Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00104-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00104-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00104-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO - Legitimación /
Interés directo / ACTOS DE TRÁMITE - no son objeto de control judicial / RECHAZO DE
LAS OFERTAS – Debe seguir criterios objetivos, no es una facultad que pueda ejercerse
discrecionalmente por la entidad contratante / causal de rechazo no puede confundirse con
los criterios de desempate en caso de inconsistencias en la información.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda.
La controversia planteada se centra en la declaratoria de nulidad formulada contra
el acto de adjudicación de una licitación pública, con fundamento en que la
propuesta del adjudicatario estaba incursa en una causal de rechazo.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 16 de septiembre de 2021, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, resolvió
(transcripción literal):
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, a pagar a favor
del IDU la suma equivalente a $10.530.862, que corresponde al 2% del valor de la pretensión
de la demanda por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: LIQUÍDENSE las costas.
CUARTO: REMÍTASE copia de esta providencia a las siguientes direcciones electrónicas
(…)”.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 5 de febrero de 20181 por
el Consorcio Puentes Bogotá2, contra el IDU y el Consorcio Infraestructura Puentes
2017 3 , cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos, son los
siguientes (transcripción literal, incluidos eventuales errores):
1
Fls. 6 a 40, c. principal. Subsanada el 20 de abril de 2018, incluyendo como litisconsorte necesario por pasiva al Consorcio
Infraestructura Puentes 2017, Fls. 46 a 51, c. principal.
2
Integrado por Renan Cardozo Cardozo y Traing Trabajos de Ingeniería S.A.S. Fl. 6, c. principal.
3
Integrado por: Yamill Alonso Montenegro Calderón e Infraestructura Integral S.A.S. Fl. 48, c. principal.
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Pretensiones
“3.1. Que se declare la nulidad del Acta de Adjudicación de fecha 24 de julio de 2017
(publicada el 27 de julio) y de su modificación del 3 de agosto de 2017 (publicada el 4 de
agosto), suscrita por el Subdirector general de Infraestructura del Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, por medio del cual se adjudicó la licitación pública No. IDU-LP-SGI-002-2017
cuyo objeto fue la construcción de obras de conservación de puentes vehiculares en Bogotá
D.C. (…).
3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 003783 de 2017 expedida por el
Subdirector General de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por medio del
cual se adjudicó la licitación pública No. IDU-LP-SGI-002-2017 y la Resolución 003974 de
2017 que la modificó, cuyo objeto fue (…).
3.3. Que en consecuencia de las anteriores declaraciones y como restablecimiento del
derecho, se declare que la propuesta presentada en la Licitación Pública SGI.002 de 2017 por
el Consorcio Puentes Bogotá conformada por RENAN CARDOZO CARDOZO (50%) y Traing
Trabajos de Ingeniería SAS (50%) era la más beneficiosa para entidad (sic) y, por lo tanto, le
correspondía la adjudicación del contrato.
3.4. Que se le reconozca por DAÑO EMERGENTE los gastos que incurrió con ocasión de la
presentación de la oferta, correspondientes a la suma de $35.752.381 representados en el
pago de la póliza de seriedad de la oferta y gastos administrativos para la presentación de la
propuesta.
LUCRO CESANTE
Que a raíz de las anteriores declaraciones se restablezca el derecho a reconocer el monto
que en derecho le hubiese correspondido si se le hubiese adjudicado como debía el contrato
licitado, el cual se concreta en el valor de $526.543.112 por concepto de utilidades dejadas de
percibir, la cual se calcula en el 7% de lo ofertado para la ejecución del contrato No. 1255 de
2017 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio Infraestructura Puentes
2017 de conformidad con la propuesta económica el CONSORCIO PUENTES BOGOTÁ.
3.5. Que la entidad pública demandada, queda obligada a dar cumplimiento a la sentencia
dentro del término señalado por el art. 192 del CPACA., y reconocerá los intereses de que
trata el art. 195 ibídem, a partir del momento de la ejecutoria del fallo.
3.6. Que se indexen las pretensiones condenatorias contenidas en el numeral 3.4. de
conformidad a lo establecido por el inciso final del Artículo 284 y numeral 4 del artículo 446 del
Código General del Proceso.
3.7. Que se condene en costas a la parte demandada de conformidad al Artículo 188 del
CPACA”4.
Hechos relevantes
3.El 31 de mayo de 2017, el IDU dio apertura a la licitación pública IDU-LP-SGI-
002-2017, con el objeto de contratar las “obras de conservación de puentes
vehiculares en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos”.
4. En la etapa de observaciones el actor indicó al IDU que la carta de presentación
de la oferta del Consorcio Infraestructura Puentes 2017 faltó a la verdad, al afirmar
“Que ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales son
empleados, socios, o accionistas de los otros miembros del consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura5”, ya que los documentos anexos a la oferta
evidenciaban que Yamil Alonso Montenegro era el representante de ese consorcio,
4
Fls. 8 y 9, c. principal.
5
Esta misma manifestación la presentaron otros dos consorcios -Consorcios Vial C&C e Ingeniería Civil- que aunque no
presentaron propuesta, fueron observadores de la evaluación inicial.
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Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
el cual estaba conformado por Yamil Alonso Montenegro (50%) e Infraestructura
Integral S.A.S. (50%) de la que también era representante legal; por lo que pidieron
aplicar la causal de rechazo del núm. 14 de la cláusula 6.9. del pliego.
5. Esta observación fue reiterada en la audiencia de adjudicación y resuelta
negativamente por el IDU, indicando que no había una alteración a la verdad pues
en los documentos presentados con la oferta se demostraba que uno y otro sí tenían
tal vinculación, más allá de la declaración hecha en la carta de presentación.
6. La licitación se adjudicó al Consorcio Infraestructura Puentes 2017 y el contrato
fue suscrito el 8 de agosto siguiente. Argumentó el actor que de no haberse elegido
indebidamente al adjudicatario, el Consorcio Puentes Bogotá habría sido el
seleccionado al ser el segundo en el orden de elegibilidad.
Fundamentos de derecho
7. Planteó que el IDU transgredió los artículos 6, 13, 83, 90 y 209 de la Constitución
Política, 3 del CPACA, 23, 24, 26 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 5 de la Ley 1150 de
2007, y los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad. Pidió declarar
la nulidad de la resolución de adjudicación y su modificación, fundamentado en que:
a) El IDU desconoció el pliego de condiciones. La carta de presentación de la oferta
imponía manifestar bajo juramento que si el proponente era un consorcio y al menos
uno de sus integrantes era una Mipyme, ni ésta “ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los otros miembros
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura”. Incumplimiento que
se adecuaba a las causales de rechazo 2 y 14 del núm. 6.9 del pliego.
b) La entidad avaló faltar a la verdad. Aunque el IDU invocó jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa a que la carta de presentación sólo era la forma de
introducir a la entidad los documentos que la conforman, omitió que la presentación
de la propuesta implica un sometimiento al pliego y sus reglas.
Contestación de la demanda
8. El IDU 6 se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que aunque el
Consorcio adjudicatario efectuó una declaración que no correspondía a la realidad,
debía considerarse que: i) la entidad replicó en el numeral 7.1. literal c del pliego de
condiciones uno de los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015, más no una prohibición a este tipo de vínculos
comerciales y/o laborales; ii) el adjudicatario no indujo en error a la entidad, pues
aportó varios documentos que evidenciaban la relación comercial entre los
integrantes del consorcio; y, iii) la información imprecisa vertida en el anexo 01, no
tenía la entidad de falsear las condiciones reales del proponente.
9.Agregó que la parte actora no demostró que su propuesta fuera la mejor, y pidió
declarar de oficio todas las excepciones de fondo que resultaran probadas.
6
Fls. 95 a 104, c. principal.
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Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
10. El Consorcio Infraestructura Puentes 20177 pidió negar todas las pretensiones.
Como excepción previa8 planteó la ineptitud de la demanda, y como excepciones
de mérito propuso: (i) inexistencia de falsedad en el anexo 1; (ii) la regla del anexo
1 se aplicaba en caso de desempate; (iii) la restricción del núm. 9 de dicho anexo
no puede interpretarse de forma amplia; e, (iv) inexistencia de efecto legal práctico
en la referida regla.
11. Lo anterior, sustentado principalmente en que la actora ignoró que el señor Yamil
Montenegro, como persona natural, era integrante en un 50% del consorcio, y su
posición como representante legal de la Mipyme Infraestructura Integral S.A.S.,
segundo miembro del ente consorcial, no concretaba la prohibición del núm. 9 del
anexo 1, pues aquel no podía ser socio o empleado de sí mismo.
Alegatos en primera instancia
12. Surtido el debate probatorio9, al alegar de conclusión, el apoderado del actor 10
señaló que la demandada no logró probar los hechos alegados en la contestación
de la demanda sobre la legalidad del proceso de selección y la afirmación de que la
oferta del adjudicatario fue la mejor. Insistió en los argumentos de la demanda.
13. El IDU11 y el Consorcio Infraestructura Puentes 201712 reiteraron lo dicho en sus
argumentos de defensa.
14. El Ministerio Público no se pronunció.
Fundamentos de la providencia recurrida
15. El a quo negó las pretensiones de la demanda. Señaló que la interpretación de
lo establecido en el pliego de condiciones y el art. 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082
de 2015, no implica la prohibición de que un consorcio conformado por una Mipyme
7
Fls. 106 a 125, c. principal.
8
Estas excepciones fueron sustento (en iguales términos) del recurso de reposición impetrado el 6 de septiembre de 2018
por la demandada contra el auto admisorio de la demanda, el cual fue rechazado por extemporáneo (fls. 76 a 82, 128 a 132
y 134, c. principal). En audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2019, el a quo las declaró no probadas. (Fls. 143 y 144, c.
principal).
9
En audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2019 el Tribunal decretó las siguientes pruebas documentales aportadas con la
demanda y su adición (contenidas en Cd´s a folios 47A y 50, c. principal y el Cuaderno 2): i) certificado de existencia y
representación legal de Traing Trabajos de Ingeniería S.A.S., integrante del consorcio demandante, y de Ingeniería Puentes y Vías
S.A.S., empresa de Renan Cardozo, segundo miembro del ente consorcial, ii) documento de creación del Consorcio Puentes
Bogotá y copia de su oferta, iii) garantía de seriedad de la oferta, iv) certificados de pago de nómina devengados por el demandante,
v) acuerdos consorciales en que se presentaba Renán Cardozo (integrante del consorcio demandante) con su empresa, vi)
soportes del presunto daño emergente, vii) propuestas de Consorcio Infraestructura Puentes 2017, Pavimentos Colombia S.A.S.,
Unión Temporal EGL, Consorcio Prima Puentes dentro de la licitación bajo análisis, y viii) constancia de conciliación extrajudicial.
Respecto al IDU decretó como pruebas documentales (contenidas en Cd a fl. 105, c. principal): i) acta de cierre de convocatoria,
ii) evaluaciones iniciales de los oferentes, iii) informe y respuesta a observaciones sobre evaluación inicial, iv) evaluaciones finales
de la entidad, v) acta, audio y video de audiencia de adjudicación, vi) memorando 20174150165173 del 21 de julio de 2017, y vii)
acta de adjudicación de la licitación del 24 de julio de 2017 y su acta de modificación suscrita el 3 de agosto de 2017.
En favor del Consorcio Infraestructura Puentes 2017 decretó como pruebas documentales (contenidas en Cd a fl. 216, c. principal):
i) Resolución 2595 de 2017, ii) respuesta del IDU a observaciones, con fecha del 31 de mayo de 2017, iii) Adenda No. 1 al pliego
de condiciones, iv) Acta de cierre del proceso de selección de 13 de junio de 2017, v) Evaluación inicial de propuestas y
observaciones, vi) pliego de condiciones definitivo, vii) informe de evaluación final de las propuestas, observaciones y documento
de respuesta de la entidad demandada, ix) respuesta del consorcio demandado a las observaciones, x) Resoluciones 3783 y 3974
de 2017, xi) contrato de obra IDU 1255 de 2017, xii) acta de inicio de obra, xiii) certificado de existencia y representación de Yamill
Montenegro Calderón, xiv) Certificado de existencia y representación legal de Infraestructura Integral S.A.S., y xv) acuerdo
consorcial. El a quo a su vez, decretó como prueba el interrogatorio de parte de Renán Cardozo en su calidad de representante
legal del consorcio demandante.
10
Intervención reposa a índice 40 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
11
Intervención reposa a índice 38 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
12
Intervención reposa a índice 39 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
4
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
en la que uno de sus trabajadores hiciera parte del otro integrante del acuerdo
consorcial pudiera participar en el proceso de licitación, pues ello se estableció
como un criterio de desempate que no tuvo aplicación en este caso.
16. Tampoco se acreditó que el adjudicatario indujera en error a la entidad, pues el
IDU al resolver la observación en la audiencia de adjudicación señaló que en los
documentos entregados con la propuesta estaba el certificado de existencia y
representación legal de Infraestructura Integral SAS, así como los documentos de
conformación del consorcio que constataban que el señor Yamil Alonso Montenegro
hacía parte de dicha sociedad, sin ocultamiento de tales vínculos.
17. Concluyó que la parte actora no logró demostrar que su propuesta fuera la mejor.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
18. La parte actora pidió revocar totalmente la decisión impugnada. Alegó que el a
quo incurrió en indebida interpretación de la causal 14 de rechazo contenida en el
núm. 6.9. del pliego, pues aunque reconoció que el consorcio demandado mintió en
el anexo 1 de la propuesta, se basó en los demás documentos para descartar esa
incorrección, al argumentar que no existió mala fe en su actuación.
19. Bajo la referida causal, bastaba entregar información contradictoria o no veraz
para haber tenido que desestimar esa oferta, pero el Tribunal creó un requisito de
análisis adicional sobre la mala fe del oferente, y citó dos sentencias proferidas por
esta Corporación13 en las que se avaló el rechazo de las ofertas en las que se había
dado información errónea, inexacta o falaz.
Trámite de segunda instancia
20. Al alegar de conclusión, la parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la
demanda y en el recurso de apelación14. El IDU insistió en lo manifestado en la
contestación de la demanda y pidió confirmar el fallo impugnado15. El apoderado del
Consorcio Infraestructura Puentes 2017 16 además de reiterar los argumentos de
defensa, alegó que la interpretación propuesta por el demandante sobre el núm. 9
del anexo 1 del pliego de condiciones y la causal 14 de rechazo de las ofertas, no
es ajustada a derecho al ser contraria al artículo 28 de la Ley 80 de 1993, en tanto
busca extender la regla de desempate hacia una prohibición de participación.
21. No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.
III. CONSIDERACIONES
Objeto del recurso de apelación
13
i) “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata,
5 de agosto de 2019, expediente 25000-23-26-000-2009-00264-01 (45118)” y; ii) “Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00159-
01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de junio de 2017”.
14
Intervención a índice 26 del aplicativo SAMAI.
15
Intervención a índice 19 del aplicativo SAMAI.
16
Intervención a índice 20 del aplicativo SAMAI.
5
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
22.La Sala analizará si la falta de veracidad en la manifestación que hizo el
adjudicatario, relativa a que “ni sus accionistas, socios o representantes legales son
empleados, socios o accionistas de los otros miembros del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura” era razón suficiente para el rechazo de su
propuesta; o, como determinó el a quo, era necesario analizar los documentos
entregados con la oferta y valorar la buena o mala fe del adjudicatario.
23. Conforme al medio de control de nulidad y restablecimiento promovido, se
impone a la Sala abordar los siguientes aspectos; (i) delimitar los actos susceptibles
de control judicial en el caso concreto; (ii) legitimación por pasiva del Consorcio
Infraestructura Puentes 2017 bajo el medio de control aducido; y finalmente se pasa
a (iii) analizar si se desvirtúa la presunción de legalidad del acto de adjudicación.
Motivación de la sentencia
(i) Actos precontractuales pasibles de control judicial
24. En el presente asunto, la actora formula como objeto de nulidad y
restablecimiento: (i) el acta de la audiencia de adjudicación de fecha 24 de julio de
2017; (ii) el acta de audiencia en la que se modificaron los términos de la
adjudicación fechada el 3 de agosto de 2017; (iii) la Resolución 3783 de 2017
expedida por el Subdirector General de Infaestructura del IDU por medio de la cual
se adjudicó la licitación pública IDU-LP-SGI-002-2017; y (iv) la Resolución 3974 de
2017 que modificó la anterior. En consecuencia, resulta forzoso precisar las
decisiones que pueden ser demandadas ante la jurisdicción, de aquellas que por su
naturaleza no son objeto de control judicial.
25. Tratándose de actuaciones administrativas contractuales, el artículo 77 de la Ley
80 de 1993 establece que son aplicables las normas que rigen los procedimientos
y actuaciones administrativas, siempre que sean compatibles con la finalidad y
principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
26. Al acudir a los preceptos de la Ley 1437 de 2011, la parte primera de este
compendio regula el procedimiento administrativo común y principal17, esto es, la
estructura que define el sistema de garantías, principios y deberes que debe cumplir
la Administración para el nacimiento, formación y producción de los actos
administrativos18.
27. Al interior de esta norma, el legislador distinguió entre los denominados actos
definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto o impiden darle continuidad 19 , los segundos
corresponden a actuaciones necesarias en el camino de conformación del acto
definitivo.
17
“ARTÍCULO 34. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se
sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las
disposiciones de esta Parte Primera del Código”.
18
Sin perjuicio de aquellos procedimientos y asuntos regulados por leyes especiales.
19
ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o
hagan imposible continuar la actuación”.
6
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
28. La función jurídica asignada a estas dos clases de actos explica, así mismo, su
aptitud o no para ser impugnados. De conformidad con los artículos 74 y 75 20 del
CPACA sólo los que se catalogan como definitivos pueden ser escrutados por los
medios de control dispuestos en la ley, en tanto contienen de manera cierta y
concreta la manifestación de voluntad de la Administración; lo que no sucede con
los actos de trámite, pues aunque éstos traen elementos necesarios para llegar a
una determinación, sólo representan las actuaciones de impulso propias del
procedimiento administrativo que precede a la expresión de voluntad final de la
Administración.
29. En la fase precontractual también hacen presencia ambos tipos de actos, de
modo que por su naturaleza sólo aquellos que tienen la connotación de definitivos
son susceptibles de impugnación. Así ocurre v. gr. respecto del pliego de
condiciones, la declaratoria de desierta y el acto de adjudicación -el primero en tanto
define las bases del proceso de selección y del futuro contrato21; el segundo, finaliza
la actuación por imposibilidad de llegar a una selección; y el tercero, culmina
satisfactoriamente al elegir el ofrecimiento más favorable-.
30. La distinción entre estos actos en punto a su impugnabilidad ha sido analizada
de tiempo atrás bajo la teoría de los “actos separables del contrato”, indicando que
tienen esta connotación aquellos que por su carácter definitivo son susceptibles de
control, con independencia y autonomía respecto del contrato22.
31. Esta precisión se conecta con las disposiciones del art. 141 del CPACA 23 que
prevé la posibilidad de demandar de forma individual los actos que preceden a la
celebración del contrato por los mecanismos dispuestos en los arts. 137 y 138 ib.
sin tener que enjuiciar el contrato mismo 24 , siempre y cuando se trate de actos
definitivos, pues son los que se categorizan como separables para efectos de su
examen judicial, como lo ha establecido esta Subsección25.
32. Bajo esta comprensión, dos de los actos enjuiciados en el caso concreto no son
susceptibles de control judicial por pertenecer a la categoría de actos de trámite: (i)
el acta de la audiencia pública de adjudicación de la licitación pública 002 de 2017,
y (ii) el acta de audiencia en la que se modificaron los términos de la adjudicación
fechada el 3 de agosto de 2017. Lo anterior en la medida que dichas “actas”
registran, más no contienen en sí mismas una decisión de la administración en
torno a la adjudicación del proceso licitatorio. Cualquier incorrección que se aduzca
sobre ellas desemboca en las determinaciones llevadas al acto de adjudicación que
20
“ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.
21
Más allá de las modificaciones de las que por su naturaleza es susceptible el pliego de condiciones, ello no afecta su
connotación de acto definitivo en la medida que esta característica no se equipara con el concepto de intangibilidad ni el de
irrevocabilidad.
22
La doctrina ha señalado que “[e]l acto separable impugnable debe ser un acto administrativo decisorio en sentido técnico-
jurídico, pues los simples actos de la administración meramente preparatorios no pueden ser objeto de impugnación (…)”.
DROMI, José Roberto, “La licitación pública” (segunda ed.), Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo, 1977, pág. 423.
23
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. (…)
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en
los términos de los artículos 137 [nulidad] y 138 [nulidad y restablecimiento del derecho] de este Código, según el caso”.
24
La teoría de los actos separables imperó en el sistema procesal administrativo bajo el Decreto 01 de 1984, pero con la Ley
446 de 1998 (art. 32) ello se modificó y se dispuso que “[u]na vez celebrado éste [el contrato], la ilegalidad de los actos previos
solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato”. El CPACA retomó la teoría de los actos
separables, como lo determina su art. 141.
25
Ver, entre otras, sentencia del 20 de mayo de 2024, Exp.11001032600020190016200 (65.008), M.P. José Roberto Sáchica.
7
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
es el que contiene la decisión conclusiva de la entidad y que, al ser impugnado por
vía judicial recoge tales reproches.
33. Sirva esta precisión para señalar el objeto del control bajo el sub lite se sitúa en
las resoluciones 3783 de 2017, y su modificatoria 3974 del mismo año, de manera
que el control jurisdiccional que se apresta a hacer esta Sala apuntará a los actos
administrativos precitados.
(ii) Falta de legitimación por pasiva del Consorcio Infraestructura Puentes
2017
34. Derivado de lo anterior, bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento
instaurado, y de cara a las pretensiones aducidas por el demandante, no existe un
reproche de ilegalidad respecto del contrato derivado de la culminación y
escogencia del proceso licitatorio IDU-LP-SGI-002-2017. Por lo anterior, y más allá
de que fuera decisión del Tribunal a quo integrar a la pasiva al Consorcio
Infraestructura Puentes 2017 como litisconsorte necesario, lo cierto es que esta
figura plural adolece de tal connotación litisconsorcial pues, como atrás se expuso,
bajo la teoría de los actos separables los medios de control frente a los actos
precontractuales guardan autonomía e independencia respecto del contrato
celebrado, de modo que sin pretensión anulatoria en relación con este negocio
jurídico, ninguna razón asiste para haber vinculado al proceso al contratista
adjudicatario.
(iii) Análisis sobre la presunción de legalidad de las Resoluciones 3783 y 3974
de 2017
35. Pasa la Sala a analizar los argumentos esgrimidos por la parte actora a fin de
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. En
su recurso de alzada, reiteró que el IDU debió rechazar la oferta presentada por el
Consorcio Infraestructura Puentes 2017, acorde a la causal de rechazo 14 contenida
en el núm. 6.9 del pliego, por dar información contradictoria en la carta de
presentación de su propuesta (numeral 9). Bajo esta razón señala que al haber
ocupado el segundo lugar en el orden de elegibilidad, después del consorcio
seleccionado al que debió serle rechazada su propuesta, le correspondía el derecho
a la adjudicación del contrato y a su ejecución.
36. Examinado el expediente, se observa que el 1 de junio de 2017 se publicó el
pliego de condiciones definitivo en el que se hizo expreso que dicho proceso de
selección estaba sometido a las normas EGCAP incluido el Decreto 1082 de 2015,
y las demás pertinentes26. Estableció que podrían participar: (i) personas jurídicas
civiles o comerciales, nacionales o extranjeras, de naturaleza privada, pública o
mixta y (ii) personas naturales, nacionales o extranjeras, en ambos casos, ya fuera
de manera individual o bajo estructuras plurales27.
37. Se estableció que quienes participaran del proceso de selección no podían estar
26
Fl. 9, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
27
Fl. 34, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
8
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Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
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incursos dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
referidos en la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo
113 de la Ley 489 de 1998, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 4 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, la Ley 842 de 2003, la Ley 1474 de 2011 y demás
normas concordantes, y así debían declararlo en carta de presentación de la oferta.
38. Se dispuso que una misma persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) no
podrá presentar más de una propuesta y/o hacer parte de más de un proponente, y
se entenderá que una misma persona ha presentado más de una propuesta cuando
diferentes propuestas sean presentadas por varias sociedades controladas por una
misma matriz, directa o indirectamente, o una sociedad y su matriz directa o
indirectamente28.
39. En el numeral 4 del pliego de condiciones se indicó que el IDU debía verificar las
propuestas para determinar si cumplían o no con todos y cada uno de los requisitos
“para lo cual tendrá en cuenta la documentación aportada o relacionada por los
proponentes”, quienes tenían que integrar los documentos en el orden específico
señalado en los siguientes numerales del pliego de condiciones 29 . Además, se
establecieron los criterios de ponderación30 de las ofertas:
CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES
1. PROPUESTA ECONÓMICA 780 PUNTOS
2. CALIDAD 100 PUNTOS
3. CAPACITACIÓN 20 PUNTOS
4. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS
TOTAL: 1.000 PUNTOS31
40. En el acápite de capacidad jurídica y representación legal se definió, entre otras,
la regla atinente a la carta de presentación, indicando que con ésta se entendía
“presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse
incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley, ni en
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución contractual”32.
41. En el numeral 4.6. se enlistaron expresamente los requisitos que debían tener los
proponentes plurales para tener por acreditada su capacidad jurídica:
“El proponente, unido temporalmente o en cualquier otra forma asociativa, deberá presentar
el Anexo No. 13 donde conste la voluntad de conformar unión temporal, consorcio y/u otra
forma asociativa para presentar propuesta, donde conste:
• Acuerdo consorcial, Unión Temporal o documento equivalente, donde se evidencie la
voluntad de los integrantes, indicando claramente qué forma de unión es la seleccionada por
el proponente (consorcio, unión temporal u otras). Identificación de los integrantes.
• La regulación de su participación, con los requerimientos específicos de la ley y el pliego.
• El documento deberá ser suscrito en original por los integrantes o los representantes de
los integrantes.
• La identificación del representante y el suplente de dicho consorcio, unión temporal o la
forma asociativa seleccionada.
• Los porcentajes de participación de sus integrantes.
28
Ídem. Numeral 3.1
29
Fl. 36, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
30
Fl. 65, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
31
Ídem.
32
Fl. 45, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
9
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• Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión
(actividades) de su participación en la propuesta y en su ejecución
• La duración de la forma asociativa no deberá ser inferior a la del plazo de ejecución y
liquidación del contrato y un (1) año más.
En todo caso, cada miembro deberá acreditar el porcentaje de experiencia requerido en el
numeral 4.1.1”33
42. El numeral 4.10., titulado “Verificación de la condición de Mipyme (aplica para la
verificación de los criterios de desempate)”, estableció que en caso de empate se
tendría en cuenta la clasificación de Mipyme acreditada en el RUP. Para los
proponentes que no estuvieran en la obligación de inscribirse en el RUP o que en
el mismo no se encontrara la clasificación del tamaño empresarial, el proponente
individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones
Temporales, debían anexar certificación debidamente suscrita por la persona
natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor
fiscal, según el caso, o el auditor o contador público, en la cual acreditara el tamaño
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria34.
43. En punto a la elaboración y presentación de las propuestas se dispuso que los
oferentes debían elaborarla de acuerdo al pliego de condiciones y anexar la
documentación requerida, y en caso de presentarse alguna discrepancia entre el
original de la oferta con alguna copia, prevalecía el texto del original. Por ende, toda
enmienda que se fuera a hacer a una propuesta, necesitaba ser convalidada con la
firma al pie de la misma de quien suscribió la carta de presentación de la propuesta,
a fin de que tuviera validez35.
44. Sobre la evaluación de las propuestas, en el capítulo 6 del pliego de condiciones
se dispuso que el IDU, de oficio, podía efectuar las verificaciones de la información
entregada por los proponentes que estimara conveniente y/o necesaria y, en caso
de encontrar que la información suministrada por los oferentes “no resulta apropiada
o la(s) persona(s) de contacto ya no laboran en el lugar o por cualquier motivo el
IDU no puede contactar a las personas de contacto para verificar la información”,
podía, si no hubiere podido efectuar tal verificación por otros medios, no tenerla en
cuenta36.
45. En el pliego de condiciones como causales de rechazo de las ofertas se
establecieron, entre otras, las siguientes –se citan las que atañen a la litis–:
“6.9 CAUSALES DE RECHAZO
(…)
2) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse
o cuando no cumplan con las calidades y condiciones habilitantes para la participación,
indicadas en este pliego de condiciones.
(…)
14) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente contenga datos
contradictorios, inconsistentes que induzcan a error a la Entidad, aporte información no veraz
o altere algún documento original” 37.
33
Fl. 47, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
34
Fl. 49, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
35
Numeral 5.1 a Fl. 58, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
36
Fl. 64, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
37
Fls. 74 y 75, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
10
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46. Los criterios de desempate fueron definidos en el capítulo 7, núm. 7.1, cláusula
3, que dispuso la siguiente regla relacionada con las Mipyme:
“CAPITULO 7
7 ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN
7.1 CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate, entre el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente que
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos
en el aparte CRITERIOS PONDERABLES, Si persiste el empate, escogerá al oferente que
tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos
y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación.
Si aplicado lo anterior subsiste el empate se aplicarán las siguientes reglas en su orden de
manera sucesiva y excluyente:
1. Si una vez aplicada la regla anterior, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se preferirá al nacional, salvo que
se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de acuerdo con la ley, en cuyo caso se
aplicarán normalmente las demás reglas, dándole trato nacional al proponente extranjero al
cual se aplique la reciprocidad.
2. Si aplicando lo anterior persiste el empate, se preferirá al oferente que haya acreditado la
condición de Mipyme nacional,
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporal, se preferirá al proponente conformado
únicamente por Mipymes nacionales.
El siguiente criterio aplica solo para los proponentes en donde uno o varios de los integrantes
del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura no sea Mipyme, de lo contrario,
es decir, si todos los integrantes son Mipyme, del criterio No. 2 se debe pasar al Criterio No.
4.
3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se
encuentran consorcios o uniones temporales, en los que tenga participación al menos una
Mipyme, se preferirá éste proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
Se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 38”
(se resalta).
47. Como anexo 1 al pliego de condiciones, el IDU estableció el formato de la carta
de presentación de la propuesta cuyo numeral 9 expresamente dispone que dentro
de las declaraciones que debían hacer los oferentes: “ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas
de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura39”.
48. LaSala empieza por advertir que conforme al numeral 3.1. del pliego de
condiciones, se estableció la restricción a la participación de oferentes que
estuvieran incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad, de las cuales
no hacen parte las calidades simultáneas de representante legal de la forma plural
con las de miembro de uno de uno o más integrantes de la misma.
49. Por el contrario, de lo dispuesto en el numeral 7.1. del pliego de condiciones, se
pudo constatar que la condición vinculada al caso de los consorcios en los que se
integrara una Mipyme señalando que ninguno de sus empleados, socios o
accionistas podía ocupar las mismas calidades en otros miembros del acuerdo
38
Fl. 77, del archivo “9-Pliego de Condiciones Definitivo”, contenido en Cd a Fl. 126, c. principal.
39
Fl. 7, c. 2.
11
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consorcial, únicamente fue previsto como criterio de desempate entre oferentes
plurales.
50. El 13 de junio de 2017, al cierre del proceso de licitación pública, la entidad abrió
la urna que contenía las propuestas presentadas, encontrándose que fueron cinco
oferentes40:
No. PROPONENTE FOLIOS VALOR TOTAL
OBRAS CIVILES - %
AIU
1 CONSORCIO PRISMA BOGOTÁ 273 $5.199´953.947
(DANIEL ARTURO VANEGAS 38,90%
VELÁSQUEZ; PRISMA DAV
INGENIEROS S.A.S.)
2 CONSORCIO PUENTES BOGOTÁ 273 $5.233´876.473
(RENAN CARDOZO CARDOZO; 38,47%
TREANING TRABAJOS DE
INGENIERÍA S.A.S.)
3 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 511 $5.302´800.687
38,98%
4 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 177 $5.254´592.402
PUENTES 2017 (YAMILL ALONSO 38,58%
MONTENEGRO CALDERÓN;
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
S.A.S.)
5 UNIÓN TEMPORAL EGL (EDUARDO 683 $4.807´380.631
GIRONZA LOZANO; DISEÑOS Y 38,98%
CONSTRUCCIONES S.A.S.)
51. Con su propuesta, el Consorcio Infraestructura Puentes 2017 entregó: (i) carta
de presentación de la oferta firmada por el representante legal, Yamil Montenegro
Calderón, con la manifestación de que “ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los otros miembros
del consorcio”41; (ii) certificado de existencia y representación legal de la sociedad
Infraestructura Integral S.A.S., en la que figura como representante legal Yamil
Montenegro Calderón 42 ; (iii) certificado de matrícula del ingeniero Montenegro
Calderón43; y (iv) documento de conformación de consorcio, en el que consta que
está integrado 50% por el señor Yamil Montenegro Calderón, y 50% por la sociedad
Infraestructura Integral S.A.S44.
52. En la evaluación inicial jurídica efectuada por el IDU45, componente del que hacía
parte la entrega de la carta de presentación de la oferta, no se consideró hábil o
inhábil la propuesta, pues solo verificó que la carta tuviera: (i) firma del
representante legal del proponente; (ii) compromiso de no estar incurso en
inhabilidades e incompatibilidades, ni conflictos de intereses; (iii) el compromiso de
aceptar los pliegos de condiciones y adendas; (iv) abono de la propuesta; (v) tarjeta
40
Listado que se encuentra visible en el archivo “4-Acta de cierre del proceso de selección de 13 de junio de 2017” contenido
en cd a fl. 126 del c. principal.
41
Fls. 2 y 3 del archivo “CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 2017 NIT 900579723-7 14-06-2017 PARTE 1”,
contenido en cd a fl. 30 del c. 2.
42
Fl. 12 del archivo “CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 2017 NIT 900579723-7 14-06-2017 PARTE 1”, contenido
en cd a fl. 30 del c. 2.
43
Archivo “18-Certificación de existencia y representación de Yamill Montenegro Calderón”, contenido en cd a fl. 126 del c.
principal.
44
Fl. 78 del archivo “CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 2017 NIT 900579723-7 14-06-2017 PARTE 1”, contenido
en cd a fl. 30 del c. 2.
45
Archivo “EVLUACIÓN JURÍDICA INICIAL”, contenido en cd a fl. 105, del c. principal.
12
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profesional y certificación de vigencia de la misma, del profesional que avalara o
suscribiera dicho anexo.
53. Al revisar lo atinente a los documentos de conformación del consorcio, se advierte
que no había forma de colegir que se tratara de un criterio de habilitación el que
pregona el demandante; así que se declaró hábil la propuesta del consorcio
adjudicatario, y también la del demandante46:
54. Las observaciones presentadas respecto al Consorcio Infraestructura Puentes
2017, fueron las siguientes:
Consorcio Puentes Bogotá Consorcio Vial C&C Consorcio Ingeniería Civil
(demandante)
“PROPONENTE N° 4: “Como es posible que el … “Yo poseo la experiencia, capital
CONSORCIO IDU, califique como HABIL y cumplo con todos los requisitos
INFRAESTRUCTURA PUENTES a los proponentes… y al para participar en la presente
2017. Consorcio Infraestructura licitación si conformo un
Puentes 2017 sabiendo consorcio con una empresa de la
(…) EVALUACIÓN JURÍDICA que estos no podían cual soy socioM de acuerdo al
representar propuesta ya ítem No. 9 de la carta de
Teniendo en cuenta las exigencias que… el Ing. Yamill presentación de la propuesta….
del Pliego de Condiciones en Montenegro Calderón es Yo no me presento ya que estaría
cuanto a: dueño (SOCIO- incumpliendo, y al firma (sic)
-Numeral 9 del ANEXO-01 ACCIONISTA- dicha carta estaría faltando a la
CARTA DE PRESENTACIÓN el EMPLEADO) de la Mipyme verdad ya que esta es aceptando
cual manifiesta que: (…) INFRAESTRUCTURA en su totalidad y firmada en
-Pág. 3 “Cerciórese que cumple INTEGRAL S.A.S.; esto original por el representante
con las condiciones y reúne los teniendo en cuenta que en legal.
requisitos aquí señalados”. su carta de presentación
-“Revise los anexos y diligencia ANEXO 1 dice que: Observo con preocupación el
totalmente los formatos informe de evaluación inicial
contenidos en este pliego de “(En caso de oferta publicado por ustedes el día 30
condiciones” presentada por Consorcio, de junio donde no aparecen
-Pág. 4 “Este Pliego de Unión Temporal o promesa rechazas o declaradas No
Condiciones debe ser interpretado de sociedad futura Hábiles los siguientes
46
Archivo “5-Evaluación inicial del 30 de junio de 2017”, contenido en cd a fl. 126 del c. principal. Información consolidada en
el documento denominado “CONSOLIDADO DE INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL”, contenido en cd a fl. 105 del c.
principal.
13
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como un todo y sus disposiciones conformada por al menos proponentes
no deben ser entendidas de una Mipyme utilice el
manera separada de lo que indica siguiente texto según (…) CONSORCIO
su contexto general. Por lo tanto, corresponda). 9. Que ni la INFRAESTRUCTURA
se entienden integrados a ellos los Mipyme, ni sus accionistas, PUENTES 2017.
formatos que los acompañan, socios o representantes
anexos, apéndices y adendas que legales son empleados, Manifiesto mi total inconformismo
posteriormente se expican si a ello socios o accionistas de los ya que estas propuesta están
hubiere lugar. otros miembros del incumpliendo con lo exigido por
-Pág 75 numeral 14 de las Consorcio, Unión ustedes en el ítem 9 de la carta
CAUSALES DE RECHAZO Temporal o promesa de de presentación; consideramos
“Cuando se evidencie que la sociedad futura””48. además que cada una de las
información presentada por el exigencias presentadas en los
proponente contenga datos pliegos son de obligatorio
contradictorios, inconsistentes cumplimiento para todos los
que induzcan a error a la Entidad, oferentes y no están sujetos a
aporte información no veras o interpretaciones del profesional
altere algún documento original”. que evalúe las propuestas”49.
A lo cual el proponente
CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA PUENTES
2017 NO CUMPLE, con las
exigencias requeridas en el Pliego
de Condiciones, en cuanto a que
el Ing. YAMILL ALONSO
MONTENEGRO CALDERÓN
hace parte integral del consorcio y
es Representante Legal de la
Mipyme INFRAESTRUCTURA
INTEGRAL S.A.S.
Por consiguiente en la Evaluación
Jurídica (Matriz Legal) pág. 1,
emitida por la entidad en la casilla
“compromiso de aceptar pliegos
de condiciones y adendas” El
proponente … deberá ser
calificado NO CUMPLE, además
incurre en una de las CAUSALES
DE RECHAZO anteriormente
mencionada.
Por lo tanto se solicita a la entidad
calificar como RECHAZADO al
proponente…”47
55. En el informe final de evaluación del 18 de julio de 2017, la entidad demandada
declaró hábil la propuesta del Consorcio Infraestructura Puentes 2017, y el ahora
demandante hizo observaciones insistiendo en que el referido proponente plural
realizó afirmaciones falsas en la carta de presentación de la oferta y pidió el rechazo
de la propuesta50.
56. El IDU al revisar la carta de presentación de la propuesta, indicó que evidenció
que la manifestación del numeral 9 discutido no era concordante con los
documentos, pero dicha declaración, “está directamente relacionada con el literal c
del subnumeral 3° del numeral 7.1. “Criterios de Desempate” del pliego de
47
Fls. 3 y 4 del archivo “6-Observación de 10 de julio de 2017 presentada por el Consorcio Puentes Bogotá”, contenido en cd
a fl. 126 del c. principal.
48
Archivo “7-Observación Consorcio Vial C&C de 10 de julio de 2017” contenido en cd a fl. 126 del c. principal.
49
Archivo “8-observación Consorcio Ingeniería Civil de 10 de julio de 2017”, contenido en cd a fl. 126 del c. principal.
50
Archivo “11-Observaciones del Consorcio Puentes Bogotá de 19 de julio de 2017”, contenido en cd a fl. 126 del c. principal.
14
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condiciones definitivo”. Norma concordante con lo dispuesto en el artículo
2.2.1.1.2.2.9. “Factores de desempate”, del Decreto 1082 de 2015, “más no es
requisito de cumplimiento o restricción a los proponentes”51.
57. En la audiencia de adjudicación, luego de formularse la misma observación sobre
la capacidad jurídica del Consorcio Infraestructura Puentes 2017, la entidad
concluyó que si bien en la carta de presentación de la oferta se hizo una
manifestación que no revelaba la relación comercial entre Yamil Montenegro y la
Mipyme Infraestructura Integral S.A.S., dicho vínculo está permitido por ley y ello
posibilitaba la evaluación del proponente. Resaltó que el referido consorcio no faltó
a la verdad ni actuó de forma engañosa, pues otros documentos de la oferta
demostraban fehacientemente el vínculo entre los miembros del ente consorcial, y
la manifestación reprochada solo tendría incidencia en caso de empate.
58. El IDU profirió la Resolución 3783 de 2017 en la que adjudicó el proceso de
licitación pública sub examine al Consorcio Infraestructura Puentes 2017, al haber
ocupado el primer orden de elegibilidad y obtener 1000 puntos. De este documento
también se advierte que el Consorcio demandante Puentes Bogotá ocupó el
segundo lugar con 965.701 puntos de calificación52. Luego, mediante Resolución
3974 del 3 de agosto de 2017, el IDU modificó el artículo primero del acto de
adjudicación, para señalar que el valor de la adjudicación de la licitación pública
correspondía al del presupuesto oficial estimado previsto en el numeral 1.3. del
respectivo pliego de condiciones53.
59. Con lo hasta aquí expuesto, es claro para la Sala que los argumentos que
sustentan el rechazo que debió darse a la oferta del Consorcio Infraestructura
Puentes 2017 carecen de fundamento jurídico y fáctico, y no logran desvirtuar la
posición jurídica del legítimo adjudicatario de la licitación pública 002-2017; y, como
no adujo otras razones sobre posibles deficiencias en la evaluación de las
propuestas, sus pretensiones no están llamadas a prosperar.
60. Para la Subsección no es cierto que el a quo haya hecho una interpretación
indebida del pliego de condiciones, causal 14 de rechazo, y el artículo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015, pues acorde a los numerales 4.10 y 7.1. - literal c) del
reglamento de la licitación pública, la condición de que el oferente plural compuesto
por una Mipyme, sus socios, accionistas o empleados no pudieran ocupar estos
mismos cargos en otro integrante de dicha figura asociativa, corresponde
únicamente a un criterio de desempate.
61. Se destaca que dicho criterio ni siquiera tenía -ni tuvo- que ser aplicado al
presente asunto, por la razón fundamental de que efectuada la evaluación final no
se presentó empate en el primer lugar de escogencia, y tal hipótesis sólo se activaba
frente a proponentes que igualaban sus puntajes y como línea necesaria para
adjudicar; pero esta circunstancia no se presentó.
51
Archivo “12-Documento de respuestas a observaciones y consolidad de la evaluación”, contenido en cd a fl. 126 del c.
principal.
52
Archivo “14-Resolución 3783 de 2017”, contenido en cd a fl. 126 del c. principal.
53
Archivo “15-Resolución 1974 de 2017”, contenido en cd a fl. 126 del c. principal.
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62. La fórmula de desempate que ilustra el pliego, es concordante con el artículo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, aplicable a los contratos estatales, y
expresamente referida al ilustrar las bases normativas de dicha licitación, que
disponía:
“Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos
o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero
de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos
de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva
y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos
por Acuerdos Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. (…)”54 (se resalta).
63. De este modo, la incorrección advertida en la carta de presentación de la oferta
del consorcio adjudicatario, no tuvo ninguna incidencia en sede de habilitación ni de
evaluación bajo el proceso de selección examinado, pues con total claridad el pliego
estableció, como atrás quedó visto, que el IDU debía verificar las propuestas para
determinar si cumplían o no con todos y cada uno de los requisitos “para lo cual
tendrá en cuenta la documentación aportada o relacionada por los proponentes”,
así que la carta de presentación, por sí misma, no podía oponerse a tal deber, ni de
ella derivarse una pauta de absoluta formalidad, cuando son los documentos los
que revelan de manera fidedigna –como lo señaló el pliego– la verificación de tales
condiciones.
64. De ahí que tampoco sea admisible el argumento del impugnante de que la
contradicción advertida detonaba de forma inmediata la causal de rechazo de la
propuesta del Consorcio Infraestructura Puentes 2017. La causal 2 apuntaba a
defectos asociados a la capacidad jurídica de los proponentes55, sin cabida en este
caso; y la causal 14 estaba referida a contradicciones en la información presentada
por el proponente que “induzcan a error a la Entidad, aporte información no veraz o
altere algún documento original”, y ello tampoco aconteció de cara al ejercicio de
constatación que realizó el IDU que, en una sencilla revisión documental, a la que
estaba obligada la entidad, pudo conocer la existencia de los vínculos a los que se
refería el citado criterio de desempate, identificando la veracidad de los documentos
e información de forma integral, no sólo de la carta de presentación.
65. Tan cierto es lo anterior, que las calidades relativas a las Mipymes sólo se
revisarían y serían relevantes en el marco de la licitación ante el escenario de un
54
Esta norma fue derogada por el artículo 8 del Decreto 1860 de 2021, no obstante, para la época en que se dictaron los
actos administrativos cuya nulidad se demanda, estaba vigente. En todo caso, se precisa a la sala que su contenido fue
replicado como causal de desempate en el numeral 10.3. del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 ejusdem.
55
“2) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o cuando no cumplan con
las calidades y condiciones habilitantes para la participación, indicadas en este pliego de condiciones. (…)”
16
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
desempate, sin que la manifestación efectuada en la carta se hubiera estipulado
como irrefutable ante la evidencia documental a la que se llegó, ni podía atribuírsele
una connotación sacramental. Pero, se itera, a ese escenario ni siquiera se llegó.
66. No sobra indicar, en relación con el rechazo o la descalificación de ofertas, que
esta Corporación ha sido prolija en señalar que esta determinación no depende de
una llana discrecionalidad de la administración, de cara a la libertad de concurrencia
y selección objetiva que fundamenta los procesos de selección que adelantan las
entidades estatales, a partir del cual se promueve un escenario de competencia que
beneficia la escogencia de la mejor propuesta y el marco económico de la misma;
por ello, unos corresponden a requisitos habilitantes, y otros a factores de
evaluación y puntaje, lo que garantiza la participación de los interesados, más allá
del puntaje que obtengan sus propuestas.
67. De manera que para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública
debe sujetarse al marco legal y constitucional que puede dar lugar a ello, y que se
deriva del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de
documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para su
comparación, pues conforme al núm. 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 la
causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, y no tendría
justificación en caso de descartar una propuesta por una deficiencia que no tenga
incidencia alguna en la contratación56, como la que se ha examinado en el sub lite.
68. Por ende, al no estar probada la causal de rechazo esgrimida por el actor no era
procedente descartar dicha oferta, de lo contrario, la entidad demandada hubiera
actuado de forma injustificada bajo una mera discrecionalidad apartada de los fines
de la norma que la autoriza y desproporcionada respecto de los sucesos que le dan
origen, atentando contra los derechos de dicho oferente plural.
69. Tampoco se considera que el a quo hubiese creado un requisito adicional no
contemplado en la jurisprudencia con respecto a la prueba de la buena o mala fe
con la que actúan los proponentes, en la medida que al afirmar que con otros
documentos aportados con la propuesta el IDU pudo constatar la relación entre el
señor Yamil Montenegro y la Mipyme Infraestructura Integral S.A.S., de ahí se
concluyó que el proponente no tuvo la intención de engañar o tergiversar los datos
referentes a la composición consorcial, al haber hecho entrega de todos los
documentos que daban cuenta cabal de tal vínculo; ello, además, se hizo en el
marco de análisis de los elementos descritos en la causal 14 de rechazo del pliego
que imponía tal escrutinio, y del deber que tiene el juez al proferir sentencia de
“calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de
ella”57
70. Finalmente, se descarta que las sentencias citadas en el recurso de apelación,
según las cuales esta Corporación ha establecido que ante la evidente falsedad de
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1999-
01850-01(25397). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
57
Según dispone el artículo 280 del CGP: “ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia
deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los
razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá
calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. (…)”.
17
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
los documentos que se anexan a las propuestas, procede el rechazo inmediato de
las mismas, sean referente jurisprudencial aplicable al caso concreto a favor de la
postura de la parte demandante. Se pasa a explicar:
(i) Sentencia del 12 de junio de 201758. En este proceso, el principal cargo de la
demanda era que el proponente adjudicatario incurrió en varias causales de rechazo
por consignar información falsa en los precios unitarios y exceder el valor del
presupuesto oficial. Esta Colegiatura descartó el reproche y negó las pretensiones
de la demanda. Luego, si el proponente pretendía demostrar con este fallo que
cualquier error en información tiene la relevancia para rechazar una oferta, tal
planteamiento carece de sustento, no sólo porque la decisión no desembocó en tal
destino, sino que el mismo apelante reseñó el fragmento en que se precisó que las
reglas de descalificación tiene lugar “siempre que existan evidencias serias,
sustentadas, ostensibles y contundentes que apunten a señalar de manera
inequívoca la ausencia de veracidad de la información y de los documentos que
soportan la propuesta y que tengan la virtualidad de afectar la selección objetiva de
la oferta”.
(ii) Sentencia del 5 de agosto de 201959. En ese caso, en el que se demandó el acto
de declaratoria de desierta, se rechazó la oferta del demandante porque resultó
probado que ocultó información relativa a la ejecución de un contrato de suministro
y del k de contratación residual. Esta providencia no es fundamento de la tesis que
planteó el demandante, puntualmente porque allí sí se probó la mala fe de la parte
actora no sólo por ocultar información, sino porque la entidad previamente le había
reiterado la exigibilidad de la misma y estaba probado que en otros procesos de
selección incurría en la misma conducta omisiva. Además, la falta de la información
del k residual de contratación sí se previó como causal de rechazo de la oferta:
“A partir de lo anterior, la Sala concluye que 1) la insistencia de la demandante para que no
fuera tenido en cuenta un requisito evidentemente legal, 2) la presentación de información
incompleta referida a dicho requisito aun cuando la entidad le había señalado su exigencia, y
3) el hecho de que hubiera ocurrido una situación similar en otro procedimiento de selección,
son indicios que, “en consideración [a] su gravedad, concordancia y convergencia, y su
relación con las demás pruebas que obr[a]n en el proceso” permiten considerar ajustado al
ordenamiento jurídico el rechazo de la propuesta de Subatours por resultar su comportamiento
contrario al deber de buena fe precontractual”
A su vez, en ese proceso el Consejo de Estado también analizó otros documentos
aportados con la oferta e incluso los allegados en otros procesos de selección a fin
de demostrar la mala fe en el actuar del demandante, lo que a juicio de esta Sala
constituye una evaluación completa de las pruebas aportadas, más no la creación
de un nuevo requisito en la materia.
71. Finalmente, se precisa que si bien la parte actora menciona que su oferta era la
mejor para la entidad, sustentó dicha postura únicamente en las presuntas razones
por las cuales debía rechazarse la oferta del Consorcio Infraestructura Puentes
2017, y no alegó ni probó deficiencias de algún tipo que afectaran el puntaje
58
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2017, Rad. 73001-23-33-000-2013-00159-
01(51364). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
59
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 5 de agosto de 2019, Rad. 25000-23-26-000-2009-
00264-01(45118). M.P. Alberto Montaña Plata.
18
Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
asignado y alteraran el orden de elegibilidad. Por ende, como los argumentos de
rechazo del mencionado consorcio no fueron acreditados y carecen de fundamento,
lo mismo pasa con las afirmaciones de que su oferta merecía ser la adjudicataria
del contrato de obra.
72. Así,resulta forzoso concluir que, en efecto, el adjudicatario obtuvo el mayor
puntaje en el proceso de selección, de modo que el Consorcio Puentes Bogotá no
era la más favorable para la Administración. Unido a lo anterior, la pretensión de
nulidad absoluta del acto de adjudicación queda vacía de contenido, en tanto no se
constató que el actor tuviera un mejor derecho en sede de adjudicación. Por ende,
se confirmará la decisión adoptada por el a quo.
Costas
73. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 60, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código General del Proceso. El artículo 365
del citado Estatuto, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación. La condena en costas no requiere de la apreciación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le impone, toda vez que en el régimen actual dicha
condena se basa en un criterio objetivo.
74. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte
demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y se le resolvió desfavorablemente.
75. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales se fijan
con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
en el Acuerdo PSAA16-10554 61 -vigente para la época de presentación de la
demanda-, la Sala fija las agencias en la suma equivalente a tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, suma que pagará por partes iguales a cada
parte del extremo pasivo, esto es: (i) 50% al Consorcio Infraestructura Puentes
Bogotá 2017, en proporción a la participación de sus integrantes en esta forma
plural; y (ii) 50% a favor del IDU; y será asumida por el actor, según los porcentajes
de participación de sus integrantes.
76. Anteesta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
60
Norma aplicable de cara a la fecha de interposición de la demanda, ocurrido el 16 de noviembre de 2012, por mandato del
artículo 308 del CPACA; lo anterior sin perjuicio de la precisión efectuada respecto a los términos de caducidad que habían
empezado a correr en septiembre y octubre de 2010, a los cuales se aplicó la regla sobre tránsito de legislación prevista en
la Ley 153 de 1887, artículo 40, que reguló esta hipótesis particular.
61
“Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general (...). En primera Instancia:
a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (…) (ii) De mayor cuantía, entre
el 3% y el 7.5% de lo pedido. En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”. (se destaca).”
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Radicación: 25000233600020180010401 (68.179)
Demandante: Consorcio Puentes Bogotá
Demandado: IDU y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
IV. PARTE RESOLUTIVA
77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consorcio Infraestructura Puentes Bogotá 2017, por las razones indicadas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A, del 16 de
septiembre de 2021.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la parte demandada. Para el efecto, las agencias en
derecho se fijan en la suma de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso, y conforme
a los dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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