Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00226-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00226-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00226-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: SOCIEDAD UNIPLES S.A.
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO – Proceso de
licitación para contratar el suministro y distribución de productos de oficina, aseo, cafetería
y restaurante para la Registraduría Nacional del Estado Civil / ACTOS DE TRÁMITE - el
acta de audiencia pública de adjudicación de la licitación pública constituye un acto de
trámite y, por tanto, no es susceptible de control judicial, en consideración a que solo cumple
una función de registro, más no contiene una decisión de la administración referente a la
adjudicación del proceso licitatorio / RECHAZO DE LAS PROPUESTAS - no resulta
admisible el rechazo de las propuestas por cuestiones puramente formales, accesorias,
inútiles y que no fueran esenciales para hacer la evaluación de las ofertas y la consiguiente
selección de la más favorable.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional
del Estado Civil y negó las pretensiones de la demanda frente al Fondo Rotatorio de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó el proceso
de licitación No. 004-2016-FRR, cuyo objeto era contratar el suministro y distribución
de productos de oficina, aseo, cafetería y restaurante para la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Mediante Resolución No. 717 de 2016, el contrato fue adjudicado
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
a la Sociedad Sumimas S.A.S., por haber cumplido la totalidad de los requisitos
habilitantes y haber obtenido la mayor puntuación. La parte demandante
controvierte la legalidad del referido acto administrativo, porque Sumimas S.A.S.,
no cumplió con uno de los requisitos habilitantes, consistente en aportar un
certificado de distribuidor autorizado y, como restablecimiento del derecho, solicita
el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir por no habérsele adjudicado el
contrato.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 13 de febrero de 2017 (fls. 3 a 13 c. 1), la Sociedad Uniples
S.A., por conducto de apoderado judicial (fl. 1 c. 1), interpuso demanda en contra
de la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, se declarara la nulidad del acta de
adjudicación de 12 de agosto de 2016 y de la Resolución No. 717 de 12 de agosto
de 2016, mediante las cuales se adjudicó la licitación pública No. 004-2016-FRR de
2016 a la empresa Sumimas S.A.S.
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se le reconociera y pagara la suma de $1.600’000.000, por
concepto de la utilidad dejada de percibir por no habérsele adjudicado la licitación
pública No. 004-2016-FRR de 2016.
Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó el proceso
de licitación pública No. 004-2016-FRR, cuyo objeto era “contratar el suministro y
distribución de papelería, útiles de escritorio y oficina, insumos para equipos de
cómputo y fotocopiadora (repuestos, accesorios y similares), productos de aseo y
limpieza, productos de cafetería y restaurante e impresión de adhesivos para la
Registraduría Nacional del Estado Civil tanto a nivel central y nacional, mediante el
sistema de proveeduría integral (outsourcing). Lo anterior para continuar con el
cumplimiento de la misión de la entidad”.
Al proceso se presentaron como proponentes las empresas Sumimas S.A.S.,
Panamericana Outsourcing S.A. y Uniples S.A.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El numeral 4. 3. 2. del pliego de condiciones exigía como requisito de participación
que el proponente aportara un “certificado de distribución autorizado” de unas
marcas específicas, el cual debía ser expedido por el fabricante o por un canal
mayorista, con el propósito de demostrar la cadena de distribución.
El 9 de agosto de 2016, la Sociedad Uniples S.A. presentó una observación al
informe de evaluación, porque el proponente Sumimas S.A.S. no cumplió con el
certificado de distribuidor autorizado.
Explicó que, para acreditar la cadena de distribución, Sumimas S.A.S. aportó una
certificación de Toshiba aparentemente entregada por la empresa mayorista
ClaryIcon S.A.S.; sin embargo, esta no correspondía a la certificación estándar que
esta firma entregó a los otros oferentes Uniples S.A. y Panamericana Outsourcing
S.A.
Mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2016, ClaryIcon S.A.S. informó a la
entidad que la certificación presentada por Sumimas S.A.S. no era la original, que
en ningún momento le facilitó el documento emitido por el fabricante Toshiba y que
presentaba dos alteraciones. Al respecto, aseguró que la fecha de emisión del
certificado no coincidía con la fecha en que fue expedido por el fabricante y que la
validez del certificado no aparecía, como sí figuraba en el documento original.
El 11 de agosto de 2016, la Sociedad Uniples S.A. dio alcance a su observación, en
el sentido de indicar que la certificación de Toshiba, presentada por la Sociedad
Sumimas S.A.S, tenía claras diferencias con la certificación que entregaba su
representante en Colombia -ClaryIcon S.A.-, específicamente porque la fecha de
expedición no correspondía a ninguno de los períodos certificados por el fabricante,
ni contenía la fecha de vigencia.
En la audiencia de adjudicación, la Sociedad Uniples S.A. reiteró la observación
relativa la fecha de emisión y a la validez de la certificación de Toshiba presentada
por la Sociedad Sumimas S.A.S.
En el acta de adjudicación, el asesor jurídico de la entidad indicó que ClaryIcon S.A.,
representante de Toshiba en Colombia, corroboró la veracidad de la certificación
aportada por el proponente Sumimas S.A.S., razón por la cual se cumplía con la
demostración de la cadena de distribución, establecida en el numeral 4.3.2 del
pliego de condiciones.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Sin embargo, la decisión expuesta en el acta de adjudicación era errónea, porque
además de que Uniples S.A. nunca discutió la calidad de distribuidor de ClaryIcon
S.A.S. de los productos Toshiba en Colombia, sino que la certificación aportada por
la Sociedad Sumimas S.A.S. contenía información imprecisa, inexacta y que no
correspondía a la realidad, la firma ClaryIcon S.A.S. nunca ratificó la veracidad de
la certificación aportada por Sumimas S.A.S., sino que, por el contrario, explicó que
presentaba dos alteraciones frente al documento original y, por tanto, no era
verídica.
De conformidad con el numeral 1.7 del pliego de condiciones, constituía una causal
de rechazo de la propuesta “cuando se compruebe que los documentos
presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que no
corresponda a la realidad, o que no permite su verificación por parte de la entidad,
caso en el cual iniciarán las acciones correspondientes si a ello hubiere lugar”.
Según la demanda, el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil
debió rechazar la propuesta de la empresa Sumimas S.A.S., pues no cumplió el
requisito establecido en el numeral 4. 3. 2. del pliego de condiciones.
En criterio de la parte demandante, los actos administrativos demandados
transgredieron: i) la Constitución Política -artículos 29 y 83-, ii) leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 y demás normas concordantes y, iii) el numeral 1.7 del pliego de
condiciones.
En este sentido, se limitó a explicar que el acto administrativo acusado quebrantó
las normas y los principios de la contratación estatal, el deber de selección objetiva,
desconoció el derecho de audiencia y de defensa, fue expedido en forma irregular,
con falsa motivación y desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
2.- El trámite en primera instancia
El 23 de mayo de 2018, mediante auto de ponente, se admitió la demanda “en
ejercicio del medio de control de simple nulidad” y se declaró la caducidad de la
pretensión indemnizatoria por la no adjudicación del contrato (fls. 30 a 33 c. ppal)1.
1 De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que el requisito de procedibilidad de la conciliación
no es procedente para los casos en los que únicamente se debate la legalidad de un acto
administrativo, pues esto no es un asunto que puede ser conciliado.
(…)
Así las cosas, dado que el acto administrativo de adjudicación (Resolución No. 717), se profirió el 12
de agosto de 2016 (fls. 11 a 17 c .2) y el
4
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
En virtud de la interposición del recurso de apelación de la parte demandante 2, el
18 de septiembre de 2019 este Despacho resolvió devolver el expediente al
Tribunal de primera instancia, en consideración a que el rechazo parcial de la
demanda no debió ser decidido por el magistrado ponente, sino por esa
Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y 243 del
CPACA (fls. 58 a 60 c. ppal)3.
El 3 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos
el auto de 23 de mayo de 2018, mediante el cual rechazó parcialmente la demanda
y, por consiguiente, la admitió tal como fue presentada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 65 a 67 c. ppal) 4.
acta de adjudicación de 2016 (fls. 18 a 28 c. 2), se tiene que conforme al artículo 164 del CPACA, la
parte actora tenía hasta el 13 de diciembre de 2016 para presentar la correspondiente demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar el reconocimiento de los perjuicios a que hubiere
lugar.
Dado que la demanda se presentó el 13 de febrero de 2017, encuentra la sala que operó el fenómeno
de la caducidad respecto a las pretensiones indemnizatorias, por lo que únicamente hay lugar a
admitir la demanda por el medio de control de simple nulidad de i) la Resolución No. 717 del Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado civil y ii) del acta de adjudicación del 12 de agosto
de 2016, en razón de las cuales se adjudicó la licitación pública No. 004 de 2016 a la empresa
Sumimas S.A.S.
2 Es equivocada la posición del Tribunal, toda vez que el propio legislador estableció la posibilidad
de demandar, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos proferidos
antes de la celebración del contrato.
(…)
Como consecuencia de lo anterior y como quiera que los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, el
artículo 13 de la Ley 1289 2009, el decreto 1716 de 2009 y el artículo 161 del CPACA, establecen
como requisito de procedibilidad, para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
la conciliación extrajudicial, se procedió a ello ante la autoridad competente, que es el Ministerio
Público.
(…)
No cabe duda entonces que en el presente caso, se presentó la suspensión del término de
caducidad, con fecha 28 de noviembre de 2016 (fecha de presentación de la solicitud de
conciliación), habiendo transcurrido tres meses y catorce días calendario para dicha época, faltando
dieciséis calendario, para completar el término de los cuatro meses, los cuales estuvieron
suspendidos hasta el 26 de enero de 2017 (fecha en que se expidió la certificación de que fue fallida
la conciliación), término que vencía inicialmente, el 11 de febrero de 2017, pero como dicho día era
inhábil por ser sábado, el vencimiento se producía el día hábil siguiente, esto es, el 13 de febrero de
2017, fecha en que se radicó en tiempo la demanda (fls. 39 a 48 c. ppal).
3El artículo 125 del CPACA establece que es competencia de la Sala dictar las providencias
enlistadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de dicha normatividad, esto es, la que rechace
la demanda, la que decrete una medida cautelar y resuelva los incidentes de responsabilidad y
desacato, la que ponga fin al proceso y la que apruebe conciliaciones, cuando el asunto se tramite
ante jueces colegiados, siempre y cuando el proceso no sea de única instancia.
(…)
Atendiendo las normas transcritas, se colige que la decisión impugnada, mediante la cual se rechazó
parcialmente la demanda, carece de valor y efectos jurídicos, por cuanto no aparece firmada por los
magistrados que integran la respectiva Sala.
4
Así las cosas, una vez consultada la postura de la Sala, se pudo establecer que en recientes
pronunciamientos se ha dado trámite a las demandas donde se persigue la nulidad del acto de
adjudicación y el consiguiente reconocimiento de perjuicios materiales, admitiendo la suspensión de
los términos de caducidad en virtud del trámite conciliatorio que se adelanta por la parte demandante
previo a demandar, a sabiendas que no es un asunto de naturaleza conciliable, dada la esencia del
acto de adjudicación, las implicaciones legales que éste tiene para la entidad contratante y la
imposición que ésta tiene de conciliar este tipo de asuntos.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones. En primer lugar, sostuvo que la
Registraduría carecía de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a
que el proceso de selección fue adelantado directamente por el Fondo Rotatorio.
En segundo lugar, refirió que se garantizó el debido proceso, en consideración a
que se otorgó a los participantes el derecho de contradicción para que presentaran
sus observaciones a los informes de evaluación y calificación, las que, previo a
verificar los requisitos del pliego de condiciones y la normatividad aplicable, se
contestaron oportunamente.
Finalmente, en cuanto a la violación del artículo 83 constitucional, adujo que no
podía determinar dentro del marco legal de sus competencias que un proponente
obró o no de mala fe, máxime cuando no se avizoró que la empresa a la cual se le
adjudicó el contrato no fuera parte de la cadena de distribución, según una de las
exigencias del pliego de condiciones (Samai – índice 23).
3. Audiencia inicial
El 23 de febrero de 2021, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se
procedió al saneamiento del proceso y se negó, específicamente, la solicitud de la
entidad demandada referente a la vinculación al proceso de la sociedad
adjudicataria -Sumimas S.A.S., decisión que no fue objeto de impugnación5.
Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
(…)
Así las cosas, dado que el acto administrativo de adjudicación (Resolución No. 717), se profirió el 12
de agosto de 2016 y el acta de adjudicación de 2016, se tiene que conforme al artículo 164 del
CPACA, la parte actora tenía hasta el 13 de diciembre de 2016 para presentar la correspondiente
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar el reconocimiento de los perjuicios a
que hubiere lugar. No obstante, en razón al trámite conciliatorio adelantado previo a demandar, los
términos de caducidad se suspendieron entre el 28 de noviembre de 2016 y el 26 de enero de 2017.
De manera que la parte demandante contaba hasta el 13 de febrero de 2017 para interponer la
respectiva demanda, lo que permite concluir que la demanda presentada el 13 de febrero de 2017
fue presentada en oportunidad, ello significa que no operó la caducidad del medio de control en
estudio.
5
“En la contestación de la demanda, la Registraduría solicitó vincular al proceso al proponente
adjudicatario SUMIMAS S.A.S.
Sobre el particular, considera el Despacho que no es necesaria tal vinculación en atención a que no
se persigue la nulidad del contrato estatal, como sí se exigía en el CCA. En el presente caso se
estudia la legalidad del acto administrativo mediante el cual se adjudicó el proceso de selección y
para ello debe estudiarse las propuestas presentadas en el proceso y la correspondiente evaluación
y análisis que realizó la entidad pública demandada.
En los términos del artículo 61 del CGP, sólo se constituye como litisconsorcio necesario en el caso
en el que no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de ese tercero. Lo cual no ocurre en
el presente asunto, en tanto no se requiere de la intervención del proponente adjudicatario para
estudiar la legalidad del referido acto administrativo.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
“¿Debe declararse la nulidad de la Resolución 717 de 2016 expedida por el Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la cual se adjudicó
la licitación pública 004 de 2016 a la empresa SUMIMAS SAS, por incurrir en las
causales de nulidad de desconocimiento del ordenamiento jurídico, haber sido
expedido en forma irregular, desconocer el derecho de audiencia y defensa, falsa
motivación y desviación de poder?”.
Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de
concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales
allegadas con la demanda y su respectiva contestación y se decretó el dictamen
pericial requerido para establecer el monto de los perjuicios reclamados; se negó la
prueba testimonial solicitada en la demanda (Samai – índice 37).
El 15 de junio de 2021, se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo
181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se corrió traslado a los sujetos
procesales de las pruebas documentales aportadas, se presentó el dictamen pericial
decretado en el que se interrogó al perito acerca de su idoneidad e imparcialidad y
sobre el contenido de la experticia. Adicionalmente, se ordenó a las partes que
presentaran sus alegatos de conclusión por escrito (Samai – índice 45).
En esta oportunidad, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, especialmente que en el proceso de licitación pública se advirtió a la
entidad acerca de las alteraciones en la certificación presentada por Sumimas
S.A.S. y aun así se le adjudicó el contrato (Samai – índice 47).
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que no se
acreditó una falsa motivación o una desviación de poder en la expedición de la
resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública No. 004-2016-FRR
de 2016, pues tal decisión se sustentó en los informes de evaluación y calificación
que hicieron parte del procedimiento contractual y en la verificación del
cumplimiento de la cadena de distribución, con la certificación aportada por la
funcionaria comercial de la empresa ClaryIcon S.A.S, por medio de la cual se
Finalmente, resalta el Despacho que si lo que pretendía la demandada era vincular como llamado
en garantía al proponente adjudicatario, debió presentar la solicitud en tal sentido y acreditar los
requisitos que exige el artículo 225 del CPACA.
Así las cosas, sin observar vicio, irregularidad o causal de nulidad alguna que pudiere invalidar lo
actuado hasta el actual estado del proceso, el Despacho procede a continuar con la audiencia inicial.
Notificada la anterior decisión en estrados sin recursos ha logrado ejecutoria”.
Frente a la anterior decisión la entidad demandada no interpuso recurso de apelación, de modo que
finalmente no fue vinculada al proceso la sociedad adjudicataria.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
determinó que el proceso se debía adjudicar al proponente Sumimas S.A.S, por
haber cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes y obtenido la mayor
puntuación (Samai – índice 48).
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 23 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil y negó las
pretensiones de la demanda frente al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Como fundamento de la decisión, explicó inicialmente que la Registraduría Nacional
del Estado Civil no adelantó el proceso de selección, además, el Fondo Rotatorio
era un establecimiento público diferente a la Registraduría, el cual fue creado por la
Ley 96 de 1985 con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
De otro lado, sostuvo que la entidad decidió dar aplicación al principio de buena fe
y otorgarle plena validez a la certificación presentada por Sumimas S.A.S., en
atención a que la parte actora no acreditó su falsedad mediante un proceso judicial,
ni interpuso una denuncia al respecto, aunado a que los documentos aportados con
las observaciones no proporcionaron elementos de juicio que permitieran
determinar la configuración de una causal de rechazo de la propuesta presentada
por Sumimas S.A.S.
En línea con lo anterior, puntualizó que no se vulneró el debido proceso, en especial
el derecho de defensa y contradicción, pues el Fondo Rotatorio dio traslado de los
informes de evaluación, les dio a los proponentes la oportunidad para que
presentaran observaciones, las cuales respondió oportuna y motivadamente
durante el proceso de selección.
Bajo la óptica expuesta, sostuvo que no se configuró una falsa motivación en la
expedición de la Resolución No. 717 de 2016, por medio de la cual se adjudicó la
licitación pública a la empresa Sumimas S.A.S., pues tal decisión se sustentó en
los informes de evaluación y calificación que hicieron parte del proceso de
selección.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Finalmente, aseguró que tampoco se configuró la alegada desviación de poder,
porque no se acreditó que existiera una intención particular, personal o arbitraria
del funcionario competente, tampoco que obrara con una finalidad contraria a la
establecida en las normas que regían la materia y, por el contrario, lo que se pudo
evidenciar en el proceso de selección fue que la entidad demandada actuó de
conformidad con los postulados constitucionales y legales que regían la
contratación estatal (Samai – índice 51).
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y como sustento manifestó que nunca se hizo referencia a una falsedad
en la certificación presentada por Sumimas S.A.S., sino que debió aplicarse el
numeral 1.7. del pliego de condiciones, el cual señalaba que había lugar al rechazo
de la propuesta cuando los documentos presentados por el proponente contenían
información imprecisa, inexacta o que no correspondiera a la realidad, de ahí que
tampoco era necesario que se presentara una denuncia por el delito de falsedad en
documento.
Al respecto, explicó que la certificación de Toshiba, aportada por Sumimas S.A.S.,
contenía información imprecisa, inexacta y que no correspondía a la realidad, tal
como fue informado por la empresa mayorista ClaryIcon S.A.S. al Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante correo electrónico del 11 de
agosto de 2016, en el que indicó que ese documento no fue facilitado por ella, tenía
dos alteraciones y no era verídico.
Controvirtió la decisión del a quo porque no tuvo en cuenta que el acta de
adjudicación desconoció el derecho de audiencia y contenía una falsa motivación,
porque al pronunciarse sobre la observación de Uniples S.A., lo hizo de manera
errónea, en consideración a que la firma ClaryIcon S.A.S. nunca corroboró la
veracidad de la certificación aportada por Sumimas S.A.S. y, por el contrario,
aseguró que presentaba dos alteraciones y que no era verídica.
Finalmente, reprochó que la Resolución No. 717 de 2016 quebrantó la Constitución
Política, las normas y los principios de la contratación estatal, el deber de selección
objetiva, además fue expedida en forma irregular, con falsa motivación y con
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, toda vez que la
certificación aportada por Sumimas S.A.S. contenía información imprecisa, inexacta
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y que no correspondía a la realidad, de modo que no debió adjudicársele la licitación
pública, porque el pliego de condiciones expresamente señalaba que cuando se
presentaba este tipo de documentación irregular la propuesta debía ser rechazada.
5. El trámite en segunda instancia
El recurso fue concedido el 20 de febrero de 2023 y admitido el 6 de octubre de
2023. En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, se resolvió prescindir de la etapa de alegatos de conclusión de segunda
instancia, en consideración a que no fue necesaria la práctica de pruebas (fls. 83 y
260 c. ppal).
En su concepto el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de
primera instancia, porque el hecho de que la certificación aportada por Sumimas
S.A.S. tuviera una inconsistencia relacionada con la ausencia de la fecha de
vigencia, no significaba que faltara a la verdad en relación con su contenido, en
consideración a que mediante el correo electrónico de 11 de agosto de 2016, la
empresa ClaryIcon S.A.S. allegó la certificación original de Toshiba, en la que se
apreciaba que la fecha de vigencia era el 30 de junio de 2017.
En estas condiciones, no se podía afirmar que la entidad le hubiera dado valor
probatorio a una certificación que tenía inconsistencias, sino que fue allegada otra
certificación de Toshiba en la que sí se incluyó la fecha de vigencia, con lo cual se
tuvo por cumplido el requisito exigido en el pliego de condiciones.
Sostuvo que, en todo caso, se demostró que la Sociedad Sumimas S.A.S. distribuía
productos Toshiba y estaba facultada para la venta de suministros, con lo cual se
acreditaba la cadena de distribución de los productos.
Agregó que la entidad garantizó el debido proceso y los principios de la función
administrativa, toda vez que le dio la oportunidad a los oferentes de realizar
observaciones, las cuales fueron atendidas oportunamente, además que adoptó la
decisión de adjudicación del contrato con fundamento en los informes presentados
por los comités de evaluación técnica, jurídica y financiera.
Finalmente, argumentó que no se demostró la existencia de una intención
particular, personal o arbitraria del funcionario competente que expidió la resolución
de adjudicación o que tuviera una finalidad contraria a la establecida en las normas
que regían la materia; por el contrario, se evidenció que la entidad atendió los
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
postulados constitucionales y legales que regían la contratación estatal (fls. 96 a
108 c. ppal).
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
Se tiene presente que el artículo 1046 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.),
prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra
instituida para juzgar las controversias y litigios originados en los contratos “sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas”.
El acto administrativo (Resolución No. 717 de 12 de agosto de 2016), mediante el
cual se adjudicó la licitación pública No. 004-2016-FRR a la empresa Sumimas
S.A.S. fue proferido por el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, el cual concurre como demandado en la presente causa.
Así las cosas, al ser la parte demandada un establecimiento público adscrito a la
Registraduría Nacional del Estado Civil7, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 80
de 19938 ostenta la naturaleza de entidad estatal9. Por la razón advertida, esta
jurisdicción es competente para conocer del presente asunto.
6
“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
“(…).
“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad
pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
7
La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil son personas jurídicas de derecho público independientes, en tanto la Registraduría
Nacional del Estado Civil es una entidad de creación constitucional que hace parte de la
Organización Electoral y se sirve de la personería de la Nación, mientras que el Fondo Rotatorio de
la Registraduría Nacional del Estado Civil es un organismo de creación legal que goza de personería
jurídica propia (Ley 96 de 1985. Artículo 53. Créase el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
del Estado Civil como establecimiento público, esto es, como un organismo dotado de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”).
8
En el pliego de condiciones, en el acápite 1.2. referente al régimen jurídico aplicable, se indicó que
al proceso de selección y al contrato que se derive se aplicaría lo “previsto en la Ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes”.
9
“ARTÍCULO 2o. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los efectos de
esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Con fundamento en el numeral 3 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 y teniendo
en cuenta que el valor de la pretensión mayor10 resulta superior al monto equivalente
a 300 salarios mínimos legales vigentes11 a la fecha de presentación de la demanda,
se concluye que el proceso tiene vocación de doble instancia.
En esta oportunidad, la Sala estima necesario precisar que, por tratarse de una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con independencia de que se
relacione con la actividad contractual del Estado, para determinar la competencia
funcional se sigue la regla prevista en el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A.,
en la cual se establece que los Tribunales Administrativos conocerán en primera
instancia de los asuntos de “nulidad y restablecimiento del derecho en que se
controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía
exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Lo anterior se justifica en la remisión realizada por el inciso segundo del artículo 141
del C.P.A.C.A., de conformidad con el cual: “Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el
caso”, lo que permite concluir que deben hacerse extensivas a estos asuntos las
reglas de cuantía consagradas para las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.- Actos precontractuales pasibles de control judicial
En el presente caso, la sociedad actora solicita la nulidad del acta de la audiencia
de adjudicación de 12 de agosto de 2016 y de la Resolución No. 717 de 12 de
agosto de 2016 expedida por el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. En consecuencia, resulta forzoso precisar las decisiones que pueden
ser demandadas ante la jurisdicción de aquellas que por su naturaleza no son
objeto de control judicial.
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.
10
La suma de $1.600’000.000, por concepto de la utilidad que la Sociedad Uniples S.A. esperaba
obtener por la adjudicación y posterior ejecución del contrato.
11
El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2017 era $737.717 el cual multiplicado
por 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, arroja la suma de $221’315.100.
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
En un caso similar, esta Subsección12 precisó que el acta de audiencia pública de
adjudicación de la licitación pública constituía un acto de trámite y, por tanto, no era
susceptible de control judicial, en consideración a que solo cumplía una función de
registro, más no contenía una decisión de la administración referente a la
adjudicación del proceso licitatorio.
En la fase precontractual también hacen presencia ambos tipos de actos [actos
definitivos y actos de trámite], de modo que por su naturaleza sólo aquellos que
tienen la connotación de definitivos son susceptibles de impugnación. Así
ocurre v. gr. respecto del pliego de condiciones, la declaratoria de desierta y el
acto de adjudicación -el primero en tanto define las bases del proceso de
selección y del futuro contrato13; el segundo, finaliza la actuación por
imposibilidad de llegar a una selección; y el tercero, culmina satisfactoriamente
al elegir el ofrecimiento más favorable-.
La distinción entre estos actos en punto a su impugnabilidad ha sido analizada
de tiempo atrás bajo la teoría de los “actos separables del contrato”, indicando
que tienen esta connotación aquellos que por su carácter definitivo son
susceptibles de control, con independencia y autonomía respecto del
contrato14.
Esta precisión se conecta con las disposiciones del art. 141 del CPACA15 que
prevé la posibilidad de demandar de forma individual los actos que preceden a
la celebración del contrato por los mecanismos dispuestos en los arts. 137 y
138 ib. sin tener que enjuiciar el contrato mismo16, siempre y cuando se trate
de actos definitivos, pues son los que se categorizan como separables para
efectos de su examen judicial, como lo ha establecido esta Subsección17.
Bajo esta comprensión, dos de los actos enjuiciados en el caso concreto no
son susceptibles de control judicial por pertenecer a la categoría de actos de
trámite: (i) el acta de la audiencia pública de adjudicación de la licitación pública
002 de 2017, y (ii) el acta de audiencia en la que se modificaron los términos
de la adjudicación fechada el 3 de agosto de 2017. Lo anterior en la medida
que dichas “actas” registran, más no contienen en sí mismas una decisión de
la administración en torno a la adjudicación del proceso licitatorio. Cualquier
incorrección que se aduzca sobre ellas desemboca en las determinaciones
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, Exp.
No. 68179, M.P. José Roberto Sáchica.
13
Cita original. Más allá de las modificaciones de las que por su naturaleza es susceptible el pliego
de condiciones, ello no afecta su connotación de acto definitivo en la medida que esta característica
no se equipara con el concepto de intangibilidad ni el de irrevocabilidad.
14
Cita original. La doctrina ha señalado que “[e]l acto separable impugnable debe ser un acto
administrativo decisorio en sentido técnico-jurídico, pues los simples actos de la administración
meramente preparatorios no pueden ser objeto de impugnación (…)”. DROMI, José Roberto, “La
licitación pública” (segunda ed.), Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo, 1977, pág. 423.
15
Cita original. “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. (…)
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 [nulidad] y 138 [nulidad y restablecimiento
del derecho] de este Código, según el caso”.
16
Cita original. “La teoría de los actos separables imperó en el sistema procesal administrativo bajo
el Decreto 01 de 1984, pero con la Ley 446 de 1998 (art. 32) ello se modificó y se dispuso que “[u]na
vez celebrado éste [el contrato], la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como
fundamento de nulidad absoluta del contrato”. El CPACA retomó la teoría de los actos separables,
como lo determina su art. 141.
17
Cita original “Ver, entre otras, sentencia del 20 de mayo de 2024, Exp.11001032600020190016200
(65.008), M.P. José Roberto Sáchica”.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
llevadas al acto de adjudicación que es el que contiene la decisión conclusiva
de la entidad y que, al ser impugnado por vía judicial recoge tales reproches.
En estas condiciones, el control jurisdiccional en el presente caso se circunscribe a
la Resolución No. 717 de 12 de agosto de 2016, mediante la cual el Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó la licitación pública No. 004
de 2016 a la empresa Sumimas S.A.S., por tratarse de un acto definitivo. Por
consiguiente, la Sala no se pronunciará sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación en contra del acta de adjudicación de 12 de agosto de 2016,
en atención a que no contiene en sí misma una decisión de la administración en
torno a la adjudicación del proceso licitatorio.
3. Procedencia y oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho
Se somete a consideración de la Sala la nulidad del acto administrativo mediante el
cual se adjudicó la licitación pública No. 004-2016-FRR a la empresa Sumimas
S.A.S., pretendida por la Sociedad Uniples S.A., proponente afectado con dicha
decisión y, consecuencialmente, el restablecimiento del derecho, aspectos que
corresponden ventilarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho impetrado, al tenor de los dictados del artículo 138 de la Ley 1437 de
2011 que orientan a que: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”.
A su turno, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) dispuso el siguiente
término para presentar la demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, “so pena de que opere la caducidad”:
“c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de
los actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso”.
En el acta de la audiencia de adjudicación se estableció el numeral 5. denominado
“Lectura del acto administrativo de adjudicación”, en el que se aprecia la lectura de
la Resolución No. 717 de 12 de agosto de 2016, mediante la cual se adjudicó la
Licitación Pública No. 004-2016-FRR a la empresa Sumimas S.A.S. Además, se
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
indicó expresamente que ese “documento hace parte integral de la presente acta,
el cual se notificó en estrados al oferente adjudicatario” (fls. 22 a 28 c. 2).
Así las cosas, la Resolución No. 717 de 12 de agosto de 2016, se entiende
notificada el mismo día, habida cuenta de la presencia y la participación de los
proponentes en la audiencia de adjudicación del 12 de agosto de 2016. En estas
condiciones, la fecha inicial del conteo se ubica al día siguiente, esto es, el 13 de
agosto de 2016, por lo que los cuatro meses de caducidad se habrían de cumplir el
13 de diciembre de 2016.
En este punto es imperativo señalar que el 28 de noviembre de 2016, faltando 16
días para vencerse el plazo, la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría No. 146 para Asuntos Administrativos de Bogotá,
trámite que culminó el 26 de enero de 2017 (fls. 87 a 88 c. 1), tras expedirse la
constancia en la cual daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por
ausencia de ánimo conciliatorio18. A partir del día siguiente se reanudó el cómputo
de los 16 días restantes para completar los cuatro meses, los cuales vencían el 11
de febrero de 2017, pero como dicho día era inhábil por ser sábado, el vencimiento
se producía el día hábil siguiente, esto es, el 13 de febrero de 2017.
Finalmente, la demanda se interpuso el 13 de febrero de 2017 (fls. 3 a 13 c. 1), esto
es, dentro del término legalmente establecido.
3. Legitimación en la causa
La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por activa a la Sociedad
Uniples S.A., por cuanto participó en la licitación pública No. 004-2016-FRR y
18
A este respecto debe tomarse en consideración que, según los mandatos del artículo 3 del Decreto
1716 de 2009, el término de caducidad de la acción se suspendería desde el recibo de la solicitud
de conciliación extrajudicial en la Procuraduría, sin que dicha suspensión pudiera exceder de tres (3)
meses, atendiendo a las siguientes reglas:
“Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción
o de caducidad, según el caso, hasta:
“a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
“b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o
“c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que
ocurra primero.
“En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de
caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del
día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
“La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
“Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses
consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión
del término de caducidad o prescripción”.
15
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
considera que su propuesta debió ser elegida frente a quien fue adjudicataria del
contrato -Sumimas S.A.S.-
Igualmente, la Sala encuentra legitimado en la causa por pasiva al Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en consideración a que, en su calidad
de entidad precontratante, adjudicó la licitación pública No. 004-2016-FRR a la
Sociedad Sumimas S.A.S. y expidió el acto administrativo cuya declaratoria de
nulidad se solicita en el presente proceso.
Cabe precisar que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil son personas jurídicas de derecho
público independientes, en tanto la primera es una entidad de creación
constitucional que hace parte de la organización electoral y se sirve de la personería
de la Nación, mientras que el aludido fondo es un organismo de creación legal que
goza de personería jurídica propia.
En efecto, el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil es un
organismo adscrito a la Registraduría Nacional del Estado Civil, creado por la Ley
96 de 1985 en los siguientes términos:
Artículo 53. Créase el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado
Civil como establecimiento público, esto es, como un organismo dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
En este sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, porque fue el Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil el que adelantó el proceso de selección
objeto de litigio y el que expidió el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona,
establecimiento público dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente; por tanto, tiene capacidad para comparecer por sí solo al
proceso y ejercer su propia representación judicial, tal como se definió en la
sentencia de primera instancia, aspecto que no fue objeto de impugnación.
4) Objeto de la apelación
El objeto de la apelación se circunscribe a verificar si el a quo debió declarar la
nulidad de la Resolución No. 717 de 2016, mediante la cual se adjudicó la licitación
pública No. 004-2016-FRR, porque quebrantó la Constitución Política, las normas y
los principios de la contratación estatal, el deber de selección objetiva, además fue
expedida en forma irregular, con falsa motivación y con desconocimiento del
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
derecho de audiencia y defensa, toda vez que el adjudicatario -Sumimas S.A.S.-
presentó un “certificado de distribución autorizado” que contenía información
imprecisa, inexacta y que no correspondía a la realidad, lo cual constituía una causal
de rechazo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.7. del pliego de
condiciones.
5. Los hechos probados
Previo a pronunciarse sobre los argumentos de la apelación, la Sala se referirá a
los hechos que, en el marco general del procedimiento de selección que ocupa la
atención de la Sala, se encuentran probados:
El 15 de julio de 2016, el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado
Civil abrió el proceso de licitación pública No. 004-2016-FRR, la cual tenía por objeto
“contratar el suministro y distribución de papelería, útiles de escritorio y oficina,
insumos para equipos de cómputo y fotocopiadora (repuestos, accesorios y
similares), productos de aseo y limpieza, productos de cafetería y restaurante e
impresión de adhesivos para la Registraduría Nacional del Estado Civil tanto a nivel
central y nacional, mediante el sistema de proveeduría integral (outsourcing). Lo
anterior para continuar con el cumplimiento de la misión de la entidad”.
En el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones -Capítulo 4 componente técnico,
especificaciones técnicas-, se exigió, como uno de los requisitos técnicos
habilitantes, que el proponente aportara un certificado de distribuidor autorizado,
con el fin de demostrar la cadena de distribución.
El proponente deberá adjuntar con la oferta certificado donde conste que es
distribuidor autorizado como mínimo de las marcas (…) Toshiba (…); esta
certificación deberá ser expedida por el fabricante o por un canal mayorista,
demostrando la cadena de distribución.
En el caso que la certificación sea expedida por un distribuidor mayorista, el
oferente deberá incluir en su propuesta la certificación del fabricante
acreditando al distribuidor mayorista como distribuidor de los elementos
ofrecidos (demostración de la cadena de distribución).
El comité designado para la evaluación técnica verificará el cumplimiento de
este requisito (fls. 613 a 663; 630 cd. Anexo 8, carpeta 4).
En el numeral 1.7 del pliego de condiciones se estableció como una de las causales
de rechazo de la propuesta que se comprobara que los documentos presentados
por el proponente contenían “información imprecisa, inexacta o que no
correspondiera a la realidad, o que no permitiera su verificación por parte de la
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes si a ello hubiere
lugar” (fls. 613 a 663; 617 cd. Anexo 8, carpeta 4).
Al proceso se presentaron los siguientes proponentes: Uniples S.A., Sumimas
S.A.S. y Panamericana Outsourcing S.A.
Para cumplir con el requisito exigido en el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones,
Sumimas S.A.S. aportó la certificación de 7 de julio de 2016 de ClaryIcon S.A.S.
dirigida al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que
consta lo siguiente:
Claryicon SAS. identificado con NIT 900.442.893-1 como representante y
distribuidor autorizado mayorista de la marca Toshiba para Colombia informa
que Sumimas SAS con NIT 830.001.338-1 distribuye productos Toshiba y están
capacitados para la venta de suministros.
Este certificado tiene valides (sic) durante este proceso No. FRR-004 de 2016.
(fl. 44 c. 1).
En esta certificación se aprecia un membrete en el que se lee: “Clary – Business
Machine”, además, se encuentra suscrita por la señora María Fernanda Suárez
Rojas, “Aliados Estratégicos – Distribuidores Claryla”.
Adjunto a tal documento se aportó la certificación emitida por Toshiba el 2 de julio
de 2016, en la que consta que ClaryIcon S.A.S. era distribuidor de Toshiba y que
estaba autorizado para realizar negocios o participar en licitaciones con el Gobierno
de Colombia (fl. 45 c. 1). Los otros proponentes también entregaron una certificación
de Toshiba en las que se indica que ClaryIcon S.A.S. era distribuidor de Toshiba en
Colombia.
La entidad concluyó que las tres propuestas presentadas cumplían con la totalidad
de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, por lo que había lugar a
asignar el correspondiente puntaje a cada una de ellas según lo que hubiesen
acreditado.
El 1 de agosto de 2016, el Comité Jurídico presentó al gerente administrativo y
financiero de la entidad el informe de evaluación jurídica, en el que se determinó
que los proponentes: Uniples S.A., Sumimas S.A.S. y Panamericana Outsourcing
S.A. no presentaban ninguna observación de índole jurídica, por lo que estaban
habilitados (fls. 1183 a 1189 cd – anexo 10 carpeta 6).
18
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El 2 de agosto de 2016, el comité técnico de evaluación presentó al gerente
administrativo y financiero de la entidad el informe de evaluación, en el que se
señaló que los proponentes: Uniples S.A., Sumimas S.A.S. y Panamericana
Outsourcing S.A. cumplían con todos los componentes técnicos y, por tanto, eran
hábiles. En lo referente al certificado de distribuidor autorizado, se indicó que los
proponentes aportaron las certificaciones en las que constaba que eran
distribuidores autorizados de varias marcas, entre ellas, Toshiba; por consiguiente,
cumplían con lo estipulado en el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones (fls. 1207
a 1209 cd – anexo 11 carpeta 7).
En la segunda etapa de la evaluación técnica – ponderación técnica, se relacionó el
siguiente orden: Sumimas S.A.S. (90 puntos), Uniples S.A. (83.5 puntos) y
Panamericana Outsourcing S.A. (80 puntos) (fl. 1217 cd – anexo 11 carpeta 7).
El 2 de agosto de 2016, el comité económico presentó al gerente administrativo y
financiero de la entidad la evaluación económico-financiera, en la que se expresó
que los proponentes: Uniples S.A., Sumimas S.A.S. y Panamericana Outsourcing
S.A. cumplían con la totalidad de los lineamientos de carácter financiero; por tanto,
se encontraban habilitados (fls. 1218 a 1921 cd – anexo 11 carpeta 7). En la
evaluación económica – asignación de puntajes se consignaron los siguientes
resultados: Sumimas S.A.S. (873.06 puntos), Uniples S.A. (748.69 puntos) y
Panamericana Outsourcing S.A. (469.53 puntos) (fl. 1222 cd – anexo 11 carpeta 7).
El 9 de agosto de 2016, la Sociedad Uniples S.A. formuló varias observaciones en
contra de la empresa Sumimas S.A.S. La observación No. 4, referente al certificado
de distribución, se realizó en los siguientes términos:
La empresa Sumimas para demostrar la cadena de distribución de la marca
Toshiba, presenta un certificado de la empresa ClaryIcon SAS y el certificado
de Toshiba a ClaryIcon, este proveedor es el único representante autorizado
para Colombia para emitir este documento y por lo mismo es un documento
estándar, en el certificado del fabricante Toshiba que presenta el oferente
Sumimas se encuentran unas diferencias de redacción que difieren del
documento estándar que entregó en este caso ClaryIcon. Para efectos de
revisión la certificación que entregó en su propuesta Panamericana y Uniples
corresponden al documento estándar que en este caso entregó ClaryIcon;
mencionamos algunas de las diferencias encontradas del documento
presentado por el oferente Sumimas:
-. La fecha de emisión del certificado de Sumimas tiene fecha del 2 de julio de
2016 y las de Uniples y Panamericana tiene fecha del 2 de julio de 2015.
-. Bajo la fecha de los certificados de Uniples y Panamaricana se encuentra el
siguiente texto: “Certificate fy 15”, el cual no se encuentra en el certificado de
Sumimas.
19
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
-. En los certificados de Uniples y Panamericana se encuentra el siguiente texto:
“Este certificado está vigente hasta el 30 de junio de 2016”, el cual no se
encuentra en el certificado de Sumimas.
Solicitamos a la entidad realizar la verificación de los antecedentes
mencionados y de la misma manera realizar la verificación directamente con el
distribuidor autorizado ClaryIcon SAS, comunicándose con las personas
responsables del proceso y que se encuentran relacionadas en la certificación
de distribuidor de ClaryIcon a los diferentes proponentes, relacionamos
contactos:
María Fernanda Suárez
Aliados Estratégicos
(…)
1.7. Causales de rechazo de las propuestas
c) Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente
contienen información imprecisa, inexacta o que no corresponde a la realidad
o que no permitan su verificación por parte de la entidad, caso en el cual se
iniciarán las acciones correspondientes si a ello hubiera lugar (fls. 35 a 38 c.
1).
El 11 de agosto de 2016, la entidad requirió a la firma ClaryIcon S.A.S para que
verificara la autenticidad del certificado de distribuidor autorizado de Toshiba
presentado por la Sociedad Sumimas S.A.S. (fls. 43 a 45 c. 1).
Mediante correo electrónico remitido el 11 de agosto de 2016, a las 11:28 am,
ClaryIcon S.A.S atendió el requerimiento efectuado por el Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en el siguiente sentido (fl. 46 a 48, c. 2):
Dando respuesta su comunicado referente al proceso FRR-004 del 2016 al cual
se presentó el oferente Sumimas por medio del documento adjunto podemos
constatar que el certificado presentado en dicho proceso no es el original y que
en ningún momento nuestra compañía ClaryIcon SAS les facilitó el documento
emitido por el fabricante Toshiba.
Revisado el documento público que soporta la oferta de Sumimas se han
identificado dos alteraciones en el documento:
1. La fecha de emisión del certificado adjuntado en el proceso no coincide con
la fecha expedida por el fabricante.
2. La valides (sic) del certificado no aparece en el documento como si lo
referencia el documento original.
(…)
Dejamos a su estudio los documentos y valides (sic) de este mismo, en aras
de conservar el principio de buena fe y legitimidad de los documentos
presentados en este tipo de procesos.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Con esta respuesta se presenta una comparación entre el certificado de Toshiba
presentado por Sumimas S.A.S. y el certificado original. Este último tiene fecha de
emisión 1 de julio de 2016 y se encuentra acompañado del siguiente texto:
“Certificate fy15”, en tanto que el certificado aportado por Sumimas S.A.S. tiene
fecha de emisión 2 de julio de 2016 y no contiene el referido texto. Finalmente, la
certificación original tiene como fecha de vigencia el 30 de junio de 2017, en tanto
que la certificación de Sumimas S.A.S. no tiene ninguna (fls. 46 a 48 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, la Sociedad Uniples S.A. dio alcance a su observación del
9 de agosto del mismo año, referente al certificado de distribuidor autorizado de
Toshiba presentado por la Sociedad Sumimas S.A.S. En este sentido, expuso lo
siguiente:
Las certificaciones que emite el fabricante Toshiba para su representante en
Colombia ClaryIcon SAS tienen vigencia de 1 año y esta fecha se encuentra
incluida dentro del texto de la certificación y corresponde al modelo estándar y
único que emite la marca para su distribuidor autorizado en nuestro país.
Adjuntamos 3 archivos; el primer archivo contiene la certificación del período
2015 (con vigencia hasta junio 30 de 2016) contenida en la propuesta de
Uniples a folio 86 y por el proponente Panamericana a folio 97. El segundo
archivo contiene certificación del período 2016 (vigente hasta junio 30 de 2017),
esta última recibida por el representante en Colombia ClaryIcon SAS el pasado
10 de agosto de 2016 y la cual ponemos en conocimiento del Fondo Rotatorio
de la Registraduría.
El tercer archivo adjunto, contiene la certificación aportada por el proponente
Sumimas a folio 167 donde resaltamos unas claras diferencias de la
certificación estándar del fabricante:
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1.- La fecha de expedición, no corresponde a ninguno de los períodos
certificados por el fabricante
2.- No señala el período para el cual hace vigencia el período certificado
3.- No contiene la vigencia de la certificación
Por lo anteriormente expuesto, insistimos respetuosamente a la entidad, se
sirva validar la veracidad del contenido y del documento aportado por el
proponente con el distribuidor autorizado en Colombia que es la compañía
ClaryIcon SAS a quien ponemos en copia, teniendo en cuenta las implicaciones
que esto mismo conlleva, al ser obligación de los oferentes entregar
información auténtica y fidedigna, que no lleve a la entidad a inducirla al error
en el proceso de evaluación y/o adjudicación (fls. 49 a 52 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, la entidad volvió a requerir a ClaryIcon S.A.S. para que
verificara la autenticidad del certificado de distribuidor autorizado de Toshiba
presentado por la Sociedad Sumimas S.A.S. (fl. 53 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, a las 4:09 pm, Aliados Estratégicos de ClaryIcon S.A.S.
remitió respuesta al Departamento de Contratación del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en los siguientes términos:
1.- El certificado emitido por la compañía Clarylcon SAS es verídico
2.- El certificado de distribuidor autorizado de Toshiba no es verídico como lo
mencionamos y verificamos en el correo enviado esta mañana
Adicionalmente envío certificado original de Toshiba (fl. 57 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, la entidad requirió a la empresa Sumimas S.A.S. para que
se pronunciara acerca de la observación presentada por Uniples S.A. y sobre la
respuesta de ClaryIcon S.A.S. (fls. 39 a 42 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, la Sociedad Sumimas S.A.S. respondió el requerimiento
de la entidad para que se pronunciara sobre la observación de la Sociedad Uniples
y acerca de la información remitida por Aliados Estratégicos de ClaryIcon S.A.S.,
así:
La certificación de Toshiba aportada en el folio No. 167 de nuestra propuesta,
fue recibida por CLARYLA para presentar al proceso en referencia (fls. 74 a
75 c. 1).
El 11 de agosto de 2016, la entidad respondió las observaciones presentadas por
la Sociedad Uniples S.A y los demás proponentes, en relación a las “evaluaciones
a las propuestas de la LP No. 004 de 2016 FRR”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Analizada la observación y revisada la propuesta presentada por el oferente
Sumimas SAS, el Comité considera que la información aportada a folios 166 y
167, demuestra la cadena de distribución para los productos de la marca
Toshiba, como lo exige el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones.
Respecto de la certificación expedida por Toshiba a ClaryIcon SAS a folios 167
de la propuesta de Sumimas SAS el Comité debe dar aplicación al principio de
buena fe, ya que los documentos aportados en las observaciones no dan
elementos de juicio que permitan determinar una causal de rechazo a la
propuesta presentada por Sumimas SAS. (fls. 80 a 86 c. 1).
Mediante la Resolución No. 717 de 12 de agosto de 2016, el Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el proceso de licitación pública No.
004-2016-FRR a la empresa Sumimas S.A.S., con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Que los comités evaluadores jurídico, técnico y económico-financiero realizaron
las evaluaciones a las ofertas y presentaron los respectivos informes, los cuales
forman parte integral de la presente resolución.
(…)
Que la evaluación inicial arrojó los siguientes resultados:
La propuesta presentada por Sumimas S.A.S. es considerada hábil en los 3
aspectos, evaluación jurídica, técnica y financiera y el puntaje asignado es de
963.06 puntos.
La propuesta presentada por UNIPLES S.A. también es considerada hábil en
los 3 aspectos y el puntaje asignado es de 832,19 puntos.
La propuesta presentada por Panamericana Outsourcing S.A. también es
considerada hábil en los 3 aspectos y el puntaje asignado es de 549.53 puntos.
Por lo anterior la evaluación inicial queda así:
Proponente Evaluación Evaluación Evaluación Resultados
Jurídica técnica financiera
SUMIMAS Hábil Hábil 90 Hábil 873,06 Hábil 963,06
S.A.S puntos puntos puntos
UNIPLES S.A Hábil Hábil 83,5 Hábil 748,69 Hábil 832,19
puntos puntos puntos
Panamericana Hábil Hábil 80 Hábil 469,52 Hábil 549,53
Outsourcing puntos puntos puntos
S.A.
(…)
Que de conformidad con lo expuesto, el Comité Asesor de Contratación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en reunión efectuada el 11 de agosto
de 2016 a las 12:30 pm y una vez analizados los diferentes informes de
evaluación presentados por los Comités Evaluadores, las observaciones
presentadas por los oferentes a los mencionados informes, los requerimientos
realizados a los oferentes, las respuestas a los requerimientos por parte de los
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
oferentes, la solicitud de validación de los documentos y las respuestas dadas
por los comités evaluadores a la misma, y atendiendo a los fines de la
contratación estatal, los principios de las actuaciones contractuales, la libre
concurrencia, el deber de selección objetiva y la obligación de los servidores
públicos de someterse en sus actuaciones a la ley, acogió en su totalidad las
observaciones elaboradas por los comités evaluadores y recomendó al
ordenador del gasto adjudicar la licitación pública No. 004 de 2016 al oferente
Sumimas por valor de $10.666’630.557 incluido IVA, en los términos y
condiciones previstos en el pliego de condiciones del proceso y la propuesta
presentada por el adjudicatario, recomendación que es acogida por el Gerente
Administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su calidad de
ordenador del gasto.
(…)
La firma UNIPLES S.A. manifiesta no estar de acuerdo con la respuesta dada
por la entidad a la observación presentada referente al rechazo de la propuesta
del oferente Sumimas S.A.S. por no cumplir con la demostración de la cadena
de distribución de la marca Toshiba. Según la respuesta dada por la empresa
ClaryIcon S.A.S. al requerimiento de la Registraduría, se evidencia que la
certificación de la empresa Toshiba a ClaryIcon presenta dos alteraciones al
documento que son la fecha de emisión y la validez del certificado, concluyendo
que el certificado no fue entregado por esa empresa. Reitera que la entidad no
debe tener en cuenta este documento y solicita se rechace la propuesta de
Sumimas S.A.S.
(…)
Siendo las 12:10 pm el doctor Garzón reanuda la audiencia de adjudicación y
teniendo en cuenta las observaciones presentadas y los elementos aportados
en el desarrollo de esa audiencia, cede la palabra al doctor Andrés Ceballos
Arango, Asesor Jurídico de la entidad quien da respuesta a las observaciones
presentadas en los siguientes términos:
(…)
En lo referente a lo establecido en observación del oferente UNIPLES S.A. en
lo que respecta a la irregularidad de la certificación del fabricante Toshiba
presentada en la propuesta de Sumimas SAS, la entidad se permite informar
que una vez verificada la certificación con la firma ClaryIcon S.A.S. se evidencia
que esta firma se encuentra autorizada por el fabricante para realizar negocios
o participar en licitaciones con el Gobierno de Colombia. Por otro lado,
verificada la certificación con el fabricante se evidencia que ClaryIcon es
distribuidor de sus productos en el país. Del mismo modo Sumimas S.A.S. se
encuentra autorizado por la firma ClaryIcon S.A.S. como distribuidor de sus
productos. El 11 de agosto de 2016 mediante correo electrónico de María
Fernanda Suárez representante comercial de la firma ClaryIcon S.A.S. certifica
la veracidad de la certificación de ClaryIcon, razón por la cual se cumple con la
demostración de la cadena de distribución establecida en el num. 4.3.2 del
pliego de condiciones de la licitación pública No. 004 de 2016 – FRR.
Que por lo anterior, la entidad reitera su evaluación frente al cumplimiento de
los requisitos por parte del oferente Sumimas SAS.
Que el doctor Carlos Alfonso Garzón Saboya en calidad de ordenador del gasto
y atendiendo a los fines de la contratación estatal, los principios de las
actuaciones contractuales, la libre concurrencia, el deber de selección objetiva
y la obligación de los servidores públicos de someterse en sus actuaciones a
la ley, acogió en su totalidad las observaciones elaboradas por los comités
evaluadores junto con las respuestas a las observaciones (fls. 11 a 17 c. 1).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
6.- Análisis del caso concreto
La parte actora persigue la nulidad de la Resolución No. 717 de 2016, mediante la
cual el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el
proceso de licitación pública 004-2016-FRR a la empresa Sumimas S.A.S., por
considerar que tal acto administrativo desconoció el derecho de audiencia y
defensa, fue expedido en forma irregular, con falsa motivación y desviación de
poder. En su criterio, se debió rechazar la propuesta del adjudicatario, porque no
cumplió con uno de los requisitos habilitantes de carácter técnico, consistente en
aportar un certificado de distribuidor autorizado y, por tanto, el contrato tenía que
adjudicarse a Uniples S.A. por haber presentado la mejor propuesta.
El a quo negó las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la entidad
decidió dar aplicación al principio de buena fe y otorgarle plena validez a la
certificación de distribuidor autorizado presentada por Sumimas S.A.S., en atención
a que la parte actora no acreditó su falsedad mediante un proceso judicial, ni
interpuso una denuncia al respecto, aunado a que los documentos aportados con
las observaciones no proporcionaron elementos de juicio que permitieran
determinar una causal de rechazo a la propuesta presentada por Sumimas S.A.S.
En su recurso de apelación, la parte demandante sostuvo que nunca hizo referencia
a una falsedad en la certificación de Toshiba presentada por Sumimas S.A.S., sino
que se debió aplicar el numeral 1.7. del pliego de condiciones que señalaba que
había lugar al rechazo de la propuesta cuando los documentos presentados por el
proponente contenían información imprecisa, inexacta o que no correspondiera a la
realidad, de ahí que tampoco era necesario que se presentara una denuncia por el
delito de falsedad en documento.
Al respecto, se debe precisar que en ninguna de sus intervenciones la parte actora
planteó la existencia de una falsedad en la certificación de distribuidor autorizado,
pues lo que alegó en el proceso de selección y en el proceso judicial era que la
certificación de Toshiba, aportada por Sumimas S.A.S., contenía información
imprecisa, inexacta y que no correspondía a la realidad, lo cual constituía una causal
de rechazo, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7. del pliego de
condiciones.
Para reforzar su posición, la demandante manifestó que ClaryIcon S.A.S. informó al
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante correo
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
electrónico del 11 de agosto de 2016, que el certificado presentado por Sumimas
S.A.S. no fue facilitado por ella, que tenía dos alteraciones y no era verídico.
Así las cosas, en este punto conviene precisar que para cumplir el requisito
habilitante establecido en el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, relativo al
cumplimiento de la cadena de distribución, Sumimas S.A.S. presentó dos
certificados:
1.- Un certificado mediante el cual ClaryIcon S.A.S, como representante y
distribuidor autorizado mayorista, informó que Sumimas S.A.S. era distribuidor de
productos Toshiba para Colombia, documento frente al que no se circunscribe la
observación expuesta por la Sociedad Uniples S.A. en el proceso de selección.
2.- Un certificado emitido por Toshiba mediante el cual informó que ClayIcon S.A.S.
era distribuidor de sus productos y estaba autorizado en todo el territorio de
Colombia para vender copiadoras, facsímiles, insumos y repuestos, así como para
realizar negocios o participar en licitaciones con el Gobierno de Colombia. Respecto
de este certificado se dirigen los motivos de inconformidad expuestos por la
Sociedad Uniples S.A. en el proceso de selección y en el proceso judicial.
Ahora bien, le asiste razón a la parte demandante en cuanto a que, ante el
requerimiento de la entidad para comprobar la veracidad de su observación, la firma
ClaryIcon S.A.S. informó, mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2016,
que el certificado de Toshiba, presentado por Sumimas S.A.S., no era el original,
que no fue facilitado por ella y que presentaba dos alteraciones, esto es, i) la fecha
de emisión no coincidía con la fecha en que fue expedido por el fabricante y, ii) la
validez del certificado no aparecía, como sí lo referenciaba el documento original.
Sin embargo, a pesar de las inconsistencias señaladas, la entidad consideró que la
información aportada por Sumimas S.A.S. demostraba, en todo caso, la cadena de
distribución para los productos Toshiba, como lo exigía el numeral 4.3.2 del pliego
de condiciones.
Así planteada la controversia, para la Sala resulta claro que, aunque ClaryIcon
S.A.S. informó que la certificación de Toshiba, aportada por Sumimas S.A.S.,
presentaba algunas inconsistencias de índole formal, nunca aseveró que su firma y
la proponente Sumimas S.A.S. no estuvieran autorizadas como distribuidoras de los
productos Toshiba en Colombia, es decir que en ningún momento se evidenció que
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
se incumpliera con el requisito consistente en la acreditación de la cadena de
distribución, como lo ordenaba el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones.
Ahora bien, al ser requerida por la entidad para que se pronunciara sobre la
observación realizada por Uniples S.A y por las inconsistencias advertidas por la
firma ClaryIcon S.A.S., la sociedad adjudicataria Sumimas S.A. manifestó que la
certificación presentada al proceso había sido entregada por Claryla.
A pesar de esta respuesta, el Fondo Rotatorio no requirió a ClaryIcon S.A.S. para
que precisara si tenía alguna relación con Claryla y tampoco verificó si esta última
emitió efectivamente la certificación, circunstancia que tampoco fue esclarecida por
Uniples S.A. En estas condiciones, existía la posibilidad de que ClaryIa hubiera
efectivamente entregado el certificado de Toshiba a Sumimas S.A.S. y no ClaryIcon
S.A.S. y que las dos expidieran certificaciones diferentes en cuanto a algunos
aspectos formales. En todo caso, lo que nunca fue cuestionado por el proponente
que efectuó la observación ni por la entidad es que ClaryIcon S.A.S. y Sumimas
S.A.S. no fueran distribuidores autorizados de los productos Toshiba en Colombia,
lo que constituía la base fundamental para acreditar la cadena de distribución, como
se requería en el pliego de condiciones.
Lo anterior resulta razonable si se tiene en cuenta que la firma ClaryIcon S.A.S.
respondió a los requerimientos realizados por la entidad mediante dos correos
electrónicos de fecha 11 de agosto de 2016, oportunidades en las que remitió la
certificación original de Toshiba, en la que claramente se aprecia lo mismo que en
la certificación aportada con su propuesta por Sumimas S.A.S. y por los otros dos
oferentes, esto es, que ClaryIcon S.A.S. era distribuidor mayorista autorizado para
la distribución de productos Toshiba en Colombia, luego en el expediente del
proceso de selección obraba la información necesaria para verificar la acreditación
del requisito habilitante exigido en el pliego de condiciones, relativo a la
demostración de la cadena de distribución.
En este orden de consideraciones, debe resaltar la Sala que, aunque las
certificaciones de Toshiba obrantes en el expediente del proceso de selección
presentaban algunas diferencias con la certificación aportada por Sumimas S.A.S,
contenían la misma información necesaria para la acreditación del requisito
habilitante exigido en el pliego de condiciones, esto es, la acreditación de la cadena
de distribución.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Resulta evidente que los correos electrónicos remitidos el 11 de agosto de 2016 por
la firma ClaryIcon le permitieron al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil encontrar satisfecho el requisito habilitante relativo a la acreditación de
la cadena de distribución; por consiguiente, al tratarse de un aspecto subsanable,
no podía rechazar una oferta.
Bajo esta perspectiva, se debe concluir que la entidad no desconoció el derecho de
audiencia y defensa, porque dentro del proceso de selección corrió traslado del
informe de evaluación, otorgó la oportunidad para que los proponentes presentaran
observaciones y, antes de responderlas de manera motivada, requirió a la firma
encargada de emitir las certificaciones para que se pronunciara sobre su veracidad,
además, siempre le permitió a Uniples S.A. realizar las manifestaciones del caso,
inclusive, hasta en la audiencia de adjudicación, como se indicó en la demanda.
Asimismo, la parte actora no acreditó que la Resolución de Adjudicación No. 717
del 12 de agosto de 2016 hubiera sido expedida en forma irregular y con falsa
motivación, porque se encontró sustentada en los informes de evaluación y
calificación que hicieron parte del procedimiento y que soportaron la decisión,
además, tampoco se probó una intención particular, personal o arbitraria del
funcionario competente que expidió ese acto administrativo.
Finalmente, la parte actora no demostró que la entidad desconoció las normas y los
principios de la contratación estatal, ni el deber de selección objetiva, pues
determinó que el proceso se debía adjudicar al proponente Sumimas S.A.S, por
haber cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes y obtenido la mayor
puntuación, sin que en ninguna parte del proceso se demostrara que no hiciera parte
de la cadena de distribución, como lo exigía el pliego de condiciones.
7.- Condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación y
ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP19, la Sala condenará en costas en esta instancia
a la parte demandante, dado que su recurso se resolvió de manera desfavorable.
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“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
A su vez, el artículo 361 ajusten prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 201620.
En esas condiciones, en esta instancia, se fijan como agencias en derecho en favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil,1 smlmv.
Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada
por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso21.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con
fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho 1 smlmv para el Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
20
“Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. Procesos declarativos en general.
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
21
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00226-02 (70041)
Actor: Uniples S.A.
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidado
r.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
30
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