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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00014-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00014-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 17 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión y, en su lugar, se dispone no condenar en costas de primera instancia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 17 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Óscar Jaime Hernández contra el ICBF, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto 37 Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025) Demandante: Óscar Jaime Hernández JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 38

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00014-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar1

Tema: Declaratoria de insubsistencia de nombramiento en periodo de
prueba por calificación no satisfactoria. Reintegro

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 17 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Óscar Jaime Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 11502 del 10 de diciembre de 2019, por
medio de la cual la entidad demandada declaró insubsistente su nombramiento, y
12060 del 31 de igual mes y año, que confirmó el anterior acto administrativo al
resolver un recurso de reposición3.

2. Asimismo, pidió que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad prevista en
el artículo 4 de la Constitución Política, en consideración a lo previsto en los artículos

1 En adelante ICBF.
2 En adelante CPACA.
3 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«14ED_C01Principal_014ESCRITOSUBSANACIONPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«14_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_014ESCRITOSUBSANACIO_20240409160128».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

25 y 53 ibidem; que no existió solución de continuidad en la prestación de sus
servicios para todos los efectos legales y prestacionales; y que el ICBF terminó sin
justa causa la relación que lo vinculaba con la entidad.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) el reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior
categoría; (ii) el reconocimiento de las prestaciones laborales causadas o dejadas
de percibir, incluidos los salarios, las cesantías y sus intereses, las vacaciones, las
primas de servicios, de vacaciones y de navidad, las bonificaciones por servicios
prestados y especial de recreación, causadas entre el 15 de enero de 2020 y la
fecha efectiva del reintegro; (iii) el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a dicho periodo; (iv)
la actualización de las sumas que resultaren de lo que se resolviera; (v) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de lo dispuesto en los artículos 189,
192 y 195 del CPACA; y (vi) la condena en costas a la parte demandada4.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4.1. Mediante la Resolución 0178 del 30 de enero de 2012, Óscar Jaime Hernández
fue nombrado en provisionalidad para desempeñar el cargo de defensor de familia
en la Regional Caldas del ICBF. Ejerció sus funciones del 6 de febrero de 2012 al
14 de enero de 2020.

4.2. Durante su vinculación tuvo a cargo la tramitación de procesos administrativos
de restablecimiento de derechos, la promoción de actuaciones judiciales para la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la asistencia a
audiencias.

4.3. Las funciones fueron desarrolladas en las instalaciones del Centro Zonal
Occidente, ubicado en Riosucio, Caldas, con sujeción al horario establecido por la
entidad y bajo la coordinación de los responsables del centro zonal y de los
directores de la Regional Caldas.

4.4. Por medio de la Resolución 7861 del 22 de junio de 2018, fue nombrado en
periodo de prueba en el empleo de defensor de familia, código 2125, grado 17, como
resultado de la Convocatoria 433 de 2016 adelantada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil5.

4 Si bien en la demanda también se pretendió la declaratoria de nulidad de las resoluciones 0717 del

13 de marzo de 2019 y 11039 del 28 de noviembre de 2019, así como de la existencia de una relación
laboral entre las partes, lo cierto es que por medio de auto del 30 de julio de 2021 el tribunal las
rechazó. Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-
00014-00, índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«16ED_C01Principal_016AUTOADMITEDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«16_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_016AUTOADMITEDEMANDA_20240409160129».
5 En lo sucesivo CNSC.

2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

4.5. Mediante la Comunicación 077634 del 13 de febrero de 2019, la coordinadora
del Centro Zonal Occidente le comunicó el resultado de la evaluación del periodo
de prueba. El 20 de febrero siguiente interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación contra aquella decisión.

4.6. A través de la Resolución 0717 del 13 de marzo de 2019, el ICBF resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición. Posteriormente, mediante la
Resolución 11039 del 28 de noviembre de ese año, decidió el recurso de apelación
en igual sentido.

4.7. Por medio de la Resolución 11502 del 10 de diciembre de 2019, la entidad
declaró insubsistente su nombramiento. Contra este acto interpuso recurso de
reposición el 27 de diciembre siguiente, el cual fue resuelto desfavorablemente
mediante la Resolución 12060 del 31 de diciembre de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales, se señalaron los artículos 1, 25, 48, 53, 93 y 122 de la Constitución
Política; 1 del Decreto 3148 de 1968; 11 del Decreto 3135 de 1968; 9, 13, 14, 17,
18, 20, 25, 31, 32 y 58 del Decreto 1042 de 1978; 12 de la Ley 4ª de 1992; 32 de la
Ley 80 de 1993; y 38 de la Ley 909 de 2004; y el Decreto 1045 de 1978.

6. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

6.1. Los actos demandados incurrieron en falsa motivación y desconocieron las
pruebas relacionadas con el desempeño del demandante durante el periodo de
prueba, pues la calificación asignada no se correspondió con las actividades que
ejecutó como defensor de familia ni con los documentos aportados para acreditar el
cumplimiento de los compromisos laborales.

6.2. Respecto del compromiso relacionado con la tramitación de los procesos
administrativos de restablecimiento de derechos, la evaluación se sustentó en la
existencia de peticiones sin actualización, historias de atención incompletas y
actuaciones pendientes de registro en el Sistema de Información Misional6. Sin
embargo, las demoras obedecieron a las dificultades para notificar a los padres de
los niños, niñas y adolescentes involucrados en los procesos y a que no contó
permanentemente con el apoyo de un auxiliar administrativo para efectuar los
registros y organizar los documentos.

6.3. Además, los trámites correspondientes a los hogares gestores fueron cerrados
antes del 31 de diciembre de 2018, tanto en los expedientes físicos como en el
aplicativo SIM, y en la revisión aleatoria de las historias de atención relacionadas
con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y con los asuntos

6 En adelante SIM.

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

extraprocesales no se formularon observaciones sobre su gestión.

6.4. En relación con el compromiso de registrar oportunamente las actuaciones y
atender las peticiones asignadas, resolvió y cerró en el aplicativo SIM las solicitudes
de información y orientación, los asuntos extraprocesales, las entrevistas, las
peticiones y las actuaciones derivadas de la asistencia a audiencias. El
cumplimiento de estas actividades se encontraba respaldado por los listados,
constancias y certificaciones expedidos por los despachos judiciales.

6.5. También cumplió con el compromiso de promover e intervenir en los procesos
judiciales relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las
demandas, actas y demás actuaciones fueron aportadas en medio digital, de
conformidad con la evidencia previamente concertada, y sus originales reposaban
en las respectivas historias de atención.

6.6. Así las cosas, la calificación no se fundamentó en un juicio objetivo sobre la
conducta laboral y el aporte del demandante al cumplimiento de las metas
institucionales, en los términos del artículo 38 de la Ley 909 de 2004. En
consecuencia, la decisión que confirmó la evaluación y el acto que declaró
insubsistente su nombramiento vulneraron sus derechos al trabajo, al mínimo vital
y a la seguridad social.

1.2. Contestación de la demanda

7. El ICBF se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes consideraciones7.

7.1. El demandante estuvo vinculado con la entidad mediante una relación legal y
reglamentaria, inicialmente a través de un nombramiento en provisionalidad y,
posteriormente, en periodo de prueba, luego de superar las etapas
correspondientes de la Convocatoria 433 de 2016. Por tanto, no existió un contrato
de prestación de servicios ni resultaba procedente declarar la existencia de un
«contrato realidad».

7.2. Durante el tiempo en que permaneció vinculado, recibió los salarios,
prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social y demás
emolumentos correspondientes al empleo de defensor de familia, así como la
liquidación definitiva de sus prestaciones al momento de su retiro.

7.3. La permanencia en el empleo de carrera estaba condicionada a la superación
satisfactoria del periodo de prueba, de conformidad con el artículo 125 de la

7 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«19ED_C01Principal_019CONTESTACIONDEMANDAICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«19_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_019CONTESTACIONDEMAN_20240409160129» folios 3 a
24.

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

Constitución Política, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo
6176 de 2018 de la CNSC.

7.4. La evaluación del desempeño se efectuó con fundamento en los compromisos
funcionales y comportamentales previamente establecidos y en las evidencias
relacionadas con la gestión de los procesos administrativos de restablecimiento de
derechos, los registros efectuados en el aplicativo SIM y el cumplimiento de las
demás funciones propias del empleo.

7.5. Las evidencias valoradas reflejaron deficiencias en la actualización de las
actuaciones, el trámite de los procesos, la gestión documental y el cumplimiento
oportuno de los compromisos asignados. En consecuencia, el demandante obtuvo
una calificación insatisfactoria y no superó el periodo de prueba.

7.6. Las resoluciones 11502 y 12060 de 2019 fueron expedidas con fundamento en
el resultado de la evaluación del desempeño, expresaron las razones que
sustentaron la declaratoria de insubsistencia y garantizaron al interesado el ejercicio
de los recursos administrativos. Por ello, no incurrieron en falsa motivación ni
desconocieron el debido proceso.

7.7. Como excepciones propuso (i) carencia de vínculo contractual regido por Ley 80
de 1993; (ii) cobro de lo no debido; (iii) buena fe del demandado; (iv) mala fe de la
parte demandante; (v) enriquecimiento sin causa; (vi) falta de causa para pedir la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos; y (vii) genérica o innominada8.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en sentencia del
17 de enero de 2025 declaró probada la excepción de falta de causa para pedir la
nulidad de los actos administrativos, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante9:

9. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:

9.1. El demandante fue nombrado en periodo de prueba en el empleo de defensor
de familia, código 2125, grado 17, por lo que su permanencia en el servicio estaba
condicionada a la obtención de una calificación satisfactoria. Al examinar el

8 A través de auto proferido el 27 de enero de 2022, el tribunal consideró que «los medios exceptivos

propuestos por el ICBF corresponden en estricto sentido a excepciones de mérito que habrán de ser
decididas al resolver el fondo de la controversia». Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso
con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00, índice 60, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «29ED_C01Principal_029AUTORESUELVEEXCEPCIONESPDF(.pdf) NroActua 30»,
archivo «29_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_029AUTORESUELVEEXCEP_20240409160131».
9 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 40, actuación «Sentencia 1a. instancia», documento
«72Sentencia1ai_sentencia_17001233300020210001(.pdf) NroActua 40(.pdf) NroActua 40»,
archivo «72_Sentencia1ai_sentencia_17001233300020210001_0_20250117162435859».

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

procedimiento adelantado por el ICBF, se encontró que la entidad cumplió con las
fases de concertación de compromisos, seguimiento y evaluación previstas en el
Acuerdo 565 de 2016.

9.2. Asimismo, las pruebas acreditaron la existencia de procesos sin avance,
requerimientos para subsanar hallazgos, compromisos incumplidos, actuaciones sin
registrar en el aplicativo SIM, solicitudes atendidas por fuera de los términos y
procesos administrativos de restablecimiento de derechos con prolongados
periodos de inactividad. También se evidenció que parte de la documentación
aportada por el evaluado carecía de firmas o constancias de radicación.

9.3. No se demostró que la calificación hubiera sido irregular, parcializada o ajena a
las evidencias recaudadas. Tampoco se desvirtuaron los fundamentos de la
evaluación no satisfactoria, de manera que no se configuró la falsa motivación
alegada y resultaba procedente declarar insubsistente el nombramiento.

9.4. Comoquiera que en el expediente se observó que la entidad demandada fue
representada judicialmente por un profesional del derecho que intervino
activamente en las etapas del proceso, en virtud de lo cual no solo contestó la
demanda, sino que también asistió a las audiencias y alegó de conclusión, procedió
a condenar en costas. Lo anterior, en consideración a lo previsto en los artículos
188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y 365 del
Código General del Proceso10.

1.4. El recurso de apelación

10. El demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos11:

10.1. La sentencia efectuó una valoración parcial e incompleta del material probatorio
y omitió examinar las irregularidades que afectaron el procedimiento de evaluación
del periodo de prueba.

10.2. La calificación fue realizada por la coordinadora del Centro Zonal Occidente,
pese a que esa función correspondía a la directora regional del ICBF. Por tanto, la
evaluación habría sido expedida por una autoridad carente de competencia, con
desconocimiento del debido proceso.

10.3. Los compromisos laborales y las competencias comportamentales no fueron
concertados de manera efectiva, pues no conoció con claridad los indicadores y
criterios específicos con los cuales sería evaluado. Además, se valoraron

10 En adelante CGP.
11 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 43, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE RECIBE MEMORIALES ONLINE»,
documento «75_MemorialWeb_Recurso-APELACIONOSCARJAIM(.pdf) NroActua 43(.pdf)
NroActua 43», archivo «75_170012333000202100014003MemorialWeb202513125754».

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

actividades que no correspondían a los compromisos previamente fijados, lo que
desconoció los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y equidad
previstos en el Acuerdo 565 de 2016.

10.4. No se formuló un plan de mejoramiento, pese a las deficiencias advertidas
durante el seguimiento, con lo cual se le privó de la oportunidad de corregirlas en
los términos del artículo 33 del Acuerdo 565 de 2016.

10.5. El periodo de prueba, cuya duración legal era de 6 meses, se prolongó por más
de 17 meses sin justificación, circunstancia que desconoció los principios de
estabilidad laboral y confianza legítima.

10.6. El tribunal no valoró integralmente las constancias de asistencia a diligencias
judiciales, el cierre de hogares gestores, las respuestas a las peticiones y los demás
documentos y testimonios aportados para acreditar el cumplimiento de las
funciones. En cambio, acogió la versión de la entidad y las evidencias presentadas
por el evaluador sin contrastarlas con las pruebas que aportó.

10.7. La calificación no satisfactoria se sustentó en apreciaciones subjetivas y en
criterios que no habían sido concertados, y no en hechos reales y comprobables.
Por ello, se configuró la falsa motivación de los actos demandados y se desvirtuó
su presunción de legalidad.

10.8. Así las cosas, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y que se accediera
a las pretensiones de la demanda.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del

12 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda del 30 de abril de 2025. Samai, índice 4,

actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento
«5Autoqueadmite_06762025admiterecurs(.pdf) NroActua 4», archivo
«5_Autoqueadmite_06762025admiterecurs_0_20250526154114607».

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. Los problemas jurídicos

14. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, en esas condiciones, el problema jurídico que se debe resolver en esta
instancia se contrae a determinar ¿si los actos administrativos demandados, a
través de los cuales se declaró insubsistente el nombramiento en periodo de prueba
del actor, se encontraban viciados de nulidad por falsa motivación y
desconocimiento del debido proceso, con ocasión de las presuntas irregularidades
presentadas en el procedimiento de evaluación de su desempeño laboral?

15. Para resolver lo anterior, establecer ¿si (i) los compromisos fueron concertados
con la funcionaria competente; (ii) se efectuó el seguimiento exigido y era obligatoria
la formulación de un plan de mejoramiento; (iii) la calificación se sustentó en
evidencias relacionadas con el período evaluado y valoró las pruebas aportadas por
el actor; y (iv) el período de prueba fue prolongado o los actos carecieron de una
motivación suficiente?

16. Encaso afirmativo, determinar ¿si era procedente ordenar el reintegro del
demandante y el reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y aportes al
sistema de Seguridad Social dejados de percibir desde su desvinculación?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos

17. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12513 que, por

13 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».

8

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

18. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199214, 443 de 199815 y 909 de 200416, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de (i) carrera; (ii) libre nombramiento y remoción; (iii) período; y
(iv) los temporales.

19. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos17 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si
estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias
exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una
diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se
clasifican así i) de carrera; ii) de libre nombramiento y remoción; iii) de periodo; iv)
temporales; y v) en provisionalidad.

20. Los empleos de carrera son la regla general de ingreso y ascenso de personal a
la administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función pública18, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

20.1. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente19 este mecanismo respondió a la pugna

14 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
15 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
16 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
17 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».
18 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
19 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten

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que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador20; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

20.2. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna.

20.3. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no
será removido de él21. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

20.4. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

2.3.2. Formas de provisión de los empleos

21. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.

22. (i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 22.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño

servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
20 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
21 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
22 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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del cargo.

23. (ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 23, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes (a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, (b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, (c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, (d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y (e)
hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.

24. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.

25. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera24.

26. (iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de
personal de las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de
carrera administrativa»25.

27. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:

Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los
empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.26

23 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras

disposiciones».
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
26 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador.

28. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya naturaleza es
de carrera administrativa.

29. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 197327, las leyes 61 de 1987, 27
de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por falta de
personal.

30. (iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño de las
funciones»28 del empleado en su capacidad de adaptación, sus competencias,
habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una vez finalizado
dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera o en caso

27 «Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre

administración del personal civil».
28 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.

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contrario se declarará insubsistente su nombramiento.

31. (v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»29.

2.3.3. Régimen del periodo de prueba, evaluación del desempeño y retiro por
calificación no satisfactoria

32. El periodo de prueba constituye la etapa del proceso de selección en la que se
verifica si la persona elegida cuenta con las competencias, habilidades y
condiciones necesarias para desempeñar el empleo de carrera al cual aspiró. Sobre
su duración y los efectos derivados de la evaluación, el numeral 5 del artículo 31 de
la Ley 909 2004 dispuso:

Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección
comprende: […]

5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido
seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis
(6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo
previsto en el reglamento.

Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los
derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el
Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del
período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente.

El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un
concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su
inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación
del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía
desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa.
Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el
empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento
provisional. […]

33. En desarrollo de esta disposición, el Decreto 1083 de 2015 30 definió la finalidad
del periodo de prueba, reiteró su duración y reguló los derechos que asisten al
servidor durante esta etapa. En concreto, estableció lo siguiente:

Artículo 2.2.6.24 Periodo de prueba. Se entiende por período de prueba el tiempo
durante el cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo
para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el
desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional. El período de
prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo.

Artículo 2.2.6.25 Nombramiento en periodo de prueba. La persona no inscrita en la

29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,

expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
30 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
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carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba
por un término de seis (6) meses. Aprobado dicho período por obtener calificación
satisfactoria en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de
carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de la Carrera Administrativa. Si no lo
aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado
insubsistente por resolución motivada del nominador

[…]

Artículo 2.2.6.28 Evaluación del periodo de prueba. El empleado nombrado en período
de prueba deberá ser evaluado en el desempeño de sus funciones al final del mismo, de
acuerdo con lo establecido en el presente título.

Artículo 2.2.6.29 Derechos del empleado en periodo de prueba. El empleado que se
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término
de éste, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro.
Durante este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de
personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las indicadas en la
convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o ascenso.

Artículo 2.2.6.30 Prórroga del período de prueba. Cuando por justa causa haya
interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos,
este será prorrogado por igual término.

34. De conformidad con lo anterior, el periodo de prueba es una etapa dentro del
concurso de méritos para la provisión definitiva de empleos de carrera
administrativa, cuya superación genera derechos de carrera.

35. En cuanto a la evaluación del desempeño laboral, el citado decreto estableció:

Artículo 2.2.8.2.1 Calificación del periodo de prueba. Al vencimiento del período de
prueba el empleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse la
calificación definitiva de servicios, para lo cual se utilizará el instrumento de evaluación
del desempeño que rige para la respectiva entidad.

Una vez en firme la calificación del período de prueba, si fuere satisfactoria, determinará
la permanencia del empleado en el cargo para el cual fue nombrado y su inscripción en
el Registro Público de Carrera Administrativa. En caso de ser insatisfactoria la
calificación, causará el retiro de la entidad del empleado que no tenga los derechos de
carrera administrativa.

36. De las normas transcritas se desprende que el período de prueba no corresponde
a una forma autónoma o definitiva de vinculación, sino a una fase del concurso de
méritos previa a la adquisición de los derechos de carrera. Durante ese lapso, el
servidor debe demostrar su capacidad de adaptación, eficiencia, competencia y
aptitud para ejercer las funciones del empleo para el cual fue seleccionado.

37. La evaluación satisfactoria conduce a la permanencia en el cargo y a la
inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa. Por el contrario, cuando
la persona no está previamente inscrita en carrera y obtiene una calificación
insatisfactoria, procede la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento,
siempre que la evaluación se encuentre en firme y la decisión de retiro se adopte
mediante acto motivado.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
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38. Mediante el Acuerdo 565 de 201631, la CNSC estableció el «Sistema Tipo de
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleos Públicos de Carrera Administrativa y
en Periodo de Prueba». En su capítulo VII se dispuso las reglas específicas aplicables
a la evaluación de quienes se encontraban en esta última situación administrativa.

39. La legalidad de dicho acuerdo fue examinada por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de marzo de 2020 32. En
esa oportunidad se consideró que, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la
Ley 909 de 2004, la CNSC podía establecer los componentes, procedimientos,
requisitos, condicionamientos, operadores y sujetos del sistema de evaluación del
desempeño laboral, siempre que actuara con sujeción a la ley y a sus decretos
reglamentarios.

40. En esa providencia se declaró la nulidad del artículo 15 del Acuerdo 565 de 2016
únicamente en cuanto introdujo el nivel de cumplimiento «destacado», por no
encontrarse previsto en la Ley 909 de 2004 ni en el Decreto 1083 de 2015. También
se anuló el inciso final de su artículo 10, referido a la asimilación de los servidores
de período y los directivos docentes a los empleados de libre nombramiento y
remoción, y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

41. De acuerdo con el artículo 28 de dicho acuerdo, el procedimiento comprende 5
fases: (i) preparación del período de prueba; (ii) concertación de compromisos; (iii)
seguimiento: (iv) evaluaciones parciales eventuales; y (v) calificación definitiva.
Estas etapas procuran que el desempeño se valore a partir de parámetros
previamente conocidos, relacionados con las funciones del empleo y susceptibles
de verificación.

42. Durante la fase de preparación se divulgan las normas aplicables al sistema de
evaluación, se dan a conocer las metas institucionales, se conforman las comisiones
evaluadoras cuando hubiera lugar a ello, se capacitan a evaluadores y evaluados y
se revisa el manual de funciones y competencias laborales, conforme con el artículo
29 del acuerdo.

43. La concertación de los compromisos laborales se realiza entre el evaluador y el
evaluado dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio del período de prueba, en
los términos del artículo 30. A partir de ese momento, corresponde efectuar un
seguimiento continuo al avance y al cumplimiento de los compromisos, de
conformidad con el artículo 32.

44. Si durante el seguimiento se advierten aspectos que requerían corrección o

31 Aplicable para el caso concreto, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo

CNSC-20181000006176 del 10 de octubre de 2018, según el cual las evaluaciones correspondientes
al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019 se regían por el
Acuerdo 565 de 2016 y las disposiciones que lo modificaran o adicionaran.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2020, radicado

11001-03-25-000-2017-00517-00 (2417-2017).

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

fortalecimiento, el artículo 33 faculta al evaluador para suscribir un plan de
mejoramiento. Esta herramienta tiene por finalidad establecer acciones orientadas
a superar las dificultades identificadas durante el período evaluado.

45. Finalizado el período de prueba, la calificación definitiva debe producirse dentro
de los 10 días siguientes, según el artículo 35 del Acuerdo 565 de 2016. Para lo que
interesa al caso concreto, el artículo 15 de esa normativa establece que la
calificación igual o inferior al 65% corresponde al nivel «no satisfactorio». Aunque su
texto original también establece el nivel destacado, dicho aparte fue anulado por
esta corporación mediante sentencia del 5 de marzo de 2020.

46. Para obtener la calificación final, los compromisos laborales representan el 85%
del resultado y las competencias comportamentales el 15% restante. Estas últimas
se valoran en los niveles bajo, aceptable, alto y muy alto, equivalentes a 6, 9, 12 y
15 puntos, respectivamente, de acuerdo con el artículo 17 del Acuerdo 565 de 2016.

47. Finalmente, el artículo 44 de dicho acuerdo previó que la calificación no
satisfactoria del período de prueba da lugar al retiro del servicio. Esta consecuencia
no opera de manera inmediata con la simple asignación del puntaje, pues resulta
necesario que la calificación quedara en firme y que el nominador expida el acto
motivado mediante el cual declara insubsistente el nombramiento.

2.4. Caso concreto, lo probado dentro del proceso

48. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

48.1. Por medio de la Resolución 0178 del 30 de enero de 2012 33, la secretaria
general del ICBF nombró provisionalmente al demandante en el empleo de defensor
de familia, código 2125, grado 11, adscrito al Centro Zonal Occidente de la Regional
Caldas, con una asignación básica mensual de $2.066.612. La vigencia del
nombramiento quedó supeditada a que el titular del cargo permaneciera en situación
administrativa de encargo. De este cargo se posesionó el 6 de febrero de 2012,
según acta de posesión 002 de igual fecha, y lo desempeñó hasta el 10 de
septiembre de 2013, conforme con las certificaciones del 10 de noviembre y 9 de
diciembre de 2016 y 9 y 24 de marzo de 2017, expedidas por la coordinadora del
Grupo Administrativo de la entidad34.

48.2. De conformidad con dichas certificaciones, también se informó que el actor «[a]

33 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 65 y
66.
34 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«42ED_C01Principal_042RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«42_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_042RESPUESTAREQUERIM_20240409160838», folios
954 a 989.

16

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

partir del 12 de septiembre de 2013 y hasta el 11 de octubre de 2013, fue vinculado como
Supernumerario mediante Resolución No 7871 de septiembre 11 de 2013 y Acta de
Vinculación No. 005 de septiembre 03 de 2013, desempeñando el cargo de DEFENSOR
DE FAMILIA CODIGO 2125- GRADO 17, en el Centro Zonal Occidente» [sic]. Asimismo,
que «[d]esde el 1 de Octubre de 2013 mediante Resolución No. 9071 de octubre 09 de
2013 y Acta de Posesión No. 191 de octubre 11 de 2013 se encuentra nombrado en la
Planta Global del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR asignada a la
Regional Caldas, desempeñando el cargo de DEFENSOR DE FAMILIA CODIGO 2125-
GRADO 17, en vacancia definitiva, en el Centro Zonal Occidente» [sic].

48.3. Mediante la Resolución 7861 del 22 de junio de 2018 35, el demandante fue
nombrado en período de prueba en el empleo de defensor de familia, código 2125,
grado 17, asignado al Centro Zonal Occidente de la Regional Caldas, como
resultado de la Convocatoria 433 de 2016 adelantada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Tomó posesión del cargo mediante el Acta 041 del 1 de agosto de
2018. En el acto administrativo se dispuso que el periodo de prueba:

«[…] tendrá una duración de seis (6) meses contados a partir de la fecha de posesión,
al final de los cuales será evaluado el desempeño laboral por el superior inmediato, en
los términos dispuestos en el Acuerdo 565 de 2016. De ser satisfactoria la calificación
se procederá a solicitar ante la CNSC ser inscrito o actualizado en el Registro Público
de Carrera Administrativa, o de lo contrario, el nombramiento será declarado
insubsistente mediante Resolución motivada» [sic].

48.4. A través de correo electrónico del 30 de julio de 2018 36, la coordinadora del
Centro Zonal Occidente remitió el consolidado de peticiones, actuaciones y estado
de las defensorías de familia y distribuyó los asuntos que se encontraban a cargo
de otra defensora. En esa comunicación dispuso que los asuntos extraprocesales
pendientes fueran asignados al demandante y que se efectuara la entrega de las
respectivas historias de atención.

48.5. Mediantecorreo electrónico del 1 de agosto de 201837, se remitieron al
demandante y a la coordinadora del Centro Zonal Occidente el manual de funciones
del empleo de defensor de familia, el procedimiento de evaluación del desempeño
laboral durante el período de prueba y el instrumento correspondiente. En la
comunicación se precisó que dichos documentos se enviaban con el fin de concertar
los compromisos laborales y comportamentales que debía cumplir el actor durante

35 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«19ED_C01Principal_019CONTESTACIONDEMANDAICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«19_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_019CONTESTACIONDEMAN_20240409160129» folios 26
a 29.
36 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 32, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«62ED_C03PruebasParte_001PRUEBASDMTEPDF(.pdf) NroActua 32», archivo
«62_EXPEDIENTEDIGI_C03PRUEBAS_001PRUEBASDMTEPDF_20240409162922», folios 846.
37 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«42ED_C01Principal_042RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«42_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_042RESPUESTAREQUERIM_20240409160838», folio
1062 a 1064.

17

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

ese período.

48.6. En el formato F11 de evaluación del período de prueba comprendido entre el 1
de agosto de 2018 y el 30 de enero de 2019, se identificó al actor como evaluado y
a Constanza Victoria Rendón Valencia, directora regional del ICBF, como
evaluadora y jefe inmediata. La concertación de los compromisos se registró el 14
de agosto de 2018, documento suscrito por ambos. Asimismo, se dejó constancia
de que no se requería la conformación de una comisión evaluadora38.

48.7. En dicho formato se fijaron 3 compromisos laborales: (i) adelantar los procesos
de restablecimiento de derechos y las actuaciones relacionadas con el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes; (ii) registrar de manera oportuna y con
calidad las actuaciones en el aplicativo SIM, gestionar las peticiones asignadas y
llevar el control de los respectivos indicadores; y (iii) promover los procesos
judiciales y las conciliaciones extrajudiciales relacionadas con los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. A estos compromisos se les asignaron porcentajes del
35, 30 y 35, respectivamente. También se establecieron como competencias
comportamentales la orientación a resultados, el compromiso con la organización,
la experticia profesional y el trabajo en equipo y colaboración.

48.8. En el formato F3 se determinaron como evidencias del primer compromiso el
aplicativo SIM y las historias de atención; del segundo, los reportes del SIM sobre
las actuaciones y gestiones realizadas y los informes de indicadores y de peticiones
creadas, direccionadas, gestionadas y cerradas; y del tercero, el aplicativo SIM, las
historias de atención, las actas de conciliación y la relación de demandas
presentadas. El documento también aparece suscrito por el demandante y por la
evaluadora39.

48.9. En el registro de observaciones correspondiente al primer compromiso laboral
se consignó que el actor había iniciado el período de prueba con 187 peticiones
PARD y que, al 30 de enero de 2019, permanecían activas 123 sin actualización de
su estado. Asimismo, en el libro consecutivo zonal se registraron, entre agosto y
diciembre de 2018, 55 cierres, 4 decisiones sobre alimentos, 5 cambios de medida
y una decisión de custodia; y, durante enero de 2019, 4 reintegros, 9 declaratorias
de adoptabilidad, 2 cierres y 2 decisiones sobre alimentos. En las revisiones
efectuadas en septiembre de 2018 se encontraron 21 historias de atención sin
gestión oportuna o sin soportes físicos de las actuaciones realizadas, mientras que

38 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«41ED_C01Principal_041RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«41_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_041RESPUESTAREQUERIM_20240409160133», folios 6 y
7 y 9 y 10.
39 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«41ED_C01Principal_041RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«41_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_041RESPUESTAREQUERIM_20240409160133», folios 8 y
11

18

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

las historias requeridas nuevamente en diciembre de ese año no fueron aportadas40.

48.10. En el registro de observaciones correspondiente al segundo compromiso
laboral se consignó que, con corte al 30 de enero de 2019, los reportes del aplicativo
SIM reflejaban 27 procesos administrativos de restablecimiento de derechos con
inactividad de hasta 3 meses; 31, entre 4 y 6 meses; 1, entre 7 y 9 meses; 4, entre
10 y 12 meses; y 56, por más de 12 meses, de los cuales 36 habían sido
gestionados para su cierre. Asimismo, se registraron 266 peticiones extraprocesales
y 162 actuaciones sin evidencia de actualización de su estado41.

48.11. Respecto del tercer compromiso laboral, se dejó constancia de que el
demandante aportó oficios de citación judicial y archivos digitales que contenían
actas de conciliación y proyectos de demandas. En la revisión aleatoria de 11
historias de atención se encontraron algunas sin actuaciones posteriores a la
audiencia o a la presentación de la demanda, mientras que el aplicativo SIM
registraba 25 audiencias conciliadas, 5 fallidas y 5 asuntos con demanda. Asimismo,
se estableció que, de 90 documentos proyectados correspondientes a 2018 y 2019,
solo 15 estaban fechados dentro del período de prueba y carecían de firma 42.

48.12. Mediante correos electrónicos del 29 de diciembre de 2018 y del 17 de enero
de 201943, la coordinadora del Centro Zonal Occidente remitió al demandante los
reportes de las peticiones PARD activas y el consolidado de los asuntos asignados
a las defensorías de familia. En esta última comunicación se incluyeron el análisis
de los asuntos registrados en el aplicativo SIM, el reporte de inactividad PARD con
corte al 14 de enero de 2019 y la relación de los casos que no contaban con
definición jurídica, para su revisión, análisis e implementación de acciones
correctivas y preventivas.

48.13. Al finalizar el período de prueba, los compromisos laborales fueron calificados

40 De conformidad con lo señalado en la Resolución 11039 del 28 de noviembre de 2019. Samai

Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00, índice
30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 38 a
56.
41 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«42ED_C01Principal_042RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«42_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_042RESPUESTAREQUERIM_20240409160838», folio
1124.
42 Según lo señalado en las resoluciones 0717 del 13 de marzo de 2019 y 11039 del 28 de noviembre

de 2019. Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-
00014-00, índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 21 a
37 y 38 a 56, respectivamente.
43 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 32, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«62ED_C03PruebasParte_001PRUEBASDMTEPDF(.pdf) NroActua 32», archivo
«62_EXPEDIENTEDIGI_C03PRUEBAS_001PRUEBASDMTEPDF_20240409162922», folios 847 a
849.

19

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

con 60,25 puntos sobre 100, que, una vez aplicado su peso porcentual del 85,
equivalieron a 51.21 puntos. A su vez, las competencias comportamentales
recibieron 9 puntos. La suma de ambos componentes arrojó una calificación
definitiva de 60.21%, correspondiente al nivel «no satisfactorio».

48.14. El 13 de febrero de 2019, la coordinadora del Centro Zonal Occidente notificó
al demandante la calificación definitiva del período de prueba y le remitió los
formatos F11 de evaluación y F3 de evidencias44. El 20 de febrero siguiente, aquel
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra esa decisión, el
cual fue remitido al Grupo Administrativo de la Regional Caldas mediante el
Memorando 096362 de igual fecha, recibido el 21 de febrero de 201945.

48.15. Mediante la Resolución 0717 del 13 de marzo de 201946, se negó el recurso
de reposición. Para sustentar la decisión se tuvieron en cuenta el archivo digital con
la relación de peticiones y las certificaciones y constancias de los despachos
judiciales aportadas por el actor, así como los reportes del aplicativo SIM, las
historias de atención, las actas de los comités consultivos PARD y los informes de
seguimiento y asistencia técnica allegados por la entidad. Además, al contrastar los
51 oficios escaneados de solicitud de asistencia judicial aportados por el recurrente
con los casos que le habían sido asignados, se estableció que correspondían a 47
acompañamientos a audiencias, juicios o entrevistas. Este acto fue expedido por la
directora encargada de la Regional Caldas, toda vez que por medio de la Resolución
200 del 16 de enero de 201947 se concedieron vacaciones a quien había efectuado
la evaluación.

48.16. A través de la Resolución 11039 del 28 de noviembre de 2019 48, la directora

44 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«61ED_C02ExpedienteAd_001RESPUESTAREQUERIMIENTOICBFPDF(.pdf) NroActua 31»,
archivo «61_EXPEDIENTEDIGI_C02EXPEDIE_001RESPUESTAREQUERIM_20240409162214»,
folios 292.
45 Conforme con lo indicado en la Resolución 0717 del 13 de marzo de 2019 y 11039 del 28 de

noviembre de 2019. Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-
000-2021-00014-00, índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 21 a
37.
46 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 21 a
37.
47 Conforme con lo señalado en la Resolución 12060 del 31 de diciembre de 2019. Samai Tribunal

Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00, índice 30,
actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 14 a
20.
48 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo

20

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

general del ICBF resolvió el recurso de apelación y confirmó la anterior resolución.
Al examinar las evidencias aportadas por las partes, indicó que el recurrente no
había allegado «elementos de juicio que pudieran demostrar de manera clara y suficiente
su buen proceder y diligencia en lo ateniente al cumplimiento de los compromisos pactados
que le permitieran acceder al nivel sobresaliente durante el período reclamado» [sic]. Este
acto administrativo fue notificado mediante correo electrónico del 3 de diciembre de
201949.

48.17. Por medio de la Resolución 11502 del 10 de diciembre de 2019 50, suscrita por
el secretario general del ICBF, se declaró insubsistente el nombramiento en periodo
de prueba del actor en el empleo de defensor de familia, código 2125, grado 17,
asignado al Centro Zonal Occidente de la Regional Caldas. La decisión se sustentó
en la calificación definitiva de 60.21% correspondiente al nivel «no satisfactorio»,
obtenida en la evaluación del periodo de prueba comprendido entre el 1 de agosto
de 2018 y el 30 de enero de 2019. Al respecto, el acto administrativo indicó lo
siguiente:

«[...] Que al haber obtenido el servidor público OSCAR JAIME HERNÁNDEZ, una
calificación de 60.21% que lo ubica en el Nivel No Satisfactorio, se constituye en una
causal para la terminación del nombramiento, en los términos del artículo 44 del Acuerdo
565 de 2016 y el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015.

[...]

En conclusión, para el servidor público OSCAR JAIME HERNÁNDEZ concurre una
causal objetiva que responde a una situación relacionada con la prestación del servicio,
por lo que es procedente declarar la insubsistencia de nombramiento realizado mediante
la Resolución n° 7861 del 22 de junio de 2019 en el empleo denominado Defensor de
Familia Código 2125 Grado 17, asignado al Centro Zonal Occidente de la Regional
Caldas, en cumplimiento de la Ley 909 de 2005, Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo 565
de 2016, razón por la cual deberá realizar la entrega del puesto de trabajo de
conformidad con el procedimiento interno para entrega de cargo del ICBF. [...]». [sic].

48.18. A través de la Resolución 12060 del 31 de diciembre de 2019 51, el secretario
general del ICBF confirmó el anterior acto administrativo al resolver el recurso de

«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 38 a
56.
49 Según lo señalado en la Resolución 12060 del 31 de diciembre de 2019. Samai Tribunal

Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00, índice 30,
actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 14 a
20.
50 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 58 a
64.
51 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 30», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_004ANEXOSDEMANDAPDF_20240409160125», folios 14 a
20.

21

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

reposición. Frente a los cuestionamientos relacionados con la concertación de los
compromisos, la competencia de la evaluadora y el procedimiento previo a la
declaratoria de insubsistencia se señaló lo siguiente:

«[...] Debe decirse que llama la atención los argumentos por el recurrente al pretender
desconocer la concertación de tres (3) compromisos laborales y cuatro (4) competencias
comportamentales para el período de prueba cuando se observa en el Formato F11 la
concertación entre evaluado y evaluador, para ese momento CONSTANZA VICTORIA
RENDÓN VALENCIA, Directora (E) de la Regional Caldas.

Así mismo, no puede afirmar el recurrente que la calificación definitiva del período de
prueba no fue efectuada por su evaluadora CONSTANZA VICTORIA RENDÓN
VALENCIA, Directora (E) de la Regional Caldas, cuando está probado que la misma fue
firmada por el evaluado y el evaluador.

[...] previo a la expedición de la Resolución No. 11502 del 10 de diciembre de 2019, por
medio de la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento en período de prueba,
se revisaron los aspectos relacionados con cada una de las fases que abarcan el proceso
de evaluación del desempeño, como es la fijación de los compromisos laborales,
seguimiento, el cual se encuentra patente en cada una de las actas realizadas por
evaluador que dan cuenta del nivel de desempeño del servidor.

[…]

Por otra parte, el recurrente no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la
Resolución No. 11502 del 10 de diciembre de 2019; en consecuencia, se concluye
objetivamente que el accionante no se desempeñó satisfactoriamente en el ejercicio del
cargo durante el período evaluado; igualmente, la declaratoria de insubsistencia se
expidió regularmente, por funcionario competente y se acató el procedimiento [...]». [sic]

49. En la audiencia de pruebas celebrada el 27 de julio de 202252, se recibieron los
testimonios de Elkin García Valencia, Rosalba Carlina Betancurt Agudelo, pedidos
por la parte demandante, y de Liliana Jimena Trejos Cataño y Gloria Inés Calvo
Mejía, solicitados por la entidad demandada, de los cuales se extrae lo siguiente:

50. Elkin García Valencia53 es bachiller académico y para el momento de su
testimonio se desempeñaba como concejal del municipio de Riosucio (Caldas) y era
socio de una empresa dedicada al transporte en motocicleta. Nunca había tenido
vínculo laboral o contractual con el ICBF y no tenía relación de parentesco ni
amistad íntima con el actor.

50.1. Conoció al demandante a finales de 2010 y comienzos de 2011, cuando inició
su primera campaña al Concejo de Riosucio y aquel se desempeñaba como

52 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, proceso con radicado 17001-23-33-000-2021-00014-00,

índice 30, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documentos
«55ED_C01Principal1A_002TESTIGODOCUMENTALREFERENCIACRUZADACDODVDPDF(.pdf)
NroActua 30»,
«56ED_C01Principal1A_003TESTIGODOCUMENTALREFERENCIACRUZADACDODVDPDF(.pdf)
NroActua 30», links «https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/public/detail/6947245»,
«https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/public/detail/6947246» y
«https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/public/detail/6947247».
53 Ibidem.

22

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

secretario de gobierno de esa entidad territorial.

50.2. Después de que terminó su vinculación como secretario de gobierno, el actor
comenzó a desempeñarse como defensor de familia en el ICBF; aunque desconocía
la modalidad bajo la cual se encontraba vinculado con la entidad, así como las
circunstancias de modo y tiempo.

50.3. Enalgunas ocasiones observó al demandante acompañar al funcionario
delegado por el ICBF a los debates de control político que realizaba el concejo sobre
asuntos relacionados con los derechos de los niños.

50.4. A través de la empresa de la cual era socio, en varias ocasiones se entregaron
sobres dirigidos al actor en las instalaciones del ICBF. En unas oportunidades
fueron recibidos directamente por aquel en su oficina y, cuando se encontraba en
audiencia, se dejaron con el personal vigilante.

50.5. A principios del año 2022 se enteró de que el actor ya no se encontraba
vinculado con el ICBF.

51. Rosalba Carlina Betancurt Agudelo54 es tecnóloga en administración y
finanzas y, para la fecha de su declaración, se encontraba sin empleo. Entre finales
del año 2012 y el mes de septiembre de 2016 prestó sus servicios en el ICBF por
intermedio de una cooperativa [Cobienestar], como asistente administrativa en el
Centro de Desarrollo Infantil Carnaval de la Alegría. No tenía relación de parentesco
con el actor.

51.1. Tuvo conocimiento de que el demandante ingresó al ICBF en el año 2012,
mediante nombramiento en provisionalidad, para desempeñarse como defensor de
familia. Posteriormente, supo que había superado un concurso de méritos y fue
nombrado en ese cargo, el cual desempeño hasta el año 2020.

51.2. Desconocía los motivos por los cuales fue retirado del servicio, así como si
durante el ejercicio de sus funciones había recibido llamados de atención o sido
objeto de procesos disciplinarios.

51.3. El actor se encargaba de la defensa de los menores y, entre otras funciones,
adelantaba conciliaciones relacionadas con la fijación de cuotas alimentarias.

51.4. En términos generales, tenía conocimiento de la figura del periodo de prueba.
Sin embargo, desconocía el procedimiento de evaluación aplicado al demandante,
la calificación obtenida y las evidencias o insumos valorados para establecerla.

52. Liliana Jimena Trejos Cataño55 es trabajadora social con especialización en

54 Ibidem.
55 Ibidem.

23

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

proyectos de desarrollo y, para la fecha de su declaración, se desempeñaba como
profesional especializada del Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Caldas
del ICBF. Se encontraba vinculada con la entidad desde el año 1996 y laboró en el
municipio de Riosucio desde inicios de este último año hasta finales del año 2019.
No tenía relación de parentesco con el actor.

52.1. El demandante ingresó al Centro Zonal Occidente en el año 2012, para
desempeñarse como defensor de familia. Después de superar un concurso de
méritos, fue nombrado en periodo de prueba en ese empleo a mediados del año
2018. Al no haber obtenido la calificación requerida en la evaluación de desempeño,
fue retirado de la entidad. La testigo conocía estas circunstancias porque ejerció
como coordinadora de dicho centro zonal entre los años 2006 y 2019.

52.2. En su condición de coordinadora, participó en la concertación y seguimiento de
3 compromisos laborales relacionados con las funciones del demandante: (i)
procesos administrativos de restablecimiento de derechos y las actuaciones de
protección; (ii) registro y actualización de las actuaciones en el SIM; y (iii) trámites
extrajudiciales, las conciliaciones y la asistencia a diligencias judiciales.

52.3. Respecto del procedimiento de evaluación, le correspondía aportar los insumos
derivados del seguimiento efectuado en el centro zonal, mientras que la directora
regional tenía la condición de evaluadora. El proceso se adelantaba de manera
articulada, con fundamento en los reportes, las historias de atención, las actas de
los comités y los demás soportes relacionados con la gestión del servidor.

52.4. Durante el período de prueba, algunos de los asuntos asignados al demandante
fueron tramitados y evacuados, mientras que otros no presentaron avances. Debido
a esta situación se requirió la intervención del Grupo de Asistencia Técnica de la
Regional Caldas para revisar los procesos que se encontraban a su cargo.

52.5. En una visita efectuada por dicho grupo, se encontraron actuaciones
pendientes, procesos sin impulso, compromisos previamente fijados que no
registraban avances y asuntos en los que se había producido la pérdida de
competencia de la autoridad administrativa.

52.6. En cuanto a la calificación, el actor obtuvo porcentajes superiores en algunos
componentes, aunque ninguno alcanzó el máximo previsto. Esto obedeció a
deficiencias en las evidencias aportadas, pues algunas historias de atención
requeridas no fueron entregadas y varios documentos fueron presentados en
archivos de Word, sin firma ni constancia de radicación.

52.7. Entre los insumos empleados para el seguimiento se encontraba la información
registrada en el aplicativo SIM, cuyo diligenciamiento correspondía a los distintos
profesionales que integraban el equipo de la defensoría de familia. No obstante, al
efectuar la trazabilidad de algunos asuntos, se encontró que la información
incorporada en el sistema no reflejaba de manera completa la historia ni las

24

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

actuaciones adelantadas en cada proceso.

52.8. La mayoría de los asuntos en los que se produjo pérdida de competencia se
habían iniciado durante la vinculación provisional del demandante. Para la época en
que aquel se encontraba en período de prueba, la remisión de esos procesos ya no
era realizada por la coordinadora del centro zonal, sino directamente por el
respectivo defensor de familia, circunstancia que le fue comunicada mediante correo
electrónico.

53. Gloria Inés Calvo Mejía56 es psicóloga, especialista y magíster en familia y, al
momento de su declaración, llevaba alrededor de 16 años vinculada al ICBF,
periodo durante el cual había desempeñado distintos cargos en varias
dependencias. Desde hacía 7 años ejercía como coordinadora del Grupo de
Asistencia Técnica de la Regional Caldas.

53.1. Dentro de sus funciones se encontraban la definición de lineamientos técnicos
y la prestación de asesoría y orientación para el adecuado funcionamiento del
servicio público de bienestar familiar en los programas de promoción, prevención y
protección. Asimismo, le correspondía acompañar a las comisarías y defensorías
de familia, realizar seguimiento a los indicadores del proceso de protección y
fortalecer los servicios prestados por medio de los operadores.

53.2. En el Grupo de Asistencia Técnica funcionaba un equipo encargado de los
procesos administrativos de restablecimiento de derechos, integrado por un
defensor de familia, un profesional en psicología y uno en trabajo social. Este equipo
brindaba capacitación y asesoría a las comisarías y defensorías de familia y
efectuaba visitas para revisar los procesos que aquellas tenían a su cargo.

53.3. En su condición de coordinadora, le correspondía aprobar el plan de asistencia
técnica, programar las comisiones, revisar las actividades que se desarrollarían
durante las visitas y examinar los informes elaborados posteriormente. También
debía poner en conocimiento de la Dirección Regional las situaciones que
requirieran de la adopción de medidas adicionales. Además, participaba
directamente en los comités en los que se analizaban procesos administrativos de
restablecimiento de derechos y, en algunas ocasiones, efectuaba visitas a los
centros zonales y a las defensorías de familia.

53.4. El equipo bajo su coordinación realizó visitas a la defensoría de familia a cargo
del demandante y algunos de los procesos asignados a este fueron examinados en
los comités de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos.
Conoció los resultados tanto por su participación en esos espacios y por la consulta
directa del aplicativo SIM como por los informes detallados elaborados por los
profesionales que efectuaron las visitas.

56 Ibidem.

25

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

53.5. En las revisiones se encontraron procesos que no habían sido tramitados dentro
de los términos previstos, casos en los que se había producido la pérdida de
competencia, actuaciones pendientes y compromisos fijados en varias
oportunidades que no habían sido cumplidos. También se observaron asuntos
respecto de los cuales se había reportado la definición de la situación jurídica, pese
a que en la historia física no se encontraba la resolución que respaldara dicha
actuación.

53.6. Asimismo, se advirtieron diferencias entre la información contenida en las
historias de atención y la registrada en el SIM, pues algunas actuaciones no
aparecían incorporadas en dicho aplicativo. El sistema debía reflejar de manera
articulada la información existente en el expediente físico de cada proceso.

53.7. Como consecuencia de esas visitas se elaboraban informes de asistencia
técnica que contenían las observaciones, recomendaciones y compromisos
correspondientes. Dichos documentos se remitían a la coordinación del centro zonal
para que efectuara el seguimiento y, cuando la situación lo requería, se ponían en
conocimiento de la Dirección Regional, que podía adoptar otras medidas o trasladar
la información a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

53.8. Durante el año 2018, la coordinadora del Centro Zonal Occidente requirió el
apoyo del Grupo de Asistencia Técnica para revisar los procesos a cargo del
demandante y determinar las acciones necesarias para procurar su avance. En
atención a ese requerimiento, encargó al equipo interdisciplinario la realización de
una visita, cuyo informe fue posteriormente remitido a la Dirección Regional para
que se adoptaran las medidas pertinentes.

53.9. Las visitas de asistencia técnica no se realizaban exclusivamente a la
defensoría del actor. Al inicio de cada vigencia se aprobaba un plan que comprendía
todos los centros zonales de la Regional Caldas, a los cuales debía efectuarse,
como mínimo, una visita anual. En aquellos centros que contaban con varias
defensorías se establecía una rotación para procurar su revisión. Además de las
visitas, los defensores recibían capacitaciones, asesorías, orientación técnica y
acceso a los lineamientos y herramientas institucionales.

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

54. En el presente asunto, el a quo negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el nombramiento del actor en periodo de prueba estaba
condicionado a la obtención de una calificación satisfactoria. Al examinar la
actuación administrativa, observó que el ICBF cumplió con las etapas de
concertación de compromisos, seguimiento y evaluación previstas para tal efecto.
Asimismo, la calificación estuvo sustentada en evidencias relacionadas con
procesos sin impulso, actuaciones no registradas en el aplicativo SIM, compromisos
incumplidos y documentos que carecían de firma o constancia de radicación.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

55. Por tanto, no se demostró que la evaluación fuera irregular, parcializada o ajena
al desempeño del demandante, ni que los actos acusados hubieran incurrido en
falsa motivación.

56. Inconforme con lo anterior, la parte actora apeló la decisión de primera instancia,
al considerar que los compromisos laborales no fueron concertados con quien tenía
la condición de evaluadora, pues la coordinadora del Centro Zonal Occidente
intervino materialmente en su fijación, seguimiento y calificación, sin contar con
competencia para ello.

57. Asimismo, durante el periodo de prueba no se realizó un seguimiento adecuado
ni se formuló un plan de mejoramiento; la calificación se fundamentó en procesos
iniciados durante su vinculación provisional; se desconocieron las actuaciones y
pruebas favorables aportadas, el procedimiento se prolongó más allá de los 6 meses
previstos; y los actos de insubsistencia se fundaron en apreciaciones que no
correspondían con su desempeño laboral.

58. Asílas cosas, el análisis de la Sala se circunscribirá a establecer si las
resoluciones 11502 del 10 de diciembre y 12060 del 31 de diciembre de 2019 se
encuentran viciadas de nulidad por desconocimiento del debido proceso y falsa
motivación, debido a las irregularidades que, según el recurrente, se presentaron
en la concertación, el seguimiento y la evaluación de su desempeño durante el
período de prueba.

59. Para resolver lo anterior, de las pruebas anteriormente relacionadas se encuentra
acreditado que el demandante fue nombrado en período de prueba en el empleo de
defensor de familia, código 2125, grado 17, asignado al Centro Zonal Occidente de
la Regional Caldas, del cual tomó posesión el 1 de agosto de 2018.

60. El período objeto de evaluación se extendió entre esa fecha y el 30 de enero de
2019. Al finalizar, los compromisos laborales fueron calificados con 60.25 puntos
que, una vez aplicada su ponderación del 85%, equivalieron a 51.21 puntos. Las
competencias comportamentales recibieron 9 puntos, para una calificación definitiva
de 60.21%, correspondiente al nivel «no satisfactorio». La nulidad parcial declarada
respecto del nivel «destacado» no incide en el presente asunto, pues el resultado de
60.21% ubicó al actor en el nivel «no satisfactorio», categoría que no fue anulada.

61. También se probó que la calificación fue controvertida mediante los recursos de
reposición y apelación, resueltos por las resoluciones 0717 del 13 de marzo y 11039
del 28 de noviembre de 2019, respectivamente. Posteriormente, con fundamento en
el resultado definitivo de la evaluación, se expidió la Resolución 11502 del 10 de
diciembre de 2019, que declaró insubsistente el nombramiento, decisión confirmada
por la Resolución 12060 del 31 de diciembre siguiente.

62. Se precisa que las pretensiones de nulidad dirigidas contra las resoluciones 0717
y 11039 fueron rechazadas durante el trámite de la primera instancia. Por

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

consiguiente, no corresponde efectuar un control autónomo de legalidad sobre esos
actos. Sin embargo, en consideración a que resolvieron los recursos interpuestos
contra la calificación y constituyeron un antecedente de la declaratoria de
insubsistencia, su contenido deberá ser examinado para establecer si los actos
acusados se sustentaron en una evaluación irregular o falsamente motivada.

63. Lo anterior, bajo la consideración de que, conforme con el numeral 5 del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.6.25 y 2.2.8.2.1 del Decreto 1083 de
2015 y el artículo 44 del Acuerdo 565 de 2016, la calificación no satisfactoria del
periodo de prueba, una vez en firme, da lugar a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento mediante acto motivado.

2.5.1. Concertación de los compromisos laborales

64. El apelante sostuvo que los compromisos laborales no fueron concertados con
quien tenía la condición de evaluadora, pues, en su criterio, dicha actuación fue
realizada por la coordinadora del Centro Zonal Occidente.

65. Al respecto, se encuentra acreditado que el 1 de agosto de 2018 se remitieron al
demandante el manual de funciones del empleo, el procedimiento de evaluación
durante el período de prueba y el instrumento correspondiente, con el propósito de
establecer los compromisos laborales y comportamentales que serían objeto de
valoración.

66. Posteriormente, en el formato F11 se registró como fecha de concertación el 14
de agosto de 2018 y se establecieron 3 compromisos laborales, sus respectivos
porcentajes de ponderación y 4 competencias comportamentales. El documento
identificó a la directora regional como evaluadora y aparece suscrito tanto por ella
como por el actor.

67. Esto también ocurrió con el formato F3, en el que se determinaron las evidencias
mediante las cuales se verificaría el cumplimiento de cada compromiso. En
concreto, se incluyeron el aplicativo SIM, las historias de atención, los informes de
indicadores, las actas de conciliación y la relación de demandas y actuaciones
judiciales.

68. La coordinadora del centro zonal manifestó que había participado en la
concertación y el seguimiento de los compromisos, debido al conocimiento que tenía
de las funciones, los asuntos asignados y la actividad cotidiana de la dependencia.
Sin embargo, también precisó que la evaluación formal correspondía a la directora
regional y que su intervención consistía en aportar los insumos derivados del
seguimiento.

69. De esta manera, la participación de la coordinadora en la formulación material de
los compromisos no permite establecer que hubiera desplazado a la evaluadora.
Los instrumentos correspondientes identificaron a la directora regional como

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

responsable de la evaluación y fueron suscritos por esta y por el demandante.

70. Además, no obra prueba de que durante la etapa de concertación el actor hubiera
manifestado alguna inconformidad respecto de los compromisos fijados, su
ponderación, las evidencias establecidas o la identidad de la evaluadora. Tales
cuestionamientos fueron formulados después de haberse notificado la calificación
definitiva.

71. De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo 565 de 2016, la concertación debía
efectuarse entre el evaluador y el evaluado dentro de los 10 días hábiles siguientes
al inicio del período de prueba. En este caso, dicho período comenzó el 1 de agosto
de 2018 y la concertación se registró el 14 de igual mes y año en los formatos
suscritos por el actor y por quien aparecía identificada como evaluadora. Así las
cosas, los compromisos laborales y comportamentales fueron determinados dentro
del término previsto, conocidos por el evaluado y formalizados con la intervención
de la funcionaria competente.

2.5.2. Competencia de la evaluadora e intervención de la coordinadora del
centro zonal

72. El recurrente también cuestionó la intervención de la coordinadora del Centro
Zonal Occidente, al considerar que esta asumió materialmente la función de evaluar,
pese a carecer de competencia para ello.

73. Los formatos F11 y F3 identificaron a la directora regional como evaluadora y
aparecen suscritos por ella. Asimismo, la calificación definitiva contiene las firmas
de la evaluadora y del actor.

74. Por su parte, la coordinadora del centro zonal explicó que su actividad
comprendía el seguimiento de los compromisos y la aportación de los insumos
derivados de los reportes del SIM, las historias de atención, las actas de los comités
de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y los informes de
asistencia técnica. En tal sentido, diferenció sus labores de acompañamiento y
verificación de la competencia formal para asignar la calificación.

75. A su vez, la Resolución 0717 del 13 de marzo de 2019 fue expedida por quien
ejercía el encargo de la Dirección Regional durante las vacaciones de la evaluadora,
mientras que el recurso de apelación fue decidido por la Dirección General del ICBF.

76. De este modo, la participación de la coordinadora estuvo relacionada con la
concertación de los compromisos, el seguimiento de la gestión y la recopilación de
los respectivos soportes, sin que se demostrara que hubiera asignado la calificación
definitiva, modificado el resultado establecido por la evaluadora o sustituido a las
autoridades que resolvieron los recursos.

77. Por consiguiente, las pruebas permiten diferenciar las actividades de seguimiento

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y apoyo desarrolladas por la coordinadora de la competencia atribuida a la directora
regional para evaluar el desempeño del actor. Esta distinción coincide con el criterio
expuesto por esta corporación al examinar la legalidad del Acuerdo 565 de 2016,
oportunidad en la que precisó que el suministro de información a los responsables
del procedimiento no comportaba, por sí mismo, el ejercicio de la función
evaluadora. Aunque aquel pronunciamiento se refirió específicamente al jefe de
planeación, su razonamiento resulta orientador para diferenciar, en el presente
asunto, la recopilación y entrega de los insumos de la asignación formal de la
calificación.

2.5.3. Seguimiento durante el período de prueba y plan de mejoramiento

78. En relación con el seguimiento, el apelante sostuvo que durante el período de
prueba no recibió acompañamiento suficiente ni conoció oportunamente las
deficiencias que posteriormente sustentaron la calificación.

79. En el expediente obran revisiones de historias de atención, informes de
asistencia técnica, actas de comités relacionados con los procesos administrativos
de restablecimiento de derechos y reportes sobre los asuntos registrados en el SIM.

80. Además, mediante correos electrónicos del 29 de diciembre de 2018 y del 17 de
enero de 2019 se remitieron al actor las relaciones de peticiones de los procesos
administrativos de restablecimiento de derechos activas, el análisis de los asuntos
registrados en el SIM, el reporte de los procesos con períodos de inactividad y los
asuntos que carecían de definición jurídica, para su revisión y la adopción de
acciones correctivas y preventivas.

81. Las declaraciones de las coordinadoras del Centro Zonal Occidente y del Grupo
de Asistencia Técnica coincidieron en que algunos asuntos asignados al
demandante no registraban avances y que, por esa razón, se requirió la intervención
del equipo regional. Durante las revisiones se encontraron actuaciones pendientes,
diferencias entre los expedientes físicos y la información incorporada en el SIM,
procesos sin definición oportuna y compromisos que no habían sido atendidos.

82. La coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica aclaró que dichas visitas no se
realizaban exclusivamente a la defensoría del actor. Al inicio de cada vigencia se
aprobaba un plan que comprendía los distintos centros zonales de la Regional
Caldas y, cuando existían varias defensorías, se procuraba efectuar su revisión de
manera rotativa.

83. Las actuaciones descritas se ajustaron a la fase de seguimiento prevista en el
artículo 32 del Acuerdo 565 de 2016, conforme con el cual correspondía verificar de
manera continua el avance y cumplimiento de los compromisos laborales. En efecto,
durante el período evaluado se revisaron historias de atención, se elaboraron
informes de asistencia técnica, se examinaron los registros del SIM y se
comunicaron al actor los asuntos pendientes y las deficiencias advertidas.

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84. En cuanto al plan de mejoramiento, el artículo 33 del mismo acuerdo faculta al
evaluador para suscribirlo cuando durante el seguimiento se identifican aspectos
que requieran de corrección o fortalecimiento. Por tanto, su formulación no fue
prevista como una etapa obligatoria del procedimiento ni como una condición para
efectuar la calificación definitiva.

85. En consecuencia, la ausencia de un formato individual de plan de mejoramiento
no determina la invalidez de la evaluación, en especial porque se acreditaron
actuaciones materiales de seguimiento y acompañamiento y se informó al
demandante sobre los asuntos que requerían revisión y la necesidad de adoptar
acciones correctivas y preventivas.

2.5.4. Fundamentos de la calificación y valoración de las pruebas aportadas

86. El recurrente sostuvo que la calificación no reflejó la gestión que desarrolló
durante el período de prueba y que la entidad desconoció las evidencias favorables
aportadas para demostrar el cumplimiento de sus funciones.

87. En relación con el primer compromiso laboral, se estableció que el demandante
inició el período de prueba con 187 peticiones de procesos administrativos de
restablecimiento de derechos y que, al 30 de enero de 2019, permanecían activas
123 sin actualización de su estado.

88. Asimismo, en las revisiones efectuadas en septiembre de 2018 se encontraron
21 historias de atención sin gestión oportuna o sin soportes físicos de las
actuaciones realizadas. Las historias requeridas nuevamente en diciembre de ese
año no fueron entregadas para su verificación.

89. Respecto del segundo compromiso, los reportes del aplicativo SIM reflejaron 27
procesos PARD con inactividad de hasta 3 meses; 31, entre 4 y 6 meses; uno, entre
7 y 9 meses; 4, entre 10 y 12 meses; y 56, por más de 12 meses. También se
registraron 266 peticiones extraprocesales y 162 actuaciones sin evidencia de
actualización de su estado.

90. Esos hallazgos se encontraban relacionados con el compromiso consistente en
registrar de manera oportuna y con calidad las actuaciones en el aplicativo SIM,
gestionar las peticiones asignadas y llevar el control de los respectivos indicadores.

91. Frente al tercer compromiso, el demandante aportó oficios de citación judicial y
archivos digitales que contenían actas de conciliación y proyectos de demandas.
Sin embargo, en la revisión de 11 historias de atención se encontraron algunas sin
actuaciones posteriores a la audiencia o a la presentación de la demanda.

92. Asimismo, de los 90 documentos proyectados correspondientes a los años 2018
y 2019, solamente 15 se encontraban fechados dentro del período de prueba y

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carecían de firma. Por tal razón, la entidad estimó que los archivos restantes no
permitían acreditar que las actuaciones se hubieran realizado efectivamente
durante el lapso evaluado.

93. Lo anterior no significa que se hubieran desconocido las pruebas favorables
aportadas por el demandante. Al resolver los recursos, se contrastaron los 51 oficios
escaneados de solicitud de asistencia judicial con los asuntos que le habían sido
asignados y se estableció que correspondían a 47 acompañamientos a audiencias,
juicios o entrevistas.

94. También fueron examinadas las certificaciones expedidas por los despachos
judiciales, los proyectos de demandas, las actas de conciliación y los demás
documentos allegados por el recurrente. En particular, al resolver el recurso de
reposición, la entidad se pronunció sobre el argumento relativo a los hogares
gestores y constató que el dato acerca de su cierre al 31 de diciembre de 2018 era
consistente con el registro de resoluciones de cierre de los procesos administrativos
de restablecimiento de derechos a cargo del demandante. Por tanto, dicha
actuación fue valorada y reconocida como parte de la gestión desarrollada durante
el período de prueba.

95. No obstante, el reconocimiento del cierre de los hogares gestores no imponía por
sí solo una calificación satisfactoria, pues la evaluación comprendía tres
compromisos laborales y debía atender no solo la cantidad de gestiones reportadas,
sino también su oportunidad, calidad y acreditación. Además, dicha actuación no
desvirtuó los demás hallazgos que sustentaron la calificación, entre ellos, la
existencia de 123 peticiones de los procesos administrativos de restablecimiento de
derechos activas sin actualización de su estado, las historias de atención sin gestión
oportuna o sin soportes de las actuaciones realizadas, la falta de entrega de las
historias requeridas y las 162 actuaciones extraprocesales sin evidencia de
actualización. En consecuencia, aquella prueba acreditaba el cumplimiento de una
actividad específica, pero no el cumplimiento satisfactorio de la totalidad de los
compromisos laborales objeto de evaluación.

96. En cuanto a los demás documentos aportados por el actor, la entidad podía
establecer que no demostraban el cumplimiento del compromiso cuando carecían
de firma, fecha, constancia de radicación o correspondencia con el período
evaluado, sin que ello implicara desconocer su existencia.

97. Tampoco los testimonios de Elkin García Valencia y Rosalba Carlina Betancurt
Agudelo permitieron desvirtuar los fundamentos de la evaluación. El primero
conocía que el actor había asistido a algunos debates del Concejo Municipal y que
recibía correspondencia en las instalaciones del ICBF, pero desconocía las
circunstancias de la evaluación y las evidencias empleadas para asignar la
calificación.

98. La segunda declarante tenía conocimiento general de la vinculación y de las

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Demandante: Óscar Jaime Hernández

funciones desempeñadas por el demandante como defensor de familia. Sin
embargo, desconocía el procedimiento de evaluación, la calificación obtenida, las
razones de su retiro y los insumos valorados por la entidad.

99. En contraste, las coordinadoras del centro zonal y del Grupo de Asistencia
Técnica conocieron las actividades de seguimiento adelantadas durante el período
evaluado. Sus declaraciones coincidieron en cuanto a la existencia de asuntos sin
avance, actuaciones pendientes, información incompleta en el SIM y documentos
que no permitían acreditar debidamente las gestiones reportadas.

100. Tales manifestaciones no permanecieron aisladas, pues encontraron respaldo
en las historias de atención, los reportes del SIM, las actas de los comités de
procesos administrativos de restablecimiento de derechos, los informes de
asistencia técnica y los formatos de evaluación obrantes en el expediente.

101. En esas condiciones, se encuentra acreditado que la calificación se sustentó en
aspectos relacionados con los compromisos previamente fijados y que las pruebas
favorables aportadas por el demandante fueron examinadas, aunque no tuvieron el
alcance suficiente para modificar el resultado definitivo. Además, el puntaje se
estableció con la ponderación prevista en el artículo 17 del Acuerdo 565 de 2016,
según la cual los compromisos laborales representaban el 85% y las competencias
comportamentales el 15% de la calificación. Como el resultado definitivo fue de
60.21%, se ubicó en el nivel «no satisfactorio», de acuerdo con el artículo 15 de esa
normativa.

2.5.5. Procesos iniciados antes del período de prueba

102. El apelante cuestionó que para asignar la calificación se hubieran considerado
procesos iniciados o asignados durante su vinculación provisional, es decir, antes
del 1 de agosto de 2018.

103. Al comenzar el período de prueba, tales asuntos se encontraban a cargo del
demandante, y los compromisos concertados comprendían su impulso, definición y
actualización en el sistema de información. Por ello, su gestión durante el período
evaluado podía ser objeto de verificación, con independencia de la fecha en que
cada proceso hubiera sido iniciado.

104. La evaluación no estuvo dirigida a atribuirle responsabilidad por actuaciones u
omisiones anteriores al período de prueba, sino a determinar qué gestión adelantó
entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de enero de 2019 respecto de los asuntos que
se encontraban bajo su responsabilidad.

105. En efecto, lo relevante no era exclusivamente la fecha de apertura de cada
proceso, sino las actuaciones que debían adelantarse durante los seis meses
evaluados para impulsarlo, definir la situación jurídica correspondiente o actualizar
la información en el aplicativo SIM.

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106. Además, las pérdidas de competencia no constituyeron el único fundamento de
la calificación. También se tuvieron en cuenta los períodos de inactividad registrados
durante la evaluación, la falta de actualización del SIM, la ausencia de soportes
físicos, las historias de atención no entregadas y los documentos que no
acreditaban la realización efectiva de las actuaciones reportadas.

107. De este modo, la inclusión de asuntos iniciados durante la vinculación
provisional no demuestra que se hubiera evaluado al actor por hechos ajenos al
período de prueba, pues la calificación recayó sobre la actividad que debía
desplegar respecto de la carga laboral que se encontraba a su cargo.

2.5.6. Duración del período de prueba

108. El recurrente también sostuvo que la entidad prolongó el período de prueba más
allá de los 6 meses previstos en el acto de nombramiento.

109. El numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.25 del
Decreto 1083 de 2015 establecieron que el nombramiento en período de prueba
tendría una duración de 6 meses. Por su parte, el artículo 35 del Acuerdo 565 de
2016 dispuso que la calificación definitiva debía producirse dentro de los 10 días
siguientes a su finalización.

110. En el caso concreto, el período de prueba comenzó el 1 de agosto de 2018 y
finalizó el 30 de enero de 2019. La calificación fue puesta en conocimiento del
demandante el 13 de febrero siguiente y no se acreditó que para establecerla se
hubieran valorado actuaciones posteriores al 30 de enero de 2019.

111. La resolución de los recursos en marzo y noviembre de 2019 y la posterior
expedición del acto de insubsistencia no prolongaron el período evaluado. Esas
actuaciones correspondieron al ejercicio del derecho de contradicción y a la firmeza
de la calificación, requisito exigido por el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015
y el artículo 44 del Acuerdo 565 de 2016 para que pudiera declararse insubsistente
el nombramiento.

112. Por tanto, las actuaciones posteriores al 30 de enero de 2019 no implicaron una
ampliación del período de prueba, pues la valoración continuó referida al
desempeño desarrollado durante los seis meses previstos legalmente.

2.5.7. Motivación de la evaluación y de los actos acusados

113. Finalmente, el apelante sostuvo que la declaratoria de insubsistencia incurrió en
falsa motivación, debido a que la calificación no satisfactoria carecía de soporte
suficiente y no correspondía con las actividades que desarrolló durante el período
de prueba.

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114. Conforme con el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 44 del
Acuerdo 565 de 2016, el retiro del servidor que no superó el período de prueba
requería que la calificación no satisfactoria estuviera en firme y que el nominador
expidiera una resolución motivada.

115. En el presente asunto, el formato F3 contiene observaciones específicas
relacionadas con cada uno de los compromisos laborales. En dicho instrumento se
relacionaron las historias de atención revisadas, las actuaciones encontradas, los
reportes del SIM, los periodos de inactividad y las deficiencias advertidas en los
documentos aportados por el evaluado.

116. Lacalificación, por consiguiente, no se limitó a la expresión numérica de
60.21%, sino que estuvo acompañada de los hechos y evidencias que sustentaron
la puntuación asignada a cada compromiso. A su vez, las resoluciones 0717 y
11039 de 2019 examinaron los reparos formulados por el actor, contrastaron las
pruebas aportadas con la información institucional y expusieron las razones por las
cuales aquellas no modificaban el resultado definitivo.

117. Una vez resueltos los recursos y en firme la calificación no satisfactoria,
mediante la Resolución 11502 del 10 de diciembre de 2019 se declaró insubsistente
el nombramiento. Posteriormente, la Resolución 12060 del 31 de diciembre
siguiente estudió los cuestionamientos relacionados con la concertación de los
compromisos, la competencia de la evaluadora y el procedimiento adelantado.

118. Así, la motivación de los actos acusados debe apreciarse conjuntamente con la
evaluación y con las decisiones que resolvieron los recursos, pues estas
constituyeron sus antecedentes administrativos inmediatos y explicaron tanto el
resultado no satisfactorio como la consecuencia jurídica aplicada por el nominador.

119. De las pruebas documentales y testimoniales se encuentra acreditado que los
hechos considerados por la entidad existieron y se relacionaron con el cumplimiento
de los compromisos previamente concertados. Aunque el actor desarrolló algunas
actuaciones y demostró su participación en diligencias judiciales, ello no desvirtuó
los demás hallazgos ni acreditó el cumplimiento satisfactorio de la totalidad de los
compromisos.

120. En particular, subsistieron los hallazgos relacionados con procesos sin avance,
períodos prolongados de inactividad, actuaciones no actualizadas en el SIM,
historias de atención no aportadas y documentos que carecían de firma, fecha o
constancia de radicación.

121. Así las cosas, no se demostró que la calificación estuviera fundada en hechos
inexistentes, apreciaciones arbitrarias o razones ajenas al desempeño del empleo.
Tampoco se acreditó una irregularidad procedimental con incidencia suficiente para
afectar la validez de la declaratoria de insubsistencia.

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122. En consecuencia, al encontrarse en firme la calificación no satisfactoria y no
haberse acreditado irregularidades sustanciales en el procedimiento de evaluación,
la declaratoria de insubsistencia correspondía a la consecuencia prevista en el
numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.25 y 2.2.8.2.1
del Decreto 1083 de 2015 y en el artículo 44 del Acuerdo 565 de 2016. Por
consiguiente, la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de las
Resoluciones 11502 y 12060 de 2019 ni demostró la configuración de la falsa
motivación o del desconocimiento del debido proceso alegados en el recurso de
apelación.

2.6. Costas

123. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

124. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

125. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.

126. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

127. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera
instancia por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto y se abstendrá de
condenar en esta.

57 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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3. Conclusión

128. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la evaluación del
desempeño del demandante durante el período de prueba se sustentó en los
compromisos previamente fijados, en las evidencias establecidas para su
verificación y en los informes y soportes relacionados con la gestión desarrollada.

129. Asimismo, no se demostró que la coordinadora del Centro Zonal Occidente
hubiera sustituido a la funcionaria competente para evaluar, que el actor hubiera
carecido de seguimiento durante el período de prueba, que las pruebas favorables
aportadas hubieran sido desconocidas o que el lapso objeto de valoración se
hubiera prolongado más allá de los seis meses establecidos.

130. Por consiguiente, no se configuraron la falsa motivación ni la vulneración del
debido proceso alegadas contra las resoluciones 11502 y 12060 de 2019, razón por
la cual se confirmará la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la
demanda. No obstante, se revocará la condena impuesta en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 17 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de
Decisión y, en su lugar, se dispone no condenar en costas de primera instancia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 17 de enero de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Óscar Jaime Hernández contra el ICBF,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

37

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00014-01 (0676-2025)
Demandante: Óscar Jaime Hernández

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

38

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