Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01502-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01502-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-01502-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861)
Actor: ZONA FRANCA CELSIA S.A. ESP
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Referencia: LEY 1437 DE 2011 – CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
Temas: CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA: Régimen normativo y finalidad
// COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA: Margen de discrecionalidad y criterios
para aprobar o improbar una solicitud de contrato de estabilidad. El inversionista
debe acreditar que las normas a estabilizar son determinantes de la inversión //
PRINCIPIO DE IGUALDAD: La parte demandante tiene la carga de probar y
argumentar que su proyecto contaba con las mismas características de otros
proyectos aprobados.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Zona
Franca Celsia S.A. ESP, en contra de la sentencia del 7 de julio de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A1,
por medio de la cual se negaron las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 19 de junio de 2013, Zona Franca Celsia S.A. ESP presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, en contra
de la Nación, representada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el
Departamento Nacional de Planeación; el Ministerio de Minas y Energía y el
1
Fls. 223 – 233, c. ppl.
2
Si bien el actor presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el auto admisorio de la demanda adecuó las pretensiones al medio de control de
controversias contractuales por considerar que se trataba de pretensiones de naturaleza
precontractual en contra de la Nación (Fls. 74 – 75, c.5). La Sala se referirá a este punto en el acápite
de procedencia y oportunidad de la acción.
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como miembros del Comité de Estabilidad
Jurídica, con la pretensión de que se declarara la nulidad del numeral 4° del Acta
No. 12 del 19 de octubre de 2011 y de la Resolución No. 025 del 21 de diciembre
del mismo año, mediante las cuales se improbó la solicitud de suscripción del
contrato de estabilidad jurídica presentada por la demandante. Como
restablecimiento del derecho, pretendió la aprobación y suscripción del contrato de
estabilidad jurídica, así como el reconocimiento de los perjuicios causados por la no
aprobación oportuna de la solicitud.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda:
Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 19
de junio de 20133, Zona Franca Celsia S.A. ESP -en adelante, Z.F. Celsia-, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA, se dirigió contra la Nación, representada por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación; el
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como
miembros del Comité de Estabilidad Jurídica (en adelante, el Comité), con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
A. Respetuosamente solicito al honorable Consejo de Estado, que como
consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los actos acusados,
se declare la nulidad total del numeral 4° del Acta No. 12 del 19 de octubre de
2011 proferida unánimemente por quienes asistieron al comité de estabilidad
jurídica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Minas y Energía (Anexo D), y de la resolución que resolvió el
recurso de reposición No. 025 del 21 de diciembre de 2012 suscrita igualmente
por unanimidad por los delegados al comité de estabilidad jurídica (...) a través
de la cual se confirmó la decisión de improbar la solicitud de suscripción del
contrato de estabilidad jurídica presentado por Celsia (Anexo C).
B. Como restablecimiento del derecho solicito respetuosamente a su despacho
que se sirva ordenar la aprobación de la solicitud de suscripción del contrato
de estabilidad jurídica presentada por Z.F. Celsia de conformidad con los
términos de la Ley por un término de 15 años, contados a partir de la fecha en
que debió haber sido resuelta la solicitud hecha en debida forma.
Asimismo como consecuencia de lo anterior solicito se ordene pagar el valor
de la prima que Z.F. Celsia debería cancelar a la Nación por suscribir el contrato
de estabilidad jurídica, y disponer el plazo para realizar el correspondiente
pago, de acuerdo con el valor del proyecto y lo señalado por el artículo 5° de la
Ley 963 de 2005.
3
Fls. 3 – 65, c5.
2
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Adicionalmente solicito que se restablezca el derecho de mi representada con
relación a los perjuicios que se causen durante el trámite de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ocasionados por la no aprobación de la solicitud
del contrato de estabilidad jurídica, perjuicios que deberán cuantificarse a
través de un incidente de conformidad con el artículo 135 del Código de
Procedimiento Civil, y dentro de los cuales ha sido cuantificado a la fecha el
valor pagado por concepto del mayor impuesto al patrimonio cancelado en
exceso por la Compañía correspondiente a ($12.946’685.000 MCTE), junto con
los intereses a que hubiere lugar.
Así las cosas, teniendo en cuenta los excesos de pago que realice la compañía
a futuro sobre normas cuya estabilización se solicitó, ruego se ordene a las
entidades correspondientes, que devuelvan los dineros pagados en exceso con
los intereses a que haya lugar.
No obstante, si este Despacho considera que la devolución no es el
mecanismo, insto a su honorable Despacho que defina el mecanismo efectivo
para ello, dando prelación al principio de esencia sobre la forma consagrado en
el artículo 288 de la Constitución Política, con el propósito de obtener un
restablecimiento del derecho efectivo para mi representada”4.
1.1 Los fundamentos de hecho:
La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:
1. El 15 de febrero de 2010, Z.F. Celsia5 radicó ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo una solicitud para la suscripción del contrato de estabilidad
jurídica, en virtud de la Ley 963 de 2005, con el fin de amparar la inversión para
ampliar la planta de generación de energía de la empresa de servicios públicos. En
la petición se solicitó la estabilización de normas relativas al régimen franco,
aduanero y de comercio exterior, así como de normas relacionadas con el sector de
energía, de inversión extranjera, tributarias, comerciales y de arbitraje internacional.
2. A pesar de que el literal f) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005 establecía que el
Comité de Estabilidad Jurídica6 debía analizar el cumplimiento de los requisitos y
decidir sobre la procedencia o no de la solicitud dentro de los 4 meses siguientes a
su radicación, este Comité sesionó el 19 de octubre de 2011, esto es, más de 20
meses después.
4
El 3 de diciembre de 2013 la parte demandante presentó una reforma a la demanda, sin modificar
las pretensiones. Por lo tanto, se mantuvieron las plasmadas en la demanda original.
5
Antes se denominaba Termoflores S.A. ESP.
6
Conformado por representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Departamento
Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del ministerio del ramo en el
que se proyectaba la inversión.
3
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
3. En dicha sesión, el Comité decidió improbar la solicitud de estabilidad jurídica
presentada por la demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Las compañías que invirtieron en el sector energía debían asumir los
riesgos asociados a la ejecución y explotación de sus proyectos, dentro de
los cuales se encontraba el riesgo de volatilidad de las normas.
(ii) El régimen tarifario asociado al sector de energía garantizaba la
rentabilidad de los inversionistas, por lo que las empresas en este campo
tenían la certeza financiera de recuperar las inversiones realizadas.
(iii) La mayoría de la inversión fue ejecutada antes de la solicitud de
suscripción del contrato de estabilidad jurídica.
Esta decisión fue cristalizada en el numeral 4° del Acta No. 12 del 19 de octubre de
2011, la cual se notificó por edicto el 1 de febrero de 2012.
4. El 3 de febrero de este último año, Z.F. Celsia7 interpuso recurso de reposición,
solicitó que se revocara la decisión del Comité y expuso, en síntesis, los siguientes
argumentos: (i) la decisión vulneró el debido proceso, por haber sido adoptada por
fuera del término legal estatuido para el efecto; (ii) la improbación de la solicitud no
se fundamentó en las causales contenidas en la Ley 963 de 2005; (iii) se aplicó de
manera indebida la Ley 143 de 1994, ya que la misma no tiene relación con las
normas sobre estabilidad jurídica; (iv) transgresión del principio de buena fe, debido
a que la norma no restringía la aplicación de la figura de estabilidad jurídica a
empresas cuya actividad “no la requiriera”; (v) violación del principio de igualdad en
tanto que a otras empresas del mismo sector se les otorgó la estabilidad jurídica, y
(vi) la decisión desestimulaba la inversión y carecía de motivación.
5. El 18 de febrero de 2013, Z.F. Celsia fue notificada personalmente de la
Resolución No. 025 del 21 de diciembre de 2012, mediante la cual se confirmó la
decisión de improbar la solicitud de estabilidad jurídica. Los fundamentos de la
decisión fueron los siguientes: (i) la extemporaneidad de la decisión, que al ser un
proceso especial requería de al menos cuatro voluntades distintas, no despojaba al
Comité de sus funciones, (ii) la promoción y el fomento de la inversión no era una
función del Comité de Estabilidad Jurídica, (iii) las normas del sector energía
garantizaban al inversionista su rentabilidad, (iv) el proyecto de Z.F. Celsia distaba
notoriamente respecto de otros proyectos aprobados, y (v) la decisión fue adoptada
con fundamento en las normas jurídicas aplicables y la información aportada por el
7
Para ese momento Colinversiones Zona Franca S.A.
4
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
inversionista, por lo que no se vulneró el principio de legalidad ni se generó una
indebida motivación.
1.2 Los fundamentos de derecho:
El actor presentó como fundamentos de derecho, los siguientes:
1. Señaló que el Comité de Estabilidad Jurídica no se conformó según lo indicaba
la Ley 963 de 20058 y que sus miembros no contaban con la facultad discrecional
para valorar aspectos diferentes a los asignados por la norma, por lo que la decisión
se expidió con falta de competencia.
2. Argumentó que se vulneraron los principios de la buena fe, la lealtad procesal y
la confianza legítima, por cuanto el Comité desconoció que el demandante había
cumplido con todos los requisitos señalados por la norma para suscribir el contrato
de estabilidad jurídica.
3. Agregó que los actos administrativos violaron los principios de igualdad, equidad
e imparcialidad, debido a que el Comité aprobó otras solicitudes efectuadas por
empresas del mismo sector sin demostrar las circunstancias que ameritaban un
trato diferencial.
4. Refirió que la decisión se fundamentó en la indebida aplicación de disposiciones
ajenas al régimen de estabilidad jurídica, que no era cierto que la recuperación de
las inversiones se trasladara siempre al usuario final y que esta circunstancia lo
excluyera de la posibilidad de acceder a la figura de estabilidad.
5. Finalmente, consideró que los actos adolecían de falsa motivación y que
atentaban contra los principios de celeridad, economía y eficacia.
2. Actuaciones procesales de primera instancia:
A través del auto del 7 de octubre de 20139, notificado por correo electrónico el 17
de octubre del mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, admitió la demanda, ordenó su notificación al representante
8
El artículo 4° de la Ley 963 de 2005 disponía que el Comité de estabilidad jurídica estaría
conformado por los ministros correspondientes “o sus delegados”. El demandante arguyó que no
existía en el expediente prueba alguna de la delegación en virtud de la cual los funcionarios que
participaron en el Comité de Estabilidad Jurídica adquirieron la competencia para representar a los
ministros y adoptar la decisión.
9
Fls. 74 – 75, c5.
5
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
legal de las entidades demandadas, al Ministerio Público, y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, ordenó a las entidades involucradas
allegar los antecedentes administrativos correspondientes.
2.1. Contestación de la demanda:
El 18 de diciembre de 2013, el Departamento Nacional de Planeación contestó la
demanda10 y se opuso a sus pretensiones. Precisó que los inversionistas que
presentaran una solicitud de estabilidad jurídica debían acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley 963 de 2015, así como los definidos por el
documento CONPES 3366 y los que al efecto fijara el Comité de Estabilidad
Jurídica.
Adujo que el Comité tenía la potestad de estudiar las condiciones especiales de
cada proyecto para decidir sobre la viabilidad o conveniencia de otorgar el beneficio,
teniendo en cuenta la primacía del interés general sobre el particular y con
observancia de las disposiciones normativas que considerara pertinentes.
En cuanto a las razones que sustentaron la decisión, precisó que las inversiones en
infraestructura energética tenían un campo normativo determinado por la Ley 143
de 1994 y, por lo tanto, la solicitud debía analizarse bajo ese escenario. Asimismo,
reiteró que el régimen tarifario asociado al sector energético garantizaba la
recuperación de las inversiones, incluyendo aquellas correspondientes a expansión
y mantenimiento, y que las compañías pertenecientes a este sector debían asumir
los riesgos asociados a la ejecución de los proyectos. De este modo, argumentó
que no era viable aprobar la solicitud, teniendo en cuenta que la figura de estabilidad
jurídica tenía como finalidad promover las inversiones y garantizar las condiciones
normativas determinantes de las mismas con el fin de que la fluctuación normativa
no afectara la rentabilidad.
Manifestó que no se desconoció el principio de igualdad dado que las
especificaciones de los proyectos aprobados para otras empresas del sector
energético no se encontraban en una situación idéntica a la de la demandante y que
el análisis de conveniencia se realizaba para cada caso concreto.
Agregó que el documento CONPES 3366 de 2005 disponía una discrecionalidad
reglada para la evaluación de solicitudes de estabilidad jurídica supeditada a que el
análisis de cada caso debía garantizar el equilibrio entre el interés del inversionista
10
Fls. 178 – 190, c1.
6
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
y el interés general, salvaguardando la sostenibilidad fiscal. Lo anterior con el fin de
evitar la celebración indiscriminada de contratos de estabilidad jurídica y un impacto
fiscal grave.
Finalmente, precisó que el Comité no tenía un ámbito restringido de análisis
respecto de los criterios a utilizar en la evaluación y que los establecidos en la Ley
963 de 2005 no eran taxativos. Por el contrario, el Comité conservaba un margen
de discrecionalidad para evaluar la viabilidad y conveniencia de firmar un contrato
de estabilidad jurídica en cada caso particular. Este margen de discrecionalidad
obligaba al Comité a motivar sus decisiones en el marco del respeto por el interés
general y la sostenibilidad fiscal.
El 18 de diciembre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la
demanda11 y se opuso a sus pretensiones. Afirmó que la presentación de la solicitud
de un contrato de estabilidad jurídica no otorgaba el derecho al solicitante de
suscribirlo, sino que aquella debía estudiarse bajo las normas pertinentes.
Argumentó que la intención de la Ley 963 de 2005 era la de promover inversiones
nuevas y ampliar las existentes en el territorio nacional, y que la solicitud de la
demandante fue presentada cuando ya había ejecutado el 73.66%12 de la inversión,
por lo que se trataba de una inversión del giro ordinario de la actividad que realizaba
la empresa, la cual no estaba motivada por el incentivo. En tal sentido, la solicitud
de estabilidad jurídica debía realizarse con anterioridad a la materialización de las
inversiones a efectos de identificar y estabilizar las normas tributarias
determinantes.
Resaltó que las características de los proyectos de ISA S.A. y EPM E.S.P, frente a
los cuales el demandante argumentó la violación del principio de igualdad,
resultaban diferentes al caso de Z.F. Celsia, por lo que no se configuró la
vulneración alegada.
El 13 de enero de 2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contestó la
demanda13 y se opuso a sus pretensiones. Reiteró argumentos expuestos por el
11
Fls. 191 – 211, c1.
12
Aclaró que el demandante presentó solicitud para la suscripción de un contrato de estabilidad
jurídica por cuantía inicial de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($395.999’156.571), de los cuales la inversión ejecutada al momento de presentar la solicitud para
suscribir el contrato fue de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
PESOS ($391.694’689.416), equivalente a un 73,66% de la inversión.
13
Fls. 212, 256, c1.
7
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Departamento Nacional de Planeación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público sobre la competencia que tenía el Comité para evaluar la solicitud de
estabilidad jurídica, acudiendo a disposiciones específicas del sector, al CONPES
3366 de 2005, a la ley del Plan Nacional de Desarrollo, al equilibrio entre el interés
del inversionista y el interés general, a la finalidad de la Ley 963 de 2005, al régimen
tarifario propio del sector energético que garantizaba la rentabilidad esperada de los
inversionistas y a la no vulneración del principio de igualdad dado que los casos
señalados por el demandante guardaban diferencias sustanciales con el suyo.
Finalmente, agregó que, si bien la decisión se tomó pasados los 4 meses señalados
en la ley, esto no afectaba la competencia ni generaba alguna consecuencia frente
a la validez de la decisión adoptada.
El 27 de enero de 2014, el Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda14 y
se opuso a sus pretensiones. Además de los argumentos ya expuestos por las
demás entidades demandadas, agregó que el delegado del Ministerio de Minas y
Energía estaba debidamente facultado para participar del Comité de Estabilidad
Jurídica.
2.3. Reforma a la demanda y pronunciamiento de las demandadas:
Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 201315, Z.F. Celsia reformó la
demanda16, profundizó los argumentos iniciales y agregó pruebas relacionadas con
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 963 de 2005 para la
suscripción del contrato de estabilidad jurídica, la importancia económica y social
del proyecto de ampliación17 e incluyó una relación de casos en los cuales se
aprobaron las solicitudes de contratos de estabilidad jurídica para reforzar su cargo
de violación de los principios de igualdad y de imparcialidad.
14
Fls. 191 – 211, c1.
15
Fls. 85 – 177, c5.
16
La reforma no adicionó pretensiones. La demanda original y el auto admisorio fueron notificados
a las entidades demandadas por correo electrónico el 17 de octubre de 2013. A partir del 18 de
octubre y hasta el 25 de noviembre del mismo año, corrió el término de suspensión de 25 días
dispuesto en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 -
vigente para ese momento-. Así, de acuerdo con el término de traslado para responder la demanda
por parte de las entidades involucradas empezó a correr desde el 26 de noviembre de 2013. Por su
parte, el término para presentar la reforma de la demanda -esto es, 10 días siguientes a su traslado
según el artículo 173 del CPACA- transcurrieron desde el 26 de noviembre de 2013 hasta el 9 de
diciembre del mismo año. De este modo, la reforma a la demanda fue presentada oportunamente el
6 de diciembre de 2013. Ver: Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de unificación del 6 de
septiembre de 2018, Radicación No. 11001-03-24-000-2017-00252-00, C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
17
Los beneficios del proyecto los agrupó en las siguientes categorías: (i) generación de empleo, (ii)
desarrollo para la región y compromiso social, (iii) educación ambiental y capacitación, (iv) salud, (v)
recreación, cultura y formación integral, (vi) generación de economía de escala y desarrollo regional,
(vii) generación de mayores tributos y (viii) estrategias para el mejoramiento del medio ambiente.
8
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante auto del 19 de marzo de 201418 admitió la reforma a la demanda y corrió
traslado a las entidades demandadas por el término de 15 días.
El Departamento Nacional de Planeación19 y el Ministerio de Minas y Energía20 se
pronunciaron nuevamente frente a la reforma a la demanda el 22 y el 24 de abril de
2014, respectivamente. No se presentaron argumentos distintos a los ya
relacionados en las contestaciones a la demanda inicial21.
3. La sentencia impugnada:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
medio de la sentencia del 7 de julio de 2016, resolvió negar las pretensiones de la
demanda, no condenar en costas a la parte demandante porque no se encontraron
causadas y demostradas, y fijar las agencias en derecho a favor de la parte
demandada.
El a quo estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si en el
presente asunto se encontraban configurados los supuestos de (i) falta de
competencia, (ii) violación al debido proceso, violación de los principios de buena
fe, lealtad procesal y confianza legítima, indebida aplicación normativa, violación al
principio de igualdad y falsa motivación22.
Frente a la falta de competencia, señaló que se encontraba debidamente
demostrado que quienes adoptaron la decisión en control de legalidad contaban con
el respectivo acto administrativo de delegación y que esta figura estaba cobijada por
el artículo 9 de la Ley 489 de 1998.
Desarrolló el marco jurídico de los contratos de estabilidad jurídica23, exponiendo
sus finalidades: promover la confianza del inversionista, proveer estabilidad jurídica
frente a las normas determinantes de las inversiones, estimular nuevas formas de
inversión, y equilibrar los intereses de los inversionistas y el interés general. Agregó
que el procedimiento administrativo para la suscripción de un contrato de estabilidad
18
Fls. 305 – 306, c1.
19
Fls. 307 – 314, c1.
20
Fls. 315 – 321, c2.
21
La audiencia inicial se realizó el 23 de mayo de 2016 (Fls. 190 – 195, c5) y la de pruebas el 25
de mayo siguiente (fls. 196 – 199, c5).
22
Si bien se presentaron como causales independientes, el tribunal se pronunció frente a ellas de
forma conjunta dado que se fundaron en argumentos jurídicos similares.
23
Refirió la Ley 963 de 2005, el Decreto 2950 de 2005, la Resolución 01 del 16 de diciembre de 2006
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la sentencia C-320 de 2006.
9
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
jurídica tenía las siguientes etapas: (a) presentación de la solicitud, (b) admisión -
en la que se verifican los requisitos formales-, (c) solicitud de informes técnicos y (d)
evaluación y decisión.
En este contexto, se refirió a las demás causales de ilegalidad invocadas por el
demandante24 y expuso que la presentación de la solicitud del contrato no implicaba
un derecho adquirido y que el cumplimiento de los requisitos formales no conllevaba
per se a la aprobación del mismo, pues el Comité debía determinar si se cumplía
con los fines establecidos por el legislador. En este sentido, el Comité debía tener
en cuenta, no solo los informes técnicos, sino además los marcos normativos de
cada actividad con el fin de determinar la procedibilidad de la suscripción del
contrato de cara a la garantía del interés general. Igualmente, manifestó que el
demandante se centró en argumentar que su propuesta cumplía con los requisitos
formales, pero no presentó ninguna consideración tendiente a desvirtuar que sus
inversiones se encontraban garantizadas con el régimen tarifario del sector.
Agregó que no se encontraba demostrado que el Comité hubiera retardado la
decisión con el fin de que se expidiera la Ley 1450 de 2011 ni que esta fuera el
fundamento de la decisión de negar el contrato de estabilidad, pues aquella decisión
obedeció a un estudio de viabilidad del proyecto con relación al régimen propio del
sector y a que su ejecución superaba el 70% para el momento de elevarse la
solicitud. En ese sentido, la decisión era coherente con los principios y finalidades
de la Ley 963 de 2005.
No obstante, precisó que el Comité podía aplicar la Ley 1450 de 2011 dado que el
procedimiento administrativo no se regía solamente por las normas vigentes al
momento del inicio de la actuación, sino por aquellas que se encontraran surtiendo
efectos al momento de expedir el acto, teniendo en cuenta que la irretroactividad de
la norma se predicaba únicamente sobre situaciones consolidadas.
Finalmente, se refirió al cargo de violación al principio de igualdad y concluyó que
no existía un medio de prueba que demostrara su configuración, dado que el actor
solamente realizó una comparación de solicitantes de contratos de estabilidad
jurídica, sin demostrar que estas empresas se encontraban en las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas que el demandante, es decir, que perteneciera al
mismo sector energético, que el proyecto tuviera los mismos objetivos, alcance y
finalidades, que la causal de rechazo de su solicitud haya sido causal de aprobación
en los demás eventos, etc.
24
Violación al debido proceso, violación a los principios de buena fe, lealtad procesal y confianza
legítima, indebida aplicación normativa y falsa motivación.
10
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
4. Recurso de apelación:
El 27 de julio de 201625, Z.F. Celsia interpuso el recurso de apelación26 en contra
de la sentencia de primera instancia, solicitando que la misma fuera revocada, y
que, en su lugar, se concedieran las pretensiones de la demanda.
Según el recurrente, en el expediente no existían pruebas de la delegación
realizada por los miembros del Comité de Estabilidad Jurídica a los funcionarios
que participaron de la decisión demandada, por lo que el tribunal vulneró su
derecho al debido proceso al encontrar probada dicha situación sin el soporte
documental correspondiente. Manifestó que la única prueba de la delegación fue
allegada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 4 de septiembre de
2014 y que la misma no podía ser valorada debido a que fue extemporánea, pues
no se aportó con la contestación de la demanda ni en el término de traslado de la
reforma a la misma.
Argumentó que la empresa Z.F. Celsia no solamente acreditó el cumplimiento de
los requisitos formales para acceder al contrato de estabilidad jurídica, sino que
también probó la trascendencia económica del proyecto27, de conformidad con lo
establecido en los documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005.
Reiteró que la Ley 1450 de 2011 -que definía como requisito para la suscripción del
contrato de estabilidad jurídica que las inversiones se realizaran en proyectos que
entraran en operación con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad
jurídica- no podía ser aplicada a su caso dado que la misma empezó a regir el 16
de junio de 2011, fecha posterior a la radicación de la solicitud del contrato.
Expuso que, en virtud de la Ley 153 de 1887, la norma sustancial aplicable a Z.F.
Celsia debía ser la vigente al momento de presentar la solicitud, pues no era
procedente exigirle a los sujetos el cumplimiento de un requisito que no se
encontraba vigente al momento de iniciar el trámite. En ese sentido, manifestó no
compartir las consideraciones del tribunal según las cuales el régimen jurídico
aplicable a la decisión demandada era el vigente a la fecha de expedición del acto,
25
La sentencia del a quo fue notificada el 12 de julio de 2016 a través de correo electrónico. Por lo
tanto, el término para interponer el recurso de apelación se venció el 27 de julio del mismo año, fecha
en la cual fue oportunamente presentado.
26
Fls. 129 – 151, c. ppl.
27
Factores como la generación de empleo (175 empleos directos y 105 empleos indirectos);
desarrollo para la región; educación ambiental y capacitación; recreación, cultura y formación
integral; generación de economía de escala; demanda de bienes y servicios nacionales; generación
de mayores tributos; transferencia de tecnología y reconvención tecnológica y estrategias para el
mejoramiento del medio ambiente.
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
y no el que se encontraba rigiendo a la fecha de presentarse la solicitud. Insistió en
que la demora en la expedición de la decisión es prueba suficiente de la mala fe del
Comité, que esperó a la expedición de la Ley 1450 de 2011 para aplicarla
retroactivamente.
Con relación a la vulneración al principio de igualdad, mencionó tres casos en los
cuales se había aprobado la suscripción del contrato de estabilidad jurídica a pesar
de que se encontraban en ejecución: Compañía Nacional de Chocolates, Compañía
de Galletas Noel y Bavaria S.A28. También hizo referencia a un contrato suscrito
con la compañía Jerónimo Martins, cuya inversión inició previamente a la
suscripción del contrato y solicitó a esta instancia evaluar la posibilidad de declarar
pruebas de oficio relacionadas con este contrato29.
Agregó que la aprobación de los proyectos presentados por las compañías ISA e
ISAGEN en los años 2008 y 201030, relacionados en la demanda y que pertenecían
al mismo sector que Z.F. Celsia, era prueba de la vulneración al principio de
igualdad y que los contratos eran de público conocimiento en la página del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que el tribunal podía consultarlos
para una total convicción en su decisión. Manifestó que, al no haber consultado los
contratos en la web de la entidad, ni haber decretado pruebas de oficio para aclarar
este asunto, el tribunal actuó contrariando el activismo judicial.
Finalmente, cuestionó la fijación de agencias en derecho por considerar que estas
se asimilan a las costas y que no se encontraban probadas en los términos de los
artículos 361 y 365 del Código General del Proceso. Asimismo, manifestó que no
se encontró probada la mala fe o la temeridad de Z.F. Celsia, por lo que no era
procedente la fijación de agencias en derecho.
5. Trámite en segunda instancia:
Por medio del auto del 8 de agosto de 201631, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, concedió el recurso de apelación,
28
En el escrito de apelación se relacionó un link de verificación en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para estos tres casos:
www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145. Sin embargo, al ingresar al
enlace, el navegador no arrojó resultados.
29
Solicitó que se considerara la posibilidad de requerir oficiosamente al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para que remitiera copia del contrato suscrito con Jerónimo Martins, los informes
de auditoría presentados y las inversiones realizadas en el marco de este contrato.
30
Según el apelante, el proyecto de ISA consistió en la construcción, operación y mantenimiento de
una red de transmisión de energía y el de ISAGEN tenía como objeto la construcción del proyecto
hidroeléctrico de Sogamoso.
31
Fl. 266, c. ppl.
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para decidir sobre su
admisibilidad.
En proveído del 29 de septiembre de 201632 , se admitió el recurso de apelación.
Por medio de auto del 27 de octubre del mismo año33 se corrió traslado a las partes,
por el término común de 10 días, para que presentaran sus alegaciones finales.
Vencido este término, se dio traslado al Ministerio Público por 10 días con el fin de
que rindiera su concepto34.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo35, el Departamento Nacional de
Planeación36, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público37 y el Ministerio de Minas
y Energía38 presentaron sus alegaciones finales, ratificándose en la totalidad de los
argumentos que sustentaron las contestaciones de la demanda.
Por su parte, Z.F. Celsia allegó sus alegatos de conclusión el 22 de noviembre de
201639, reiterando los argumentos del escrito de apelación.
El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado:
Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda
instancia, toda vez que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), aplicable
a este proceso, establece que el Consejo de Estado “(…) conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación (…)”.
Adicionalmente, la Sala conoce del asunto en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado
32
Fls. 281 – 282, c. ppl.
33
Fls. 284 – 285 c. ppl.
34
El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 8 y el 22 de
noviembre de 2016, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 23 de
noviembre al 6 de diciembre del mismo año.
35
11 de noviembre de 2016. Fls. 286 – 289, c. ppl.
36
16 de noviembre de 2016. Fls. 290 – 297, c. ppl.
37
21 de noviembre de 2016. Fls. 298 – 299, c. ppl.
38
22 de noviembre de 2016. Fls. 300 – 310, c. ppl.
39
Fls. 311 – 315, c. ppl.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
que la pretensión indemnizatoria se estimó en $12.946’685.000, que corresponden
al mayor valor pagado por concepto de impuesto al patrimonio, mientras que el
monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho40 tuviera vocación de doble instancia ante
esta Corporación era de $176’850.00041.
2. Legitimación en la causa:
En el presente caso, Z.F. Celsia está legitimada en la causa por activa, toda vez
que fue la empresa que solicitó la celebración del contrato de estabilidad jurídica.
Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento
Nacional de Planeación; el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público se encuentran legitimados por pasiva, en razón a que fueron los
integrantes del Comité de Estabilidad Jurídica y, de manera conjunta, adoptaron la
decisión de improbar la solicitud presentada por la demandante.
3. Procedencia y oportunidad del medio de control:
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda -19 de junio de 2013-, esto es, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el estatuto
procesal civil, en los aspectos no contemplados en el primero (artículo 306 del
CPACA).
Ahora bien, la Sala evidencia que este proceso se adelantó en primera instancia y
hasta este punto bajo la denominación de controversias contractuales. Sin embargo,
según el inciso segundo del artículo 141 del CPACA, “los actos proferidos antes de
la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el
caso”, esto es, mediante los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, para este caso el medio de control
adecuado es el de nulidad y restablecimiento del derecho y su oportunidad debe
estudiarse en estos términos.
40
Sobre la corrección del medio de control, se hará referencia en el acápite de procedencia y
oportunidad de la demanda.
41
300 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2013, año en el que se presentó la
demanda.
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Así las cosas, el término para presentar la demanda, en virtud del literal c, numeral
2, del artículo 164 del CPACA, era de cuatro (4) meses, contados a partir del día
siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el
caso.
La Sala observa que el Acta No. 12 del 19 de octubre de 2011 fue notificada a Z.F.
Celsia el 1 de febrero de 201242. La empresa presentó recurso de reposición frente
a esta decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 025 del 21 de
diciembre de 2012, notificada el 18 de febrero de 201343. El 12 de junio de 2013,
faltando 7 días para que operara la caducidad, Z.F. Celsia presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Décima Judicial II para Asuntos
Administrativos, lo cual suspendió los términos de caducidad hasta el 26 de agosto
del mismo año44, fecha en la que se expidió la constancia de no conciliación45.
La demanda se presentó el 19 de junio de 201346, mientras se encontraban
suspendidos los términos de caducidad, por lo que se evidencia que la misma fue
oportuna.
4. Hechos probados y material probatorio relevante:
En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para
el estudio del caso.
42
Fl. 156, c4.
43
Fl. 169, c5.
44
En virtud del artículo 21 de la Ley 640 de 2001: “La presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres
(3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por
una sola vez y será improrrogable”.
45
Fls. 393 – 394, c5.
46
Esta Corporación ha sostenido que, para agotar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo
161 del CPACA, solo se requiere que el demandante acredite que radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 18 de septiembre de
2014. Radicación No. 68001-23-33-000-2013-00412-01, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, providencia
en la cual se estableció: “(...) De manera previa a la presentación de la demanda, el interesado debe
solicitar ante el Ministerio Público que dicha audiencia se adelante. No le es exigible un resultado
positivo o negativo, sino que tenga el ánimo conciliatorio, de modo que de llegarse a un acuerdo
pueda evitarse un litigio futuro (...) En este sentido se pronunció la Corte Constitucional cuando
efectuó el análisis de exequibilidad de la Ley 1285 de 2009 [Sentencia C-713 de 2008] (...)
Precisamente la Corte Constitucional en la citada sentencia (...) determina que el interesado en
demandar al Estado debe allegar constancia que acredite que radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial dada la naturaleza consensual de dicho mecanismo (negrilla fuera
del texto original).
15
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
4.1. El 15 de febrero de 2010, la sociedad Termoflores S.A. (hoy Z.F. Celsia) radicó
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo47 una solicitud para la
suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, en los términos de la Ley 963 de
2005, con el fin de amparar la inversión relacionada con el proyecto Flores IV,
consistente en el cierre de dos ciclos simples (Flores II y Flores III) para formar un
ciclo combinado, el cual permitiría aumentar la generación de combustible y
aumentaría la capacidad de generación de la planta de Termoflores pasando de 441
MW a 610 MW en total48.
4.2. De acuerdo con el certificado emitido por el revisor fiscal de Termoflores S.A.49,
para el momento de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica se había
ejecutado el 73,66% de la inversión, correspondiente a DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L
($291.694’689.416) de una inversión total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($395.999’156.571).
4.3. El 27 de abril de 2010, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le
comunicó a la empresa Termoflores que reunía los requisitos para dar trámite a su
solicitud y que se requerirían los conceptos necesarios a fin de elaborar el informe
técnico de evaluación con destino al Comité de Estabilidad Jurídica, de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 2590 de 200550.
4.4. El 5 de octubre de 2011 la sociedad Termoflores informó a la Secretaría Técnica
del Comité su cambio de denominación social para actualizar la solicitud con el
nombre de Colinversiones ZF S.A. E.S.P51.
4.5. El 19 de octubre de 201152, el Comité de Estabilidad Jurídica se reunió con el
fin de estudiar, entre otras, la solicitud realizada por la empresa Colinversiones ZF
S.A. E.S.P. Las conclusiones y decisiones de esta reunión fueron plasmadas en el
Acta No. 12 de esa misma fecha53.
47
En la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica, según el artículo 2° del Decreto 2950
de 2005.
48
Fls 71 – 147, c2.
49
Fl. 110, c4.
50
Fl. 79, c4.
51
Fls. 111 – 112, c4.
52
Luego de haber surtido el trámite de solicitud de conceptos técnicos, actualización de información
financiera y fijación de la prima correspondiente.
53
Fls. 113 – 120, c4.
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
4.6. Los miembros asistentes al Comité, con las respectivas delegaciones, fueron:
Nombre Cargo Entidad Acto de delegación
Carlos A. de Hart P. Viceministro de Ministerio de Resolución 0764 del 27
Desarrollo Empresarial - Comercio, Industria y de abril de 200754.
Presidente del Comité Turismo.
Fernando Estupiñán Subdirector de Política Departamento Resolución 1826 del 21
Industrial y Comercial Nacional de de septiembre de
55
Planeación 2011 .
Oscar Enrique Asesor Viceministro Ministerio de No se evidencia acto
Guzmán S. Técnico Hacienda y Crédito de delegación en el
Público expediente.
Sonia Patricia Asesora Despacho Ministerio de Minas y Artículo 5° de la
Zabala G. Ministro de Minas y Energía Resolución No. 18
Energía 1939 del 14 de octubre
de 201056 y Resolución
No 18 1556 del 23 de
septiembre de 201157.
4.7. Respecto a la solicitud presentada por Colinversiones ZF S.A. E.S.P, el Comité
de estabilidad concluyó lo siguiente:
Así las cosas, la prestación de los servicios públicos es una actividad regulada
y protegida por un régimen normativo que minimiza los riesgos de los
prestadores y garantiza la recuperación de los costos en una gestión eficiente,
así como la rentabilidad esperada en un mercado de similares riesgos.
También es pertinente resaltar que el carácter determinante de las normas a
estabilizar atiende a la incidencia de dichas disposiciones sobre cada proyecto
de inversión y al hecho de que éstas sean consideradas con anterioridad a su
materialización. De este modo, puede decirse que aquellos proyectos que
fueron concebidos y desarrollados sin tener en cuenta la estabilidad jurídica,
por cuanto gran parte de la inversión se encontraba ejecutada íntegramente y
por lo tanto, el componente primordial del beneficio de la estabilidad se
desvirtúa, pues la justificación de las normas solicitadas atiende a criterios de
optimización y no a los establecidos por el Documento Conpes 3366 de 2005
que dispone que ‘El Comité estudiará el análisis de sensibilidad que para el
efecto presentará el inversionista solicitante en el cual demuestra la importancia
y el carácter determinado de la norma objeto de la solicitud de estabilidad
jurídica sobre la decisión de inversión’ (el subrayado hace parte del texto
original).
Ahora bien, en el caso objeto de examen se observa que la solicitud fue
radicada el 15 de febrero de 2010 y para finales de 2009 había ejecutado el
73.66% de la inversión (...) razón por la que puede concluirse que la misma se
encuentra enmarcada dentro de la premisa señalada en el párrafo anterior.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos (...) el Comité decidió
improbar la suscripción del contrato de estabilidad jurídica con
COLINVERSIONES ZF S.A. ESP (Antes Termoflores S.A. ESP).
54
Fl. 333, c1.
55
Fl. 331, c1.
56
Fls. 267 – 269, c1.
57
Fl. 271, c1.
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
4.8. Esta decisión fue notificada a Colinversiones ZF S.A. (hoy Z.F. Celsia) el 1 de
febrero de 201258. La empresa presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto
de manera desfavorable mediante Resolución No. 025 de 2012, notificada el 18 de
febrero de 2013, en la cual se reiteraron los argumentos expuestos en el Acta 012
del 19 de octubre de 201159.
4.9. La empresa Termoflores S.A. cambió su razón social a Colinversiones ZF S.A.
y cambió su domicilio a la ciudad de Barranquilla mediante escritura pública 3.176
del 31 de agosto de 2011 otorgada en la Notaría 20A de Medellín. Posteriormente,
cambió su razón social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. mediante escritura pública
1.143 del 17 de abril de 2012 otorgada en la Notaría 20A de Medellín e inscrita en
la Cámara de Comercio de Barranquilla el 20 de abril del mismo año60.
5. Problema jurídico:
Le corresponde a la Sala determinar si (i) la decisión de improbar la solicitud de
contrato de estabilidad jurídica presentada por Z.F. Celsia para amparar la inversión
relacionada con el proyecto Flores IV se encuentra viciada de nulidad por los cargos
de falta de competencia, falsa motivación61 o desconocimiento del principio de
igualdad, y (ii) si era procedente la fijación de agencias en derecho realizada en
primera instancia. Para ello, se abordará -en primer lugar- el marco normativo de
los contratos de estabilidad jurídica y, posteriormente, se estudiarán los cargos
formulados por el demandante.
5.1. Marco normativo de los contratos de estabilidad jurídica62:
Los contratos de estabilidad jurídica fueron una figura incorporada en Colombia
mediante la Ley 963 de 2005, con el fin de promover inversiones nuevas y ampliar
58
Fl. 156, c4.
59
Fl. 169, c1.
60
Fls. 66 – 69, c2.
61
Se aclara que los argumentos relacionados con la acreditación de los requisitos y la trascendencia
económica del proyecto para acceder al contrato, así como la supuesta aplicación retroactiva de la
Ley 1450 de 2011 se tratarán bajo el cargo de falsa motivación.
62
Marco jurídico vigente al momento de la presentación de la solicitud. Es decir, se omiten las
disposiciones incorporadas por la Ley 1450 de 2011, que empezó a regir el 16 de junio del mismo
año, pues estas no fueron relacionadas como sustento de la decisión del Comité de Estabilidad
Jurídica y pueden dar lugar a confusión en los argumentos que se desarrollarán en acápites
posteriores.
18
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
las existentes en el territorio nacional63. El inciso 2 del artículo 1° de la precitada
norma los definía así:
Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los
suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos
alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como
determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les
continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato
respectivo (negrilla fuera del texto original).
Para acceder a la suscripción de estos contratos, el interesado debía presentar una
solicitud que pasaba por dos etapas: (i) el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en el artículo 4° de la Ley 963 de 2005 y (ii) el estudio por parte de un
Comité de Estabilidad Jurídica, que debía aprobar o improbar la solicitud de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el CONPES que para el efecto se
expidiera.
Este Comité estaba conformado por los siguientes miembros:
Ley 963 de 2005. Artículo 4° (...) b) La solicitud de contrato será evaluada por
un Comité que aprobará o improbará la suscripción del contrato conforme a lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que
para tal efecto se expida. Este Comité estará conformado por:
▪ El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
▪ El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.
▪ El Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, o su delegado.
▪ El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
▪ El Director de la entidad autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas
expedidas por dichas entidades.
Por su parte, el CONPES 3366 de 2005 fijó los elementos técnicos que el Gobierno
Nacional debía tomar en consideración para la evaluación de las solicitudes de
contratos de estabilidad jurídica. Allí, entre otras, se determinó que la celebración y
suscripción de estos contratos era competencia del Estado -a través del Comité de
Estabilidad Jurídica-, y que su decisión de suscribirlo o no debía ser siempre
motivada y pública.
63
La posibilidad de presentar solicitudes de contratos de estabilidad jurídica estuvo vigente hasta el
26 de diciembre de 2012, fecha en la que se promulgó la Ley 1607 de ese año, que en su artículo
166 derogó la Ley 963 de 2005. Allí se precisó que los contratos en ejecución y las solicitudes
presentadas con anterioridad a la expedición de la Ley 1607 de 2012 continuarían su curso y se
seguirían rigiendo por las disposiciones de la norma derogada, hasta la liquidación del último contrato
de estabilidad jurídica.
19
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Asimismo, el CONPES precitado fijó unos principios generales y unos criterios
específicos para la evaluación de los contratos de estabilidad jurídica. Dentro de
los principios generales, se incluyeron los siguientes:
Los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el interés
del inversionista que lo suscribe y el interés general. Preservarán la soberanía
legislativa y regulatoria del Estado, evitarán el desorden administrativo, y
salvaguardarán la sostenibilidad fiscal (...)
El inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el
responsable de demostrar que la norma objeto del mismo es determinante
de la inversión que proyecta realizar” (negrilla fuera del texto original).
En ese sentido, la Ley 963 de 2005 y el CONPES 3366 del mismo año otorgaron al
Comité de Estabilidad Jurídica un margen de discrecionalidad64 para aprobar las
solicitudes de suscripción de este tipo de contratos. Sobre la discrecionalidad para
la adopción de estas decisiones, esta Subsección se ha pronunciado en los
siguientes términos:
66. Conforme a lo anterior, al revisar la aplicación concreta del concepto de la
discrecionalidad en torno a las decisiones que el Comité de Estabilidad Jurídica
debía adoptar, es posible advertir que dicho órgano colegiado debía analizar,
bajo el criterio de conexidad teleológica de la facultad conferida, los siguientes
elementos principales: (i) los fines de la norma que lo autorizó; (ii) los
principios constitucionales inherentes al ejercicio de la función administrativa,
entre ellos el interés general como medida del bien común; (iii) las normas
relacionadas con el sector de desempeño; (iv) las normas objeto de la
solicitud de estabilización; (v) los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo,
para establecer la compatibilidad del proyecto con los objetivos de la acción
estatal y con el plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional;
(vi) el documento CONPES 3366 de 2005, con modificación aclaratoria
mediante CONPES 3406 de 2005 que definió las “Consideraciones técnicas
para la evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad
jurídica”; (vii) el análisis de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad de
todo tipo, necesarios para definir la viabilidad del instrumento, conforme a los
anteriores elementos; y, (viii) la valoración del costo–beneficio para el Estado
de estabilizar determinadas normas, frente a las bondades que representa la
inversión propuesta y la contraprestación ofrecida65 (negrilla fuera del texto
original).
64
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de agosto de 2021. Radicación No. 25000-
23-36-000-2015-00995-01(58.927), C.P: José Roberto Sáchica Méndez. En esta providencia se
precisó que la facultad otorgada al Comité de Estabilidad Jurídica para decidir sobre las solicitudes
presentadas por los inversionistas se trataba de una facultad discrecional y no reglada: "La segunda
fase de la determinación, se centra en las competencias del Comité de Estabilidad Jurídica. En las
bases de esta etapa despunta como aspecto principal, la facultad discrecional conferida por el
legislador al Comité, en la medida que, habiendo dejado plantados unos requisitos normativos y
haciendo expresas las finalidades de la decisión, estableció que sería el análisis de diversas
variables financieras, técnicas y en general de factibilidad –según el proyecto de inversión
presentado– las que, en su conjunto, permitirían concluir si se aprobaba o no la suscripción del citado
instrumento contractual. La decisión así adoptada, según el contexto de la ley, es discrecional
y no reglada como parecería interpretarlo el demandante” (negrilla fuera del texto original).
65
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de agosto de 2021. Radicación No. 25000-
23-36-000-2015-00995-01(58.927), C.P: José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en Consejo de
20
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Así las cosas, correspondía al Comité de Estabilidad Jurídica estudiar, no
solamente los criterios establecidos en la Ley 963 de 2005, sino además verificar
que las solicitudes presentadas cumplieran con el marco jurídico general
establecido para el efecto y los fines de la norma que autorizaba este tipo de
contratos.
Para ello, el Decreto 2950 de 2005 reglamentó varios asuntos relacionados con la
Ley 963 de 2005 y, específicamente, con el Comité de Estabilidad Jurídica. Así, en
su artículo 1° definió:
“Artículo 1°. Comité de Estabilidad Jurídica. Es el Comité previsto en el literal
b) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005, el cual deberá expedir su propio
reglamento”.
En ejercicio de esta facultad, el Comité de Estabilidad Jurídica expidió su
reglamento, contenido en la Resolución No. 01 del 16 de diciembre de 2005 y en la
Resolución No. 02 del 20 de junio de 2008, que modifica la primera. Allí se fijó el
procedimiento interno para el trámite de las solicitudes de contratos de estabilidad
jurídica y se determinó la forma en la que se debían adoptar las decisiones.
Frente a este último punto, el artículo 2° de la Resolución No. 02 del 20 de junio de
2008, que modificó el artículo 5° de la Resolución No. 01 del 16 de diciembre de
2005, estableció lo siguiente:
Artículo 2°. Modifícase el artículo 5° de la Resolución número 01 de 2005,
expedida por el Comité de Estabilidad Jurídica, el cual quedará así:
“Artículo 5°. Quórum y decisiones. En las reuniones ordinarias, el Comité
de Estabilidad Jurídica podrá deliberar con dos (2) de los siguientes
miembros: Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Ministro de Hacienda y
Crédito Público y el Director del Departamento Nacional de Planeación o sus
delegados. Cuando sea del caso, el quórum deliberatorio se adicionará con el
Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión o su delegado y con el
Director de la entidad autónoma o su delegado cuando se trate de normas
expedidas por dichas entidades. Las decisiones se adoptarán con la
mayoría absoluta de los miembros asistentes a las mismas.
Las deliberaciones en las reuniones extraordinarias deberán contar con la
presencia de la totalidad de los miembros del Comité de Estabilidad Jurídica
establecidos en el literal b) del artículo 4° de la Ley 963 de 2005. Las decisiones
se adoptarán por mayoría absoluta (...)” (negrilla fuera del texto original).
En estos términos se deja sentado el marco general de los contratos de estabilidad
jurídica vigente al momento de presentarse la solicitud de Z.F. Celsia, por lo que la
Sala procederá a estudiar los cargos de nulidad elevados por la demandante.
Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 11 de octubre de 2023. Radicación No. 25-000-23-37-000-
2017-01611-01 (26.342), C.P: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
5.2. Análisis de los cargos de nulidad:
La parte demandante manifestó su desacuerdo frente a los argumentos expuestos
por el a quo en relación con los cargos de (i) falta de competencia, (ii) falsa
motivación y (iii) violación del principio de igualdad.
5.2.1. Falta de competencia:
El demandante cuestionó que el tribunal concluyera que los asistentes al Comité se
encontraban debidamente delegados por los ministros que lo integraban, sin referir
el correspondiente sustento probatorio. Argumentó que la única entidad que aportó
la delegación fue el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 4 de septiembre
de 2014, y que esta no podía ser valorada por haberse entregado por fuera del
término de la contestación de la demanda, por lo que insistió en que el acto fue
expedido sin competencia.
Como se relacionó en el hecho probado 4.6., el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía
allegaron en debida forma los actos de delegación en los funcionarios que asistieron
al Comité de Estabilidad Jurídica, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público no acreditó dicha delegación:
Nombre Cargo Entidad Acto de delegación
Carlos A. de Hart P. Viceministro de Ministerio de Resolución 0764 del
Desarrollo Empresarial - Comercio, Industria y 27 de abril de 200766.
Presidente del Comité Turismo.
Fernando Estupiñán Subdirector de Política Departamento Resolución 1826 del
Industrial y Comercial Nacional de 21 de septiembre de
Planeación 201167.
Oscar Enrique Asesor Viceministro Ministerio de No se evidencia acto
Guzmán S. Técnico Hacienda y Crédito de delegación en el
Público expediente.
Sonia Patricia Asesora Despacho Ministerio de Minas y Artículo 5° de la
Zabala G. Ministro de Minas y Energía - ramo en el Resolución No. 18
Energía que se realiza la 1939 del 14 de
inversión. octubre de 201068 y
Resolución No 18
1556 del 23 de
septiembre de
201169.
66
Fl. 333, c1.
67
Fl. 331, c1.
68
Fls. 267 – 269, c1.
69
Fl. 271, c1.
22
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
De acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 02 del 20 de junio de 2008, el
quórum para deliberar y decidir en las reuniones ordinarias70 del Comité de
Estabilidad Jurídica se entendía conformado por dos de los miembros permanentes
o sus delegados y se adicionaba con el Ministro del ramo en el que se estuviera
proyectando la inversión, o su delegado.
La Sala observa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no aportó el acto
de delegación del funcionario que participó la decisión demandada. Sin embargo,
esta situación no representa un vicio ni afecta la validez de la decisión, dado que
aun sin la presencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el quórum para
deliberar y decidir se conformó como corresponde.
En ese sentido, en el proceso se acreditaron los actos de delegación de dos
miembros permanentes del Comité -esto es, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Departamento Nacional de Planeación-, así como el del Ministerio de
Minas y Energía -ramo en el que se proyectaba la inversión-, dando cumplimiento
al reglamento del Comité. Adicionalmente, la decisión fue tomada por unanimidad,
según se desprende del Acta No. 012 del 19 de octubre de 201171.
Por otra parte, frente a la oportunidad para aportar los actos de delegación, estos
fueron remitidos por el Ministerio de Minas y Energía el 27 de enero de 2014, con la
contestación de la demanda, y por las demás entidades tras el requerimiento
realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, mediante auto del
21 de junio de 201472, y en los términos del artículo 175 del CPACA, ordenó que se
aportaran los antecedentes administrativos relativos al proceso73.
El Departamento Nacional de Planeación dio respuesta al requerimiento el 9 de julio
de 2014 y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 4 de septiembre del
mismo año, antes de la audiencia inicial llevada a cabo el 23 de mayo de 201674.
En esta diligencia, se decretaron como pruebas todos los antecedentes
administrativos aportados por los demandados, lo cual no fue controvertido por la
parte demandante durante el proceso, pues tanto en los alegatos de conclusión
70
En el acta No. 012 del 19 de octubre de 2011 no se manifestó que se tratara de una reunión
extraordinaria y el demandante no cuestionó este aspecto.
71
Fl. 120, c4.
72
Fls. 324 – 326, c5.
73
Artículo 175. “PARÁGRAFO 1o. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad
pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar
el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que
se encuentren en su poder. (...) La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria
gravísima del funcionario encargado del asunto”.
74
Fls. 190 –195, c5.
23
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
como en la apelación solamente se indicó que los actos de delegación no habían
sido allegados, cuestión que ya ha sido dilucidada por la Sala.
De acuerdo con las consideraciones expuestas, se evidencia que la decisión de
improbar el contrato de estabilidad jurídica para el proyecto Flores IV presentado
por Z.F. Celsia fue adoptada por funcionarios debidamente delegados por los
integrantes del Comité, y que estos actos de delegación fueron aportados como
parte de los antecedentes administrativos objeto del proceso. En consecuencia, el
cargo de nulidad por falta de competencia no prospera.
5.2.2. Falsa motivación:
En segundo lugar, el demandante no compartió lo decidido en primera instancia
frente al cargo de falsa motivación, porque, contrario a lo indicado por el tribunal,
Z.F. Celsia no solo acreditó los requisitos formales para acceder al contrato de
estabilidad jurídica, sino que también demostró la trascendencia económica y social
del proyecto, por lo que se debió acceder a su solicitud. De igual forma, reiteró que
el Comité no podía aplicar la Ley 1450 de 2011 -que definía como requisito para la
suscripción del contrato de estabilidad jurídica que las inversiones se realizaran en
proyectos que entraran en operación con posterioridad a la suscripción del contrato-
, dado que no se encontraba vigente al momento de presentar la solicitud, y que el
tiempo transcurrido entre esta y la decisión final evidenciaban la mala fe y la
intención del Comité por esperar la expedición de tal normativa, con el propósito de
descartar el trámite del actor.
Para empezar, es pertinente aclarar que el demandante parte de una afirmación
errónea para sustentar el cargo relacionado con la aplicación de la Ley 1450 de
2011. Ciertamente, del material probatorio obrante en el proceso, se colige que el
Comité no tuvo en consideración dicha norma, por lo que la supuesta mala fe en la
aplicación de la Ley 1450 de 2011 constituye una simple conjetura del demandante,
de la cual no existe ninguna prueba75. En tal sentido, se desestimará este argumento
elevado por Z.F. Celsia.
75
Sin perjuicio de esto, la Sala en anteriores oportunidades ha concluido que, incluso en vigencia de
la Ley 963 de 2005, la presentación de solicitudes de contratos de estabilidad jurídica para
inversiones con una avanzada ejecución no se compaginaba con las finalidades de dicha norma:
“Esta Corporación, al resolver controversias relacionadas con los contratos de estabilidad, ha
considerado que el hecho de que su suscripción se pida respecto de proyectos en ejecución, que
cuenten con un estado avanzado de realización y/o que ya están cerca de concluir, ‘no resulta
coherente con la protección y viabilidad otorgada por el legislador a los contratos de estabilidad
jurídica’, pues la motivación que impulsa la existencia de ese acuerdo es fomentar el crecimiento
económico con inversiones nuevas o la ampliación de las existentes, lo que no sucede si aquellas
son pasadas y están ad portas de finalizar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 1 de diciembre de 2023, Radicación No. 25000-23-36-000-2015-02409-02 (69.585),
C.P.: Nicolás Yepes Corrales (E).
24
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Ahora bien, la Sala observa que el Comité tampoco negó en su decisión la
trascendencia económica y social del proyecto, por lo que esto no será objeto de
este pronunciamiento. La motivación de la decisión tomada por el Comité se
fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley
963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un
73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma,
sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma
y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994
garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.
Frente a la primera razón expuesta por el Comité, de conformidad con el marco
jurídico expuesto en el acápite anterior, es claro que la finalidad de los contratos de
estabilidad jurídica era proteger las inversiones en el país y garantizar que “si
durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas
que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión,
los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas
por el término de duración del contrato respectivo”76.
Al respecto, la Sala se pronunció en un caso similar sobre la importancia del
elemento motivacional como condición fundamental de la propuesta de inversión,
señalando que el carácter determinante de las normas era lo que permitía al
inversionista tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto. En tal sentido, la no
acreditación de este elemento es razón suficiente para improbar la celebración de
un contrato de estabilidad jurídica:
115. En este orden de ideas, habiendo presentado el actor un proyecto de
inversión que no cumplía con la demostración de la finalidad establecida como
supuesto del contrato, esta circunstancia se constituye en criterio de razón
suficiente para que el Comité de Estabilidad Jurídica improbara la solicitud del
actor, se insiste, sin necesidad de profundizar en ningún otro aspecto de la
misma.
116. Como efecto de lo anterior, igualmente basta a la Sala constatar la
inexistencia del elemento motivacional en la petición de contrato elevada
por el actor, para que, al margen de los demás criterios de su solicitud –
incluidos los beneficios económicos presentados, el tipo de contrato de que se
trate, el número de empleos a generar, entre los demás factores de revisión–
se evidencie que tal propuesta estaba por fuera del ámbito de aplicación
de la Ley 963 de 2005, lo que hace improcedente el estudio de los demás
cargos formulados pues dicha petición, ab initio, no podía entenderse como una
intención concordante con los fines de la ley de estabilidad jurídica, sino extraña
a ella77 (negrilla fuera del texto original).
76
Artículo 1°, Ley 963 de 2005.
77
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de agosto de 2021. Radicación No. 25000-
23-36-000-2015-00995-01(58927), C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
25
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Para el caso de la empresa Z.F. Celsia, la Sala observa que se presentó la solicitud
de contrato de estabilidad jurídica el 15 de febrero de 2010. Al finalizar el año 2009,
ya se encontraba ejecutado el 73,66% de la inversión, esto es, $291.694’689.416,
de un total de $395.999’156.571, valores que fueron certificados por el revisor fiscal
de la empresa78 .
Esto permite concluir que la inversión se encontraba lo suficientemente avanzada
y, por lo tanto, la empresa tomó la decisión de realizarla asumiendo los riesgos que
esta conllevaba con independencia de la suscripción de un contrato de estabilidad
jurídica. Esta posición fue asumida por la Sala en un proceso anterior, que resulta
de suma relevancia para el análisis de este caso, en el que una empresa presentó
la solicitud de contrato de estabilidad jurídica con una inversión ejecutada del 31%79.
Allí, concluyó lo siguiente:
(…) la materialidad de una inversión que representaba el 31.3% de todo el
proyecto que se pretendía estabilizar, claramente no pertenece al ámbito
normativo de la ‘Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas’ comoquiera
que, al haber superado la etapa motivacional que precede a la inversión, no
puede posteriormente aducirse como factor determinante aquello que en su
momento no lo fue. En otras palabras, arrastrar la causa o motivo de una
inversión ejecutada en 2008 y 2009 a un momento posterior para solicitar
el contrato, no se corresponde con la fuerza misma de los
acontecimientos, ni con el carácter determinante y previo del móvil que
debía fundar la decisión inversionista (negrilla fuera del texto original).
Retomando dicha posición, la Sala considera que la presentación de solicitud de
estabilidad jurídica para una inversión que se ha ejecutado en un 73,66% resulta
ajena a las finalidades de la Ley 963 de 2005 y, por lo tanto, la decisión del Comité
de negar la solicitud resulta razonable y ajustada a la norma.
Adicional a la avanzada ejecución de la inversión, Z.F. Celsia expuso en la solicitud
de contrato de estabilidad jurídica las normas tributarias, del sector eléctrico,
aduaneras, entre otras que, a su criterio, habían sido determinantes para la
inversión del proyecto Flores IV. Manifestó además que, si se llegaran a presentar
cambios normativos en estos ámbitos, “se afectaría el proyecto y por ende las
razones que llevaron a los inversionistas a desarrollar el proyecto Flores IV”80 y que
por lo tanto el contrato de estabilidad jurídica era fundamental para el proyecto.
Al respecto, la Sala observa que la única pretensión económica de la parte
demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio. En
78
Fl. 110, c4.
79
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de agosto de 2021. Radicación No. 25000-
23-36-000-2015-00995-01(58927), C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
80
Fl. 25, c4.
26
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
la solicitud del contrato se pretendía la estabilización de normas relativas al
impuesto al patrimonio para el año gravable 201181. Dentro de estas disposiciones,
se encontraban los artículos 292-1, 293-1 y 294-1 del Estatuto Tributario -Decreto
Ley 624 de 1989-. Sin embargo, estas disposiciones fueron incorporadas al Estatuto
Tributario mediante la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, momento para el
cual ya se encontraba ejecutado el 73,66% del proyecto. Es decir, que esta norma
no fue realmente determinante de la inversión, sino que fue expedida con
posterioridad y el demandante pretendía estabilizarla, a pesar de no haber estado
vigente cuando tomó la decisión de invertir.
Las consideraciones expuestas son suficientes para concluir que el demandante no
probó el elemento motivacional para la celebración del contrato de estabilidad
jurídica. Por el contrario, la avanzada ejecución de la inversión y la solicitud de
estabilizar normas que no se encontraban vigentes al inicio del proyecto dan cuenta
de que este no fue motivado por la figura creada en la Ley 963 de 2005, se llevó a
cabo con independencia de la celebración de un contrato de estabilidad jurídica y
no cumplía con las finalidades propuestas por la norma.
Ahora bien, con respecto al segundo fundamento de la decisión del Comité de
Estabilidad Jurídica, el demandante no presentó ningún argumento en la demanda
ni en la apelación tendiente a desvirtuar que el régimen tarifario del sector en el que
realizó su inversión no garantizaba la recuperación de la misma, y que -por lo tanto-
sí requería la suscripción del contrato de estabilidad jurídica. En ese sentido, no se
acreditó ninguna irregularidad en este fundamento de la decisión del Comité.
Dado que el demandante no probó que el proyecto atendiera a las finalidades de la
Ley 963 de 2005 y no desvirtuó que el régimen tarifario garantizaba su inversión y,
en ese sentido, no requería el contrato de estabilidad jurídica solicitado, el cargo por
falsa motivación no prospera.
5.2.3. Desconocimiento del principio de igualdad:
Como último cargo de nulidad de la decisión tomada por el Comité, el demandante
alegó el desconocimiento del principio de igualdad por haberse aprobado otros
proyectos que se encontraban en ejecución antes de la suscripción del contrato.
Para ello, mencionó los casos de la Compañía Nacional de Chocolates, Compañía
de Galletas Noel, Bavaria S.A.82 y Jerónimo Martins. Sobre este último, solicitó al
81
Fl. 46, c4.
82
En el escrito de apelación se relacionó un link de verificación en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para estos tres casos:
27
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
despacho sustanciador decretar como prueba de oficio la copia del contrato, los
informes de auditoría y los informes de ejecución del contrato de estabilidad jurídica.
Al respecto, la Sala observa que este argumento no fue presentado en la demanda
inicial y que los casos de la Compañía Nacional de Chocolates, la Compañía de
Galletas Noel y Jerónimo Martins solamente fueron incluidos en sede de apelación,
por lo que, en virtud de la regla de congruencia83, consagrada en el artículo 281 del
Código General del Proceso, no serán estudiados en esta instancia.
Frente a los casos de Bavaria S.A., ISA, ISAGEN y EPM, la Sala evidencia que la
demandante no aportó las solicitudes presentadas por estas compañías, las
aprobaciones hechas por el Comité ni los respectivos contratos celebrados. Por este
motivo, no es posible analizar si en efecto existió o no una vulneración del principio
de igualdad, pues no se pueden comparar las situaciones y condiciones de estas
sociedades con las de Z.F. Celsia.
Ahora bien, no son de recibo los argumentos elevados por la demandante en sede
de apelación, según los cuales el juez de primera instancia podía buscar los
documentos en la web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o decretarlos
como prueba de oficio, pues esta es una tarea que le corresponde a la demandante,
dado que la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos exige
que quien alega un vicio tenga la carga de probar sus afirmaciones. En tal sentido,
no se trata solamente de mencionar que otras empresas del mismo sector con
proyectos de trascendencia económica y social similar al presentado por Z.F. Celsia
fueron suscritos, sino que además la demandante debía aportar la documentación
que soportara sus afirmaciones y hacer una comparación seria de las solicitudes,
las normas aplicables y los argumentos brindados en uno u otro caso con el fin de
poder dilucidar si efectivamente la decisión desconocía el principio de igualdad84.
www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145. Sin embargo, al ingresar al
enlace, el navegador no arrojó resultados.
83
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2023.
Radicación No. 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59.414), C.P: María Adriana Marín: “(...) debe
recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la decisión de forma congruente con la
demanda, la sentencia y el recurso; en tal sentido, no puede abordar materias que se señalan en
la apelación, que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio
del proceso o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita
cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido
proceso a las partes en el proceso judicial (...)”.
84
La Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en distintas oportunidades
relacionadas específicamente con el desconocimiento del principio de igualdad en la decisión sobre
los contratos de estabilidad jurídica. En estos pronunciamientos se ha desestimado el cargo, dado
que la demandante no aportó el material probatorio necesario ni cumplió con la carga argumentativa
para realizar un juicio de igualdad. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 27 de agosto de 2021. Radicación No. 25000-23-36-000-2015-00995-01(58.927), C.P:
José Roberto Sáchica; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 23 de
noviembre de 2022. Radicación No. 25000-23-36-000-2013-00855-02(57.899), C.P: Martín
Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4 de octubre
28
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Finalmente, la facultad para decretar pruebas de oficio establecida en el artículo 213
del CPACA tiene como finalidad el esclarecimiento de la verdad frente a puntos que
se tornen oscuros o difusos, pero no para suplir la carga de la prueba que le
corresponde a las partes85.
En estos términos, como el demandante no demostró que el Comité hubiera
vulnerado el principio de igualdad, el cargo de ilegalidad por esta razón no prospera.
5.3. Fijación de agencias en derecho:
La parte demandante cuestionó la fijación de agencias en derecho realizada en
primera instancia, por considerar que estas se asimilan a las costas, y que no se
encontraban probadas en los términos de los artículos 361 y 365 del Código General
del Proceso. Asimismo, manifestó que no se encontró probada la mala fe o la
temeridad de Z.F. Celsia, por lo que no era procedente la fijación de agencias en
derecho.
La Sala debe aclarar que el régimen incorporado por el Código General del Proceso
en su artículo 36586 para la condena en costas es objetivo, por lo que no atiende a
criterios de mala fe o temeridad como lo manifiesta el demandante. Ahora bien, las
agencias en derecho hacen parte de la condena en costas87 y deben ser fijadas de
conformidad con las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. De
esta manera, el tribunal podía fijar las agencias en derecho atendiendo a su régimen
objetivo dado que la parte demandante fue vencida en el proceso.
Por su parte, el numeral 5 del artículo 366 ejusdem establece que la oportunidad
procesal para controvertir la liquidación de las expensas y las agencias en derecho
de 2023. Radicación No. 25000-23-36-000-2013-02084-01(57.988), C.P: Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
85
Al respecto, se ha pronunciado el Consejo de Estado, así: “se advierte que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso «incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», y que esta
Corporación ha señalado que «la carga de la prueba no puede ser suplida por el juez, quien
únicamente está facultado para decretar pruebas de oficio con la finalidad de esclarecer los
hechos objeto de la controversia, mas no para sustituir las obligaciones probatorias de las
partes»” (negrilla fuera del texto original). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 14 de septiembre de 2023. Radicación No. 27001-23-33-000-2017-00136-01 (0852-
2019), C.P: Gabriel Valbuena Hernández.
86
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código” (negrilla fuera del texto original).
87
Código General del Proceso, artículo 361: “Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
29
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
es el recurso de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de
costas, el cual se profiere por el juez de primera instancia una vez ejecutoriada la
providencia que ponga fin al proceso. Por lo tanto, los reparos sobre el monto de las
agencias en derecho no corresponden a esta instancia y deben ser elevados en la
oportunidad y mediante el mecanismo procesal adecuado.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará en su totalidad la decisión de primera
instancia.
6. Costas:
Como se ha indicado, en el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó
un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia
de su conducta. Teniendo esto presente, y para efectos de la condena en costas en
segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil.
Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem
establece que las costas “[...] están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto,
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo
366 de esa misma disposición.
Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a
quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, debido a que este no prosperó88. La liquidación de las costas la hará de
manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y
otras circunstancias especiales, si las hubiere.
88
El numeral 3 del artículo 365 del CGP dispone: “[...] 3. En la providencia del superior que confirme
en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, cuyas pretensiones ascendían a la suma de $12.946’685.000.
Asimismo, las entidades demandadas designaron los respectivos apoderados,
quienes intervinieron en todas las actuaciones de la segunda instancia.
Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 200389, vigente para la fecha en que
se presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia
en el 0.5% de las pretensiones, es decir, la suma de SESENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/L ($64’733.425) a favor de la parte demandada,
conformada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento
Nacional de Planeación; el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en proporciones iguales. La anterior condena deberá incluirse en
el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, con fundamento en las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas del proceso.
Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en
esta instancia, se fija la suma equivalente a SESENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/L ($64’733.425) a favor de la parte demandada, conformada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación; el
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
proporciones iguales.
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“ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: [...] III.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. [...] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor
de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01502-01 (57.861).
Actor: Zona Franca Celsia S.A. ESP.
Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF
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