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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00855-02

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00855-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 7 de julio de 2016 proferida por la 19 <<En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.>> 20 A folios 212 y 213 del cuaderno principal obran los alegatos de conclusión de segunda instancia presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A folios 214 y 215 los del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a folios 216 a 222 los del Departamento Nacional de Planeación y a folios 234 a 236 los del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 21 <<3.1.3. Segunda instancia (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.>> 11 Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899) Demandante: Productora Nacional Avícola S.A. Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. LIQUÍDENSE por Secretaría e inclúyanse por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las entidades demandadas. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00855-02

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

23 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
Demandados: Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros
Naturaleza: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Se confirma la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Los actos demandados no son nulos
por falsa motivación ni por violación al derecho a la igualdad. En
vigencia del CPACA, la condena en costas no exige la verificación
de la conducta de la parte vencida.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 7 de julio de 2016 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones
de la demanda.

Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1. A su vez, el tribunal
era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón a la
cuantía, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 152 del CPACA2.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 29 de septiembre
de 20163. En auto del 27 de octubre del mismo año se dio traslado a las partes y
al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión4. Las partes
presentaron oportunamente sus alegatos y el Ministerio Público guardó silencio5.

1 <<El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.>>
2 << 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de

cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (…).>>
3Cuaderno principal, folio 205.
4Cuaderno principal, folio 207.
5 Cuaderno principal, folios 238

1

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 18 de abril de 2013 la sociedad Productora Nacional Avícola S.A. (en
adelante, <<Pronavícola>> o la <<demandante>>) presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación. En la
reforma de la demanda6 se formularon las siguientes pretensiones:

<<A. Que se declare la nulidad de la actuación administrativa integrada por los
siguientes actos:

1. El acta No. 09 del 6 de septiembre 0000de 2011, expedida por la Secretaría
Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica de la Dirección de Productividad y
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en lo que respecta
al punto 5 donde se evalúa y decide de forma negativa la solicitud del contrato de
estabilidad jurídica presentada por Pronavícola

2. La Resolución No. 024 del 18 de octubre de 2012, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la compañía contra el Acta No. 09 del 6 de septiembre
de 2011, proferida por el Comité de Estabilidad Jurídica, por medio de la cual se
negó la solicitud para la suscripción de Contrato de Estabilidad Jurídica.

(…)

B. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de Pronavícola
en los siguientes términos:

1. Se declare que el proyecto de inversión presentado por Productora Nacional
Avícola S.A. para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica cumple con
los requisitos establecidos en la Ley 963 del 8 de julio de 2005 para los contratos
de estabilidad jurídica con la Nación.

2. Que se entienda suscrito el contrato de estabilidad jurídica bajo los términos
contemplados en la ley y con base en los supuestos y peticiones contenidos en la
solicitud presentada por la compañía (…)

3. Que se ordene a las entidades que corresponda, según las normas estabilizadas
que hayan sido objeto de modificaciones en forma adversa a Pronavícola, la
devolución de los mayores valores asumidos por la compañía con posterioridad a
la improbación del contrato de estabilidad jurídica; esto es el 6 de septiembre de
2009, fecha de expedición del Acta 09 del Comité de Estabilidad Jurídica y hasta
la fecha en que se dicte sentencia definitiva. (…)

4. Que se declare que Pronavícola no debe liquidar y pagar a las entidades que
corresponda, según las normas estabilizadas que hayan sido modificadas, los
mayores valores que se deriven con ocasión de las variaciones normativas en
forma adversa a Pronavícola, que se hubieren producido con posterioridad a la
aprobación de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica, esto es el 6 de

6 La reforma de la demanda fue admitida mediante providencia del 17 de marzo de 2014. Cuaderno No. 4,

folio 321.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

septiembre de 2011, desde la fecha en que dicte la sentencia definitiva y por el
término que reste para la finalización del contrato de estabilidad jurídica.

5. Que para el caso específico del artículo 158-3 del Estatuto Tributario solicitado
como norma a estabilizar en el contrato de estabilidad jurídica y teniendo en cuenta
que la decisión que niega la solicitud del contrato de estabilidad jurídica fue tomada
en acta 09 del 6 de septiembre de 2011, se declare que Pronavícola tenía derecho
a tomar la deducción especial por inversiones en activos fijos reales productivos
durante los años 2011, 2012 y 2013. (…)

6. Que conforme lo anterior, se ordene a la DIAN devolver a Pronavícola las sumas
adicionales que fueron pagadas en su declaración del impuesto sobre la renta al
no poder liquidar la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos
por los años de ejecución del contrato en el cual no pudo tomarse este beneficio,
junto con los intereses por mora correspondientes desde la fecha de cada pago
hasta que se efectúe la devolución>>7.

2.- La demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 30 de julio de 2009 Pronavícola presentó ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo una solicitud para la celebración de un contrato de estabilidad
jurídica, con fundamento en el proyecto de inversión para la compra de aves,
materia prima, vacunas y desarrollo de infraestructura para el levante de aves
comerciales y producción de huevos fértiles. La inversión del proyecto
correspondería a una suma de cuarenta y ocho mil millones de pesos
($48.000.000.000) durante un término de doce (12) años.

2.2.- Mediante Acta 09 del 6 de septiembre de 2011 el Comité de Estabilidad
Jurídica (en adelante, el <<Comité>>) negó la solicitud por las siguientes
razones:

a.- La inversión propuesta solo se realizó sobre el componente de compra de
aves para reposición de inventario y no contempló el componente de
infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior, la reposición de las aves
correspondía a un costo en el que debía incurrir la solicitante para mantener su
nivel de producción y no constituía una inversión que incrementara su capacidad
productiva.

b.- Las externalidades positivas derivadas del proyecto de inversión no tenían la
suficiente entidad para justificar la celebración de un contrato de estabilidad
jurídica. La creación de 21 empleos directos y la entrega de kits escolares a la
comunidad ocurrieron en 2008, y luego de lo anterior no se verificó ningún
impacto social adicional.

2.3.- Pronavícola presentó recurso de reposición contra este acto, el cual fue
decidido mediante Resolución No. 024 del 18 de octubre de 2012 en el sentido
de confirmarlo en su integridad.

7 Cuaderno principal, folios 139 a 141.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

2.4.- De acuerdo con el demandante, los actos administrativos son nulos por las
siguientes razones, entre otras8:

a.- Falsa motivación, pues el Comité no entendió el alcance del proyecto y se
limitó a afirmar que la inversión correspondía a la compra de aves para la
reposición del inventario, cuando esto era solo una parte de la totalidad del
proyecto. Además, no analizó las externalidades positivas que conllevaba el
proyecto de inversión propuesto.

b.- Violación a los principios de lealtad procesal, confianza legítima y buena fe,
pues al haberse cumplido los requisitos que exigía la Ley 963 de 2005, la
demandante tenía el derecho a que se celebrara el contrato de estabilidad jurídica
pretendido.

c.- Violación al principio de igualdad, porque en otras oportunidades el Comité
dio el visto bueno para la celebración de contratos de estabilidad jurídica respecto
de proyectos de inversión que también se enfocaban en la adquisición de activos
fijos reemplazables por su uso.

B.- Posición de la parte demandada

3.- Las entidades demandadas contestaron la demanda, se opusieron a las
pretensiones y presentaron los siguientes argumentos de defensa:

3.1.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público argumentó que: (i) la admisión
de la solicitud por el cumplimiento de los requisitos formales no implica un
derecho adquirido a la celebración del contrato de estabilidad jurídica, pues era
necesario que la solicitud fuera evaluada de fondo por el Comité; (ii) la decisión
del Comité se fundamentó en lo dispuesto en la Ley 963 de 2005 y en el
documento CONPES 336 de 2005, y (iii) la solicitante inició el proyecto de
inversión antes de que se le resolviera la solicitud, por lo tanto la estabilidad
solicitada no era necesaria para ejecutarlo.

3.2.- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que: (i) el
cumplimiento de los requisitos de admisión de la propuesta no implica un derecho
adquirido y, por lo tanto, al negar la solicitud no se vulneraron los principios de
confianza legítima y buena fe; (ii) no se violó el derecho a la igualdad, pues los
proyectos y objetos de las sociedades con quienes sí se suscribieron contratos
de estabilidad jurídica son diferentes a los de la demandante, y (iii) el proyecto
de inversión se centró en el reemplazo de activos fijos, que eran necesarios para
mantener el nivel de producción de la sociedad, y por tanto no se cumplía el
objetivo de realizar una inversión nueva o de ampliar las existentes.

8 La Sala hará referencia únicamente a los cargos de nulidad que fueron objeto de apelación por parte de la

demandante.

4

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Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

3.3. El Departamento Nacional de Planeación indicó que: (i) tal como lo señaló el
Comité, el proyecto presentado por la demandante no implicaba una adición a la
capacidad productiva de la sociedad que pudiera diferenciarse de aquellas que
son propias para mantener su nivel de producción; (ii) la demandante recibió el
mismo trato que cualquier sociedad que presentara una solicitud y, en todo caso,
las empresas con las que sí se celebró un contrato de estabilidad jurídica se
encontraban en situaciones diferentes respecto de la demandante; y (iii) el
Comité cuenta con cierta discrecionalidad al evaluar las solicitudes, y la
evaluación se hizo dentro de límites justos y ponderados.

3.4.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que: (i) el acto no está
falsamente motivado, pues de conformidad con la Ley 963 de 2005, para poder
celebrar un contrato de estabilidad jurídica, la inversión propuesta debe
representar un valor agregado para la economía nacional y regional, lo que no se
cumplió en este caso; y (ii) no existió una vulneración al derecho a la igualdad
pues las empresas con las cuales la demandante pretende equipararse funcionan
en sectores diferentes de la economía.

C.- Sentencia recurrida

4.- El 7 de julio de 2016 la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las
pretensiones de la demanda. En síntesis, consideró que:

4.1.- La sola admisión de la solicitud, por cumplir los requisitos legales dispuestos
en la Ley 953 de 2005, no implica un derecho adquirido a la celebración del
contrato de estabilidad jurídica. El Comité debe evaluar la solicitud admitida para
determinar si el proyecto presentado cumple con el objetivo de promover
inversiones nuevas o ampliar las existentes. Por lo anterior, no se violó el derecho
al debido proceso ni se vulneraron los principios de buena fe, lealtad procesal y
confianza legítima.

4.2.- El acto no está falsamente motivado. El tribunal compartió lo señalado por
el Comité en el sentido de que la inversión propuesta se centraba en la compra
de aves para la reposición del inventario. Por lo tanto, no se demostró que el
proyecto representara una adición a la capacidad productiva diferente a las
inversiones propias de la empresa para seguir realizando su objeto.

4.3.- No se demostró la violación al derecho a la igualdad de la demandante.
Pronavícola se limitó a realizar una comparación del objeto de su solicitud con
otros contratos de estabilidad jurídica celebrados con otras sociedades, pero no
probó que estas se encontraran en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas.
Tampoco demostró que los proyectos de inversión comparados tuvieran los
mismos objetivos y finalidades.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

4.4.- Finalmente, señaló que, contrario a lo afirmado por la demandante, la Ley
1450 de 2011 podía ser aplicable retroactivamente para resolver su solicitud, así
no estuviera vigente para el momento de su radicación. Lo anterior, en la medida
en que en los procedimientos administrativos se pueden aplicar no solo las
normas que estaban vigentes al momento del inicio del procedimiento, sino
también aquellas que se expidan antes del acto administrativo definitivo.

D.- Recurso de apelación

5.- La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y acceder a
las pretensiones de la demanda. Presenta los siguientes reparos concretos:

5.1.- El tribunal incurre en el mismo error del Comité al considerar que la
reposición de aves era el único punto del proyecto de inversión propuesto. El
proyecto en su conjunto iba mucho más allá y se demostró que tenía un efecto
positivo en el fortalecimiento de la capacidad productiva de la sociedad, generaba
empleos directos e indirectos y crecimiento económico del sector avícola y otros
conexos.

5.2.- La solicitud no solo cumplió con los requisitos formales para su admisión;
también cumplió con el objetivo de promover nuevas inversiones o ampliar las
existentes. Por lo tanto, el Comité debió aprobarla.

5.3.- En relación con la violación al derecho a la igualdad, el tribunal no tuvo en
cuenta que en la demanda se referenciaron tres contratos de estabilidad jurídica
sobre proyectos que implicaban una inversión en reposición de activos fijos
reemplazables. Lo anterior es suficiente para afirmar que a la demandante se le
dio un tratamiento diferente al no habérsele aprobado la solicitud para la
celebración del contrato de estabilidad jurídica.

5.4.- Respecto de la aplicación retroactiva de la Ley 1450 de 2011 señaló que,
por regla general, la ley se aplica hacia el futuro. En este caso la solicitud se
radicó el 30 de julio de 2009, en vigencia de la Ley 963 de 2005, por lo cual no
podía aplicarse la Ley 1450 de 2011.

5.5.- Finalmente, señaló que la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia no era procedente, pues no se verificó que su conducta fuera
temeraria o de mala fe.

II. CONSIDERACIONES

E.- Asuntos procesales, objeto de apelación y plan de exposición

6.- La Resolución No. 024 del 18 de octubre de 2012, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el Acta No. 09 del 6 de septiembre de 2011
mediante la cual se negó la solicitud para la celebración de un contrato de

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Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

estabilidad jurídica, fue notificada el 17 de diciembre de 20129. Por lo tanto, el
término de caducidad de cuatro meses de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho vencía el 18 de abril de 2013, fecha en la cual se radicó la
demanda10 y por lo tanto esta es oportuna11

7.- Para determinar el objeto de apelación, la Sala advierte que, contrario a lo
afirmado por el tribunal, la demandante no formuló un cargo de nulidad por la
aplicación retroactiva de la Ley 1450 de 2011 para resolver su solicitud. En la
demanda se afirmó que:

<<La Ley 1450 de 2011 modificó el régimen de estabilidad jurídica en lo referente
a la liquidación de la prima, para aquellos contratos que efectivamente fueran
firmados (…) es claro entonces que uno de los puntos a tratar por parte de este
despacho, si es que su decisión resulta favorable a los intereses de la
compañía, tendrá que ver con la prima aplicable al contrato (…) creemos que se
debe aplicar según el criterio vigente al momento en que Pronavícola presentó la
solicitud>>12.

8.- Así, es claro que el asunto de la aplicación de la Ley 1450 de 2011 solo tendría
relevancia en caso de que se accediera a las pretensiones de la demanda. Por
lo tanto, en la medida en que se negarán las pretensiones, no se hace necesario
analizar la norma aplicable para efectos de fijar la prima del contrato de
estabilidad jurídica.

9.- Además, la Sala advierte que el cargo de violación a los principios de buena
fe, confianza legítima y lealtad procesal corresponde, en realidad, al mismo cargo
de falsa motivación pues, en criterio del demandante, el proyecto de inversión sí
cumplía los requisitos para que se aprobara la celebración del contrato de
estabilidad jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de apelación
consiste en determinar: (i) si los actos demandados son nulos por falsa
motivación; (ii) si los actos demandados son nulos por violación al derecho a la
igualdad de la demandante; y (iii) si la condena en costas en primera instancia
era procedente.

10.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a Pronavícola. (i) Las
resoluciones demandadas no fueron falsamente motivadas; la decisión del
Comité fue acertada, pues el proyecto de inversión no cumplía con los objetivos
y requisitos señalados en la ley para que la celebración del contrato de estabilidad
fuera viable. (ii) El cargo de violación al derecho a la igualdad no está acreditado,
pues el demandante no aportó las solicitudes y contratos con los que pretende
equipararse. (iii) Por último, la condena en costas en primera instancia sí era

9 Cuaderno No. 2, folio 106.
10 Cuaderno No. 4, folio 89.
11 El agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación fue cumplido con posterioridad a la

radicación de la demanda mediante solicitud presentada el 11 de abril de 2013, cuaderno No. 2, folios 86 a
88.
12 Cuaderno principal, folio 202.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

procedente conforme con la normativa aplicable, razón por la cual también se
condenará en costas a la demandante en esta instancia.

F.- Las resoluciones no son nulas por falsa motivación

11.- La Ley 963 de 2005 dispone que el objeto de los contratos de estabilidad
jurídica es <<promover inversiones nuevas y ampliar las existentes en el
territorio nacional>>. Respecto de la etapa de evaluación dispone la ley que:
<<La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o
improbará la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para tal efecto se
expida>>. En concordancia con lo anterior, el literal e) del artículo 3 del
Decreto 2950 de 2005 dispone que las solicitudes para la celebración de
contratos de estabilidad jurídica deberán contener una <<Exposición de las
razones que demuestren la importancia y el carácter determinante sobre la
decisión de inversión de las normas e interpretaciones administrativas
vinculantes objeto de la solicitud, de acuerdo con el Documento Conpes
respectivo>>.

12.- Por su parte el documento CONPES 3366 de 2005 estableció los criterios
que el Comité debe tener en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes:

<<Los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el interés
del inversionista que lo suscribe y el interés general. Preservarán la soberanía
legislativa y regulatoria del Estado, evitarán el desorden administrativo, y
salvaguardarán la sostenibilidad fiscal. (…)

(…) el inversionista solicitante aportará al Comité la información histórica
detallada sobre su actividad económica, con el objeto de contrastar el tamaño
relativo de la nueva inversión para la cual se solicita el contrato de estabilidad
jurídica en relación con la inversión existente (…).

El Comité considerará los efectos de la nueva inversión o la ampliación de las
existentes sobre la creación de empleo, el desarrollo regional, especialmente en
regiones deprimidas, la transferencia de tecnología, la generación de divisas, las
demandas derivadas sobre la producción nacional y el aumento del producto
interno bruto. El inversionista solicitante aportará la información necesaria para
que el Comité determine la rentabilidad económica y social de la celebración del
contrato de estabilidad jurídica en los términos propuestos por el solicitante>>.

13.- De conformidad con la solicitud presentada por la demandante, el objeto
del proyecto de inversión era:

<<la adquisición de aves y la adecuación de la infraestructura física y adquisición
de maquinaria y equipo requerido para el desarrollo de la operación de la
compañía>>13.

14.- Sobre las características del proyecto señaló que:
13 Cuaderno No. 2, folio 128.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

<<Pronavícola S.A. es una incubadora y su esencia es la producción de huevo
fértil para incubarlos durante 21 días y obtener nacimientos de pollitos y pollitas
para su venta de un día de nacidos (…).

Para producir huevo fértil en granjas es necesario adquirir cada año
reproductoras en un volumen aproximado de 120.000 aves en la línea liviana y
140.000 en la línea pesada con un costo aproximado de $4.000 millones cada
año. Con este nivel de reproductoras garantizamos la estabilidad y continuidad
del negocio>>14.

15.- Respecto del monto de la inversión indicó que:

<<Pronavícola realizará una inversión equivalente a cuarenta y ocho mil millones
de pesos (COP$48.000.000.000). Las inversiones serán realizadas durante un
periodo de 12 años a partir de 2009.

Así, para que las aves reproductoras estén a punto con el fin de producir el huevo
fértil del cual nacerán las pollitas y pollitos para venta y que es nuestra razón de
ser, se ha proyectado hacer inversiones de 4.000 millones anuales>>15.

16.- Finalmente, en relación con los beneficios sociales y económicos que su
proyecto de inversión traería señaló que:

<<(…) en al año 2009, Pronavícola S.A. hizo una contribución a la educación
haciendo entrega de 562 paquetes escolares distribuidos entre las diferentes
escueles que se encuentran ubicadas en las zonas aledañas a las instalaciones
de las granjas.

A diciembre 31 de 2009, Pronavícola S.A. contaba con un grupo humano activo
de 501 colaboradores. El crecimiento de la compañía ha permitido una constante
dinámica de ocupación laboral respecto al 2008, incrementando la generación de
empleo en 4.38%, es decir que generamos 21 empleos directos>>16.

17.- Con base en lo anterior, la Sala concluye que el Comité negó,
adecuadamente, la solicitud para la celebración del contrato de estabilidad
jurídica. En efecto:

17.1.- De conformidad con los criterios señalados en el documento Conpes
citado, se deberá evaluar <<el tamaño relativo de la nueva inversión (…) en
relación con la inversión existente>>. La demandante afirmó que el valor de la
reposición de aves para mantener el nivel de producción de la compañía
correspondía a cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) anuales, el mismo
monto de la inversión propuesta para cada año. En este sentido, para la Sala es
claro que el monto del proyecto de inversión propuesto correspondía, en realidad,
a los costos en los que la compañía tenía que incurrir para mantener su nivel

14 Cuaderno No. 2, folio 127.
15 Cuaderno No. 2, folio 126.
16 Cuaderno No. 2, folio 129.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

actual de producción, con lo cual no se verifica que se tratara de una nueva
inversión o se ampliara una inversión existente.
17.2.- La demandante afirmó que el Comité no tuvo en cuenta que la inversión
propuesta no solo implicaba la compra de aves para su reposición sino también
el desarrollo de infraestructura. Al respecto, aportó dos certificados emitidos por
el contador de Pronavícola de los cuales se infiere que para los años 2011 y 2012
la compañía realizó inversiones en adiciones de propiedad, planta y equipos por
cinco mil ciento veintiséis millones quinientos dieciocho mil novecientos setenta
y dos pesos ($5.126.518.972) y tres mil doscientos cuarenta y seis millones
quinientos treinta y un mil trescientos sesenta y tres pesos ($3.246.531.363)
respectivamente17. Sin embargo, no está acreditado que esta adición en equipos,
planta y propiedad esté relacionada con el proyecto de inversión propuesto en la
solicitud.

17.3.- Respecto del impacto en la generación de empleo, Pronavícola presentó
en la demanda unos cuadros en donde relaciona los empleados promedio por
año que tenía contratados18. En esta tabla se evidencia que el promedio para el
año 2009 fue de 458 empleados, para 2010 de 445 empleados, para 2011 de 447
empleados y para 2012 de 434 empleados. De lo anterior, la Sala concluye que,
contrario a lo afirmado en la demanda y la apelación, la inversión propuesta no
tuvo un impacto positivo la generación de empleo.

17.4.- Finalmente, afirmó en el recurso que su proyecto <<conllevaba una
especial trascendencia para el progreso y desarrollo de la economía del país>>.
Sin embargo, ni en la solicitud ni en los documentos aportados como prueba se
acreditan las supuestas externalidades positivas que conllevaría el proyecto y por
las cuales se justificaba la celebración del contrato de estabilidad jurídica.

G.- Las resoluciones demandadas no son nulas por violación al derecho a
la igualdad

18.- La demandante alegó que las sociedades Meals de Colombia S.A., Renting
Colombia S.A., Novaventa S.A. y Compañía Nacional de Chocolates S.A.
presentaron proyectos de inversión que también estaban relacionados con la
reposición de activos fijos reemplazables, y en estos casos el Comité sí accedió
a la celebración de contratos de estabilidad jurídica.

19.- Sin embargo, la demandante no aportó las solicitudes presentadas por estas
compañías, ni los respectivos contratos celebrados. Por este motivo, la Sala no
puede analizar si en efecto existió o no una vulneración a su derecho a la
igualdad, pues no puede comparar las situaciones y condiciones de estas
sociedades y Pronavícola.

H.- Costas en primera y segunda instancia

17 Cuaderno No. 2, folios 139 a 145.
18 Cuaderno principal, folio 20.

10

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

20.- El artículo 188 del CPACA, vigente para la fecha de interposición de la
demanda, señala que: <<la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.>>

21.- Por su parte, el artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas
<<a la parte vencida en el proceso>>, estableciendo así un criterio objetivo para
su procedencia. Por lo tanto, en vigencia del CPACA no es necesario analizar la
conducta de las partes para efectos de determinar la condena en costas, como
sí ocurría en vigencia del CCA, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17119.

22.- Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones, es claro que, al haberse
negado las pretensiones de la demanda, sí era procedente que el tribunal de
primera instancia condenara en costas a Pronavícola. Por tratarse de un proceso
iniciado en vigencia del CPACA, no era necesario determinar si la demandante
obró de male fe o de forma temeraria para que la condena en costas fuera
procedente.

23.- Además de lo anterior, al resolverse de forma desfavorable el recurso de
apelación, el recurrente será condenado en costas en segunda instancia, en la
medida de su comprobación, de conformidad con lo ordenado en los artículos
188 del CPACA, 365 y 366 del CGP y el Acuerdo No. 1887 de 2003 del C.S. de
la J.

24.- En consideración a que las entidades demandadas intervinieron en el trámite
de segunda instancia20, la Sala condenará a la recurrente por concepto de
agencias en derecho a la suma correspondiente a seis (6) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a favor de cada una de las entidades demandadas
de conformidad con los criterios y tarifas establecidas por el numeral 3.1.3 del
artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 200321 y teniendo en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión del apoderado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 7 de julio de 2016 proferida por la

19 <<En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta

asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.>>
20 A folios 212 y 213 del cuaderno principal obran los alegatos de conclusión de segunda instancia

presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A folios 214 y 215 los del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a folios 216 a 222 los del Departamento Nacional de Planeación y a folios 234
a 236 los del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
21 <<3.1.3. Segunda instancia (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones

reconocidas o negadas en la sentencia.>>

11

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00855-02 (57899)
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.

Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. LIQUÍDENSE por
Secretaría e inclúyanse por concepto de agencias en derecho la suma
correspondiente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor
de cada una de las entidades demandadas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

12

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