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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00235-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00235-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Colpensiones contra José Gildardo Castro Aguirre, por las razones expuestas en la parte motiva 16 Radicado: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025) Demandante: Colpensiones de esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Aclara voto Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 17

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00235-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: José Gildardo Castro Aguirre

Temas: Pensión de sobreviviente. Devolución de sumas. Prescripción.
Costas

Sentencia segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 000748 del 1 de abril de 2011, mediante
la cual el extinto Instituto de Seguros Sociales3 reconoció una sustitución pensional
a José Gildardo Castro Aguirre en calidad de cónyuge de la causante Luz Elena
García Hernández, en un porcentaje del 100%, efectiva a partir del 7 de agosto de
20104.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En lo sucesivo Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
3 En lo que sigue ISS.
4 Tribunales y Juzgados. Ver ítem 35. La demanda fue presentada el 25 de agosto de 2020.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025)
Demandante: Colpensiones

solicitó (i) el reintegro de las sumas pagadas a José Gildardo Castro Aguirre por
concepto de mesadas pensionales, retroactivo y aportes al sistema de seguridad
social en salud, derivados del reconocimiento de la sustitución pensional, por valor
de $79.375.476; (ii) la indexación de las sumas que resultaran; (iii) el pago de los
intereses a que hubiera lugar; y (iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luz Elena García Hernández fue afiliada del ISS y falleció el 7 de agosto de
2010.

3.2. El 20 de enero de 2011 José Gildardo Castro Aguirre solicitó que se le
sustituyera la pensión de su cónyuge Luz Elena García Hernández, para lo cual
adjuntó «declaraciones juramentadas en las cuales manif[estó] haber convivido con la
causante desde el 27 de enero de 1979 hasta el 7 agosto de 2010, techa en la cual fallece
[…]» [sic].

3.3. A través de la Resolución 000748 del 01 de abril de 2011, el extinto ISS, en la
actualidad Colpensiones, accedió al reconocimiento pensional pretendido.

3.4. El referido reconocimiento pensional también fue solicitado por Francisco Javier
Henao Posada, el cual fue negado a través de la Resolución 3773 del 5 de octubre
de 2011, porque la prestación ya se encontraba reconocida a otro beneficiario.

3.5. Al advertir la existencia de 2 reclamaciones pensionales, Colpensiones revisó el
expediente de la causante y la Gerencia de Prevención del Fraude de la entidad
inició, a través del Auto 258 del 25 de abril de 2018, la Investigación Administrativa
Especial 66-2018, con el fin de establecer la existencia de posibles irregularidades
en el reconocimiento efectuado a José Gildardo Castro Aguirre.

3.6. El auto de apertura de la investigación fue comunicado al interesado el 21 de
mayo de 2018. Dentro del término concedido para ejercer su derecho de defensa,
aquel manifestó que, «a pesar que se deshizo el vínculo matrimonial con LUZ HELENA
[sic] GARCÍA HERNÁNDEZ, siempre estuvimos juntos, convivimos bajo el mismo techo,
desde el año 1975, hasta la fecha de su muerte, fruto de la unión tenemos 4 hijos, todos
mayores de edad» [sic].

3.7. En el marco de la investigación, el Consorcio Cosinte-RM elaboró el informe
«COLCO -89358 […] entre el 21 de marzo y el 04 de abril de 2018», en el cual concluyó
que no se había acreditado la convivencia entre José Gildardo Castro Aguirre y la
causante durante sus últimos 5 años de vida. Para ello, se tuvieron en cuenta las
entrevistas adelantadas a un hijo de aquella y a uno común, entre otros, quienes
refirieron que la pareja estuvo casada y que habían convivido desde el año 1979
hasta 1988 o 1990 aproximadamente, y que desde este último año la causante

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Demandante: Colpensiones

había consolidado una relación con Francisco Javier Henao Posada hasta su
fallecimiento.

3.8. En el registro de matrimonio de la causante y José Gildardo Castro Aguirre,
expedido el 15 de marzo de 2018, constaba una nota marginal relacionada con la
separación y liquidación de la sociedad conyugal.

3.9. A través del Auto 0557 del 26 de abril de 2019, se cerró la investigación especial.
Allí se concluyó que el pensionado «no convivía con la causante, y que mintió al
momento de presentar las pruebas de convivencia marital para ser beneficiario de la
pensión de sobreviviente» [sic].

3.10. Con fundamento en los resultados de la investigación, Colpensiones expidió la
Resolución SUB 136767 del 31 de mayo de 2019, mediante la cual revocó la
Resolución 000748 del 1 de abril de 2011, por medio de la cual se había reconocido
la pensión de sobrevinientes, le negó el derecho a José Gildardo Castro Aguirre y
dispuso su retiro de la nómina de pensionados.

3.11. Por medio de la Resolución SUB 151238 del 13 de junio 2019, Colpensiones
solicitó a José Gildardo Castro Aguirre, «el REINTEGRO de la totalidad de los recursos
girados a título de mesadas, retroactivo y aportes a salud por valor de SETENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS M/CTE.($ 79.375.476), valores pagados por concepto de Sustitución
Pensional correspondientes 100%, de las mesadas de agosto de 2010 a mayo de 2019 y
aportes en salud de marzo de 2011 a mayo de 2019, aportes en salud con vigencia de abril
de 2011 a junio de 2019» [sic].

3.12. Contra la decisión de revocatoria y orden de reintegro aquel interpuso los
recursos de reposición y apelación. La Resolución SUB 136767 del 31 de mayo de
2019 fue confirmada por medio de las resoluciones SUB 211583 del 6 de agosto de
2019 y DPE 10729 del 2 de octubre de 2019.

3.13. A su vez, la Resolución SUB 151238 del 13 de junio 2019, fue confirmada
mediante las resoluciones SUB 216716 del 13 de agosto de 2019 y DPE 10875 del
4 de octubre de 2019.

1.1.3. Norma violada y concepto de violación

4. Como tal se señaló el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente:

5.1. El acto acusado era nulo porque el reconocimiento de la prestación fue irregular
y contrario a derecho ante el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 [modificado por la Ley 797 de 2003], pues el demandado
no acreditó la convivencia mínima de 5 años con la causante antes de su

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Demandante: Colpensiones

fallecimiento, hallazgo que se confirmó con la investigación administrativa especial.

5.2. Las irregularidades advertidas en el reconocimiento permitieron acudir al
procedimiento de revocatoria directa previsto en el artículo 19 de la Ley 797 de
2003. Con fundamento en esa disposición y en los criterios de la sentencia SU-182
de 2019 de la Corte Constitucional, Colpensiones revocó la Resolución 000748 del
1 de abril de 2011, mediante la cual el entonces ISS había reconocido una pensión
de sobrevivientes a José Gildardo Castro Aguirre.

5.3. La revocatoria directa producía efectos hacia futuro, de manera que la
administración carecía de competencia para recuperar por cuenta propia los valores
ya pagados. Así entonces, se hacía necesario acudir al juez administrativo para
obtener la nulidad del acto de reconocimiento, retrotraer sus efectos y ordenar el
reintegro de los dineros percibidos indebidamente por el demandado.

1.2. Contestación de la demanda

6. El curador ad litem designado para representar al demandado, luego de referir
que había intentado de forma infructuosa su ubicación, no aceptó ni se opuso a las
pretensiones de la demanda por lo que se atendría a lo probado en el proceso,
«debido al actual desconocimiento [acerca de] las condiciones de tiempo, modo y lugar que
han generado» la controversia en cuestión5.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia
proferida el 20 de junio de 2025 resolvió6:

«PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 000748 de 01 de abril de 2011,
por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales (Hoy Colpensiones) concedió
pensión de sobrevivientes al señor José Gildardo Castro Aguirre en calidad de cónyuge
de la señora Luz Elena García Hernández, de conformidad con las consideraciones
expuestas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al señor JOSÉ
GILDARDO CASTRO AGUIRRE identificado con la cédula de ciudadanía No.
10.232.322, a devolver a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES,
las sumas que devengó por concepto de mesadas de la pensión de sobrevivientes
reconocida mediante la Resolución No. 000748 de 2011, desde el 25 de agosto de 2017
en virtud de la prescripción trienal y hasta el momento en que Colpensiones suspendió
el pago en cumplimiento de la Resolución No. SUB 136767 del 31 de mayo de 2019.

[…]

QUINTO: AUTORIZAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que para hacer

5 Tribunales y Juzgados. Ver ítem 35.
6 Tribunales y Juzgados. Ver ítem 49.

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Demandante: Colpensiones

efectiva la devolución de los dineros recibidos por concepto de la pensión de
sobrevivientes por parte del señor José Gildardo Castro Aguirre, suscriba con éste un
acuerdo de reembolso que preste mérito ejecutivo, en condiciones tales que los montos
y plazos acordados para tal efecto no pongan en situaciones de indignidad al obligado
teniendo en cuenta sus condiciones socio económicas, con la exigencia de las garantías
que considere necesarias.

SEXTO: No condenar en costas ni agencias en derecho en esta instancia, y sin lugar a
fijar honorarios ni gastos al curador ad litem, por las consideraciones expuestas. […]»
[sic].

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. Mediante la Resolución 000748 del 1 de abril de 2011, el ISS reconoció a José
Gildardo Castro Aguirre, en calidad de cónyuge, la sustitución de la pensión de
invalidez otorgada a Luz Elena García Hernández, quien falleció el 7 de agosto de
2010, Posteriormente, dicha decisión fue revocada por la entidad con fundamento
en la investigación administrativa especial 66-18 y en el informe investigativo
COLCO-89358, elaborado entre el 21 de marzo y el 4 de abril de 2018.

8.2. En el marco de esa investigación se recibieron versiones de hijos y familiares
de la causante quienes, si bien reconocieron su vínculo matrimonial y convivencia
de la pareja hasta el «divorcio proferido por el Tribunal Superior de Manizales el día 04
de septiembre de 1990», también refirieron que posteriormente la causante «inició [de]
una relación con el señor Francisco Javier Henao Posada con quien convivió hasta el
momento de su fallecimiento».

8.3. Aunque no fueron aportadas al proceso las entrevistas practicadas durante la
investigación y únicamente se contaba con su reproducción en el Auto 0557-19 del
26 de abril de 2019, expedido por la Gerencia de Prevención del Fraude de la
entidad, esa circunstancia no permitía desestimar las conclusiones de la actuación
administrativa, porque dichas versiones encontraban respaldo en los demás
elementos de prueba.

8.4. Se encontró acreditado que José Gildardo Castro Aguirre y Luz Elena García
Hernández contrajeron matrimonio católico el 27 de enero de 1979 y que, mediante
sentencia proferida el 4 de septiembre de 1990, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, decretó la separación de cuerpos indefinida y la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal de bienes formada ante la solicitud de mutuo
acuerdo presentada. También, que entre ambos ya no existía una sociedad
conyugal vigente, la cual fue liquidada de mutuo acuerdo desde el año 1990, por lo
que el demandado en principio no podía ser considerado beneficiario del derecho
pensional que reclamó.

8.5. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la
Ley 797 de 2003, norma vigente al momento del fallecimiento de la causante, para
ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes debía acreditarse el requisito de
convivencia en los términos previstos por la ley. Aunque la jurisprudencia

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Demandante: Colpensiones

constitucional ha admitido que la disolución de la sociedad conyugal no impide por
sí sola el reconocimiento de la prestación cuando se demuestra la subsistencia de
una comunidad de vida7, en el caso concreto esa circunstancia no fue acreditada.

8.6. José Gildardo Castro Aguirre pretendió acreditar la convivencia por medio de
declaraciones extraprocesales de Guillermo Hurtado Pineda y Sandra Marcela
Meza Vargas, quienes manifestaron que les constaba que él dependía
económicamente y en todo sentido de la causante y que vivieron juntos bajo el
mismo techo hasta el día de su fallecimiento. Sin embargo, posteriormente aquellos
se retractaron al señalar que no les constaba de forma personal los hechos que
habían manifestado.

8.7. Las versiones de los hijos de la causante, rendidas a través de declaraciones
extraprocesales y ante Colpensiones a lo largo de los años, fueron claras en señalar
que José Gildardo Castro Aguirre y Luz Elena García Hernández dejaron de convivir
desde el año 1990, cuando se llevó a cabo el proceso de separación de cuerpos.

8.8. En consecuencia, se desvirtuó el cumplimiento del requisito de la convivencia
exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que hiciera al demandado
beneficiario del derecho pensional reconocido a la causante, «al acreditarse que la
sociedad conyugal entre ambos fue liquidada en el año 1990 y al no aportarse pruebas que
dieran cuenta de la existencia de una convivencia continua, constante y permanente bajo
un mismo techo durante los últimos 5 años de vida de la causante» [sic].

8.9. Era procedente ordenar el reintegro o devolución de los valores pagados a José
Gildardo Castro Aguirre por concepto de la pensión de sobreviviente, quien se
benefició y lucró con su reconocimiento, «siendo incluido en nómina de pensionados,
teniendo pleno conocimiento que desde el año 1990 ya no convivía con la señora García y
que su sociedad conyugal se encontraba liquidada, agotando actuaciones administrativas»
[sic]. Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en concordancia
con el artículo 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011, modificado por la
Ley 2080 de 2021, en el asunto quedó acreditado que el derecho pensional se
obtuvo de manera fraudulenta, pues:

«[…] no obró con buena fe, como quiera que para obtener el reconocimiento pensional
aportó al trámite administrativo registro civil de matrimonio omitiendo informar que desde
1990 se presentó una separación de cuerpos de carácter indefinido y se decretó por
parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de decisión Civil, la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal, aprovechando que la copia obtenida
del registro no daba cuenta de ello.

Así mismo, el demandado en la actuación administrativa suscribió personalmente una
declaración extraprocesal aseverando bajo juramento que convivió con la señora Luz
Elena García Hernández hasta el momento de su fallecimiento el 07 de agosto de 2010,
cuando ello no era así desde 1990. […]» [sic].

7 Sentencia T-401 del 22 de noviembre de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera. Expediente T-8.103.055.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025)
Demandante: Colpensiones

8.10. De acuerdo con los artículos 102 del Decreto 1848 de 1969 y 488 del CST y la
jurisprudencia del Consejo de Estado8, el fenómeno de la prescripción procedía en
asuntos en los que una entidad pública demandaba su propio acto «desde la fecha a
partir de la cual se efectuó el reconocimiento pensional, hasta los tres años anteriores al
momento en que la entidad pública presentó la demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo». Así, en el caso concreto, era «dable ordenar el pago de lo
percibido por el señor José Gildardo Castro Aguirre por concepto de mesadas por pensión
de sobrevivientes desde el 25 de agosto de 2017, en virtud de la prescripción trienal
interrumpida con la presentación de la demanda el 25 de agosto de 2020, y hasta el
momento en que Colpensiones suspendió el pago en cumplimiento de la Resolución No.
SUB 136767 del 31 de mayo de 2019» [sic].

8.11. No condenó en costas, toda vez que no se acreditó su causación. Asimismo,
no procedía dicha condena cuando una entidad pública demandaba su propio acto
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4. El recurso de apelación

9. Colpensiones solicitó que se revocara la decisión de instancia, únicamente en lo
relacionado con la declaratoria de prescripción de las mesadas pensionales
percibidas por José Gildardo Castro Aguirre con anterioridad al 25 de agosto de
2017, que «limit[ó] así el reintegro únicamente al periodo comprendido entre esa fecha y
mayo de 2019», y con la no condena en costas, con fundamento en los siguientes
argumentos9:

9.1. La aplicación de la figura de la prescripción resultaba improcedente, por cuanto
la controversia giró en torno a recursos del sistema general de pensiones, con

8 Refiere la cita: «Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2018. Radicación:

5200123310002012001702 (2740 17). Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscal de la Protección Social (UGPP) Sección Segunda, Subsección A.
sentencia del 21 de junio de 2018, exp: 1031-16), actor: UGPP. consejero Ponente: William
Hernández Gómez. En la citada providencia se dijo lo siguiente: […] Cuarto problema jurídico: ¿Las
mesadas pensionales se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción? La prescripción
es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier
clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como
concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo».
Al respecto, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispone: «Prescripción de acciones: las
acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se ha hecho
exigible». Con fundamento en la normativa anterior, la Subsección98 ha considerado que la misma
no hizo diferencia alguna entre que la acción sea interpuesta por un empleado o por una entidad
pública en acción de lesividad, de modo que se decretará la prescripción del derecho a recobrar las
mesadas pensionales pagadas desde la fecha a partir de la cual se efectuó el reconocimiento
pensional, esto es, 15 de febrero de 2005, hasta los tres años anteriores al momento en que presentó
la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, 28 de mayo de 2012, fecha
a partir de la cual se interrumpe la prescripción. Así las cosas, se declarará la prescripción de las
mesadas pagadas entre el 15 de febrero de 2005 y 28 de mayo de 2009. Citado por: CONSEJO DE
ESTADO Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno
(2021). Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-18) Actor: Unidad
Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social
– UGPP Demandado: Omaira Córdoba Montaña».
9 Tribunales y Juzgados. Ver ítem 43.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025)
Demandante: Colpensiones

naturaleza jurídica pública y destinación específica, los cuales no podían ser objeto
de saneamiento, consolidación ni apropiación en cabeza de quien los hubiera
percibido sin justa causa y más, con «un presunto fraude en la obtención del beneficio».

9.2. Permitir la prescripción de esas sumas equivaldría a consolidar la apropiación
de recursos públicos obtenidos irregularmente y afectaría el patrimonio público y la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por tanto, debía ordenarse el
reintegro de la totalidad de los pagos efectuados desde el reconocimiento de la
prestación, sin limitación temporal.

9.3. El demandado debió ser condenado en costas, porque la entidad tuvo que
desplegar diferentes actuaciones administrativas y judiciales para la defensa de sus
intereses y asumir gastos de representación. Además, con fundamento en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso10 y en la sentencia
C-157 de 2013, la condena procedía por haber resultado vencida la parte
demandada en el proceso.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 12.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente
para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».

2.2. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta
instancia se contraen a determinar:

10 En lo que sigue CGP.
11 Ver ítem 4 de Samai.
12 Ver ítem 9 de Samai.

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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00235-01 (2201-2025)
Demandante: Colpensiones

13.1. ¿siresulta procedente aplicar la prescripción trienal a las sumas cuya
devolución fue ordenada, pese a que se acreditó que el reconocimiento pensional
se obtuvo mediante actuaciones contrarias a la buena fe ?

13.2. ¿si hay lugar a condenar en costas al demandado?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la prescripción

14. La prescripción, para efectos del caso en estudio, constituye una forma de
extinción de las acciones y acreencias de carácter laboral o prestacional que se
materializa con el paso del tiempo y la inactividad del titular. En cuanto a las normas
que rigen esta figura se encuentran:

15. El Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales», en su artículo 41 dispone:

Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.

16. En igual línea el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135
de 1968», en su artículo 102 establece:

Artículo 102.- Prescripción de acciones

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.

17. Por su parte, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo 13 prevé, como
regla general, que las acciones correspondientes a los derechos regulados en ese
estatuto prescriben en 3 años contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible.

18. En cuanto a la aplicación del fenómeno de la prescripción cuando una entidad
pública demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y

13 En lo sucesivo CST.

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Demandante: Colpensiones

restablecimiento del derecho, la Sección Segunda de esta corporación ha
considerado que el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 no estableció diferencia
entre la acción promovida por el titular de la prestación y aquella ejercida por una
entidad pública, por lo que también procede el derecho a recobrar las mesadas
pensionales pagadas con anterioridad a los 3 años previos a la presentación de la
demanda14.

19. En sentencia del 11 de marzo de 202115, la Subsección A reiteró la anterior regla
al resolver una demanda en la que la entidad pública demandó su propio acto y en
la que se desvirtuó la buena fe de la beneficiaria y se ordenó la devolución de las
sumas recibidas por concepto de pensión. En esa oportunidad se aplicó la
prescripción trienal y se limitó el recobro a las mesadas no afectadas por dicho
fenómeno.

20. De acuerdo con lo anterior, la prescripción trienal también resulta aplicable a las
pretensiones de recobro formuladas por las entidades públicas en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra sus propios actos,
de manera que solo pueden recuperarse las sumas no afectadas por dicho
fenómeno.

2.3.2. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo

21. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

22. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

23. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 8 de febrero de 2018,
radicado 52001-23-31-000-2012-00170-02 (2740-17) y del 21 de junio de 2018, radicado 52001-23-
31-000-2012-00187-01 (1031-16).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021, radicado

15001-23-33-000-2014-00301-01 (4976-18).

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medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma16.

24. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas17.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

25. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente18:

25.1. JoséGildardo Castro Aguirre y Luz Elena García Hernández contrajeron
matrimonio católico el 27 de enero de 1979 en la parroquia Nuestra Señora de
Fátima de Manizales19.

25.2. Mediante sentencia del 4 de septiembre de 1990, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Civil, decretó la separación de
cuerpos, de carácter indefinido, entre José Gildardo Castro Aguirre y Luz Elena
García Hernández, así como la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. La
decisión tuvo origen en la petición formulada de común acuerdo por los cónyuges20.

25.3. A través de la Resolución 1940 del 26 de marzo de 2008, el ISS reconoció a
Luz Elena García Hernández una pensión de invalidez por riesgo común, efectiva a
partir del 1 de abril de 200821.

25.4. El 2 de abril de 2010 Luz Elena García Hernández presentó ante Salud Total
EPS una petición dirigida a retirar a José Gildardo Castro Aguirre como beneficiario
de su afiliación. En el documento expresó que no tenía vínculo con aquel y anexó
copia de la decisión del 4 de septiembre de 199022.

25.5. Luz Elena García Hernández falleció el 7 de agosto de 2010 en Pereira 23.

16 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
17 En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 28 de mayo

de 2026, radicado 23001-23-33-000-2018-00334-01 (0509-2026); del 17 de julio de 2026, radicado
76001-23-33-001-2014-00660-01 (1112-2025); y del 6 de agosto de 2026, radicado 17001-23-33-
000-2021-00014-01 (0676-2025).
18 Samai tribunales. Índice 35, documento «62ED_Anexossubs_CC30270003zip(.zip) NroActua 35»,

carpeta «62_EXPEDIENTEDIGI_Anexossubs_CC30270003zip_0_20250617150618506». En
adelante se hará mención del archivo correspondiente dentro de la referida carpeta.
19 Archivo «00107117000000030270003008401A».
20 Archivos «00178936000000030270003000801A» a «00178936000000030270003001001B» y

«00178936000000030270003000701A» y «00178936000000030270003000701B».
21 Archivo «30270003.PDF».
22 Archivo «GEN-ANX-CI-2017_5053752-20170518093604».
23 Archivos «00107117000000030270003008301A» y «00107117000000030270003008301B».

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25.6. Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2010, José Gildardo Castro
Aguirre, Guillermo Hurtado Pineda y Sandra Marcela Meza Vargas rindieron
declaraciones extraprocesales ante la Notaría Segunda del Círculo de Manizales.
El primero manifestó que había convivido con Luz Elena García Hernández, bajo
igual techo, desde el 27 de enero de 1979 hasta su fallecimiento. Por su parte,
Guillermo Hurtado Pineda y Sandra Marcela Meza Vargas expresaron que les
constaba que la pareja había convivido bajo el mismo techo hasta el 7 de agosto de
201024.

25.7. El 20 de enero de 2011 José Gildardo Castro Aguirre presentó ante el ISS
solicitud de pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge. En el formulario de
reclamación se registró como período de convivencia el comprendido entre el 27 de
enero de 1979 y el 7 de agosto de 201025.

25.8. Mediante la Resolución 000748 del 1 de abril de 2011, el ISS reconoció a José
Gildardo Castro Aguirre, en calidad de cónyuge, el 100% de la pensión de
sobrevivientes causada por el fallecimiento de Luz Elena García Hernández, con
efectos a partir del 7 de agosto de 201026.

25.9. El 23 de abril de 2013 Guillermo Hurtado Pineda y Sandra Marcela Meza
Vargas se retractaron de las declaraciones extraprocesales que habían rendido en
2010. El primero expresó que la información suministrada no le constaba de forma
personal y que nunca conoció a Luz Elena García Hernández. La segunda
manifestó que la información tampoco le constaba personalmente y que había sido
«asaltada en [su] buena fe» por José Gildardo Castro Aguirre27.

25.10. Mediante Auto 258 del 25 de abril de 2018, la Gerencia de Prevención del
Fraude de Colpensiones abrió la Investigación Administrativa Especial 66-2018, con
el propósito de revisar los hechos y documentos que sirvieron de fundamento para
la expedición de la Resolución 000748 del 1 de abril de 2011. Esta decisión fue
comunicada a José Gildardo Castro Aguirre el 21 de mayo de 2018 y se le concedió
la oportunidad de presentar argumentos y aportar o solicitar pruebas. Dentro de ese
término, mediante escrito del 5 de junio de 2018, manifestó que, pese a haberse
deshecho el vínculo matrimonial con Luz Elena García Hernández, «siempre
estuvimos juntos, convivimos bajo el mismo techo, desde el año 1975, hasta la fecha de su
muerte [...]» [sic]28.

25.11. A través del Auto 0557-19 del 26 de abril de 2019, la Gerencia de Prevención

24 Archivos «00107117000000030270003010801A», «00107117000000030270003010801B»
«00107117000000030270003010901A», «00107117000000030270003010901B»,
«00107117000000030270003011001A» y «00107117000000030270003011001B».
25 Archivos «00107117000000030270003000101A» y «00107117000000030270003000101B».
26 Archivo «GRF-AAT-RP-2019_6909486_9-20190531014306».
27 Archivo «GEN-ANX-CI-2017_5053752-20170518093604».
28 Archivos «GEN-REQ-IN-2018_5624753-20180517013035» y «GEN-REQ-IN-2019_5774054-

20190503124143».

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Demandante: Colpensiones

del Fraude cerró la Investigación Administrativa Especial 66-2018. En dicha
actuación se dejó consignado que José Gildardo Castro Aguirre y Luz Elena García
Hernández no convivieron durante los últimos 5 años de vida de esta y que aquel
había presentado una copia del registro de matrimonio sin la nota marginal
correspondiente a la separación y liquidación de la sociedad conyugal. También se
hizo referencia a la manifestación presentada por el interesado el 5 de junio de 2018,
según la cual, pese a la disolución del vínculo, había continuado la convivencia con
la causante hasta su fallecimiento29.

25.12. Con fundamento en los resultados de la investigación, mediante la Resolución
SUB 136767 del 31 de mayo de 2019, Colpensiones revocó la Resolución 000748
del 1 de abril de 2011, negó la sustitución pensional a José Gildardo Castro Aguirre
y dispuso su retiro de la nómina de pensionados30.

25.13. A través de la Resolución SUB 151238 del 13 de junio de 2019, Colpensiones
ordenó a José Gildardo Castro Aguirre reintegrar la suma de $79.375.476 por
concepto de mesadas pensionales, retroactivo y aportes al sistema de salud
pagados con ocasión del reconocimiento de la sustitución pensional. La suma
correspondía a los pagos efectuados por mesadas entre agosto de 2010 y mayo de
2019 y a los respectivos aportes al sistema de salud31.

25.14. La Resolución SUB 136767 del 31 de mayo de 2019 fue confirmada mediante
las resoluciones SUB 211583 del 6 de agosto de 2019 y DPE 10729 del 2 de octubre
de 2019. A su vez, la Resolución SUB 151238 del 13 de junio de 2019 fue
confirmada mediante las resoluciones SUB 216716 del 13 de agosto de 2019 y DPE
10875 del 4 de octubre de igual año32.

2.4.2. Análisis sustancial

26. El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual
declaró la nulidad de la Resolución 000748 del 1 de abril de 2011 y ordenó a José
Gildardo Castro Aguirre devolver las sumas percibidas por concepto de la pensión
de sobrevivientes. No obstante, declaró de oficio la prescripción trienal respecto de
los valores pagados con anterioridad al 25 de agosto de 2017, por lo que limitó el
reintegro al período comprendido entre esa fecha y el momento en que
Colpensiones suspendió el pago de la prestación. Asimismo, se abstuvo de
condenar en costas.

27. Lo anterior, porque estaba acreditado que el demandado no cumplió con el
requisito de convivencia exigido para ser beneficiario de la prestación y que actuó
de mala fe para obtener su reconocimiento. Sin embargo, la prescripción trienal

29 Archivo «GEN-REQ-IN-2019_5774054-20190503124143».
30 Archivo «GRF-AAT-RP-2019_6909486_9-20190531014306».
31 Archivo «GRF-AAT-RP-2019_7918731_9-20190613011857».
32Archivos «GRF-AAT-RP-2019_7949242-20190806100236», «GRF-AAT-RP-2019_7949242_2-
20191002040325», «GRF-AAT-RP-2019_8547370-20190813093148» y «GRF-AAT-RP-
2019_8547370_2-20191004051747».

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también resultaba aplicable al recobro de mesadas pensionales cuando la entidad
pública demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

28. En contra de esta decisión, Colpensiones presentó recurso de apelación con
fundamento en que la prescripción no resultaba aplicable a las sumas objeto de
devolución, debido a que correspondían a recursos públicos del Sistema General
de Pensiones, con destinación específica, que habían sido obtenidos mediante
actuaciones fraudulentas. Por ello, estimó que debía ordenarse el reintegro de la
totalidad de los valores pagados desde el reconocimiento de la prestación.

29. También cuestionó la decisión de no condenar en costas al demandado, pues la
entidad tuvo que desplegar distintas actuaciones administrativas y judiciales para
procurar la recuperación de los recursos.

30. En este sentido, la controversia se contrae a determinar si la circunstancia de
haberse acreditado que el reconocimiento pensional se obtuvo mediante
actuaciones contrarias a la buena fe impide aplicar la prescripción trienal a las
sumas objeto de devolución y, de otra parte, si procede imponer al demandado
costas en la primera instancia.

31. En el expediente se encuentra acreditado que mediante la Resolución 000748
del 1 de abril de 2011 se reconoció a José Gildardo Castro Aguirre la pensión de
sobrevivientes causada por el fallecimiento de Luz Elena García Hernández, con
efectos a partir del 7 de agosto de 2010. También se probó que, pese a que desde
el 4 de septiembre de 1990 se había decretado la separación indefinida de cuerpos
y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, aquel manifestó bajo juramento
que había convivido con la causante bajo el mismo techo desde el 27 de enero de
1979 hasta su fallecimiento.

32. A lo anterior se sumó que 2 de las personas que inicialmente respaldaron la
supuesta convivencia se retractaron posteriormente de sus declaraciones. Una de
ellas manifestó que nunca conoció a Luz Elena García Hernández y la otra expresó
que los hechos declarados no le constaban personalmente. Asimismo, obra la
petición presentada por la causante ante Salud Total el 2 de abril de 2010, mediante
la cual pidió retirar a José Gildardo Castro Aguirre como beneficiario y expresó que
con aquel no tenía vínculo alguno.

33. Estos elementos llevaron al tribunal a tener por desvirtuada la buena fe del
demandado y a ordenar la devolución de las sumas percibidas. Tal determinación
no es objeto de controversia en esta instancia, pues el recurso de Colpensiones se
dirigió exclusivamente contra la limitación temporal del reintegro derivada de la
prescripción y contra la decisión relacionada con la no condena en costas.

34. Ahora bien, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la Sección
Segunda de esta corporación ha considerado que el artículo 102 del Decreto 1848

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de 1969 no distingue entre la acción promovida por el titular de la prestación y
aquella ejercida por una entidad pública contra su propio acto. Por ello, la
prescripción trienal también resulta aplicable al derecho de la administración a
recobrar las mesadas pensionales pagadas indebidamente.

35. En particular, en la sentencia proferida el 11 de marzo de 202133 por el Consejo
de Estado, se aplicó dicha regla en un asunto en el que se había desvirtuado la
buena fe de la beneficiaria y se ordenó la devolución de las sumas recibidas por
concepto de una prestación pensional. Pese a dicha circunstancia, aplicó la
prescripción trienal y limitó el recobro a las mesadas no afectadas por ese fenómeno
jurídico34.

36. Tampoco el carácter público y la destinación específica de los recursos del
Sistema General de Pensiones permiten arribar a una conclusión distinta. Si bien
tales características imponen una especial protección de esos recursos y, una vez
desvirtuada la buena fe del beneficiario, permiten exigir la restitución de las sumas
indebidamente pagadas, de ello no se deriva que la acción encaminada a obtener
su recobro sea imprescriptible. En efecto, las normas que regulan la prescripción
trienal no establecen una excepción fundada en la naturaleza pública o la
destinación específica de los recursos objeto de devolución. Por tanto, una cosa es
la procedencia del reintegro, determinada en este caso por la ausencia de buena fe,
y otra distinta su alcance temporal, que se encuentra sometido a las reglas de
prescripción antes expuestas.

37. En el presente asunto, Colpensiones presentó la demanda el 25 de agosto de
2020. Por tanto, de acuerdo con la regla expuesta, se encontraban afectadas por la
prescripción las sumas pagadas con anterioridad al 25 de agosto de 2017. En
consecuencia, acertó el tribunal al limitar la devolución a los valores percibidos a
partir de esa fecha y hasta la suspensión del pago de la prestación.

38. En cuanto a la condena en costas de la primera instancia, no se desconoce la
mala fe desplegada por José Gildardo Castro Aguirre en la actuación administrativa
que condujo al reconocimiento pensional, circunstancia que, precisamente, permitió
ordenar la devolución de las sumas recibidas

39. No obstante, conforme con el criterio acogido por esta Sala, para efectos de la
condena en costas debe ponderarse la conducta procesal asumida por las partes y
establecer si se presentaron actuaciones temerarias o dilatorias que hubieran
obstruido o dificultado el trámite del proceso.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021, radicado

15001-23-33-000-2014-00301-01 (4976-18).
34 En este sentido se encuentran las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, sentencias del 8 de febrero de 2018, radicación: 5200123310002012001702 (2740-
17) y del 21 de junio de 2018, radicado 52001-23-31-000-2012-00187-01 (1031-16).

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40. En este caso, ante la imposibilidad de ubicar a José Gildardo Castro Aguirre, su
representación estuvo a cargo de un curador ad litem, quien no aceptó ni se opuso
a las pretensiones y manifestó que se atendría a lo que resultara probado en el
proceso. Tampoco se advierten actuaciones temerarias, dilatorias o dirigidas a
obstaculizar el trámite judicial

41. En esas condiciones, la mala fe acreditada respecto de la actuación
administrativa que dio lugar al reconocimiento pensional no puede trasladarse
automáticamente al análisis de la conducta procesal para efectos de imponer
costas. Además, en el expediente no se acreditó la causación de las costas
reclamadas por Colpensiones. Por consiguiente, tampoco prospera este reparo de
la apelación.

42. Así las cosas, se confirmará la sentencia apelada en los aspectos objeto del
recurso de apelación.

2.5. Costas

43. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.

3. Conclusión

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la prescripción trienal
resultaba aplicable a las sumas cuya devolución fue ordenada, pese a haberse
acreditado la mala fe del beneficiario en la obtención de la prestación, por lo que no
había lugar a ordenar el reintegro de los valores pagados con anterioridad al 25 de
agosto de 2017. Asimismo, no resultaba procedente condenar en costas al
demandado en la primera instancia, al no acreditarse una conducta procesal
temeraria, dilatoria o contraria a la buena fe ni la causación de las costas
reclamadas.

45. En esas condiciones, se confirmará la sentencia apelada en los aspectos objeto
del recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Colpensiones
contra José Gildardo Castro Aguirre, por las razones expuestas en la parte motiva

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Demandante: Colpensiones

de esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto Aclara voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM

17

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