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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02084-01

Fecha
4 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02084-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de las entidades demandadas. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la liquidación de las costas, a favor de la Nación–Ministerio de Comercio, Industria y Turismo–Ministerio de Hacienda–Ministerio de Transporte–Departamento Nacional de Planeación conforme a lo indicado en la parte motiva de este fallo. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-02084-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

4 de octubre de 2023

Radicado: 25000-23-36-000-2013-02084-01 (57988)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2013-02084-01 (57988)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.
Demandados: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Contrato estatal de estabilidad jurídica.
Subtema 1: Factores de evaluación de propuestas.
Subtema 2: Discrecionalidad administrativa.
Subtema 3: Igualdad de acceso a la contratación estatal.
Subtema 4: Confesión judicial del representante legal de entidades del orden nacional.
Subtema 5: Criterio objetivo valorativo en condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la
sentencia del siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016) del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca –Sección Tercera, Subsección A– que denegó las pretensiones de
la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO

La sociedad demandante presentó solicitud de contrato de estabilidad jurídica, con
fundamento en un proyecto de expansión y potencialización del servicio de gas natural,
que tendría lugar entre los años 2010 y 2014 en ciertas zonas de la ciudad de Bogotá
y el municipio de Soacha. El Comité encargado de estudiar dicha solicitud, compuesto
por los órganos de la Nación demandados, negó la solicitud. Como fundamento de
ello, consideró que la tarifa de servicios públicos garantizaba la recuperación de la
inversión, y que las externalidades positivas del proyecto no eran suficientes para
acceder al beneficio de estabilidad jurídica.

La actora aduce que la decisión desfavorable es nula porque: (i) al incluir requisitos no
contemplados en el ordenamiento, seguir un procedimiento no previsto en las normas
legales y reglamentarias, y aplicar preceptos propios del sector de servicios públicos
domiciliarios, el Comité de Estabilidad Jurídica se extralimitó en sus competencias; (ii)
fue falsamente motivada, debido a que, en este contencioso, fueron practicas pruebas
de las externalidades positivas que su proyecto generaba y la tarifa del servicio público
no permitía la recuperación de lo invertido; y (iii) al suscribir contratos de estabilidad
jurídica con empresas en situación similar y rechazar la solicitud presentada por la
demandante, se incurrió en un trato discriminatorio.

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02084-01 (57988)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

2.1.1. El veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012), Gas Natural S.A. E.S.P.
(en adelante, GN o la Empresa)1 presentó, a través de apoderado judicial2, demanda3
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Minhacienda)–
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)–Ministerio de Minas y Energía
(Minminas)–Ministerio de Transporte (Mintransporte)–Departamento Nacional de
Planeación (DNP), con el fin de solicitar la nulidad del Acta Núm. 09 del seis (6) de
septiembre de dos mil once (2011) y de la Resolución núm. 010 del diecisiete (17) de
mayo de dos mil doce (2012), proferidas por los demandados como miembros del
Comité de Estabilidad Jurídica (en adelante, el Comité), que decidieron improbar la
solicitud de suscripción de contrato de estabilidad jurídica solicitado por la parte
demandante.

2.1.2. Como consecuencia de la nulidad, la actora pidió que, a título de
restablecimiento del derecho se declare que: (i) el proyecto de inversión que presentó
GN sí cumplió con los requisitos legales para suscribir el contrato de estabilidad jurídica
con la Nación; (ii) “se entienda firmado” el mencionado contrato, considerando que el
plazo del negocio jurídico debe ser de veinte (20) años desde el vencimiento de los
cuatro (4) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, o desde el año
gravable 2012 (fecha de la notificación de la resolución); (iii) la prima que el
inversionista debe pagar se calcule según lo establecido en el artículo 5° de la Ley 963
de 2005, vigente a la fecha de la solicitud; (iv) “se entiendan estabilizadas” las normas
referidas en la solicitud, durante el término del contrato o desde el año gravable 2012;
(v) si las normas vigentes al momento de la solicitud fueron modificadas en forma
adversa, la Empresa tenga “derecho a que se les continúen aplicando dichas normas
por el término de duración del contrato respectivo”; (vi) la Empresa no debe liquidar ni
pagar los mayores valores derivados de las modificaciones normativas; y que (vii) la
Empresa tiene derecho a “tomar la deducción especial por inversiones en activos fijos
reales productivos por el término de veinte (20) años” contados desde 2010 o desde
2012.

Además, GN pide que las entidades demandadas sean condenadas a “la devolución
de los mayores valores” asumidos por la Empresa, por las variaciones normativas
posteriores a la solicitud o la improbación del contrato de estabilidad jurídica, con
intereses de mora, y que “se ordene a la DIAN devolver a GAS NATURAL las sumas
adicionales que fueron pagadas en su declaración de renta al no poder liquidar la
deducción por inversiones en activos fijos reales productivos desde el año gravable”
2010 o 2012, con intereses de mora.

1 Certificado de existencia y representación R036324755 expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de

noviembre de 2012: F. 90-101, c. 2)
2 F. 2, c. 5.
3 F. 5-88, c. 1. La demandada fue posteriormente reformada, mediante escrito presentado el 10 de septiembre de

2013: F. 221-303, c. 1.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

2.1.3. Para sustentar sus reclamaciones, la demandante relató que el 29 de
enero de 2010 presentó ante el MinCIT una solicitud de contrato de estabilidad jurídica
sobre el proyecto de inversión para la “potencialización del sistema de distribución de
gas natural, aplicable al periodo comprendido entre el año 2010 y 2014”, que fue
admitida por el Comité el 19 de marzo del mismo año. Explica que:

“El monto de la inversión presentada para el periodo comprendido entre el año 2010 y
2014, fue de $102.148.401.000, no obstante lo anterior, mediante memorial radicado
bajo el N° 1-2011-027701 del 2 de agosto de 2012 la inversión se modificó a
$93.686.562.000. De esta inversión, en 2010, 2011 y 2012 ya se ha ejecutado un total
de $40.523.522.805, según el Certificado de Revisor Fiscal […]”.

Pese a que la Empresa facilitó oportunamente la información al Comité, este último
improbó la solicitud de contrato realizada. GN interpuso recurso de reposición contra
esta decisión, en sustento del cual argumentó que “el ramo o actividad que desarrolla
GAS NATURAL no había sido excluido por el régimen aplicable a los contratos de
estabilidad jurídica”, razón por la que, aunado al cumplimiento de los requisitos de la
Ley 963 de 2005, la Empresa era apta para suscribir el contrato de estabilidad jurídica.
El recurso fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución núm. 010 del 17 de
mayo de 2012.

2.1.4. Según la actora, los actos violaron: (i) los artículos 13, 82, 95-9, 209 y 363 de la
Constitución Política de Colombia; (ii) el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, “CPACA”) en su artículo 3, incisos
1, 2, 4, 11, 12 y 13, y sus artículos 42, 44, 87 y 89; (iii) los artículos 1, 3 y 4 de la Ley
963 de 2005; (iv) los artículos 3, 5 y 6 del Decreto 2950 de 2005; y (v) los Documentos
CONPES 3366 del 1° de agosto de 2006 y 3406 del 19 de diciembre de 2005.

2.1.5. Para la demandante, los actos:

2.1.5.1. Infringieron normas superiores en que debieron fundarse, más exactamente la
Ley 963 de 2005, su decreto reglamentario y los Documentos CONPES referidos
anteriormente, porque el sector de servicios públicos domiciliarios no tenía limitación
para suscribir contratos de estabilidad jurídica, y el Comité impuso requisitos distintos
a los establecidos en la Ley 963 de 2005 y en el Decreto 2950 de 2005, referidos
concretamente al tratamiento tarifario de las empresas de servicios públicos
domiciliarios, la exigencia de externalidades positivas, y la concordancia del Plan de
Gobierno Distrital con el Plan Nacional de Desarrollo. Agregó que, con ello, el Comité
actuó al margen de sus competencias.

2.1.5.2. Violaron el derecho de igualdad, porque “el mismo Comité ha[bía] aprobado
inversiones cuyos actores son empresarios del sector de servicios públicos, o cuyas
actividades en principio y bajo el raciocinio de los actos administrativos demandados
no ha[bían] debido aprobarse”; y fueron aprobadas otras solicitudes que, a diferencia
de la propuesta de GN, no generaban “externalidades positivas”.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

2.1.5.3. Incurrieron en falsa motivación, porque interpretaron indebidamente
el régimen regulatorio de las tarifas de los servicios públicos, para justificar la
denegación de la solicitud. En ese sentido, argumenta que el Comité interpretó
indebidamente el régimen tarifario del servicio público de gas natural, porque este no
“abarcó la complejidad de todo el negocio”, ni disolvió o disminuyó los siguientes
riesgos de la actividad: (i) la “posibilidad de que la fijación del precio del gas en boca
de pozo sea afectada por la baja relación de reservas – producción y ello conlleve
crecimientos negativos de la demanda de gas en los sectores con mayor elasticidad,
especialmente en la industria y el transporte”; (ii) las cantidades de gas vendido; (iii)
el suministro de gas, las pérdidas por roturas ocasionadas por fenómenos climáticos,
o por “inestabilidad geotécnica” y mantenimientos no programados; (iv) de cartera; (v)
por la “definición de precios de unidades constructivas o de criterios de eficiencia
aplicables a la base regulatoria de activos”, dispuestos por la Comisión Reguladora de
Energía y Gas (CREG); (vi) la “incertidumbre frente a la gestión de activos”; y (vii) de
los tributos pagados por las empresas. La demanda esquematiza estos riesgos en el
siguiente cuadro:

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

2.1.5.4. Contrariaron los principios de derecho internacional de nación más favorecida,
de plena protección y seguridad, y de trato justo y equitativo, contemplados en tratados
de inversión suscritos entre Colombia y España.

2.1.5.5. Fueron expedidos con falta de competencia temporal del Comité, porque su
decisión sobrepasó el término indicado en el artículo 4 de la Ley 963 de 2005.

2.1.5.6. Vulneraron el principio de legalidad, el debido proceso, la buena fe y confianza
legítima.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. Tras ser subsanada la demanda por omitir la casilla de correo electrónico4, la
Sección Primera del Tribunal la admitió5 el veintidós (22) de abril de dos mil trece
(2013), con providencia en la que también ordenó el traslado a las demandadas, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público.
Empero, en vista de la especialidad del asunto, la Sección Primera del a quo remitió
las actuaciones surtidas a la Sección Tercera –Subsección A– del mismo Tribunal que,
además de avocar conocimiento del asunto, admitió la reforma de la demanda,
mediante auto6 del veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014).

2.2.2. Los órganos que representa a la Nación contestaron la demanda7, con oposición
a las pretensiones formuladas por la Empresa.

2.2.3. El veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se llevó a cabo la audiencia
inicial8, en la cual se fijó el litigio en estos términos:

“En este proceso, se debe tener en cuenta que el actor en los fundamentos de derecho
alude: i) Violación al principio de legalidad y confianza legítima; ii) Violación al principio
de igualdad; iii) inadecuada interpretación del régimen regulatorio de las tarifas; iv)
violación de tratados internacionales; v) falta de competencia; y, vi) falsa motivación
por cuanto no se demostró que por vía tarifaria se obtendría el respectivo beneficio”.

2.2.4. En la audiencia de pruebas9, el Tribunal ordenó prescindir de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, y fijó un término para presentar alegatos de conclusión
en primera instancia; ocasión aprovechada por algunas de las demandadas10 y la
demandante11 para pronunciarse.
4 F. 142-143, c. 1.
5 F. 178-181, c. 1.
6 F. 304-305, c. 1.
7 Minminas: f. 304-349, c. 5; MinCIT: F. 376-395, c. 5; Minhacienda: F. 413-434, c. 5; DNP: F. 438-448, c. 5;

Mintransporte: f. 451-460, c. 5.
8 Acta de audiencia: F. 307-311, c. 1.
9 F. 313-315, c. 1.
10 MinCIT: F. 322-325, c. 1; DNP: F. 327-331, c. 1; Minminas: F. 332-340, c. 1; Minhacienda: F. 341-344, c. 1.
11 F. 343-359, c. 1.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

2.3. La sentencia recurrida

Mediante fallo del siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal denegó las
pretensiones de la demanda12, se pronunció sobre los cargos de nulidad así:

2.3.1. En primera medida, el fallo expuso que, de acuerdo con la Resolución 01 de
2005, que a juicio del Tribunal detalló “el procedimiento administrativo de suscripción
del contrato de estabilidad jurídica”, contemplaba cuatro fases: la presentación, la
admisión, la preparación del informe técnico, y la evaluación y decisión de aprobar o
improbar la solicitud.

2.3.1.1. De acuerdo con ello, el a quo evaluó la competencia del Comité, tomando en
consideración que el cumplimiento de requisitos legales para la admisión de la solicitud
no traía consigo la aprobación del contrato. En ello, su margen de análisis no se reducía
a las normas del contrato de estabilidad jurídica, sino que también daba lugar a
“analizar los alcances de las normas especiales, que rigen la actividad o sector del
solicitante del contrato de estabilidad, precisamente para verificar la existencia de
contradicciones de orden normativo que impidan la pertinencia de suscribir el contrato”.

2.3.1.2. Aparte, juzgó que el vencimiento del término prescrito por la ley para el
pronunciamiento del Comité no comportaba la pérdida de la competencia para decidir
ni un “silencio administrativo de orden positivo”, que no fue dispuesto por la ley. Por
ende, el cargo descartó el cargo por falta de competencia temporal.

2.3.1.3. El Tribunal consideró que la actora no probó que el Comité hubiera
desconocido los beneficios o externalidades del proyecto presentado por GN, ni que
estos fueran de tal magnitud que no pudieran ser obviados por dicha colegiatura. En
tal sentido, sostuvo que el testimonio de la señora María Eugenia Coronado Orjuela
“no logró demostrar las externalidades positivas del proyecto, por el contrario este
testigo [sic] afirmó que algunas inversiones se pueden recuperar por vía tarifaria,
además que la expansión del servicio de gas le conviene a la entidad”.

2.3.2. Desechó el cargo de violación de los principios de igualdad y equidad, debido a
que el demandante se

“[…] limitó a realizar una comparación de solicitantes de contratos de estabilidad […]
pero no demostró que estas personas se encontraban en las misma [sic] circunstancias
fácticas y jurídicas que el demandante, es decir, que pertenecieran al sector energético;
que el proyecto presentado tuvieran [sic] los mismos objetivos y finalidades; que la
causal de rechazo del demandante, haya sido en los demás eventos causal de
aceptación”.

Así, para el Tribunal, la parte actora desconoció su carga probatoria y empleó una
argumentación que resulta insuficiente para invalidar los actos demandados.

12 F. 361-367, c. ppal.

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2.4. El recurso de apelación

La parte demandante expresó13, mediante escrito radicado el 22 de junio de 2016, los
siguientes reparos contra la sentencia de primera instancia:

2.4.1. La actora insiste en que los actos demandados crearon requisitos adicionales
para la aprobación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica y, por ello, el
Comité se extralimitó en sus competencias. Sin embargo, no lo hace reiterando los
argumentos de la demanda (supra. aptdo. 2.1.5.1).

En el recurso, GN aduce que la Resolución 01 de 2005, reglamentaria del
funcionamiento del Comité, no hace una distinción taxativa de las etapas del
procedimiento administrativo que decide la suscripción del contrato de estabilidad
jurídica, de allí que, a su juicio, el Tribunal yerra “al pretender avalar la improbación de
la solicitud […] acudiendo a unas reglas y a un procedimiento” no establecidos
normativamente. Agrega que la evaluación y aprobación de las solicitudes es una
“actuación administrativa estrictamente normada” por la Ley 963 de 2005, el Decreto
2950 de 2005, y la resolución mencionada.

En ese sentido, puntualiza que las normas invocadas por el Tribunal no establecen: “i)
un procedimiento administrativo de suscripción de contrato de estabilidad jurídica por
etapas; y ii) la evaluación de los ‘marcos normativos de cada actividad’, situaciones
estas que evidencian una clara extralimitación de funciones […]”. Además, la solicitud
de conceptos de otras entidades y la elaboración un informe técnico destinado al
Comité, referidos por su Secretaría Técnica al admitir la solicitud de GN, denotarían el
carácter reglado del procedimiento.

2.4.2. Reitera el cargo por falsa motivación del acto, porque GN habría aportado
pruebas que demuestran la existencia de externalidades positivas de su proyecto.
También insiste en que las normas de servicios públicos domiciliarios fueron mal
interpretadas, tal como lo sostuvo en la demanda (aptdo. 2.1.5.3). Aparte, critica la
valoración del testimonio hecha por el Tribunal, que estima “parcializada”, e insiste en
que la recuperación de los costos de inversión a través de la tarifa del servicio no
constituye un fundamento válido de la denegación de la suscripción del contrato, en
cuento ello no es cierto e implicaría un “trato diferencial frente a compañías del mismo
sector” cuya solicitud habría sido aprobada.

2.4.3. Acusa la sentencia de primera instancia porque, en su entender, no es cierto
que GN se hubiera limitado a realizar una simple comparación de las empresas, sino
que “hizo especial énfasis en el objeto del contrato como del objeto social de la
sociedad que fue beneficiada con la aprobación de suscripción de contrato de
estabilidad jurídica”. Además, el Tribunal habría errado a exigir la demostración de que
las demás empresas estuvieran en circunstancias idénticas a la de GN, debido a que
“no existe la obligación legal o normativa” que le impusiera a la actora acreditarlas de
esa manera.
13 F. 380-392, c. ppal.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

Insiste pues en que su propuesta no debió ser improbada porque: (i) a otras empresas
de servicios públicos14 sí le concedieron el beneficio de estabilidad tributaria; (ii) otros
proyectos aprobados generaron, en su mayoría, empleos indirectos15; (iii) otras
solicitudes, a diferencia de la que presentó la actora, tenían inversiones que “carecían
de externalidades positivas” y, pese a ello, fueron aprobadas. Esto último lo deduce de
los objetos de los respectivos contratos de estabilidad suscritos con las sociedades
que enlista así:

Inversionista Actividad Principal Objeto del Contrato Años
Suscrito Estabilidad
RENTING Alquiler y La ampliación y renovación 20 años
COLOMBIA S.A. arrendamiento de permanente de la flota de
vehículos vehículos, tanto de carga
automotores como liviano, de propiedad
de la Compañía, cuyo
destino será el
arrendamiento operativo de
los mismos.
Aerovías del Transporte aéreo Adquisición de aeronaves 20 años
Continente nacional de Airbus A319, A320, y A330
Americano pasajeros que se incorporarán a la
S.A., operación de la empresa
AVIANCA durante los años 2008 y
2009, así como los equipos
de tierra soporte de la
operación de dichas
aeronaves, tales como;
play-mover, dollies,
conveyores, palancas de
remolque y el
aprovisionamiento inicial
de herramientas,
componentes y repuestos
requeridos para el
mantenimiento de las
aeronaves.
Cine Colombia S.A. Brindar diversión y Plan de ampliación y 19 años
entretenimiento, modernización
mediante la Cinematográfica de 54
distribución y salas de cine entre nuevas
y remodeladas.
exhibición de
películas y la
prestación de
servicios
complementarios.
MEALS Mercadeo de Elaboración de Compra de 16.000 20 años
Alimentos de productos lácteos. congeladores para la
Colombia S.A. exhibición y venta de su
línea de helados.
Leonisa S.A. Confección de Inversión orientada a la 20 años
prendas de vestir, reconvención tecnológica
excepto prendas de de la empresa, mediante la
piel adquisición de activos fijos
de última generación para
atender sus procesos
productivos.

14 Cita la aprobación de solicitudes hechas por “i) Promigas S.A. E.S.P. ii) Empresas Públicas de Medellín E..S.P.;

iii) Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; iv) Isagen S.A. E.S.P. y; Emgesa S.A. E.S.P.”
15 Invoca los proyectos de “i) Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; ii) Cine Colombia S.A.; iii) Comertex S.A.; Sociedad

Schlumberguer Surenco S.A.; y Aerolimit Tal Stainless Service Andino S.A.”

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

NIKOLUKAS S.A. Fabricación, Ampliación de la planta 19 años
distribución, venta actual y la apertura de dos
de productos de puntos de venta
pastelería repostería adicionales en el 2011, al
igual que la construcción
y similares.
de una planta nueva y la
migración de la totalidad
de sus operaciones
además de la apertura de
3 locales comerciales
adicionales, para un total
de cinco.
COMERTEX S.A. Adquirir, importar, Construcción de una 20 años
fabricar, transformar, Bodega para la
distribuir y vender comercialización de
toda clase de productos.
productos textiles.
NOVAVANET S.A. La comercialización La adquisición de 10 años
y la distribución de máquinas de snack y de
productos café, e inversiones en
alimenticios, infraestructura para la
venta directa.
materias primas y
elementos.

2.4.4. Por último, la actora protestó la aplicación de la regla sobre condena en costas
del Código General del Proceso, que a su juicio “no resulta del todo aplicable a los
procesos que se surten ante la jurisdicción administrativa, pues su redacción no
permite tener en cuenta la conducta de las partes dentro del proceso a efectos de
definir su responsabilidad por el pago de las costas, al paso que la norma especial del
CPACA, obliga a valorar ese comportamiento procesal […]”.

2.5. Trámite relevante de segunda instancia

2.5.1. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación, mediante auto16 del
veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

2.5.2. Dentro de la oportunidad dispuesta para presentar alegatos de conclusión en
segunda instancia17, la parte actora18, y algunas de las dependencias demandadas19,
presentaron sus argumentos de cierre. El Ministerio Público no presentó concepto.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (“CGP”) 20,
aplicable en esta instancia según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y conforme a lo

16 F. 417, c. ppal.
17 F. 289, c. ppal.
18 F. 452-464, c. ppal.
19 DNP: F. 426-434, c. ppal. MinCIT: F. 435-438, c. ppal. Minhacienda: F. 439-441, c. ppal. Mintransporte: F. 444-

451, c. ppal.
20 CGP. “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión. […] Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. || Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación21 del 25
de junio de 2014, debido a que el recurso fue radicado el primero (1°) de octubre de
dos mil catorce (2014)22, la apelación tiene por objeto la revisión de la providencia
impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente, que —
junto con el principio de non reformatio in pejus— delimita la competencia funcional del
ad quem, sin perjuicio de las decisiones que, por disposición legal, deba adoptar de
oficio.

Vistos los argumentos de la sentencia de primera instancia, los cargos sustentados en
la demanda y que subsisten en la apelación, para resolver la segunda instancia de
este asunto la Sala deberá ceñirse a la solución de los siguientes interrogantes:

3.1. ¿El Comité de Estabilidad Jurídica se extralimitó en sus competencias al rechazar
la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por incluir requisitos no
contemplados en el ordenamiento, seguir un procedimiento no previsto en las normas
legales y reglamentarias, y aplicar preceptos propios del sector de servicios públicos
domiciliarios?

3.2. ¿El Comité de Estabilidad Jurídica motivó falsamente su decisión de rechazar la
solicitud de suscripción de contrato de estabilidad jurídica presentada por la
demandante, porque, en este contencioso, fueron practicas pruebas de las
externalidades positivas que su proyecto generaba y porque la tarifa del servicio
público no recuperaba lo invertido por la Empresa?

3.3. ¿Al suscribir contratos de estabilidad jurídica con empresas en situación similar y
el rechazo de la solicitud presentada por la demandante, el Comité de Estabilidad
Jurídica incurrió en un trato discriminatorio?

IV. HECHOS Y PRUEBAS

Para dar respuesta a los problemas definidos en el acápite precedente, fueron
acreditados los hechos que a continuación serán enunciados, con base en
documentos privados, cuya autenticidad se presume pese a ser aportados en copias
simples conforme a la jurisprudencia unificada de esta Corporación23; y con
documentos públicos, que se presumen auténticos y hacen fe de las declaraciones
que en ellos se hizo, de acuerdo con los artículos 252 y 264 del Código de
Procedimiento Civil (“CPC”), aplicable a la primera instancia y a las pruebas en ella
practicadas, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 —modificado por el

del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella. […]”.
21 Rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
22 F. 466-472, c. ppal.
23 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 30 de

septiembre de 2014, rad. núm. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV).

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artículo 624 del CGP24— y la jurisprudencia administrativa unificada25, ya que
la demanda fue presentada el veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012)26,
cuando el CGP no había entrado aún en vigor para esta jurisdicción.

4.1. A través de su representante legal, la señora María Eugenia Coronado Orjuela27,
GN presentó una solicitud de contrato de estabilidad jurídica28, con fecha de enero de
2010, para ser beneficiada por un término de veinte (20) años, “para toda la
Compañía”, en razón al “proyecto de inversión para la Potencialización (Expansión)
del Sistema de Distribución de Gas Natural para el periodo comprendido entre el año
2010 y el 2014”, que fue descrito en estos términos:

“El proyecto de inversión tiene por objeto potencializar (expandir) el sistema de
distribución de gas natural. Para el efecto, se ha previsto la realización de una inversión
por la suma de $102.148.401.000 en un periodo comprendido entre el año 2010 y el
año 2014, particularmente en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha”.

4.1.1. La Empresa planteó los siguientes resultados esperados con el proyecto:

“Para el país y los consumidores:

• En términos de suministro, se espera garantizar el suministro las 24 horas a través de
la creación de una infraestructura de gasoducto confiable, segura y eficiente que
permita un desarrollo sostenible en la ciudad, siempre y cuando se presenten las
condiciones que Gas Natural requiere para prestar su servicio.

• En términos económicos, se espera un incremento en la distribución del gas natural
que redundará en mayores ingresos y por tanto en aumentos en los pagos de los
impuestos.

• En cuanto al desarrollo económico regional, Gas Natural pretende destinar rubros de
inversión capaces de impulsar, a través de la contratación de empleo indirecto, la

24 CGP. «Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: || "Artículo 40. Las

leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. || La competencia para tramitar el proceso
se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que
la ley elimine dicha autoridad"» (subrayado añadido).
25 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
26 F. 169-177, c. 1.
27 Al final de la solicitud de contrato (f. 186, c. 2), aparece sin firma el nombre de la señora Coronado Orjuela,

indicando que era representante legal de la Empresa. No obstante, en el certificado de existencia y representación
de la Empresa del 7 de noviembre de 2012, allegado con la demanda (f. 90-101, c. 2.) aparece que la señora
Coronado Orjuela fungía como presidente y representante legal de GN según el acta núm. 0000192 de junta
directiva del 22 de junio de 2007, inscrita el 4 de julio del mismo año a los libros de la sociedad (F. 92 reverso, c. 2)
Según el certificado, la representante legal tenía, entre otras facultades, las de “1) REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; 3) REALIZAR Y CELEBRAR, SIN
LÍMITE DE CUANTÍA, LOS ACTOS O CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LOS
NEGOCIOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA EMPRESA, SIN PERJUICIO DE LA LIMITACIÓN
ESTABLECIDA PARA LA ENAJENACIÓN, LIMITACIÓN, GRAVAMEN O AFECTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS,
CORRIENTES Y NO CORRIENTES […] 5) SOMETER A ARBITRAMENTO, TRANSIGIR, CONCILIAR JUDICIAL
Y PREJUDICIALMENTE LAS DIFERENCIAS DE LA EMPRESA CON TERCEROS…” (f. 93, c. 2).
28 F. 145-186, c. 2.

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producción y abastecimiento de materiales y equipos suministrados por diferentes
proveedores del sector gas.

• En relación con el esquema tarifario, se espera propender por tarifas adecuadas para
cada mercado durante los periodos de la inversión, conforme a los criterios
establecidos para el efecto por parte del Gobierno Nacional.

• En responsabilidad social, este proyecto de inversión implicará el fomento de la
cooperación entre entidades distritales, organizaciones no gubernamentales y
empresas prestadoras del servicio para desarrollar programas de responsabilidad
social.

• Así mismo, se espera reducir la producción de gases de efecto invernadero con el
proceso de combustión de gas natural mediante la sustitución de otros combustibles
fósiles, logrando así un notorio mejoramiento de la calidad de vida ambiental y limpieza.

• En términos de economía para los consumidores de gas natural, la Compañía ha
previsto que, dadas las diferentes aplicaciones de este recurso, se tendrá un costo
significativamente más bajo que otros combustibles y con valores agregados tales
como comodidad, facilidad, continuidad y tranquilidad, puesto que el gas natural se
recibe directamente en los domicilios o establecimientos de comercio y sólo se cancela
el consumo real.

En relación con el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, este proyecto de
inversión espera producir beneficios económicos para la ciudad por la demanda de
bienes y servicios, y favorecer así las condiciones de vida de sus habitantes, puesto
que el gas natural en condiciones óptimas y con un adecuado manejo es altamente
seguro.

• Se espera igualmente lograr una transferencia e innovación tecnológica a través de
la automatización del proceso de Revisión Técnica Reglamentaria (RTR), esto es, la
inspección que deben realizar las empresas distribuidoras de gas combustible, en
intervalos no superiores a cinco (5) años o cuando el cliente lo estime pertinente, para
que la empresa revise sus instalaciones internas y practique pruebas de hermeticidad,
escapes y funcionamiento. El propósito principal de esta revisión es prevenir los riesgos
que para la seguridad de los inmuebles y de las personas que los habitan, puede
generar una instalación interna defectuosa.

Para Gas Natural:

• Como principal resultado está el atender las necesidades energéticas de la sociedad,
proporcionando a sus clientes productos de calidad respetuosos con el medio
ambiente, a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados
la posibilidad de desarrollar sus competencias laborales.

• A través de la potencialización del sistema de distribución, lograr la incorporación de
nuevos clientes del sistema.

• Definición, implementación y ajuste de indicadores que permitan la optimización de
los procesos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del
Sistema de Distribución de Gas Natural.

• El desarrollo de nuevas tecnologías que permitan ofrecer mayor seguridad y
confiabilidad a los consumidores finales.

• Igualmente se espera mantener la calidad en la atención al cliente, contando para el
efecto con una línea de atención a emergencias 24 horas al día, una red completa de
puntos de atención a clientes y recaudos y una línea exclusiva de Servicio al Cliente”.

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4.1.2. La Empresa solicitó que el Comité acepte “un porcentaje de variación en el
monto de la inversión anual de hasta un 20%, sin que ello implique llegar a realizar
una inversión inferior a la suma de COP$102.148.401.000”. Afirmó que un monto de
menor o mayor inversión era un hecho que no podía ser determinado a la fecha de
presentación de la solicitud, por tratarse de circunstancias dependientes de las
condiciones del mercado, y por la imprevisibilidad de hechos que atañen al sector
como, por ejemplo, el hallazgo de hidrocarburos.

4.1.3. De otra parte, en la solicitud GN asumió estos compromisos:

4.1.3.1. Que generaría “COP $95.830.788.000 en lo que se refiere al impuesto sobre
la renta, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, gravamen a los
movimientos financieros y contribuciones a la Comisión de Regulación de Energía y
Gas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

4.1.3.2. Así mismo, indicó que invertiría “COP $205.000.000 en materia de tecnología”
asociada a la prestación de sus servicios, mediante la implementación de un proceso
denominado “Revisión Técnica Reglamentaria (RTR)”, que perseguía la
implementación de un módulo de pago a contratistas, así como la optimización de
procesos internos y de atención a los clientes.

4.1.3.3. Anunció que la inversión tendría un impacto en el mejoramiento general de la
economía, en la medida en que la realización de obras civiles y de infraestructura en
el sector implicaría una mayor contratación, la generación de empleos indirectos, el
desarrollo de infraestructura urbana, y la importación y utilización de tecnología.

4.1.3.4. Como beneficios sociales auditables, la Empresa expuso programas sociales
en las líneas de educación, cultura, pedagogía del negocio del gas y generación de
ingresos; programas estos que llevaba a cabo a través de la “Fundación Gas Natural”
y que se comprometió a proseguir durante el término del contrato. De otra parte, dijo
que el proyecto aparejaría beneficios no auditables en materia ambiental, puesto que
el gas natural “genera impactos en el medio ambiente menos nocivos que otros
combustibles”.

4.1.4. El anexo E de la solicitud29 detalló las normas que GN pretendía fueran
estabilizadas y que, a su juicio, eran “determinantes para ampliar las inversiones
existentes en Colombia”, exposición que –a grandes rasgos– efectuó así:

4.1.4.1. Para que la Empresa “pueda tener un buen margen de flexibilidad en la
búsqueda de eficiencias derivadas de una adecuada estructura corporativa”, solicita la
estabilidad normas relacionadas con el régimen de las sociedades anónimas (artículos
155, 373 y 454 del Código de Comercio), y con la fusión y escisión de sociedades
(artículos 172 y 178 del Código de Comercio; artículos 3, 9, 10 y 11 de la Ley 222 de
1995; y los artículos 1 a 4 del Decreto 852 de 2006).
29 F. 213-251, c. 2.

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4.1.4.2. Con el fin de tener “certeza sobre los conceptos que conforman la base
gravable” de los tributos que paga la Empresa, y garantizar la posible inversión futura
de nacionales y extranjeros, pidió la estabilización de los artículos 24 y 26 del Estatuto
Tributario, y el artículo 17 del Decreto 187 de 1975, que desarrollan la base gravable
ordinaria del impuesto de renta. También aquellas relativas a las tasas aplicables a las
transacciones realizadas en el exterior y en moneda extranjera, así como a la
enajenación de activos movibles, muebles e inmuebles. Igualmente, solicitó mantener
normas atinentes a las deducciones tributarias, y a la tarifa por dividendos o
participaciones recibidos por personas no domiciliadas o no residentes en Colombia
de este impuesto, aduciendo que eran relevantes para mantener el interés en invertir.

4.1.4.3. En relación con el impuesto al patrimonio, solicitó estabilizar las normas que
establecían sus elementos, y en particular su temporalidad, a “fin de evitar que a futuro
se establezca otro impuesto sobre el patrimonio no presupuestado en el plan de
inversiones […] y que, además, pueda afectar de manera importante la viabilidad de
la inversión”.

4.1.4.4. Solicitó la estabilidad normativa de los preceptos que desarrollaban la
retención en la fuente (Estatuto Tributario, artículos 366, 389, 390, 401, 406, 407, 408
y 411), calificadas como “determinantes para la inversión […] ya que de acuerdo con
las prácticas de negociación utilizadas por las entidades extranjeras, cualquier sobre-
costo de la operación […] debería ser asumida por la Compañía que solicita el servicio,
con lo cual el costo del proyecto se encarecería y adicionalmente se constituiría en un
gasto no deducible” para la Empresa.

4.1.4.5. Pidió que se mantuviera la derogación de los preceptos relacionados con el
impuesto de remesas (Ley 1111 de 2006, artículo 78), para no afectar la viabilidad
económica y financiera del proyecto presentado.

4.1.4.6. Además, solicitó la estabilización de interpretaciones vinculantes hechas por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en diversas materias tributarias, con
el fin de mantener “criterios claros” respecto de: la amortización de inversiones
(Concepto 077915 de 2002); la depreciación por obsolescencia en renovación
tecnológica (033349 de 2004 y 13816 de 2006); la adquisición de materiales (99609
de 2007); la autorretención de empresas de servicios públicos domiciliarios (002 de
2006); la deducción especial en activos adquiridos mediante leasing (003958 de 2005);
los activos fijos reales productivos provenientes de “vinculados en el exterior” (104242
de 2008 y 40985 de 2004); y la estabilidad de impuestos directos (0092526 de 2009).

4.1.4.7. Pidió estabilidad en las normas sobre principios, derechos, obligaciones y
procedimiento del régimen general de inversiones de capital del exterior, tomando en
cuenta que el socio mayoritario de GN era de nacionalidad española.

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4.1.4.8. Manifestó que era necesario, igualmente, estabilizar normas
aduaneras, porque para la realización del proyecto se requerían operaciones de
importación y exportación de bienes.

4.1.4.9. Por último, suplicó la estabilización de las normas relacionadas con el contrato
de arrendamiento, con la actividad de servicios públicos domiciliarios, y con la
participación en empresas en negocios de distribución y comercialización de gas
natural.

4.2. En el acta núm. 09 del seis (6) de septiembre de dos mil once (2011)30, consta
que el Comité conformado por el MinCIT, Minhacienda, Minminas, Mintransporte y el
DNP decidió improbar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, con fundamento
en: (i) los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, descritos por el
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y (ii) el concepto de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios SSPD-177 del 25 de febrero de 200931, a partir de los cuales el
Comité coligió lo siguiente:

“[…] el régimen tarifario tiene en cuenta los criterios de costos, solidaridad y
redistribución de ingresos, como eje fundamental para que todo prestador recupere los
costos de prestación de ingresos, como eje fundamental para que todo prestador
recupere los costos de prestación de los mismos, dentro de los cuales se contemplan
los correspondientes a inversiones de expansión y mantenimiento de los sistemas, al
igual que la rentabilidad esperada por la prestación de los mismos. Por tanto, la
recuperación de las inversiones de las empresas de servicios públicos está garantizada
por la normatividad tarifaria, dentro de los criterios de eficiencia. De tal manera que
podría afirmarse que estas empresas tienen la certeza financiera, de recuperar vía
tarifas, las inversiones realizadas garantizando la viabilidad económica en la prestación
de los servicios públicos.

Así las cosas, […] la prestación de servicios públicos, es una actividad regulada y
protegida por un régimen normativo, que minimiza los riesgos de los prestadores y
garantiza la recuperación de los costos en una gestión eficiente, así como, la
rentabilidad esperada en un mercado de similares riesgos. Adicionalmente, […] las
externalidades positivas que se derivan del proyecto de inversión no son de suficiente
entidad”.

4.3. El 17 de noviembre de 2011, la Empresa recurrió en reposición el acta que denegó
la suscripción del contrato de estabilidad jurídica32.

4.4. El Comité confirmó la decisión adversa a GN, mediante Resolución 010 del 17 de
mayo de 2012[33], notificada personalmente [34] el doce (12) de julio de dos mil doce
(2012), en la cual contestó los argumentos del recurso, así:

30
F. 105-113, c. 2.
31 El acta cita el siguiente extracto: “(…) En todo caso, dado que el sistema tarifario previsto en el régimen de

servicios públicos domiciliarios se estructura en un sistema de costos de prestación de servicio, esto es, que cada
empresa en particular debe procurar su suficiencia financiera, dicha situación debe permitirles a los prestadores la
recuperación de los costos y gastos de operación incluyendo expansión, reposición, y la remuneración del
patrimonio de los accionistas.”(Subrayas originales del acta).
32 F. 118-127, c. 2
33 F. 129-143, c. 2
34 F. 177, c 1.

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4.4.1. Sobre la “afirmación según la cual el proyecto de inversión va en línea
con los plantes de desarrollo” formulados por entonces por la Alcaldía Mayor de Bogotá
en el Plan de Gobierno, indicó que la Ley 963 de 2005, en su artículo 4°, literal d), “no
hizo mención a planes de gobierno municipal o distrital” sino que dispuso que los
proyectos debían “enmarcarse en los parámetros fijados por el Plan Nacional de
Desarrollo.”

4.4.2. La falta de externalidades positivas del proyecto sí constituye un criterio para
estudiar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, porque el Documento CONPES
3366 de 2005 expresa que los impactos derivados de la inversión deben ser de
suficiente entidad para justificar la celebración del contrato. Agregó que:

«[…] por tal razón, dentro de los criterios de rentabilidad económica y social
establecidos en el Conpes 3366 hizo énfasis en aspectos tales como la creación de
empleo, el desarrollo regional, la transferencia de tecnología, la generación de divisas,
las demandas derivadas sobre la producción nacional y el aumento del producto interno
bruto, los cuales tienen gran impacto en la realidad económica y social del país.

En ese sentido, si el efecto pretendido es el de extender la estabilidad jurídica a la
totalidad de una actividad económica, pero a partir de una inversión “marginal” o de
una “ampliación”, debe interpretarse que la magnitud de las externalidades proyectadas
no puede ser de poca monta; antes bien, debe tratarse de impactos lo suficientemente
relevantes como para justificar dicho beneficio. Los conceptos de “marginalidad” y de
“ampliación” tienen una connotación de subsidiariedad con respecto a algo que actúa
como principal (la inversión original), de manera que si se pretende que lo subsidiario
justifique el amparo sobre la totalidad, es porque la magnitud de sus efectos así debe
ameritarlo» (subrayas originales del acto).

4.4.1.1. Puntualizó que la Empresa, en el recurso, refirió algunas “externalidades
positivas” que “no fueron planteadas en la solicitud”, sin que pudiera pronunciarse
sobre aspectos que no habían sido incluidos en la petición original.

4.4.1.2. Indicó que la “generación de empleo indirecto al no depender exclusivamente
de la voluntad del inversionista, no podría constituirse en compromiso contractual, en
el evento que el Comité […] decidiera autorizar la suscripción del contrato, razón por
la que no puede ser tenida en cuenta como factor determinante para el otorgamiento
del beneficio”.

4.4.1.3. Afirmó que la prima de estabilidad jurídica, al ser una contraprestación legal a
cargo del inversionista, no podía considerarse como una “externalidad económica y
social del tipo que deben contemplarse para efectos de los contratos de estabilidad
jurídica”.

4.4.1.4. Respecto a los “valores referidos a la responsabilidad social”, el acto dijo
reiterar el informe técnico previo a la solicitud, para afirmar que esas cualidades “no se
derivan de la inversión objeto de la solicitud, ya que al formar parte de sus políticas de
seguridad corporativa, como lo menciona el inversionista, dichos programas se vienen
desarrollando con anterioridad a la ejecución del contrato (7 años)”.

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4.4.2. Negó que el acto estuviera falsamente motivado, porque la decisión
estaba “debidamente soportada”, en los términos esbozados al tratar el tema de la falta
de externalidades positivas.

4.4.3. Sostuvo que el solicitante empleaba afirmaciones sobre la finalidad de los
contratos de estabilidad jurídica que no estaban previstas en la ley, concretamente que
el objetivo de estos negocios es el de “promover las inversiones futuras” a “partir de
las inversiones actuales”.

4.4.4. A juicio del Comité, la “garantía de estabilidad de las normas determinantes para
la inversión objeto de la solicitud incide positivamente en el retorno de la inversión
esperada del proyecto en la medida en que mitiga el costo asociado a cambios
normativos favorables”. Razón por la que afirma que, en el régimen de los servicios
públicos domiciliarios:

“[…] la fórmula tarifaria garantiza la recuperación de todos los costos eficientes en que
incurra, los cuales en términos generales corresponden a costos de inversión,
administración, operación, mantenimiento y reposición, así como, aquellos referidos a
la deuda, el costo del capital propio e impuestos, otorgándole certeza sobre la
remuneración de su patrimonio siempre y cuando sea eficiente en el desarrollo de su
actividad”.

4.4.4.1. Agregó que, el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que fija una vigencia
excepcionalmente modificable de cinco años para las fórmulas tarifarias, “otorga una
estabilidad importante en lo que a retribución económica se refiere y le garantiza la
revisión periódica de la misma salvaguardando los intereses de la compañía.” Añadió
a este respecto que:

“[…] la norma en comento establece un beneficio importante para este tipo de
compañías, al considerar la posibilidad de modificación de la fórmula para corregir
errores en su cálculo que lesionen injustamente sus intereses o cuando haya lugar a
eventos de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan en forma grave la capacidad
financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones
tarifarias previstas.

De esta forma la Ley 142 de 1994 prevé a través del régimen tarifario, una protección
legal importante [a las] empresas de servicios públicos, como la recurrente, régimen
que adicionalmente otorga la posibilidad de efectuar revisiones periódicas a las tarifas
en beneficio tanto de las empresas como de los usuarios, y las protege frente a errores
de cálculo de éstas, eventos de fuerza mayor y casos fortuitos, mitigando así, riesgos
referidos, entre otros, a la modificación tributaria desfavorable a los intereses de la
compañía, compensando tal situación con tarifas más altas a su favor. Ello sin dejar de
lado que los cambios tributarios a favor de las empresas deberán equilibrarse con
menores tarifas, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que las empresas
obtengan rentabilidades excesivas”.

4.4.4.2. En esa dirección, citó la Resolución CREG 011 de 2003 [35] cuyo artículo 7°
reconocía:
35“Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las actividades de distribución y comercialización

de distribución y comercialización de gas combustible, y las fórmulas generales para la prestación del servicio
público domiciliario de distribución de gas combustible, y las fórmulas generales para la prestación del servicio
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería”.

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“[…] todo el inventario de activos de la empresa que esté relacionado con la actividad
de distribución, como parte de la inversión base tenida en cuenta para el cálculo de los
cargos de distribución así como los gastos de administración, operación y
mantenimiento (AOM), remunerando así todo el inventario de activos del distribuidor
así como los gastos AOM que la CREG considere eficientes. De la misma manera,
frente a la actividad complementaria de comercialización de gas natural de la ciudad
de Bogotá y en los municipios de Soacha, Sibaté y La Calera, la Resolución en mención
en su artículo 23 y Anexo No. 7 reconoce todas las inversiones en activos atribuibles a
la actividad de comercialización y los gastos AOM anuales eficientes”.

4.4.4.3. De acuerdo con ello, el Comité ultimó que GN:

“[…] ejerce una actividad regulada y protegida por un régimen normativo, que minimiza
sus riesgos y garantiza la recuperación de los costos en una gestión eficiente, así como,
la rentabilidad esperada en un mercado de similares riesgos. De tal manera que podría
afirmarse que estas empresas tienen la certeza financiera, de recuperar vía tarifas las
inversiones realizadas, garantizando la viabilidad económica en la prestación de los
servicios públicos”.

4.4.4.4. De otro lado, el Comité entendió que, de acuerdo con las afirmaciones del
inversionista referidas a un eventual procedimiento de adjudicación del proyecto, la
verdadera “motivación de ejecutar el proyecto nace de los intereses de la compañía y
el grupo económico al que pertenece”, y no a la eventual suscripción de un contrato
de estabilidad jurídica.

4.4.4.5. El Comité negó que existiera un “error de hecho” en su decisión inicial, porque
el recurrente no desvirtuó que el régimen normativo de la Empresa otorgara “certeza
financiera de recuperar vía tarifas las inversiones realizadas”.

4.4.4.6. Igualmente desestimó que hubiera un “error de derecho”, porque consideraba
haber calificado:

“[…] acertadamente la situación del inversionista ya que en efecto éste pertenece a un
sector cuya regulación le garantiza la recuperación de los costos en una gestión
eficiente y la rentabilidad esperada en un mercado de similares riesgos.

[…] Por ello, para garantizar la adecuada prestación de los servicios como el de gas
natural, el Estado minimiza el riesgo de pérdida a través de regímenes como el tarifario,
garantizando al prestatario [sic] del servicio la rentabilidad financiera de las inversiones,
mediante la fijación de parámetros y criterios que aseguren el beneficio que éstos
deben obtener en desarrollo de su actividad”.

4.4.4.7. Por ende, “dado que las inversiones objeto de la solicitud […] derivan de
funciones propias de la entidad solicitante, es evidente que se llevarían a cabo con o
sin contrato de estabilidad jurídica, como en efecto ha sucedido” por lo que no había
falsa motivación.

4.4.5. El Comité descarta haber desconocido los principios de igualdad y de equidad
porque el régimen de GN no es equiparable con el de las empresas que quiso exhibir
como similares a aquella, dado que estas “pertenecen al sector de la energía, a través

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de la transmisión, generación y comercialización de ésta, por lo que, en
términos generales, sus proyectos se encuentran relacionados con la construcción,
montaje, operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía, así como,
con la construcción y operación de una central Hidroeléctrica”. Por ende, si bien hay
similitudes en el régimen normativo, estas “no son suficientes para concluir que las
compañías se encuentran en una situación idéntica dado que se refieren a sectores
diferentes y proyectos de inversión con características propias que distan
notablemente del propuesto por el recurrente”.

4.4.6. El Comité desestimó la vulneración de los principios de libre competencia y
distribución equitativa de oportunidades. Dado que la estabilidad conferida por el
contrato era un “beneficio excepcional”, concebido por el legislador a fin de incentivar
la inversión. En esa medida, cada solicitud debía ser revisada por el Comité, para ver
si las condiciones específicas del proyecto se ajustaban a los requisitos para acceder
a la estabilidad, sin que una decisión negativa significara una restricción a la libre
competencia, en tanto no constituye “un impedimento para que el inversionista siga
ejerciendo su actividad económica”, ni genera una alteración a la distribución equitativa
de las oportunidades, porque “si los competidores no reúnen las condiciones para
acceder al beneficio, el Comité no puede bajo ningún pretexto otorgarles este beneficio
excepcional”. Además, con ello no se realizan acciones de intervención en la economía
como para afectar la equidad en las oportunidades.

4.4.7. Por último, el Comité manifestó que el cumplimiento del plazo de cuatro (4)
meses previsto para la suscripción del contrato sin un pronunciamiento al respecto no
implica la pérdida de la competencia para suscribirlo. En ese orden de ideas, la
presentación de la solicitud “representa una mera expectativa”, siendo la labor de dicho
Comité estudiar la viabilidad de conceder la suscripción del contrato, que sí daría lugar
al surgimiento de derechos subjetivos para el inversionista.

4.5. La demandante aportó los siguientes documentos al expediente:

4.5.1. Certificados del 30 de octubre y del 7 de noviembre de 2012[36], de las empresas
DICON, Tecnogas Ltda., Montinpetrol S.A. Construcciones RO&MA S.A.S. y Gas and
Services S.A.S., que enumeran las personas que, durante los años 2009 y 2011,
fueron contratadas para ejecutar los contratos de obra celebrados con GN.

4.5.2. Fotografías y listados de asistencia de la campaña “Gas Natural al Parque”37, y
avisos informativos y listados de asistencia de la campaña “Despierta: El Monóxido de
Carbono mata”38.

4.5.3. Copia del informe ejecutivo del convenio de colaboración suscrito entre la
Fundación Gas Natural, FENOSA, Cooperativa Multiactiva Eco Bosco y Serviconfor
Colombia S.A. con fecha de diciembre de 2011, cuyo objeto fue la realización de un

36 F. 656-660, c. 4.
37 F. 688-729, c. 4.
38 F. 731-749, c .4.

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“proceso de selección, capacitación y certificación escalonado por
competencia laboral de treinta (30) técnicos integrales para la inspección de
instalaciones de gas domiciliario, instalación de gasodomésticos y mantenimiento de
artefactos de gas”.

4.6. Según el acta39 núm. 037-2013, expedida el siete (7) de febrero de dos mil trece
(2013) por la Procuraduría Décima Judicial II Administrativa de Cundinamarca40, el
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 8 de noviembre de 2012.

4.7. En desarrollo de la audiencia de pruebas41, llevada a cabo el 25 de mayo de 2016,
se practicó el testimonio de María Eugenia Coronado Orjuela42 quien dijo que se
desempeñaba desde el 2007 como “Country Manager”, para la actividad en Colombia
de la Empresa demandante. En su versión, además de exponer las generalidades de
la actividad económica de GN, adujo que el proyecto presentado para conseguir la
estabilidad jurídica planteaba:

“[…] una aceleración de las inversiones para cumplir con las metas del Gobierno
Nacional y del Gobierno Distrital para poder llegar a viviendas […] de interés social y
las viviendas de interés prioritario […] y todas las inversiones adicionales en zonas que
se encontraban pendientes de legalizar o en barrios que están [sic] creciendo en los
cinturones de la ciudad y poderlos entrar dentro [sic] de una […] regulación o una
normativa que les permita acceder […] con calidad y continuidad a un servicio público
esencia.” (min. 58:22 – 59:14).

4.7.1. Expresó que entre los años 2010 y 2014 se beneficiaron “alrededor de
cuatrocientos mil clientes” (400.000), a diferencia del proyecto en el que se planteaba
el beneficio para cerca de trescientos veinte mil (320.000). Por la zona en que se
planteaba el proyecto, esta tenía un “componente social importante” relacionado con
el desarrollo en el municipio de Soacha y Sibaté en proyectos de vivienda de interés
social (VIS) y de interés prioritario (VIP)43.

4.7.1.1. Además, en materia de “generación de empleo”, afirmó que mediante la
subcontratación con contratistas independientes, vinculó mano de obra especializada.
Refirió que cerca de 400 personas trabajaron para la construcción general de las obras
de gas, y laboraron en la confección de redes internas e instalación de aparatos
alrededor de 2500 personas por año44.

4.7.1.2. En desarrollo del proyecto, comoquiera que desde el Estado se les pidió
acompañar la construcción de viviendas VIS y VIP, GN adelantó campañas de
responsabilidad social y celebró convenios con terceros para la obtención de
calefactores, estufas y otros equipos de gas a crédito45.

39 F. 97, c. 5.
40 Suscrita por el entonces procurador, Víctor Rafael Buitrago Moré.
41 Acta: F. 313-315
42 CD audiencia: F. 312. (min. 50:30 a 1:22:23)
43 Min. 1:01:00 a 1:01:20
44 Min. 1:01:37 a 1:02:20
45 Min. 1:03:05 a 1:03:49

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4.7.1.3. Afirmó que, mediante el proyecto, hubo mejora tecnológica en
materia de seguridad, inspecciones y revisiones a las redes internas de las viviendas,
y de respuesta sistematizada de atención a los clientes46.

4.7.1.4. En suma, manifestó que el proyecto tuvo efectos positivos en la medida en
que dio acceso “en condiciones dignas y de calidad” al servicio prestado, así como los
empleos directos e indirectos, en torno a la prestación de un combustible económico y
menos contaminante47.

4.7.2. Ahora, interrogada sobre si la estabilidad jurídica solicitada para el proyecto era
determinante para desempeñar esa actividad, la testigo manifestó que:

“No era determinante, pero se requería un esfuerzo adicional importante para cumplir
las expectativas del Distrito y de la Nación en acelerar el crecimiento en zonas de mayor
necesidad” (min. 1:10:26 – 1:10:38).

4.7.3. Por otra parte, en relación con la recuperación de las inversiones efectuadas por
GN a través de la tarifa del servicio, durante el tiempo comprendido en el proyecto, la
testigo expresó:

“Algunas sí, están en proceso de recuperación, porque la recuperación se da en un
período de tiempo muy extenso, algunas no son objeto de remuneración (sic)” (min.
1:13:32 a 1:13:39).

4.7.4. La declarante adujo, en torno al carácter adicional de las inversiones referidas
en el proyecto, que:

“La compañía trabaja con base en unos planes de expansión presentados al regulador,
cuando se hacen solicitudes adicionales no planeadas, no vienen inicialmente
vinculadas a una remuneración […]. Estas inversiones fueron adicionales a las
planteadas inicialmente en nuestros esquemas regulatorios, con lo cual, para
acompañar la política distrital y de país se aceleraron inversiones que de otra manera
no se hubieran hecho en ese momento, se hubieran hecho seguramente con
posterioridad” (min. 1:14:56 a 1:15:31).

V. PRESUPUESTOS PROCESALES

5.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto, por virtud del recurso
de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca48,
en un proceso contencioso-administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho
contra un acto anterior a la celebración de un contrato49, proferido por una colegiatura

46 Min. 1:04:01 a 1:04:46
47 Min. 1:05:00 a 1:05:51
48 CPACA: “Artículo 150. Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda,
o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
49 Según el inciso segundo del artículo 141 del CPACA: “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,

con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este
Código, según el caso”. Estos artículos aluden a la nulidad simple y a la nulidad y restablecimiento del derecho,
respectivamente.

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compuesta por órganos del sector central de la Nación, como lo es el Comité
de Estabilidad Jurídica50, y que por su cuantía tiene doble instancia51.

5.2. Respecto a la oportunidad para presentar la demanda, el CPACA en su artículo
164, numeral 2, literal c) ordena que, so pena de la caducidad del medio de control:

“c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los
actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso” (subraya la Sala).

Así, desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución núm. 010 de 2012
(aptdo. 4.4), el término de caducidad se cumplió el trece (13) de noviembre de dos mil
doce (2012). Sin embargo, considerando el trámite conciliatorio extrajudicial, que tuvo
lugar entre el ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) —fecha en que se radicó
la solicitud— y el siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) —fecha del acta de no
acuerdo—, se observa que la demanda fue presentada52 durante el lapso de
suspensión del término de caducidad53 y para el momento en que se formuló la
solicitud el término no había fenecido. Por lo tanto, la acción fue ejercida dentro del
término legal.

5.3. Por último, las partes están legitimadas en la causa en el sub judice. Por activa,
toda vez que la sociedad actora fue la destinataria de la decisión de improbar la
solicitud de contrato de estabilidad jurídica (aptdo. 4.2 y 4.4). Por pasiva, las entidades
demandadas también están habilitadas para comparecer en este asunto porque,
conforme al literal b) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005, el Comité que tomó las
decisiones demandadas estaba conformado por el MinCIT, el Minhacienda, el
Ministerio del ramo en que se efectúa la inversión (en este caso, los de Minas y
Energía, y de Transporte) y el DNP54 (aptdo. 4.2).

50 “Artículo 4°. “Los contratos de estabilidad jurídica deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:

[…] b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o improbará la suscripción del contrato
conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para tal efecto se expida.
Este Comité estará conformado por: || ▪ El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. || ▪ El Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, o su delegado. || ▪ El Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, o su
delegado. || ▪ El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. || ▪ El Director de la entidad
autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades”.
51 Conforme al artículo 152 numeral 3 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda los

Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos: “… de nulidad y restablecimiento del derecho en que se
controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder
disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General
de la Nación”. Para ese entonces, el tope mencionado equivalía a la suma de $170’305.000. De acuerdo con la
demanda subsanada (f. 53-55, c. 1), las pretensiones fueron estimadas en $111.736’705.087, guarismo que supera
el límite fijado por la norma procesal.
52 Aptado. 2.1.1.
53 En virtud del artículo 21 de la Ley 640 de 2001: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en

derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre
el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea
exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta
que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.
54 Ley 963 de 2005. Artículo 4º: “b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o improbará

la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES
que para tal efecto se expida. Este Comité estará conformado por: // - El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o
su delegado. // - El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado. // - El Ministro del ramo en el que se

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VI. ANÁLISIS DE LA SALA

6.1. Marco normativo de evaluación de las solicitudes de contrato de estabilidad
jurídica

6.1.1. La figura del contrato de estabilidad jurídica fue concebida55 en el ordenamiento
jurídico colombiano, a través de la Ley 963 de 2005, como un instrumento de
naturaleza convencional56 de intervención estatal en la economía, con la finalidad de
estimular nuevas inversiones nacionales o extranjeras, o ampliar las existentes, para
incrementar el crecimiento económico del país y atraer inversionistas mediante la
reducción de los riesgos de cambio normativo57. Consistía en un negocio jurídico58 por
medio del cual un inversionista de determinadas condiciones59 adquiría, a partir de la
celebración del contrato60, el derecho de que se le aplicara, durante un período máximo

efectúe la inversión, o su delegado. // - El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. // - El
Director de la entidad autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades.”
55 La norma fue derogada por el artículo 166 de la Ley 1607 de 2012.
56 “… a diferencia de lo que sucedía con los “contratos de estabilidad tributaria” creados por la Ley 223 de 1995,

resulta indiscutible el carácter netamente contractual o convencional de los contratos de estabilidad jurídica, razón
por la cual era indispensable, para que dichos contratos se entendieran celebrados y produjeran efectos, que el
inversionista y la Nación, por intermedio del Comité de Estabilidad Jurídica y el ministro del ramo, se pusieran de
acuerdo sobre los aspectos esenciales del contrato y plasmaran su consentimiento por escrito.”: CONSEJO DE
ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de agosto de 2015. Rad. 11001-03-06-000-2015-00041-
00(2246)
57 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-320 del 24 de abril de 2006.
58 Según la Corte Constitucional: “Los contratos de estabilidad jurídica son de carácter administrativo, con objeto

lícito, sinalagmáticos, suscrito entre el Estado y un determinado inversionista nacional o extranjero, mediante el
cual, de conformidad con diversos artículos de la Ley 963 de 2005, el primero se compromete a garantizarle al
segundo que, durante un determinado tiempo (entre 3 y 20 años), se le continuarán aplicando unas determinadas
normas jurídicas expresas y precisas estipuladas en el texto del contrato, y sus correspondientes interpretaciones,
las cuales fueron consideradas determinantes para realizar la inversión; a cambio, el inversionista se compromete
a (i) llevar a cabo una nueva inversión o a ampliar una existente; (ii) presentar un estudio en el que se demuestre
el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las nuevas inversiones o la ampliación de las
existentes, al igual que una descripción detallada y precisa de la actividad, acompañada de los estudios de
factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos que se proyecta
generar; (iii), en caso de presentarse subrogación o cesión en la titularidad de la inversión, el nuevo titular deberá
contar con la aprobación de un Comité creado por la ley, para efecto de mantener los derechos y obligaciones
adquiridos en los contratos de estabilidad jurídica; (iv) cumplir de manera estricta las disposiciones legales y
reglamentarias que regulen la actividad vinculada con el tipo de actividad de que se trate y pagar puntualmente los
impuestos, tasas y contribuciones y demás cargos sociales y laborales a que está sujeta la empresa; (v) acatar
fielmente con el conjunto de normas establecidas o que establezca el Estado para orientar, condicionar y determinar
la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales; y (vi) cumplir “con todas
las obligaciones legales y reglamentarias de orden tributario y laboral adquiridas de conformidad con lo dispuesto
en la presente ley.” (Ibíd.)
59 En particular, las contempladas en el artículo 2° de la Ley 963 de 2005, modificado por el artículo 51 de la Ley

1111 de 2006: ARTÍCULO 2o. INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. Podrán ser parte en los
contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o
jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional,
por un monto igual o superior a 150.000 UVT, para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales,
agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales
y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía
eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que
trata el artículo 4o literal b). Se excluyen las inversiones extranjeras de portafolio.”
60 La Corte Constitucional se ha pronunciado a este respeto en dos ocasiones: (i) Al interpretar el artículo 1° de la

Ley 963 de 2005, dicha Corporación precisó en su momento que este precepto debía “ser entendido en el sentido
de que mediante los contratos de estabilidad jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de
la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del acuerdo celebrado con el Estado, las mismas
condiciones legales existentes al momento de la celebración de aquél, de tal manera que en caso de modificación
de dicha normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la posibilidad de acudir
a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó o en
últimas a una decisión judicial. Es decir, es posible que se presente la eventual modificación del régimen de
inversiones tenido en cuenta en un contrato de estabilidad jurídica. Pero su ocurrencia, si bien no impide su eficacia,
trae como consecuencia que los inversionistas puedan acudir a las acciones judiciales que estimen convenientes.

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de veinte (20) años61, el marco jurídico vigente para la fecha de suscripción
del contrato, y que estuviera identificado en el acuerdo de voluntades62 como
“determinante de la inversión” (artículo 1°, inciso segundo).

6.1.2. Para celebrar el contrato, los inversionistas debían presentar una solicitud
acompañada, entre otras cosas, de elementos que describieran de manera detallada
y precisa la actividad del inversionista, junto con “los estudios de factibilidad, planos y
estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos que se
proyecta generar” (artículo 4°, literal a).

Además, según el artículo 3 del Decreto Reglamentario 2950 de 2005, la solicitud
debía, entre otros aspectos, describir detalladamente el proyecto de inversión, junto
con las “las modalidades de inversión y estudios de factibilidad técnica, financiera y
económica, planos u otra documentación”; su cuantía, el plazo para efectuar el
proyecto, y en particular debía contener una:

“Exposición de las razones que demuestren la importancia y el carácter determinante
sobre la decisión de inversión de las normas e interpretaciones administrativas

De tal suerte que la incorporación de unas normas legales en un contrato estatal no impide la posterior modificación
de las mismas por la autoridad competente. || Ahora, esa incorporación de la ley al contrato, no sólo es un principio
general de la regulación de los contratos, sino que también es perfectamente conveniente, tanto en los contratos
particulares como estatales. Por lo tanto, la verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista,
no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica
que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose
así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión. Luego en el fondo, de acuerdo con el artículo
58 constitucional, no se garantiza de esta manera meras expectativas, sino el derecho de los inversionistas que se
adquieren por este contrato de estabilidad jurídica, el cual consiste en que los derechos que surjan de las
inversiones se rijan por las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de estabilidad jurídica y no
por las leyes posteriores que eventualmente las modifiquen” [sent. C-320/06 (se subraya)]. (ii) Al estudiar la
constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1430 de 2010, relacionado con la eliminación de la deducción especial
por inversión en activos fijos reales productivos, que planteaba una situación especial para quienes hayan
presentado solicitudes de contrato de estabilidad jurídica antes del 1° de noviembre de 2010, la Corte precisó,
acerca de la solicitud de este tipo de contratos, que: “34.2. La solicitud de contratos de estabilidad jurídica,
requiriendo agregar la deducción por inversión en activos fijos, no es una situación jurídica consolidada del
solicitante, sino una simple expectativa de suscribir un contrato. Solamente el contrato de estabilidad jurídica
suscrito genera un derecho consolidado y por ende privilegiado por el principio de confianza legítima. || 34.3. La
suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe reunir una serie de requisitos señalados por la ley 963 de
2005. Solamente hasta la formalización y suscripción del contrato se estaría en presencia de un derecho adquirido.
En este orden de ideas, la regulación realizada por la expresión acusada versa sobre meras expectativas, las cuales
requerirían el cumplimiento de exigencias legales sin las cuales la deducción no podría materializarse. || 34.4. Es
más, la simple solicitud de contrato de estabilidad jurídica no garantiza que en efecto dicho contrato se suscriba y
menos aún que se haga efectiva la deducción por inversión en activos fijos reales productivos. Situación que
claramente desdice de la confianza legítima supuestamente vulnerada en aquellas personas que pudieron
presentar solicitud del tipo de contrato mencionado entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de 2010. Tanto
dichos inversionistas como los que realizaron la solicitud con anterioridad al 1° de noviembre de 2010, tenían
simples expectativas en la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y simples posibilidades respecto de la
deducción de la norma acusada. En otras palabras, si la solicitud no garantiza un contrato, mucho menos se
garantiza la estabilización de la deducción especial, no vulnerándose la confianza legítima”. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-785 del 10 de octubre de 2012. (Se subraya).
61 LEY 963 DE 2005. “Artículo 6o. Los contratos de estabilidad jurídica empezarán a regir desde su firma y

permanecerán vigentes durante el término de duración establecido en el contrato, el cual no podrá ser inferior a
tres (3) años, ni superior a veinte (20) años”.
62 LEY 963 DE 2005. Artículo 3°, inciso primero: “En los contratos de estabilidad jurídica deberán indicarse de

manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean
consideradas determinantes de la inversión”. Y artículo 4°, literal d): “En las cláusulas contractuales deberán
transcribirse los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos de las normas emitidas por los
organismos y entidades determinados en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes, sobre
los cuales se asegurará la estabilidad, y se expondrán las razones por las que tales normas e interpretaciones son
esenciales en la decisión de invertir”.

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vinculantes objeto de la solicitud, de acuerdo con el Documento Conpes respectivo”
(literal d).

6.1.3. Ahora, de acuerdo con el artículo 4° literal b de la Ley 963 de 2005, la solicitud
sería evaluada por el Comité, encargado de aprobar o improbar la suscripción del
contrato. Este estaba conformado de forma permanente por el Minhacienda, el MinCIT
y el DNP, por el Ministerio perteneciente al “ramo en el que se efectúe la inversión, o
su delegado”; y por el director de la entidad autónoma respectiva, si en la solicitud se
pedía la estabilidad de normas expedidas por este tipo de instituciones. De acuerdo
con la norma citada, para efectuar la evaluación de la solicitud, el Comité seguiría lo
establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y el “documento CONPES que para tal
efecto se expida”.

6.1.3.1. En ese orden de ideas, el Decreto 2950 de 2005 desarrolló aspectos atinentes
al funcionamiento del Comité, como la habilitación para expedirse su propio
reglamento (artículo 1°) y la creación de una Secretaría Técnica a cargo del MinCIT,
que se encargaría, entre otras actividades, de: (i) admitir las solicitudes de contrato,
verificando que estas contuvieran la información requerida (artículo 4°); así como de
(ii) solicitar conceptos técnicos necesarios para evaluar la solicitud y, una vez reunida
la información relevante, preparar un informe técnico de evaluación con
recomendaciones (artículo 5°).

En relación con la evaluación y aprobación de la solicitud, el Decreto precisó lo
siguiente:

“Artículo 6º. Evaluación y aprobación de la solicitud. El Comité decidirá sobre la
aprobación o improbación de la celebración del contrato. A dicha reunión podrá
invitarse al peticionario para que amplíe los detalles de su solicitud.

Si el Comité considera necesario contar con conceptos adicionales de otras entidades,
procederá a solicitarlos a través de la Secretaría Técnica, otorgando a la respectiva
entidad un plazo máximo de diez (10) días hábiles para responder.

Si el Comité requiere información adicional del peticionario para tomar la decisión, o si
considera que para la realización efectiva de las finalidades de generar inversión nueva
y aumentar el crecimiento, desarrollo y bienestar social, la solicitud requiere de una
modificación en cualesquiera o todos sus elementos, así lo indicará a la Secretaría, la
cual devolverá la solicitud al peticionario indicando la información adicional requerida,
o las modificaciones propuestas por el Comité, según sea el caso. El término previsto
en el literal f) del artículo 4º de la Ley 963 de 2005 se suspenderá hasta que el
peticionario allegue la información adicional o la modificación solicitada por el Comité.

La decisión final del Comité se notificará al peticionario, a través del Ministro del ramo
en el que se efectúe la inversión, y contra ella sólo podrá interponerse el recurso de
reposición”.

6.1.3.2. El MinCIT, Minhacienda y el DNP expidieron la Resolución núm. 01 del 16 de
diciembre de 2005, que contiene el reglamento del Comité, en el cual fueron
enunciadas sus funciones (artículo 2°), entre ellas, la de “[e]studiar el análisis de
sensibilidad que presente el inversionista solicitante, en el cual se demuestre la

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importancia y el carácter determinante de las normas objeto de estabilidad
jurídica sobre la decisión de inversión” (numeral 6); y la de “[e]valuar los efectos de la
nueva inversión o la ampliación de la ya existente sobre la creación de empleo y demás
factores de impacto económico y social, basándose en la información suministrada por
el solicitante” (numeral 7).

6.1.4. Por su parte, los Documentos CONPES 3366 del 1 de agosto de 2005 y 3406
del 19 de diciembre del mismo año desarrollaron las condiciones técnicas para evaluar
las solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica.

6.1.4.1. De los principios generales contenidos en el literal A del CONPES 3366, cabe
destacar los siguientes:

“[…] - La celebración y suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es
competencia del Estado. Su decisión de suscribirlo o no, será siempre motivada y
pública.

• Los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el interés del
inversionista que lo suscribe y el interés general. Preservarán la soberanía legislativa y
regulatoria del Estado, evitarán el desorden administrativo, y salvaguardarán la
sostenibilidad fiscal.

• El contrato de estabilidad jurídica se restringirá en su objeto a un proyecto específico
de inversión.

• Cuando el objeto de la solicitud sea un proyecto específico de ampliación de una
inversión existente y la solicitud de estabilidad jurídica recaiga sobre normas que
afectan sólo la inversión marginal, deberá establecerse en el contrato un mecanismo
de control y auditoría que verifique la extensión de la estabilidad jurídica únicamente a
la inversión marginal. Si, por el contrario, la solicitud de estabilidad jurídica pretende el
amparo de toda la actividad económica del inversionista, éste demostrará al Comité las
externalidades positivas esperadas de la inversión, su magnitud y el carácter
indiferenciable de éstas respecto de las generadas por la inversión original y que su
balance arroje rentabilidad social y económica positiva. En cualquier caso, el
inversionista solicitante aportará al Comité la información histórica detallada sobre su
actividad económica, con el objeto de contrastar el tamaño relativo de la nueva
inversión para la cual se solicita el contrato de estabilidad jurídica en relación con la
inversión existente.

• El inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de
demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que proyecta
realizar”.

6.1.4.2. El CONPES 3406 modificó la redacción del criterio de “suficiente entidad” de
los impactos económicos sociales y económicos que debía considerar el Comité para
aprobar la celebración del contrato de estabilidad jurídica63, el cual quedó así:

63 Para realizar la modificación, el Documento 3406 argumentó lo siguiente: “El Documento Conpes 3366 estableció

como justificación de la celebración de un contrato de estabilidad jurídica que la nueva inversión o la ampliación de
la inversión existente amparada genere impactos económicos y sociales positivos de “suficiente entidad”, y que
tales impactos formarán parte de los compromisos y responsabilidades adquiridos por el inversionista. // Tal
redacción puede dar lugar a una interpretación taxativa según la cual las cifras absolutas y exactas argumentadas
por el inversionista en la demostración de los impactos económicos y sociales positivos constituyen, por sí mismas,
los compromisos adquiridos. Esta interpretación no permite el normal margen de variabilidad que todo proyecto de
inversión trae consigo.”

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

“Los impactos generados por la inversión que el inversionista solicitante argumente
para demostrar la rentabilidad económica y social positiva de la suscripción del contrato
de estabilidad jurídica, deben ser de suficiente entidad como para justificar la
celebración del mismo y, si el Comité así lo determina, formarán parte de los
compromisos y responsabilidades adquiridos por el inversionista mediante la
celebración de tal contrato”.

6.1.4.3. En cuanto a los criterios específicos para evaluar las solicitudes de contrato,
contenidos en el literal B del CONPES 3366, cabe citar los siguientes:

“[…] - Actividades económicas elegibles. El Comité considerará las solicitudes de
inversionistas nacionales y extranjeros para la suscripción de contratos de estabilidad
jurídica que amparen proyectos de inversión nuevos o de ampliación de inversiones
existentes, en cualquier sector de la economía. Sólo se exceptuarán aquellos sectores
o actividades restringidos por el Régimen General de Inversiones64 y los expresamente
excluidos por la Ley 936 de 2005. No se favorecerán unas actividades sobre otras,
salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el Plan
Nacional de Desarrollo vigente.

• Determinación del carácter esencial de la norma asegurada. El Comité estudiará el
análisis de sensibilidad que para el efecto presentará el inversionista solicitante, en el
cual demuestra la importancia y el carácter determinante de la norma objeto de la
solicitud de estabilidad jurídica sobre la decisión de inversión. El resultado de la
evaluación del análisis de sensibilidad será determinante para aprobar o improbar la
solicitud”.

6.1.5. En suma, para evaluar la solicitud de contratos de estabilidad jurídica, las
entidades que conformaban el Comité debían observar las normas especialmente
diseñadas para tales efectos, así como los lineamientos fijados por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES), sin que ello signifique que en
ejercicio de esas atribuciones, y en el marco de una interpretación sistemática del
ordenamiento, estas fueran las únicas fuentes de derecho que debía tener en cuenta.
Desde luego, el estatus de autoridades públicas hacía obligatoria la observancia de
los principios y fines de la Constitución Política de Colombia, e igualmente era
indispensable considerar los preceptos que regulaban el sector económico del
solicitante, en el cual se desarrollaría el proyecto de inversión, ya que de otro se
omitiría la función encomendada al Comité por el Legislador.

6.2.1. Sobre el primer problema jurídico: Competencia del Comité

Según la apelante (aptdo. 2.4.1), el Comité se extralimitó en sus competencias, porque
(i) analizó normas ajenas a las relacionadas con el procedimiento seguido con la
solicitud de contrato de estabilidad jurídica. En ese sentido, aduce que con la decisión
se (ii) agregaron requisitos que la normatividad no contempla, y (iii) se obviaron los
precisos pasos del procedimiento “reglado” para decidir la solicitud.

64 “El Decreto 2080 de 2000 (“Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital

colombiano en el exterior”) establece, en el artículo 6, las excepciones en cuanto a sectores de la economía en los
cuales no pueden realizarse inversiones de capital del exterior” (cita núm. 1 original del Documento).

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

6.2.1.1. De acuerdo con los documentos allegados al expediente, la solicitud
de contrato estaba fundamentada en un proyecto de inversión para potencializar y
expandir el sistema de gas natural en residencias y establecimientos de comercio de
la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, durante el período comprendido entre
los años 2010 y 2014 (aptdo. 4.1).

Como la actividad económica descrita en el proyecto de inversión desarrollaba el
servicio público domiciliario de gas combustible, regido expresamente por la Ley 142
de 1994[65], el Comité debía acudir forzosamente a su normativa, en aras de ejecutar
debidamente el análisis que la Ley 963 de 2005 le asignaba. Por tanto, la consideración
de las particularidades de la regulación atinente al sector económico de la prestación
del servicio de gas natural, particularmente en materia tarifaria, no era extraña sino
imprescindible para que las entidades demandadas y reunidas en el Comité efectuaran
su labor, y no significaba la inclusión de requisitos adicionales, sino la observancia de
normas imperativas, aplicables al sector del proyecto, que buscaba desarrollarse en
ese sector de la economía; normas a las cuales se encuentra sometida la
Administración.

6.2.1.2. Ahora, si bien es cierto que el ordenamiento diseñado para decidir sobre las
solicitudes de contrato de estabilidad jurídica daba cuenta del funcionamiento interno
del Comité, y en ese sentido precisaba algunas pautas procedimentales, esto no
significaba que la decisión de aprobar o improbar la solicitud fuera completamente
reglada. Por el contrario, al escapar de la comprensión del legislador cada uno de los
supuestos de hecho que inequívocamente cumplirían con las finalidades sociales y
macroeconómicas del Estado66, y que, con ello, conducirían a conceder el beneficio
de estabilidad normativa al inversionista través del contrato, se entiende que estas
competencias administrativas eran discrecionales67.

65 Según el ámbito de aplicación de esta Ley, contenido en el artículo 1°, se establece que rige para “a los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible,
telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural*; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades
complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales
de esta Ley.” Así mismo, el artículo 14.28. define en qué consiste el servicio público de gas combustible: “Es el
conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de
acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo
su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde
la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta
aquel en donde se conecte a una red secundaria.”
66 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-242 del 29 de marzo de 2006.
67 En ese sentido, la jurisprudencia ha considerado que: “en la evaluación de los proyectos de inversión existía un

análisis discrecional a cargo del comité de estabilidad jurídica, lo cual lleva a advertir que la solicitud no otorgaba
derechos adquiridos y que no toda solicitud daba derecho a firmar el contrato de estabilidad jurídica, como lo
advirtieron las entidades demandadas en este proceso. || Frente al análisis de las decisiones discrecionales es
importante hacer notar que la aprobación de los contratos de estabilidad jurídica tenía algunos requisitos reglados
pero, también guardaba una competencia de naturaleza discrecional en cuanto al análisis del proyecto de inversión
y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas que en cada caso se buscaba
estabilizar, toda vez que esos factores no estaban completamente detallados en la reglamentación. || Finalmente,
no se puede aceptar que la configuración de cualquier decisión que tenga naturaleza o factores discrecionales
resulte ilegal, puesto que la ley no prohíbe el acto discrecional, cosa distinta es que exija su debida motivación para
evidenciar que el acto respectivo es adecuado a los fines de la norma que lo autoriza y proporcional a los hechos
que le sirven de causa.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 29 de noviembre de 2018. Rad. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006). Igualmente,
de la misma Subsección, ver: Sentencia del 27 de agosto de 2021. Rad. 25000233600020150099501 (58927),
aptados. 60 a 68.

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Por lo tanto, el Comité contaba con un amplio margen de valoración de los
elementos fácticos traídos a su conocimiento por el inversionista, para determinar si
las variables del proyecto cumplían o no con los lineamientos sociales y económicos
pertinentes; facultad limitada precisamente por el ordenamiento constitucional y legal
que, en general, conminan a que la decisión sea adecuada a los fines jurídicamente
establecidos y proporcionales a los hechos causantes68.

6.2.1.3. Cabe precisar que las pautas de presentación, aprobación, elaboración de
informe técnico y evaluación de la solicitud que expuso el a quo (aptdo. 2.3.1) sí podían
ser delineadas, pero no solamente a partir de lo dispuesto en la Resolución 01 de 2005
que reglamentaba el funcionamiento del Comité, sino también de la Ley, el Decreto
reglamentario y los Documentos CONPES (aptados. 6.1.2 a 6.1.4.3); conclusión que
no desdice de las conclusiones del Tribunal (aptdo. 2.3.1.1), esto es, que en el caso
concreto el Comité actuó dentro de su margen competencial al incorporar en su análisis
las leyes que tratan la actividad de servicio público domiciliario de gas combustible en
la evaluación y decisión de la solicitud de contrato presentada por GN.

Por estos motivos, el primer problema jurídico se contesta en sentido negativo, y este
cargo, tal como fue formulado en el recurso de apelación, no prospera.

6.2. Solución al segundo problema jurídico: la impugnación del acto por falsa
motivación

La apelante insiste en que los actos demandados incurrieron en falsa motivación
debido a que, a su juicio, sí existieron “externalidades positivas” derivadas del proyecto
de inversión que presentó, que fueron obviadas por el Comité. Igualmente, aduce que
las normas sobre servicios públicos domiciliarios fueron interpretadas incorrectamente,
toda vez que las tarifas no eliminan ni reducen los riesgos propios de la prestación del
servicio público de gas combustible.

6.2.1. De entrada, nota la Sala que no cabe dar crédito a las afirmaciones vertidas en
la demanda (aptdo. 2.1.5.3) y reiteradas en la apelación (aptdo. 2.4.2), sobre una
interpretación equivocada de las normas reguladoras de las tarifas del servicio de gas
natural, sin que los hechos aducidos como fundamento del error hermenéutico argüido
hayan sido acreditados con medios de convicción que denoten la veracidad o
probabilidad de sus dichos. Además, se observa que las razones del Comité para no
aprobar la solicitud apuntaron a la recuperación de los costos del proyecto de inversión
a través de las tarifas (aptdo. 4.4.4 a 4.4.4.3), no a que las tarifas respondieran a los
riesgos de la actividad económica de la Empresa en general, por lo que estos
señalamientos de la demandante resultan impertinentes.

6.2.2. Cabe recordar que la solicitud de contrato buscaba amparar la totalidad de la
actividad económica de la Empresa inversionista, situación que a su vez, según lo
dispuesto en el Documento CONPES 3366 (aptdo. 6.1.4.1), imponía a la solicitante
demostrar, desde la presentación de la solicitud, las externalidades positivas que se
68 CPACA. Artículo 44.

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derivarían de la inversión, es decir, que era necesario para el inversionista
patentizar los beneficios que la economía nacional y la comunidad en general
experimentarían por la ejecución del proyecto de inversión69.

En todo caso, el análisis sobre la validez de los actos en razón de las externalidades
positivas del proyecto no puede fundarse en elementos de juicio que, al momento de
la evaluación del proyecto, no hayan sido conocidos por el Comité. Es decir que, en
este caso, no pueden ser valorados los elementos que, para la fecha de presentación
de la solicitud (enero de 2010), de la decisión inicialmente adoptada (septiembre de
2011), y de su confirmación (mayo de 2012), reflejarían los beneficios sociales y
económicos que, de acuerdo con la actora, finalmente tuvo la ejecución del proyecto
entre los años 2011 y 2014 (aptados. 4.5.1 a 4.5.3, y 4.7.1.1 a 4.7.1.4), porque no hay
prueba de que todos estos insumos hayan sido conocidos oportunamente por el
Comité durante el trámite de evaluación, y en tal sentido, no fue desvirtuado el motivo
plasmado en la decisión administrativa demandada (aptdo. 4.4.1.1).

6.2.2.1. Uno de los dos medios de prueba practicados en este proceso que darían
cuenta de las externalidades positivas del proyecto lo sería la solicitud de suscripción
del contrato de estabilidad jurídica, en la cual la Empresa expuso al Comité las
bondades del proyecto y los compromisos que asumiría, para la aprobación de la
celebración del contrato de estabilidad jurídica (aptados. 4.1 a 4.1.3.4).

Un elemento de convicción de estas características, originado como lo fue en la parte
interesada, sin respaldo en otros medios de prueba, y cuyo contenido únicamente
redunda en las afirmaciones hechas por la demandante para obtener un resultado
favorable a sus pretensiones judiciales no podría, por sí solo, dar cuenta de los
beneficios sociales y económicos que se habrían derivado del proyecto, ni de un error
en la apreciación fáctica efectuada por el Comité al improbar la solicitud.

6.2.2.2. Esto conduce al otro medio de prueba aportado o practicado para acreditar las
afirmaciones de la demanda: el testimonio de María Eugenia Coronado Orjuela
(aptados. 4.7 a 4.7.3), representante legal de GN. A juicio del Tribunal (aptdo. 2.3.1.3),
esta versión no solo fracasó en el propósito de demostrar las externalidades positivas
del proyecto de inversión, sino que respaldó la motivación desplegada por el Comité,
al afirmar que las inversiones sí se recuperaban por vía tarifaria, y que la expansión
del servicio de gas solamente favorecía a la entidad.

6.2.3. Pues bien, las motivaciones del Comité para negar la solicitud de contrato de
estabilidad jurídica gravitaron en torno de dos aspectos: (i) la insignificancia de las
externalidades positivas planteadas por el proyecto de inversión para estimular la
economía nacional y beneficiar a la comunidad; y (ii) que las normas a estabilizar no
eran determinantes para que el inversionista realizara el proyecto propuesto, en tanto,
según la Ley 142 de 1994 y los conceptos y regulaciones de la CREG, las tarifas

69 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el vocablo “externalidad” se define como el

“Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras
personas o entidades.” (En pág. web: https://dle.rae.es/externalidad?m=form, consultado el 28-oct-22)

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contemplan la recuperación de lo invertido por la expansión del servicio y, por
ende, reducían los riesgos de la operación, sin necesidad de contar con la estabilidad
jurídica pedida.

En ese sentido, el testimonio de la señora Coronado Orjuela: (i) manifestó una posición
similar a la de la Empresa, en relación con las externalidades positivas y su magnitud
(aptados. 4.7.1 a 4.7.1.4), afirmaciones que, además de no ser suficientes para
acreditar el hecho de las externalidades, tampoco son creíbles; y carecen de
independencia al ser parcializadas en favor de la sociedad que la testigo representaba
legalmente, como parte actora que es en este proceso contencioso.

Por otro lado, la referida declaración (ii) no controvierte las razones expuestas por el
Comité respecto del carácter determinante del contrato de estabilidad para efectuar la
inversión. Por el contrario, en estas específicas materias, la señora Coronado Orjuela
como representante legal de GN, con capacidad y poder dispositivo sobre el derecho
en disputa70, y conocimiento sobre hechos de los cuales tuvo conocimiento (aptdo.
4.1), realizó una confesión judicial por representante, que versó sobre hechos que no
exigían otro medio de prueba especifico, y generan consecuencias jurídicas adversas
a las pretensiones incoadas en sede judicial71.

Así, de su versión se destaca que: (a) describe el proyecto como una “aceleración de
las inversiones” (aptdo. 4.7), planificadas dentro de lo establecido por las autoridades
nacionales y locales, por lo que esta inversión no requería de la estabilidad jurídica
solicitada ya que, en palabras de la testigo, esta “seguramente” hubiera tenido
desarrollo “con posterioridad” (aptdo. 4.7.4); (b) aseguró que la estabilidad no era
determinante para la inversión y que esta tenía el propósito de cumplir con los
requerimientos de los gobiernos distrital y nacional (aptdo. 4.7.2); y (c) confirmó que
en el sector económico de GN, las inversiones sí se recuperaban a través de la tarifa
del servicio, aunque fuera de modo parcial y dilatado (aptdo. 4.7.3). Todas estas
afirmaciones reafirman la motivación expuesta por el Comité para improbar la solicitud,
concretamente, que la estabilidad jurídica no era un factor fundamental para invertir.

6.2.4. En conclusión, la parte actora no logró probar que, para la fecha de presentación
del proyecto, hubieran sido demostradas al Comité las externalidades positivas que,
supuestamente, se derivaban del proyecto de inversión. GN tampoco desvirtuó la
legalidad ni el acierto de la decisión administrativa basada en la consideración de que
la tarifa del servicio público de gas combustible recuperaba los costos de la inversión.
Por el contrario, a partir de la confesión judicial de la representante, las diferentes

70 Ver supra. cit. 21.
71 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (Decreto 1400 de 1970, “CPC”): “Artículo 195. La confesión requiere: 1.

Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
// 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la
parte contraria. // 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. // 4.
Que sea expresa, consciente y libre. // 5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga
conocimiento. // 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.” […]
“ARTÍCULO 198. CONFESION POR REPRESENTANTE. Vale la confesión del representante legal, el gerente,
administrador o cualquier otro mandatario de una persona, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, en lo
relativo a actos y contratos comprendidos dentro de sus facultades para obligar al representado o mandante”.

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motivaciones del Comité atinentes a que la estabilidad fuera determinante de
la inversión encuentran respaldo.

En consecuencia, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y,
consecuentemente, el cargo por falsa motivación por estos aspectos no está llamado
a prosperar.

6.3. Solución al tercer problema jurídico: en relación con el supuesto trato
inequitativo del Comité

La demandante denuncia que fue objeto de un trato inequitativo respecto de otros
inversionistas, porque estos formularon proyectos que no traían consigo las
externalidades positivas que sí conllevaría el que fue presentado por la Empresa
actora, ni generaron la misma cantidad y calidad de empleos. La diferencia de trato del
Comité es colegida por el demandante de los objetos de los contratos de estabilidad
celebrados, y de que algunas de las solicitudes aprobadas provenían de empresas de
servicios públicos domiciliarios (aptados. 2.4.2 a 2.4.3.2).

Una vez descartado que, en el presente asunto, la demandante haya demostrado las
externalidades positivas de su proyecto de inversión, este acápite se centrará en los
argumentos de trato inequitativo en comparación con otros proyectos y compañías
cuyas solicitudes de contrato fueron aprobadas.

6.3.1. Para empezar, la jurisprudencia de esta Subsección72 ha sentado postura en
casos análogos sobre los presupuestos del juicio concreto de igualdad, en relación con
otras solicitudes de contrato de estabilidad jurídica, partiendo de la base de que el
derecho a la igualdad no prohíbe el trato desigual sino el trato discriminatorio, y que el
“examen aplicado a casos concretos impone establecer si los supuestos son
susceptibles de ser comparados, si fáctica o jurídicamente existe tratamiento desigual
entre iguales o igual entre disímiles, y si dicho tratamiento está jurídicamente
justificado”.

Estas exigencias se derivan de la carga que impone a las partes la labor de demostrar
las afirmaciones fácticas enunciadas en el proceso para erigir su acción o su defensa73;
carga que, en el contexto del juicio concreto de igualdad, supone que quien alega la
violación “arrime los medios de convicción suficientes para identificar cada uno de los
elementos necesarios del juicio concreto de igualdad o, cuanto menos, un principio de
prueba”. Es decir que el actor debe probar que la discriminación, a partir de los medios
aportados o practicados en el proceso, es como mínimo verosímil o creíble74.

72 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

28 de febrero de 2022. Rad. 25000-23-36-000-2013-00858-01 (53147). Aptdo. 3.4.4. En este punto, el fallo retoma
algunas de las consideraciones de la Subsección A en sentencia del 19 de noviembre de 2018, antes citada.
73 Ver: CPC, Artículo 177; CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (Ley 1564 de 2012, “CGP”), Artículo 167, y

CÓDIGO CIVIL, Artículo 1757.
74 El principio de prueba es definido por la doctrina como un “Elemento de convicción que, sin persuadir eficazmente

acerca de la verdad de un hecho, lo hace verosímil”: COUTURE, Eduardo J. “Vocabulario Jurídico”. Ediciones
Depalma. Buenos Aires, 1983, p. 476. Igualmente en: Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de
Español Jurídico. Pág. Web: https://dpej.rae.es/lema/principio-de-prueba (consulta: 1-nov-22)

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6.3.2. Dicho lo anterior, no le asiste razón al apelante en afirmar que no estaba
conminado a probar que las otras empresas, cuyas solicitudes de contrato fueron
aprobadas por el Comité, estaban en circunstancias similares o iguales a las de la GN
(aptdo. 2.4.3.1). Ello deviene de la carga probatoria soportada en el ordenamiento legal
vigente.

6.3.3. De otra parte, en el expediente no hay elementos de convicción que informen
sobre los hechos afirmados en la demanda y en el recurso (aptados. 2.1.5.2 y 2.4.3).
Por lo tanto, la carga probatoria correspondiente a la parte demandante no fue
satisfecha.

6.3.3.1. No bastaba pues con la simple mención de los objetos de los contratos de
estabilidad jurídica suscritos con otras empresas, para inferir que los proyectos de
inversión en cada uno de esos casos generaran beneficios sociales y económicos
menores que los de la presentada por GN. Mucho menos cuando la actora pretermitió
la carga de probar las externalidades positivas de su propuesta, como se advirtió
anteriormente.

6.3.3.2. Sin contar con medios de prueba que informen sobre lo ocurrido en los
procedimientos de evaluación de las respectivas solicitudes de contrato de estabilidad
jurídica, no resulta posible inferir un tratamiento discriminatorio en contra de GN por el
simple hecho de que las propuestas de inversión presentadas por otras empresas de
servicios públicos domiciliarios fueran beneficiadas por el Comité. De hecho, es
desconocido si en esos escenarios fue siquiera mencionada la interpretación de las
normas de servicios públicos domiciliarios aplicada por la autoridad administrativa en
dichos casos. Por eso, afirmar que la naturaleza jurídica societaria de las demás
solicitantes sea igual a la de GN es insuficiente para encontrar probada la
discriminación en contra de la actora.

6.3.4. Por lo tanto, este cargo tampoco tiene éxito, y la respuesta al tercer problema
jurídico también es negativa.

6.4. Por todo lo anteriormente expuesto, la sentencia de primera instancia deberá ser
confirmada.

VII. LA CONDENA EN COSTAS

7.1. La recurrente cuestionó la condena en costas en primera instancia porque, a su
juicio, esta requiere valorar la conducta de las partes en el proceso (aptdo. 2.4.4).
Sobre este punto, tampoco le asiste razón a la recurrente por las siguientes razones:

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7.1.1. Como lo ha dicho antes esta Subsección75, a diferencia de lo que
ocurría en la anterior normatividad adjetiva76, el CPACA en conjunto con la respectiva
norma de remisión77, prevé que la condena en costas no tiene en cuenta la conducta
de las partes sino que asume una postura objetiva, en cuanto ordena que el condenado
a asumirlas es quien haya sido derrotado en el proceso o en la decisión del recurso,
independientemente de su actuar; y la condena en costas depende de la demostración
de que hubieran sido causadas78.

7.1.2. En ese contexto, esta misma Subsección79 ha considerado que, en este tipo de
régimen de costas, no es procedente su revisión por el superior jerárquico encargado
de resolver el recurso de apelación, debido a que la condena se funda únicamente en
la prosperidad o no de las pretensiones o excepciones. No ocurría lo mismo en los
regímenes de costas procesales fundamentados en juicios fácticos y jurídicos
independientes al de la mera constatación de la derrota en el proceso, como lo era la
evaluación de la conducta de las partes prevista en el Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984), con la modificación introducida mediante el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

7.1.2. Ahora, en relación con las costas en segunda instancia, según el Código General
del Proceso80 (Ley 1564 de 2012, “CGP”), la condena en costas procede contra la “la
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP,
artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las
expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1),
mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de
conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por medio
del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de las agencias en derecho
(núm. 4). Para la segunda instancia de los procesos declarativos, dicha tarifa tiene
como límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigencias (SMMLV).

En virtud de los criterios normativos para tasar las agencias en derecho, a saber, “la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente (y) la cuantía del proceso”, esta Colegiatura reconocerá, la suma
de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV) a cada una de las
demandadas que intervino en esta instancia, a saber: MinCIT, Mintransporte,
Minhacienda y DNP, y se abstendrá de reconocerlas al Minminas que guardó silencio.

75 Sent. 22-feb-22, ya citada.
76 Según el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998: “En todos los procesos, con

excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
77 Según el artículo 188 del CPACA, la sentencia deberá disponer sobre la condena en costas (lo que incluye

expensas y agencias en derecho) de acuerdo con lo reglado por el Código de Procedimiento Civil.
78 En ese sentido, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda –

Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
79 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del

21 de noviembre de 2022. Rad. 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629).
80 Aplicable al recurso de apelación por haber sido presentado con posterioridad a la entrada en vigor de este

cuerpo normativo para la jurisdicción de lo contencioso administrativo: 1 de enero de 2014. Sobre la vigencia del
CGP en esta jurisdicción, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25
de junio de 2014. Rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02084-01 (57988)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016)
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de las entidades demandadas. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en
el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la
liquidación de las costas, a favor de la Nación–Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo–Ministerio de Hacienda–Ministerio de Transporte–Departamento Nacional de
Planeación conforme a lo indicado en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado (E) Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF

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