Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00797-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00797-01 (1160-2020)
Demandante: César Roberto Gómez Ariza
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
Temas: Empleo temporal. Acto susceptible de control judicial. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones y condenó en costas.
ANTECEDENTES
El señor César Roberto Gómez Ariza presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 1474 del 24 de diciembre de 2014, por
medio de la cual se efectuaron unos nombramientos en la planta temporal de
empleos prorrogada en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Que se declare la nulidad del Oficio 3237 ALDG-ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 del
30 de diciembre de 2014, por medio de la cual la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares negó prorrogar el nombramiento del actor.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reintegrarlo al cargo
que ocupaba o a otro de similar o superior jerarquía; pagarle los salarios, reajustes
e incrementos dejados de percibir entre el retiro y la fecha en que se haga efectivo
el reintegro al cargo o, en su defecto, el tiempo que dure la planta temporal con sus
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00797-01 (1160-2020)
respectivas prórrogas; pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
por concepto de perjuicios materiales y daños morales; y que se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el Ministerio de Defensa expidió el Decreto 959 del 17 de mayo de 2013, por
medio del cual se creó una planta temporal de empleos para el período
comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.
Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previo proceso de selección,
mediante Resolución 36 del 17 de enero de 2014, lo nombró en la planta temporal
como «profesional de defensa grado 4 código 3-1».
Que durante el tiempo de servicio fue sujeto de persecución y acoso laboral por
parte del director regional de la entidad, situación que fue denunciada ante el
Comité de Convivencia el 11 de noviembre de 2014. Sin embargo, que la Dirección
General de la Agencia Logística no tramitó la queja cuando fue allegada a su
despacho por competencia.
Que la entidad prorrogó el período de la planta temporal de empleos hasta el 30 de
junio de 2016 por medio del Decreto 2543 del 12 de diciembre de 2014 y mediante
Resolución 1474 del 24 de diciembre se efectuaron unos nombramientos en la
planta temporal de empleos.
Que, por medio del Oficio 3237 ALDG-ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 del 30 de
diciembre de 2014 se comunicó la voluntad de no prorrogar su nombramiento en
consideración al vencimiento del plazo, pese a que el cargo no fue suprimido,
restructurado u ocupado por personal de carrera y que estaba pendiente de trámite
la queja por acoso laboral.
Que la entidad debió adelantar una nueva convocatoria pública el 9 de enero de
2015 para suplir el empleo que ocupaba el demandante, el cual reviste amplia
importancia para el funcionamiento y prestación del servicio por parte del Ejército
Nacional.
Que, en reunión con el personal del 4 de junio de 2015, el director general de la
entidad manifestó no haber renovado el nombramiento por insatisfacción con su
desempeño e incidentes con la alimentación de los soldados, situación que no
corresponde a la verdad.
Que, como consecuencia de la no prórroga del nombramiento, ha experimentado
depresión y tristeza, afectando gravemente su salud emocional y psicológica y
causando perjuicios a su economía y la de su grupo familiar.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Que los actos demandados violaron los artículos 2, 13, 25, 29, 125 y 209 de la
Constitución Política; 3, 42, 67 y 138 de la Ley 1474 de 2011; 1, 2 (numerales 1 al
3), 4 (literales a, b y d), 7 (literales c y d), 9, 10 y 11 de la Ley 1010 de 2006; 1, 2, 3
y 21 de la Ley 909 de 2004; 2.2.1.1.1 al 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015; el
Decreto 2543 de 2014 expedido por el Ministerio de Defensa y las Resoluciones
652 y 1356 de 2012 expedidas por el Ministerio del Trabajo.
Que están viciados de falsa motivación, desviación de poder y fueron expedidos
con desconocimiento del derecho de defensa y debido proceso e infracción de los
principios de la función pública.
Que si bien los empleados temporales no gozan de la estabilidad de un empleado
de carrera administrativa, tampoco se asemejan a los de libre nombramiento y
remoción, pues son elegidos a través de convocatorias públicas y atendiendo
criterios objetivos. Por lo tanto, su garantía de permanencia en el empleo
corresponde al período de nombramiento que, a su vez, tiene estrecha conexión
con el estudio técnico y la disponibilidad presupuestal.
Que la no prórroga del nombramiento del demandante fue una decisión viciada con
desviación de poder y falsa motivación, pues no se fundó en la terminación del
plazo del nombramiento, sino que fue discriminado injustificadamente respecto del
grupo de empleados amparados por la prórroga de la planta de empleo temporal,
pues su cargo no fue suprimido ni modificado, así como tampoco era objeto de
reproche disciplinario alguno. Que no correspondió al buen servicio, sino a móviles
personales como aquellos que se ven reflejados en el acoso laboral y persecución
de los superiores.
Que no le fue prorrogado el nombramiento cuando se encontraba en trámite queja
disciplinaria del demandante en contra del director regional de la entidad,
desconociendo el fuero previsto en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de
2006.
Que la entidad no concedió los recursos legales al notificar el Oficio 3237 ALDG-
ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 de 2014, desconociendo el derecho de defensa y
el debido proceso del señor César Roberto Gómez Ariza.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 18 de diciembre de 2015 se admitió la demanda y el 16 de septiembre de 2016
su reforma. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se opuso a las
pretensiones. Argumentó que, si bien es cierto que mediante el Decreto 2543 de
2014 se prorrogó la planta temporal hasta el 30 de junio de 2016, esta ampliación
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opera respecto del cargo y no de la persona que lo ocupa. En otras palabras, que
la entidad respetó el término del nombramiento, pero que no estaba obligada a
prorrogarlo.
Que el demandante conocía con claridad el término de su nombramiento, por lo que
no fue realmente sorprendido, pues las «reglas de juego» no fueron alteradas
súbitamente.
Que, concluido el plazo del nombramiento, el demandante no podía esperar que
este se ampliara automáticamente en virtud de la prórroga de la planta de empleo
temporal, pues el deber de la entidad consistía en evaluar las competencias y
capacidades, las necesidades del servicio, la eficiencia y eficacia, para elaborar los
nuevos nombramientos.
Que no se demostró la desviación de poder ni el supuesto acoso laboral. Sobre
este último, sostuvo que solo existió un proceso disciplinario que concluyó en
archivo.
El 20 de febrero y el 6 de marzo de 2017 se realizó la audiencia inicial, donde se
declararon no probadas las excepciones previas, se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas objeto de valoración. El 26 de febrero y 10 de abril de 2018 se desarrolló
la audiencia de pruebas y se ordenó a las partes presentar por escrito sus alegatos.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 17 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concedió parcialmente las pretensiones y condenó en costas. Sostuvo que las
pruebas allegadas permitían concluir que la vinculación del demandante no se
prorrogó por desviación de poder, pues, aunque se adujo el vencimiento del término
del nombramiento, la decisión provino de las circunstancias específicas de la
relación laboral entre el demandante y su superior jerárquico inmediato.
Que la estabilidad de los empleos temporales está directamente relacionada con el
término definido en el acto de nombramiento, y si bien es cierto que este concluyó
el 31 de diciembre de 2014, la planta de cargos fue prorrogada hasta el 30 de junio
de 2016. De allí que, aunque en principio no es reprochable que la entidad decida
no continuar la relación laboral, se acreditó que los motivos de la decisión fueron
ajenos a la oportuna y correcta prestación del servicio.
Ante la imposibilidad del reintegro, condenó a la demandada al pago de los salarios
y prestaciones causados durante la vigencia de la planta de empleo temporal como
indemnización de perjuicios a título de lucro cesante; pero negó las pretensiones
en relación con los supuestos perjuicios morales, por no demostrarse la afectación
a su integridad física y psicológica.
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EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que la garantía
de permanencia de los empleos temporales se reduce al término del nombramiento
que, una vez terminado, supone el retiro automático del servicio, por lo que la
conducta de la entidad fue válida, pues, en este escenario, estaba facultada y en
plena libertad para ofertar el cargo.
Que el nominador era el director general de la entidad (Federico Przychodny
Jaramillo) y no el director de regional (Jhon Frey Gualteros Carmona) y fue con este
último con el que se tuvo dificultades de convivencia laboral, por lo que no se
comprende la supuesta desviación de poder, pues el sujeto del cual se adujo el
acoso no fue quien tomó la decisión. Que no existen pruebas fehacientes que
indiquen que el demandante fue objeto de discriminación por parte del director
general.
Que el tribunal de primera instancia se apartó del material probatorio, pues no se
estudió integralmente. Hizo énfasis en que no valoró la prueba documental y adujo
que esta fue «enrostrada» por el análisis de los demás medios de prueba. Destacó
que la prueba testimonial también reafirma su oposición.
Que se desconoció la normatividad vigente y la jurisprudencia, porque la prórroga
de la planta opera respecto del empleo y no de la persona que lo ocupa, por lo que
nunca se le vulneró un derecho al señor César Roberto Gómez Ariza.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación1 y el 17 de noviembre de
2020 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para emitir concepto2.
La parte demandante insistió en que los medios de prueba disponibles informan
que la decisión de no prorrogar el nombramiento del señor César Gómez Ariza se
tomó con desviación de poder y falsa motivación3.
La Agencia Logística de las fuerzas militares reiteró lo expuesto en el recurso
de apelación.
El Ministerio Público no emitió concepto de fondo.
Se decidirá previas las siguientes,
1 Índice 3, Samai.
2 Índice 8, ídem.
3 Índice 9, ídem.
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CONSIDERACIONES
El artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el objeto de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la efectividad de los derechos y la preservación del
orden jurídico. Por su parte, el artículo 104 sostiene que esta conoce «[…], además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]»
(énfasis fuera de texto).
Aunque esta norma previó en sentido amplio que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo tiene por objeto conocer de todos aquellos litigios que se originen en
«actos» de la Administración, la propia jurisdicción se ha encargado de precisar y
limitar el alcance de dicha disposición.
El Consejo de Estado ha sostenido que solo los actos administrativos son
susceptibles de control judicial4 y es característica inherente a todo acto
administrativo que produzca efectos, esto es, que cree, modifique o altere una
situación jurídica.
Por otra parte, la Corporación ha delimitado aún más el objeto de control, pues no
todos los actos administrativos son enjuiciables, lo son, por regla general, los
definitivos, en los términos del artículo 43 del CPACA. Lo anterior excluye el
control de los actos administrativos de trámite o impulso5.
Ahora, en relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la prosperidad de las pretensiones depende, además, de que el acto
administrativo produzca efectos en relación con la situación particular discutida por
quien presenta el medio de control. El acto demandado debe corresponder con
aquel que generó la lesión alegada sobre el derecho subjetivo que se pretende
amparar, para que pueda válidamente generarse restablecimiento en favor de la
parte demandante. Es decir, debe pretenderse la nulidad del acto administrativo
que creó, modificó o extinguió esa situación jurídica particular.
Resolución al caso concreto
En el presente asunto, se solicitó la nulidad de la Resolución 1474 del 24 de
diciembre de 2014, por medio de la cual se efectuaron unos nombramientos en la
planta temporal de empleos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y del
4 La excepción a esta tendencia inició en la Sección Primera en el 2014 (Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia del 27 de noviembre de 2014. Rad. 05001-23-33-000-2012-00533-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala)
y concluyó allí mismo en el 2020 (Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020.
Rad. 11001-03-24-000-2010-00317-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón).
5 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2024. Rad. 11001-03-26-
000-2019-00162-00 (65.008). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Oficio 3237 ALDG-ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 del 30 de diciembre de 2014, por
medio del cual, el actor considera que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
no prorrogó su nombramiento.
Se procede entonces a estudiar el Oficio 3237 ALDG-ALDAD-GRH-251-GSOGA-
252 del 30 de diciembre de 20146, a fin de determinar si este cumple con los
requisitos para considerarse un acto enjuiciable ante esta jurisdicción. Su contenido
es el siguiente:
«Señor
Profesional De Defensa [sic]
CÉSAR ROBERTO GOMEZ ARIZA
De conformidad al Decreto 959 del 17 de mayo de 2013, creó unos empleos de
Planta Temporal comprendido [sic] entre julio de 2013 y hasta el 31 de
diciembre de 2014. [ilegible] con ese mandato legal su nombramiento va hasta
el 31 de diciembre de 2014.
Por lo anterior, se le comunica que se debe acercar a las instalaciones de la
Unidad de Salud Ocupacional ubicada en la calle 23B Norte No. 3N 52 Barrio
Versalles en Cali-Valle, para la práctica del examen médico de retiro a partir del
5 de enero de 2015 en el horario de 8:00 a.m. a las 17:00 horas. […]»
De lo anterior, se concluye que no cumple con los requisitos para ser valorado como
un acto administrativo y, por tanto, susceptible de control. Se trata de una de
comunicación que, pese a informar al demandante de la terminación del vínculo
laboral, no es la manifestación unilateral de la voluntad de la Administración que
toma tal determinación, máxime si se considera que aquella relación feneció en
virtud de la ley, que dispone el retiro automático al vencimiento del término del
nombramiento en el numeral 4.° del artículo 21 de la Ley 909 de 2004.
En gracia de discusión, aunque el oficio diera cuenta de la voluntad de la
Administración y no del legislador, carecería de la naturaleza de acto administrativo,
pues se limita a comunicar o informar sobre esta circunstancia. En otras
oportunidades, la Corporación ha estimado:
«Respecto al oficio de 22 de marzo de 2002 cuya nulidad se pretende, advierte
la Sala que el mismo se limita a informar al demandante la decisión contenida
en el Decreto 0542 de 20 de marzo de 2002, por lo tanto, no crea, modifica o
extingue situación jurídica alguna, careciendo de contenido decisorio,
motivo por el cual, no constituye un acto administrativo enjuiciable al tenor del
artículo 85 del C.C.A y en tal sentido, la Sala procederá a declararse inhibida
para pronunciarse respecto al mencionado oficio.
En este orden, no es enjuiciable el medio que utiliza la Administración para
informar sobre un acto administrativo por cuanto con él no crea ni
modifica situación alguna dado que su función consiste en poner en
conocimiento la decisión contenida en otro acto administrativo.
6 Fol. 18.
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Al respecto, la Sala ha precisado que el oficio mediante el cual se comunica la
decisión adoptada por una autoridad pública, en principio, no constituye un acto
administrativo; sobre el particular, sostuvo: “... el citado oficio no es enjuiciable
debido a que esta Jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos;
y si en gracia de discusión pudiera anularse la comunicación, ella resultaría
infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto el(sic) acto que
determinó el retiro tácito del actor, toda vez que continuaría vigente el acto de
retiro, de tal manera que no procede emitir pronunciamiento de fondo en
relación con el oficio demandado”»7 (cursiva original, negrilla fuera de texto).
En suma, el Oficio 3237 ALDG-ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 de 2014 no es un
acto administrativo, por lo que no es objeto de control judicial y, en relación con el
mismo, se declarará probada de oficio la excepción de «acto no susceptible de
control judicial».
Respecto a la Resolución 1474 del 24 de diciembre de 2014 «Por la cual se
efectúan unos nombramientos en la planta temporal de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares»8, se observa que el reproche del demandante versó sobre la
ausencia de su nombramiento en el citado acto administrativo, es decir, que no se
cuestiona la legalidad del acto por lo que dispone sino por lo que no dispone. A
diferencia del Oficio 3237 de 2014, la Resolución 1474 es un típico acto
administrativo de nombramiento; sin embargo, a juicio de la Sala, este no lesionó
los derechos subjetivos del demandante.
El Decreto 959 del 17 de mayo de 2013 creó unos empleos temporales en la plata
de personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el período
comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 20149, entre estos,
el de «profesional de defensa grado 4 código 3-1», para el cual dispuso de 78
cargos. El señor César Roberto Gómez Ariza fue nombrado en uno de estos, y
aunque no se cuenta con la Resolución 36 del 17 de enero de 2014, es posible
verificar este hecho en la comunicación u Oficio 132 ALDG-ALDAD-GRH-25110 y
los demás medios de prueba disponibles.
El numeral 4 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, sobre los empleos temporales,
ordena:
«4. El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento
del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin
embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la
facultad nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento,
cuando el servidor no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron
lugar a la creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se
establezca para el efecto y mediante acto administrativo motivado; o darlo por
terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones para
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 31 de octubre de 2013. Rad. 05001-23-
31-000-2002-03400-01(1388-2012). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
8 Fols. 8-15.
9 Fl. 3.
10 Fl. 5.
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financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a
los montos aprobados para su financiación […]».
La norma prevé que, al término del nombramiento, la relación laboral de índole legal
y reglamentaria, culmina de forma natural, espontánea o automática, en virtud de
la misma. De allí que el retiro del servicio del demandante se configuró con
fundamento en una norma legal, que no requiere de reafirmación en un acto
administrativo y que mal haría esta Sala en identificarla con alguno de los dos actos
demandados.
En este sentido la Resolución 1474 de 2014, si bien es un genuino acto
administrativo, lo cierto es que no encierra la voluntad que aparentemente lesionó
los derechos subjetivos que se pretenden restablecer. Especialmente porque la
omisión en el nombramiento no está contenida en un acto. Dicho de otro modo, no
era admisible concluir que, por no incluir al demandante, la Resolución contenía la
voluntad de no prorrogar su nombramiento.
Simplemente, el acto efectuó unos nombramientos por un nuevo término en los
empleos temporales vacantes. De allí que no fue este el que supuestamente
perjudicó al demandante, sino una conducta negativa de la Administración, una
omisión. El acto que puso fin a su vinculación fue el mismo que lo nombró, produjo
efectos por el término previsto y, en palabras simples: se «consumió» por ministerio
de la ley.
En suma, la Sala advierte que la Resolución 1474 de 2014 no es ilegal por las
razones alegados y, por el contrario, quedó demostrado que, conforme a las
normas sobre los empleos temporales, no existía un deber legal de incluir al
demandante en el acto. Por todo lo expuesto, y sin necesidad de argumentaciones
adicionales, la Sala revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, negarán las
pretensiones.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202111 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP12, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
11 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
12 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00797-01 (1160-2020)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:
• DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de «acto no
susceptible de control judicial» respecto del Oficio 3237 ALDG-
ALDAD-GRH-251-GSOGA-252 del 30 de diciembre de 2014 y en
consecuencia se niegan las pretensiones.
• En relación con la Resolución 1474 de 2014, se NIEGAN las
pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Notifíquese y cúmplase
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
(Con aclaración de voto)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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