RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2013-00035-04

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00035-04

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00035-04

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, en favor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de ocho millones doscientos setenta y siete pesos M/cte. ($8’000.277) en favor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00035-04

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: DAÑOS DERIVADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL
– Adopción del estándar de televisión digital terrestre DVB-T2 mediante el Acuerdo 04 del
20 de diciembre de 2011 / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Se
pretende la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo de carácter
general cuya legalidad no se cuestiona, para lo cual resulta procedente el medio de control
de reparación directa / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Persigue proteger al
administrado frente a cambios intempestivos efectuados por las autoridades, siempre que
esté revestida de protección jurídica / EXPECTATIVA LEGÍTIMA –En el presente asunto no
se configuró una expectativa legítima sobre el hecho de que el estándar DVB-T se iba a
implementar en el territorio nacional por un período duradero.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad del Estado por la adopción del estándar de televisión
digital terrestre DVB-T2 mediante el Acuerdo 04 del 20 de diciembre de 2011
proferido por la entonces Comisión Nacional de Televisión -CNTV-.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 17 de marzo de 2022, mediante la cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda presentada el 16 de enero
de 20131, por la sociedad Energy & Electronics Technologies S.A.S.2 en contra de
la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, la Autoridad Nacional de
Televisión y la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:

1 Según la constancia de recibido que obra a folio 2 del cuaderno principal.
2 Sociedad que actuó por conducto de su representante legal quien confirió poder especial para este asunto

(folios 1 a 9 del cuaderno 2).

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

Pretensiones

3. Reclamó la demandante la declaración de responsabilidad patrimonial por la
vulneración a los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica
por la adopción del estándar de televisión digital terrestre DVB-T2 mediante el
Acuerdo 04 del 20 de diciembre de 2011, al tiempo que deprecó una indemnización
de perjuicios materiales3.

Hechos

4. Como fundamento fáctico de la demanda4 se narró que las autoridades
infundieron en la comunidad seguridad y confianza sobre la decisión de
implementar para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T, el cual
se adoptó mediante Acuerdo 08 de 22 de diciembre de 2010.

5. En el 2010 se constituyó la sociedad Energy & Electronics Technologies S.A.S.
con el objeto, entre otros, de producir y comercializar aparatos tecnológicos y con
el propósito específico de desarrollar el negocio de producción, importación y
comercialización de decodificadores DVB-T, actividades que desarrolló con
fundamento en la confianza sobre la implementación del estándar DVB-T.

6.La Comisión Nacional de Televisión mediante el Acuerdo 04 del 20 de diciembre
de 2011 cambió el estándar de televisión digital adoptado un año antes y pasó del
DVB-T a DVBT 2.

7. A juicio de la demandante, el cambio de estándar de televisión digital terrestre
le causó una afectación económica a un proyecto de negocio de comercialización
y venta de decodificadores DVB-T, consistente en los gastos en que incurrió para
la estructuración, desarrollo e implementación del proyecto y las utilidades dejadas
de percibir5.

3 Como pretensiones indemnizatorias la demandante solicitó i) $1.150’203.265 por concepto de los gastos en

los que incurrió para la constitución y mantenimiento de la empresa, y por la compra e importación de equipos;
y ii) $6.850’074.657 por concepto de la expectativa razonable y costo de oportunidad de ese negocio hasta el
2015.
4 Folios 1 a 65 del cuaderno principal.
5 La demanda se presentó el 16 de enero de 2013, el Tribunal a quo mediante auto de 22 de abril de ese mismo

año la admitió y ordenó notificar en calidad de demandadas a la Autoridad Nacional de Televisión -en condición
de sucesora procesal de la Comisión Nacional de Televisión- y a la Nación – Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. (Folio 130 a 132 del cuaderno principal).
Una vez surtido el traslado correspondiente, el 21 de enero de 2014 se celebró audiencia inicial, oportunidad
en la que i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y ii) declaró legitimada en la causa por pasiva a la
Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-. Esta decisión fue apelada por la ANTV, en cuanto, a su juicio, debió
vincularse al PAR de la CNT en liquidación. El recurso de apelación se rechazó por improcedente, frente a lo
cual la ANT interpuso recurso de reposición y en subsidio de queja. Se confirmó el auto que rechazó por
improcedente el recurso de apelación y se concedió el recurso de queja en el efecto devolutivo. El magistrado
ponente continuó con la audiencia inicial y resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes. (Folio 130 a 132
del cuaderno principal).
En sesiones de 11 de marzo, 22 de abril, 13 de mayo, 10 de junio y 20 de junio de 2014 agotó la audiencia de
pruebas y las partes, mediante escritos del 7 y 8 de julio de esa anualidad, alegaron de conclusión. (Folio 333
a 469 del cuaderno principal).
El 3 de diciembre de 2014 esta Corporación estimó mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la
ANTV contra el auto de 21 de enero de 2014, por el cual se rechazó por improcedente el recurso contra la
decisión que declaró la legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad y, en consecuencia, lo
concedió en efecto suspensivo. (Folios 165 a 168 del cuaderno Consejo de Estado).
El 19 de abril de 2017 esta Corporación resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión adoptada el 21 de
enero de 2014, en su lugar, declaró la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la ANTV y ordenó vincular al proceso como demandada a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones -CRC-. (Folio 196 y 197 del cuaderno del Consejo de Estado).

2

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

La defensa

8. La Comisión de Regulación de Comunicaciones se opuso a las pretensiones de
la demanda, señaló que no le asiste responsabilidad patrimonial, dado que la
libertad económica no es un derecho absoluto porque la administración puede
intervenir en el mercado para proteger un interés público o social; señaló que: i)
se adoptó una decisión que beneficiaba el interés general; ii) la modificación de
una regla no implicaba la vulneración del principio de la seguridad jurídica, la buena
fe y la confianza legítima; iii) el hecho de que hubiese actualizado el estándar de
televisión digital no constituía un daño especial porque el sacrificio que
supuestamente realizó la parte actora no lo hizo en beneficio del interés general;
y, iv) no se probó el daño alegado por la demandante.

9. Propuso las excepciones de inepta demanda y caducidad, para lo cual indicó
que la fuente del daño alegado en la demanda era un acto administrativo cuya
legalidad debió cuestionarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho6.

Decisión de excepciones y etapa probatoria
10. El Tribunal de primera instancia negó las excepciones de caducidad e inepta

demanda formuladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones7 y, en
firme la anterior decisión, decretó las pruebas solicitadas8.

El 29 de septiembre de 2017 el a quo vinculó a la CRC y le corrió el traslado de la demanda; el 22 de noviembre
siguiente la mencionada entidad contestó la demanda y formuló las excepciones de inepta demanda y
caducidad. (Folios 204 a 214 del cuaderno del Consejo de Estado).
El 5 de marzo de 2018, el Tribunal adoptó una medida de saneamiento y dejó sin efectos todo lo actuado a
partir de la fijación del litigio realizada el 21 de enero de 2014 (incluidas las pruebas decretadas y practicadas).
(Folios 230 y 231 del cuaderno del Consejo de Estado).
6 Folios 215 a 228 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 El 8 de noviembre de 2018 reanudó la celebración de la audiencia inicial y resolvió sobre las excepciones

formuladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en su contestación a la demanda. Esta decisión
fue apelada por la demandada, recurso que se concedió en el efecto suspensivo. El 26 de marzo de 2019, esta
Corporación confirmó el auto apelado en el sentido de declarar no probadas las excepciones de caducidad e
inepta demanda. (Folios 252 a 270 del cuaderno del Consejo de Estado).
8 El 16 de marzo de 2021, el a quo continuó con la audiencia inicial, fijó el litigio y decretó como pruebas lac

copias de: i) certificado de existencia y representación de Energy & Electronics Technologies SAS.; ii) acta de
la audiencia de conciliación adelantada el 17 de octubre de 2012 y terminada el 13 de noviembre de 2012 ante
la Procuraduría 12 Judicial Administrativa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca junto con la
constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad; iii) Acuerdo 008 de 22 de diciembre de 2011, por
medio del cual se adoptó para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T; iv) Resolución 1508
de 31 de diciembre de 2009, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de la televisión 2010-2012; v)
Resolución 913 de 22 de Julio de 2002, por medio del cual se adopta el plan estratégico CNTV 2008-2012; vi)
plan de mercadeo TEDI realizado por Jacques de Bedout Pérez, en el que se expuso el plan de marketing para
la introducción al mercado y puesta en funcionamiento de los decodificadores necesarios para la TDT en
Colombia; vii) plan de negocios “TEDI by Energy y Electronics” de diciembre de 2011; viii) anexos del plan de
negocios; ix) presentación en “power point” del plan de marketing para la introducción al mercado y puesto en
funcionamiento de los decodificadores necesarios para la TDT en Colombia, elaborada por Jaques de Bedout
Pérez; x) oficio- E&E-000022-09GO11-CNTV-CORP del 9 de agosto de 2011 suscrito por Santiago Espinal
Tobón, representante legal de Energy & Electronics Technologies SAS; xi) anexo 1 del 21 de mayo de 2010 de
la Superintendencia de Industria y Comercio; xii) circulares externas 04 del 21 de mayo de 2010 y 26 de 14 de
diciembre de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio para todas las personas naturales o jurídicas
que ostentaran la calidad de productores, importadores y proveedores de aparatos receptores de televisión;
xiii) oficio dirigido a Diego Molano Vega, el 18 de agosto de 2011, numero de recibido 429137, firmado por
Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy & Electronics Technologies SAS; xiv) oficio de la
Comisión Nacional de Televisión dirigido a Santiago Espinal Tobón en respuesta al oficio EYE-00025-05OC11-
CNTV-CORP. Radicado 2011370016397 del 7 de octubre de 2011; xv) oficio dirigido a María Carolina Hoyos
Turbay el 18 de agosto de 2011, firmado por Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy &
Electronics Technologies SAS.; xvi) oficio EYE000025-05OC11-CNTV-CORP del 5 de octubre de 2011 dirigido
a Jaime Andrés Estrada y otros, firmado por Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy &
Electronics Technologies SAS; xvii) oficio EYE-000025-05OC11-CNTV-CORP del 5 de octubre de 2011 dirigido
a Jaime Andrés Estrada y otros, firmado por Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy &

3

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

11. Concluida la fase probatoria, las partes insistieron en sus acusaciones y
exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
pertinentes9.

12. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

La decisión impugnada

Electronics Technologies SAS; xviii) documento contentivo de precios de decodificadores TDT; xix) oficio de 7
de diciembre de 2011, dirigido a la Contraloría General de la República, firmado por Santiago Espinal Tobón,
representante legal de Energy & Electronics Technologies SAS; xx) oficio de 7 de diciembre de 2011 dirigido al
Procurador General de la Nación, firmado por Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy &
Electronics Technologies SAS; xxi) oficio radicado N° 2011-3400325891, dirigido a Santiago Espinal Tobón,
representante legal de Energy & Electronics Technologies SAS., firmado por Carlos Andrés Téllez Ramírez,
subdirector de asuntos legales de la CNTV; xxii) oficio TEDI 000036-29MAR12PGN del 29 de marzo de 2012,
dirigido a la Procuraduría General de la Nación; xxiii) oficios TEDI 0035-29MAR12CNT, TEDI 000038-
29MAR12CNT y TEDI 0000037-29 MAR 12CNT del 29 de marzo de 2012, dirigidos a Jaime Andrés Estrada y
Alberto Guzmán, firmado por Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy & Electronics
Technologies SAS; xxiv) memorando de Alberto Guzmán Ramírez para demás miembros de la Junta Asunto:
“posición frente al proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican los artículos 1 y 7 de acuerdo 8 de 2010
y se actualiza el estándar para Televisión Digital Terrestre en Colombia” 20 de diciembre de 2011; xxv) Acuerdo
08 de 22 de diciembre de 2010, por el cual se adopta para Colombia el Estándar de Televisión Digital Terrestre
DVB-T; xxvi) Acuerdo 004 del 20 diciembre de 2011, por el cual se modifican los artículos 1 y 7 del Acuerdo 8
de 2010 y se actualiza el estándar para Televisión Digital Terrestre en Colombia; xxvii) respuesta a comentarios
actualización TDT-2 de diciembre de 2011. De la CNTV; xxviii) estudio del impacto de la actualización al
estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T2 de noviembre de 2011; xxix) oficio de la CNTV dirigido a
Santiago Espinal Tobón, representante legal de Energy & Electronics Technologies SAS., en respuesta al
radicado No 012-370-0005719-2; xxx) folio 25 de octubre de 2011, número de referencia estudio jurídico
contrato 070 de 2011. remitido a Jaime Andrés Estrada Galindo, director de la Comisión Nacional de Televisión. Asunto estudio jurídico relacionado con la responsabilidad patrimonial de la Comisión Nacional de Televisión.;
xxxi) circular externa No 15 del 1° de agosto 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio para todas
las personas naturales o jurídicas que ostentaran la calidad de productores, importadores y proveedores de
aparatos receptores de televisión; xxxii) correos electrónicos relacionados con la proyección financiera de TEDI;
xxxiii) Nota de prensa internacional publicada el 16 de agosto de 2011 titulada “Colombia estudia actualización
de la norma TDT”; xxxiv) Noticia del diario el Tiempo “estudian utilizar nuevos estándares de Tv digital en el
país” del 15 de agosto del 2011; xxxv) noticia de Caracol Radio “CNTV analiza utilizar estándares de televisión
digital en el país” del 30 de agosto de 2011; xxxv) noticia de prensa internacional “Colombia estudia
actualización de la norma de TDT” del 7 de junio de 2012; xxxvi) noticia sobre la circular de la Superintendencia
de Industria y Comercio para proveedores de tecnología DVB en Colombia del 14 de septiembre de 2010;
xxxvii) proyecto financiación que contiene: cálculo del costo y precio de decodificación, presupuestos de ventas,
unidades, en pesos colombianos E2E precio de venta, anexo sin título con especificaciones de compra, pagos
y otros, anexo sin título con especificaciones de compra, pagos y otros, ganancias y pérdidas, costo de
lanzamiento en almacenes Éxito, número de almacenes de lanzamiento, presupuesto, liquidación precio puesto
en la zona franca, decodificadores para televisión digital, estrategia comercial fondos y cooperativas; xxxviii)
copias de las actas de Junta Directiva de la CNTV 226 de 23-02-2006; 1242 de 23-05-2006; 1254 de 11-07-
2006; 1299 de 19-12-2006;

1322 de 8-04-2007; 1350 de 09-08-2007; 1356 de 06-09-2007; 1408 de 12-05-2008; 1443 de 28-08- 009; 1448 de 16-09-2008; 1528 de 28-07-2009; 1535 de 27-08-2009; 1587 de 09-02-2010; 1687
de 02-12-2010; 1688 de 07-12-2010; 1725 de 05-05-2011; 1732 de 31-05-2011; 1750 de 18-08- 2011; 1774 de
22-11-2011; 1774 de 22-11-2011; 1780 de 20-12-2011; 1789 de 31-01-2012; xxxix) copias de diferentes
facturas, recibos y comprobantes; xl), copia del Acta de la Junta directiva No 1595 de 4 de marzo de 2010; xli)
copias de notas de prensa sobre el cambio del estándar de televisión en Colombia. (Las anteriores pruebas
obran en los cuadernos 2, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 20, 21 y 23). Adicionalmente el a quo decretó: xlii) los testimonios
de Armando Acosta; sin embargo, la parte actora desistió de la práctica de esa prueba; Jacques De Bedout, se
recibió en audiencia del 10 de agosto de 2021, quien indicó que tuvo relación comercial con Energy Electronic
consistente en la elaboración de un plan de mercadeo y dio cuenta sobre esa situación; Huber Espinal Zapata,
se recibió en audiencia del 10 de agosto de 2021, quien dio cuenta sobre el funcionamiento de la sociedad
demandante y los perjuicios ocasionados con la migración del estándar de televisión digital terrestre (índices
157 y 161 de las actuaciones de primera instancia en Samai); xliii) dictamen pericial financiero solicitado por el
apoderado de la parte demandante, rendido por el contador Danilo Pedroza Benítez el 14 de mayo de 2014, el
cual se sustentó en audiencia del 10 de agosto de 2021 y tuvo como objeto determinar los gastos y costos en
los que incurrió la demandante desde su creación y hasta el dictamen que se deriven o se relacionen con la
compra, comercialización, importación o cualquier negocio sobre aparatos DVB-T, la validez contable de las
proyecciones financieras realizadas por la demandante sobre el negocio de importación y comercialización de
aparatos DVB-T y los gastos y costos de funcionamiento de la sociedad demandante (cuaderno 11); xliv) los
antecedentes administrativos de los actos administrativos 008 de 2010 y 004 de 2011 expedidos por la CNTV
(cuadernos 7A, 8 y 9); xlv) de oficio, decretó como prueba trasladada el expediente de la acción popular
promovida por Juan Pablo Alvis Martínez contra la Comisión Nacional de Televisión CNTV con radicado 2011-
00206, que giró en torno a la pretensión de suspender el proceso de contratación y puesta en marcha del
sistema de televisión digital terrestre bajo el estándar DVB-T (cuadernos 14 a 21). 9 Índices 166 y 167 de las actuaciones de primera instancia en Samai.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

13. Al negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal señaló que el problema

jurídico a resolver se contraía a establecer si la entonces Comisión Nacional de
Televisión desconoció una expectativa legítima de la demandante al adoptar el
estándar de televisión digital terrestre DVB-T2, a través del Acuerdo No. 004 de 20
de diciembre de 2011.

14. En ese sentido, indicó que i) no se demostró que se configurara el principio de

confianza legítima, dado que, además de la adopción de ese estándar mediante el
Acuerdo 008 de 22 de diciembre de 2010, se requería la reglamentación a través
de lineamientos técnicos y jurídicos que no fueron adoptados por la entonces
Comisión Nacional de Televisión; ii) la autoridad de TV no cambió el estándar de
televisión digital terrestre de DVB-T a DVB-T2, sino que solamente implementó una
actualización, aunado a que estableció una etapa de transición por el término de 3
años; y, iii) no se probó la afectación a la sociedad demandante, porque el dictamen
pericial que se rindió respecto de los perjuicios se fundamentó exclusivamente en
los estados financieros entregados por la parte actora y no se acompañó de los
anexos correspondientes.

15. Finalmente, condenó a la parte demandante al pago de las costas y fijó agencias

en derecho por $30’000.000 en favor de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

16. La parte demandante pidió revocar la sentencia, al considerar que el Tribunal
erró al señalar que se debió cuestionar la legalidad del Acuerdo N° 004 de 20 de
diciembre de 2011 y que no se encontraban acreditados los presupuestos de
procedencia del título de imputación de daño especial. Indicó, lo siguiente:

i) se configuró una expectativa legitima en cabeza de la demandante respecto
de la adopción e implementación del sistema DVB-T por un período duradero;

ii) se vulneró el principio de confianza legítima porque abruptamente se cambió
el estándar DVB-T tan solo un año después de ser adoptado sin que la medida
de coexistencia que se implementó resultara eficaz para evitar las afectaciones
derivadas de esa decisión;

iii) se probó la afectación patrimonial de la sociedad demandante.

iv) el monto de agencias en derecho resultó desproporcionado.

17.La Sala ampliará las razones de inconformidad en el acápite de
consideraciones, al resolver sobre los anteriores cargos de apelación 11.

10 Índice 169 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
11 Índice 173 de las actuaciones de primera instancia en Samai.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

18. La parte demandada se pronunció frente al recurso de apelación y pidió que se
confirmara la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que con la adopción
del estándar de TDT DVB-T2 no se vulneraron los principios de buena fe, confianza
legítima y seguridad jurídica, dado que la sociedad demandante no contaba con una
expectativa legítima y razonable respecto a que el estándar DVB-T iba a
permanecer sin cambios durante un tiempo considerable12.

19. El Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia.
Señaló que la afectación alegada por la demandante se generó como consecuencia
de una interpretación errónea al considerar que se mantendría en el tiempo una
situación que no generaba derechos, no estaba consolidada y, por ende, no
configuró situaciones susceptibles de ser amparadas por el principio de confianza
legítima13.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede

la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

21. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe
a verificar: i) si se probó la afectación que alegó la demandante; ii) si acreditó la
configuración de una expectativa legítima respecto de la implementación sin
cambios por un período duradero del estándar de DVB-T, y, en caso afirmativo, iii)
si se le vulneraron los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica
por la adopción del estándar DVB-T2 mediante el Acuerdo N° 004 de 20 de
diciembre de 2011.

Afectación a la sociedad demandante

22.De acuerdo con los señalado en el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La noción de daño
antijurídico ha sido definida como la lesión a un derecho o a un interés protegido14.

23. El daño susceptible de indemnización es aquél que la víctima no está en la

obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho -antijuridicidad
• y que es cierto, esto es, verificable y determinable, en tanto aparezca como una
disminución patrimonial o extrapatrimonial en el demandante, sin que pueda ser
resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible; por ello, el demandante
agraviado debe probar tanto los daños efectivamente materializados como que esos
pueden cuantificarse o estimarse dinerariamente, es decir, debe haber suficiencia

12 Índice 14 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
13 Índice 15 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
14 En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad
patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al
derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual
se reputa indemnizable” Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

probatoria tanto para acreditar el daño como para probar la cuantía del perjuicio
resultante de aquel.

24. ElTribunal a quo señaló que no se demostró la afectación que alegó la
demandante, porque el dictamen pericial que se rindió en relación con los perjuicios
no presentó los anexos y únicamente se fundamentó en los estados financieros
entregados por la parte interesada, sin que se demostrara i) que efectivamente se
compraron equipos decodificadores de señal de televisión digital terrestre; ii) que
los equipos comprados fueran para el estándar DVB-T; y iii) que la etapa de
transición para implementar la actualización de del DVB-T al DVB-T2 de 3 años no
resultó suficiente para comercializar los equipos adquiridos. Asimismo, IV) precisó
que las utilidades dejadas de percibir correspondían a una mera expectativa sin
fundamento técnico.

25. La parte actora indicó que en el expediente obran las pruebas que dan cuenta de

la afectación alegada, tales como: i) copia del proyecto de financiación con
discriminación de cada uno de los ítems relacionados con la compra y
comercialización de decodificadores DVB-T; ii) copias de facturas de compra de
equipos y constancias de trámites aduaneros de importación; y, iii) copias de las
facturas de los gastos relacionados con la compra y puesta en venta de los
decodificadores.

26. Agregó que el dictamen pericial rendido sobre este aspecto contaba con los

anexos que fundamentaban las conclusiones, aunado al hecho de que en la
sustentación el perito afirmó que realizó la verificación presencial del inventario de
decodificadores que se encontraban almacenados en una bodega situada en la
calle 66 N° 42-66 de la ciudad de Medellín, lo cual encontraba sustento en los
estados financieros que contenían los soportes contables y que fueron suscritos por
el contador de la sociedad demandante.

27. La parte actora alegó como daño una afectación a un proyecto de producción y

comercialización de decodificadores para el estándar de televisión digital terrestre
DVB-T, lo cual le generó la pérdida de los recursos relacionados con la planeación
e implementación de un proyecto comercial que comprendió la adquisición de
equipos que no pudieron ser comercializados por el cambio del estándar al DVB-
T2, lo que derivó finalmente en dejar de percibir las utilidades previstas para el
modelo de negocio previamente estructurado.

28. Sobre el particular, se acreditó que la sociedad demandante se creó mediante

documento privado el 5 de marzo de 2010 y se registró el 25 de marzo siguiente en
la Cámara de Comercio de Medellín, dentro de las actividades que comprenden su
objeto social se relacionó “la producción, ensamble y comercialización de productos
y/o servicios relacionados con la industria eléctrica y electrónica, la prestación de
servicios y la compra y venta de materias primas afines”15.

29. Adicionalmente, se encuentra que en primera instancia se rindió un dictamen

pericial por un contador público, el cual brindó las siguientes respuestas a los

15 Folios 7 a 9 del cuaderno 2.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

interrogantes planteados por la parte demandante al solicitar la práctica de esa
prueba (se transcribe literal, incluso con posibles errores de forma):

“(i) Se sirva determinar a partir de las cuentas y estados financieros de la
demandante los gastos y costos en los que ésta ha incurrido, desde su creación
y hasta el dictamen, con ocasión, que se deriven o se relacionen con la compra,
comercialización, importación o cualquier negocio sobre aparatos DVB-T.

El valor de los gastos y costos relacionados con la compra, comercialización,
importación o cualquier otro negocio es de $970'364.434, que actualizado suma
$1.025'114.368, según el cuadro A.

(ii) Se sirva corroborar la validez contable de las proyecciones financieras
realizadas por la demandante sobre el negocio de importación y
comercialización de aparatos DVB-T.

La validez contable de las proyecciones financieras realizadas por la
demandante sobre el negocio de importación y comercialización de aparatos
DVB-T, se corrobora con la utilidad legítima o económica, que se ha dejado de
ganar o percibir por valor de $4.682.206.254.

(iii) Se sirva determinar cuáles son los gastos y costos de funcionamiento de la
empresa de la demandante desde el momento de su creación hasta el momento
del dictamen”. Los gastos y costos de funcionamiento de la empresa de la
demandante desde el momento de su creación hasta el momento del dictamen,
suman $609.787.390 (…)”16.

30. Al revisar la sustentación que se realizó en audiencia de 10 de agosto de 2021,

las conclusiones del perito se edificaron en el análisis de los estados financieros de
la sociedad demandante del 2012 a abril de 201417, dichos documentos están
suscritos por el gerente general y un contador público; adicionalmente, los
correspondientes a 2012 se encuentran suscritos por un revisor fiscal 18. De
conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 222 de 1995 19 esos estados
financieros se presumen auténticos y, por tanto, constituyen prueba de lo que en
ellos consta.

31. Y si bien el mencionado dictamen no se acompañó de los soportes que permitan

corroborar que el perito constató la compra de 5.270 decodificadores DVB-T, la
venta de 1.299 y el remanente de 3.971, lo cierto es que tal circunstancia no
descarta la afectación alegada en la demanda, dado que las demás pruebas dan
cuenta de que la sociedad demandante efectivamente comercializaba equipos para
el estándar DVB-T, el cual fue actualizado aproximadamente un año después de
ser adoptado.

16 Cuaderno 11.
17 Aportó copias de los balances generales con corte a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y a

30 de abril de 2014, junto con las notas de carácter específico a los estados financieros (folios 53 a 81 del
cuaderno 11).
18 De conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los estados financieros certificados corresponden

a los elaborados por el contador público y el representante legal de la sociedad, en los cuales declaran o
refrendan, ante los asociados o terceros, que la información allí contenida ha sido previamente verificada y que
éstos son producto de los respectivos libros de contabilidad.
19 “Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. Salvo prueba en contrario, los estados

financieros certificados y los dictámenes correspondientes se presumen auténticos”

8

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

32. Con la demanda se allegaron copias del proyecto de financiación, plan de
negocios20, plan de mercadeo, estrategia de comunicación de mercadeo,
proyección financiera, plan de lanzamiento y de negocios “almacenes Éxito”, así
como de facturas de compra y de trámites aduaneros de importación de
decodificadores21, documentos que para la Sala dan cuenta de que la sociedad
demandante estructuró y ejecutó un modelo de negocio relacionado con la
importación y comercialización de decodificadores para el estándar de televisión
digital terrestre DVB-T.

33. En ese mismo sentido, se recibió el testimonio del señor Jacques de Bedout

Pérez, quien dio cuenta de la elaboración del plan de mercadeo para los
decodificadores DVB-T que comercializaba la sociedad demandante22. Si bien el
mencionado testigo resulta sospechoso en virtud del vínculo comercial que tuvo con
la sociedad demandante23, lo cierto es que esa circunstancia no impide su
valoración, sino que impone un análisis más exigente y en conjunto con las demás
pruebas recaudadas al amparo de las reglas de la sana crítica y, en este asunto, su
dicho encuentra respaldo en la prueba documental antes referida.

34. En esas condiciones, está acreditado que la sociedad estructuró y desarrolló un

modelo de negocio relacionado con la importación y comercialización de
decodificadores para el estándar de televisión digital terrestre DVB-T, sistema que,
se actualizó al estándar DVB-T2 a través del Acuerdo N° 004 de 20 de diciembre
de 2011, norma en la que se indicó la coexistencia de los dos sistemas por un
período de tres años, luego de lo cual dejaría de funcionar el primero indicado.

35. El daño antes referido de todas maneras no puede catalogarse como antijurídico,

en cuanto la permanencia en el tiempo del estándar DVB-T sin que fuera objeto de
modificaciones, corresponde a una premisa no comprobada, de manera que no se
estructuró una expectativa legítima que fuera merecedora de protección jurídica, tal
como pasa a explicarse a continuación.

Existencia de una expectativa legítima

36. De acuerdo con la jurisprudencia el principio de la confianza legítima se funda en

la buena fe y la seguridad jurídica consagrados en el artículo 83 de la Constitución

20 Documento que contiene: “a. Cálculo del costo y precio de decodificación. b. Presupuestos de ventas
unidades. c. Presupuesto de ventas unidades. d. Presupuestos de ventas. e. Presupuesto de ventas en pesos
colombianos E2E precio de venta f. Especificaciones de compra, pagos y otros. g. Especificaciones de compra,
pagos y otros h. E2E ganancias y pérdidas i. Costo de Lanzamiento, almacenes Éxito número de almacenes de
lanzamiento. j. Presupuesto. k. Liquidación precio puesto en la zona franca, decodificadores para televisión
digital. I. Estrategia comercial fondos y cooperativa”.
21 Copias de i) facturas obrantes a folios 1.092 a 1382 del cuaderno 7; ii) plan de negocios TEDI 2011, cuaderno

23; iii) estados financieros, cuaderno 21, iv) documento titulado “ofrecimiento del decodificador y plan de
negocios almacenes Éxito”, cuaderno 20; v) plan de mercadeo, cuaderno 18; vi) estrategia de comunicación de
mercadeo, cuaderno 17; y, vii) correos electrónicos y proyección financiera, cuaderno 5.
22 Minuto 1:16:00 a 1:34:15 de la audiencia de pruebas realizada el 10 de agosto de 2021. Índice 162 de las

actuaciones de primera instancia en Samai.
23 Debe precisarse que el testigo indicó que no recordaba con exactitud la fecha exacta de su relación comercial

con la demandante y que, al parecer, se dio entre 2014 y 2015; sin embargo, dicha imprecisión no impide
considerar lo mencionado por el testigo sobre el plan de negocios y demás documentos elaborados en 2011,
dado que el testimonio se recibió en el 10 de agosto de 2021, luego de que la recepción inicial que se había
efectuado el 22 de abril de 2014 fuera dejada sin efecto por el Tribunal a quo a través de auto del 5 de marzo
de 2018, por medio del cual se adoptó una medida de saneamiento y dejó sin efectos todo lo actuado a partir
de la fijación del litigio realizada el 21 de enero de 2014.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

Política24. Su eje gravita en que el Estado no puede alterar súbitamente las bases
sobre las que se gobiernan sus relaciones con los particulares, de manera que al
hacerlo debe fijar las condiciones temporales y normativas que permitan ajustar su
comportamiento a una nueva realidad jurídica.

37. El mencionado principio legitima el obrar del particular ante el Estado y
recíprocamente le impone dar paso a la presunción de buena fe en el
comportamiento de los administrados, con el cual se garantiza el respeto de las
expectativas válidas que surjan a partir de acciones u omisiones estatales
prolongadas en el tiempo, regulaciones legales o interpretaciones de las normas
jurídicas.

38. Para ahondar en explicaciones debe decirse que el reconocimiento de un
derecho de cara a una situación jurídica particular y concreta realizadora de los fines
del Estado, a veces solo depende de un hecho simple, susceptible de realizarse en
un solo momento; en otros casos, requiere en su configuración el cumplimiento de
un cúmulo de requisitos, gestiones y actuaciones, encaminadas a su consolidación
y reconocimiento, de manera que ellas no solo son condiciones para su nacimiento
sino que también condicionan su existencia, que son elementos propios del principio
de legalidad.

39. En ese escenario, las expectativas legítimas y los estados de confianza
constituyen el objeto de amparo del principio de confianza legítima25 y, en virtud de
su configuración, surge para las autoridades la obligación de garantizar y proteger
la estabilidad de condiciones jurídicas preexistentes sin incurrir en cambios
intempestivos y de adoptar con anticipación las medidas apropiadas de prevención
para lograr que dichas situaciones jurídicas no sean defraudadas y, por ende,
constitutivas de un daño antijurídico26.

24 Artículo 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas”.
25 La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de confianza legítima protege tanto las

expectativas como los estados de confianza que los asociados se forman legítimamente a partir de las acciones
u omisiones estatales: “El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste
en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los
particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento
a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo
de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones
estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración
pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro
principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la
salvaguarda del interés general y el principio democrático”: Corte Constitucional, sentencia C-131 del 19 de
febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
26 “(…) 10.2.5.2. Segundo. Las expectativas legítimas -jus existens in spe- . Se trata de situaciones encaminadas

a la formación de un derecho subjetivo, conformadas por aquellas esperanzas legítimas que surgen del ejercicio
de la autonomía de la voluntad privada expresado en la constitución de los hechos previstos en la ley para la
adquisición del derecho y que, a pesar de no haber ingresado aún el derecho en el patrimonio del sujeto, ofrecen
la certeza de que recorrido el camino de los hechos jurídicos se constituirá el derecho. Son, entonces,
situaciones que si bien no están consolidadas ni han generado una situación de adquisición de un derecho, sí
han creado expectativas válidas, en cuanto fundadas en la realización progresiva de los supuestos de hecho
tasados legalmente para la obtención del derecho y por ende, gozan de protección55. Su fuente puede ser el
orden jurídico interno o el derecho internacional vinculante.
10.2.5.3. Tercero. Los estados de confianza o confianza legítima. Como se señala en la doctrina, son los que
se crean en el ámbito del sujeto a partir de comportamientos uniformes del Estado que se caracterizan por ser
actos objetivos, externos, claros, tangibles, inequívocos, reales, lo “suficientemente concluyentes (…) que
orient[a]n al ciudadano hacia una determinada conducta”56, que, si bien pueden nacer al margen del principio
de legalidad, se acompasan con la confianza constitucionalmente protegida (art. 83) que generan esas
actuaciones de las autoridades(…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 22.637, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

10

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

40. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la configuración del principio de

confianza legítima requiere la existencia de expectativas serias y fundadas,
edificadas en actuaciones precedentes de la administración que hubiesen generado
en el particular una convicción de estabilidad, que si bien no implican la
intangibilidad o inmutabilidad de las relaciones jurídicas, imponen que aquellas que
son susceptibles de ser alteradas por cuanto no generaron derechos adquiridos, no
se modifiquen de forma abrupta o intempestiva, para lo cual las autoridades tienen
la obligación de adoptar las medidas que mitiguen los efectos adversos del cambio
de circunstancias27.

41. Para que las expectativas legítimas y estados de confianza estén revestidos de

protección jurídica se requiere que: i) exista una disposición estatal frente a la que
se suscitan expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de
confianza en los sujetos, para lo cual se requiere que sean concluyentes, ciertos,
inequívocos, verificables y objetivados frente a una situación jurídica particular en
virtud de los cuales se crean estados de confianza, plausibles y razonables en la
conciencia de los asociados; ii) se advierta de un comportamiento estatal
homogéneo y constante que conlleve a considerar que las expectativas legítimas y
estados de confianza se van a consolidar; iii) con base en las acciones u omisiones
concluyentes y objetivadas del ente estatal, el asociado realizó actos que
impactaron su ámbito patrimonial o extrapatrimonial; iv) la actuación impredecible e
intempestiva generó defraudación e impidió la consolidación de las expectativas
legítimas y de los estados de confianza de los asociados e impidió la consolidación
de derechos; y, v) se violen las obligaciones de adaptación y adecuación que
pueden consistir en fijar un plazo razonable para que los afectados puedan
adecuarse y adaptarse a las nuevas situaciones jurídicas, crear mecanismos
idóneos para que los afectados puedan acoplarse o adoptar mecanismos de
compensación28.

42. En ese escenario, la declaratoria de responsabilidad del Estado por la
vulneración del principio constitucional de la confianza legítima de cara a las
nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines del Estado,
trasciende la noción personal del individuo acerca de lo esperado, pues en
sociedades actuales construidas sobre criterios antropocéntricos es posible que el
individualismo niegue la coexistencia con lo público, lo social y lo colectivo29.

43. De igual manera, la confianza legítima debe ser ponderada con los otros
principios, en especial, con el de prevalencia del interés general y el principio
democrático, de ahí que en tratándose de la atribución de responsabilidad
patrimonial del Estado por la defraudación de expectativas legítimas y estados de
confianza por la expedición de normas que se ajustan al ordenamiento, debe
analizarse con especial relevancia el alcance de la discrecionalidad técnica de las
decisiones de la administración.

44. Alrespecto, esta Corporación ha señalado que en las sociedades
contemporáneas los elevados niveles de tecnificación alcanzados imponen que en

27 Corte Constitucional, sentencia T-135 del 24 de febrero de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31

de agosto de 2015, exp. 22.637, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20

de mayo de 2024, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

11

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

casos de “cuestiones técnicas complejas” la Administración acuda a conocimientos
y nociones técnicas para estructurar los elementos y criterios que fundamentan las
decisiones que debe adoptar en ejercicio de la actividad regulatoria que le
corresponde, eventos en los que pueden existir márgenes de apreciación que
pueden configurarse como facultades de naturaleza discrecional30.

45. Al respecto, se ha indicado que la discrecionalidad corresponde a una potestad

de valoración emanada de la ley y conferida por ella, que faculta a la Administración
a “tomar una definición dentro de un margen, más o menos, amplio de maniobra,
según disponga la ley, siempre con referencia al marco normativo de la potestad
que gobierna la materia31”. Esta facultad no ignora que el actuar de la Administración
está sometido al ordenamiento jurídico, y en nada se opone al íntimo
relacionamiento entre las diversas disciplinas que confluyen por determinación
normativa en el proceso de formación de la decisión administrativa32.

46. En asuntos de naturaleza técnica, tecnológica o científica es posible que no
exista una única respuesta o criterio por parte de la ciencia, el arte o el conocimiento
técnico aplicable, casos en los que surge un margen de apreciación para las
autoridades en cuanto deben elegir entre una pluralidad de alternativas, evento en
el cual, en ejercicio de una facultad discrecional, deben optar por aquella que de
mejor manera sirva al interés general, con base en criterios objetivos y razonables
de decisión33.

47. En el presente asunto, el Tribunal precisó que con la expedición del Acuerdo 008

de 22 de diciembre de 2010 no se configuró una confianza legítima. Precisó que del
contenido de ese acto administrativo se desprendía que: i) desde el 2006 la
Comisión Nacional de Televisión inició el procedimiento administrativo para adoptar
el estándar de TDT más conveniente para Colombia; ii) ante la necesidad de
involucrar a todos los agentes del sector se creó un Consejo Asesor; iii) después
de realizadas las reuniones técnicas, y la respectiva valoración de las pruebas
mediante el Acta N°1443 del 28 de agosto de 2008, se determinó que se adoptaría
el estándar DVB-T; y, iv) el 22 de diciembre de 2010 se adoptó para Colombia el
estándar de TDT DVB-T; sin embargo, se estableció un plazo de transición del
sistema análogo a digital hasta el 31 de diciembre de 2019; y se estableció que la
entidad podía modificar la etapa de transición y que le correspondía reglamentar
todos los aspectos relacionados con la implementación del estándar adoptado.

48. Para la parte actora el Tribunal desconoció que la Comisión de Regulación de

Comunicaciones - antes CNTV–generó en la comunidad, y de manera particular en
la sociedad demandante, la idea de que en 2010 se adoptó un estándar de televisión

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19

de julio de 2018, exp. 57.576, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
31 Original de la cita: “Sobre esta temática, la doctrina especializada señala que se trata “esencialmente una

libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la
decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la ley y
remitidos al juicio subjetivo de la Administración” Cfr. García De Enterría y Fernández Rodríguez. Curso de
derecho administrativo, cit., pp. 455-456 y 460-461; citado por MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto, en Revista
Digital de Derecho Administrativo No. 2, Universidad del Externado, 2009. Pág. 164
32 Original de la cita: “Sobre la potestad discrecional esta Subsección se ha pronunciado, entre otras, en

sentencia del 27 de agosto de 2021. Rad. 25000233600020150099501 (58927), M.P. José Roberto Sáchica
Méndez”.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de

2007, exp. 13.503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

12

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

digital duradero en el tiempo; sin embargo, fue cambiado mediante el Acuerdo No.
004 de 20 de diciembre de 2011, cuando apenas había transcurrido un año desde
su adopción. Precisó que desde el 2008 la Junta Directiva de la entonces Comisión
Nacional de Televisión creó una expectativa legítima sobre el mercado duradero de
decodificadores DVB-T, máxime cuando desde esa época ya existía el sistema
DVB-T2, el cual fue descartado por la autoridad de televisión. Asimismo, indicó que,
si bien se conocía que en el 2019 ocurriría el apagón tecnológico, lo cierto es que
para cuando se adoptó el sistema DVB-T en el 2010 no existía información respecto
a que el estándar podía estar sujeto a cambios y, menos que ello podría ocurrir en
tan corto tiempo.

49. Señaló que lo anterior encontraba sustento en lo indicado por el testigo José

Huber Ney Espinal Zapata, quien acompañó a la sociedad demandante en el
proceso de gestación y ejecución del proyecto de producción, importación y venta
de decodificadores, en cuanto indicó que la Comisión Nacional de Televisión
conocía de la existencia de la demandante, que “aceptó o aprobó” el decodificador
que iba a comercializar, y que tuvo la posibilidad de advertirle sobre el cambio del
estándar de TDT sin hacerlo, pues tan solo hasta el 18 de noviembre de 2011
informó sobre la posibilidad de un cambio en el sistema. Indicó que la confianza
generada por la administración también encontraba sustento en las circulares
expedidas en el 2010 por la SIC en las que ordenó a los comerciantes de televisores
que informaran al público si los aparatos contaban o no con la tecnología para
sintonizar la televisión digital terrestre bajo el estándar DVB-T.

50. Agregó que la demandada conocía que había generado confianza en la
comunidad sobre la adopción e implementación del sistema DVB-T y las posibles
consecuencias adversas en el evento en que se cambiara, lo cual encontraba
sustento en i) las actas de las reuniones efectuadas por la Comisión Nacional de
Televisión sobre la implementación de la televisión digital y la adopción del estándar
DVB-T, en especial el acta 1725 de la reunión del 5 de mayo de 2011 en la que una
de las comisionadas manifestó su preocupación ante un eventual cambio del
sistema por las posibles afectaciones a los fabricantes; ii) en la comunicación del 9
de agosto de 2011, en el que el representante legal de la demandante informó a la
entidad sobre las consecuencias que traería el cambio de estándar; y, iii) en el
memorando del 20 de diciembre de 2011, suscrito por el entonces comisionado
Alberto Guzmán Ramírez, en cuanto expuso ante los otros integrantes de la junta
directiva las razones por las cuales no compartía la posibilidad del cambio del DVB-
T al DVB-T2.

51. Señaló que en ese escenario era dable concluir que la Comisión Nacional de

Televisión generó confianza y tranquilidad, razón por la cual celebró negocios,
realizó importaciones, adquirió obligaciones, y ejecutó un proyecto para
comercializar decodificadores con el estándar DVB-T por un período duradero.

52. En el presente asunto, la parte actora alega la configuración de una expectativa

legítima respecto de la implementación sin modificaciones por un período duradero
del estándar de televisión digital terrestre DVB-T adoptado mediante el Acuerdo N°
008 de 22 de diciembre de 2010.

13

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

53. Laconfiguración de una expectativa legítima en tratándose de asuntos que
dependen de aspectos tecnológicos y vinculados a la actividad de regulación, debe
ser examinada en contexto con la naturaleza dinámica y de constante evolución de
los avances en esas áreas que conllevan a que las condiciones jurídicas y
económicas puedan cambiar rápidamente, de ahí que en estos asuntos una
expectativa de estabilidad sobre la implementación de un desarrollo tecnológico no
pueda considerarse como razonable.

54. Las pruebas recaudadas dan cuenta de que la entonces Comisión Nacional de

Televisión, mediante determinación de Junta Directiva 1226 del 23 de febrero de
2006, aprobó la ejecución del proyecto “Plan para la implementación del servicio de
televisión digital terrenal en Colombia”.

55. El 5 de julio de 2006 la mencionada entidad organizó el “I Foro de Televisión

Digital” en el que participaron expertos internacionales sobre los sistemas europeo
y americano, y mediante la Resolución 1338 del 20 de diciembre de 2006 creó un
Consejo Asesor34 y un Comité Técnico35 para la definición del estándar digital para
la televisión en Colombia, los cuales celebraron sendas reuniones entre el 31 de
enero de 2007 y el 27 de agosto de 2008.

56. De manera consecuente, la entonces Comisión Nacional de Televisión, en
ejercicio de las facultades que le conferían para esa época los literales a) y c) del
artículo 536, literal a) del artículo 1237, y el parágrafo del artículo 1838 de la Ley 182
de 1995, adoptó el “Plan Estratégico CNTV 2008-2012” dentro del cual previó la
implementación del servicio de televisión digital terrestre en Colombia.

57. Adicionalmente, entre el 28 de marzo de 2008 y el 13 de agosto de 2008 se

realizaron 12 foros de televisión digital en diferentes ciudades con el fin de conocer
los intereses y necesidades de la ciudadanía en materia de televisión para la
implementación de la televisión digital terrestre.

34 Conformado por: “Ministro de Comunicaciones o el Viceministro quien lo presidió; un delegado de la Comisión

Sexta del Senado de la República; un delegado de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes; el
Ministro de Educación o su Delegado; el Ministro de Cultura o su Delegado; un representante de los Canales
Regionales; un representante de los Canales Nacionales de Operación Privada; un representante de los
Concesionarios del Canal Uno; el Presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones;
el Presidente Nacional de Aciem; Presidente de Asomedios; el Director de CINTEL; un Ingeniero y un
Economista de las Universidades Públicas y un Ingeniero y un Economista de las Universidades Privadas”.
35 Integrado por “el Director de Desarrollo del Sector del Ministerio de Comunicaciones; un Ingeniero de la

Dirección; un asesor del Despacho del Ministro de Comunicaciones; el Subdirector Técnico y de Operaciones
de la CNTV y dos ingenieros de la Comisión Nacional de Televisión”.
36 “Artículo 5o. Funciones. En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

a. Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión determinada en la ley y velar por su
cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley;
(…).
c. Clasificar, de conformidad con la presente Ley, las distintas modalidades del servicio público de televisión, y
regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en materia de cubrimientos,
encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, configuración técnica, franjas y contenido de la
programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, comercialización en los términos de esta Ley,
modificaciones en razón de la transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales,
y obligaciones con los usuarios(…)”.
37 “Artículo 12. Funciones de la Junta Directiva Son funciones de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de

Televisión:
a) Adoptar las medidas necesarias para desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y legales de la
entidad (…)”;
38 “Parágrafo. Cada servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de la Comisión Nacional de

Televisión según los criterios enunciados en este artículo. La entidad podrá establecer otros criterios de
clasificación o clases diferentes, para mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los
avances tecnológicos”.

14

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

58. La Junta Directiva en Acta número 1443 del 28 de agosto de 2008, entre otras

decisiones, determinó con fundamento en los estándares y análisis ya citados que
se adoptaría para Colombia el estándar de televisión Digital Terrestre DVB-T,
desarrollado por Europa; en Acta número 1542 del 17 de septiembre de 2009
aprobó los requerimientos mínimos de receptores de TDT y en sesión del 7 de
diciembre de 2010 determinó publicar el proyecto de Acuerdo “por medio del cual
se adopta para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T y se
establecen las condiciones generales para su implementación”, el cual fue
publicado en el Diario Oficial N° 47.916 entre el 7 y el 17 de diciembre de 2010.

59. La parte actora indicó que las anteriores actuaciones contenidas en documentos

de carácter público, así como los temas discutidos en los distintos foros que se
realizaron, daban cuenta de manera inequívoca de que se iba a implementar en el
territorio nacional el servicio de televisión digital terrestre en Colombia y que para
tal fin se iba a adoptar el estándar europeo DVB-T, razón por la cual el 5 de marzo
de 2010 se constituyó la sociedad Energy & Electronics Technologies S.A.S.

60. A través del Acuerdo 008 de 22 de diciembre de 2010, la entonces Comisión

Nacional de Televisión adoptó para Colombia el estándar de televisión digital
terrestre DVB-T en los siguientes términos

“(…) Que la Junta Directiva en Acta número 1443 correspondiente a la reunión
ordinaria del jueves 28 de agosto de 2008, entre otras decisiones determinó con
fundamento en los estándares y análisis ya citados que se adoptaría para
Colombia, el estándar de televisión Digital Terrestre DVB-T, desarrollado por
Europa.
(…)

Que la Junta Directiva en sesión del 7 de diciembre de 2010 según consta en
Acta número 1688 determinó publicar el proyecto de Acuerdo por medio del cual
se adopta para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T y se
establecen las condiciones generales para su implementación, proyecto que fue
publicado en Diario Oficial número 47.916 entre el 7 y el 17 de diciembre de
2010, término durante el cual se recibieron 11 observaciones las cuales en su
totalidad fueron objeto de análisis por parte de la Entidad.(…)

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Adoptar para Colombia, el estándar de televisión Digital Terrestre
DVB-T, con un plazo de transición de sistema análogo a digital hasta el 31 de
diciembre de 2019, sin perjuicio de que la CNTV adelante dicho plazo.

(…)

ARTÍCULO 7. La Comisión Nacional de Televisión reglamentará todos los
aspectos relacionados con la implementación del estándar digital terrestre DVB-
T en Colombia. (…)”.

61. La Sala precisa que el contenido de esa decisión y las actuaciones previas a su

expedición permiten señalar que la entonces Comisión Nacional de Televisión
ejecutó acciones públicas, uniformes e inequívocas respecto a que en el territorio
nacional se iba a implementar la televisión digital terrestre bajo el estándar europeo
DVB-T, como en efecto lo hizo en diciembre de 2010; sin embargo, ninguna de ellas
permite concluir que se garantizó un período mínimo en el que dicho estándar se
iba a mantener sin modificaciones o actualizaciones.

15

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

62. Lo que se fijó fue un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de 2019, en

relación con la fecha máxima en la cual funcionaría el sistema análogo de televisión.
Y si bien se indicó que la Comisión Nacional de Televisión reglamentaría todos los
aspectos relacionados con la ejecución del estándar DVB-T, con dicho Acuerdo no
se consolidó la implementación de ese sistema de manera que sobre el mismo se
pudiera edificar una expectativa legítima sobre el hecho de que el estándar DVB-T
permanecería sin cambios durante un tiempo considerable.

63. Adicionalmente, la parte actora indicó que entre marzo y agosto de 2011 la
sociedad demandante, en calidad de fabricante e importadora de decodificadores
para televisión en estándar DVB-T, realizó sendas reuniones con funcionarios de la
Comisión Nacional de Televisión y con el Consorcio de Canales Nacionales
Privados de Televisión, en las que trataron temas relacionados con los requisitos
que deberían reunir los decodificadores, así como el estado del proceso de
importación de esos equipos, sin que la entidad demandada les informara sobre la
posibilidad de que se realizara un “cambio” al estándar DVB-T2.

64. En ese sentido, sobre esas reuniones, el testigo José Huber Ney Espinal Zapata

indicó que en virtud de una relación comercial adelantó el proceso de gestación y
ejecución del proyecto de producción, importación y venta de decodificadores39,
señaló que durante el tiempo que asesoró a la demandante algunos de los
miembros de la Comisión Nacional de Televisión realizaron actos concluyentes,
ciertos, inequívocos, verificables y objetivados que implícitamente lo llevaron a
considerar que el sistema DVB-T se iba a mantener por un periodo considerable;
sin embargo, al ser indagado sobre si existió alguna promesa o manifestación
expresa que diera a entender que la regulación no iba a tener modificaciones
contestó que “lógicamente no podía haber un compromiso de parte de la CNTV
hacia algún proveedor” 40.

65. En suma, las pruebas referidas simplemente dan cuenta de la decisión de la

administración de adoptar para Colombia el estándar de televisión digital terrestre
DVB-T, como en efecto ocurrió, pero en modo alguno dan cuenta de que
expresamente se hubiese garantizado un período mínimo en que no se realizaría
alguna actualización.

66. Al respecto, la entonces Comisión Nacional de Televisión mediante el Acuerdo

04 del 20 de diciembre de 2011 actualizó el estándar DVB-T al DVB-T2 y fijó un
periodo de transición de 3 años. Ya en relación con ese acto administrativo la Sala
resalta que en la motivación y la parte resolutiva se indicó expresamente que se
trató de una actualización del sistema DVB-T. Al respecto en el epígrafe de ese
acuerdo se señaló: “Por el cual se modifican los artículos 1° y 7° del Acuerdo 8 de
2010 y se actualiza el estándar para televisión digital terrestre en Colombia”, de
manera consecuente en la motivación y parte resolutiva de ese acto se precisó (se
transcribe literal, incluso con posibles errores de forma:

39 Si bien el mencionado testigo resulta sospechoso en virtud del vínculo comercial que tuvo con la sociedad

demandante, la Sala no lo descarta de plano y valorará su declaración de manera más rigurosa y en conjunto
con las demás pruebas recaudadas al amparo de las reglas de la sana crítica.
40 Minuto 17:00 a 1:15:25 de la audiencia de pruebas del 10 de agosto de 2021. Índice 162 de las actuaciones

de primera instancia en Samai.

16

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

“(…) Que el Foro DVB, en su calidad de organismo sectorial que tiene por objeto
el diseño de normas mundiales para la transmisión de televisión digital,
desarrolló la segunda generación del estándar para televisión digital
terrestre, denominado DVB-T2, fruto de nuevos requerimientos en materia
de capacidad de carga útil necesaria para el transporte de contenidos y
eficiencia espectral, y que constituye una actualización del estándar DVB-
T.

Que la estandarización de DVB-T2 sólo fue adoptada por el European
Telecommunications Standardisations Institute (ETSI) a finales del año 2009, y
la versión actualizada de la misma sólo se adoptó en julio de 2011.

Que si bien el estándar DVB-T ha sido el de mayor difusión a nivel mundial y
ha sido adoptado y/o se encuentra en proceso de despliegue en la mayoría de
países del mundo, viene siendo actualizado a DVB-T2 en un número
significativo de países, tendencia evidenciada en el año 2011 (…)

Que en las mesas de trabajo establecidas por la CNTV con los operadores
para coordinar el proceso de implementación de la televisión digital
terrestre, los operadores de TV abierta solicitaron a la CNTV estudiar la
posibilidad de actualizar el estándar DVB-T a su versión DVB-T2 para
beneficio de los usuarios del servicio de televisión, y dado el inicial
despliegue de TDT en Colombia. Como consta en el acta de la reunión del día
3 de mayo de 2011, los operadores privados Caracol y RCN manifestaron haber
realizado un análisis sobre el estándar DVB-T, así como algunas
consideraciones para su revisión y posible actualización, análisis que fue
remitido en conjunto con otros operadores públicos y privados el día 12 de
agosto de 2011. De igual manera la Asociación Colombiana de Ingenieros
ACIEM órgano consultivo del Gobierno de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 51 de 1986 ha considerado los beneficios que traería la actualización del
estándar como consta en la comunicación radicada el día 9 de septiembre de
2011.

Que en virtud del temprano despliegue de la televisión digital en Colombia, ante
las potenciales ventajas que en la materia representa actualizar el estándar, la
CNTV consideró conveniente y oportuno analizar la posibilidad de actualizar el
mencionado estándar.

(…)

Que en respuesta a las consultas formuladas, el Foro DVB señaló que DVB-
T2 es la actualización del estándar DVB-T para dar respuesta a la segunda
generación de equipamiento de televisión digital basada en DVB y su
adaptación tecnológica, de acuerdo con los procesos registrados en los
aspectos tecnológicos de la televisión digital, y que un país que no haya
comenzado el despliegue de DVB-T aún, debería considerar seriamente
las opciones de DVB-T2, situación que ha sido también considerada por
otros países.

Que el día 22 del mes de noviembre de 2011, la Subdirección Técnica y de
Operaciones presentó a la Junta Directiva de la CNTV el “Estudio del Impacto
de la Actualización al Estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T al DVB-
T2” que se ha hecho referencia, y que entre otras ventajas menciona:

-- Proporciona un aumento de capacidad.
-- Mayor robustez.
-- Mayor eficiencia en los amplificadores de potencia.
-- Redes SFN más grandes.
-- Menor interferencia en canal adyacente.
-- No solo permite una utilización mucho más eficiente del espectro, sino que
posibilita nuevos modelos de negocio.

17

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

-- Desarrollado para aumentar la capacidad de las redes de TDT para que sean
una plataforma viable para transmitir TV3D.

Que la Junta Directiva en sesión del 22 de noviembre de 2011, según consta
en Acta número 1774, determinó publicar el proyecto de Acuerdo por medio del
cual se modifica el Acuerdo 8 de 2010, adoptándose para Colombia la
actualización del estándar europeo de televisión digital terrestre DVB-T2 y el
“Estudio del Impacto de la Actualización al Estándar de Televisión Digital
Terrestre DVB-T al DVB-T2” para los efectos de surtir el trámite del artículo 13
de la Ley 182 de 1995.

(…)

Que teniendo en cuenta la importancia del asunto la Comisión Nacional de
Televisión, además de dar cumplimiento con el procedimiento previsto en el
artículo 13 de la Ley 182 de 1995, adelantó reunión de socialización de la
materia con el sector el día 30 de noviembre de 2011.

Que como resultado de los comentarios al proyecto de acuerdo y del documento
de análisis, varios agentes del sector incluidos los operadores, los grupos
étnicos y la academia especializada realizaron observaciones de carácter
jurídico y técnico en relación con algunas disposiciones de los mismos. Que en
dicha medida se elaboró el documento de respuestas a comentarios.

(…)

ACUERDA:

Artículo 1o. Actualizar para Colombia el estándar de Televisión Digital Terrestre
DVB-T al DVB-T2, con un plazo de transición del sistema análogo al digital hasta
el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que la CNTV con base en los
análisis, desarrollos e implementaciones realizados opte por adelantar dicho
plazo.

Artículo 2°. Reglamentación. La Comisión Nacional de Televisión reglamentará
todos los aspectos relacionados con la implementación del estándar digital
terrestre actualizado a DVB-T2 en Colombia.

Artículo 3°. Coexistencia de sistemas. Los concesionarios de Televisión Privada
Nacional y el operador público Nacional RTVC deberán continuar con la
prestación del servicio en sistema DVB-T, garantizando la cobertura poblacional
en los porcentajes establecidos en los contratos de Concesión u acto
administrativo respectivo atendiendo las ciudades a las cuales actualmente se
les suministra el servicio en dicho sistema, por un período de 3 años contados
a partir del día que se inicie por parte de los concesionarios y el operador
Público Nacional RTVC la emisión simultánea de la señal en ambos sistemas
(…)” (se resalta).

67. La motivación del mencionado acto administrativo; así como la naturaleza misma

de la actividad y del sector que se reguló, dan cuenta de que la decisión sobre la
actualización al estándar DVB-T2 correspondió al ejercicio de la discrecionalidad
técnica de la administración, dado que con fundamento en conceptos
especializados se concluyó que respecto del interés general dicho sistema
presentaba importantes mejoras o ventajas en relación con el estándar DVB-T, tales
como i) aumento de capacidad; ii) mayor robustez; iii) mayor eficiencia en los
amplificadores de potencia; iv) redes SFN más grandes; v) menor interferencia en
canal adyacente; vi) permitía una utilización más eficiente del espectro, vii)
posibilitaba nuevos modelos de negocio; y viii) aumentaba la capacidad de las
redes de TDT para que fueran una plataforma viable para transmitir TV3D. En virtud

18

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

de la mencionada discrecionalidad técnica41 y en cuanto dicho acto administrativo
se encuentra amparado por la presunción de legalidad, al juez de la responsabilidad
no le resulta posible apartarse del contenido de esa decisión, sino que el análisis
que le corresponde efectuar se limita a la oportunidad y pertinencia de esa
determinación.

68. En ese escenario, las razones en las que se fundamentó el Acuerdo 04 del 20 de

diciembre de 2011 permiten señalar que no se trató entonces de una mera
sustitución inopinada del estándar, pues se pretendió la actualización del sistema
DVB-T previamente adoptado y de sus ventajas en relación con ese sistema.

69. Adicionalmente, los antecedentes de la expedición de los acuerdos acreditan que

para cuando se expidió el primero de los mencionados la tecnología DVB-T2 ya
existía y era conocida en varios mercados internacionales, al menos, desde el 2009.

70. Lo anterior lleva a concluir que la existencia del sistema DVB-T2 debió ser una

variable a tener en cuenta por la sociedad demandante al momento de adoptar una
decisión empresarial sobre adelantar un modelo de negocios relacionado con la
comercialización a largo plazo de decodificadores DVB-T, pues era previsible que
dicha tecnología fuera actualizada al estándar DVB-T2.

71. Para la Sala, el mercado tecnológico en el que la demandante desarrolla su

objeto social –telecomunicaciones- impone a sus actores conocer sobre la
posibilidad de actualizaciones o cambios constantes y en el caso bajo estudio el
estándar DVB-T2 ya estaba disponible cuando se adoptó el estándar DVB-T, de lo
cual no resulta válido considerar que existía una expectativa legítima y razonable
sobre el hecho de que el estándar DVB-T permanecería sin modificaciones por un
período duradero.

72. Adicionalmente, se precisa que la parte actora indicó que mediante el Acuerdo

004 de 2011 la entonces Comisión Nacional de Televisión “cambió” el sistema DVB-
T y no se “actualizó” el estándar adoptado el año anterior; sin embargo, dichas
razones no pueden ser consideradas en este asunto en tanto cuestionan la
motivación de esa decisión administrativa, la cual se encuentra amparada por la
presunción de legalidad que no es susceptible de ser desvirtuada a través del medio
de control de reparación directa.

73. En esas condiciones, la Sala concluye que no se acreditó que la sociedad
demandante contara con una expectativa legítima y razonable sobre el hecho de
que el estándar DVB-T que se adoptó en 2010 se iba a implementar en el territorio
nacional sin modificaciones por un período considerable.

74. Así
las cosas, en cuanto no se demostró que la demandante tuviera una
expectativa legítima, resulta inane analizar los cargos relacionados con el hecho de

41 “(…) A este respecto, podría afirmarse que siendo la cuestión debatida de naturaleza técnica, la entidad tiene

un grado importante de discrecionalidad que le permite definir, según sus propios criterios […] En efecto, la
solución de esta cuestión no es meramente jurídica sino que requiere de apreciaciones técnicas o científicas
que, según esta tesis, resultan judicialmente incuestionables. Esta posición se funda en la teoría de la llamada
"discrecionalidad técnica", según la cual las decisiones técnicas pueden ser abordadas desde múltiples
doctrinas y, en consecuencia, dar lugar a variadas decisiones, siendo la administración y no el juez, la encargada
de optar, entre las distintas alternativas, por aquella que más convenga a los intereses generales (…)”. Corte
Constitucional, sentencia T-587 de 1998.

19

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

si se vulneró el principio de confianza legítima y la eficacia o no de la medida de
coexistencia que se contempló en el Acuerdo 004 de 2011.

75. Las consideraciones precedentes imponen despachar de manera desfavorable

el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto negó
las pretensiones de la demanda.

La apelación respecto del monto de las agencias en derecho fijadas en
primera instancia

76.El Tribunal a quo condenó a la parte demandante al pago de las costas y fijó
agencias en derecho por $30’000.000 en favor de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.

77. La parte actora solicitó disminuir el monto de las agencias en derecho de la
primera instancia, para lo cual indicó que la suma reconocida a la demandada
resultó desproporcionada, onerosa e irrazonable en cuanto no tomó en
consideración la naturaleza, calidad, duración de la gestión y las circunstancias
especiales del asunto.

78. La Sala precisa que en cuanto la parte demandante cuestiona el monto de las
agencias y no la imposición de la condena, el recurso de apelación interpuesto en
este punto resulta improcedente, dado que de acuerdo con lo señalado en el número
5 del artículo 366 de la Ley 1564 de 201242 el monto de las agencias en derecho
únicamente es susceptible de ser controvertido mediante los recursos en contra del
auto que apruebe la liquidación de costas.

Condena en costas de segunda instancia

79. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP43, la Sala

condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, dado que su recurso
se resolvió de manera desfavorable.

80. Las agencias en derecho se fijan con observancia de las tarifas establecidas por

el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200344. En esta
instancia se fija como agencias en derecho la suma de ocho millones doscientos
setenta y siete pesos M/cte. ($8’000.277) y a favor de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, suma que corresponde al 0.1% del valor de las pretensiones
negadas en la sentencia45.

42 “5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante

los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”.
43 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
44 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
45 En la demanda se solicitaron $8.000’277.922 concepto de daños materiales.

20

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00035-04 (69.098)
Actor: Energy & Electronics Technologies S.A.S.
Demandado: Comisión de Regulación de Comunicaciones
Referencia: Medio de control de reparación directa

81. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,

en los términos del artículo 366 del CGP46.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, en favor
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de ocho millones
doscientos setenta y siete pesos M/cte. ($8’000.277) en favor de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones.

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

46 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]”.

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.