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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01655-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01655-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01655-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes : Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo
Ayala García
Demandada : Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de sobrevivientes

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda1

1.1.1 Pretensiones y hechos

Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García, por intermedio
de apoderado judicial, acudieron a la jurisdicción2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

• Resolución No. 553 del 5 de marzo de 2012, suscrita por la
Coordinadora de Grupo de Prestaciones Sociales, mediante la cual, les
fue negada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

1
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020210165500 – índice 55 – archivo
DemandaPoderAnexos.
2
Demanda presentada el 14 de julio de 2021, como consta en el acta individual de reparto, visible en el expediente
digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020210165500 – índice 55 – archivo – 01.1 ActaReparto.
Aclarándose que en ese momento fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Medellín, correspondiéndole
al Juzgado 19 Administrativo, quien por auto del 23 de agosto de 2021 determinó que no tenía competencia para
conocer de él por factor cuantía y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo de Antioquia.

2

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

• Resolución No. 2477 del 16 de marzo de 2021, suscrita por la
Coordinadora de Grupo de Prestaciones Sociales, a través de la cual
les fue reconocida la pensión de sobrevivientes, pero a partir de enero
de 2021.

A título de restablecimiento del derecho deprecaron se ordene a su favor
el reconocimiento y pago, debidamente indexado, de la pensión de
sobrevivientes, en calidad de padres del joven John Edinson Ayala Rodríguez,
fallecido el día 21 de diciembre de 2010; sin prescripción, al haber quedado
suspendido dicho fenómeno en virtud de lo dispuesto en la Resolución No.
553 del 5 de marzo de 2012.

Sumado a lo anterior, pidieron se condene en costas a la demandada y se
ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187,
192, 193, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Informan los demandantes que, su hijo, John Edinson Ayala Rodríguez,
ingresó a prestar el servicio militar obligatorio el Veinticuatro (24) de
Noviembre de Dos Mil Nueve (2009), en el batallón No. 42 de Bomboná.

Que, el día Veintiuno (21) de Diciembre (sin especificar año), mientras estaba
prestando el servicio, hubo un enfrentamiento con grupos al margen de la ley,
en el cual resultó muerto el joven Ayala Rodríguez.

En virtud de lo anterior, los demandantes presentaron el día Treinta y Uno (31)
de Octubre de Dos Mil Once (2011) solicitud ante la entidad demandada
deprecando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
petición que fue resuelta por medio de la Resolución No. 553 del 5 de marzo
de 2012, donde si bien se les reconoce como beneficiarios de la prestación,
se les indicó que el goce de la misma quedaba suspendido y solo podía

3

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

ordenarse a partir que cumplieran los 50 años de edad, conforme lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 447 de 1998.

Manifiestan que, en enero de Dos Mil Veintiuno (2021), ya cumplido el
requisito de edad, presentaron nueva solicitud ante la accionada pidiendo el
pago de la pensión de sobrevivientes, la cual, fue resuelta por medio de la
Resolución No. 2477 del 16 de marzo de 2021, reconociéndoles el derecho,
pero a partir de enero de Dos Mil Veintiuno (2021); ante esa situación, elevó
el Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Veintiuno (2021) una nueva petición, la
cual, no ha sido resuelta.

1.1.2 Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes invocaron como infringidos las siguientes normas:

Constitución Política, preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 48, 58, 83, 90, 95
y 218.
Leyes 62 de 1993, 180 de 1995, 447 de 1998, 923 de 2004, 1437 de 2011 y
1564 de 2012.

Al desarrollar el concepto de violación se indicó que, los actos
administrativos acusados desconocen el derecho a la seguridad social, por
cuanto omiten reconocer la pensión de sobrevivientes desde el deceso del
causante.

Consideran que, al haber ocurrido la muerte del joven John Edinson Ayala
Rodríguez, cuando se encontraba prestando el servicio militar y en combate,
se debió reconocer la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario y
medio mensual legal vigente, insistiendo en que la prestación debe pagarse
desde el 21 de diciembre de 2010, en que falleció su hijo.

1.2 Contestación de la demanda3.

3
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020210165500 – índice 55 – archivo
Contestación.

4

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

El Ejército Nacional emitió contestación a la demanda, oponiéndose a las
pretensiones incoadas, bajo el argumento que, los actos acusados fueron
expedidos conforme a derecho.

Adujo que, a los demandantes no les asistía el derecho reclamado por cuanto:
i) entre el señor Daniel Guiza Patiño (sic) y la entidad demandada no existía
una relación laboral para el momento de su fallecimiento, ocurrido el 29 de
diciembre de 2014 (sic); ii) no es procedente dar aplicación al régimen general
de pensionales, por cuanto la normatividad que rige la materia es el Decreto
4433 de 2004, la cual, solo contempló el derecho a la pensión de
sobrevivientes cuando el causante fallece estando activo en la prestación del
servicio.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: «presunción de
legalidad de los actos acusados; improcedencia del derecho reclamado;
Prescripción de derechos y la Innominada».

1.3 Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante
sentencia proferida Once (11) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, al estimar que:

Si bien es cierto, los demandantes, en su calidad de padres del exsoldado
fallecido John Edinson Ayala Rodríguez, son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes establecida en el artículo 1º Ley 447 de 1998; conforme a lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 5 ibidem, para poder gozar de la
prestación deben tener como mínimo 50 años.

En virtud de lo anterior, las mesadas causadas entre la fecha de la muerte del
causante y el Cuatro (4) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), no constituyen
un derecho susceptible de ser reconocido a los demandantes, en tanto que,
para esa fecha los señores Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo

4
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020210165500 – índice 55 – archivo
Sentencia

5

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

Ayala García no tenían la edad mínima exigida por la norma; adicionalmente,
aquellas mesadas no quedaron suspendidas hasta el cumplimiento de la
edad requerida por los beneficiarios, como lo pregona la parte actora.

Aclara que, la prescripción a la que se refiere el artículo 6 de la Ley 447 de
1998 no es sobre las mesadas no reconocidas, sino que aquella aplica sobre
las causadas con posterioridad a que los beneficiarios cumplan con todos los
requisitos para hacer exigible sus derechos; así se desprende de la sentencia
C-152 de 2002.

1.4 Recurso de apelación5.

La parte actora, inconforme con la decisión y por intermedio de su apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la decisión
de primera instancia, al considerar que:

La interpretación que le dio el Tribunal al parágrafo primero del artículo 5 de
la Ley 447 de 1998 es errónea, por cuanto, dicha norma consagra que, en el
evento que los beneficiarios de la prestación no tengan la edad para gozar de
ella, el acto administrativo del reconocimiento se suspenderá hasta el
cumplimiento de esta condición suspensiva, sin que se inicie la prescripción
consagrada en el artículo 6 de esa ley.

Señala que, la sentencia usada por el A-quo como soporte jurisprudencia si
bien moduló el tema de la prescripción e indicó que se debería dar aplicación
a la regla general de prescripción, esto no aplica para los militares fallecidos
en combate; en cuyo caso la norma les otorga el derecho a sus beneficiarios
que las mesadas pensionales no prescriban mientras cumplen la edad para
gozar de la pensión.

5
Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos – 05001233300020210165500 – índice 55 – archivo
RecursoApelación

6

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 15 de agosto de 20246, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

El Ministerio Público allegó el concepto respectivo por fuera de los términos
legales7.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el
Juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer si es posible ordenar la nulidad de los
actos administrativos acusados y, en consecuencia, ordenar el
reconocimiento y pago, debidamente indexado, de la pensión de
sobrevivientes reclamadas por los demandantes, desde el momento del
fallecimiento del joven John Edinson Ayala Rodríguez, sin aplicar la figura de
la prescripción, dado que, dicho fenómeno jurídico quedó suspendido
mientras cumplían el requisito de edad para gozar de la prestación.

6
Expediente digital – Samai – índice 4.
7
Expediente digital – Samai – índice 9-10.
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

7

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Hechos probados;
2.2.3. Análisis del caso concreto; y 2.2.4. Condena de costas.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.

Del servicio militar obligatorio. El artículo 216 de la Constitución Política
establece, como una obligación para todos los colombianos, la de «tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y
las instituciones públicas», gravamen frente al que el máximo Tribunal Constitucional ha dicho
que «[…] corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los
nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público» 9.

En ese sentido, el legislador expidió la Ley 48 de 1993 10 , por la cual, se
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, que reiteró el precitado
mandato constitucional (artículo 311), y en su artículo 14 dispuso que «[t]odo
varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del
lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá
formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin
haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley»12 (se resalta).

Asimismo, la referida normativa fijó la duración del servicio militar y las
modalidades en que se podría prestar, en los artículos 1113 y 1314 ibidem.

9
Sentencia C-511 de 16 de noviembre de 1994, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.
10
Reglamentada por el Decreto 2048 de 1993.
11
«Artículo 3 Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan,
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que
establece la presente Ley»
12
El aparte subrayado fue declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-879 de 2011.
13
Artículo 11. Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio bajo banderas tendrá una duración
de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según determine el Gobierno.
14
Artículo 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes
modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las
modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
Parágrafo 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones
inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar
social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica.
Parágrafo 2° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica en donde
residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y oficio.

8

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

Ahora bien, el título V de la precitada ley consagró derechos, prerrogativas y
estímulos para quienes cumplan tal obligación constitucional, dentro de los
cuales se encuentra que el tiempo de servicio les será computado para
efectos de cesantías, pensión (de jubilación o vejez) y prima de antigüedad
(artículo 40)15.

Cabe aclarar que, la Ley 1861 de 201716, en su artículo 81, derogó la Ley 48
de 1993, pero, como en este caso el causante falleció en el año 2016, no
resulta relevante analizar su contenido.

Por otra parte, el Decreto 1796 de 200017, aplicable a los integrantes de la
fuerza pública, incluidos aquellos que se encuentran cumpliendo la obligación
constitucional de prestar servicio militar, establece que se deben realizar
exámenes de capacidad psicofísica por retiro (artículo 4), con carácter
obligatorio, dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que
produce la novedad (artículo 8), y que cuando, entre otros, en la práctica de
esos exámenes se encuentren lesiones o afecciones, o exista una
incapacidad superior a 3 meses o patologías que así lo ameriten, se deberá
practicar junta médico-laboral (artículo 19).

De la pensión de sobrevivientes. Como bien lo ha dicho esta subsección18,
la muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues
al desaparecer en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar, se corre el riesgo que sus integrantes queden desamparados
y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial
en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.

15
Sobre los efectos en materia de pensión, cesantías y prima de antigüedad del tiempo de servicio militar se puede
consultar: Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1144 de 16 de septiembre de 1998.
Asimismo, concepto de 24 de julio de 2002, expediente 11001-03-06-000-2001-01397-00(1397) y, concepto de 1°
de julio de 2004, expediente 1557.
16
Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.
17
«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de
los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de
la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

9

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, estos gozan de un régimen
pensional especial y, han sido diversas las normas que se han expedido y que
regulan los derechos prestaciones que, en virtud del fallecimiento de sus
integrantes, se pueden generar a favor de sus beneficiarios, entre ellas, el
Decreto 2728 de 1968, que en su artículo 8 preceptúa que el soldado o
grumete en servicio activo que fallezca en combate o por acción directa del
enemigo, en conflicto internacional o manteniendo el orden público será
ascendido de manera póstuma y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de 48 meses de haberes correspondientes al grado
póstumo y al doble de cesantías; si muere por accidente en misión del servicio
a 36 meses de sueldo básico; y si su deceso es por causas diferentes, el pago
será de 24 meses de sueldo básico19.

Por su parte, el Decreto 1211 de 1990 consagró derechos y prestaciones por
causa del deceso en misión del servicio solo para los oficiales y suboficiales
de las fuerzas militares y sus beneficiarios; entre las que se encuentra el
ascenso póstumo y el pago de una compensación, el doble de cesantías y
una pensión de sobrevivientes cuyo orden de beneficiarios quedó regulado en
su artículo 185.

Y, para el caso de los soldados vinculados a las fuerzas militares «por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio», la Ley 447 de 1998

sí consagró una pensión vitalicia para sus beneficiarios, pero únicamente para
aquellos que murieran «en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en
conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público».

Finalmente, en virtud del Decreto 4433 de 2004, el beneficio de la pensión de

19
«Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en
combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público,
será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago
doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del
servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico
que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus
beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo
tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero».

10

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

sobrevivientes acoge a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de
las fuerzas militares.

Sobre la pensión de sobrevivientes de personas vinculadas a las fuerzas
militares en cumplimiento del mandato constitucional de prestar el servicio
militar obligatorio, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, en sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-010-20182120, la sección segunda de la Corporación examinó el tema
in extenso y estableció21 las diferentes reglas con relación a los beneficiarios
de las personas vinculadas a las fuerzas militares.

Según la precitada sentencia de unificación, los beneficiarios de las personas
vinculadas a las fuerzas militares, en cumplimiento de la obligación
constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en
actividad y con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
pueden favorecerse de la pensión de sobrevivientes prevista por dicho
régimen general contenido en sus artículos 46, 47 y 48 ibidem, el cual deberá
aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación,
esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el
orden de beneficiarios.

20
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ010-S2 de 12 de abril de
2018, expediente 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
21
1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez
contencioso administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que
invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y
de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda y a los
supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios
de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el
servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el régimen general contenido en la Ley 100 de
1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación,
esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.
3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad normativa, de la suma adeudada
por concepto de pensión de sobrevivientes en virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse,
debidamente indexado, lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en atención a la
incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que cobija tal prestación es cubierta con el
reconocimiento pensional.
4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo podrá descontar el valor
efectivamente recibido por concepto de compensación por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde
el valor actualizado de la compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe
pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la
diferencia sin que se afecte su mínimo vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios
de los conscriptos fallecidos simplemente en actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que
debe atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan derecho a la pensión en los términos
de la presente providencia, de los valores pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el
derecho a compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional.

11

Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

La citada Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones», en su artículo 46 22 reguló lo concerniente a la

pensión de sobrevivientes. Tal disposición fue modificada por el artículo 12 de
la Ley 797 de 200323, en el sentido de indicar que accederían a la pensión por
muerte «[l]os miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento».

Por otra parte, el artículo 4724 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de
la Ley 797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, en primer orden, al cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite; en segundo, a los hijos menores de 18 años y a los
mayores de 18 hasta los 25 y; en tercero, a falta de estos, a los padres del
causante, así como los requisitos que deben acreditar unos y otros para tener

22
Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de
los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas
al momento de la muerte; […]
23
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
24
Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con
el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no
disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge
y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a
los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 ;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este ;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea
el establecido en el Código Civil.

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derecho al beneficio prestacional. De lo anterior se colige que, con el régimen
general de pensiones, los beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca
tendrán derecho a la mencionada pensión de sobrevivientes siempre que
aquel hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte, si esta se produjo con anterioridad a la modificación introducida por
la referida Ley 797 de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de
semanas cotizadas, pero durante los tres años precedentes al deceso.

Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció
excepciones en cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los
siguientes términos: «[…] El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule
a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
Corporaciones Públicas. […]». (destaca la Sala).

De igual modo, en lo referente a la aplicación de las disposiciones contenidas
en la mencionada normativa (Ley 100 de 1993), prescribió: «[…]Artículo 288.
Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores.
Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público
tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella
contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la
misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

En este orden de ideas, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no
resulta aplicable a los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, entre otros servidores, por cuanto expresamente su artículo 279 los
excluyó del sistema general de seguridad social. Sin embargo, de
conformidad con lo señalado en el artículo 288 ibidem, tales servidores
públicos se podrían acoger a los mandatos allí contenidos, en atención al
principio de favorabilidad.

2.2.2 Hechos probados.

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Conforme las pruebas allegadas al plenario que resultan relevante para
decidir25, tenemos que:

Con el registro civil de nacimiento allegado se encuentra acreditado que, el
joven John Edinson Ayala Rodríguez nació el Diecisiete (17) de septiembre
de Mil Novecientos Noventa (1990), siendo sus padres los señores Gloria
Elena Rodríguez Atehortúa y Juan camilo Ayala García.

Así mismo, de la copia de las cédulas de ciudadanía allegadas se logra tener
certeza que la señora Gloria Elena Rodríguez Atehortúa nació el Cinco (5) de
enero de Mil Novecientos Noventa y Uno (1971) y el señor Juan Camilo Ayala
García el Diecisiete (17) de enero de Mil Novecientos Noventa y Uno (1971);
por tanto, cumplieron los Cincuenta (50) años los días Cinco (5) y Diecisiete
(17) de enero de 2021, respectivamente.

De la hoja de servicios expedida por la entidad demandada el 8 de marzo de
2011, se logra concluir que el joven Ayala Rodríguez se vinculó como soldado
regular al Ejército Nacional el día Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil
Nueve (2009), labor que desempeñó hasta el día Veintiuno (21) de diciembre
de Dos Mil Diez (2010), por fallecimiento, esto es, alcanzó a prestar el servicio
por espacio de un (1) año y veintisiete (27) días, siendo su última dependencia
el batallón de infantería No. 42 “Batalla de Bomboná”.

Según el informativo administrativo por muerte, expedido el Veintisiete (27) de
diciembre de Dos Mil Diez (2010), por el comandante de batallón y el suboficial
de desarrollo humano del Ejército Nacional – Batallón de Infantería No. 42
“Batalla de Bomboná”, el día Veintiuno (21) de diciembre de Dos Mil Diez
(2010) falleció el joven John Edinson Ayala Rodríguez, como consecuencia
de una explosión, en virtud de lo cual su deceso fue catalogado como “muerte
en combate”.

25
Todas las que se pasan a enunciar obrantes en el Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos –
05001233300020210165500 – índice 55 – archivo Exp 4266 Ayala Rodríguez Jhon Edinson (archivos PDF No. 14.1,
15.2 y 21.2)

14

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El fallecimiento del citado joven Ayala Rodríguez también quedó probado con
el registro civil de defunción que se aportó al plenario, documento en el cual
se registra como fecha del deceso el Veintiuno (21) de diciembre de Dos Mil
Diez (2010).

Ante dicho fallecimiento, el día Dos (2) de febrero de Dos Mil Once (2011) la
señora Gloria Elena Rodríguez Atehortúa, presentó ante la entidad
demandada solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
por muerte; posteriormente, el Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Once
(2011), a través de apoderada judicial, el señor Juan Camilo Ayala García
presentó solicitud de pago de pensión de sobrevivientes.

Obra la declaración extrajuicio rendida por los señores Cruz Elena Yepes
Uribe y Santiago Londoño Rivera el día Veintidós (22) de agosto de Dos Mil
Once (2011) ante la Notaría Única del municipio de Guarne, donde
manifiestan que, conocieron a John Edinson Ayala Rodríguez, que aquel era
soltero sin hijos, siendo la única beneficiaria su madre la señora Gloria Elena
Rodríguez Atehortúa.

Ante la misma notaría, el día Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Once
(2011), rindió declaración extrajuicio la señora Gloria Elena Rodríguez
Atehortúa, quien manifestó que su hijo fallecido John Edinson Ayala
Rodríguez, era soltero, sin hijos, y quien veía económicamente por ella, dado
que desde hace tres años estaba separada de su esposo.

Las peticiones de los señores Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan
Camilo Ayala García, fueron resueltas por medio de la Resolución No. 553 del
5 de marzo de 2012, suscrita por la Coordinadora de Grupo de Prestaciones
Sociales de la entidad demandada, mediante la cual les fue reconocida una
pensión por muerte del soldado regular John Edinson Ayala Rodríguez,
equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, a partir del
Veintiuno (21) de diciembre de Dos Mil Diez (2010); sin embargo, en el mismo
acto administrativo se declaró que no habría lugar a pago de suma alguna por

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dicha pensión hasta tanto los beneficiarios no cumplieran con la condición
establecida en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 199826.

Obra en el plenario documentos con sello de recibido del Dieciocho (18) de
febrero de Dos Mil Veintiuno (2021) por parte de la entidad demandada, a
través de los cuales los aquí demandantes anexaron declaraciones
extrajuicio, entre otros documentos, e insistieron en la solicitud de pago de la
pensión de sobrevivientes; habiéndose conformado con base en ellos el
expediente No. 2109 de 2021 a nombre del causante, conforme se le indicó a
la señora Rodríguez Atehortúa en la misiva del Veinticuatro (24) de febrero de
Dos Mil Veintiuno (2021).

Posteriormente, fue expedida la Resolución No. 2477 del 16 de marzo de
202127, suscrita por la Coordinadora de Grupo de Prestaciones Sociales, a
través de la cual les fue reconocida la pensión de sobrevivientes a los
demandantes, en calidad de padres de John Edinson Ayala Rodríguez, en
cuantía de un salario y medio mínimo legal mensual vigente, así: entre el
Cinco (5) al Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021) un 100% a
favor de la señora Gloria Elena Rodríguez Atehortúa, y a partir del Diecisiete
(17) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), distribuida en partes iguales entre
ella y el señor Juan Camilo Ayala García; acto administrativo notificado
electrónicamente el Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021); así
como de manera física a la demandante28.

2.2.3. Análisis del caso concreto

Pasa la Sala a resolver el problema jurídico indicado en precedencia, así:

No hay discusión en que, el joven John Edinson Ayala Rodríguez falleció el
Veintiuno (21) de diciembre de Dos Mil Diez (2010), quien era soltero, sin hijos
y sus padres son los aquí demandantes, señores Gloria Elena Rodríguez

26
Acto administrativo también aportado con la demanda.
27
Acto administrativo también aportado con la demanda.
28
Todas las que se pasan a enunciar obrantes en el Expediente digital- Samai – gestión de otros despachos –
05001233300020210165500 – índice 55 – archivo Demanda, fl 27

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Atehortúa y Juan Camilo Ayala García; así como, que para el momento de su
deceso estaba prestando sus servicios como soldado regular adscrito al
Batallón de Infantería No. 42 “Batalla de Bomboná”, de la entidad demandada
y su muerte fue calificada como en combate.

Con las pruebas allegadas al plenario se acreditó que la señora Gloria Elena
Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García presentaron solicitudes para
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la madre el día Dos
(2) de febrero de Dos Mil Once (2011) y el padre el día Veintiuno (21) de
septiembre de Dos Mil Once (2011), peticiones que fueron resueltas por medio
de la Resolución No. 553 del 5 de marzo de 2012 dejando en suspenso el
reconocimiento pensional hasta el cumplimiento de la edad establecido en la
Ley 447 de 1998; posteriormente, al cumplir los Cincuenta (50) años de edad,
presentaron nueva solicitud, esta vez resuelta de forma favorable por medio
de la Resolución No. 2477 del 16 de marzo de 2021, otorgando el derecho
desde que cada uno cumplió con la edad requerida.

La inconformidad de la parte actora se basó en la negativa de ordenar el
reconocimiento pensional desde el momento en que falleció su hijo, sin tener
en cuenta la prescripción.

El Tribunal negó las pretensiones al considerar que el régimen que gobierna
el caso, y estipuló como requisito para gozar de la prestación el contar con la
edad de 50 años.

En ese orden de ideas, lo primero que debe recordar la Sala es que, conforme
lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es
un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
supervisión y control del Estado, con observancia de los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad.

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Asimismo, tal como lo ha indicado esta Corporación29, la muerte constituye
una contingencia del sistema de seguridad social, pues, al desaparecer en
forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se
corre el riesgo que sus integrantes queden desamparados y en peligro para
poder subsistir, por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de los beneficiarios de esta prestación.

De otra parte, resulta también importante recordar que, en materia de los
derechos laborales y de la seguridad social cobra vital importancia el principio
de favorabilidad, según el cual, si al momento de resolver un caso resultan
aplicables dos o más normas se debe escoger, en su integridad, la que
represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema
de Seguridad Social30.

Conforme lo indicó la entidad demandada durante el trámite administrativo
surtido por los demandantes, para el momento del deceso del joven John
Edinson Ayala Rodríguez - Veintiuno (21) de diciembre de Dos Mil Diez (2010)-, la
normatividad que regula la pensión por muerte en combate para los soldados
regulares o conscriptos, como fue su caso, era la Ley 447 de 1998, la cual
dispuso que a sus beneficiarios se les reconocería el derecho a una pensión
vitalicia equivalente a un salario y medio (1 ½ ) mínimo legal mensual vigente;
además, en su artículo 5 consagró quienes serían tales beneficiarios, esto es,
los padres biológicos o adoptivos; sin embargo, en el parágrafo de dicha
norma se estableció como requisito que aquellos tuvieran como edad mínima
Cincuenta (50) años, de no contar con tal, dispuso el legislador que, el acto
administrativo del reconocimiento se suspendería hasta el cumplimiento de
esa condición suspensiva, sin que se iniciara el conteo del término del
fenómeno de la prescripción consagrado en el artículo 6 de esa misma ley.

29
Así quedó expuesto en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 5 de septiembre de 2024,
radicado 05001-23-33-000-2017-00520-01 (2769-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, donde se reiteró
jurisprudencia al respecto.
30
Frente a este principio se pueden consultar, entre otras, la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de
abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15), proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

18

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Con base en dicha normativa la entidad demandada profirió la Resolución No.
553 del 5 de marzo de 2012, que resolvió inicialmente el presente asunto.

Contra aquella decisión los aquí demandantes no interpusieron recurso
alguno, por el contrario, esperaron contar con la edad requerida para
presentar una nueva reclamación tendiente a obtener el derecho pensional;
la cual, fue resuelta a través de la Resolución No. 2477 del 16 de marzo de
2021, que reconoció la pensión de sobrevivientes, pero a partir del momento
en que los demandantes cumplieron los Cincuenta años de edad, esto es,
desde el Cinco (5) y Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021),
respectivamente; debiéndose precisar que, la cuantía de dicha prestación fue
la suma de salario mínimo y medio (1 ½) legal mensual vigente, conforme lo
dispuesto en la Ley 447 de 1998.

Debe también señalarse que, según lo dispuesto en el literal b) numeral 2 del
artículo 19 de la Ley 352 de 1997, quienes prestan el servicio militar obligatorio
son afiliados no cotizantes al régimen de Seguridad Social de las Fuerzas
Militares.

Lo anterior resulta de importancia por cuanto, con el fin de analizar las
pretensiones de la parte actora, las cuales van encaminadas a que se le
otorgue el derecho pensional desde el fallecimiento del causante y no con el
límite de edad consagrado en la Ley 447 de 1998 se tendría, en virtud del
principio de favorabilidad, que analizar la viabilidad de aplicar en este caso las
disposiciones de la Ley 100 de 1993, conforme lo establecido en el artículo
288 de esta última disposición.

Sin embargo, se considera que, en este evento no es posible aplicar el sistema
general de pensiones, dado que, para ello, aquel debe aplicarse en su
integridad y el mismo no resulta más beneficioso a los demandantes como se
pasa a exponer:

En este caso, no se acreditó que el causante hubiera efectuado cotizaciones
al sistema general de pensiones; ante ello, para efectos de calcular la mesada

19

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pensional no es posible dar aplicación a las disposiciones del artículo 48 de la
Ley 100 de 1993, norma según la cual el ingreso base de liquidación (IBL)
será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso
por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras
quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso
base de liquidación.

De aplicarse en este caso las disposiciones del ya citado régimen general de
pensiones, se tendría que calcular la pensión en un salario mínimo legal
mensual vigente, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 100 de
1993, que establece que en ningún caso el monto de la pensión podrá ser
inferior al citado salario mínimo legal mensual vigente.

Mientras que, a los demandantes les fue reconocida la prestación en un
salario y medio (1 ½) mínimo legal mensual vigente, lo que les resulta más
beneficioso. Adicionalmente, para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes bajo las disposiciones de la Ley 100 de 1993 es necesario que
los padres acrediten dependencia económica de los hijos, exigencia que no
trae la Ley 447 de 1998 y que no fue solicitada ni acreditada de forma plena
por los aquí demandantes, previo al reconocimiento de la prestación.

En virtud de lo anterior, se aplicará en el sub lite de forma íntegra las
disposiciones de la Ley 447 de 1998, incluyendo el parágrafo 1 del artículo 5
de la Ley 447 de 1998, que establece que, para ser beneficiario de la pensión
de sobreviviente se requiere contar con la edad de 50 años por parte de sus
beneficiarios.

Dicha exigencia se considera ajustada a derecho, en el entendido que, como
ya se expuso, la pensión de sobrevivientes en estos casos es otorgada no por
los aportes que hiciera el causante, ni en virtud de acreditar dependencia
económica respecto de aquel; aquella se concede como una manera de
«recompensar de alguna forma a todas esas familias colombianas víctimas
de una violencia sin tregua en la cual, lamentablemente pierden a sus hijos;
muchachos que parten un día de su hogar con el propósito de cumplir con el

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deber y la obligación de prestarle un servicio a su patria y con el “ anhelo de
constituirse -en la mayoría de los casos- en la esperanza del mejoramiento de
las condiciones de vida de ese núcleo familiar»31, esto es, resulta ser una
dadiva en contraprestación a la labor desempeñada por el causante.

Aquí debe recordarse que, el legislador goza de un amplio margen de
configuración legislativa (art. 150 CP), la cual, si bien no es absoluta, debe
respetar los derechos fundamentales, los principios y fines del Estado y las
demás normas constitucionales, a través de ella se puede:

• Fijar nuevos procedimientos.
• Eliminar etapas procesales.
• Imponer cargas procesales.
• Establecer plazos para el ejercicio o goce de derechos.

En ese caso, el Congreso en uso de dicha facultad de configuración
legislativa, impuso un requisito de edad, para gozar de la pensión de
sobrevivientes, el cual se considera razonable, dada la particularidad de la
pretensión, recordando que esta otorga un beneficio superior y con menos
exigencias que el establecido en el régimen general de pensiones, esto es, la
no cotización del causante y la cuantía de la prestación.

En este punto debe tenerse en cuenta que, en la sentencia C-835 de 2002,
reiterada en la sentencia C-1188 de 2008, la Corte Constitucional indicó que,
por sí sola la existencia de regímenes prestacionales diferentes no contraría
el principio a la igualdad, aclarando que, «solamente podría darse esa circunstancia
(a) si la prestación es autónoma y separable, lo cual debe ser demostrado claramente (b) la
ley prevé un beneficio indudablemente inferior para el régimen especial, y (c) que no exista
otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad frente al
sistema general de seguridad social y que la carencia de compensación resulte evidente »;

en este caso, se insiste, el régimen especial otorga mayores beneficios para
los padres de los soldados regulares muertos en combate, por tanto, debe
aplicarse aquel.

Así quedó expuesto en los antecedentes de la Ley 447 de 1998, exposición de motivos – debates Congreso de la
31

República.

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Al haberse definido que la Ley 447 de 1998 debe ser aplicada de forma
íntegra, se pasa a analizar el punto de inconformidad según el cual la mesada
pensional debía ser reconocida desde el momento del fallecimiento del joven
John Edinson Ayala Rodríguez, esto es, desde el Veintiuno (21) de diciembre
de Dos Mil Diez (2010), sin prescripción.

A juicio de la Sala, teniendo en cuenta el principio de inescendibilidad
normativa, la prescripción que opera en estos eventos es la trienal,
consagrada en el artículo 6 de la Ley 447 de 1998. Esta norma fue analizada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-152 de 2002, declarándose
condicionalmente exequible, en el entendido que, en materia pensional
aquella no opera sobre el derecho a gozar de la pensión, sino sobre las
mesadas pensionales no reclamadas de forma oportuna, esto es, dentro de
los tres años establecidos en dicha norma; sin embargo, debe precisarse que,
para determinar si opera o no la figura de la prescripción debe partirse del
hecho que, quien reclama tenga el derecho a percibir la prestación.

Conforme lo dispuso el legislador, en estos eventos para poder gozar de la
pensión de sobrevivientes reclamada los beneficiarios tienen que cumplir con
un solo requisito, esto es, contar con mínimo Cincuenta (50) años de edad,
una vez acreditado aquel, podrán solicitar el reconocimiento y pago de la
prestación y, en consecuencia, es a partir de ese momento en que, ante su
inactividad, podría empezar a contabilizarse el término de la prescripción de
las mesadas pensionales.

En ese orden de ideas, si después de haber cumplido con el requisito de edad,
la pensión de sobrevivientes no es reclamada por sus beneficiarios, las
mesadas pensionales prescribieran en tres años.

En este caso, a los demandantes no les asiste el derecho a gozar del
retroactivo pensional en los términos solicitados en la demanda, esto es,
desde el fallecimiento del joven John Edinson Ayala Rodríguez, por cuanto

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para ese momento no cumplían con el requisito de la edad exigido por la Ley
447 de 1998.

Ahora, en cuanto el argumento del recurrente, según el cual, el inciso final del
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998 le otorga el derecho a gozar
de la pensión, sin tener en cuenta el fenómeno de la prescripción, debe
precisarse que, dicha norma señala “De no tener esta edad, el Acto Administrativo del
reconocimiento se suspenderá hasta el cumplimiento de esta condición suspensiva, sin que
se inicie la prescripción de que trata el artículo 6 de esta ley”. Esta, contrario a lo

manifestado por la parte actora no puede ser entendida como una habilitación
para que, una vez cumplida la edad, se reconozca la totalidad de las mesadas
pensionales desde el fallecimiento del causante; por cuanto no tendría sentido
dicho limitante de la edad, si con posterioridad se van a reconocer todas las
mesadas pensionales.

A juicio de la Sala, lo que el legislador quiso dar a entender es que no prescribe
el derecho a que se le reconozca la pensión, si entre el momento del deceso
y el cumplimiento de la edad de sus beneficiarios transcurrían más de tres
años; debe recordarse que, el artículo 6 de la Ley 447 de 1998 antes de la
sentencia de constitucionalidad C-152 de 2002 disponía que los derechos,
incluido el de pensión de sobrevivientes, prescribía en un lapso de tres años,
siendo solo a partir del citado fallo que se aclaró que, dicha prescripción en el
tema pensional aplica solo sobre las mesadas pensionales y no sobre el
derecho pensional.

Así las cosas, no se evidencia yerro alguno en los actos administrativos
acusados que ameriten su declaratoria de nulidad; lo anterior, en el entendido
que, el primero de ellos - Resolución No. 553 del 5 de marzo de 2012- reconoció el
derecho a los demandantes, pero lo supeditó al cumplimiento de la edad,
conforme lo establecido en la Ley 447 de 1998 y, el segundo, esto es, la
Resolución No. 2477 del 16 de marzo de 2021, en efecto reconoció la pensión
de sobrevivientes a partir del momento en que los aquí demandantes tenía el
derecho por haber cumplido el requisito de edad, esto es, desde el Cinco (5)
de enero de Dos Mil Veintiuno (2021) – en que la madre del causante cumplió los 50

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Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

años- a favor de la señora Gloria Elena Rodríguez Atehortúa en un 100%, y a

partir del Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021) – momento en que
el padre cumplió los 50 años-, distribuida en partes iguales entre ella y el señor

Juan Camilo Ayala García.

Así las cosas, se considera que la decisión del Tribunal debe ser confirmada,
ya que a los demandantes no les asiste el derecho reclamado.

2.2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Once (11) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicado: 05001233300020210165501 (2122-2025)
Demandantes: Gloria Elena Rodríguez Atehortúa y Juan Camilo Ayala García
Demandada: Nación – Ministerio de defensa – Ejército Nacional

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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