Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01657-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01657-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-01657-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: CLAUDIA PATRICIA SÁENZ BUENO
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: REGLA DE LA CONGRUENCIA – La modificación de la causa petendi en
el recurso de apelación impone al juez de la segunda instancia el deber confirmar
la decisión recurrida.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia desestimatoria de las pretensiones del 20 de abril de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se pretende la declaratoria de nulidad de la resolución DSM 2209 del 2 de julio de
2010, mediante la cual se ordenó el retiro y desalojo de las actividades mineras
realizadas en el área del contrato de concesión minera HHU-09151 y de la
resolución DSM 2859 del 27 de agosto de 2010, confirmatoria de la anterior.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda.
Mediante escrito radicado el 12 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.), la señora Claudia
Patricia Sáenz Bueno, actuando a través de apoderado judicial (fl. 16 c. ppal.),
promovió demanda de controversias contractuales en contra del Servicio Geológico
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Colombiano (anteriormente Instituto Colombiano de Geología y Minería –
INGEOMINAS) y las sociedades ISAGEN S.A. y Grupo ICT II S.A.S., con el fin de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
Primera: Se declare nula la resolución DSM No. 2209 de fecha dos (2) de julio
del dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio Minero del
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS, "por
medio de la cual se ordena en retiro y desalojo de las actividades mineras en
el área declarada de utilidad pública y se toman otras determinaciones dentro
del contrato de concesión No. HHU-09151".
Segunda: Se declare nula la resolución DSM No 2859 de fecha veintisiete (27)
de agosto del año dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio
Minero del INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -
INGEOMINAS-, "por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
contra la resolución No. DSM-2209 de julio dos (2) de dos mil diez (2.010) por
medio de la cual se ordena el retiro y desalojo de las actividades mineras en el
área declarada de utilidad pública".
Tercera: Se declare nula la resolución DSM No. 3326 de fecha cuatro (4) de
noviembre de dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio Minero
del INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS-,
"por medio de la cual se concede la autorización temporal No. LJP-11221".
Cuarta: Se declaren nulos los actos administrativos de fecha tres de noviembre
(3) del año dos mil diez (2.010) que inscribió en registro minero nacional la
resolución DSM No 2859 de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil
diez (2.010) proferido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y
MINERÍA - INGEOMINAS-; y el de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil
diez (2.010) que inscribió en registro minero nacional la resolución DSM No.
3326 de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2.010) proferido por
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS.
Quinta: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - INGEOMINAS-, a
pagar a favor de la Sra. CLAUDIA PATRICIA SAENZ BUENO, la reparación del
daño causado - daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados con
la orden de retiro y desalojo de actividades mineras en el área del Contrato de
Concesión Minera distinguido con la placa HHU-09151 y el posterior
otorgamiento de la misma área mediante autorización temporal No. LJP-11221
a un tercero, los cuales ascienden, a la suma de VEINTISÉIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
($26.250'000.000), o en su defecto el monto que resulte probado en el curso
del proceso; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto
en el artículo 178 del C. C. A.
Sexta: A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dé cumplimiento en los
términos de Ley.
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora narró que el 30 de
agosto de 2006 radicó la propuesta de contrato de concesión minera HHU-09151,
cuyo objeto era la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de
construcción localizado en los municipios de Betulia y Girón, Santander.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Luego de efectuarse el respectivo trámite administrativo en el que se determinó que
la propuesta estaba libre de superposiciones con áreas restringidas para la minería,
el 4 de marzo de 2009 se suscribió el respectivo contrato de concesión minera, el
cual fue inscrito en el Registro Minero Nacional el 19 de marzo siguiente. A partir
del perfeccionamiento del contrato la titular minera cumplió con las obligaciones que
se derivaron de él -canon superficiario-.
Mediante resolución DSM. 2209 del 2 de julio de 2010, la autoridad minera ordenó
el “retiro y desalojo de las actividades mineras en el área declarada de utilidad
pública para el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, relacionado con el título minero
HHU-09151” (fl. 4 c. ppal.). Esto, debido a que en fecha posterior al
perfeccionamiento del contrato se estableció una zona de utilidad pública para el
mencionado proyecto energético e ISAGEN S.A. había enviado varios comunicados
a la autoridad minera en los que manifestaba que no concedería permiso al titular
minero para adelantar labores de explotación en esa zona.
Contra esa decisión, la señora Sáenz Bueno interpuso el recurso de reposición, el
cual fue despachado desfavorablemente mediante la resolución DSM. 2859 del 27
de agosto de 2010, bajo la consideración de “que el área otoada para el título minero
HHU-09151 había sido declarada de utilidad pública y por tal circunstancia operaba
la exclusión de que trata el art. 36 del Código de Minas y que la zona denominada
hacienda La Flor es necesaria para explotación de siete millones quinientos mil
metros cúbicos de material de arrastre requerido para la construcción de la presa
del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso” (fl. 5 c. ppal.). La orden impartida por estos
actos fue inscrita en el Registro Minero Nacional - RMN el 3 de noviembre de 2010.
Posteriormente, mediante la resolución DSM 3326 del 4 de noviembre de 2010,
inscrita en el RMN el 3 de diciembre de 2010, la autoridad minera otorgó a la
sociedad Grupo ICT II S.A.S., constructora de la hidroeléctrica de Sogamoso, la
autorización temporal LJP-11221 para la explotación de un yacimiento de materiales
de construcción ubicado en los municipios de Girón y Betulia, Santander, para un
volumen autorizado de más de nueve millones de metros cúbicos.
1.1. Causales de nulidad invocadas
La parte actora adujo que, con la expedición de los actos administrativos
impugnados, la autoridad minera quebrantó los artículos 2, 6, 25, 29 y 124 de la
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Constitución Política. Sin embargo, en la demanda no se incluyó, como lo exige el
artículo 162.4 del CPACA, el concepto de violación en el que se expliquen las
razones fácticas y jurídicas que fundamentan el cargo de infracción de esas
normas1, salvo en lo relativo a la violación del debido proceso consagrado en el
artículo 29 Constitucional, así como del cargo de transgresión del artículo 51 de la
Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, de los que sí se colige un desarrollo
argumentativo a partir de una lectura integral de la demanda.
En relación con el cargo de vulneración del derecho al debido proceso -art. 29
Constitucional-, en la demanda se consideró que la autoridad minera dispuso
equivocadamente la exclusión de una franja del área ocupada por el contrato de
concesión minera HHU-09151 con base en la aplicación de una regla de derecho
inexistente, por cuanto el artículo 35 del Código de Minas no establece una
prohibición absoluta de la actividad minera cuando un título se superponga con una
zona de utilidad pública, sino que supedita su ejecución al aval que otorgue la
entidad a cargo del proyecto de utilidad pública2.
En lo atinente a la transgresión del artículo 51 del Código de Minas, se
argumentó que esa norma establece que, con excepción de lo previsto en la
1 Sobre este punto, en la demanda se señaló: “La entidad demandada, con la expedición de los actos
administrativos impugnados en este libelo, quebrantó las siguientes disposiciones supralegales y
legales: Artículos 2, 6, 25, 29, 83 y 124 de la Constitución Nacional. Por la finalidad propia de las
normas constitucionales y como consecuencia lógica por serles inherentes, el SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO, antes INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -
INGEOMINAS -, establecimiento público de orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, en su condición de entidad estatal t autoridad minera
contratante para la época de los hechos estaba obligada a observar, por ser de estricto cumplimiento,
los preceptos supralegales invocados, y que le demarcaban el ejercicio justo, atendiendo el principio
de protección y efectividad de los derechos, así como el de acatar los presupuestos de orden
sustancial que la Ley le señalaba para la expedición de los actos administrativos acusados. Las
reglas que la Constitución establece en relación con la efectividad de los principios, derechos y
deberes, son obligatorias en su cumplimiento; por ello, no es posible imaginar y mucho menos
acolitar el desobedecimiento injusto de los preceptos supralegales” (fl. 7 c. ppal.).
2 Al respecto se adujo (fl. 8 c. ppal.): “La entidad estatal demandada, al ordenar el retiro y desalojo
de las actividades mineras relacionadas con el título minero HHU-09151 y EXCLUIR del área del
título HHU-09151 inscrita en el registro minero el 19 de marzo de 2009, para posteriormente
entregárselo a un tercero mediante la figura de la autorización temporal, invocando una causal que,
en su cualificación, no se materializaba, por cuanto el art. 35 de la Ley 685 de 2.001 no prohíbe de
tajo la actividad minera, solo que la condiciona, violentando de esta manera el art. 29 de la Carta
Política, y los postulados de imparcialidad y de la buena fe; como también desconoció los fines
esenciales del Estado, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones e infringiendo el derecho
al trabajo de que gozaba mi poderdante ante la existencia o nacimiento del vínculo contractual
inscrito en registro minero nacional el día 19/03/2.009, y en tal condición le correspondía la especial
protección del Estado (…). / La vigencia de un orden justo, en el caso de marras, apunta al conjunto
de normas que debe presidir la Conducta del Estado y de sus entidades; normas que fueron
flagrantemente infringidas, como el art. 29 de la Constitución, puesto que la autoridad minera vario
a su acomodo la norma minera, como se ha expuesto y cuyos conceptos se concretarán como
fundamento cuando se trate del desconocimiento del contrato y de la ley preexistente, en cuyos
contextos debe armonizarse y comprenderse el presente concepto”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
legislación minera sobre la declaratoria de caducidad, la autoridad no puede
modificar, dar por terminado o interpretar unilateralmente el contrato de concesión
minera.
En tal sentido, se consideró que los actos mediante los cuales se ordenó el retiro y
desalojo de las actividades mineras comportan una inobservancia de esa regla de
derecho, pues con ellos se modificó el contrato HHU-09151, sin tener en cuenta que
el artículo 35 del Código de Minas exige que la negativa del gestor de la zona de
utilidad pública de autorizar la continuidad del proyecto minero debe estar justificada
técnica y jurídicamente.
Finalmente, en la demanda se expresó que “es de anotar que aguas arriba del Río
Sogamoso, a una distancia inferior del área del título minero HHU-09151 y de la
presa planeada dentro del Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso, existen otras
explotaciones mineras debidamente otorgadas por la autoridad minera a las cuales
ISAGEN S.A. E.P.S. no ha presentado "oposición y rechazo", ni el INGEOMINAS
ha optado por "ordenar el retiro y desalojo de las actividades mineras" pese a que
también se hallan dentro del área declarada de utilidad. Se pregunta, acaso la
Constitución Nacional en art. 13 no reza el derecho a la igualdad” (fl. 9 c. ppal.).
Como se observa, aunque se haga una alusión al artículo 13 Constitucional, en ese
párrafo no se expresan con suficiencia argumentos en virtud de los cuales pueda
efectuarse un juicio de validez de los actos cuestionados por vulneración de ese
precepto constitucional, en tanto no señalan siquiera cuáles son esos otros títulos
mineros con los que debe efectuarse la verificación de las condiciones técnicas y
jurídicas que los conforman, para analizar entonces si hubo un trato discriminatorio
en relación con la demandante, titular de la concesión minera HHU-09151.
2. El trámite en primera instancia
2.1. Mediante auto del 8 de febrero de 2013 se admitió la demanda (fl. 120 c. ppal.),
decisión que fue adicionada el 15 de abril de 2013 en el sentido de ordenar la
vinculación de la Agencia Nacional de Minería al proceso (fl. 168 c. ppal.).
2.2. El Servicio Geológico Colombiano formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva. Para el efecto, explicó que con la expedición del Decreto
4131 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
y Minería – INGEOMINAS, de establecimiento público a instituto científico y técnico,
con lo que su denominación pasó a ser Servicio Geológico Colombiano. En esa
misma norma, se estableció que la función de autoridad minera sería asumida por
la recién creada Agencia Nacional de Minería, razón por la cual era esa entidad la
llamada a responder en el presente proceso (fl. 173 c. ppal.).
• La sociedad Grupo ICT II S.A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones por
considerar que los actos demandados se ajustan a lo previsto en los artículos 35 y
36 del Código de Minas, por cuanto la zona donde se localiza el título minero HHU-
09151 -perfeccionado el 19 de marzo de 2009- ya se encontraba catalogada como
de utilidad pública desde la expedición de la resolución 0476 de 2000 -Ministerio de
Ambiente-, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental para la hidroeléctrica y
de la resolución 260 de 2008 -Presidencia de la República-, en la que se declaró la
zona de utilidad pública.
También se adujo que a la demandante no se le causó el perjuicio económico
pretendido -alusivo a la afectación de la explotación-, en tanto el título minero aún
se encontraba en fase de exploración, y en esa medida aún no contaba con
autorización para explotar, para lo cual debía contar con la aprobación del programa
de trabajos y obras y el otorgamiento de una licencia ambiental (fl. 199 c. ppal.).
• ISAGEN S.A. también consideró que los actos enjuiciados se ajustan a lo prescrito
en los artículos 35 y 36 del Código de Minas porque desde antes del otorgamiento
del título HHU-09151, “la zona no sólo había sido declarada de utilidad pública e
interés social por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución No. 260 de junio
de 2008, sino que estaba incluida en la licencia ambiental otorgada por el Ministerio
de Ambiente mediante Resolución 0476 de 2000” (fl. 319 c. ppal.).
Además, consideró que había falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
esa sociedad no fue la que profirió los actos cuestionados; falta de legitimación por
activa, en tanto no se promovieron recursos contra el acto que otorgó la autorización
temporal LJP-11221; y que no había prueba de los perjuicios materiales solicitados
(fl. 311 c. ppal.).
• La Agencia Nacional de Minería se opuso a las pretensiones. Consideró que,
aunque la propuesta de contrato de concesión minera HHU-09151 fue presentada
el 30 de agosto de 2006, y la resolución que estableció la zona de utilidad pública
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
se expidió el 30 de junio de 2008, lo cierto es que esa decisión sí tenía incidencia
en el otorgamiento de la concesión, puesto que el contrato únicamente se suscribió
el 4 de marzo de 2009 y se perfeccionó el 19 de marzo siguiente con su inscripción
en el RMN, a pesar de que desde el 23 de diciembre de 2008 la utilidad pública ya
había sido incluida en los registros del Catastro Minero Colombiano.
Luego de que se otorgó el título minero, ISAGEN S.A. envió comunicaciones en las
que explicó a las autoridades minera y ambiental que no era posible adelantar el
proyecto minero en el área que se traslapaba con la zona de utilidad pública. En
esas comunicaciones se dio cuenta de las razones técnicas y jurídicas que
respaldaban ese concepto, relativas a las obras que se realizarían en esa franja de
terreno, las cuales se encontraban previamente autorizadas por la respectiva
licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente.
Ante esa situación, la autoridad invitó a la señora Sáenz Bueno a dar por terminado
el contrato de mutuo acuerdo, debido a la imposibilidad de ejecutar su objeto. Sin
embargo, debido a que la titular minera no accedió y que no se contaba con la
autorización por parte del encargado de la utilidad pública -art. 35 C.M.-, la autoridad
minera ejerció la potestad de ordenar el retiro y desalojo consagrada en el artículo
36 del Código de Minas.
2.3. En audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2014 se declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano y se negó la
excepción de caducidad en relación con la pretensión de anulación de la resolución
DSM 3326 de 2010 -mediante la cual se otorgó la autorización temporal LJP-11221-
. En esta diligencia se fijó el litigio y se decretaron las pruebas correspondientes.
Mediante auto del 7 de mayo de 2015, el Consejo de Estado revocó la decisión de
negar la excepción de caducidad antes señalada, al considerar que frente a ese
acto la demandante era un tercero y estaba actuando en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya caducidad es de 4 meses.
Por tal motivo, debía continuarse el trámite únicamente con las pretensiones
relacionadas con la anulación de las resoluciones DSM 2209 y DSM 2859 de 2010
y el consecuente restablecimiento del derecho deprecado (fl. 656 c. ppal.), que
corresponden a una controversia contractual, en tanto fueron actos proferidos en
relación con el contrato de concesión minera HHU-09151.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
2.4. El 27 de octubre de 2015 se celebró la audiencia de pruebas, diligencia en la
que se incorporaron las documentales decretadas y se corrió traslado para alegar
de conclusión por escrito (fl. 733 c. ppal.). La parte demandante (fl. 735 c. ppal.) y
la ANM (fl. 746 c. ppal.) insistieron en las consideraciones fácticas y jurídicas
expresadas con anterioridad. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. La sentencia impugnada
Mediante sentencia del 20 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Frente al cargo de vulneración del derecho al
debido proceso -art. 29 Constitucional- recordó que en la demanda se sostuvo que
el yerro de la administración consistió en darle una aplicación incorrecta al artículo
35 del Código de Minas, en tanto allí se establece que la superposición con una
zona de utilidad pública no implica automáticamente una prohibición de la actividad
minera, sino que la condiciona a la obtención de la autorización por parte de la
entidad encargada de una de esas zonas.
Al respecto, consideró que para la época en que se suscribió el contrato de
concesión minera y se inscribió en el Registro Minero Nacional, ya se encontraba
vigente y anotada en el Catastro Minero Colombiano la zona de utilidad pública de
la Hidroeléctrica Sogamoso, por lo que la ejecución de labores de exploración y
explotación minera requería la autorización previa de la gestora del proyecto.
Sin embargo, como en varias comunicaciones ISAGEN S.A. dejó claras las razones
técnicas y jurídicas que le impedían dar el aval para la continuidad del proyecto
minero, este resultaba “incompatible con el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, no
solo por no contar con la autorización de la entidad gestora de la obra, sino porque
su ejecución amenazaba gravemente la estabilidad de la construcción cuyo
propósito era la generación de energía eléctrica y la recuperación ambiental de la
zona intervenida” (fl. 800 c. ppal.).
En relación con el cargo de transgresión del artículo 51 del Código de Minas, el a
quo recordó que en la demanda se adujo que con los actos cuestionados se dio por
terminado el contrato unilateralmente, a pesar de no contar con competencia para
ello.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Este cargo fue igualmente desestimado, al considerar que, aunque los artículos 51
y 53 establecen la improcedencia de la aplicación de la potestad exorbitante de
terminación unilateral, lo cierto fue que en el caso particular “la autoridad minera no
utilizó una cláusula exorbitante, como lo es la terminación unilateral del contrato,
sino que aplicó una figura jurídica diferente, esto es, los efectos de la restricción
para la actividad minera previstos en el artículo 36 del estatuto minero, el cual
consagra, que si "dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores del
concesionario, la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago,
compensación o indemnización alguna por esta causa” (fl. 801 c. ppal.).
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
por considerar que en la decisión de primera instancia se erró al no considerar que
con los actos demandados se vulneró el derecho a la igualdad de la demandante -
art. 13 Constitucional-, en la medida en que posterior a la orden de retiro y desalojo
de las actividades mineras de una parte del título HHU-09151, la autoridad
accionada concedió en esa misma área la autorización temporal LJP-11221, cuya
beneficiaria fue la sociedad Grupo ICT II S.A.S., lo que implicó un trato
discriminatorio para la accionante, quien se vio privada de ejercer su actividad
económica en una zona en la que luego se autorizó a otro particular. Al respecto,
se consideró (fl. 814 c. ppal.):
La evidencia probatoria arrimada al proceso demuestra que una vez
ejecutoriados los actos administrativos que privaban a CLAUDIA PATRICIA
SAENZ. BUENO de la realización de actividades mineras en más del 99.99%
del área del título minero HHU-09151, la autoridad minera le otorga al GRUPO
ICT II S.A.S. en la misma área la facultad a que este la explote, es decir que a
tan solo sesenta días, desaparecieron las restricciones y prohibiciones de que
trata los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (…).
La autoridad minera en el trámite objeto de la presente demanda, desconoce el
artículo 13 de la Constitución Nacional, en relación al principio de igualdad ante
la Ley; desconocimiento que es patrocinado en la Sentencia recurrida dado que
avala el Igualdad argumento de que para CLAUDIA PATRICIA SÁENZ BUENO
en relación al (sic) título minero No. HHU-09151 opera los artículos 34 y 35 del
Código de Minas, pero para terceros como GRUPO ICT II S.A.S. no le es
restringida ni prohibida la actividad minera. Entonces se pregunta ¿acaso la ley
no es igual para todos? (…).
En cuanto al argumento expuesto en la Sentencia acá recurrida de que el
material extraído por GRUPO ICT II S.A.S., en ocasión a la autorización
temporal No. LJP-11221, tenía como destino específico la obra de la
hidroeléctrica de Sogamoso, NO debe ser de recibido, dado que la norma
(artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2.001) traídos como sustento de los actos
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
administrativos, no trae como prerrogativa para su inaplicación, el destino del
material.
Por ende, si era prohibido para la titular del contrato de concesión HHU-09151
la realización de actividades mineras en el área demarcada en la resolución
DSM-2209 de julio dos (2) de dos mil diez (2.010), en ocasión a la interpretación
de los articulo 34 y 35 del Código de Minas, debió en aplicación al principio de
igualdad, ser prohibido a terceros, advirtiendo que no existió norma o acto que
desafectara las características de la zona (…).
En segundo lugar, dice la sentencia apelada que "por encontrarse demostrada
la superposición con el área declarada de utilidad pública para el desarrollo del
proyecto..., los actos administrativos que ordenaron el retiro y desalojo de las
actividades mineras gozan de legalidad. Apreciación contraria a derecho, dado
que la declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social a que refiere la resolución
No. 260 de fecha 30 de julio de 2.008 emanada de la Presidencia de la
República y el Ministerio de Minas y Energía, no refiere nada a títulos mineros,
solo afecta a los terrenos necesarios para la construcción y operación del
proyecto de generación hidroeléctrica denominado Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso a favor de ISAGEN S.A. E.S.P.
Ahora bien en el hipotético caso de aceptarse que la declaratoria de Utilidad
Pública e Interés Social a que refiere la resolución No. 260 de fecha 30 de julio
de 2.008, prohibiese el desarrollo de actividades mineras en el área allí
demarcada; como se explica que posteriormente a la expedición de los actos
administrativos que afectaban el normal desarrollo contractual de CLAUDIA
PATRICIA SAENZ BUENO, la autoridad minera de la época, de viabilidad a
tercero de efectuar explotaciones mineras en el mismo lugar; entonces vuelve
y se pregunta, acaso la norma no es general.
El segundo reparo formulado contra la decisión de primer grado consistió en señalar
que sí hubo una vulneración del derecho al debido proceso -art. 29 Constitucional-,
porque la autoridad minera terminó unilateralmente el contrato, a pesar de carecer
de competencia para ello, pues las normas que regulan las formas de terminación
de la concesión minera -arts. 108 a 112 Código de Minas- no prevén la figura
empleada por la autoridad minera.
5. Trámite en segunda instancia
Por medio de auto del 5 de noviembre de 2015 (fl. 820 c. ppal.), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación y en proveído del
6 de julio de 2017 fue admitido por esta Corporación (fl. 825 c. ppal.). Luego, en
providencia del 8 de septiembre siguiente se corrió traslado para alegar de
conclusión (fl. 829 c. ppal.), oportunidad en la que la ANM insistió en las
consideraciones fácticas y jurídicas expresadas desde la contestación de la
demanda (fl. 831 c. ppal.). Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse
de un proceso de doble instancia debido a su cuantía, según lo dispuesto en los
artículos 150 y 157 de la Ley 1437 de 2011, dado que la pretensión mayor excede
los 500 salarios mínimos mensuales vigentes3 a la fecha de la presentación de la
demanda4 -12 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.)-.
2. Legitimación en la causa
La señora Claudia Patricia Sáenz Bueno se encuentra legitimada en la causa por
activa, en tanto titular del contrato de concesión minera HHU-09151 en cuyo trámite
administrativo se profirieron los actos administrativos cuestionados, mediante los
cuales se ordenó el retiro y desalojo de las actividades mineras allí desarrolladas.
A su vez, la Agencia Nacional de Minería se encuentra legitimada para actuar en
este proceso, por virtud de lo establecido en el decreto 4131 de 2011, que estableció
que ejercería la función de autoridad minera que venía ejecutando el extinto
INGEOMINAS, entidad que en su momento profirió los actos administrativos
cuestionados.
ISAGEN S.A. se encuentra legitimada para actuar en este proceso, dado el interés
que le asiste en su condición de gestora de la zona de utilidad pública Hidroeléctrica
de Sogamoso, en virtud de la cual se ordenó el retiro y desalojo de las actividades
mineras desarrolladas en el título HHU-09151, dada la falta de anuencia de esta
empresa en la ejecución de las labores mineras en el área superpuesta con la
utilidad pública.
En audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2014 se declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano, decisión
3 A la fecha de presentación de la demanda 500 SMMLV equivalen a $283.350.000 y la pretensión
mayor es de $26.250´000.000.
4 De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al
momento de la presentación de la demanda.
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que quedó en firme ese mismo día al notificarse en estrados sin que se interpusieran
recursos.
A esta misma conclusión debe llegarse en relación con la sociedad Grupo ICT II
S.A.S., cuyo interés en este proceso se encuentra ligado al ejercicio de la
autorización temporal LJP-11221 de la que es titular. Sin embargo, como frente a
las pretensiones relativas a la nulidad del acto que otorgó ese título -resolución DSM
3326- se declaró la caducidad en los términos anotados previamente, cualquier
discusión relacionada con esa decisión quedó excluida del objeto del presente litigio,
de manera que la sociedad en comento carece de interés para actuar en este
proceso, por lo que se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva.
3. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
El artículo 136.10 CCA -aplicable a este caso por virtud de lo previsto en el artículo
40 de la Ley 153 de 1887-, reguló lo concerniente al ejercicio oportuno del derecho
de acción, en el sentido de señalar que, en materia de controversias contractuales,
“el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento”.
En el presente asunto se pretende la declaratoria de nulidad de la resolución DSM
2209 del 2 de julio de 2010, mediante la cual se ordenó el retiro y desalojo de unas
labores mineras, decisión que fue confirmada a través de la resolución DSM 2859
del 27 de agosto de 2010. Este último acto fue notificado a la accionante mediante
edicto GTRB-090/10 desfijado el 4 de octubre de 2010, de manera que el término
para presentar la demanda iba inicialmente hasta el 5 de octubre de 2012. Sin
embargo, como el 17 de marzo de 2011 se presentó solicitud de conciliación
extrajudicial y el 19 de mayo de 2011 se expidió la respectiva constancia, dicho
término se extendió hasta el 8 de diciembre de 2012. De este modo, la demanda
presentada el 12 de octubre de 2012 fue oportuna.
4. Caso concreto
Hechas las anteriores precisiones sobre la exclusión de las pretensiones
relacionadas con la resolución DSM 3326 del 4 de noviembre de 2010, mediante la
cual se otorgó la autorización temporal LJP-11221, debido a su declaratoria de
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caducidad, la Sala precisa que el debate jurídico de este proceso gira en torno a la
determinación de la legalidad de las resoluciones DSM 2209 y DSM 2859 de 2010,
a través de las cuales se ordenó el retiro y desalojo de unas labores en el área
ocupada por el contrato de concesión minera HHU-09151.
Como quedó reseñado, en la sentencia de primera instancia se negaron las
pretensiones, al resolver los dos cargos de nulidad invocados en la demanda,
alusivos a (i) la vulneración del derecho al debido proceso -art. 29 C. Pol.-, por la
aplicación indebida de lo previsto en el artículo 35 del Código de Minas y a (ii) la
transgresión del artículo 51 de ese Código, que impide a la autoridad minera dar por
terminado unilateralmente el contrato.
En su recurso de apelación, la demandante formuló dos reparos: el primero de ellos
referido a la violación del derecho a la igualdad, en la medida en que con
posterioridad a la orden de retiro y desalojo de actividades mineras impartida en los
actos cuestionados, la autoridad accionada concedió en esa misma área la
autorización temporal LJP-11221, cuyo beneficiario era la sociedad Grupo ICT II
S.A.S., lo que implicó un trato discriminatorio para la accionante, quien se vio
privada de ejercer su actividad económica en una zona en la que luego se autorizó
a otro particular.
El reparo así formulado no se abre paso, en tanto comporta una variación de la
causa petendi que impone al juez de la segunda instancia confirmar la decisión
recurrida, so pena de la vulneración de la regla de la congruencia consagrada en el
artículo 281 del CGP, de conformidad con las razones que pasan a exponerse.
Esta Subsección5 ha señalado que el marco fundamental para la competencia del
juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la
decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso
por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de
no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en
que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 14 de octubre de 2015, exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón.
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fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al
resolver la litis planteada. Al respecto, se ha dicho:
La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante; sin
embargo, constituye un requisito indispensable de ella que el apelante, en
cumplimento de la exigencia de sustentar el recurso, precise cuáles son los
errores que merecen ser analizados por el ad quem y por qué sus
argumentaciones son la razón y la evidencia que permite corregir o variar la
decisión adoptada, pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin
herramientas o elementos de juicio que le permitan revisar lo acertado o no de
la providencia apelada, así como saber con certeza en qué consiste la
inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se le deja sin la orientación
que requiere para revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o,
incluso, revocada (…) Como se puede observar, la recurrente no esgrime
puntualmente ninguna razón de inconformidad en relación con el fallo de
primera instancia y, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de
valor sobre la decisión objeto de apelación (…) Así las cosas para el despacho
es claro que no se satisfacen las exigencias de las normas atrás citadas, en
particular las del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, razón por la
cuales (sic) confirmará la sentencia apelada.
Por otra parte, debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la
decisión de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso; en tal
sentido, no puede abordar materias que se señalan en la apelación, que
correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del
proceso o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación
que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial.
En efecto, en la sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, esta
Corporación se pronunció sobre la improcedencia de la “variación en segunda
instancia de la causa petendi”, ya que el principio de congruencia que rige la función
del juez al proferir sentencias se constituye como una garantía del derecho
fundamental al debido proceso, por lo que, el pronunciamiento judicial únicamente
puede recaer sobre lo alegado, pedido y excepcionado oportunamente. En este
orden de ideas, explicó que no le era dable al juez ni a las partes modificar la causa
petendi mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales
previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición,
momentos que la ley dispuso para que se precise la extensión, contenido y alcance
de la controversia que se propone y frente a los cuales se garantiza la oportunidad
de la contraparte para pronunciarse. Al respecto, se señaló:
[L]os elementos referidos a los hechos y las pretensiones de la demanda
permiten delimitar el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso
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y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento
judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el
ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, de
contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera
congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento y, por eso, no
pueden ser modificados o adicionados por fuera de las oportunidades
legalmente previstas para ese propósito.
Por lo anterior, al advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o
material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente afirmaciones
genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia
impugnada o cuando se varía la causa petendi, al superior jerárquico no le queda
una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado6.
Debe recordarse que en la demanda únicamente se formularon dos cargos: uno con
la vulneración del derecho al debido proceso -art. 29 C. Pol.-, al considerar que la
autoridad minera dispuso equivocadamente la exclusión de una franja del área
ocupada por el contrato de concesión minera HHU-09151 con base en la aplicación
de una regla de derecho inexistente, por cuanto el artículo 35 del Código de Minas
no establece una prohibición absoluta de la actividad minera cuando un título se
superponga con una zona de utilidad pública, sino que supedita su ejecución al aval
que otorgue la entidad a cargo del proyecto de utilidad pública.
En el otro cargo de nulidad se señaló que con los actos demandados se infringió la
regla de derecho contenida en el artículo 51 del Código de Minas, que establece
que, con excepción de lo previsto en la legislación minera sobre la declaratoria de
caducidad, la autoridad no puede modificar, dar por terminado o interpretar
unilateralmente el contrato de concesión minera.
A pesar de que los cargos de nulidad fueron específicos, en el recurso de apelación
se expresaron argumentos encaminados a señalar que los actos cuestionados
fueron expedidos con infracción del derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13 Constitucional, en tanto dictaron una orden de retiro y desalojo de actividades
mineras, pero posteriormente fue la propia autoridad la que concedió en esa misma
área la autorización temporal LJP-11221, cuya beneficiaria fue la sociedad Grupo
ICT II S.A.S., lo que implicó un trato discriminatorio para la accionante, quien se vio
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 49572, C.P. María Adriana Marín.
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privada de ejercer su actividad económica en una zona en la que luego se autorizó
la explotación de minerales a la referida empresa.
Tales argumentos no fueron discutidos a lo largo del presente proceso, situación
que impide a la Sala revocar la decisión impugnada con base en el reparo específico
a que se viene aludiendo, pues esta situación configuraría una modificación del juez
a la causa petendi expresada en las consideraciones fácticas y jurídicas de la
demanda, con lo cual se transgrediría el derecho de defensa de las accionadas y
conllevaría una sentencia violatoria de la regla de la congruencia consagrada en el
artículo 2817 del Código General del proceso.
Respecto a la relación existente entre la causa petendi y el principio de congruencia,
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado8:
(…) cabe precisar que el principio de congruencia, que por antonomasia
gobierna las decisiones de las autoridades judiciales, se edifica sobre la base
de la existencia de límites predeterminados por el mismo libelo introductor que
da origen a la controversia y que sirven de marco para la decisión.
Dichos linderos determinan la inviabilidad procesal de que el juez de
conocimiento dicte la providencia con desconocimiento de lo pretendido en la
demanda o exceda los términos de la solicitud.
Contrario sensu, se impone que su decisión guarde directa correspondencia
con la reclamación elevada por la actora, con los hechos que le sirven de
fundamento y a las pruebas en que se soporta su prosperidad o su negativa.
En este sentido, dado que la parte actora, o al juez, no le es dable variar el
fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de
nuevas consideraciones que impliquen una variación de las bases argumentativas
de la pretensión de anulación de los actos administrativos contractuales, la Sala
concluye que el reparo formulado en el recurso de apelación relacionado con la
vulneración del derecho a la igualdad, no hace parte de las pretensiones de la
demanda ni constituye uno de sus fundamentos, por lo que configura un cambio de
la causa petendi que implica que debe declararse impróspero ese fundamento de la
alzada.
7 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubiere sido alegadas si así lo exige la ley.
(…)”
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de febrero de 2019, exp.
58894, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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En el recurso de apelación se formuló un segundo reparo, esta vez relacionado con
la vulneración del derecho al debido proceso, al considerarse que la administración
terminó unilateralmente el contrato, a pesar de carecer de competencia para ello,
pues las normas que regulan las formas de terminación de la concesión minera no
prevén la figura empleada por la autoridad minera. Este cargo se fundamentó en los
siguientes términos (fl. 815 c. ppal.):
Se aduce y es evidente la violación al debido proceso de que trata el artículo 29
de la Constitución Nacional por parte de la autoridad minera de la época, al
disponer - orden de retiro y desalojo de las actividades mineras en el área
declarada de utilidad pública sin [que] esta figura estuviese contemplado el
Código de Minas, dando en consecuencia y de manera anormal una terminación
del contrato de concesión minera No. HHU-09151, para dar vida jurídica a otro
título minero como lo fue la autorización temporal LJP-11221.
Como es de conocimiento, el Congreso de la Republica reglamento todo lo
concerniente a la actividad minera en Colombia, en la Ley 685 de 2.001, también
conocida como Código de Minas, la cual al tener el carácter de especial prima
sobre las demás disposiciones. Dicha norma establece en el capítulo XII, la
causa de terminación del contrato de concesión minera:
[Cita los artículos 108 a 112 del Código de Minas]
Si bien es cierto que la autoridad minera no utiliza la palabra "terminación del
contrato" en cuanto a las determinaciones adoptadas en el título minero No.
HHU-09151, lo cierto es que si efectúa una terminación anormal, al prohibir la
realización de las actividades mineras, ordenar el retiro y la exclusión del área
de registro minero.
La norma antes transcrita no contempla el argumento expuesto por la autoridad
minera como causa para privar al concesionario de la realización de actividades
mineras en el área legalmente otorgada. Ahora bien, si el área no fue legalmente
otorgada, esta irregularidad devino del INGEOMINAS, quien era la autoridad
minera en la época, quien se benefició de un particular al recibir una
contraprestación económica, como lo fue el canon superficiario.
Como se observa, en este reparo también se formulan nuevas consideraciones
jurídicas que fundamentan la pretensión de anulación de las resoluciones DSM 2209
y DSM 2859 de 2010, por cuanto en la demanda se adujo que la vulneración del
debido proceso devino de la aplicación incorrecta del artículo 35 del Código de
Minas, que regula las zonas de minería restringida, mientras que en la apelación se
da un giro en la argumentación, al estimar que el fundamento de la nulidad es la
terminación de facto del contrato minero, con desconocimiento de las reglas
establecidas en los artículos 108 a 112 del Código de Minas.
En este punto, debe precisarse que en la demanda nunca se hizo reproche alguno
relacionado con la terminación del contrato de concesión minera HHU-09151, pues
en ese escrito específicamente se afirmó que la decisión adoptada por la
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administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero,
así (fl. 8 c. ppal.):
En el caso en análisis el INGEOMINAS (hoy SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO) a través de los actos administrativos demandados, modifico
(sic) el contrato de concesión No. HHU-09151 ordenando el retiro y desalojo de
las actividades mineras bajo el simulado argumento de que el área fue
declarada de utilidad pública para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del
Sogamoso.
Olvida el INGEOMINAS para el presente caso, que el gestor o propietario de la
obra pública o servicio debe sustentar desde el punto de vista técnica y jurídica
las razones por la cuales niega el permiso, y que en el caso específico las
razones deben concretarse a establecer si la actividad minera afecta la
estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, o
que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la
actividad minera por ejecutarse; aspecto que en el caso en particular no se
cumplió (…).
Acogiendo el concepto del Ministerio de Minas, tenemos entonces que ISAGEN
S.A. E.P.S. no puede por capricho o interés propio negar el permiso, puesto que
es evidente que la actividad minera en el área del título distinguido con la placa
HHU-09151 en nada contraviene con las obras del Proyecto Hidroeléctrico del
Sogamoso, a menos que las normas se interpreten y apliquen atendiendo
interese particulares.
Es de anotar que aguas arriba del Rio Sogamoso, a una distancia inferior del
área del título minero HHU-09151 y de la presa planeada dentro Proyecto
Hidroeléctrico del Sogamoso, existen otras explotaciones mineras debidamente
otorgadas por la autoridad minera a las cuales ISAGEN S.A. E.P.S. no ha
presentado "oposición y rechazo", ni el INGEOMINAS ha optado por "ordenar
el retiro y desalojo de las actividades mineras" pese a que también se hallan
dentro del área declarada de utilidad. Se pregunta, acaso la Constitución
Nacional en art. 13 no reza el derecho a la igualdad.
En ese contexto, como el fallo de primera instancia desestimó un cargo de
terminación ilegal del contrato que no fue formulado en la demanda, a la accionante
la asistía el interés jurídico de recurrir este aspecto de la decisión que vulneraba la
garantía procesal de la congruencia del fallo, para encauzar el juicio de legalidad al
cargo inicialmente formulado, en lugar de reconducir los fundamentos de la nulidad
deprecada hacia un análisis de terminación ilegal del contrato minero, en un
momento procesal en que esa actuación comporta una evidente variación de la
causa petendi, con los efectos que esto necesariamente conlleva en la solución de
la alzada.
Visto lo anterior, debe precisarse que, en estricto sentido no se controvirtieron los
fundamentos de la decisión adoptada por el fallador de primer grado en relación con
el cargo de violación del debido proceso aducido en la demanda, porque no plantean
cuestionamientos encaminados a desvirtuar la consideración según la cual, para la
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época en que se suscribió la minuta del contrato de concesión minera HHU-09151
y se inscribió en el Registro Minero Nacional, ya se encontraba vigente y anotada
en el Catastro Minero Colombiano la zona de utilidad pública de la Hidroeléctrica
Sogamoso, por lo que la ejecución de labores de exploración y explotación minera
requería la autorización previa de la gestora del proyecto.
Tampoco se expresaron consideraciones o reparos encaminados a desvirtuar la
conclusión del a quo sobre el hecho de encontrarse probado que ISAGEN S.A.
estableció mediante varias comunicaciones enviadas a las autoridades minera y
ambiental los fundamentos de la negativa de autorización de ejecución de labores
mineras en el área que se superponía con la zona de utilidad pública destinada a la
construcción de la Hidroeléctrica Sogamoso, en tanto su ejecución amenazaba
gravemente la estabilidad de la construcción de la obra pública, cuyo propósito era
la generación de energía eléctrica y la recuperación ambiental de la zona
intervenida.
Además, con los reparos formulados acerca de la violación del derecho a la igualdad
y el desconocimiento de las reglas sobre la terminación de los contratos mineros -
arts. 108 a 112 del Código de Minas-, en realidad se varió la causa petendi, al invitar
al juez de la segunda instancia a hacer un análisis de fondo diferente al consignado
en el libelo introductorio, con lo que se vulneraría la regla de la congruencia
consagrada en el artículo 281 del CGP.
De este modo, la Sala confirma la decisión denegatoria de las pretensiones
adoptada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el 20 de abril de 2017.
5. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 20119 señala que en el fallo se dispondrá sobre
las costas y el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P. prevé que se condenará a
pagarlas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.
9 Esta norma, para la época en que se presentaron los recursos de apelación, disponía en cuanto a
las costas que su “liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
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En cuanto a la integración de las costas, el artículo 361 ejusdem establece que
comprenden las expensas y gastos causados durante el trámite de la controversia,
incluidas las agencias en derecho, las cuales se encuentran determinadas por los
criterios consagrados en el numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa 10,
dentro de las cuales se encuentran las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003 11 -normativa vigente para la fecha de
presentación de la demanda12-.
Conviene aclarar que las agencias en derecho proceden incluso cuando la parte ha
litigado en nombre propio, sin incurrir en el pago de honorarios profesionales,
razonamiento que también es aplicable cuando las entidades comparecen a través
de sus abogados de planta, pues el hecho de que no se paguen sumas adicionales
al salario pertinente no enerva el hecho de que la entidad tuvo que destinar alguno
de sus funcionarios para atender el proceso.
En este asunto el proceso llegó a segunda instancia en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, el cual no prosperó, pues la Sala en lugar
de acceder a lo solicitado en el recurso de apelación, confirmó la sentencia
denegatoria de las pretensiones, razón por la cual se condenará en costas a la
demandante.
10 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas (se destaca).
11 Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial (…) tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración
útil de la gestión ejecutada (…), la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes,
de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al
valor de las pretensiones (…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…):
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
3.1.2. Primera instancia.
Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia.
12 La demanda se presentó el 5 de abril de 2016 y este Acuerdo estuvo vigente hasta el 5 de agosto
de dicha anualidad, toda vez que a partir del día siguiente entró en vigor el Acuerdo 10554 de 2016.
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En concordancia, la Sala fijará como agencias en derecho el 0,1% del valor de las
pretensiones negadas, frente a lo cual se precisa que en la demanda solo se
solicitaron perjuicios materiales y que estos ascendieron a $26.250’000.000.
De este modo, el 0,1% equivale a $26’250.000, monto que será reconocido en favor
de la parte demandada, en partes iguales a cada una de las accionadas -ANM e
ISAGEN S.A.-.
Finalmente, la liquidación de las costas la realizará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 ejusdem13, para lo cual, además, tendrá en cuenta
las agencias en derecho de primera instancia fijadas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la sentencia del 14 de febrero de 2019.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
sociedad Grupo ICT II S.A.S., por los motivos expuesto en la presente providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia desestimatoria de las pretensiones del 20 de
abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante, en favor de las entidades públicas demandadas. Para el efecto, las
agencias en derecho de segunda instancia se fijan en la suma total de $26’250.000,
monto que deberá ser pagado a los integrantes del extremo demandado -ANM e
ISAGEN S.A.-, en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada
en el Tribunal a quo.
13 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)
Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno
Demandado: ANM y otros
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF
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