Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00520-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00520-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-00520-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 05001-23-33-000-2017-00520-01 (2769-2024)
Demandante : María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento pensión de sobrevivientes por muerte
en simple actividad – soldado presta servicio militar
obligatorio - favorabilidad Ley 100 de1993
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 27 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
La demandante por intermedio de apoderado judicial acude a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del siguiente acto
administrativo:
Resolución 3030 de 25 de julio de 2016, proferida por el Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, por medio de la cual le negó a María Lucero
Gómez de Velásquez el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
en calidad de beneficiaria del soldado voluntario Darwin Velásquez Gómez
(q.e.p.d.).
1
Folio 1 a 18.
2
Interno: 2769-2024
Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
pidió que se condene a la parte demandada a (i) reconocer y pagar la pensión
de sobreviviente a María Lucero Gómez de Velásquez en su condición de
madre del causante a partir del 16 de mayo de 1998 (día siguiente al
fallecimiento) por aplicación del principio de favorabilidad; (ii) a reconocer y
pagar a la actora todas las mesadas pensionales “prima semestral y de
navidad” debidamente indexadas; y (iii) se condene en costas y agencias en
derecho a la parte accionada.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Precisó que, German Velásquez Arias y María Lucero Gómez de Velásquez,
procrearon a Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) quien nació el 13 de agosto de
1979.
Refirió que, German Velásquez Arias falleció el 7 de octubre de 1992.
Destacó que, Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) fue incorporado al Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a prestar servicio militar como soldado
regular desde el 4 de noviembre de 1997 hasta el 15 de mayo de 1998 (fecha
del fallecimiento).
Indicó que, el causante pertenecía al Batallón Ayacucho de infantería No 22 de
Manizales y su último lugar de prestación de servicio fue en el municipio de
Nariño Antioquia.
Señaló que, Darwin Velásquez Gómez era soltero y no tenía esposa o
compañera permanente, ni hijos, siendo su única beneficiaria María Lucero
Gómez De Velásquez en calidad de progenitora.
Precisó que, con ocasión del deceso del extinto servidor, el ejército inicio una
investigación administrativa interna denominada “informativo administrativo por
muerte No. 011” y calificó la misma como “muerte ocurrida en misión del
servicio”.
Sostuvo que, el 10 de mayo de 2016 la señora Gómez de Velázquez solicitó a
la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional - Ministerio de
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Interno: 2769-2024
Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
Defensa, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte en
servicio de Darwin de Jesús Velásquez (q.e.p.d.).
Iteró que, por Resolución 3030 de 25 de julio de 2016 el ministerio demandado
le negó la solicitud de pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte de su
hijo argumentando que “para la época de los hechos se encontraba vigente el
Decreto 2728 de 1968 norma que no contemplaba el reconocimiento de la
prestación económica solicitada”; y que frente a la aplicación de la Ley 447 de
1998 “ni el Consejo de Estado, ni la Corte Constitucional han expedido una
sentencia de unificación frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990 frente
al personal de soldados de la fuerza Militares”. Acto administrativo que no fue
susceptible de recurso de apelación.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política citó los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 48 y 58; del
CPACA los artículos 3, 13, 66, 138, 162, 171, 197 y 199; y los Decretos 2728
de 1968 y 1211 de 1990.
Al desarrollar el concepto de violación citó la sentencia T-1043 de 2012 de la
Corte Constitucional.
2. Contestación de la demanda
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional contestó
demanda y se opuso a la prosperidad de las súplicas argumentando que2:
No le asiste el derecho a la señora Gómez de Velásquez al reconocimiento de
la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de su hijo, puesto que
el Decreto 2728 de 1968 no contempló el reconocimiento para los beneficiarios
legales del uniformado fallecido en “misión del servicio”.
Aunado a que, es improcedente el reconocimiento de la prestación pensional de
sobreviviente bajo el amparo de lo normado en el Decreto 1211 de 1990, pues
si bien, es cierto, que tal decreto consagra prestaciones económicas que se le
reconocen a los familiares de los uniformados fallecidos, tal norma es precisa en
señalar que se aplica únicamente a los beneficiarios de los oficiales y
2
Folio 74 a 83.
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Interno: 2769-2024
Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
suboficiales activos de las Fuerzas Militares que mueren en combate, y a ese
grupo no pertenecía el causante, dado que, para la época de la muerte no
ostentaba tales cargos, ya que, ostentaba la calidad de soldado regular del
Ejército Nacional.
Por ello, el régimen prestacional aplicable a Darwin Velásquez Gómez al
momento de su deceso; esto es, 15 de mayo de 1998, es el consagrado en el
artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, norma especial que dispone que cuando el
soldado fallezca en servicio activo y que la muerte sea causada en misión del
servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de 36
meses de sueldo básico, que corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
Por lo que, mediante Resolución 007214 de 15 de octubre de 1998 la entidad
demandada le reconoció y pagó a la actora compensación a título de
indemnización por la muerte de su hijo Darwin Velásquez Gómez,
reconocimiento que se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.
En suma, que la Ley 447 de 1998 no consagró el reconocimiento y pago de una
pensión de sobreviviente en favor de beneficiarios legales del soldado o grumete
fallecido en misión del servicio, y la señora Gómez de Velázquez no acreditó la
dependencia económica con el causante.
Concluyó que, son incompatibles el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes con la indemnización por compensación y muerte; por lo que,
solicita que en caso que se ordene el reconocimiento de la pensión se haga el
descuento de los valores recibidos por la demandante como indemnización.
Propuso los medios exceptivos que denominó “prescripción de las mesadas
pensionales”; “incompatibilidad entre prestaciones”; y “la innominada”.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de octubre de 2023 profirió
sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar
que3:
3
Samai-gestión otras corporaciones-índice 0024.
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
El régimen prestacional de las Fuerzas Militares previsto en los decretos 2728
de 1968, vigente para el momento del deceso el soldado regular Darwin
Velásquez, no regulaba el reconocimiento de una pensión de sobreviviente para
el conscripto, y fue solo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998
que se consagró en favor del grupo familiar del personal vinculado a las Fuerzas
Militares que falleciera durante la prestación del servicio militar obligatorio en
combate, o por el actuar del enemigo, en conflicto internacional o participando
en operaciones de conservación o en el restablecimiento del orden público, el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes vitalicia y equivalente
a un salario mínimo y medio legal mensual vigente, pero nada se dispuso en
favor del grupo familiar de quien falleciera en “Simple Actividad”, o en “Misión
del Servicio”.
Destacó que, conforme al principio de favorabilidad se debe verificar si la actora
tiene derecho al reconocimiento pensional de conformidad con el régimen
general contemplado en la Ley 100 de 1993, el cual estaba vigente en la fecha
en que Darwin Velásquez falleció, esto es, en 1998.
Sostuvo que, el régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de
1993 en su redacción original y vigente a la fecha de muerte del causante
establecía que los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que
falleciera tenían derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes,
siempre y cuando el afiliado hubiere cotizado al sistema por lo menos veintiséis
(26) semanas al momento de su muerte.
De ahí que, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso determinó
que Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) estuvo vinculado al Ejército Nacional
desde el (4 de noviembre de 1997 hasta el 15 de mayo de 1998). Luego, cumple
con el tiempo de servicios de 6 meses y 12 días que equivalen 27,4 semanas,
lo que implica que estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas
Militares por un lapso superior al exigido por la Ley 100 de 1993 para dicha
época, y, por ende, es beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
Así mismo, predicó que según la prueba testimonial los recursos económicos
que percibía Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) por las labores que realizaba
antes de prestar el servicio militar obligatorio constituían un apoyo económico
para el sostenimiento de su madre y su hermana. Así lo manifestaron los testigos
Miriam Yanet Cardona Osorio, Sandra Gómez Caro, y Alexander Gómez
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García, quienes expusieron en su declaración que Darwin Velásquez Gómez
trabajaba desde niño para apoyar económicamente a su familia, y que la
principal labor que desarrollaba era en fincas.
En atención de ello, consideró que se demostró la dependencia económica de
la señora Gómez de Velásquez al momento de la muerte del causante, puesto
que conforme al registro en el RUAF aquella solo empezó a devengar la pensión
de sobreviviente de su cónyuge después de 2010; dado que, la resolución de
reconocimiento data de enero de 2010. Y las labores que empezó a realizar
María Lucero para su subsistencia y la de su hija, fueron a partir del momento
en que Darwin ingresó al servicio militar.
Así que, podía recibir las dos pensiones de sobrevivientes puestos que tienen
orígenes diferentes, una es por la muerte de su cónyuge y otra por la muerte de
su hijo ya que son derechos originados en cotizaciones diferentes, siempre y
cuando se cumplan los requisitos en cada una.
Acorde con lo anterior, destacó que se cumplen todos los requisitos exigidos en
la Ley 100 de 1993 para que proceda el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes para la demandante, y por lo tanto será este régimen el que debe
aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación.
Por consiguiente, y de conformidad con la tesis plasmada en la sentencia CE-
SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, respecto del principio de
inescindibilidad normativa ordenó: “el descuento, debidamente indexado, de lo
que se hubiere pagado por virtud de la compensación por muerte, como
consecuencia de la aplicación del Decreto 2728 de 1968”. Reconocimiento que
fue efectuado por la entidad en favor de María Lucero Gómez de Velásquez
como madre del SLR Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.), en el equivalente a
treinta (36) meses de sueldo básico de un cabo segundo para la época del
fallecimiento.
En consecuencia, ordenó el reconocimiento del 100% del derecho pensional a
favor de la demandante como única beneficiaria de la pensión de sobreviviente;
y declaró la nulidad de la Resolución 3030 de 25 de julio de 2016 proferida por
El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, que negó a la actora la pensión de
sobrevivientes.
Empero, al estudiar el fenómeno jurídico de la prescripción, indicó que María
Lucero Gómez de Velásquez presentó solicitud de reconocimiento pensional
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
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ante la entidad el 10 de mayo de 2016, y mediante Resolución 3030 de 25 de
julio de 2016 se resolvió de manera negativa la misma. La demanda fue
presentada el 2 de diciembre de 2016, por lo que, el término de prescripción se
cuenta a partir del momento de la radicación de la solicitud y tres años hacia
atrás. Por consiguiente, declaró prescritas las mesadas pensionales anteriores
al 10 de mayo de 2013.
Finamente, condenó a la enjuiciada a reconocer y pagar en favor de María
Lucero Gómez de Velásquez, en calidad de madre del joven fallecido Darwin
Velásquez Gómez (q.e.p.d.), la pensión de sobrevivientes de conformidad con
lo establecido en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 a partir del 15 de mayo de
1998.
No condenó en costas a la parte demandada.
4. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada disiente de
la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que4:
No comparte la posición del a quo pues la normatividad por medio de la cual
se reconoce la pensión reclamada por la demandante es aplicable
exclusivamente al soldado que encontrándose prestando su servicio militar
obligatorio falleciere en “combate” o como “consecuencia de la acción del
enemigo”, en “conflicto internacional” o “participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público”, lo que no ocurrió en el sub
judice. Máxime que, no existe identidad temática entre el asunto de la
referencia y los criterios de unificación adoptados en la referida sentencia,
toda vez que las reglas de la unificación tratan del reconocimiento de
pensiones de sobrevivientes para los beneficiarios de los soldados regulares
fallecidos en “simple actividad”, y no en “misión del servicio” como acontece
en el presente asunto.
Alegó que, ninguna de las sentencias de esta Corporación unificó respecto de
la aplicación del principio de favorabilidad en el caso de los soldados regulares
fallecidos en “misión de servicio”; por ende, no es procedente dar aplicación
por analogía de la sentencia de unificación sobre la pensión de sobrevivientes
4
Samai-expediente digital 002.
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de soldados conscriptos o regulares muertos en “simplemente actividad” como
lo expone el a quo.
Por ende, no es procedente reconocer a la actora derecho alguno; y que, en
caso de concederse, generaría un detrimento patrimonial para el Estado, el
tener que pagar una pensión de sobreviviente a quien no probo depender
económicamente del soldado fallecido.
5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021
6. Por auto de 26 de junio de 20245, el consejero sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia se prescindió del periodo. En el presente asunto las partes no
alegaron de conclusión.
7. El Ministerio Público guardó silencio6.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. La
Sala se pronunciará sobre la inconformidad planteada por el apelante.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que accedió
a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se determinará (i) si a María Lucero Gómez de Velásquez en
condición de progenitora de Darwin Velásquez Gómez (q,e,p,d) le asiste
derecho o no para reclamar de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, con
fundamento en el principio de favorabilidad y en aplicación de la Ley 100 de
1993; (ii) si contrario sensu, como el deceso se produjo por muerte “en misión
5
Samai índice 004.
6
Samai índice 009.
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del servicio”, la norma que rige el asunto es el Decreto 2728 de 1968 que solo
prevé una compensación por muerte que ya se sufragó, como lo alega la
demandada; y (iii) si la actora logró demostrar la dependencia económica
respecto del causante.
Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. De la pensión de sobrevivientes; 2.2.2; Hechos relevantes
probados; y 2.3 Caso concreto.
2.2.1. Marco normativo del servicio militar obligatorio.
El artículo 216 de la Constitución Política establece como una obligación para
todos los colombianos la de “tomar las armas cuando las necesidades públicas
lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”,
gravamen frente al que el máximo Tribunal Constitucional ha dicho que “(…)
corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a
los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda
del orden institucional y el mantenimiento del orden público7”.
En ese sentido, el legislador expidió la Ley 48 de 1993 8, por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, que reiteró el precitado
mandato constitucional (artículo 39), y en su artículo 14 dispuso que “[t]odo
varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación
militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad,
requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o
aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado
cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley” 10 (se
resalta).
Asimismo, la referida normativa fijó la duración del servicio militar y las
modalidades en que se podría prestar, en los siguientes términos:
Artículo 11. Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio bajo
banderas tendrá una duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según
determine el Gobierno.
7
Sentencia C-511 de 16 de noviembre de 1994, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.
8
Reglamentada por el Decreto 2048 de 1993.
9
“Artículo 3 Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan,
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que
establece la presente Ley”.
10
El aparte subrayado fue declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-879 de 2011.
10
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Artículo 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá
establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del
servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la
prestación de] servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
Parágrafo 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación
militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser
instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la
comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y
conservación ecológica.
Parágrafo 2° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en
la zona geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio
tomando en cuenta su preparación académica y oficio.
Ahora bien, el título V de la precitada Ley consagró derechos, prerrogativas y
estímulos para quienes cumplan tal obligación constitucional, dentro de los
cuales se encuentra que el tiempo de servicio les será computado para efectos
de cesantía, pensión (de jubilación o vejez) y prima de antigüedad (artículo
40), es decir, dicho lapso se suma para la consolidación de esos derechos
prestacionales11.
En ese orden, el tiempo de servicio militar obligatorio se computa para efectos
de derechos pensionales tanto en el régimen general de seguridad social como
en el especial de las fuerzas militares, tal como lo expuso el Consejo de
Estado, sala de consulta y servicio civil, en concepto de 1° de julio de 2004 12:
“Por tanto, el tiempo de servicio militar se computa para efecto de derechos
pensionales tanto en el Régimen General de Seguridad Social como en el especial
de las Fuerzas Militares, incluido el del personal de soldados profesionales 13, pues
la preceptiva del artículo 40 de la ley 48 de 1.993 se refiere de modo genérico a
“todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio”, de donde se
infiere que la efectividad del beneficio opera de manera automática una vez se haga
valer para el reconocimiento de derechos pensionales, bien en el Régimen General
como en el propio de la fuerza pública. Estos son derechos que adquieren quienes
prestan el servicio militar obligatorio”.
No obstante, la Ley 1861 de 201714, en su artículo 81, derogó la Ley 48 de
1993, pero, como el causante en el asunto sub examine falleció en 1998, por
economía procesal, la Sala se abstendrá de hacer el análisis de dicha
normativa que actualmente regula la materia.
11
Sobre los efectos en materia de pensión, cesantías y prima de antigüedad del tiempo de servicio militar se puede
consultar: Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1144 de 16 de septiembre de 1998. Asimismo,
concepto de 24 de julio de 2002, expediente 11001-03-06-000-2001-01397-00(1397).
12
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 1° de julio de 2004, expediente 1557, consejera ponente
Gloria Duque Hernández.
13
DECRETO LEY 1793 DEL 2000, por el cual se expide el régimen de carrera y el Estatuto del Personal de Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, artículo 1o. “SOLDADOS PROFESIONALES. Los soldados profesionales son los
varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de
las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento el orden público y
demás misiones que le sean asignadas”.
14
Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.
11
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2.2.2. De la pensión de sobrevivientes.
Como bien lo ha dicho esta subsección15, la muerte constituye una
contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma
definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre
el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder
subsistir, por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de los beneficiarios de esta prestación.
De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad
social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección,
coordinación y supervisión y control del Estado, con observancia de los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
La Ley 100 de 1993, “[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”, reguló lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes:
“Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte (…)”
Dicha norma fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 16, en el
sentido de indicar que accederían a la pensión por muerte “[l]os miembros del
grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
Así mismo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original preceptuó
como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer orden, al
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, en segundo, a
los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25, y, en tercero,
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de
2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
12
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
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a falta de estos, a los padres del causante, así como los requisitos que deben
acreditar unos y otros para tener derecho al beneficio prestacional, así:
Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite. (…)
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Puestas, así las cosas, se colige que, con el régimen general de pensiones,
los beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la
mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, si esta se
produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida Ley 797
de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero
durante los tres años precedentes al deceso.
A su vez, el artículo 48 define el monto de la prestación de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto
mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al
100% de la pensión que aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será
igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
No obstante, lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión
de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS,
vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al
65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas
condiciones establecidas por dicho instituto”.
Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció
excepciones en cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los
siguientes términos:
“El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal
regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a
partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
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Corporaciones Públicas.
(…)” (destaca la Sala).
De igual modo, en lo referente a la aplicación de las disposiciones contenidas
en la mencionada normativa (Ley 100 de 1993), prescribió:
“Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y
en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público,
empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley
le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el
cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se
someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley”.
Por consiguiente, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no resulta
aplicable a los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, entre otros servidores, por cuanto expresamente su artículo 279 los
excluyó del sistema general de seguridad social. Sin embargo, de conformidad
con lo señalado en el artículo 288 ibidem, tales servidores públicos se podrían
acoger a los mandatos allí contenidos, en atención al principio de favorabilidad.
Por otro parte, el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993 preceptúa que “[e]l
sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º
de abril de 1994”, por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser
decididas, en virtud de ese régimen pensional bajo el aludido principio de
favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
Así mismo, el capítulo V del Decreto 1211 de 1990 determinó las prestaciones
por causa de muerte en misión del servicio a las que tendrían derecho los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y sus beneficiarios. Al respecto, el
artículo 190 de esa normativa establece:
“Muerte en misión del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte
de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, ocurrida por actos
del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios, en el orden
establecido en el presente Decreto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente
a tres (3) años de los haberes correspondientes al grado del causante, tomando como
base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Estatuto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a que
por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser[á] liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo
de servicio del causante”.
Frente al tema, se tiene, además, que la Ley 447 de 1998, “([p]or la cual se
establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas
fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras
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disposiciones”, en su artículo 1º dispuso:
Artículo 1º. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente ley, a la
muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional
y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios
en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona
prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión
vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.
Parágrafo 1º. Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se causa,
de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones.
Parágrafo 2º. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en el caso de
muerte de persona prestataria del servicio militar obligatorio, como consecuencia de
heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.
De otro lado, el Decreto 179317 de 2000, define en su artículo primero a los
soldados profesionales así:
“Los soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la finalidad
principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas
Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación,
restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas.”
El artículo 1 del Decreto18 4433 de 2004 dice sobre el campo de aplicación:
“Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se
señalan en el presente decreto”.
Por su parte, el artículo 11 establece el orden de beneficiarios de pensiones por
muerte en servicio activo, de la siguiente manera:
“Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del
Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de
formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a
los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25
años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre
y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes
mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del
causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que
dependían económicamente del causante.
17
Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares.
18
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
15
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11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la
prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni
padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era su
único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá
lugar a acrecimiento”.
(…)
Asu vez, el artículo 20 de la norma en cita dispone que a la muerte de un Oficial,
Suboficial o Soldado Profesional fallecido en misión de servicios los beneficiarios
tienen los siguientes derechos:
“Artículo 20. Muerte en misión del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o
Soldado Profesional de las Fuerzas Militares en servicio activo, ocurrida por actos del
servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden y proporción
establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho, a partir de la fecha
del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual,
reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual será liquidada y cubierta en
la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo del servicio
del causante.
Si el Oficial, Suboficial o Soldado Profesional, al momento de la muerte, no hubiere
cumplido el tiempo mínimo requerido para asignación de retiro, la pensión será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables.
Parágrafo. El Ministerio de Defensa reconocerá de conformidad con lo dispuesto en
este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6° de la Ley 923 del 30 de
diciembre de 2004.
Frente a la muerte simplemente en actividad el artículo 21 del mismo cuerpo
normativo señala que:
“Muerte en simple actividad. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Soldado
Profesional de las Fuerzas Militares en actividad, con un (1) año o más de haber
ingresado al escalafón o de haber sido dado de alta, según el caso, por causas
diferentes a las enumeradas en los dos artículos anteriores, sus beneficiarios en el
orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán
derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les
pague una pensión mensual, reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, la
cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
Cuando el Oficial, Suboficial o Soldado Profesional, falleciere sin tener derecho a
asignación de retiro, la pensión será equivalente al cuarenta por ciento (40%) de las
partidas computables.
Parágrafo. El Ministerio de Defensa reconocerá de conformidad con lo dispuesto
en este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6° de la Ley 923 del 30 de
diciembre de 2004”.
De lo anterior se concluye que, bajo la vigencia del Decreto 2728 de 1968, los
beneficiarios del soldado o grumete fallecido en misión de servicio tenían
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derecho al reconocimiento y pago de una indemnización equivalente a 36 meses
de sueldo básico. Con la entrada en vigor del Decreto 1211 de 1990, se
establecieron derechos y prestaciones derivados del fallecimiento en misión de
servicio exclusivamente para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
y sus beneficiarios, incluyendo el ascenso póstumo, el pago de una
compensación, el doble de cesantías y una pensión de sobrevivientes.
En cuanto a los soldados vinculados a las fuerzas militares “por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio”, la Ley 447
de 1998 sí consagró una pensión vitalicia para sus beneficiarios, pero
únicamente para aquellos que murieran “en combate o como consecuencia de
la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones
de conservación o restablecimiento del orden público”. Finalmente, con la
entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, el beneficio de la pensión de
sobrevivientes se extendió a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales
de las fuerzas militares.
Esta Corporación en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-201819 sintetizó
el tema de la pensión de sobrevivientes de personas vinculadas a las fuerzas
militares en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio
militar obligatorio, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y dispuso las siguientes reglas:
“1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y
de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para
conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte
que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de
aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme
la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la
Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas
Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio
militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista
por el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el
cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación
y el orden de beneficiarios.
3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad
normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en
virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente
indexado, lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en
atención a la incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que
cobija tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional.
19
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ010-S2 de 12 de abril de
2018, expediente 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
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4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad
solo podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación
por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de
la compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional
que debe pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de
que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo
vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en
actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe
atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el
régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan
derecho a la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores
pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a
compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el
derecho pensional.
1.1.6. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación. Precedente y
su vinculatoriedad.
(…)
204. Ahora bien, en el sub examine, es importante anotar que la tesis aquí expuesta
no implica un cambio de jurisprudencia. Por el contrario, se trata de un caso en el
cual se está sentando jurisprudencia sobre la materia objeto de debate y,
adicionalmente, no se observa que con las reglas acá establecidas se esté
restringiendo el acceso a la administración de justicia, o se configure alguna de las
hipótesis referidas anteriormente, por lo que no se advierte la necesidad de dar
efectos prospectivos al precedente que constituye esta decisión.
205. Por lo anterior, se considera que las reglas de unificación contenidas en esta
sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de
discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial.
206. De igual manera, debe precisarse que aquellos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”.
No obstante, según la mencionada sentencia de unificación, los beneficiarios
de las personas vinculadas a las fuerzas militares, en cumplimiento de la
obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan en
actividad y con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
pueden acogerse a la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen
general, conforme a lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 48 de dicha ley.
Asimismo, deberá descontarse, debidamente indexado, lo pagado como
compensación por muerte, dado que los dos regímenes son incompatibles y
la contingencia cubierta corresponde al reconocimiento pensional.
2.2.2. Hechos probados
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Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) quien nació el 13 de agosto de 1979 según
se deprende del registro civil de nacimiento, y falleció el 15 de mayo de 199820,
con estado civil soltero y sin hijos.
Copia de la cédula de ciudadanía de María Lucero Gómez de Velásquez21.
Petición de 16 mayo de 2016 por medio de la cual María Lucero Gómez de
Velásquez solicita al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional22, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de
progenitora del soldado Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.).
Resolución 3030 de 25 de julio de 201623 expedida por el ministerio
demandado, a través de la cual niega el pedimento anterior.
Certificado24 expedido por el Ejército Nacional para el reconocimiento de la
indemnización por muerte.
Oficio 20175177106107125: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-DIV07-JEM-G1-29-
60 de 28 de junio de 2017 proferido por la Séptima División del Ejército
Nacional, mediante el cual informa que el soldado regular Darwin Velásquez
Gómez (q.e.p.d.) se encuentra retirado desde el 15 de mayo de 1998 del
Batallón de Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho”, con sede en Manizales –
Caldas.
Resolución 7214 de 15 de octubre de 1998 proferida por el Ejército Nacional,
mediante la cual le reconoció y ordenó el pago a María Lucero Gómez de
Velásquez de una compensación por muerte en cuantía de $13.787.136
equivalente a 36 meses de los haberes que perciba un Cabo Segundo, bajo el
amparo de lo normado en el Decreto 2728 de 1968.
Copia del expediente prestacional 08023 de 15 de mayo de 1998 de Darwin
Velásquez Gómez (q.e.p.d.)26, con los siguientes documentos: “Certificado
para reconocimiento de indemnización, informativo administrativo por muerte,
certificado de defunción, certificado de nacimiento, certificado de matrimonios
de los padres, copia de cédula de ciudadanía, formato 3 de prestaciones
20
Folio 24 y 25.
21
Folio 27.
22
Folio 30 a 33.
23
Folio 35 a 37.
24
Folio 38.
25
Folio 93
26
Folio 38.
19
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
sociales, Resolución No, 7214 del 15 de octubre de 1998 mediante la cual se
reconoce el pago de prestaciones sociales”.
Testimonio de Miriam Yanet Cardona27 Osorio quien precisó: “que conoce a la
demandante y a Darwin Velásquez porque eran vecinos hace
aproximadamente 20 a 22 años. Dijo que Darwin y María Lucero tenían buena
relación, que Darwin se salió de estudiar para aportar económicamente a la
casa, y que él respondía económicamente por la mamá y la hermana”.
Testimonio de Sandra Gómez Caro28 la cual adujo que: “María Lucero es su
tía, y Darwin era su primo. Que ellos vivían antes en una finca vecina de ella,
y que después se fueron para Manizales. Que Darwin veía económicamente
por Lucero porque ella era viuda, y que su hermana menor estaba estudiando,
y los hermanos mayores ya tenían obligaciones con sus familias. Que Darwin
trabajaba en fincas en lo que le resultara, porque él era el que veía por su tía.
Señala la testigo que María Lucero estaba peleando la pensión de su esposo,
pero que no sabe si ya le salió eso. Dice que la demandante trabaja en casas
de familia en Bogotá.”.
Testimonio de Alexander Gómez García29 el cual relató que: “la persona que
veía económicamente por María Lucero era Darwin, porque desde que se
murió el esposo de María Lucero le tocó muy duro para levantar los hijos, y
cuando los hijos mayores se fueron, a Darwin le tocó trabajar, desde muy
pequeño, para sostener económicamente a su familia. Dijo que los hermanos
de Darwin no le ayudaban a María Lucero porque ellos tenían que sostener su
obligación diaria. Dijo que María Lucero para la época del fallecimiento de
Darwin no laboraba. Dijo que cuando Darwin ingresó al Ejército no sabe quién
empezó a velar económicamente por María Lucero, pero sabe que fueron días
y muy precarios y ahí es donde recuerda que su papá le enviaba remesitas
para María Lucero, porque tenía días muy difíciles. Después de que Darwin
fallece a ella le tocó ir a trabajar a casas de familia, y que actualmente una
pensión por el marido que le mataron”.
Informativo administrativo del que se desprende que la muerte del SLR fue “en
servicio por causa o razón del mismo”, de cuyo contenido se desprende que30:
27
Cd folio 25.
28
Cd folio 25
29
Cd folio 25
30
Folio 97 a 98.
20
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“El día 15 de Mayo del año en curso, en la vereda La Pedrera del Municipio de
Nariño Antioquia, la contraguerrilla DRAGON 4 al mando del señor SV VELASQUEZ
CRIADO HUGO ALFONSO, se encontraba realizando un registro al cerro Alegría,
ubicado en la vereda la Pedrera del municipio de Nariño, Antioquia, al término del
mencionado registro a Contraguerrilla DRAGON 4 inicio desplazamiento al sitio
donde se encontraban acantonados.
Aproximadamente a las 10:15 el señor CS TUIRAN CABRALES LUIS CARLOS,
tomo el dispositivo para realizar aseo de armamento con la segunda escuadra previa
la inspección de las armas, a las 10:30 el soldado VELASQUEZ GÓMEZ DARWIN
quien se encontraba al lado del mencionado suboficial le solicitó que le explicara en
qué consistía el Cuarto de Vuelta que da el cerrojo. El Suboficial tomó su arma de
dotación, a la cual le faltaba por armar la cubierta y la varilla guía y le colocó un
cartucho en el cerrojo, el soldado VELASQUEZ observó la explicación del Suboficial
por encima del arma y posteriormente corrió la trompetilla del arma y la llevó hasta
la altura del ojo derecho con el fin de observar el movimiento del cartucho,
momentos después el Suboficial trató de bajar el arma con el fin de descargarla pero
en el momento de intentar correr los mecanismos de atrás, el arma se disparó,
propinándole el impacto al soldado VELASQUEZ GÓMEZ DARWIN a la altura del
ojo derecho, ocasionándole la muerte de forma instantánea.
Teniendo en cuenta lo anterior, este Comando conceptúa que la muerte del SL
VELASQUEZ GÓMEZ DARWIM CM75091346, ocurrió en el Servicio por Causa y
Razón del Mismo de acuerdo con el Artículo 08 Literal B del Decreto 2728 de 1.968.”
2.3. Caso concreto
El a quo determinó que Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) estuvo vinculado al
Ejército Nacional desde el (4 de noviembre de 1997 hasta el 15 de mayo de
1998). Luego, cumple con el tiempo de servicios de 6 meses y 12 días que
equivalen 27,4 semanas, lo que implica que estuvo afiliado al Sistema de
Seguridad Social de las Fuerzas Militares por un lapso superior al exigido por la
Ley 100 de 1993 para dicha época, y, por ende, es beneficiario de la pensión de
sobrevivientes.
Frente a lo cual la entidad demandada replicó aduciendo que no comparte la
posición del a quo pues la normatividad por medio de la cual se reconoce la
pensión reclamada por la demandante es aplicable exclusivamente al soldado
que encontrándose prestando su servicio militar obligatorio falleciere en
“combate” o como “consecuencia de la acción del enemigo”, en “conflicto
internacional” o “participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público”, lo que no ocurrió en el sub judice.
Visto lo anterior, y de las pruebas avizoradas en el plenario se tiene que (i)
Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) hijo de la accionante prestó servicio militar
obligatorio como soldado regular del Ejército Nacional del 4 de noviembre de
1997 al 15 de mayo de 1998; esto es, (6 meses y 11 días) cuando falleció “en
misión de servicio”; (ii) el 10 de mayo de 2016 la señora Gómez de Velázquez
solicitó a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional - Ministerio
21
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de Defensa, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte en
servicio de Darwin de Jesús Velásquez (q.e.p.d.); (iii) por Resolución 3030 de
25 de julio de 2016, el ministerio demandado negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a María Lucero Gómez de Velásquez por cuanto el
soldado no falleció en combate, sino el misión del servicio; y (iv) por Resolución
7214 de 15 de octubre de 1998 el Ejército Nacional le reconoció y ordenó el
pago a María Lucero Gómez de Velásquez de una compensación por muerte en
cuantía de $13.787.136.
Sin embargo, esta Subsección precisa que como el soldado regular del Ejército
Nacional Darwin Velásquez Gómez (q,e,p,d) murió en “misión del servicio”, no
procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes según lo establecido
en la normativa especial que rige las fuerzas militares; dado que, el artículo 1 de
la Ley 447 de 1998 solo prevé tal beneficio cuando el deceso haya ocurrido en
“combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o en operaciones de conservación o restablecimiento del orden
público”.
Con todo, cabe precisar qué; si bien es cierto, las reglas de unificación fijadas
por esta Corporación enunciadas en líneas atrás solo hacen referencia a la
pensión de sobrevivientes de conscriptos fallecidos en “simple actividad”; lo
cierto es que, también son aplicables al sub examine por analogía, toda vez que,
si el principio de favorabilidad se garantiza a aquellos, cuanto más a quienes
perecen en cumplimiento de una misión del servicio.
Lo anterior es soportado mediante proveído de 5 de junio de 2018 de esta
Subsección31 al decir que:
“En cuanto al régimen aplicable en caso de soldado muerto en misión de servicio,
en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala aplicará por analogía, el criterio plasmado
en la sentencia de unificación, CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del
Consejo de Estado, y por las siguientes razones:
Si bien es cierto en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, se
trató de un caso de muerte de soldado (i) “simplemente en actividad” que es una de
las causales previstas en las normas especiales, al lado de las otras causales (ii) en
misión de servicio y (iii) combate, ambos casos se refieren a muerte de soldado, en
actos de servicio [...]
Así las cosas, de lo esbozado se concluye que, en caso de muerte de soldado
vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “en misión de servicio”, en
vigencia del sistema de Seguridad Social integral sus beneficiarios acceden a la
pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general contenido en los
31
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, expediente 66001-23-31-000-2011-00269-01 (1995-13).
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artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, el cual habrá de aplicarse en su
integridad para efectos del reconocimiento de la prestación [...]”.
De igual forma, la sentencia del 11 de febrero de 2021 consideró que las reglas
allí establecidas son perfectamente aplicables al caso en estudio, ya que lo
único que cambia con respecto a la situación fáctica de este proceso es la
forma en que se calificó el fallecimiento, es decir, en misión de servicio.
En consecuencia, conforme a las reglas de unificación mencionadas en líneas
atrás y al principio de favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de
1993, debe aplicarse el artículo 46 del mismo cuerpo normativo, según el cual
la pensión de sobrevivientes se causa siempre que el servidor haya cotizado
cincuenta (50) semanas al momento de su fallecimiento.
Al respecto, se aclara que el artículo 19 (letra b, numeral 2) de la Ley 352 de
1997 previó que “las personas que se encuentren prestando servicio militar
obligatorio” son afiliados no sometidos al régimen de cotización del sistema de
salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional; por lo que, en la
sentencia de unificación CE-SUJ010-S2 de 12 de abril de 2018, esta
Corporación dijo:
“(...) quienes prestan el servicio militar obligatorio son afiliados no cotizantes al
régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Militares, por lo que no sería dable
exigirles el requisito mínimo de cotización al que hace alusión el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, empero, sí es viable que durante tal término hayan sido afiliados
al sistema, por las razones que pasan a explicarse:
220. En primer término, toda vez que la ley le da beneficios a los afiliados así no
sean cotizantes. Es así, como el tiempo de prestación del servicio militar es
computado para efectos pensionales (artículo 40 de la Ley 48 de 1993).
221. En segundo lugar, en atención a que la pensión de sobrevivientes no es una
prestación de aquellas que provienen de un capital suficiente para su financiación,
sino de un sistema de aseguramiento del riesgo por fallecimiento del afiliado, tal
como se expuso en precedencia, por lo que no es absolutamente imprescindible
una cotización mínima.
222. En tercer lugar, por cuanto una interpretación sistemática de las normas que
regulan a quienes se encuentran vinculados en virtud del deber constitucional de
prestación del servicio militar obligatorio, permite concluir que ninguna de las
prestaciones consagradas en su favor en el Decreto 2728 de 1968, la Ley 447 de
199832 y el Decreto 4433 de 200433 están supeditadas al sistema de cotizaciones,
sino solamente a la afiliación”.
Condensando lo anterior, Darwin Velásquez Gómez (q,e,p,d) era un afiliado
no cotizante del sistema de seguridad social de las fuerzas militares y
beneficiario por favorabilidad de la Ley 100 de 1993 (en lo relativo a la pensión
32
Artículo 1.
33
Artículo 34.
23
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
de sobrevivientes); y, como quedó visto, alcanzó a satisfacer el tiempo mínimo
de afiliación exigido por el artículo 46 ibidem, habida cuenta de que a la fecha
de su muerte tenía 6 meses y 11 días de servicios; esto es, más de 27.4
semanas y las exigidas por la norma son 26. Luego, a María Lucero Gómez
de Velásquez como beneficiaria le asiste el derecho deprecado, de cumplir los
demás requisitos legales para acceder a la mencionada prestación.
En atención de ello, se debe analizar si la señora Gómez de Velásquez probó
su dependencia económica en condición de progenitora en relación con el
causante de la pensión. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional, en
sentencia C-111 de 22 de febrero de 200634, estudió la constitucionalidad del
aparte “si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste” de la
letra d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que fue una modificación
efectuada por el 13 de la Ley 797 de 200335, y declaró exequible dicha letra,
salvo la expresión “de forma total y absoluta”, frente a lo cual consideró:
“(…)
se ha sostenido que, para poder acreditar la dependencia económica, no es
necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona
que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino
que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el
mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos
indispensables para subsistir de manera digna. Así lo señaló, por ejemplo, el
Consejo de Estado, al declarar la nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994,
mediante el cual se pretendía reglamentar la definición del concepto de
dependencia económica36, al reiterar la jurisprudencia que, sobre protección a los
derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital ha fijado
esta Corporación. Al respecto, el citado Tribunal sostuvo:
“(…)
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 (...) no exige que el beneficiario no tenga ingreso o
si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal
mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron
provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala
procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad
reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la
dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de
1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. //
La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser
examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que
orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la
tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y
solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto
34
CP Rodrigo Escobar Gil.
35
“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante “si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste”
(…)” (resaltado fuera de texto).
36
Disponía la norma en cita: “Para efecto de la pensión de sobrevivientes se entiende que una persona es dependiente
económicamente cuando no tenga ingresos, o estos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual
vigente, y venía derivando del causante su subsistencia”.
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
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reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de
ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal
mensual, cantidad ésta ultima que de todas maneras coloca a la persona en
situación de pobreza absoluta.//.
Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado,
al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la
pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que
reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la
potestad reglamentaria e incurriendo en contracción con los principios que orientan
el régimen de seguridad social integral en pensiones” 37. (Subrayado por fuera del
texto original).
Por lo anterior, la dependencia económica ha sido entendida como la falta de
condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida
ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales.
De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de
necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del
causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la
subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de
la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la
dependencia económica no siempre es total y absoluta como lo prevé el
legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un
juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales
a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices,
dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.
Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido
concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la
subordinación de [los] padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente,
vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada
prestación [subrayas y negrillas de la Sala].
Siguiendo el hilo conductor, y de conformidad con los precedentes normativos y
jurisprudenciales en armonía con el acervo probatorio allegado al proceso, esta
Sección precisa que la actora demostró la dependencia económica respecto del
causante, dado que, las declaraciones extraprocesos coinciden en afirmar que
“los recursos económicos que percibía Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) por
las labores que realizaba antes de prestar el servicio militar obligatorio
constituían un apoyo económico para el sostenimiento de su madre y su
37
Consejo de Estado. Sección segunda. Sentencia del 11 de abril de 2002. Expediente No. 2361. Radicación No.
11001-03-25-000-1998-0157-00. En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
precisó: “De acuerdo con esta exégesis del ad quem, la configuración de la dependencia económica a la que alude
la disposición legal en cita, se desvirtúa por la circunstancia de venir recibiendo el demandante ayuda o apoyo así
sea parcial del hijo fallecido. Dicho de otro modo, para el Tribunal la exigencia legal supone que la dependencia
económica sea total y absoluta, sin ninguna posibilidad de que los padres se procuren algunos ingresos adicionales.
(...) [Para] la Sala es claro que ... el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 ..., en modo alguno consagra que
la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, tenga que ser
absoluta y total. Razonamiento que, por demás, tampoco ha avalado la Corte, pues lo que se ha dicho es que en
ausencia de enunciado legal que defina el concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior
nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe asumirse en su sentido natural
y obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio
o protección de otra. //Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la Corte bajo el
presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descarta
que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad siempre y cuando éste no los
convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal”.
(Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de 2004.
Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader). (Subrayado por fuera del texto original)
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
hermana”. Aunado a que, la accionante solo empezó a devengar la pensión de
sobreviviente de su cónyuge después de 2010, pues las labores que empezó a
realizar para su subsistencia y la de su hija, fueron a partir del momento en que
Darwin ingreso al servicio militar. Luego, se infiere que el causante era quien
satisfacía lo gastos que ella no podía solventar.
Puestas, así las cosas, se advierte que el requisito de dependencia económica
se encuentra plenamente acreditado con las declaraciones extraproceso
aportadas con la demanda, las cuales no fueron controvertidas o tachadas de
falsas por el Ministerio accionado, en las cuales se adujo de manera clara y
coincidente que el causante era un soporte económico para la señora Gómez
de Velázquez y su hija.
En este orden de ideas, la Sala precisa que María Lucero Gómez de Velásquez
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente en condición de
progenitora del soldado regular Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.), de
conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, y atendiendo el principio
de favorabilidad; por lo que, la sentencia apelada se confirma.
Con todo, debe decir la Sala que si bien existe el criterio establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU- 082 de 2022, no es aplicable a este caso en
vista que el deceso del soldado regular Darwin Velásquez Gómez (q.e.p.d.) fue
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Condena en costas.
Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:
El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:
“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.” (Resaltado
por la Sala).
A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”
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Demandante: María Lucero Gómez de Velásquez
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Otro
No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso38.
En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala no condena en
costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirma la sentencia proferida
el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió a las pretensiones de la demanda impetrada por María Lucero Gómez
de Velásquez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 27
de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Una vez en firme el presente fallo, por Secretaría, DEVOLVER
el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
38
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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