicho organismo, y por ello, aun en los eventos en que se supere el plazo de 4 meses, no se afecta en sede de validez los actos administrativos así expedidos. (…) razón por la cual este cargo será negado.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 14 de febrero de 2011; Exp. 15880; C.P. Danilo Rojas Betancourth y del 29 de noviembre de 2018; Exp. 58006; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
SOLICITUD DE CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD DE CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / REGULACIÓN NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - Decisión de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[L]a Ley 963 de 2005 distinguió dos fases dentro del procedimiento de decisión de la solicitud: (i) la verificación de requisitos; y, (ii) la valoración por parte del Comité. Respecto a la primera estableció a cargo del inversionista interesado el cumplimiento de unos requisitos e información que debía incluirse en la respectiva solicitud para poder ser admitida a estudio, conforme lo dispuso el literal a) del artículo 4° de la citada Ley 963. Consistente con el concepto y finalidad de esta etapa inaugural, el Decreto 2950 de 2005 creó la Secretaría Técnica del Comité encargada de la recepción de las solicitudes de contrato y, entre otras funciones, de adelantar la “revisión previa” de los requisitos exigidos para su admisión (art. 2°). Igualmente, en dicho Decreto se hizo precisión de la información que debía estar incluida en la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, para que, a través de una actividad de verificación, dicha Secretaría definiera si la solicitud podía o no avanzar a la etapa de estudio del Comité.
FUENTE FORMAL: LEY 693 DE 2005 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 2950 DE 2005 - ARTÍCULO 2
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD DE CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[E]l cumplimiento de los requisitos [para la admisión del contrato] únicamente implicaba poner a consideración del Estado una propuesta de interés del inversionista con una información mínima exigida para su análisis ulterior. Esto explica que la competencia atribuida a la Secretaría Técnica para adelantar esta fase, estaba circunscrita a la recepción de la solicitud y, en ella, a la verificación de los mencionados requisitos; en este sentido, la potestad de la administración estaba reducida a un ejercicio de constatación que prescindía de matices de índole subjetivo, pues bastaba contrastar el cumplimiento de tales exigencias frente a la disposición legal, y señalar si la información estaba completa, para luego ser valorada. Consecuentemente, el artículo 4° del Decreto 2950 de 2005, reglamentó la “admisión de la solicitud de contrato”, indicando los efectos que podían derivarse de la actividad de verificación desplegada.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2950 DE 2005 - ARTÍCULO 4
AUSENCIA DE MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Inversión proyectada durante la ejecución del contrato / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[L]a valoración crítica de los medios de prueba que reposan en el expediente llevan a la Sala a confirmar, por diversas vías, la ausencia absoluta del factor motivacional exigido en la Ley 963 de 2005 frente a las inversiones en remodelación realizadas pues, además de que aquellas se ejecutaron sin el preludio causal exigido en la norma, se suma, de una parte, que para el año 2009 Winner determinó realizar inversiones en el segundo componente del proyecto “renovación de máquinas” por $3.000 millones de pesos inicialmente, inversión que luego fue aumentada en $7.000 millones, todo ello antes de tener una evaluación sobre la aprobación o no de un contrato de estabilidad jurídica por parte del Comité. Lo anterior permite evidenciar que, en su conjunto, las inversiones proyectadas acumuladas para el año 2009 correspondían a $11.000 millones del primer componente y $7.000 millones del segundo, para un total de $18.000 millones de pesos, según registra la solicitud de Winner. De suerte que la presencia de un contrato de estabilidad jurídica no se revela como factor determinante de las inversiones, esto es, como condición para su realización, y sí, por el contrario, se trató de un beneficio que tardíamente intentó obtener el demandante respecto de inversiones ejecutadas que, en todo caso, habría de realizar. A esta conclusión llega la Sala, a partir de lo manifestado en la misma solicitud presentada por el actor quien, al referirse al componente de renovación de máquinas expuso como inherente y cíclico a la actividad del sector de juegos de suerte y azar, este tipo de inversiones (…) las inversiones proyectadas se produjeron y habrían de producirse, con o sin la celebración del contrato de estabilidad improbado al actor.
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / AUSENCIA DE MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Inversión proyectada durante la ejecución del contrato / ACTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[L]a ausencia del factor motivacional en el inversionista obraba como criterio de razón suficiente para improbar la solicitud del actor, sin que el Comité tuviera que entrar a realizar otras consideraciones adicionales. Así, teniendo en cuenta que la falencia en este elemento dejaba vacío de contenido el objeto y finalidad de la norma analizada (…) tratándose de los beneficios sociales vinculados a los derechos de explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, si bien se presentaban cifras que favorecían de manera importante el sector salud, ellas no tenían como factor determinante para su generación la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, sino que su fuente descansaba en la suscripción de contratos de concesión respecto de los cuales el actor ya había adquirido compromisos respecto de la explotación de tal monopolio, con la obligación correlativa de efectuar los pagos acordados.
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / FINALIDAD DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LEY DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ESTABILIDAD / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[S]ólo la celebración del contrato (requisito ad substantiam actus) se constituía en fuente de los derechos vinculados a los beneficios de estabilización normativa, pues, como se expuso al desarrollar el marco legal de este tipo contractual, ese fue el instrumento previsto por el legislador para concertar las normas que serían sostenidas durante el término del contrato, de manera que su inexistencia impedía tener a este dispositivo como fuente generadora de algún derecho vinculado a la estabilización. (…) habiendo presentado el actor un proyecto de inversión que no cumplía con la demostración de la finalidad establecida como supuesto del contrato, esta circunstancia se constituye en criterio de razón suficiente para que el Comité de Estabilidad Jurídica improbara la solicitud del actor (…) igualmente basta (…) constatar la inexistencia del elemento motivacional en la petición de contrato elevada por el actor, para que, al margen de los demás criterios de su solicitud – incluidos los beneficios económicos presentados, el tipo de contrato de que se trate, el número de empleos a generar, entre los demás factores de revisión– se evidencie que tal propuesta estaba por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 963 de 2005, lo que hace improcedente el estudio de los demás cargos formulados pues dicha petición, ab initio, no podía entenderse como una intención concordante con los fines de la ley de estabilidad jurídica, sino extraña a ella. (…) la solicitud de contrato de estabilidad no se enmarca en los postulados y finalidades de la Ley 963 de 2005, su comparación en sede de la violación del derecho a la igualdad con otras propuestas resulta en un análisis improcedente pues ni siquiera se está en el marco de la mencionada ley, además de que tampoco obra en el expediente copia de los contratos de estabilidad jurídica frente a los cuales el demandante proponía la realización de un test de comparación, como lo advirtió el Tribunal a quo.
FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 29 de noviembre de 2018; Exp. 58006; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y de la Corte Constitucional, C 320 del 24 de abril de 2006.
CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ / FUNCIONES DEL JUEZ / TRÁMITE DEL PROCESO JUDICIAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
[E]l recurso de apelación contra la sentencia de primer grado no es la vía procesal para cuestionar este asunto, entendiendo que, como las costas se imponen objetivamente a la parte vencida en el proceso (art 365 del CGP), será el interesado en controvertirlas –en este caso, porque no las estima causadas y acreditadas– quien debe formular objeción a la liquidación de costas, la cual se efectúa de manera concentrada por el a quo cuando reciba el expediente tras desatarse la segunda instancia.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 5 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso, las cuales, según el artículo 361 ibidem “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 ejusdem. (…) bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que la alzada no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 364 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 361
RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. (…) De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003. (…) En observancia de la regla contenida en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, al apreciar la gestión procesal en la segunda instancia -que se ocasionó por la decisión de presentar recurso de apelación- se advierte que la cuantía de las pretensiones era importante y se tiene en cuenta la calidad de la argumentación de la defensa.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00995-01(58927)
Actor: WINNER GROUP S.A.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y OTROS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la nulidad de los actos demandados y el consecuente restablecimiento del derecho de la parte demandante, quien considera que la decisión de la administración de improbar la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica fue contraria a la ley pues pasó por alto que dicha empresa cumplió todos los requisitos legales para acceder a este beneficio. El a quo no encontró configurados los cargos de nulidad conforme a las facultades y criterios fijados en la Ley 963 de 2005; mientras que el apelante insiste en que, habiendo cumplido tales requisitos, la decisión de la administración rebasó el límite de la discrecionalidad y desembocó en una falsa motivación, desconociendo su derecho a la igualdad.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 7 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó la siguiente decisión (se transcribe conforme obra):
“PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda.
“SEGUNDO. - FÍJENSE agencias en derecho a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada, por un monto de $15.075.422. Por Secretaría de la Sección liquídense los gastos procesales causados, devuélvase el monto remanente por gastos procesales a la parte actora.
“TERCERO: La presente decisión se notifica en estrados de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del CPACA y contra la misma procede el recurso de apelación que pueden interponer las partes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión”.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 27 de abril de 2015, la sociedad Winner Group S.A. –en adelante Winner– presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte, y la Alta Consejería Presidencial para la competitividad y proyectos estratégicos, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas, las cuales, de conformidad con la reforma de la demanda, son las siguientes (se transcribe literal, aún con eventuales errores):
“A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
Acta No. 07 del 11 de mayo de 2012, por medio de la cual se efectúa la evaluación y decisión de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la sociedad Winner Group S.A.”, proferida por el Comité de Estabilidad Jurídica.
Resolución No. 032 del 23 de septiembre de 2013, “por medio de la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto”, proferida por el Comité de Estabilidad Jurídica.
Resolución No. 019 del 3 de septiembre de 2014, “por medio de la cual se deja sin efectos la resolución 032 del 23 de septiembre de 2013 y se resuelve un recurso de reposición a Winner Group S.A. proferida por el Comité de Estabilidad Jurídica.
B. Que a título de restablecimiento del derecho:
se declare que el proyecto de inversión presentado por WINNER para la suscripción de un contrato de Estabilidad Jurídica cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley 963 del 08 de julio de 2005 para suscribir contrato de Estabilidad Jurídica con la Nación.
Que se entienda por firmado el Contrato de Estabilidad Jurídica bajo los términos contemplados en la Ley y con base en los supuestos y peticiones contenidos en la solicitud presentada por la Compañía, específicamente considerando las siguientes peticiones:
Que se entiendan estabilizadas las normas contenidas en la solicitud.
Que teniendo en cuenta los montos de las inversiones ofrecidas, los antecedentes de otros contratos y los efectos sociales y económicos que se derivan del proyecto de inversión, se proceda a la suscripción del contrato por el término de veinte (20) años, tal y como fue pretendido en la solicitud de contrato de Estabilidad Jurídica inicialmente presentada por la Compañía.
Que por concepto de prima se calcule la misma según lo establecido por el artículo 5° de la ley 963 de 2005, correspondientes al 1% sobre el valor de la inversión propuesta.
C. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene, a cada una de las demandadas (…) el pago de los mayores valores asumidos por la compañía en relación con las cargas afrontadas con ocasión de las variaciones normativas producidas con ocasión a la improbación de la solicitud de contrato de Estabilidad Jurídica presentada por la compañía ante el Comité de Estabilidad Jurídica.
En este orden de ideas, se solicita la reparación de los daños presentes y cuantificables, lo que no excluye la reclamación de los que puedan irse generando posteriormente según lo explicado más adelante. Estos daños son los siguientes:
Teniendo en cuenta que la compañía presentó su solicitud para celebrar contratos de estabilidad jurídica antes de la expedición de la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, se estima como perjuicio la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($3.602.485.000), que tuvo que soportar como carga fiscal por concepto de impuesto al patrimonio.
Siguiendo la misma lógica del anterior numeral, teniendo en cuenta que la compañía presentó su solicitud para celebrar contrato de estabilidad jurídica antes de la expedición de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, se estima como perjuicio la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($785.664.000), que tuvo que soportar como carga fiscal por concepto de impuesto a la riqueza.
Que de conformidad a las normas de carácter tributario frente a las cuales se solicitó su estabilidad, entre las cuales se encuentra la posibilidad de tomar una deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos contenida en él, antes vigente, artículo 158-3 del Estatuto Tributario, se estima el daño generado en la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $11.497.273.011 MCL, correspondiente al impacto en impuesto sobre la renta de la deducción especial por activos fijos reales productivos a la que la compañía tenía derecho en caso de que se hubiese firmado el contrato de estabilidad jurídica dentro del término legal (noviembre de 2009).
Al respecto, conviene recordar que la deducción especial estaba fijada para este periodo en el 40% de la inversión efectuada, que asciende, desde 2011 a 31 de diciembre de 2014, según registros contables de la compañía, a $87.100.533.114. Para estos efectos, se toma como base la inversión que cumple los parámetros y criterios para ser considerada como activo fijo real productivo según el artículo 158-3 del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias. Posteriormente este perjuicio se irá cuantificando conforme se efectúen más inversiones y hasta por un periodo de 20 años de vigencia que hubiese tenido el contrato de haberse firmado en 2009.
[Viene tabla incluida con la reforma de la demanda]
Como pretensión subsidiaria, y solo si en gracia de discusión no se aceptara la anterior tesis (soportada con la normativa vigente), esta pretensión puede cuantificarse en el valor de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUIENIENTOS DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL $9.894.518.014 MCL. Los cuales corresponden a la misma lógica anterior, pero tomando una tarifa de renta de 25% teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012. En nuestra opinión esta tarifa no sería aplicable, considerando que la vigente al momento de la petición del contrato era 33%. La justificación de este valor es la siguiente, soportada en los registros acreditados en certificado de revisor fiscal adjunto:
[Viene tabla incluida con la reforma de la demanda]
Ahora bien, si en gracia de discusión se partiera de la tesis respecto de que el contrato debe entenderse firmado desde el año 2014 (fecha en que se agotó la vía gubernativa), como pretensión subsidiaria se solicita por este concepto la cuantificación del daño estimada en $1.181.336.478, debiéndose cuantificar lo correspondiente a los periodos 2015 y 2016.
Finalmente, como última pretensión subsidiaria, solicitaríamos que, bajo el entendido de que el contrato se firma sólo en el momento en que se produzca un fallo judicial, se cuantificarán los daños correspondientes.
D. Que en caso de que la normativa de la cual fue pretendida su estabilidad según lo establecido en la solicitud de Contrato de Estabilidad Jurídica presentado por la Compañía, sufra modificaciones que sean financieramente adversas a WINNER, se ordene la devolución o pago de perjuicios por parte del Gobierno Nacional a la compañía.
E. Que se declare que no corresponde a WINNER el pago de las costas en que incurre la parte demandada con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso”.
Hechos principales
3. Como supuestos de hecho, adujo que, el 17 de julio de 2009 Winner presentó ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitud para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica cuyo monto de inversión inicial propuesto, ascendía a la suma de $30.000.000.000,oo de pesos, de los cuales $11.000.000.000,oo correspondían a inversiones en nuevos casinos en Medellín y Barranquilla, durante los años 2008 y 2009; y $19.000.000.000,oo atenderían la compra de 300 máquinas nuevas de entretenimiento, relacionando las normas objeto de estabilización.
4. Relató que dicha solicitud fue admitida el 6 de agosto de 2009 por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica –en adelante STCEJ– quien, el 12 de agosto de 2009, solicitó al Departamento Nacional de Planeación –DNP– emitir concepto técnico sobre la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, y el impacto económico y social de la inversión.
5. Sostuvo que el 7 de enero de 2010 presentó un escrito ante la mencionada Secretaría Técnica dando alcance a una nueva solicitud de estabilización, ahora de los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1 y 296-1 del Estatuto tributario, adicionados por los artículos 1 al 5 de la Ley 1370 de 2009.
6. Afirmó que el 1° de febrero de 2010 el DNP emitió visto bueno a la aprobación del contrato de estabilidad jurídica considerando: (i) que de acuerdo al Plan, el proyecto generaba beneficios económicos y sociales, entre ellos, la generación de 22 empleos directos y la sostenibilidad de aportes al sector salud; (ii) que dicho proyecto es consistente con la política del Gobierno Nacional de promover el desarrollo a través de inversión privada y generación de empleo; y, (iii) que la inversión propuesta equivalía al 24% de los activos totales de la empresa en 2008.
7. Posteriormente, el 26 de mayo de 2010, Winner presentó escrito en el que planteó una modificación a la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, aumentando la inversión a $35.000 millones de pesos, realizando un nuevo análisis financiero, y presentó una propuesta en el pago de la prima. Refirió que, luego, ante la demora en resolver la solicitud, presentó insistencia ante la STCEJ el 25 de enero de 2011.
8. Añadió que el 9 de febrero de 2011 Winner solicitó se le permitiera acogerse por 3 años a la deducción del 30% por inversiones en activos fijos reales productivos, conforme al artículo 1° de la Ley 1430 de 2010, y manteniendo en 20 años la estabilización de los demás artículos.
9. Señaló que el 5 de julio de 2011 recibió un nuevo requerimiento de información por la STCEJ, que fue atendido el 29 de julio de 2011; y que, un año después, el 11 de mayo de 2012 fue expedida el acta número 07, notificada al actor el 17 de enero de 2013, por la cual el CEJ improbó la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por las siguientes razones:
Se excluyó de estabilidad jurídica inversiones relacionadas con las concesiones bajo la premisa de prevalencia del interés general y la sostenibilidad fiscal, considerando que el riesgo asumido por el concesionario se vería reducido a través de esta figura.
Que, conforme al CONPES 3366 de 2005, los $11.000.000.000 que se invirtieron antes de radicar la solicitud, revelan que las normas a estabilizar no fueron factor determinante de la inversión.
Finalmente, porque las inversiones planteadas por el actor, no se correspondían con las del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que estaba orientado a la innovación y la transferencia de tecnología.
10. Frente a tal determinación el actor interpuso recurso de reposición argumentando que (i) no existe exclusión legal por las calidades del concesionario, para acceder a este beneficio; (ii) bajo las normas vigentes era admisible ejecutar las inversiones desde la expedición de la Ley 963 de 2005; (iii) el Plan Nacional de Desarrollo –Ley 1450 de 2011– fue expedido 2 años después de radicada la solicitud, por lo que no era aplicable al caso, como había acontecido.
11. Adujo que el Comité de Estabilidad Jurídica –CEJ– inicialmente negó por extemporáneo el recurso de reposición, por Resolución 032 del 23 de septiembre de 2013; para luego, el 9 de septiembre de 2014, mediante Resolución No. 019, dejar sin efectos la extemporaneidad declarada y resolver el recurso, confirmando el Acta No. 7 del 11 de mayo de 2012.
Fundamentos de derecho
12. La parte actora aseveró que se desconocieron los artículos 6, 13 y 82 de la Constitución Política; los artículos 3, 11, 12, 13, 42, 44, 87 y 89 del CPACA; los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 963 de 2005, los artículos 3, 4, 5, 6 y 8 del Decreto 2950 de 2005, y los documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005; y formuló los siguientes cargos de nulidad:
Infracción de las normas en que han debido fundarse. Soportado en que Winner cumplió con todos los requisitos establecidos en las normas sobre estabilidad jurídica.
Falsa motivación - criterio de exclusión no contemplado en la ley. Adujo que la improbación de su solicitud se basó en la calidad de concesionario de Winner, criterio de exclusión ajeno a la ley y contrario al CONPES 3366 de 2005 que señala: “no serán objeto de contrato de estabilidad jurídica aquellas normas que, no siendo excluidas expresamente en la Ley 963 de 2005, impiden el ejercicio de la facultad legislativa, reglamentaria y regulatoria del Estado”.
Agregó que los pagos efectuados por Winner al Estado no corresponden a impuestos sino a la cancelación de derechos de explotación de los juegos de suerte y azar, lo que descarta el argumento de improbación de la solicitud basado en la afectación de obligaciones tributarias de los entes territoriales.
Transgresión a los límites discrecionales de los funcionarios. Hilado al anterior, señaló infundado el argumento de que “un contrato de estabilidad jurídica entraría de una forma u otra a modificar y alterar ese equilibrio contractual que fue fijado entre las partes”, pues estabilizar unas normas aplicables al contrato de concesión no llevaba a una disminución del riesgo asumido; lo que evidencia un abuso en la facultad discrecional de los funcionarios.
Refirió que el CONPES 3366 de 2005, señaló: “Actividades económicas elegibles. El Comité considerará las solicitudes de inversionistas (…) que amparen proyectos de inversión nuevos o de ampliación de inversiones existentes, en cualquier sector de la economía. Sólo se exceptuarán aquellos sectores o actividades restringidos por el régimen general de inversiones y los expresamente excluidos por la Ley 963 de 2005. No se favorecerán unas actividades sobre otras, salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente”; así, plantea una violación de la ley por errónea interpretación, al excluir los concesionarios de juegos de azar de los contratos de estabilidad jurídica.
Indebida motivación de los actos administrativos al aplicar la Ley 1450 de 2011. Adujo que habiendo sido presentada la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica el 17 de julio de 2009, era inadmisible exigir requisitos incorporados a través de una ley expedida dos años después de iniciado el procedimiento; por ello, ataca la motivación del acto pues desconoce que en vigencia de la Ley 963 de 2005 se consideraba como nueva inversión aquella realizada con posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma; lo cual dista del texto reformado, por cuya virtud, se requirió, a partir de 2011, que las inversiones se efectuarán con posterioridad a la firma del contrato de estabilidad jurídica.
Afirmó que la tardanza en resolver la solicitud incidió en la actividad de Winner quien, más allá de tener como determinante de sus inversiones el beneficio de la estabilidad jurídica, no podía suspender ni detener la ejecución de las mismas bajo un principio empresarial y de buen pater familias.
Violación al derecho a la igualdad. Expresó que, negar la solicitud de estabilidad jurídica a Winner por su condición de concesionaria, vulnera su derecho a la igualdad, pues otras concesionarias “como es el caso de concesionaria ruta del Sol SAS entidad que el 31 de diciembre de 2012, es decir con fecha posterior a que el comité de estabilidad jurídica decidiera improbar la solicitud elevada por Winner, suscribió un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de transporte (...)” , e indicó que similar situación ocurrió en 2013 con la Concesionaria COVIANDES.
Adopción de una decisión de manera irregular - violación al artículo 4 de la Ley 963 de 2005 pérdida de competencia del comité de estabilidad jurídica. Fundado en que el literal f) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005 fijó en 4 meses el término para que el Comité profiriera una decisión acerca de los proyectos de inversión presentados y, dado que la solicitud de Winner fue resuelta hasta el 11 de mayo de 2012 -habiendo sido presentada el 17 de julio de 2009- evidencia la pérdida de competencia del Comité.
Nulidad de los actos administrativos por no considerar que Winner acreditó el cumplimiento de los requisitos legales. Por cuanto el Comité no se pronunció acerca del efectivo cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la ley para acceder a un contrato de estabilidad jurídica.
Violación al artículo 83 de la Constitución Política. Vicio que hace consistir en que la actuación de Winner estuvo basada en una lectura racional y seria de la normatividad aplicable al momento de presentar la solicitud y, no obstante haber cumplido los requisitos legales, fue resuelta de manera desfavorable.
Contestación de la demanda y alegatos
13. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones indicando que al consultar el espíritu de las leyes 963 de 2005 y 1111 de 2006, el sacrificio fiscal del Estado solo se justifica de cara a la realización del interés general que, en esta figura, está representado en el fomento y desarrollo del proyecto que se pretende amparar con estabilidad jurídica y, para este análisis, la Administración tenía facultades para solicitar la información necesaria y determinar si aprobaba la solicitud.
Precisó que, según la exposición de motivos de la Ley 963 de 2005, se buscó que el “inversionista tenga la confianza y seguridad de que aquellos (…) artículos específicos de leyes o actos administrativos que sean trascendentales para conformar su decisión de invertir, no le sean modificados en su detrimento” (resaltado del original).
14. Subrayó la distinción entre los requisitos de admisibilidad de la solicitud de aprobación de un contrato de estabilidad jurídica frente a los criterios de evaluación de la misma; los primeros corresponden a la información que debe contener la solicitud para ser analizada, y los segundos a principios y criterios de evaluación que debe atender el Comité de Estabilidad Jurídica –CEJ– para la aprobación o no de un contrato de esta naturaleza; así, la sola presentación de la solicitud no generó un derecho adquirido.
15. Afirmó la legalidad de los actos acusados pues (i) no es cierto que la solicitud de Winner haya cumplido los requisitos de estabilidad jurídica ya que ésta no procede frente a contratos de suerte y azar pues se afectaría la facultad reglamentaria y regulatoria del Estado, al igual que las rentas de carácter local de las que son titulares las entidades territoriales; (ii) afirmó la correcta aplicación de la Ley 1450 de 2011 pues, por una parte, esta norma entraba a regir de forma inmediata sin que existieran regímenes de transición que el Ejecutivo pudiera crear; y, de otra, por cuanto el CONPES 3366 de 2005 señaló entre los criterios específicos para aprobar el contrato de estabilidad jurídica, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y, conforme a éste, los juegos de suerte y azar no eran parte del objeto de tal beneficio, ni se cumplió el criterio de rentabilidad económica y social que justificara su celebración.
16. Señaló la inexistencia de violación al derecho a la igualdad, pues para ello deben existir condiciones de equivalencia entre los sujetos en comparación que conduzcan a la Administración a resolver en un mismo sentido, lo cual no ocurre en el presente caso al compararse con proyectos de inversión de concesionarias en infraestructura.
17. Agregó que la Administración no perdió la competencia para decidir pues, aunque la decisión se profirió más allá de los 4 meses de que trata el artículo 4 de la Ley 963 de 2005, la ley no estableció dicha consecuencia. Tampoco se violó el artículo 83 constitucional en tanto la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no garantiza el contrato, ni menos la estabilización de la deducción especial que sólo se genera ante la suscripción del mismo.
18. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía propusieron, cada uno, la excepción de falta de legitimación por pasiva al no ser parte del Comité de Estabilidad, y por cuanto la actividad de juegos de suerte y azar es ajena al objeto de sus funciones.
19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones y enfatizó en la diferencia que existe entre los requisitos de admisibilidad de la solicitud y los criterios de evaluación. En punto a las inversiones en remodelación de casinos y adquisición de máquinas presentadas por Winner, señaló que la negativa de suscribir tal contrato es ajustada a la Constitución de 1991, en tanto, conforme a los dos componentes del principio de legalidad -el formal y el teleológico- no basta cumplir formalmente la ley, sino que la decisión administrativa debe consultar el interés general, acorde a la Constitución.
Al aplicar los criterios de rentabilidad económica y social, concluyó que para Winner el proyecto de inversión de remodelación por 11.000 millones de pesos, el cual ya había sido ejecutado a la fecha de presentación de la solicitud, no se fundamentó en la necesidad de una estabilidad jurídica, sino en invertir y expandirse que era precisamente la lógica con la que funcionaba su actividad económica.
20. Negó la falta de competencia del Comité al haber decidido por fuera de los 4 meses de que trata el artículo 4° de la Ley 963 de 2005, e indicó que la jurisprudencia ya se había pronunciado sobre estas temáticas, indicando que es posible que el término establecido por el legislador se supere cuando se trate de asuntos complejos o de valoración técnica. Agregó, la inexistencia de daño antijurídico a resarcir, pues la presentación de la solicitud solo configuró una simple expectativa.
21. El Ministerio de Salud y Protección Social planteó argumentos que coinciden con los expuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y añadió su falta de legitimación por pasiva de cara a las funciones de ese Ministerio, que son ajenas al conflicto.
22. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señaló que no corresponde a la sección tercera del Tribunal el conocimiento de los actos administrativos demandados, porque este proceso no tiene naturaleza contractual; adujo que ni la parte actora ni las entidades demandadas pueden tenerse como parte de un contrato, de modo que los actos acusados al versar sobre la negativa del Gobierno nacional de suscribir un contrato de estabilidad jurídica, evidencian un acto apenas preparatorio que debe ser conocido a través de la sección primera de dicho Tribunal. Solicitó se declararse la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva; y de fondo, las excepciones de acción a propio riesgo e ineptitud sustantiva de la demanda.
23. El Departamento Nacional de Planeación señaló que la lista de actividades susceptibles de estabilización jurídica no es taxativa sino meramente enunciativa, lo que justifica que, además de que el inversionista deba acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, corresponda al Comité evaluar la solicitud conforme a los criterios establecidos en el CONPES 3366 de 2005, y así determinar si se trata de inversiones que, dado el costo beneficio de este mecanismo, eran favorables al interés general que persigue al Estado.
Indicó que la concesión de juegos de suerte y azar corresponde a actividades vinculadas a un monopolio rentístico que requiere de intervención estatal, donde el concesionario asume riesgos de los que no puede librarse bajo el contrato de estabilidad jurídica ya que se afectaría la facultad reglamentaria y regulatoria del Estado, al igual que las rentas de carácter territorial. Adujo que las inversiones objeto de la solicitud del actor, se llevarían a cabo con o sin contrato de estabilidad jurídica.
24. Sostuvo que no existe vulneración al derecho a la igualdad, de cara a los diferentes proyectos y alcances de los contratos con los que hizo la comparación el actor; afirmó que bajo el análisis costo-beneficio no se puede obligar a la Nación a suscribir un acuerdo de voluntades bajo el principio de igualdad, en un ámbito en el cual la conveniencia para las partes debe medirse en términos del interés general e impacto fiscal.
Finalmente, respecto de la facultad discrecional del Comité, afirmó que la enunciación que hizo el régimen de estabilidad jurídica de algunos criterios para la evaluación de las solicitudes no es taxativa, de modo que el CEJ, al evaluar, podía acudir a otros criterios que garantizaran el estudio completo y ponderado de cada proyecto de inversión.
Audiencia inicial y de fallo
25. El 10 de octubre de 2016 fue instalada la audiencia inicial, la cual se suspendió para ser continuada el 7 de diciembre de 2016; y, por ser un asunto de puro derecho, se dio paso a los alegatos de conclusión de las partes quienes reiteraron los planteamientos esgrimidos en la demanda y su contestación –no se hizo presente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni el representante del Ministerio Público–. Seguidamente, se profirió el correspondiente fallo.
Fundamentos de la providencia recurrida
26. La sentencia de primer grado negó las pretensiones de la demanda. Señaló que el hecho de cumplir los requisitos de presentación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no implicaba la aprobación del proyecto presentado, siendo el Comité Técnico quien debía estudiar si aquel cumplía los fines esenciales del Estado. Indicó que los criterios para aprobar tales contratos no eran únicamente los señalados en la Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y CONPES 3366 de 2005, pues este último estableció el principio de competencia discrecional del Estado en función de la primacía del interés general y las normas de derecho público.
27. Negó el cargo de falsa motivación de los actos demandados frente a la calidad de concesionario, pues afirmó que el Comité estaba autorizado para analizar el alcance de las normas especiales que rigen la actividad o sector del solicitante, evitando contradicciones normativas que impidan la pertinencia de suscribir tales contratos. Sostuvo que éste no fue el único motivo por el cual el CEJ improbó la solicitud de Winner pues la decisión de negar el contrato a proyectos que se encuentran en ejecución se encuentra ajustada a los principios y fines de la Ley 963 de 2005.
28. De otra parte, determinó procedente la aplicación de la Ley 1450 de 2011 a un trámite iniciado antes de su vigencia, teniendo en cuenta que, frente a actuaciones jurídicas en curso, que no hayan generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos al momento de entrar en vigencia una nueva ley, ésta entra a regular tal situación en el estado que se encuentre.
29. En relación con la violación al derecho a la igualdad, señaló que dentro de las pruebas obrantes en el proceso el actor no aportó los contratos de estabilidad jurídica celebrados por las concesionarias frente a las cuales solicitó adelantar el test de igualdad, lo que imposibilita concluir en la desigualdad alegada por la parte. En todo caso, sostuvo que, a simple vista, no son comparables las concesiones viales que suscribieron CEJ referidas por el actor, que nada tienen que ver con juegos de suerte y azar.
30. Finalmente, consideró que la decisión administrativa emitida por fuera de los 4 meses dispuestos por la ley no genera una pérdida de competencia, pues dicha circunstancia no fue establecida en el régimen de los contratos de estabilidad jurídica, ni se previó el silencio administrativo positivo.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
31. La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, con el fin de que ésta sea revocada en su integridad y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de alzada formuló los siguientes cargos:
(i) Falsa motivación. El fallo de primera instancia se basa en una norma inexistente. Adujo que uno de los cargos de la demanda hizo referencia a la infracción de las normas en que debía haberse fundado el Comité de Estabilidad jurídica pues, en su criterio, existe un marco jurídico que delimitó expresamente los requisitos que debían observarse para resolver una solicitud de contrato de estabilidad jurídica y Winner los cumplía todos. Censuró que, a pesar de lo anterior, el a quo, sin entrar a valorar el cumplimiento de tales requisitos por Winner, justificó su decisión limitándose a señalar que el documento CONPES 3366 de 2005 establecía el principio de competencia discrecional del Estado, según el cual al momento de adelantar el estudio y análisis de los contratos, debía atender a la primacía del interés general sobre el particular; indicó que esta consideración no es cierta dado que el citado CONPES nunca estableció un criterio de prevalencia o primacía del interés general a la hora de aprobar el contrato sino que, al contrario, lo que indicaba era que “los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el interés del inversionista que lo suscribe y el interés general”.
Además, señaló que no es cierto que el Comité fuese discrecional para aprobar el contrato pues este atributo indicado en el CONPES estaba referido a la negociación de ciertos términos del contrato.
(ii) La sentencia ignoró que la Ley 963 de 2005 no prohibió a los concesionarios firmar contratos de estabilidad jurídica. Sostuvo que el fallo no entró a estudiar los argumentos planteados por el actor sobre la ilegalidad de que el Comité improbara la solicitud de un contrato de estabilidad jurídica por su calidad de concesionaria, y simplemente ratificó la legalidad de los actos, sin motivación alguna.
(iii) Indebido entendimiento de la Ley 963 por parte del Tribunal. Manifestó que el a quo pasó por alto que cuando Winner presentó la solicitud de estabilidad jurídica, el 17 de julio de 2009, se concebía como nueva inversión aquella efectuada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005; señaló que el Tribunal no entendió el problema jurídico que, a su juicio, consiste en que “se rechace una solicitud que cumplía todos los requisitos exigidos al momento de radicarse la misma porque no cumple con un requisito nuevo, posterior y que limitaba la situación presentada al momento de querer acceder al beneficio”.
(iv) Violación al derecho a la igualdad. Indicó que el Comité negó la celebración del contrato de estabilidad jurídica porque un concesionario, de manera general, no puede acceder a este beneficio; reprochó que el a quo hiciera una distinción que el acto demandado no consideró, al señalar que no son comparables los contratos de infraestructura citados por el actor frente a las actividades del monopolio de juegos de suerte y azar, cuando lo relevante era analizar que aquellos celebraron contrato de estabilidad jurídica habiendo ejecutado inversiones, como ocurría con Winner; lo que sustenta el reproche de desigualdad.
(v) Los actos demandados fueron proferidos sin competencia. El Tribunal impone una carga procesal al demandante que no existe en la ley. Reitera que la consecuencia de la inacción de la administración de decidir en un plazo máximo de 4 meses, conforme al artículo cuarto de la Ley 963 2005, es la pérdida de competencia del Comité.
(vi) Las costas deben ser revocadas. Señala que conforme al artículo 365 del CGP éstas tienen lugar cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”; y en este caso no se comprobaron, sino que se presumieron.
Trámite de segunda instancia
32. Concedido el recurso de apelación por el a quo, el mismo fue admitido por esta Corporación el 3 de mayo de 2017; luego, el 26 de julio siguiente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.
33. La parte actora reiteró el sustento de su recurso de alzada; las entidades demandadas –Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Nacional de Planeación– solicitaron confirmar el fallo de primera instancia y ratificaron los argumentos planteados al ejercer su defensa; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se pronunció en esta oportunidad procesal.
34. El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia recurrida, en síntesis, por cuanto: (i) las razones que sustentaron la decisión tomada por el Comité de improbar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica están vinculadas a un monopolio rentístico, de cuyos riesgos no puede deshacerse el concesionario con la suscripción del CEJ ya que se afectaría la facultad reglamentaria y regulatoria del Estado; (ii) precisó que el Comité no está en obligación de aprobar la solicitud, e indicó que su presentación corresponde a una simple expectativa de suscribir un contrato; (iii) sostuvo que las inversiones realizadas antes de la presentación de la solicitud de aprobación de un contrato de estabilidad jurídica evidencian una acción a propio riesgo, pues la simple solicitud no era título suficiente para proceder a su ejecución; y (iv) enfatiza en el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual que no es indicio de configuración de obligaciones respecto de un contrato no suscrito.
35. Encontrándose el expediente al despacho para dictar sentencia, mediante memorial allegado a esta Corporación el 17 de junio de 2021, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dra. Ivvet Lorena Sanabria, confirió poder a la Dra. Nubia Yenith Córdoba Zambrano para ejercer la representación judicial de esta entidad en este proceso, allegando con dicho mandato los documentos que acreditan las funciones y facultades de la funcionaria que confiere el poder.
III. CONSIDERACIONES
36. Expresados los motivos de inconformidad que sustentan el recurso de alzada, los cuales giran en torno a la validez o no de los criterios esgrimidos en los actos demandados que, a juicio del censor, son ajenos a la Ley 963 de 2005, la Sala procede a decidir el recurso interpuesto para lo cual se apoyará en el análisis de los siguientes aspectos: (i) el marco legal de los contratos de estabilidad jurídica; (ii) el contenido de la facultad discrecional del Comité de Estabilidad Jurídica; y, (iii) abordará el pronunciamiento de los cargos formulados contra la sentencia de primer grado.
Marco legal de los contratos de estabilidad jurídica
Antecedentes de la expedición de la Ley 963 de 2005
37. El contexto socioeconómico bajo el cual fue gestada la iniciativa legislativa que culminó con la expedición de la Ley 963 del 8 de julio de 2005, daba cuenta que para esa época, el clima de inversión en Colombia venía siendo afectado, entre otros, por fenómenos asociados a condiciones de orden público, elevado nivel de gasto público y, en particular, por una activa producción normativa que modificaba constantemente las reglas de juego –p. ej. en materia tributaria y también reglamentaria en diversos sectores– lo que desincentivaba la inversión y minaba el crecimiento económico.
38. Estos factores, además de los tradicionales determinantes de la inversión –como el costo del capital, la disponibilidad del crédito, el grado de apertura de la economía– tuvieron un alto impacto en la inversión privada en Colombia. En su momento se registró que de “los 13 puntos en la caída de la tasa de inversión durante la segunda mitad de la década de los noventa, 8 se explican por una disminución en la inversión privada”; ello como resultado de la percepción de desconfianza que ese conjunto de circunstancias generaba, de cara a la decisión de hacer grandes inversiones en el país.
39. Ante tal panorama, el Gobierno Nacional se propuso rescatar del campo de los riesgos que desincentivaban las inversiones, aquellos vinculados a su actividad directa, como son los asociados al cambiante marco jurídico e institucional; en esta línea decidió presentar el Proyecto de Ley 015 de 2003, Senado “por la cual se Promueve la Confianza Inversionista en Colombia” (nombre con que primeramente se conoció la iniciativa), por cuya virtud se abanderaba a la estabilidad normativa como un factor que reducía la incertidumbre en el costo de la inversión y de esta manera buscó incentivar la atracción de capitales, detonante necesario para resolver, en alguna medida, los problemas sociales y apalancar el crecimiento del país.
40. Para estos efectos se planteó la creación de los “contratos de confianza inversionista”, los cuales, en el texto legal definitivo se denominaron “contratos de estabilidad jurídica”. Mediante estos acuerdos el Estado garantizaría a los inversionistas que los suscribieran que, si durante su vigencia se modificaba en forma adversa a éstos alguna de las normas que hubiese sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, aquellos tendrían derecho a que se les continuaran aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.
41. Más allá de las modificaciones que en los diferentes debates se hizo respecto a los elementos y alcance de esta figura, la exposición de motivos dejó en claro que “[l]o que pretende el Gobierno es que el inversionista tenga la confianza y seguridad de que aquellos incisos, ordinales, literales, parágrafos o artículos específicos de leyes o actos administrativos, que sean trascendentales para conformar su decisión de invertir, no le sean modificados en su detrimento” (resaltado añadido).
42. De esta manera, el legislador buscó influir positivamente en la decisión de inversión de grandes capitales en el país, motivación que revela el espíritu que animó la creación de la norma y, por ello, a lo largo de la citada exposición de motivos, insistió en sus razones, al expresar:
“De esta manera la Nación le apuesta plenamente a la estabilidad en las reglas del juego, a la generación de inversión y al desarrollo económico y social.
“En la medida en que las inversiones pueden verse afectadas por la inestabilidad de un gran número de normas, los inversionistas que reúnan las características previstas en el Proyecto de ley pueden proponer al Gobierno la celebración de un contrato de confianza inversionista sobre cualquier ley o acto administrativo de carácter nacional que sea primordial en su decisión de invertir”. (Resaltado añadido)
(…)
“La estabilidad de normas específicas, determinantes de grandes inversiones, reduce el costo de transacción para los actores económicos, lo cual redunda en una mejor asignación de los recursos de inversión”.
43. Así, entre las diferentes formas de intervención del Estado en la economía (art. 334 de la Constitución Política) se definió, por vía legislativa, que el contrato se constituía en el mecanismo idóneo para fomentar la inversión privada pretendida, pues, por su conducto, inversionista y Nación acordaban estabilizar las nomas que acompañarían de principio a fin las inversiones propuestas, al haber sido fundamentales para conformar su decisión; de modo que, como fuente estable de derechos y obligaciones, el contrato se erigió en instrumento adecuado y razonable para la concreción de tales finalidades.
44. Concordante con lo dicho, la Ley 963 de 2005 fijó un procedimiento especial para la presentación de la solicitud de contrato, su posterior evaluación y eventual aprobación, bajo los requisitos, términos y condiciones allí establecidos; por tanto, sólo con la suscripción del contrato se generaba una relación jurídica vinculante en función de la estabilidad normativa acordada. Esto explica que la citada exposición de motivos se hubiese referido a la celebración del contrato como forma de materializar la selección normativa autorizada por la ley, la cual, estaba determinada por unos requisitos “encaminados a lograr un balance entre cuatro elementos:
“La necesidad de contar con un mecanismo que permita dar estabilidad a las reglas del juego en los casos en que dicha estabilidad sea socialmente justificada por la magnitud e importancia social de las inversiones que dependen de ella. (Negrilla agregada)
Impedir que dicha estabilidad se convierta en inamovilidad, al punto de ser una camisa de fuerza para la facultad normativa del Estado.
Evitar que una normatividad de estas características implique una proliferación de regímenes jurídicos particulares que conlleve la atomización del Estado de Derecho.
Prevenir situaciones de inequidad, por aplicación diferencial de la Ley a los asociados”.
45. Al lado de lo anterior, la ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 015 de 2003 Senado, 41 de 2004 Cámara, precisó que los “Principales objetivos del proyecto de ley”, eran 3: (i) el estímulo a nuevas inversiones, (ii) dar respuesta a una necesidad de los inversionistas, y (iii) lograr el equilibrio entre el interés inversionista y el interés general; y, lo explicó en los siguientes términos:
“● Estimular nueva inversión que contribuya al crecimiento del país: Para alcanzar una tasa de crecimiento que le permita al país un mayor nivel de desarrollo, es necesario lograr un crecimiento económico del orden del 4% anual. Si Colombia quisiera crecer a una tasa sostenida del 5%, necesitaría aumentar la inversión al 25% del PIB. (…). Este proyecto de ley es una herramienta de incentivo a la inversión por cuanto pretende hacerle frente a uno de sus mayores inhibidores: los riesgos jurídicos.
● Responder a una de las necesidades más apremiantes de los inversionistas: Existen tres categorías de riesgos que un inversionista debe enfrentar:
1. Los físicos.
2. Los económicos, y
3. Los jurídicos.
Los primeros dos son susceptibles de tasarse, de medirse, y por lo tanto el inversionista los puede cubrir. El tercero, en cambio, no es previsible y no puede ser medido. Por esa razón, este tipo de riesgo puede terminar representando un costo enorme para el inversionista, quien preferirá abstenerse de invertir antes que asumir el riesgo. La estabilidad jurídica es una de las causas que más incide en la determinación de invertir en un país. (…) Este proyecto de ley permitirá al inversionista tener certeza suficiente sobre la estabilidad de aquellas normas específicas que son determinantes en su decisión de invertir (…).
● Lograr un equilibrio entre los intereses de los inversionistas y el interés general: En efecto, al inversionista se le permite obtener estabilidad jurídica respecto de las normas y sus interpretaciones administrativas vinculantes, que sean determinantes para su inversión, (…). A su vez, se preserva el interés general, por cuanto a través de los contratos se fomenta la inversión, que a su vez genera crecimiento económico. Además, se mantiene intacta la capacidad legislativa del Congreso y la capacidad regulatoria del Ejecutivo, pues mediante los contratos de estabilidad jurídica se congelan temporalmente las normas determinadas en los mismos, pero de ninguna manera se le impide al Congreso continuar legislando o al Ejecutivo implementar las normas determinadas en los contratos. Simplemente, al contratista no le aplicarán, de manera transitoria, las nuevas normas que deroguen o modifiquen las contempladas en dichos contratos.
Está salvaguardando el interés general al excluir de los contratos de estabilidad jurídica la protección sobre regímenes normativos completos, al someter la aprobación de la suscripción del contrato a consideración de un comité intergubernamental del más alto nivel y establecer la obligación al inversionista de pagar una prima como contraprestación por obtener dicha estabilidad. Los contratos mencionados propician la negociación entre las partes para determinar el ámbito de la protección jurídica, la duración del contrato (dentro de los términos señalados en el proyecto de ley) y el plazo de ingreso de la inversión, entre otros”.
46. La evocación de algunos de los motivos que fundaron la ley de estabilidad jurídica, acopiados en estas breves referencias permiten, en función del sub lite, señalar que para el legislador las finalidades y también los criterios para definir la aprobación o no de una solicitud de celebración de un contrato de esta naturaleza, estaba sometida a la decisión de un comité que, dado el impacto macroeconómico y la complejidad de los análisis que se imponía adelantar, debía consultar diversos elementos, criterios y finalidades, con el propósito de determinar el costo-beneficio que para los intereses del Estado representaba la aprobación de estos contratos; así se reiteró al motivar la ley que se analiza:
“5. El inversionista deberá someter la solicitud de contrato a consideración de un comité intergubernamental encargado de estudiarla y aprobar o improbar la suscripción del respectivo contrato. Este comité estará conformado por: [enlista los Ministerios]
La creación e integración de este Comité responde a la necesidad de obtener una visión integral y un análisis multidisciplinario de los beneficios de la inversión y las implicaciones de la estabilidad jurídica solicitada, involucrando a los potenciales interesados gubernamentales en la toma de la decisión”.
47. Vistas algunas de las notas distintivas e inspiradoras de los contratos de estabilidad jurídica, la Sala pasa a abordar su estructura en los términos de la Ley 963 de 2005, con el fin de asentar el panorama legal aplicable al caso que se analiza, y a los reproches que frente al mismo expresa el censor.
Estructura legal del contrato de estabilidad jurídica
48. La actividad legislativa que se viene analizando, condujo a la aprobación y posterior sanción de la Ley 963 de 2005 que, en su artículo 1° definió, en los siguientes términos, los contratos de estabilidad jurídica:
“ARTÍCULO 1o. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.
Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a éstos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.
Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente”.
49. Esta norma determinó que el contrato de estabilidad jurídica se constituye en el vehículo de intervención definido por el legislador para atraer la inversión privada, de modo que su celebración se constituye en conditio sine qua non para activar los beneficios de la estabilización normativa.
Lo anterior, permite recabar en la existencia de dos instrumentos jurídicos que, en una relación de causa – efecto, confluyen en esta materia; el primero corresponde a la Ley 963 de 2005 por cuya virtud se creó el contrato de estabilidad jurídica, y se definió (i) su finalidad, (ii) el procedimiento para su conformación, y (iii) sus elementos esenciales y rasgos característicos; el segundo, corresponde al contrato mismo, esto es, aquel acuerdo de voluntades que siendo formalizado mediante escrito materializa, en cada caso concreto, la autorización conferida por el legislador para desatar las ventajas de un marco normativo estable, a partir de su celebración.
50. En efecto, al analizar la constitucionalidad de la Ley 963 de 2005, la Corte señaló que, “[l]a verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión. Luego en el fondo, de acuerdo con el artículo 58 constitucional, no se garantiza de esta manera meras expectativas, sino el derecho de los inversionistas que se adquieren por este contrato de estabilidad jurídica, el cual consiste en que los derechos que surjan de las inversiones se rijan por las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de estabilidad jurídica y no por las leyes posteriores que eventualmente las modifiquen”. (Resaltado añadido)
51. La anterior premisa es contundente de cara a la celebración del contrato de estabilidad jurídica y sus efectos, análisis concordante con el sistema normativo en materia de contratación pública, si se considera que la celebración de todo contrato estatal, incluido el de estabilidad jurídica, impone para su perfeccionamiento el cumplimiento de la solemnidad escrita que prevé el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; así quedó refrendado, en particular, en el artículo 8 del Decreto 2950 de 2005, reglamentario de la Ley 963, el cual dispuso:
“Artículo 8°. El contrato de estabilidad jurídica. El contrato de estabilidad jurídica se regirá en lo pertinente por la Ley 80 de 1993 y deberá contener, al menos, las siguientes cláusulas: (…)”
52. En este punto y para abundar en razones, es oportuno señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, al analizar el régimen jurídico aplicable a los contratos de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005 precisó, con acierto, las razones por las cuales la Ley 80 de 1993 era el régimen aplicable a tales contratos en aquello que fuera compatible con la norma especial de su creación; por ello, se resaltan algunos de tales argumentos, que la Sala comparte:
“(…) resulta indiscutible el carácter netamente contractual o convencional de los contratos de estabilidad jurídica, razón por la cual era indispensable, para que dichos contratos se entendieran celebrados y produjeran efectos, que el inversionista y la Nación, por intermedio del Comité de Estabilidad Jurídica y el ministro del ramo, se pusieran de acuerdo sobre los aspectos esenciales del contrato y plasmaran su consentimiento por escrito.
(…) vale la pena recordar que los contratos de estabilidad jurídica se celebraban entre la Nación, que es una de las entidades estatales a las cuales se refiere el artículo 2º, numeral 1º, literal a) de la Ley 80, y una persona natural o jurídica (el inversionista). Por lo tanto, es evidente que estos contratos caen dentro del objeto del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, descrito así por el artículo 1º de la misma ley (…).
(…) La concepción de los contratos de estabilidad jurídica como contratos estatales y la consecuente aplicación del Estatuto General de Contratación Pública han sido insinuadas igualmente por la jurisprudencia constitucional. En efecto, en la sentencia C-320 de 2006, antes citada, la Corte Constitucional manifestó que los contratos de estabilidad jurídica son “de carácter administrativo”. Igualmente, en la C-961 de 2006, la Corte afirmó que los contratos de estabilidad jurídica son “administrativos” y sostuvo que la regulación contenida en la Ley 963 de 2005 obedece parcialmente a la atribución que la Constitución Política confiere al Congreso en el inciso final del artículo 150, para “expedir el estatuto general de contratación de la administración pública” (…)
(…) la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública a los contratos de estabilidad jurídica debe ser “en lo pertinente”, como lo señala el artículo 8º del Decreto 2950 de 2005, lo cual significa que las normas de aquel estatuto solamente pueden aplicarse a dichos contratos en cuanto: (i) el asunto de que se trate no esté regulado en el régimen legal especial aplicable a los contratos de estabilidad jurídica, y (ii) la norma o el principio que se pretenda aplicar no resulte opuesto o incompatible con el texto y el “espíritu” o finalidad perseguida por la Ley 963 de 2005 (….)
53. Entonces, esta categoría, al corresponder a un contrato estatal, somete su existencia al cumplimiento de la formalidad escrita que, siendo un requisito ad substantiam actus, debe estar presente para el perfeccionamiento del contrato, so pena de que el negocio jurídico estatal se repute inexistente. Así, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 963 de 2005, conformado por varias etapas y, en concordancia con las previsiones de la Ley 80 de 1993, hay que señalar, desde ahora, que la solicitud de contrato de estabilidad jurídica -fase inicial de orden precontractual- no puede asimilarse con el contrato mismo, ni sus efectos son equiparables.
54. Esta condición legal –esto es, la formalidad escrita del contrato de estabilidad jurídica– permite colegir, de entrada, diversas consecuencias, entre ellas, que no hay cabida a la pretensión de que el juez contencioso administrativo sea quien pueda dar por celebrado un contrato de estabilidad jurídica que no fue aprobado ni suscrito por la administración, pues más allá de las diferentes vías en que se pudiera aducir responsabilidad del Estado y, a la vez, las variadas formas de su restablecimiento o reparación, lo cierto es que no le corresponde al juez asumir la función administrativa de celebrar o entender celebrado el contrato. En esta línea, esta Subsección tuvo oportunidad de razonar, en los siguientes términos:
“De manera general, frente a las pretensiones en las que se solicita que el juez dé por firmado o declare la existencia de un contrato que se regía por la Ley 80 de 1993, se puntualiza que no resulta pertinente que el juez del contrato tome la decisión que corresponde a la entidad pública contratante, dado que, en casos como el presente, no le corresponde reemplazar a la Administración en la toma de las decisiones contractuales como las referidas a la evaluación y/o la negociación del contrato de estabilidad jurídica”.
55. Ahora, en cuanto a los elementos determinantes de los contratos de estabilidad jurídica, la ley dispuso: (i) que su objeto consistía en garantizar la aplicación de unas normas, identificadas expresamente en el contrato, a inversiones nuevas o a la ampliación de unas existentes, a favor del inversionista que lo celebrara; (ii) como causa del mismo estableció la necesidad de estabilizar un marco legal específico que fuera trascendental en la decisión de hacer nuevas inversiones o ampliar las existentes, en procura de aumentar la inversión en el país; y, (iii) se fijó una contraprestación, consistente en el pago de la prima a cargo del inversionista y a favor del Estado en los términos indicados en la disposición.
56. Hay que señalar que, habiendo sido construida la norma bajo una teleología que transcurre de medio a fin, el concepto de estabilidad jurídica se torna en elemento articulador y definitorio del instituto contractual que, en términos de la Corte Constitucional, “alude a la permanencia provisional, merced a la suscripción de un contrato estatal, de un determinado marco normativo favorable para las grandes inversiones”.
57. Los anteriores elementos fueron vertidos en el texto legal, señalando con precisión los sujetos, materias, objeto y contraprestación en este tipo de contratos, en los términos que a continuación se indican:
“ARTÍCULO 2o. INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. <Ley derogada por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr003.html" \l "166" \h 166 por la Ley 1607 de 2012> <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html" \l "51" \h 51 de la Ley 1111 de 2006: Podrán ser parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional, por un monto igual o superior a 150.000 UVT, para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0963_2005.html" \l "4" \h 4o literal b). Se excluyen las inversiones extranjeras de portafolio.
“ARTÍCULO 3o. NORMAS E INTERPRETACIONES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. En los contratos de estabilidad jurídica deberán indicarse de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión.
Podrán ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes efectuadas por los organismos y entidades de los sectores central y descentralizado por servicios que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a los que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html" \l "38" \h 38 de la Ley 489 de 1998, las Comisiones de Regulación y los organismos estatales sujetos a regímenes especiales contemplados en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html" \l "40" \h 40 de la misma ley, exceptuando al Banco de la República”.
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley se entienden como inversiones nuevas, aquellas que se hagan en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de la presente ley”.
El parágrafo anterior, fue modificado por el artículo 49 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011–Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014– en los siguientes términos:
“PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley se entienden como inversiones nuevas, aquellas que se realicen en proyectos que entren en operación con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica”.
58. Igualmente, se destaca el artículo 5° de la Ley 963 de 2006 en el que se estableció el pago de la prima a cargo del inversionista que, conforme al texto legal original, generalmente correspondería al 1% del valor de la inversión que se realizara cada año. Luego, con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, ésta se definiría “sobre las normas tributarias que el Gobierno Nacional determine que sean sujetas de estabilización”, y para ello el gobierno elaboraría una metodología de definición de primas que debían reflejar “los riesgos asumidos por la Nación y las coberturas solicitadas por los inversionistas”.
59. En punto al procedimiento administrativo que permite definir la celebración o no de un contrato de estabilidad jurídica, el artículo 4° de la Ley 963 distinguió entre una fase inicial de solicitud de contrato a cargo del inversionista, y una etapa subsiguiente de evaluación a cargo de un Comité; este último estaba encargado de estudiar la solicitud y definía sobre la aprobación o improbación de la suscripción del contrato. La lectura de la disposición es patente de las etapas de este procedimiento, de sus requisitos, y de las competencias atribuidas para su desarrollo:
“ (…) a) El inversionista presentará una solicitud de contrato que deberá cumplir con los requisitos contenidos en los literales c), d) y e) de este artículo, y deberá acompañarse de un estudio en el que se demuestre el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al igual que una descripción detallada y precisa de la actividad, acompañada de los estudios de factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos que se proyecta generar;
b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o improbará la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para tal efecto se expida. Este Comité estará conformado por:
• El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
• El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.
• El Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, o su delegado.
• El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
• El Director de la entidad autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades.
c) En los contratos se establecerá expresamente la obligación del inversionista de realizar una inversión nueva o una de ampliación, conforme al artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0963_2005.html" \l "2" \h 2o de la presente ley, se señalará el plazo máximo para efectuar la inversión y se indicará el término de duración del contrato;
d) En las cláusulas contractuales deberán transcribirse los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos de las normas emitidas por los organismos y entidades determinados en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes, sobre los cuales se asegurará la estabilidad, y se expondrán las razones por las que tales normas e interpretaciones son esenciales en la decisión de invertir;
e) En los contratos de estabilidad jurídica se deberá establecer el monto de la prima a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0963_2005.html" \l "5" \h 5o, la forma de pago y demás características de la misma;
f) Los contratos deberán suscribirse por el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, según lo disponga el Comité. Esta firma no podrá ser delegada. El Ministerio tendrá cuatro (4) meses, a partir de la solicitud del inversionista, para suscribir el contrato o para señalar las razones por las cuales la solicitud no reúne los requisitos señalados en esta ley (…)”
Facultad discrecional del Comité de Evaluación Jurídica
60. La segunda fase de la determinación, se centra en las competencias del Comité de Estabilidad Jurídica. En las bases de esta etapa despunta como aspecto principal, la facultad discrecional conferida por el legislador al Comité, en la medida que, habiendo dejado plantados unos requisitos normativos y haciendo expresas las finalidades de la decisión, estableció que sería el análisis de diversas variables financieras, técnicas y en general de factibilidad –según el proyecto de inversión presentado– las que, en su conjunto, permitirían concluir si se aprobaba o no la suscripción del citado instrumento contractual.
La decisión así adoptada, según el contexto de la ley, es discrecional y no reglada como parecería interpretarlo el demandante.
61. En este punto, recuerda la Sala que la discrecionalidad corresponde a una potestad de valoración emanada de la ley y conferida por ella, que faculta a la administración a tomar una definición dentro de un amplio margen de maniobra; es decir, autoriza a definir si algo debe o no hacerse, siempre con referencia al marco normativo de la potestad que gobierna la materia. La simpleza de esta descripción, que se proyecta en diferentes escalas, no ignora que el actuar de la administración está sometido al ordenamiento jurídico –expresión del principio de legalidad que es llenado de contenido a través de reglas y principios– que, en nada se opone al íntimo relacionamiento entre las diversas disciplinas que confluyen por determinación normativa, en el proceso de formación de la decisión administrativa.
62. La Sala no quiere promover la diferencia o la crítica que se hace a la categorización tradicional de potestades discrecionales y regladas, pues al final de cuentas una y otra se sujetan a la ley tal como lo manda la Carta Política; pero lo que sí resulta importante para efectos de la decisión que se apresta a tomar es subrayar que para la realización del interés público, se hace necesario aceptar la existencia de un “margen de libertad decisional que el ordenamiento jurídico confiere a la Administración para apreciar o integrar el interés público en el caso concreto, margen que se deriva de la expresa atribución normativa que de él se hace, o de la escasa densidad de las disposiciones que regulan la actividad administrativa, y que se traduce en la posibilidad de completar el supuesto de hecho imperfecto, incompleto o inacabado de la norma que atribuye la facultad, señalando los criterios objetivos en que se basa la decisión mediante la cual se procura la máxima satisfacción posible del mencionado interés público a efectivizar en cada supuesto específico”.
63. Con tal punto de partida, la doctrina prevalente en el derecho administrativo ha considerado que la discrecionalidad es “(…) esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración”. Por ello, se afirma que el ejercicio de las potestades discrecionales revela “la inclusión en el proceso aplicativo de la ley de una estimación subjetiva de la propia administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular [de manera que] la existencia de potestades discrecionales es una exigencia indeclinable del gobierno humano: éste no puede ser reducido a una pura normocracia objetiva y neutral, a un simple juego automático de normas (…)”
64. Precisamente la valoración de tales criterios, pone en evidencia la dinámica de las relaciones socio-económicas involucradas en las determinaciones de la administración y, a la par, revela el diverso, y, en más de las veces especializado catálogo de variables y estudios que resultan necesarios para adoptar una decisión, los cuales no pueden ser abarcados completamente por la ley; lo anterior explica que el legislador deposite en la actividad de la administración la facultad discrecional de completar las hipótesis legales así construidas y “[p]or eso, se ha dicho, la discrecionalidad aparece allí donde el Derecho no llega´. Lo anterior, no quiere significar que la discrecionalidad sea, en últimas, un concepto ajeno al Derecho, por el contrario, su existencia nace del propio orden legal que concibe la existencia de normas de textura abierta que completan el precepto legal mediante la aplicación de criterios y valoraciones de la administración.
65. Profundizando más en este aspecto, habrá de recordarse que el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) en su artículo 36, hizo referencia el ejercicio de facultades discrecionales para actos generales o particulares, norma que se reprodujo en el artículo 44 del CPACA, como reconocimiento a una realidad de administración y ejercicio del poder público, soportado, entre otros, en criterios de utilidad y necesidad; así, tal disposición estableció como condición de la expedición de los actos bajo facultad discrecional, que la decisión así adoptada debe “ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa” (subraya añadida), que son, entre otros, los elementos que esta Sala se propone tener como guía de decisión.
66. Conforme a lo anterior, al revisar la aplicación concreta del concepto de la discrecionalidad en torno a las decisiones que el Comité de Estabilidad Jurídica debía adoptar, es posible advertir que dicho órgano colegiado debía analizar, bajo el criterio de conexidad teleológica de la facultad conferida, los siguientes elementos principales: (i) los fines de la norma que lo autorizó; (ii) los principios constitucionales inherentes al ejercicio de la función administrativa, entre ellos el interés general como medida del bien común; (iii) las normas relacionadas con el sector de desempeño; (iv) las normas objeto de la solicitud de estabilización; (v) los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, para establecer la compatibilidad del proyecto con los objetivos de la acción estatal y con el plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional; (vi) el documento CONPES 3366 de 2005, con modificación aclaratoria mediante CONPES 3406 de 2005 que definió las “Consideraciones técnicas para la evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica”; (vii) el análisis de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad de todo tipo, necesarios para definir la viabilidad del instrumento, conforme a los anteriores elementos; y, (viii) la valoración del costo–beneficio para el Estado de estabilizar determinadas normas, frente a las bondades que representa la inversión propuesta y la contraprestación ofrecida.
67. Con el referente antes indicado, hay que destacar que el documento CONPES 3366 de 2005, adoptado en desarrollo del literal b) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005, vino a fijar como guía de orientación para la aprobación de los contratos de estabilidad jurídica, algunos de los criterios que servirían de base para evaluar las solicitudes de celebración de los contratos; así, dispuso lo siguiente:
• “Los criterios específicos para aprobar o improbar la celebración del contrato serán las disposiciones del Plan de Desarrollo, lo dispuesto en este documento CONPES, la Ley y el decreto reglamentario que para el efecto se adopte”.
• “La celebración y suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es competencia del Estado. Su decisión de suscribirlo o no, será siempre motivada y pública.”
• “Los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el interés del inversionista que lo suscribe y el interés general. Preservarán la soberanía legislativa y regulatoria del Estado, evitarán el desorden administrativo, y salvaguardarán la sostenibilidad fiscal.”
• “El inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que proyecta realizar”.
“Los impactos generados por la inversión que el inversionista solicitante argumente para demostrar la rentabilidad económica y social positiva de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, deben ser de suficiente entidad como para justificar la celebración del mismo y, si el Comité así lo determina, formarán parte de los compromisos y responsabilidades adquiridos por el inversionista mediante la celebración de tal contrato”. (El texto subrayado fue adicionado mediante el documento CONPES 3406 de 2005).
68. Por su parte, al fijar los “criterios específicos de evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica” el citado CONPES 3366 estableció como derroteros: (i) el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 4 de la Ley 963 de 2005; (ii) las actividades económicas elegibles, descartando algunas relacionadas con el Régimen General de Inversiones y los expresamente excluidos por la Ley 963 de 2005, indicando que no se favorecerán unas actividades sobre otras, salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente; (iii) recabó en el carácter esencial de la norma objeto de solicitud de estabilización, subrayando que éste debe ser el factor determinante de la decisión de invertir y, a la vez, debía serlo de la aprobación o improbación de la misma por el Comité; y, (iv) estableció el criterio de rentabilidad económica y social mediante el cual se definiría si los efectos que en tales ámbitos proyectaba la inversión, ameritaban la celebración del contrato; entre otros criterios relevantes que el citado documento estableció.
Derogatoria de la Ley 963 de 2005
69. Al lado de las guías definidas en los documentos CONPES, hay que señalar que mediante la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, se derogó expresamente la Ley 963 de 2005, determinación que, en precisión de sus efectos, trajo consigo la incorporación de un régimen de transición respecto de los trámites en curso, que fue definido en los siguientes términos:
“Artículo 166. Deróguese la Ley 963 del 8 de julio de 2005 por medio de la cual se instauró una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.
“Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, tanto las solicitudes que se encuentren radicadas ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, así como los procedimientos administrativos que se encuentren en curso en el momento de entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser tramitados de acuerdo con la Ley 963 de 2005, modificada por la Ley 1450 de 2011 y todos sus decretos reglamentarios vigentes, las cuales continuarán vigentes solo para regular los contratos vigentes y las solicitudes en trámite de aprobación a la fecha de entrada en vigencia de la presente hasta que se liquide el último de los contratos.
“Parágrafo 2°. Los contratos de estabilidad jurídica en ejecución a la fecha de la promulgación de la presente ley continuarán su curso en los precisos términos acordados en el contrato hasta su terminación”.
Análisis de los cargos de la apelación
Con el marco normativo y conceptual antes indicado, la Sala pasa a resolver los reproches planteados contra la sentencia de primer grado y, para el efecto, por razones metodológicas, examinará en primer lugar el relacionado con la pérdida de competencia del Comité de Estabilidad Jurídica para expedir los actos demandados; de no hallar razones para declarar su nulidad por esta vía, avanzará hacia el análisis de los demás reparos que fundan la alzada.
Pérdida de competencia del Comité
70. Sostuvo el censor que la Ley 963 de 2005 confirió un plazo máximo de cuatro (4) meses al Comité de Estabilidad Jurídica para decidir acerca de la aprobación o no de la solicitud de contrato, y, como ese término transcurrió, por años, sin haberse resuelto la actuación, la “consecuencia de esta inacción es la pérdida de competencia del Comité”.
71. Está probado en el proceso que la solicitud de contrato de estabilidad jurídica fue presentada por Winner el 17 de julio de 2009 y que la decisión de improbación de la misma ocurrió el 11 de mayo de 2012, según da cuenta el Acta No. 07 expedida por el Comité de Estabilidad Jurídica; igualmente, que el término se amplió hasta el momento en que fue resuelto el recurso de reposición en los términos de la Resolución No. 032 del 23 de septiembre de 2013 y luego la Resolución 019 del 3 de septiembre de 2014, marco que, en efecto, excede los cuatro meses que señala el literal f) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005.
72. Se pregunta la Sala si, el hecho de que las decisiones se hubiesen proferido en un término superior al señalado en la ley trae como consecuencia la sanción de nulidad de los actos expedidos por pérdida de competencia de la administración, como lo reclama el censor; la respuesta es negativa y, para explicarlo, se impone volver sobre la disposición de la que se pretende derivar tal efecto:
f) Los contratos deberán suscribirse por el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, según lo disponga el Comité. Esta firma no podrá ser delegada. El Ministerio tendrá cuatro (4) meses, a partir de la solicitud del inversionista, para suscribir el contrato o para señalar las razones por las cuales la solicitud no reúne los requisitos señalados en esta ley” (se subraya).
73. Se observa que esta norma, como parte del procedimiento administrativo especial en materia de estabilidad jurídica, si bien estableció un término de cuatro meses para decidir sobre la suscripción o no de tal contrato, no previó una sanción como la que reclama el censor pues, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, el legislador no halló que tal defecto tuviera la entidad de suprimir la competencia del Comité y, siendo así, de entrada, no es posible para el juez crear una sanción que la ley no prevé, aspecto que tampoco desprotege al solicitante, pues bajo reglas del procedimiento administrativo común, estuvo a su alcance propiciar una decisión ficta o presunta de carácter negativo, cuando consideró que la administración había dejado de decidir, prefiriendo esperar a una decisión expresa, respecto de la cual formuló los recursos que procedían.
74. Y sin que se tenga como justificación de parte de la Sala, es claro que el alcance y contenido del procedimiento en examen, tiene en la etapa de análisis a cargo del Comité un amplio margen de valoración según los diversos niveles de complejidad que revista su estudio, de forma que tal dinámica permite entender las razones por las cuales el legislador se abstuvo de imponer un efecto de pérdida de competencia a dicho organismo, y por ello, aun en los eventos en que se supere el plazo de 4 meses, no se afecta en sede de validez los actos administrativos así expedidos.
75. Al respecto, esta Corporación ha tenido una postura pacífica, en cuya línea se ha afirmado, entre otros pronunciamientos, lo siguiente:
“(…) el hecho de que la administración profiera una decisión por fuera del término consagrado en la normatividad para tal efecto, no implica la invalidez del acto administrativo así producido –como equivocadamente lo sostiene el demandante-. (…) En este punto se acoge el criterio que ha sido expresado por el Consejo de Estado en otras oportunidades según el cual, cuando las normas especiales referidas a un trámite administrativo particular no consagran consecuencias específicas para los eventos en que las decisiones son proferidas por fuera de los términos concedidos a la administración para decidir, en dichos casos la autoridad administrativa no pierde la competencia para pronunciarse sobre el asunto, y el incumplimiento de los términos no genera violación del debido proceso, pues ha entendido la jurisprudencia que se trata de términos programáticos, cuyo incumplimiento no tiene efectos sobre la validez de los actos administrativos proferidos en esas condiciones”
76. Aún más, esta Subsección ya se ha referido puntualmente en torno al cargo de pérdida de competencia del Comité de Estabilidad Jurídica en los casos en que la decisión hubiese excedido el término señalado en el literal f) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y, con meridiana claridad, explicó:
“Puede precisarse que la competencia de la Administración para decidir acerca de las peticiones de los particulares se conserva mientras el peticionario no haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa se haya notificado el acto admisorio de la demanda.
Este razonamiento se funda, también, en que las reglas de la competencia de las entidades públicas son taxativas y específicas, toda vez que obedecen a un criterio reglado, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política, según el cual las funciones o potestades asignadas por la ley no se extinguen si no se existe norma legal que lo disponga.
No puede confundirse la norma que dispuso el plazo del ministerio para firmar el contrato previsto en el literal f) del artículo 4 de la ley 963 de 2005 o para comunicar las razones de la improbación, con una pérdida de competencia del comité de estabilidad jurídica para decidir sobre la solicitud.
Por tanto, con independencia de la eventual justificación de los funcionarios frente a sus responsabilidades por la demora en la presentación de la evaluación del proyecto ante el comité de estabilidad jurídica- lo cual no se juzga en este proceso- la Sala encuentra que el vencimiento del término legal para suscribir el contrato no produjo el efecto jurídico equivalente a la decisión aprobatoria ni al compromiso sobre su otorgamiento”.
77. De cara a la identidad sustancial entre el problema jurídico que alentó ambos reproches –el referido a la postura antes transcrita y el que ahora se analiza– la Sala retoma los anteriores planteamientos y con ello, afirma la inexistencia de un vicio por pérdida de competencia que afecte de nulidad los actos acusados, razón por la cual este cargo será negado.
Infracción de las normas en que debía fundarse e indebido entendimiento de la Ley 963 de 2005
78. La Sala entra a analizar estos dos cargos de manera conjunta, en la medida que se trata de un problema jurídico que, en síntesis, se corresponde con la alegada indebida aplicación normativa efectuada por el Comité de Estabilidad Jurídica al analizar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por Winner.
79. En esta línea, se recuerda que el apelante (i) adujo que el Comité al improbar la celebración del contrato, infringió las normas en que debía fundarse, pues la existencia de un marco jurídico que delimitó expresamente los requisitos que debían ser observados –y considerando que Winner los cumplía todos– debió haber aprobado tal solicitud, por ello reprochó que el a quo no hubiera valorado el cumplimiento por parte de Winner de tales requisitos. Además, impugnó que el fallo se hubiese soportado en la prevalencia del interés general sobre el particular invocando el CONPES 3366 de 2005, cuando éste no estableció tal prevalencia. (ii) de otra parte, censuró que, a una solicitud presentada en 2009, el Comité le hubiese aplicado un requisito que vino a ser incorporado con la Ley 1450 de 2011, “en el sentido de requerir que las inversiones se efectuaran con posterioridad a la firma del contrato de estabilidad jurídica”, cuando al momento de presentar la solicitud se consideraba nueva inversión aquella que se realizara con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 963 ídem.
80. Para desatar esta censura, se observa que en el expediente obra la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por Winner Group; documento aportado con la demanda que, aunque no tiene una fecha visible de radicación ni se encuentra firmado, hace evidencia de la solicitud presentada, teniendo en cuenta que fue un hecho aceptado como cierto en la contestación de la demanda efectuada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MCIT-.
Hay que señalar que el MCIT fue la entidad que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2950 de 2005, fue designada para ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica y, en esta virtud, quedó encargada, entre otras funciones, de la recepción de tales solicitudes y en particular “de llevar el control de los documentos y asuntos sometidos a consideración del Comité”. De modo que, ante la confirmación de esta entidad sobre la radicación y contenido de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por Winner, sin oposición o tacha por ésta o las demás entidades que integran la parte pasiva, es un hecho probado que la solicitud fue presentada por el actor en la fecha indicada y con el contenido que allí se expresa.
81. En relación con el primer reproche, a saber, el cumplimiento de los requisitos por parte de Winner, la Sala se anticipa a señalar que no comparte tal argumento, pues el mismo parte de una premisa equivocada consistente en equiparar las facultades de la administración respecto a los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud, con las potestades atribuidas al Comité para decidir acerca de la aprobación o improbación de la misma.
82. En efecto, como se indicó al abordar el marco normativo de los contratos de estabilidad jurídica, la Ley 963 de 2005 distinguió dos fases dentro del procedimiento de decisión de la solicitud: (i) la verificación de requisitos; y, (ii) la valoración por parte del Comité. Respecto a la primera estableció a cargo del inversionista interesado el cumplimiento de unos requisitos e información que debía incluirse en la respectiva solicitud para poder ser admitida a estudio, conforme lo dispuso el literal a) del artículo 4° de la citada Ley 963.
83. Consistente con el concepto y finalidad de esta etapa inaugural, el Decreto 2950 de 2005 creó la Secretaría Técnica del Comité encargada de la recepción de las solicitudes de contrato y, entre otras funciones, de adelantar la “revisión previa” de los requisitos exigidos para su admisión (art. 2°). Igualmente, en dicho Decreto se hizo precisión de la información que debía estar incluida en la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, para que, a través de una actividad de verificación, dicha Secretaría definiera si la solicitud podía o no avanzar a la etapa de estudio del Comité. En efecto, el artículo 3 del citado Decreto, estableció lo siguiente:
“Artículo 3º. Solicitud de contrato. La solicitud de celebración de un contrato de estabilidad jurídica deberá contener la siguiente información:
a) Identificación plena del inversionista y su capacidad para actuar;
b) Descripción detallada del proyecto de inversión, que incluya las modalidades de inversión y estudios de factibilidad técnica, financiera y económica, planos u otra documentación que sustente la adecuación del proyecto a lo establecido en el Documento Conpes previsto en la Ley 963 de 2005;
c) Determinación de la cuantía de la inversión y descripción detallada del plazo para efectuarla. Si esta ha de realizarse de manera fraccionada, se deberá establecer un cronograma que determine cuándo se efectuará cada parte de la inversión;
d) Transcripción de los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos de las normas y de las interpretaciones administrativas vinculantes sobre las cuales se solicita la estabilidad;
e) Exposición de las razones que demuestren la importancia y el carácter determinante sobre la decisión de inversión de las normas e interpretaciones administrativas vinculantes objeto de la solicitud, de acuerdo con el Documento Conpes respectivo;
f) Determinación justificada del término propuesto de duración del contrato;
g) Forma de pago de la prima propuesta por el inversionista y justificación de la existencia de períodos improductivos de la inversión y de su duración, si los hubiere. Se considerarán períodos improductivos únicamente los que sean definidos de esta manera por la normatividad vigente;
h) Número de empleos que el inversionista proyecta generar durante la vigencia del contrato y otros efectos económicos y sociales esperados del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Documento Conpes respectivo;
i) Manifestación del inversionista de no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada o sancionado mediante acto administrativo definitivo, en el territorio nacional o en el extranjero, en cualquier época, por conductas de corrupción que sean consideradas punibles por la legislación nacional, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento;
j) Manifestación del inversionista sobre el origen lícito de los recursos con los cuales se realizarán las inversiones nuevas o la ampliación de las existentes, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
84. Esta disposición revela por sí misma el alcance de la etapa de solicitud pues, el cumplimiento de los citados requisitos únicamente implicaba poner a consideración del Estado una propuesta de interés del inversionista con una información mínima exigida para su análisis ulterior. Esto explica que la competencia atribuida a la Secretaría Técnica para adelantar esta fase, estaba circunscrita a la recepción de la solicitud y, en ella, a la verificación de los mencionados requisitos; en este sentido, la potestad de la administración estaba reducida a un ejercicio de constatación que prescindía de matices de índole subjetivo, pues bastaba contrastar el cumplimiento de tales exigencias frente a la disposición legal, y señalar si la información estaba completa, para luego ser valorada.
85. Consecuentemente, el artículo 4° del Decreto 2950 de 2005, reglamentó la “admisión de la solicitud de contrato”, indicando los efectos que podían derivarse de la actividad de verificación desplegada, así:
“Artículo 4º. Admisión de la solicitud de contrato. Una vez presentada la solicitud de contrato, la Secretaría Técnica verificará que esta contenga la información requerida.
En caso de que la información no esté completa, la Secretaría Técnica devolverá la solicitud al peticionario indicando la información que sea necesaria para completarla.
Si la solicitud se encuentra completa, la Secretaría la admitirá y comunicará sobre la admisión al peticionario. El término de cuatro (4) meses al que se refiere el literal f) del artículo 4º de la Ley 963 de 2005, empezará a contar a partir de dicha comunicación”.
86. Aunque en el expediente no reposa la admisión de la solicitud de Winner, es posible colegir que ello ocurrió, pues el análisis y la valoración de la solicitud fue realizada por el Comité de Estabilidad Jurídica el 11 de mayo de 2012 como consta en el Acta No. 07 “por medio de la cual se efectúa la evaluación y decisión de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la sociedad Winner Group S.A.”, objeto de demanda.
87. Este discurrir, permite a la Sala arribar a una primera conclusión, y es que, en efecto, Winner Group dio cumplimiento a los requisitos e información que debía contener la solicitud de contrato de estabilidad jurídica; es decir, superó el primer estadio de verificación realizado por la Secretaría Técnica, sin que, por tal razón, la admisión a estudio de su petición pudiera proyectarse directamente hacia la concreción de un derecho vinculado a la celebración del contrato ni, en consecuencia, a la obtención de los beneficios que sólo el perfeccionamiento del mismo permitía desencadenar.
88. Justamente, este procedimiento traía consigo una combinación de potestades vinculadas a sus dos etapas; en la de verificación, se desplegaba una facultad reglada rígida, limitada a una actividad de constatación de requisitos; y en la de evaluación del proyecto de inversión, el Comité definía dentro de un amplio margen de valoración si aprobaba o no la suscripción del contrato solicitado, en ejercicio de las potestades discrecionales conferidas.
89. La anterior distinción es relevante, si se considera que en Colombia el procedimiento previó estos dos momentos con caracterizaciones individuales; pero bien pudo ocurrir, como sucedió en otros países, que la misma finalidad –atracción de la inversión privada– estableciera procedimientos directos en los que bastara cumplir determinados requisitos para que automáticamente se confiriera el beneficio de estabilidad normativa. Así, por ejemplo, esta Sala tiene noticia de sistemas legales que introdujeron registros automáticos de cara a valores mínimos de inversión, con una especie de equivalencia entre la constatación de los requisitos y la generación de un derecho; sin embargo, como este mecanismo no fue el adoptado en Colombia, por cuanto expresamente no se estimó conveniente para la realidad socio-económica local, no es posible extraer tales efectos para implantarlos en el marco legal nacional.
90. En punto a la solicitud presentada por Winner, ésta proyectó, inicialmente, la inversión de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000), bajo dos componentes: “remodelación de casinos existentes y la renovación del parque de máquinas”; lo anterior, conforme al objeto principal de Winner que consiste en “la operación y explotación de juegos de suerte y azar en todas sus modalidades”, según certificado de existencia y representación legal de la empresa.
91. En los siguientes términos Winner describió las inversiones objeto de su solicitud, así: (se transcribe conforme obra)
Remodelación de casinos:
Bajo este componente, WINNER ha adelantado en 2008 y 2009 la remodelación integral de sus casinos Río Medellín y Rio Barranquilla, por un valor total de once mil millones de pesos moneda corriente ($11.000.000.000 m./cte).
“El Casino Río Medellín funcionaba en un local de la Avenida El Poblado de esa ciudad. La inversión consistió en anexar a éste local uno vecino, el cual fue demolido para dar paso a una nueva estructura metálica en donde se erigió la torre de parqueaderos con capacidad de 72 estacionamientos (…)”
“En cuanto al casino Rio Barranquilla, este funcionaba en una casa de una planta, cuya funcionalidad era limitada por la distribución de la edificación existente (…) la nueva estructura fue fundida e izada sobre el casino en operación. Posteriormente se instaló la cubierta para continuar con la demolición parcial hasta lograr el despeje de la totalidad del área (…) Se construyó una planta adicional para suplir los parqueaderos del primer piso.”
Con respecto a los proyectos de este componente, ya entrados en operación, WINNER se acoge a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3 de la ley 963 de 2005, conforme al cual ´se entienden como inversiones nuevas aquellas que se hagan en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de la presente ley”. En efecto, los casinos remodelados entraron en operación¨ con posterioridad a la vigencia´ de la Ley 963 (08 de julio de 2005), y, como tal, corresponden a ´ inversiones nuevas´ para efectos de la ley”.
Renovación del Parque de Máquinas
“El subsector es altamente sensible a los cambios tecnológicos que se introducen en las máquinas de juegos y entretenimiento. WINNER es consciente de que su posición en el mercado, ya caracterizada por la excelencia en los servicios prestados, depende en buena parte de la renovación y adquisición de máquinas y juegos de última generación.
“El segundo componente del proyecto de inversión consiste en la adquisición de nuevas máquinas de entretenimiento, en cantidad no inferior a las trescientas (300) unidades. Este componente se ejecutará en el periodo 2009 – 2015, en cuantía de diecinueve mil millones de pesos moneda corriente ($19.000.000.000 m./cte) (…)”
“El proyecto de remodelación y renovación ha sido y será llevado a cabo por WINNER en el periodo 2008 - 2015, conforme al siguiente cronograma de inversiones parciales:
TABLA 2
Cronograma proyecto WINNER de Remodelación y Renovación
($ Millones)
20082009201020112012201320142015
TOTALRemodelación Casinos 8.6352.365
11.000Renovación Máquinas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0001.000
19.000TOTAL INVERSIÓN 8.635 5.365 3.0003.0003.000 3.000 3.000 1.000
30.000
92. Valga decir que, los $30.000 millones que inicialmente constituían el monto de la inversión pasaron a $35.000 millones de pesos, en tanto el componente de renovación de máquinas de entretenimiento subió a $24.000 millones de pesos, tal como se registró en el Acta No. 07 del 11 de mayo de 2012, en la cual el Comité decidió improbar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica.
Puntualmente, el nuevo cronograma aumentó el monto de inversión del año 2009 a $7.000 millones de pesos; y, para el periodo 2010 - 2019 se proyectaba invertir $1.900 millones por año; en todo caso, se advierte que respecto a esta modificación, no es posible extraer los análisis financieros y de viabilidad que la soportaron, pues con la demanda y su reforma, sólo se aportó la solicitud de contrato presentada el 17 de julio de 2009 que ahora se analiza.
93. Al lado de la descripción del proyecto de inversión, Winner presentó en los análisis financieros las proyecciones de los flujos de caja, el valor presente neto (VPN) y los estados de resultados esperados, haciendo el ejercicio en un escenario con estabilidad jurídica y uno sin ella (asumiendo que las mismas variables serían modificadas de forma adversa).
Con estabilidad jurídica
Sin estabilidad jurídica
• Tarifa del impuesto de renta del 33% (2009 – 2028);
• No sujeción al pago del impuesto de patrimonio (1,2%) a partir de 2011 y hasta 2028;
• Disponibilidad de la deducción del 40% por inversión en activos fijos reales productivos (2009-2028)
• Aumento en la tarifa del impuesto de renta del 33% al 38,5% a partir de 2010 y hasta 2028.
• Pago del impuesto de patrimonio (1,2%) durante todo el plazo de duración del contrato (2009-2028).
• Pérdida de la deducción del 40% por inversión en activos fijos reales productivos a partir de 2010 y hasta 2028.
Flujos de caja proyectados: $3.007 millones (2010); $3.371 millones (2011) $3.669 millones (2012) y $6.349 millones (2015).
Indicadores de valoración y rentabilidad: VPN $43.320
Tasa interna de retorno (TIR): 20%
Estado de resultados: utilidad neta final $3.459 millones (2010). Mayor margen de utilidad de cara a la carga tributaria que se pedía estabilizar (principalmente el impuesto al patrimonio y el de renta).
Flujos de caja proyectados: $2.341 millones (2010); $2.602 millones (2011); $2.875 millones (2012) hasta alcanzar $5.776 millones (2015).
Indicadores de valoración y rentabilidad: VPN: $37.290
Tasa interna de retorno (TIR): 16%.
Estado de resultados: utilidad neta final $2.266 millones (2010). La progresión de Winner implicaba una diferencia de $1.000 millones por año; hasta 2027 -2028 que aumentaba a $4.000 millones.
• Elaboración propia. Información tomada de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica de Winner Group S.A. (Fl. 85 a 89 del c. pruebas).
94. Conforme a lo anterior, el actor señaló que “el contrato de estabilidad jurídica resulta determinante para el proyecto de inversión de WINNER”; y en tal virtud, indicó que las disposiciones objeto de estabilización estaban vinculadas, principalmente, a normas tributarias, agrupándolas en las siguientes categorías: base gravable, ingresos, costos, renta bruta, rentas brutas especiales, deducciones, renta presuntiva y rentas líquidas especiales, tarifas, descuentos, precios de transferencia, impuesto al patrimonio, ganancias ocasionales, impuesto de remesas y retención en la fuente, entre otras; así como algunas normas de la Ley 643 de 2001 que regula el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.
95. Finalmente, la solicitud de contrato de Winner indicó que eran tres los efectos económicos y sociales del proyecto de inversión propuesto. El primero vinculado a la generación de empleo, en la medida que con la remodelación de los casinos de Medellín y Barranquilla se generó un total de 22 nuevos empleos directos, con vocación de permanencia teniendo en cuenta la expansión del negocio; igualmente registró la generación de alrededor 400 empleos indirectos al momento de hacer tal remodelación.
Como segundo efecto, destacó la demanda de producción nacional que, en desarrollo del componente de remodelación llevó a la adquisición de bienes y servicios de origen nacional (cemento, arena, ladrillos, entre otros; así como servicios de diseño en arquitectura, eléctricos y demás asociados a la construcción). Por último, en tercer lugar, destacó que el componente de renovación del parque de máquinas representaba para el sector salud, el pago sostenible de las tarifas que cobra ETESA a los concesionarios autorizados para la operación de juegos localizados.
96. En este punto, como el censor reclama haber cumplido todos los requisitos que conducían a la aprobación de su solicitud, la Sala se detiene a analizar las motivaciones expresadas por el Comité para haberla negado, según obra en el Acta No. 07 del 11 de mayo de 2012, las cuales, por fines metodológicos, seguirán el orden de los requisitos señalados en la Ley 963 de 2005 en conjunto con la constatación del adecuado ejercicio de la potestad discrecional que, como se sabe, exige que la decisión sea “adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.
97. El primer aspecto para valorar está ligado a la finalidad de la Ley 963 de 2005, que en este caso quedó expresamente definida en el artículo 1°, al señalar que “se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes”, para lo cual, garantizaría a los inversionistas la estabilidad de cada una “de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión” (subraya añadida).
98. Así, en el pórtico de la determinación, el elemento motivacional se revela como condición primordial de la propuesta de inversión, pues el carácter determinante de las normas que se pide estabilizar es el que marca el punto decisivo entre invertir y no hacerlo. Lo anterior significa que, en un ámbito normativo típico –sin contrato de estabilidad jurídica– el inversionista no encontraba un escenario de inversión plausible, de manera que, el acceso a esta figura de estabilidad jurídica sería el detonante crucial de sus inversiones.
99. Al analizar este requisito, que además es causa o móvil del contrato a celebrar, el Comité de Estabilidad Jurídica en el Acta No. 07 mencionada, se pronunció frente a la solicitud de Winner, en los siguientes términos (se transcribe literal):
“el Comité destacó que el proyecto de inversión tiene dos componentes: la remodelación de casinos y la renovación del parque de máquinas. Sobre el primero, cabe mencionar que la inversión en remodelación por valor de $11.000.000.000 a la fecha de presentación de la solicitud (17 de julio de 2009), ya había sido ejecutada de acuerdo a lo expuesto por el inversionista. Al respecto, se remitió al documento CONPES 3366 de 2005, para señalar que aquellos proyectos concebidos y desarrollados en gran parte sin tener en cuenta la estabilidad jurídica, han asumido el riesgo de cambio normativo íntegramente. En consecuencia, es evidente que la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica en este caso, no fue determinante para la decisión de invertir”.
100. Observa la Sala que, en efecto, Winner carecía del elemento motivacional exigido por la ley como requisito sustancial para acceder a un contrato de estabilidad jurídica, puesto que, como lo informó en su solicitud de contrato, para el año 2008 había ejecutado $8.635 millones de pesos, y para el 2009 completó los $11.000 millones que correspondían al valor pleno de uno de los dos componentes del proyecto de inversión presentado.
101. En estos términos, la materialidad de una inversión que representaba el 31.3% de todo el proyecto que se pretendía estabilizar, claramente no pertenece al ámbito normativo de la “Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas” comoquiera que, al haber superado la etapa motivacional que precede a la inversión, no puede posteriormente aducirse como factor determinante aquello que en su momento no lo fue. En otras palabras, arrastrar la causa o motivo de una inversión ejecutada en 2008 y 2009 a un momento posterior para solicitar el contrato, no se corresponde con la fuerza misma de los acontecimientos, ni con el carácter determinante y previo del móvil que debía fundar la decisión inversionista.
102. Entonces, la inexistencia de un contrato de estabilidad jurídica no condicionó a Winner para avanzar en sus actividades de inversión, pues, según la información que registra la solicitud de contrato presentada el 17 de julio de 2009, se extrae que lo determinante de tal decisión apuntaba al estatus jurídico que en ese momento ostentaba Winner como operador de juegos de suerte y azar bajo el “Contrato de Concesión No. C0409 de fecha 5 de febrero de 2007” así como la expansión de su negocio; y ello es así, pues para el momento en que se planearon las inversiones de remodelación ejecutadas en 2008-2009 ni siquiera se había presentado solicitud de contrato de estabilidad jurídica al Comité, de modo que no hay rastro alguno de que tal hubiese sido el factor motivacional de las inversiones.
103. Contrario sensu, la valoración crítica de los medios de prueba que reposan en el expediente llevan a la Sala a confirmar, por diversas vías, la ausencia absoluta del factor motivacional exigido en la Ley 963 de 2005 frente a las inversiones en remodelación realizadas pues, además de que aquellas se ejecutaron sin el preludio causal exigido en la norma, se suma, de una parte, que para el año 2009 Winner determinó realizar inversiones en el segundo componente del proyecto “renovación de máquinas” por $3.000 millones de pesos inicialmente, inversión que luego fue aumentada en $7.000 millones, todo ello antes de tener una evaluación sobre la aprobación o no de un contrato de estabilidad jurídica por parte del Comité.
Lo anterior permite evidenciar que, en su conjunto, las inversiones proyectadas acumuladas para el año 2009 correspondían a $11.000 millones del primer componente y $7.000 millones del segundo, para un total de $18.000 millones de pesos, según registra la solicitud de Winner.
104. De suerte que la presencia de un contrato de estabilidad jurídica no se revela como factor determinante de las inversiones, esto es, como condición para su realización, y sí, por el contrario, se trató de un beneficio que tardíamente intentó obtener el demandante respecto de inversiones ejecutadas que, en todo caso, habría de realizar. A esta conclusión llega la Sala, a partir de lo manifestado en la misma solicitud presentada por el actor quien, al referirse al componente de renovación de máquinas expuso como inherente y cíclico a la actividad del sector de juegos de suerte y azar, este tipo de inversiones, al afirmar:
“el subsector es altamente sensible a los cambios tecnológicos que se introducen en las máquinas de juegos y entretenimiento. WINNER es consciente de que su posición en el mercado (…) depende en buena parte de la renovación y adquisición de máquinas de juegos de última generación”.
Conforme a la dinámica de esta actividad, se puede colegir razonablemente que, en su conjunto, las inversiones proyectadas se produjeron y habrían de producirse, con o sin la celebración del contrato de estabilidad improbado al actor.
105. De otra parte, hay que mencionar que, al profundizar sobre el aspecto motivacional de las inversiones planteadas en la petición presentada por Winner, no se encuentra que, con anterioridad a la presentación de la misma, 17 de julio de 2009, se hubiese definido como determinante de las inversiones la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica. El único documento que en este sentido fue aportado con la demanda, corresponde al acta No. 70 de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad Winner Group llevada a cabo el 15 de julio del año 2009, que registra lo siguiente:
“Discutido el tema, la Junta Directiva por unanimidad autorizó al Gerente General de la sociedad, para que de conformidad con lo previsto en la Ley 963 de 2005, presente la solicitud del contrato de estabilidad jurídica de WINNER GROUP S.A., ante el Comité de Estabilidad Jurídica y en el evento de aprobación de la solicitud por parte de dicho comité suscriban el correspondiente contrato a nombre de la empresa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces, hasta por un valor de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) (…)”
106. Así que, no existe un momento distinto a Julio de 2009, época de la presentación de la solicitud de contrato por parte de Winner, en que se hubiese hecho referencia al proyecto de inversión y sus motivos, lo que corrobora, según la prueba que obra en el proceso, que la inversión ejecutada no consideró la incidencia que en su determinación tendría un contrato de estabilidad jurídica.
107. Por esta vía, la ausencia del factor motivacional en el inversionista obraba como criterio de razón suficiente para improbar la solicitud del actor, sin que el Comité tuviera que entrar a realizar otras consideraciones adicionales. Así, teniendo en cuenta que la falencia en este elemento dejaba vacío de contenido el objeto y finalidad de la norma analizada, a su turno, hacía inane incursionar en la valoración del costo-beneficio del proyecto que, valga decir, tampoco revelaba en este caso el “criterio de rentabilidad económica y social” exigido en el CONPES 3366 de 2005 que exigía que los efectos de la nueva inversión repercutieran de forma sensible en la “creación de empleo, el desarrollo regional, especialmente en regiones deprimidas, la transferencia de tecnología, la generación de divisas, las demandas derivadas sobre la producción nacional (…)”.
Lo anterior por cuanto, entre otras razones, tratándose de los beneficios sociales vinculados a los derechos de explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, si bien se presentaban cifras que favorecían de manera importante el sector salud, ellas no tenían como factor determinante para su generación la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, sino que su fuente descansaba en la suscripción de contratos de concesión respecto de los cuales el actor ya había adquirido compromisos respecto de la explotación de tal monopolio, con la obligación correlativa de efectuar los pagos acordados.
108. No obstante, el censor reprochó que el Tribunal no hubiese revisado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la norma que, a su juicio, daban lugar a la suscripción del contrato; sin embargo la Sala considera necesario enfatizar, de una parte, que al juez solo le compete valorar los argumentos de ilegalidad que en sede judicial se plantean respecto de la acción u omisión de la administración, sin que le corresponda suplantar la función administrativa llevando a cabo los análisis de valoración macroeconómica de tales requisitos; y de otra parte que, la carencia de una sola de esas exigencias, habría bastado al Tribunal a quo para confirmar la negativa de la solicitud de contrato elevada por el actor.
En otras palabras, verificada la ausencia del factor motivacional del inversionista, se imponía al Comité rechazar la solicitud sin más análisis y, en el mismo sentido, se resolverá por la Sala.
109. De otro lado, la Sala se aparta del entendimiento que plantea el censor en relación con el segundo cargo que aquí se estudia, cuando afirma que las inversiones realizadas con anterioridad a la solicitud del contrato quedaban cobijadas bajo la figura de la estabilización por haber sido ejecutadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005; y en ello no hay razón, comoquiera que la ley no indicó que con su sola expedición se generara un beneficio automático de cobertura normativa pues, como ya se explicó, el procedimiento especial estableció a cargo del Comité la valoración sustancial de los requisitos que podían dar lugar o no a la aprobación del contrato estatal pretendido, único instrumento que daba origen a la estabilidad jurídica, como fue concebido desde la misma génesis que dio paso a la Ley 963 en 2005.
110. Al lado de lo anterior, se debe subrayar que, sólo la celebración del contrato (requisito ad substantiam actus) se constituía en fuente de los derechos vinculados a los beneficios de estabilización normativa, pues, como se expuso al desarrollar el marco legal de este tipo contractual, ese fue el instrumento previsto por el legislador para concertar las normas que serían sostenidas durante el término del contrato, de manera que su inexistencia impedía tener a este dispositivo como fuente generadora de algún derecho vinculado a la estabilización.
111. Así, yerra el censor cuando plantea que la modificación que hizo la Ley 1450 de 2011 al parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005, incluyó un nuevo requisito consistente en la celebración del contrato para amparar las inversiones nuevas, como si antes ello no fuera necesario; más bien, la norma de 2011 vino a precisar el momento a partir de cual podría hablarse del concepto de nuevas inversiones. Como tuvo oportunidad esta Subsección de señalar, ha de entenderse que:
“De acuerdo con las normas citadas, si bien podía iniciarse el proyecto de inversión antes de suscribir el contrato, ello no equivalía a admitir que un proyecto de inversión decidido y en operación antes de la solicitud tuviera como factor determinante la estabilidad jurídica que se pretendía después, toda vez que el beneficio del contrato podía ser concedido a quienes optaran por invertir motivados por la ley de estabilización”.
112. Además de las pautas normativas mencionadas, que por sí solas explican la anterior conclusión, añádase que siendo el objeto del eventual contrato de estabilidad jurídica cada uno de los “artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes” (se resalta), éstos debían ser analizados bajo los criterios definidos en la ley y los principios de la función administrativa, para ser llevados al contrato.
113. Por lo tanto, sin un acuerdo sobre la estabilización de tales normas, que sólo viene a surgir con el perfeccionamiento del contrato –cuyo elemento objetivo impone la indicación expresa de cada una de las disposiciones que lo componen– de acoger la interpretación del actor, tanto el procedimiento como el objetivo y fin de la norma quedarían vacíos de contenido, en tanto se materializan inversiones sin que éstas se hubieran elevado a estipulación escrita para su nacimiento, y tal patente de corso no fue asignada por la ley; posición concordante con la expresada por la Corte Constitucional que estableció que la “verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica” celebrado (negrilla añadida).
114. En los anteriores términos, no es admisible atribuir un sentido a la ley que se contrapone con su propio objeto, causa y finalidad, en tanto, de la certeza de estos elementos se desprenden los lazos obligacionales principales y accesorios del acuerdo alcanzado, de suerte que la sola representación de lo que se pretendió a través de la solicitud, no cumple el estándar legal de esta figura para hacerle surtir efectos de equivalencia como los pretendidos por el censor en sede contractual.
115. En este orden de ideas, habiendo presentado el actor un proyecto de inversión que no cumplía con la demostración de la finalidad establecida como supuesto del contrato, esta circunstancia se constituye en criterio de razón suficiente para que el Comité de Estabilidad Jurídica improbara la solicitud del actor, se insiste, sin necesidad de profundizar en ningún otro aspecto de la misma.
116. Como efecto de lo anterior, igualmente basta a la Sala constatar la inexistencia del elemento motivacional en la petición de contrato elevada por el actor, para que, al margen de los demás criterios de su solicitud – incluidos los beneficios económicos presentados, el tipo de contrato de que se trate, el número de empleos a generar, entre los demás factores de revisión– se evidencie que tal propuesta estaba por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 963 de 2005, lo que hace improcedente el estudio de los demás cargos formulados pues dicha petición, ab initio, no podía entenderse como una intención concordante con los fines de la ley de estabilidad jurídica, sino extraña a ella.
Lo anterior, por cuanto si, como se concluyó, la solicitud de contrato de estabilidad no se enmarca en los postulados y finalidades de la Ley 963 de 2005, su comparación en sede de la violación del derecho a la igualdad con otras propuestas resulta en un análisis improcedente pues ni siquiera se está en el marco de la mencionada ley, además de que tampoco obra en el expediente copia de los contratos de estabilidad jurídica frente a los cuales el demandante proponía la realización de un test de comparación, como lo advirtió el Tribunal a quo.
117. Finalmente, respecto al cargo relacionado con la revocatoria de las costas procesales impuestas por el a quo, en cuya virtud se discute su causación y comprobación, la Sala precisa que el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado no es la vía procesal para cuestionar este asunto, entendiendo que, como las costas se imponen objetivamente a la parte vencida en el proceso (art 365 del CGP), será el interesado en controvertirlas –en este caso, porque no las estima causadas y acreditadas– quien debe formular objeción a la liquidación de costas, la cual se efectúa de manera concentrada por el a quo cuando reciba el expediente tras desatarse la segunda instancia (art. 366 del CGP); dicho artículo, en su numeral 5° dispone, además, que “[l]a liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas” (se subraya).
118. Así las cosas, y conforme a las consideraciones esbozadas, se confirmará la legalidad de la decisión de improbación de la solicitud a la que llegó el Comité de Estabilidad Jurídica y, en consecuencia, la Sala despachará desfavorablemente los cargos de la alzada, confirmando la decisión cuestionada en sede judicial por el demandante.
Costas
119. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso, las cuales, según el artículo 361 ibidem “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 ejusdem.
Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que la alzada no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.
Dado que se encontró demostrada la gestión del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del Departamento Nacional de Planeación al presentar alegatos de conclusión en esta instancia, así como la del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contar con apoderado judicial en esta etapa (lo que implica la disponibilidad y atención del proceso) la Sala estima dicha gestión como suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas de acuerdo con lo previsto en los mencionados artículos 365 y 366 del CGP.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003.
Fijación de agencias en derecho
De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
“ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
“(…).
“Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, (…).
“Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
“(…).
“Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
““(…)
“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se destaca).
En observancia de la regla contenida en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, al apreciar la gestión procesal en la segunda instancia -que se ocasionó por la decisión de presentar recurso de apelación- se advierte que la cuantía de las pretensiones era importante y se tiene en cuenta la calidad de la argumentación de la defensa.
Con fundamento en lo anterior, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($79.427.110) a favor de las entidades demandadas –Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público – cifra que corresponde al 0,5% sobre las pretensiones principales que fueron presentadas en este proceso por la parte demandante (la suma de $15.885.422.011), el cual se encuentra dentro del 5% que obra como límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
IV. PARTE RESOLUTIVA
120. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de diciembre de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con fundamento en las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: por cumplir los requisitos del artículo 74 del Código General del Proceso RECONOCER personería a la abogada NUBIA YENITH CÓRDOBA ZAMBRANO, titular de la Tarjeta Profesional No. 167.876 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que la mencionada apoderada no indicó, como lo ordena el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones, los mensajes de datos a que haya lugar se enviarán a la dirección electrónica que esa entidad pública tenga registrada para recibir notificaciones judiciales.
TERCERO: CONDENAR en costas, por la segunda instancia, a la parte actora, en favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($79.427.110), suma que será dividida y pagada en partes iguales, a razón de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($19´856.777) para cada una de las entidades indicadas.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
CUARTO-. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Folios 549 a 553 del cuaderno principal. Incluye un CD con la grabación de la audiencia inicial – fallo, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2016.
Folio 1 al 82 del cuaderno 1.
Numeral añadido con la reforma de la demanda, visible a folio 177 del c. 1.
Valor modificado con la reforma de la demanda, visible a folio 177 del c. 1.
Valor modificado con la reforma de la demanda, visible a folio 178 del c. 1.
Folios 178 y 179 del c. 1.
Folio 179 del c. 1.
Valor modificado con la reforma de la demanda, visible a folio 179 del c. 1.
El compendio de normas que se solicitó estabilizar, se registra en un cuadro que obra a folio 12 de la demanda (concordante con el número de folio del expediente, cuaderno 1)
Folio 56 del del cuaderno 1
Contestación de la demanda visible a folios 278 a 312 del c. 1. Ratificada al contestar la reforma de la demanda visible a folios 449 a 451 del cuaderno 2. Folio 288 del c. 1. Folios 300 del cuaderno 1. Folios 437 a 445 del cuaderno 2. Folios 110 a 113 del cuaderno 1. Folios 126 a 136; cuaderno 1 - ambas caras. Folios 422 a 431 del cuaderno 2. Folios 432 a 436 del cuaderno 2. Folios 323 a 342 del cuaderno 2. Audiencia que, entre otros aspectos, se declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Alegatos orales de las partes, registrados del minuto 06:15 al minuto 54:42 de la grabación de audio y video de la audiencia inicial. CD visible a folio 548 del cuaderno principal. Folio 554 a 564 del c. ppal. Folio 559 del cuaderno principal. Mediante providencia del 6 de marzo de 2017-folio 366 del cuaderno principal-. Folio 571 del cuaderno principal, corregido mediante auto del 6 de junio de 2017 -folio 574 ídem-. Folio 579 del cuaderno principal. Folio 599 a 604 del cuaderno principal. En el documento publicado en agosto de 2005 por CONFECÁMARAS, titulado “EL SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO: IMPACTO SOBRE LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD” preparado por FEDESARROLLO y elaborado por Mauricio Cárdenas y Valerie Mercer-Blackman, se registró que: “la inestabilidad de las políticas en su totalidad constituye el mayor obstáculo para 55 por ciento de los inversionistas en Colombia, de acuerdo a una encuesta de climas de inversionistas del Banco Mundial. Comparado con otros países en América Latina, es el tercero peor (…) En Colombia la inestabilidad y la incertidumbre que ella causa son un problema a todos los niveles: las leyes, las normas que las regulan, su cumplimiento por parte de los auditores, y los procesos de apelación. (…) Las leyes se han venido cambiando año tras año. Una de las grandes fuentes de cambios en las regulaciones, de facto, son los conceptos sobre aspectos tributarios emitidos por la DIAN (…) Así pues, el problema no está limitado, en modo alguno, sólo a la inestabilidad de las tasas de impuestos. Este es un problema – pero las reglas del juego también cambian constantemente y, para el momento presente, existe mínima credibilidad de que una “reforma tributaria” dure mucho tiempo (…) ´lo único seguro es que la ley cambiará pronto´” (pág. 72). Consultado: HYPERLINK "http://www.dian.gov.co/dian/cifras/EstudiosExternos/Tributacion_y_competitividad.pdf" \h www.dian.gov.co/dian/cifras/EstudiosExternos/Tributacion_y_competitividad.pdf
ECONOMÍA Y POLÍTICA Análisis de la Coyuntura Legislativa No. 6 – Junio 2005, Fedesarrollo; pág. 2. En: HYPERLINK "http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/885/EyP_No_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y" \h www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/885/EyP_No_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gaceta del Congreso No. 350 del 24/07/2003. Consultado en: HYPERLINK "http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index2.xhtml?ent=Senado&fec=24-7-2003&num=350&consec=6774" \h http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index2.xhtml?ent=Senado&fec=24-7-2003&num=350&consec=6774
Ibidem. Gaceta del Congreso No. 350 del 24/07/2003, Ibidem. Gaceta del Congreso No. 318 del 03/06/2005. Ídem. Pág. 3. Corte Constitucional, Sentencia C-320 del 24 de abril de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Consultada en HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-320-06.htm" \h www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-320-06.htm
Exp. 11001-03-06-000-2015-00041-00(2246), Concepto del 3 de agosto de 2015, Consejero Ponente Álvaro Namen Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006), sentencia del 29 de noviembre de 2018. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Constitucional, Sentencia C - 320 de 2006, ídem. Artículo 48 de la Ley 1450 de 2011. Más allá de que, en ocasiones, el concepto de la discrecionalidad ha sido explicado en oposición a las denominadas competencias regladas, lo cierto es que el contenido de pautas normativas más o menos acabadas es, al final, lo que determina el grado de discreción que se proyecta en el acto, al adoptar una decisión. En cualquier caso, como las facultades que definen la competencia en el ejercicio de la función administrativa tienen origen en una expresa atribución legal y, a la vez, están sujetas a los límites que impone el ordenamiento jurídico, podrá decirse que ante una mayor intensidad en la determinación de las reglas que conforman la decisión, se estará más próximo a una facultad reglada; y, cuando el legislador fija una regla que debe ser completada mediante la aplicación de criterios y valoraciones deferidas a la administración, se hablará de facultades discrecionales. Así, el propio legislador establece y alindera el marco de actuación al que está sujeta la administración al proferir una decisión y, bajo el principio de libertad de configuración, es dable que postule diferentes grados de intensidad tanto de la facultad discrecional como de la actividad reglada; de este modo, conforme a la técnica normativa utilizada según la materia, habrán casos donde la facultad de la administración se reduce a una actividad de constatación o verificación, correspondiendo al extremo rígido de la actuación reglada, o puede ser que el legislador resalte el contenido analítico y de valoración de la administración en el proceso de formación de la decisión confiriendo potestades discrecionales; o puede ocurrir que establezca niveles intermedios de actuación entre unas y otras, según las finalidades perseguidas. MARIN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto, Discrecionalidad Administrativa, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007. Cfr. García De Enterría y Fernández Rodríguez. Curso de derecho administrativo, cit., pp. 455-456 y 460-461; citado por MARIN HERNÁNDEZ Hugo Alberto, en Revista Digital de Derecho Administrativo No. 2, Universidad del Externado, 2009. Pág. 164. Consultado en
HYPERLINK "https://revistas.uexternado.edu.co" \h
https://revistas.uexternado.edu.co
GARCÍA de Enterría – FERNÁDEZ Tomás-Ramón, “Curso de Derecho Administrativo I” Decimoctava edición, 2017, Thompson Reuters (Legal), Editorial Aranzadi S.A.U. Navarra. Pág. 501. DE VEGA PINZÓN, Gabriel, La Discrecionalidad Administrativa, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, 1984, pp. 20 y ss. Sobre el alcance de esta disposición, la Corte Constitucional - Sentencia C-301 del 3 de febrero de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara - se pronunció en los siguientes términos:
“Encontramos en la discrecionalidad, dos elementos; uno, la adecuación de la decisión a los fines de la norma que autoriza la facultad discrecional, y otro, la proporcionalidad con los hechos que sirvieron de causa. La adecuación es la correspondencia, en este caso, del contenido jurídico discrecional con la finalidad de la norma originante, en otras palabras, la armonía del medio con el fin; el fin jurídico siempre exige medios idóneos y coherentes con él. Por su parte, la proporcionalidad es con los hechos que le sirven de causa a la decisión, y no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico; de ahí que cobre sentido la afirmación de Kelsen, para quien la decisión en derecho asigna determinados efectos jurídicos a los supuestos de hecho. De todo lo anterior se desprende que la discrecionalidad no implica arbitrariedad al estar basada en los principios de racionalidad y razonabilidad”. Igualmente, en Sentencia C-301 del 3 de febrero de 1995.
M.P. Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional señaló:
“Puede afirmarse que hay facultad o competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, es libre (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no le está determinada previamente por la ley. A contrario sensu, hay competencia reglada cuando la ley ha previsto que frente a determinadas situaciones de hecho el administrador debe tomar las medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas”
Corte Constitucional, Sentencia C-524 del 1 de Julio de 2003. M.P. Jaime Córdova Triviño.
“-Cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 963 de 2005. El Comité verificará el cumplimiento de los requisitos esenciales de los contratos de estabilidad jurídica establecidos en el artículo citado.
-Actividades económicas elegibles. El Comité considerará las solicitudes de inversionistas nacionales y extranjeros para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica que amparen proyectos de inversión nuevos o de ampliación de inversiones existentes, en cualquier sector de la economía. Sólo se exceptuarán aquellos sectores o actividades restringidos por el Régimen General de Inversiones y los expresamente excluidos por la Ley 936 de 2005. No se favorecerán unas actividades sobre otras, salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
-Determinación del carácter esencial de la norma asegurada. El Comité estudiará el análisis de sensibilidad que para el efecto presentará el inversionista solicitante, en el cual demuestra la importancia y el carácter determinante de la norma objeto de la solicitud de estabilidad jurídica sobre la decisión de inversión. El resultado de la evaluación del análisis de sensibilidad será determinante para aprobar o improbar la solicitud.
-Criterio de rentabilidad económica y social. El Comité considerará los efectos de la nueva inversión o la ampliación de las existentes sobre la creación de empleo, el desarrollo regional, especialmente en regiones deprimidas, la transferencia de tecnología, la generación de divisas, las demandas derivadas sobre la producción nacional y el aumento del producto interno bruto. El inversionista solicitante aportará la información necesaria para que el Comité determine la rentabilidad económica y social de la celebración del contrato de estabilidad jurídica en los términos propuestos por el solicitante.
-Exclusión de ciertas normas de aplicación general (…)”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 11001-03-26-000-1998-05880-01(15880), sentencia del 14 de febrero de 2011, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth.
“Artículo 83 CPACA. En forma similar lo consagraba, de manera general, el artículo 40 del C.C.A., vigente para la fecha en que se presentó la solicitud de aprobación del contrato, según el cual, el vencimiento del término “no excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto”.
“Artículo 121 C.P. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006), sentencia del 29 de noviembre de 2018. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Folio 558 y 559 del cuaderno principal. Folio 82 al 134 del cuaderno de pruebas
Folio 279 del cuaderno principal.
“Artículo 2°. Secretaria Técnica. Créase una Secretaría Técnica que estará a cargo de la dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que el Ministro determine. La Secretaría apoyará al Comité en el desarrollo de sus actividades especialmente en lo relativo a la recepción y revisión previa de las solicitudes de contrato de estabilidad jurídica a la elaboración de un informe técnico de evaluación de las solicitudes y a desarrollar todas aquellas tareas que el Comité le encomiende. La Secretaría contará con el apoyo de las entidades públicas que requiera”. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2950 de 2005, el Comité de Estabilidad Jurídica quedó autorizado para expedir su propio reglamento; para estos efectos expidió la Resolución 01 del 16 de diciembre de 2005, donde adoptó su reglamento, en cuyo artículo 7°, literal i), definió a cargo de la Secretaría del Comité llevar el control de los documentos de dicho organismo, entre otras funciones. Hay que indicar, además, que en la audiencia inicial llevada a cabo el 10 de octubre de 2016 –folio 540 del cuaderno 2– con registro de audio y video en CD, se hizo la fijación del litigio del minuto 1: 22:05 al 1:27:44 sin que se propusiera como parte del mismo algún aspecto relacionado con el documento contentivo de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica aportada por el actor. La exposición de motivos de la Ley 963 de 2005 -Proyecto de Ley 015 de 2003- al analizar el panorama latinoamericano en materia de estabilidad jurídica, señaló que el instrumento que se abría paso en Colombia se diferenciaba de otras formas de atracción de capitales, como aquellos que previeron un régimen directo y flexible en el que bastaba demostrar un monto mínimo de inversión para acceder de forma inmediata a tal beneficio. Eso aconteció p. ej. en el caso de Panamá que, según la citada exposición de motivos, otorgaba “registros automáticos a aquellas inversiones nacionales o extranjeras superiores o iguales a US $ 2.000.000 que se realicen en los siguientes sectores: turismo; industria; agricultura; agrofloresta; infraestructura; servicios públicos; minería y petróleo”
Ídem. Luego de señalar los diversos instrumentos en que se adoptó la figura de la estabilidad jurídica en algunos países de América Latina, el citado proyecto de ley señaló en elación con Colombia que en “la actualidad no existe en el país ninguna figura asimilable a las presentadas anteriormente. El Gobierno, mediante este Proyecto de Ley, al igual que Panamá, Perú, Chile o Ecuador, busca generar confianza inversionista, pero a través de un esquema distinto. El Gobierno considera que los mecanismos de estabilidad jurídica previstos en la legislación de otros países presentan inconvenientes importantes.
En primer lugar, tienen el problema de garantizar la estabilidad de regímenes legales completos, como el régimen tributario, laboral o arancelario. Esto es altamente inconveniente, pues genera inamovilidad legislativa. Países en vías de desarrollo, como Colombia, requieren de un margen de maniobra en materia regulatoria, puesto que día a día deben adaptar sus normas a los cambios del entorno. Un segundo problema consiste en que estos esquemas no se adaptan a las necesidades del inversionista, puesto que es el Estado quien determina unilateralmente sobre qué normatividad recae la estabilidad. No es conveniente dar soluciones idénticas a problemas distintos. Es necesario contar con un mecanismo versátil que dé soluciones individuales a necesidades individuales, y tenga en cuenta los intereses de sus usuarios. El tercer problema se deriva del carácter impredecible de las consecuencias de la firma de los contratos. En efecto, al otorgar estabilidad sobre regímenes completos se torna muy difícil para el Estado controlar las modificaciones normativas. Incluso, puede ser complicado establecer cuál es la normatividad vigente. Lo anterior eventualmente daría lugar a mayor inestabilidad jurídica, que es precisamente lo que se pretende evitar”. Visible a Fl. 150 a 154 del c. de pruebas. Fl. 83 a 85 ambas caras. Fl. 220 del c. ppal. Fl. 79 y 271 en los que el demandante, en el libelo introductorio y su reforma, señaló las pruebas que aportaba, refiriéndose únicamente a la solicitud del 17 de julio de 2009. Fl. 84 del c. de pruebas. Fl. 85, cara posterior, del c. de pruebas. Fl. 125 anverso, y Fl 126 del c. de pruebas. En todo caso, en un análisis integral de los cargos, la Sala no deja de advertir, de otra parte, que la ponderación de los empleos creados, 22 directos, (y 400 indirectos solo al momento de hacer la remodelación de los casinos) no luce prima facie como un criterio que cumpla el estándar impuesto en la ley para justificar el sacrificio fiscal que representaba otorgar el beneficio de la estabilidad del numeroso catálogo de normas que el actor pidió estabilizar en 2009 y por 20 años, de cara a los efectos que tal estabilización representaba para el país. No obstante, la Sala no se detiene allí por ser inane de cara a la configuración de una razón suficiente para haber improbado la solicitud. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006) Ídem. Artículo 3° de la Ley 963 de 2005
Corte Constitucional, Sentencia C-320 del 24 de abril de 2006. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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