Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2014-00660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2014-00660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-001-2014-00660-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-001-2014-00660-01 (1112-2025)
Demandante: Juana María Olano Caicedo
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y Moisés
Carabalí
Tema: Pensión de sobrevivientes
Sentencia segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Juana María Olano Caicedo presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, por medio de la
cual el director de Veteranos y Bienestar Sectorial y la
Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional
le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en razón del
fallecimiento de su hijo el soldado regular José Alexis Carabalí Olano2.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
(i) el reconocimiento de la pensión por muerte, en iguales condiciones de derecho
respecto de aquellas en que le fue concedida al padre del soldado fallecido; (ii) el
pago de las mesadas, reajustes y demás emolumentos dejados de percibir por la
negativa de la entidad, así como de los intereses a que hubiere lugar, esto último
según el artículo «177 del CCA»; (iii) la actualización de la condena, de conformidad
1 En adelante CPACA.
2 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 55, actuación «Expediente digital», documento «Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-
09 (.pdf)(.pdf) NroActua 55», archivo «54000880347», folios 7 a 26.
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Demandante: Juana María Olano Caicedo
con lo previsto en el artículo 178 ibidem; y (iv) el cumplimiento de la sentencia en los
términos dispuestos en el artículo 176 ejusdem.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:
3.1. El 19 de septiembre de 2008 falleció el soldado regular José Alexis Carabali
Olano.
3.2. El 4 de octubre de 2008, Moisés Carabalí, padre del causante, rindió declaración
ante la Notaría Pública de El Tambo [Cauca], en la que dejó constancia de que su
hijo nació de una relación casual con Juana María Olano Caicedo, que nunca
convivieron bajo igual techo y que aquel fue criado, educado y permaneció al lado de
su mamá.
3.3. Con ocasión del fallecimiento del soldado regular, pese a que ambos padres
acudieron ante la entidad demandada con el fin de reclamar las prestaciones a que
hubiera lugar, mediante la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, el Ministerio de
Defensa Nacional reconoció la pensión por muerte únicamente a favor de Moisés
Carabalí, en calidad de padre del causante.
3.4. A través de oficio del 7 de octubre de 2009, la entidad le confirmó la negativa del
reconocimiento pensional pretendido, pese a su calidad de madre del causante, al
considerar que no acreditaba la edad prevista en el parágrafo 1 del artículo 5 de la
Ley 447 de 1998.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 42, 90 y 218 de la Constitución Política;
84, 85, 86, 127, 132, 197, 142 y 150 del «CCA»; 63, 23, 41, 290, 291 307, 3015 y
«S.S.» del Código Civil3; 75, 84 y 87 del Código de Procedimiento Civil4; y la Ley 100
de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. La entidad demandada reconoció la pensión de sobrevivientes únicamente a
Moisés Carabalí, padre del soldado regular José Alexis Carabalí Olano, y negó la
prestación a la demandante con fundamento en que no cumplía con el requisito de
edad mínima de 50 años previsto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de
1998.
5.2. La decisión desconoció que dependía económicamente de su hijo y que, según
la declaración rendida por el padre, este no convivió con aquel ni contribuyó con su
crianza.
5.3. Por favorabilidad debía aplicársele la Ley 100 de 1993, la cual no exigía una edad
mínima para acceder a la pensión de sobrevivientes, a diferencia de lo previsto en la
3 En lo sucesivo CC.
4 En lo que sigue CPC.
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Demandante: Juana María Olano Caicedo
Ley 447 en 1998.
1.2. Contestación de la demanda
6. Laentidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos5:
6.1. Conla demanda no se aportaron los elementos de prueba que permitieran
establecer la ilegalidad de la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, ni la
dependencia económica de la demandante respecto del soldado regular José Alexis
Carabalí Olano.
6.2. De acuerdo con la fecha del fallecimiento del causante, la norma aplicable era el
Decreto 2728 de 1968, el cual preveía, en favor de los beneficiarios del soldado o
grumete fallecido en servicio activo, el reconocimiento de una compensación por
muerte y el pago de cesantías, pero no el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes.
6.3. A
los beneficiarios del soldado regular José Alexis Carabali Olano le fue
reconocida la compensación por muerte equivalente a 48 meses de haberes y
cesantías definitivas dobles, con ocasión de su ascenso póstumo al grado de cabo
segundo.
6.4. El ascenso póstumo no le otorgaba al causante la condición de suboficial ni
permitía extender a sus beneficiarios el régimen prestacional previsto para los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
6.5. Como excepción propuso la ineptitud sustantiva de la demanda6.
7. Moisés Carabalí no se pronunció en la instancia procesal.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, para lo cual resolvió lo siguiente7:
5 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 55, actuación «Expediente digital», documento «Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-
09 (.pdf)(.pdf) NroActua 55», archivo «54000880372», folios 23 a 35.
6 La excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones se sustentó en
que no se habría configurado el acto ficto demandado, porque la entidad habría dado respuesta a la
petición del 11 de marzo de 2019 mediante el Oficio S-2019-013754-SEGEN del 2 de abril de 2019.
La de caducidad se fundó en que el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
1452-2756 MDNSG TML-41.1 del 5 de octubre de 2012 fue notificada el 31 de octubre de 2012, por
lo que la demanda habría debido presentarse dentro de los 4 meses siguientes. Mediante auto del 23
de marzo de 2023, el Tribunal declaró no probadas dichas excepciones, porque no se acreditó la
notificación del oficio del 2 de abril de 2019 y, además, la demanda se dirigió contra un acto
administrativo ficto o presunto derivado de una solicitud pensional, supuesto en el que podía
presentarse en cualquier tiempo. Samai Tribunal Administrativo de Nariño proceso con radicado 52-
001-23-33-000-2019–00580-00, índice 15, actuación «Auto resuelve Excepciones», documento
«017AutoResuelveExcepciones-FijaFechaAudiencia(.pdf) NroActua 15(.pdf) NroActua 15», archivo
«3_520012333000201900580001AUTORESUELVEE20230323170938».
7 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 66, actuación «Sentencia que accede las pretensiones», documento
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Demandante: Juana María Olano Caicedo
«[…] PRIMERO: DECLARAR la prescripción de las diferencias de las mesadas
pensionales que se hubiesen causado con anterioridad al 26 de junio de 2011, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 1306 del 7 de mayo de 2009,
mediante la cual se negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes hasta que cumpliera con la condición de la edad, establecida en el artículo
5°, parágrafo 1° de la Ley 447 de 1998, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora JUANA MARÍA OLANO CAICEDO, en un 50% de lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 447 de 1998, con efectos fiscales a partir del
fallecimiento del soldado JOSÉ ALEXIS CARABALÍ OLANO, esto es a partir del 19 de
septiembre de 2008.
En consecuencia, se ordena el pago de las mesadas pensionales adeudadas desde la
fecha en mención hasta el 9 de octubre de 2021, cuando le fue reconocida la pensión en
virtud de la Resolución No. 002655 del 15 de junio de 2022, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. […]». [sic]
9. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. José Alexis Carabalí Olano era hijo de Juana María Olano Caicedo y Moisés
Carabalí, prestó sus servicios en el Ejército Nacional como soldado campesino entre
el 29 de septiembre de 2007 y el 19 de septiembre de 2008, fecha en la que falleció
en hechos calificados como muerte en combate.
9.2. Mediante la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, la entidad reconoció la
pensión de sobrevivientes únicamente al padre y la negó respecto de la madre hasta
tanto acreditara el requisito de edad mínima de 50 años, previsto en el parágrafo 1
del artículo 5 de la Ley 447 de 1998.
9.3. A través de la Resolución 002655 del 15 de junio de 2022, el Ministerio de
Defensa Nacional reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante
a partir del 9 de octubre de 2021, fecha en la que cumplió 50 años, y redistribuyó la
prestación en un 50% para cada uno de los padres del causante.
9.4. Pese a ese reconocimiento posterior, debía analizarse la legalidad de la
Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, en tanto la controversia recaía sobre la
procedencia del reconocimiento pensional desde el fallecimiento del causante, sin la
condición de edad prevista en la Ley 447 de 1998.
9.5. Sibien los miembros de la fuerza pública han contado con un régimen
prestacional especial, la aplicación de este tenía límite en los principios de
favorabilidad e igualdad. En ese sentido, la condición de edad mínima prevista para
los beneficiarios de los soldados que prestaban servicio militar obligatorio generaba
un trato inequitativo frente a los beneficiarios de oficiales, suboficiales y soldados
profesionales fallecidos en iguales circunstancias, así como frente al régimen general
de pensiones, que no exigía dicho requisito a los padres del causante.
«46Sentenciaquea_sentencia_20140066000NRDPensio(.pdf) NroActua 66», archivo
«46_Sentenciaquea_sentencia_20140066000NRDPensio_0_20241115145508625».
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9.6. Con fundamento en lo anterior, resultaba procedente inaplicar el
condicionamiento previsto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998 y,
por tanto, la actora tenía derecho a la pensión de sobrevivientes en su condición de
madre del soldado fallecido, sin que fuera exigible acreditar dependencia económica,
por cuanto dicha ley no estableció tal requisito para los ascendientes beneficiarios.
9.7. En consecuencia, la presunción de legalidad del acto acusado se desvirtuó y
procedía ordenar el reconocimiento de la prestación en favor de la demandante, en
un 50% de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 447 de 1998, con efectos fiscales a
partir del 19 de septiembre de 2008. No obstante, se encontraban prescritas las
diferencias de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 26 de junio de
2011, porque la demanda fue radicada el 26 de junio de 2014.
9.8. No condenó en costas porque no se acreditó su causación. Lo anterior, de
conformidad con el análisis de lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso8.
1.4. El recurso de apelación
10. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento
en los siguientes argumentos9:
10.1. El régimen aplicable era el previsto para los soldados conscriptos, en atención a
que el causante prestaba el servicio militar obligatorio, por lo que no era procedente
extenderle el régimen de oficiales, suboficiales, soldados voluntarios o profesionales.
10.2. Conforme con el artículo 217 de la Constitución Política, el legislador reguló de
forma separada el régimen prestacional de los distintos integrantes de las Fuerzas
Militares, por lo que los soldados regulares, bachilleres y campesinos contaban con
un régimen especial distinto del de quienes ingresaban voluntariamente a la carrera
militar.
10.3. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, la muerte en
combate de un soldado regular daba lugar al ascenso póstumo, al reconocimiento de
48 meses de haberes y al pago doble de cesantías, mas no a la pensión de
sobrevivientes pretendida.
10.4. No resultaba aplicable el Decreto 1211 de 1990 ni la sentencia de unificación
SU-CE-SUJ-SII-013-2018 del Consejo de Estado, porque esta última se refirió a
soldados voluntarios y no a soldados regulares que prestaran el servicio militar
obligatorio
10.5. El ascenso póstumo tenía carácter honorífico y no confería al causante la calidad
de suboficial ni permitía aplicar a sus beneficiarios el régimen prestacional previsto
para esa categoría.
8 En lo que sigue CGP.
9 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 69, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«48_MemorialWeb_Recurso-OTTO201400660suste(.pdf) NroActua 69», archivo
«48_760012333001201400660003MemorialWeb202412420366».
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10.6. Eneste sentido, el acto acusado fue expedido conforme con la normativa
vigente, razón por la cual no había lugar a declarar su nulidad ni a ordenar el
restablecimiento del derecho.
1.5. Trámite en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en cuanto no
fue necesario el decreto de pruebas10.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y
«[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
2.2. Problema jurídico
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, los
problemas jurídicos consisten en determinar: ¿si, con ocasión del fallecimiento en
combate del soldado campesino José Alexis Carabalí Olano, quien prestaba el
servicio militar obligatorio, únicamente procedía el reconocimiento de las
prestaciones establecidas en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, o si, por el
contrario, existía fundamento normativo para el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes en favor de sus beneficiarios?
14.1. En caso de establecerse que sí procedía el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes: ¿si Juana María Olano Caicedo cumplía con los requisitos para
obtener el pago de la pensión de sobrevivientes desde la fecha del fallecimiento de
su hijo o si, por el contrario, dicho pago estaba sujeto al cumplimiento de la edad
mínima prevista en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El servicio militar obligatorio
15. El artículo 216 de la Constitución Política estableció que «todos los colombianos
10 Así se consideró en el auto proferido el 20 de mayo de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «5Autoqueadmite_11122025admiterecurs(.pdf) NroActua
4», archivo «5_Autoqueadmite_11122025admiterecurs_0_20250701162053901».
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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están obligados cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo».
16. A su turno, la Ley 48 de 1993 «por la cual se reglament[ó] el servicio de Reclutamiento
y Movilización» [vigente para la época de los hechos12]; estableció que las
modalidades sobre la prestación del servicio militar serían: (i) como soldado regular,
de 18 a 24 meses; (ii) como soldado bachiller, 12 meses; (iii) como auxiliar de policía
bachiller, 12 meses; y (iv) como soldado campesino, de 12 a 18 meses [artículo 13].
Además, en su artículo 14, dispuso que todo varón colombiano tenía «la obligación de
inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso anterior en que cumpla la mayoría
de edad, requisito sin el cual no [podría] formular solicitudes de exención o aplazamiento.
Cuando se lleg[ara] a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación,
la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se
establecen en la presente Ley».
17. Y en los artículos 39 y 40, se ordenó que (i) desde el día de su incorporación hasta
la fecha del licenciamiento, los conscriptos tendrían derecho, entre otras cosas, a
disfrutar de una bonificación mensual; y (ii) en las entidades del Estado de cualquier
orden, «el tiempo de servicio militar les ser[ía] computado para efectos de cesantía, pensión
de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley».
18. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en el concepto proferido
el 1 de julio de 200413 sostuvo que «el tiempo de servicio militar se computa para efecto
de derechos pensionales tanto en el Régimen General de Seguridad Social como en el
especial de las Fuerzas Militares, incluido el del personal de soldados profesionales, pues la
preceptiva del artículo 40 de la ley 48 de 1.993 se refiere de modo genérico a “todo
colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio”, de donde se infiere que la
efectividad del beneficio opera de manera automática una vez se haga valer para el
reconocimiento de derechos pensionales, bien en el Régimen General como en el propio de
la fuerza pública. Estos son derechos que adquieren quienes prestan el servicio militar
obligatorio».
2.3.2. Las prestaciones por fallecimiento en el régimen especial de las Fuerzas
Militares
19. La Ley 65 de 196714 revistió al presidente de la República para modificar «el
régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio
del ramo de la Defensa Nacional» [artículo 1].
20. En cumplimiento de lo anterior, expidió el Decreto 2728 de 1968 «[p]or el cual se
modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares». Concretamente, en su artículo 8 reguló
el acceso al derecho prestacional según la calificación o causa del deceso del
soldado, para lo que distinguió tres modalidades: i) por causa de heridas o accidente
aéreo en combate o por acción directa del enemigo; ii) por accidente en misión del
12 Pues fue derogada por el artículo 81 de la Ley 1861 de 2017.
13 Expediente 1557.
14 «Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la
remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la
administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las
partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión
Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas».
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servicio; y iii) por causas diferentes a las dos anteriores. Para cada uno de estos
supuestos, la norma dispuso un régimen prestacional específico, que puede
resumirse de la siguiente manera:
Soldado o grumete fallecido Soldado o grumete fallecido Soldado o grumete fallecido
en combate o por acción por accidente en misión del por causas distintas a las
directa del enemigo servicio dos primeras
«[…] será ascendido en forma «[…] sus beneficiarios tendrán «[…] sus beneficiarios tendrán
póstuma al grado de Cabo derecho al reconocimiento y derecho al reconocimiento y
Segundo o Marinero y sus pago de treinta y seis (36) pago de veinticuatro (24)
beneficiarios tendrán derecho meses del sueldo básico que meses de sueldo básico que
al reconocimiento y pago de en todo tiempo corresponda a en todo tiempo corresponda a
cuarenta y ocho (48) meses de un Cabo Segundo o un Cabo Segundo o
los haberes correspondientes Marinero». Marinero».
a dicho grado y el pago doble
de la cesantía».
21. Nótese, que en ninguna de las 3 hipótesis descritas en la norma [muerte en
combate, en misión del servicio o por causas diferentes] se dispuso el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado o
grumete muerto, solamente se estableció una compensación por fallecimiento, cuyo
monto variaba en atención a la causa.
22. A través del Decreto 1211 de 199015, «[p]or el cual se reforma el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares», se estableció el acceso a otras
prestaciones por muerte dirigidas solo a los oficiales o suboficiales de las Fuerzas
Militares y mantuvo la distinción entre la muerte en combate (artículo 189), en misión
del servicio (artículo 190) y en simple actividad (artículo 191). A continuación, se
presenta un esquema con las prestaciones correspondientes a cada modalidad.
En combate o por acción del En misión del servicio (art.
En simple actividad (art. 191)
enemigo (art. 189) 190)
1. Ascenso póstumo al grado 1. Pago de una compensación 1. Pago de una compensación
inmediatamente superior. equivalente a 3 años con base equivalente a 2 años con base
en las partidas computables. en las partidas computables
2. Pago de una compensación
equivalente a 4 años de los 2. Pago del doble de la 2. Pago de la cesantía por el
haberes correspondientes al cesantía por el tiempo servido tiempo de servicio del
grado conferido al causante. por el causante. causante.
3. Pago doble de la cesantía 3. Pago de una pensión 3. Pago de una pensión
por el tiempo servido por el mensual equivalente a la mensual equivalente a la
causante. asignación de retiro que asignación de retiro que
hubiera correspondido, si el hubiera correspondido, si el
4. Pago de una pensión causante cumplió 12 o más causante cumplió 15 o más
mensual equivalente a la años de servicio años de servicio
asignación de retiro que
hubiera correspondido, si el
causante cumplió 12 o más
años de servicio.
Pago de una pensión mensual
equivalente al 50% de las
partidas computables, si el
causante cumplió menos de 12
años de servicio.
15 Derogó el Decreto 95 de 1989, «[p]or el cual se reforma el Estatuto de Carrera de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares», en el que ya se habían reconocido prestaciones por muerte de
oficiales y suboficiales, según su causa [artículos 184, 185 y 186].
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23. Luego, la Ley 447 de 199816 estableció que cuando una persona, en prestación
del servicio militar obligatorio falleciera en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, «sus beneficiarios en el orden
establecido en la ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar
al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
(1/2) mínimo mensuales vigentes».
24. Mediante la Ley 923 de 200417, se establecieron los criterios generales para la
fijación de las prestaciones y asignaciones de retiro aplicables a los miembros de la
Fuerza Pública. En lo que resulta pertinente, el artículo 3 definió los «elementos
mínimos» que deben considerarse al estructurar el régimen de reconocimiento tanto
de la asignación de retiro como de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes.
En relación con esta última, el numeral 3.6 de la norma dispuso lo siguiente:
«[…] 3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en
que se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en
ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables
para la asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del
servicio o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente en actividad el monto
de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la
Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al
cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para
acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la
fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la
respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública. […]».
25. Por su parte, el Decreto 4433 de 200418 en su artículo 1 precisó que «[l]as
disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se señalan en el
presente decreto».
26. En los artículos 19 a 22, el Decreto 4433 de 2004 reguló el acceso a la pensión
de sobrevivientes para los integrantes de las Fuerzas Militares, específicamente para
los oficiales, suboficiales y soldados profesionales. En cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 923 de 2004, la norma reguló las prestaciones según las circunstancias del
fallecimiento, de acuerdo con los supuestos facticos de la muerte ocurrida en
combate o por acción del enemigo (artículo 19), en misión del servicio (artículo 20) y
en simple actividad (artículo 21).
27. Por su parte, en su artículo 34 estableció que cuando la muerte del conscripto
ocurriera en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
16 Por la cual se establece la pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas
fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones».
17 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
18 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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orden público, se reconocería a «sus ascendientes en primer grado de consanguinidad o
civil» una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual
vigente, «en los términos de la Ley 447 de 1998».
28. Todo lo anterior evidencia que el régimen pensional de las Fuerzas Militares ha
mantenido históricamente un acceso diferencial a las prestaciones derivadas del
fallecimiento durante el servicio, debido a las particularidades que caracterizan la
vinculación e incorporación de su personal. Este tratamiento inicialmente se enfocó
en los cuerpos de oficiales y suboficiales, y fue extendido de manera progresiva a los
soldados profesionales y a quienes prestan el servicio militar obligatorio, respecto de
los cuales aún persiste una diferenciación significativa en el reconocimiento de los
derechos prestacionales.
29. En todos los casos, la normativa ha mantenido como criterio central la causa del
fallecimiento para definir tanto el acceso a las prestaciones como sus características
específicas. Así, se conserva una clasificación tripartita según si el deceso ocurrió: i)
en combate o acción del enemigo; ii) en misión del servicio; o iii) en simple actividad
y el acceso a una pensión para sus beneficiarios solo se ha regulado en
determinados eventos, como se sintetiza a continuación:
Derecho a pensión para los beneficiarios
Grado militar Calificación de la muerte
D. 2728/68 D. 1211/90 D. 447/98 4433/04
En combate o por acción del
En servicio enemigo No N/A Sí Sí
militar
obligatorio En misión del servicio No N/A No No
Por simple actividad No N/A No No
En combate o por acción del No N/A N/A Sí
enemigo
Soldado
voluntario En misión del servicio No N/A N/A Sí
Por simple actividad No N/A N/A Sí
En combate o por acción del No N/A N/A Sí
Soldados enemigo
profesionales
En misión del servicio No N/A N/A Sí
Por simple actividad No N/A N/A Sí
En combate o por acción del N/A Sí N/A Sí
Oficiales y enemigo
suboficiales
En misión del servicio N/A Sí N/A Sí
Por simple actividad N/A Sí N/A Sí
2.3.3. Criterios jurisprudenciales sobre la pensión de sobrevivientes por las
diferentes causas de muerte de los miembros de la Fuerza Pública
30. A partir del año 2018, la Sección Segunda profirió un conjunto de sentencias de
unificación relacionadas con las prestaciones por muerte de los miembros de la
Fuerza Pública. Para el efecto, la corporación observó las particularidades de los
regímenes jurídicos especiales a cada grupo de servidores. En todas aquellas
providencias, se atendió el alcance y contenido de los principios de favorabilidad, en
armonía con el protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad, para determinar si
era admisible la aplicación de normas diferentes de las que regulaban, en principio,
los regímenes especiales de la Fuerza Pública.
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31. La finalidad del estudio adelantado para efectos de unificación fue el de garantizar
el acceso a prestaciones previstas dentro de los componentes de la garantía
fundamental de la seguridad social para los beneficiarios del integrante de las fuerzas
armadas fallecido en servicio activo. En este ejercicio, se advirtió la posibilidad de
aplicación de normas más benéficas, incluso si no fueron invocadas en sede
administrativa ni en la demanda.
32. En este sentido la Sección observó las posibilidades hermenéuticas tendientes a
garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas por el deceso del
causante, cuyo régimen especial los privaba de algunas prestaciones que sí estaban
previstas para otros grupos de la población. Para el efecto, aquellos estudios
acudieron al principio de favorabilidad previsto en los artículos 53 de la C.P. y 288 de
la Ley 100 de 1993, con fundamento en el cual concluyeron que era posible conceder
la pensión de sobrevivientes regulada en el régimen general de seguridad social.
Asimismo, el criterio de especialidad sirvió de sustento para aplicar normas del
régimen de la Fuerza Pública distintas del Decreto 2728 de 1968.
33. Las posiciones jurisprudenciales adoptadas con fines de unificación se pueden
sintetizar en el siguiente cuadro:
Sentencia de Supuestos de Regla
Principio
unificación hecho
«1. Con fundamento en la regla de
favorabilidad, los beneficiarios de los
oficiales y suboficiales fallecidos en
simple actividad con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 4433
de 2004 y con posterioridad a la
Oficiales y
CE-SUJ-SII- vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden
suboficiales de las
009-2018 del 1 beneficiarse de la pensión de
Fuerzas Militares Favorabilidad
de marzo de sobrevivientes prevista por el régimen
fallecidos en
2018 general contenido en esta última,
simple actividad
artículos 46, 47 y 48. Este régimen
deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto
de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios».
«2. Con fundamento en la regla de
favorabilidad contenida en el artículo
288 de la Ley 100 de 1993, los
beneficiarios de las personas
Personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en
vinculadas a las cumplimiento de la obligación
Fuerzas Militares, constitucional de prestar el servicio
en cumplimiento militar, que fallezcan simplemente en
CE-SUJ-SII-
de la obligación actividad y con posterioridad a la
010-2018 del
constitucional de Favorabilidad vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden
12 de abril de
prestar el servicio beneficiarse de la pensión de
2018
militar, que sobrevivientes prevista por el régimen
fallezcan general contenido en la Ley 100 de
simplemente en 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual
actividad deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto
de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios».
SU-CE-SUJ- Soldados «Con fundamento en el principio de
SII-013-2018 voluntarios especialidad, los beneficiarios de los
del 4 de fallecidos por Especialidad soldados voluntarios fallecidos antes
octubre de causa de heridas del 7 de agosto de 2002 , por causa de
2018 o accidente aéreo heridas o accidente aéreo en combate o
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en combate o por por acción directa del enemigo, bien sea
acción directa del en conflicto internacional o en
enemigo, bien sea mantenimiento del orden público,
en conflicto pueden beneficiarse del régimen de
internacional o en prestaciones por muerte contenido en el
mantenimiento del artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o
orden público en el artículo 189 del Decreto 1211 de
1990, según la fecha de muerte, por ser
el régimen especial que regula de
manera particular el supuesto de hecho
a que se refiere la norma, pues tal
medida se armoniza con los principios
protectorio, pro homine, de justicia y de
igualdad que encauzan el derecho
laboral».
«Con fundamento en la regla de
favorabilidad contenida en el artículo
288 de la Ley 100 de 1993, los
beneficiarios de los oficiales y los
suboficiales de la Policía Nacional
fallecidos en simple actividad, con
anterioridad a la entrada en vigencia del
Oficiales y
SUJ-016-CE- Decreto 4433 de 2004 y con
suboficiales de la
S2-2019 del 30 posterioridad a la vigencia de aquella
Policía Nacional Favorabilidad
de mayo de ley, pueden beneficiarse de la pensión
fallecidos en
2019 de sobrevivientes prevista por el
simple actividad
régimen general contenido en sus
artículos 46, 47 y 48. Este régimen
deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto
de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios».
34. Es importante destacar que todos estos pronunciamientos definieron que la
aplicación de otras normativas supone el sometimiento a todas sus condiciones. Por
ello, no resultan compatibles las prestaciones que regulan regímenes distintos.
Igualmente, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018
señaló que el estudio de las reclamaciones pensionales no debía limitarse al régimen
invocado por el peticionario, sino que en estos casos el juez « tiene la obligación de
aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la
normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad
con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011».
35. Además, conviene precisar que estos criterios a su vez se han atendido para
resolver casos en los cuales se analizaron situaciones en las que la calificación de la
muerte era diferente de la estudiada por la Sala de Sección, por encontrar
acreditados los supuestos de aplicación de los principios de favorabilidad19 y de
especialidad20.
2.4. Caso concreto
36. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
36.1. José Alexis Carabalí Olano nació el 29 de mayo de 1989, sus padres eran Juana
María Olano Caicedo y Moisés Carabalí, según registro civil de nacimiento
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de octubre de 2023,
radicado: 76001-23-33-000-2013-01023-01 (2002-2022).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de noviembre de 2023.
Radicado: 18001234000020190021401(3660-2021)
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2513106021. Quien falleció el 19 de septiembre de 2008, de acuerdo con el registro
civil de defunción 532626422.
36.2. En calidad de soldado campesino prestó el servicio militar obligatorio por un
periodo de 11 meses y 20 días, entre el 29 de septiembre de 2007 y el 19 de
septiembre de 2008, de conformidad con la hoja de servicios 3-01143927435 del 24
de octubre de 200823, expedida por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército
Nacional. En este documento también se registró que era soltero.
36.3. A través de la declaración extra juicio del 23 de septiembre de 200824, Moisés
Carabalí y Juana María Olano Caicedo manifestaron ante la Notaría Única de El
Tambo: «[s]omos los Padres del Señor JOSÉ ALEXIS CARABALÍ OLANO, identificado con
la cédula de ciudadanía N ° 1.143.327.436 expedida en Cali; nuestro hijo falleció el 19 de
Septiembre de 2008 en el Municipio de Caloto, cuando se desempeñaba como Soldado;
falleció siendo soltero, no tenía compañera permanente y tampoco procreó hijos» (sic).
36.4. En el formato 3 del Ejército Nacional25, Moisés Carabalí y Juana María Olano
Caicedo consignaron que su hijo José Alexis Carabalí Olano no tuvo hijos.
36.5. En el informe administrativo por muerte 0826, suscrito por el comandante del
Batallón de Infantería 8 Batallón de Pichincha, se calificó su fallecimiento como
muerte en combate y se conceptuó así:
«[…] De acuerdo al informe suscrito por el señor ST. CARDONA CARVAJAL FABIO
ENRIQUE CM. 80546812 Comandante del Pelotón GLADIADOR UNO (1), el día 19 de
Septiembre de 2008, siendo las 02:30 horas aproximadamente, en coordenadas No.
03°02'39" 76°25'20" vereda San Nicolás en desplazamiento hacia la Hacienda la
Emperatriz Jurisdicción del Municipio de Caloto Cauca donde estaba siendo atacado un
Peloton antimotines del Batallon de Policía Militar No. 3, inicia desplazamiento el Peloton
Gladiador uno a campo traviesa ordenado por el señor comandante del Batallon
Pichincha, al llegar al sector de San Nicolás se presenta un obstáculo natural y el señor
S. CARDONA CARVAJAL FABIO ENRIQUE CM. 80546812 Comandante del Pelotón
decide cruzar por la carretera donde minutos más tarde se escucha una explosión en
coordenadas 03°02'39" 76°25'20" donde resulto MUERTO el señor Soldado Campesino
(q.e.p.d) CARABALI OLANO JOSE ALEXIS CM. 1143927435, a las 06:30 llego el
personal de la FISCALIA del Municipio de Caloto para realizar el levantamiento del
cadáver, una vez realizado el levantamiento el cuerpo del Soldado Campesino CARABALI
OLANO JOSE ALEXIS CM. 1143927435 fue llevado a la Morgue del Municipio de
SANTANDER DE QUILICHАO.
21 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folio 73.
22 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folio 27.
23 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folios 24 y
25.
24 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folio 18.
25 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folio.
26 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folio 13.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 76001-23-33-001-2014-00660-01 (1112-2025)
Demandante: Juana María Olano Caicedo
IMPUTABILIDAD: De acuerdo al Decreto 2728 de 1968 Y LEY 447 DE 1998 la muerte
del señor SLC. CARABALI OLANO JOSE ALEXIS CM. 1143927435 FUE MUERTE EN
COMBATE. […]». (sic)
36.6. Mediante la Resolución 1306 del 7 de mayo de 200927, el director de Veteranos
y Bienestar Sectorial y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional reconocieron la pensión de sobrevivientes causada
por el fallecimiento del soldado campesino José Alexis Carabalí Olano, equivalente
a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, a partir del 19 de septiembre de
2008, y ordenaron su pago en un 100% a favor de Moisés Carabalí, padre del
causante. Asimismo, negaron la prestación respecto de Juana María Olano Caicedo,
hasta tanto cumpliera con la edad (50 años) establecida en el parágrafo 1 del artículo
5 de la Ley 447 de 1998, previa solicitud de la interesada.
36.7. El 11 de enero de 202228, Juana María Olano Caicedo solicitó nuevamente el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su hijo, con
fundamento en que había cumplido 50 años de edad.
36.8. A través de la Resolución 002655 del 15 de junio de 2022 29, el director de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional le reconoció
a Juana María Olano Caicedo la pensión de sobrevivientes causada por el
fallecimiento del soldado campesino José Alexis Carabalí Olano, a partir del 9 de
octubre de 2021, fecha en la que cumplió 50 años de edad. En consecuencia, ordenó
redistribuir la prestación reconocida en la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009,
en un 50% para Moisés Carabalí y el 50% restante para ella, en calidad de padres
del causante.
2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto
37. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda, al considerar que Juana María Olano Caicedo tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su condición de madre del
soldado campesino José Alexis Carabalí Olano, sin sujeción al requisito de edad
mínima previsto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998.
38. La entidad demandada apeló la anterior decisión, toda vez que el régimen
aplicable era el previsto para los soldados conscriptos y no el correspondiente a
oficiales, suboficiales, soldados voluntarios o profesionales. En ese sentido, sostuvo
que la muerte en combate del causante solo daba lugar a las prestaciones
establecidas en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, esto es, el ascenso póstumo,
el reconocimiento de 48 meses de haberes y el pago doble de cesantías, mas no a
27 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folios 43 a
45.
28 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folios 65 a
69.
29 Samai Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, proceso con radicado 76001-23-33-001-2014-
00660-00, índice 53 «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «15_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 53», archivo «15_760012333001201400660002MemorialWeb2023109203424», folios 89 a
93.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Juana María Olano Caicedo
la pensión de sobrevivientes reclamada.
39. Al respecto, la Sala advierte que para la fecha del fallecimiento del soldado
campesino José Alexis Carabalí Olano, esto es, el 19 de septiembre de 2008, ya se
encontraba vigente la Ley 447 de 1998, la cual reguló el reconocimiento de la pensión
a favor de los beneficiarios del personal vinculado por razón de la prestación del
servicio militar obligatorio que falleciera en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo.
40. En ese sentido, no era acertado afirmar que el régimen aplicable únicamente
permitía el reconocimiento de las prestaciones previstas en el Decreto 2728 de 1968,
pues la Ley 447 de 1998 introdujo una prestación pensional específica para los
beneficiarios de los soldados conscriptos fallecidos en las condiciones allí previstas.
Además, el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004 reiteró el reconocimiento de dicha
prestación, equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los
términos de esa ley.
41. Tan es así que, mediante la Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009, se reconoció
a favor del padre del causante una pensión de sobrevivientes causada por la muerte
del soldado campesino José Alexis Carabalí Olano con fundamento en la Ley 447 de
1998. No obstante, respecto de la demandante se suspendió el pago hasta tanto
cumpliera 50 años de edad, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley
447 de 1998.
42. Por otra parte, la entidad demandada también alegó que no resultaba procedente
aplicar el Decreto 1211 de 199030 ni la sentencia de unificación SU-CE-SUJ-SII-013-
2018, porque estos se referían a oficiales, suboficiales o soldados voluntarios, y no
a soldados regulares que prestaran el servicio militar obligatorio. Sobre el particular,
la Sala advierte que dicho argumento no define por sí solo la controversia, en la
medida en que el tribunal no reconoció la prestación con fundamento en el régimen
de oficiales y suboficiales, sino en la Ley 447 de 1998, previa inaplicación del
requisito de edad mínima previsto en el parágrafo 1 del artículo 5 de esa normativa.
43. Con lo anterior quedan resueltos los cargos de apelación relativos al régimen
aplicable al causante, tan es así que la propia entidad reconoció que la muerte del
soldado campesino José Alexis Carabalí Olano causó la pensión de sobrevivientes
prevista en la Ley 447 de 1998 en favor de sus padres. En ese sentido, no se
desconoció la existencia del derecho pensional ni la calidad de beneficiaria de la
demandante, situación distinta fue que el pago de la prestación le quedara
suspendido hasta que acreditara la edad mínima prevista en el parágrafo 1 del
artículo 5 ibidem. Por tanto, tal como la advirtió el a quo la discusión consistió en
determinar si era posible ordenar el pago de la pensión desde la fecha del
fallecimiento del causante, pese a que para ese momento la actora no cumplía con
los 50 años de edad exigidos.
44. En este punto, resulta relevante precisar que la Ley 447 de 1998 estableció un
régimen especial para los beneficiarios de quienes fallecieran durante la prestación
del servicio militar obligatorio, en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo. Dicho régimen prevé una pensión equivalente a un salario y medio mínimo
30 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
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legal mensual vigente en favor de los beneficiarios allí determinados, pero también
estableció como requisito para acceder a su pago que la persona beneficiaria tuviera,
al momento del reconocimiento, una edad mínima de 50 años. De no cumplirse esa
condición, el acto administrativo de reconocimiento debía suspenderse hasta su
acreditación.
45. De otra parte, conviene recordar que, en materia de derechos laborales y de
seguridad social, el principio de favorabilidad exige que, cuando al momento de
resolver un caso resulten aplicables 2 o más normas, se escoja aquella que en su
integridad represente mayor provecho para el trabajador, afiliado o beneficiario del
sistema de seguridad social31.
46. Así,aunque en otros eventos la jurisprudencia ha acudido al principio de
favorabilidad para reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento en
regímenes distintos, ello exige verificar si la norma que se pretende aplicar resulta
más beneficiosa en su integridad. En consecuencia, no es posible tomar
aisladamente una regla del régimen general de pensiones para excluir el requisito
de edad previsto en la Ley 447 de 1998 y, al mismo tiempo, conservar los demás
beneficios del régimen especial.
47. En efecto, si se acudiera al régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, este
debería aplicarse integralmente, esto es, en lo relativo a los requisitos de causación,
orden de beneficiarios, monto de la prestación e ingreso base de liquidación. Bajo
esa perspectiva, dicho régimen no resultaría más favorable para la demandante,
pues exige a los padres acreditar dependencia económica respecto del causante,
requisito que no está previsto en la Ley 447 de 1998. Además, la prestación
reconocida en el régimen especial equivale a un salario y medio mínimo legal
mensual vigente, mientras que la aplicación del régimen general dependería de las
semanas cotizadas y del ingreso base de liquidación correspondiente.
48. Por tanto, el régimen previsto en la Ley 447 de 1998 debía aplicarse de manera
íntegra, incluido el requisito de edad mínima establecido en el parágrafo 1 del artículo
5. Esta exigencia no podría ser desconocida mediante una aplicación fragmentada
del principio de favorabilidad, pues ello implicaría combinar disposiciones de
regímenes diferentes y crear una regla prestacional distinta de la definida por el
legislador.
49. La Sala no desconoce que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 24 de mayo de 201832, consideró procedente reconocer
la pensión de sobrevivientes sin exigir el cumplimiento de la edad mínima prevista
en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998. Sin embargo, en criterio
reciente que ahora se acoge, esta corporación precisó que el régimen especial
previsto en dicha ley debe aplicarse de manera integral, en atención a sus
condiciones, beneficios y requisitos propios.
31 Sobre el principio de favorabilidad, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación CE-SUJ2-010- 18 del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-
00012-01 (1321-15).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de mayo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2013-00269-01 (3539-2014).
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50. En efecto, en sentencia del 26 de noviembre de 2025 33, la Sección Segunda
estudió un asunto de contornos similares, en el que los padres de un soldado regular
fallecido en combate pretendían el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
desde la fecha del deceso, pese a que inicialmente el pago de la prestación se había
suspendido hasta el cumplimiento de la edad mínima de 50 años y, posteriormente,
fue reconocido desde la fecha en que cada beneficiario acreditó dicho requisito.
51. En esa oportunidad, se consideró que la Ley 447 de 1998 debía aplicarse de
forma integral, incluido el requisito previsto en el parágrafo 1 del artículo 5. Para el
efecto, se precisó que no resultaba procedente acudir al régimen general de
pensiones únicamente para excluir la condición de edad y, al mismo tiempo,
conservar los demás beneficios del régimen especial, pues ello implicaría una
aplicación fragmentada de normas pertenecientes a regímenes distintos.
52. Asimismo, se explicó que el requisito de la edad no resultaba, por sí mismo,
contrario al principio de igualdad, en la medida en que el legislador contaba con un
amplio margen de configuración para establecer las condiciones de acceso y goce
de las prestaciones. Además, el régimen especial aplicable a los soldados
conscriptos fallecidos en combate contenía beneficios que no estaban previstos en
los mismos términos en el régimen general, como la ausencia de la exigencia de
cotizaciones y de dependencia económica, y el monto equivalente a un salario y
medio mínimo legal mensual vigente.
53. Bajo ese entendimiento, no hay lugar a inaplicar el parágrafo 1 del artículo 5 de
la Ley 447 de 1998 ni a ordenar el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de
Juana María Olano Caicedo desde el fallecimiento de su hijo, toda vez que para ese
momento la demandante no cumplía con la edad mínima de 50 años exigida por la
norma especial, de modo que el pago de la prestación debía permanecer suspendido
hasta la acreditación de dicha condición.
54. Lo anterior no significa que el derecho pensional hubiera prescrito mientras la
demandante alcanzaba la edad requerida. Por el contrario, el propio parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 447 de 1998 prevé que, cuando el beneficiario no cumpla con la
edad mínima, el acto administrativo de reconocimiento se suspende hasta el
cumplimiento de esa condición, sin que se inicie la prescripción de que trata el
artículo 6 ibidem34. Sin embargo, dicha previsión no habilita el pago retroactivo de
todas las mesadas causadas desde el fallecimiento del causante, sino que impide
que el derecho se extinga mientras se acredita el requisito de edad.
55. En el presente asunto, Juana María Olano Caicedo cumplió 50 años de edad el 9
de octubre de 2021 y, posteriormente, solicitó el reconocimiento pensional. En
atención a ello, mediante la Resolución 002655 del 15 de junio de 2022, la entidad
le reconoció la pensión de sobrevivientes a partir de esa fecha y ordenó redistribuir
la prestación en un 50% para Moisés Carabalí y el 50% restante para la demandante,
en calidad de padres del causante.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025,
radicado 05001-23-33-000-2021-01655-01 (2122-2025).
34 Artículo 6. Prescripción. Los derechos aquí consagrados prescriben en tres (3) años, contados a
partir de la ejecutoria del hecho o acto administrativo. En sentencia C-152 de 2002, fue declarado
condicionalmente exequible, «bajo el entendido de que corresponde a una pensión, y como tal, se
sujeta a las reglas generales en cuanto a la prescripción de las mesadas cuyo cobro no se realice en
tiempo».
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56. Por consiguiente, la Sala observa que los actos administrativos demandados se
ajustaron a la normativa aplicable. La Resolución 1306 del 7 de mayo de 2009
reconoció la pensión de sobrevivientes conforme con la Ley 447 de 1998 en favor
del padre y suspendió su pago respecto de la demandante hasta tanto cumpliera con
la edad mínima exigida por esa disposición. A su turno, la Resolución 002655 del 15
de junio de 2022 le reconoció la prestación desde el momento en que acreditó dicho
requisito y a partir de ese momento redistribuyó la mesada en un 50% para cada
uno.
57. En consecuencia, aunque no se comparte la tesis de la entidad según la cual el
régimen aplicable solo permitía el reconocimiento de las prestaciones previstas en
el Decreto 2728 de 1968, sí prospera el recurso de apelación en cuanto,
precisamente, en aplicación íntegra de la Ley 447 de 1998 a la demandante le era
exigible el requisito de la edad mínima [50 años] contenido en el parágrafo 1 de su
artículo 5. Por tanto, se revocará la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se negarán
las súplicas.
2.5. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
62. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación temeraria
35 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, si bien para la fecha del
fallecimiento del soldado campesino José Alexis Carabalí Olano ya existía
fundamento normativo para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
prevista en la Ley 447 de 1998, lo cierto era que su pago a favor de Juana María
Olano Caicedo estaba sujeto al cumplimiento del requisito de edad mínima
establecido en el parágrafo 1 del artículo 5 de esa normativa.
64. En ese sentido, no había lugar a ordenar el pago de la pensión de sobrevivientes
desde la fecha del fallecimiento del causante, toda vez que para ese momento la
demandante no acreditaba la edad mínima de 50 años exigida por el régimen
especial aplicable. Por ello, el acto administrativo demandado se ajustó a derecho,
en cuanto suspendió su reconocimiento hasta el cumplimiento de dicha condición, lo
cual en efecto ocurrió a partir de la fecha en que aquella fue acreditada.
65. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
negarán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar se dispone:
Negar las pretensiones de la demanda presentada por Juana María Olano
Caicedo contra la nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional de conformidad
con lo expuesto en esta decisión
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
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Demandante: Juana María Olano Caicedo
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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