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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-31-000-2011-00269-01

Pensión de sobreviviente: madre soldado regular

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-31-000-2011-00269-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFÍRMESE la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y previa modificación del inciso segundo del numeral 2º y el numeral 3º de la parte resolutiva, en los siguientes términos: a).El inciso segundo del numeral 2º quedará así: “La cuantía de la prestación debe determinarse en los términos del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y sin que en ningún caso pueda ser inferior al inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Se pagará a partir del 7 de septiembre de 2004.” b) El numeral 3 quedará así: 3.Declárase la prescripción trienal de las mesadas pensionales anteriores al 7 de septiembre de 2004. SEGUNDO. Confírmese los demás numerales de la sentencia apelada. TERCERO. TÉNGASE al abogado Bayar Fernely González Zamorano T.P. 191.483 del C.S.J. como apoderado de la señora Rubby Graciela Jiménez Lamos. CUARTO. EN FIRME devuélvase al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-31-000-2011-00269-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

5 de julio de 2018

PENSION DE SOBREVIVIENTE – Madre soldado regular / REGIMEN ESPECIAL DE LA FUERZA PUBLICA Y REGIMEN GENERAL – Análisis normativo / SOLADADO MUERTO EN COMBATE – La norma no consagró reconocimiento de pensión de sobreviviente / PENSION DE SOBREVIVIENTE – Aplicación integral del régimen general contenido los artículos en la Ley 100 1993 / PENSION DE SOBREVIVIENTE Y COMPENSAICÓN – Improcedente / PENSION DE SOBREVIVIENTE – Reconocimiento / DINERO PAGADO POR COMPENSACION – Ordena reintegro

El régimen especial de la fuerza pública, vigente al 2 de septiembre de 1994, fecha del fallecimiento del señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, prevén la pensión de sobrevivientes, respecto de oficiales y suboficiales muertos en: (i) combate, (ii) en misión del servicio o (iii) simplemente en actividad y para acceder a ella exige 12 y 15 años de servicios, para un monto de 50% de las partidas que indica la norma especial. Empero, no estipula esa prestación para el caso de soldados muertos en las mismas circunstancias; (i) misión de servicio, (ii) simplemente en actividad y en principio tampoco (iii) en caso de soldados muertos en combate. la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han considerado que “no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente” pues ha evidenciado un trato inequitativo e injustificado entre los beneficiarios soldados que fallecen en actos de servicio, con sus pares de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales. Al régimen aplicable en la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, inicialmente, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, sentaron como precedente la aplicación de las previsiones del Decreto Ley 1211 de 1990. empero, recientemente en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, acude a la Ley 100 de 1993, y en epígrafe anterior, se advirtió que las sentencias de unificación de los órganos de cierre tienen fuerza obligatoria. En caso de muerte de soldado vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “en misión de servicio”, en vigencia del sistema de Seguridad Social integral sus beneficiarios acceden a la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 1993, el cual habrá que aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación. Por lo anterior, el A-quo acertó en el reconocimiento de la prestación, no así en el régimen aplicable, empero, no por eso le da razón al apelante.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 / LEY 100 DE 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00269-01(1995-13)

Actor: RUBBY GRACIELA JIMÉNEZ LAMOS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : pensión de sobrevivientes
Instancia : Decreto 01 de 1984

La Sala decide, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 29 de noviembre de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, accedió a las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A, por la señora, Rubby Graciela Jiménez Lamos, contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

La señora, Rubby Graciela Jiménez Lamos, pretendió la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio OF108-24818 MDSGDVBSGPS-177 de 11 de abril de 2008, por medio del cual el Ministerio de Defensa Nacional, concluyó que “no hay lugar a efectuar trámite alguno tendiente a reconocer pensión por muerte” del soldado del Ejército Nacional, Carlos Alberto Rendón Jiménez. A título de restablecimiento del derecho solicitó, se condene a la Nación–Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional: Reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, en favor de la señora Rubby Graciela Jiménez Ramos, con fundamento en el artículo 46 a 48 de la Ley 100 de 1993,o en su defecto artículo 189 literal d) del Decreto-Ley 1211 de 1990, a
partir de 2 de septiembre de 1994, en calidad de beneficiaria y por la muerte del soldado regular, Carlos Alberto Rondón Jiménez. También lo siguiente:

“TERCERA: Igualmente como consecuencia de lo anterior se condene a la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa Nacional- EJÉRCITO NACIONAL- a reconocer y pagar a mi asistida o a quien sus derechos represente, UN VALOR a (sic) las sumas que demuestre haber pagado por concepto de servicios médicos, intervenciones quirúrgicas, hospitalarios, de laboratorio, especialistas, odontológicos, tanto de él como de su familia, asistencia jurídica etc.

CUARTA. Se le pagará también el equivalente en pesos a la fecha de ejecutoria de la sentencia DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES a título de compensación por la angustia y pesar que le causó su arbitrario desconocimiento como beneficiaria de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE por el fallecimiento de su hijo, como reparación del daño moral, material, ético, social y profesional que sufrió el demandante como consecuencia de la pérdida de su ingreso salarial con la expedición del acto administrativo acusado, todo lo cual se ha causado un constante dolor, angustia, preocupación y una profunda depresión moral que le viene afectando en todo momento y un trauma psicológico que le ha impedido adaptarse a la vida civil, sin que sepa hasta ahora de su suerte con relación a su manutención.

QUINTA. Que todos los pagos que se ordenare hacer en favor de mi mandante, o a quien sus derechos representen, le sean cubiertos en moneda legal en Colombia, ajustando su valor con base en los índices de precios al consumidor certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- o por la entidad que eventualmente llegare a hacer sus veces.

SEXTA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al presente proceso, en forma y términos señalados por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.”

1.2. Hechos y consideraciones de la parte demandante

La demandante argumentó como soporte de su solicitud, en resumen lo siguiente:

Invocó como fundamento de hecho que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, ingresó al Ejército como soldado regular, el 8 de diciembre de 1993, y “fue dado de baja”, el 2 de septiembre de 1994, por muerte en servicio, como consecuencia de “combate con el enemigo”. Al fallecer fue ascendido como suboficial.

Que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, en vida, vivía en casa de su señora madre, Rubby Graciela Jiménez Ramos, no contrajo matrimonio, ni se le conocieron hijos y al momento de su muerte se encontraba activo en el Ejército Nacional. La señora Jiménez Ramos, en todo momento dependió económicamente de su hijo.

Afirmó que, la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional, no resolvió de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes.

Citó como fundamentos de derecho los artículos 1º, 2º, 3º, 6, 11, 13, 22, 25, 29, 34, 42, 48, 53, 58 150, numerales 10, 19 literales e) y f), 217, 218, 219, 220, 221, 229 y 336, el artículo 8º del Decreto Ley 2728 de 1968, artículo 189 literal d) del Decreto Ley 1211 de 1990, Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980, 113 de 1985, artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y adujo que el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación y desviación de poder, violación a los derechos del debido proceso, igualdad, el principio de favorabilidad; porque en su criterio, el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, laboró de manera ininterrumpida por 1 año, 1 mes y 16 días, y en el último año previo al fallecimiento cotizó más de 26 semanas. La demandada se ha sustraído de la obligación de reconocer el derecho pensional a la beneficiaria.

Transcribió apartes de las sentencias de 22 de febrero de 2001, 6 de marzo de 2003, 1 de marzo de 2004 del Consejo de Estado, para afirmar que en esos casos, se han resuelto de manera favorable, asuntos que en su criterio contaron con elementos fácticos y jurídicos similares a este. También se refirió a la sentencia C-461 de 12 de octubre de 1995 de la Corte Constitucional.

Concluyó que la demandante cumple los requisitos para acceder la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general o en su defecto del literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 y no operado ni la caducidad de la acción, ni la prescripción del derecho.

2. Fundamentos de la contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, propuso como excepciones: (i) prescripción de derechos laborales y mesadas prestacionales (ii) carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación demandada y solicitó se nieguen las suplicas de la demanda. Afirmó categóricamente que los actos administrativos demandados no han incurrido en las causales de ilegalidad endilgadas.

Recordó que a la luz de los artículos 216 y 217 de la Constitución Política la fuerza pública, de la que hace parte el Ejército Nacional, tiene como finalidad la defensa de la soberanía, independencia, integridad del territorio y del orden constitucional y, se encuentra sometida a un régimen prestacional especial.

Consideró que en este caso, no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, sino solamente al reconocimiento de una bonificación, ya que el régimen prestacional previsto en el Decreto 1211 de 1990, para las fuerzas militares tiene como destinatarios los Oficiales y Suboficiales y no los soldados. Adicionalmente, al tenor del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el régimen previsto en esa ley no aplica al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal amparado por el Decreto 1214 de 1990.

Afirmó que, la parte demandada, no demostró las causales de nulidad endilgadas al acto demandado y éste fue legalmente proferido; atendiendo el régimen especial de la fuerza pública, respecto de la cual la legislación ha establecido una escala salarial, prestacional, pensional especial y diferenciada y no existía para la fecha de los hechos, ni existe disposición legal alguna que permitiera “destinar, emplear o asignar a un soldado profesional en labores no relacionadas con la custodia, conservación y normalización del orden público y la soberanía nacionales(sic)”

Que no es procedente, en principio exigirle a la Nación Colombiana, emolumento, indemnización o prestación económica adicional a las legalmente establecidas, para los integrantes del Ejército cuando resulta lesionado o perece durante la ejecución o en desarrollo de una orden superior dirigida al cumplimiento de su misión constitucional, legal e institucional, como lo es la defensa de la soberanía, protección, conservación y restablecimiento del orden público, propia del riesgo excepcional.

Aseveró que, en el año 1994, el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, ostentaba la condición de soldado voluntario y se encontraba en labores y funciones propias del servicio, en cumplimiento de una misión técnica inherente a la actividad como militar, su muerte se produjo como consecuencia de un accidente. En esos casos el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000, define lo que se entiende por accidente de trabajo y el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, prevé el ascenso al grado de cabo segundo y “el reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondiente a dicho grado y al pago doble de cesantías.”

La parte interesada no puede pretender obtener beneficios del régimen especial y a su vez del general, sino que debe someterse íntegramente a aquél y en este caso la muerte se produjo el 2 de septiembre de 1994, por lo que la norma aplicable es el Decreto 2728 de 1968.

Invocó como fundamentos de derecho en su defensa, los artículos 216 y 217 de la Constitución Política, la Ley 131 de 1985, artículo 8º del Decreto Ley 2728 de 1968, artículos 169 y 174 del Decreto Ley 1211 de 1990 y 31 del Decreto 1796 de 2000.
3. Trámite procesal

En primera instancia el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto de 16 de agosto de 2011 admitió la demanda, notificó personalmente: (i) Ministro de Defensa Nacional por intermedio del Comandante del Batallón de Artillería No. 5 San Mateo de Pereira (ii) Ministerio Público. Agotó las etapas procesales. Mediante sentencia de 29 de noviembre de 2012, resolvió el asunto. El 18 de marzo de 2013, declaró fallida la posibilidad de conciliación y concedió el recurso de apelación.

En segunda instancia el asunto fue repartido al Despacho sustanciador el 2 de junio de 2013. Mediante auto de 28 de noviembre de 2012, se admitió el recurso de apelación y por auto de 25 de febrero de 2014, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.

4. La providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia 29 de noviembre de 2012, accedió a súplicas de la demanda y declaró la prescripción cuatrienal y dispuso:

“1.Declárase la nulidad del Oficio OF108-24818 MDSGDVBSGPS-177 de fecha 11 de abril de 2008, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada como consecuencia de la muerte del Cabo Segundo (póstumo)Carlos Alberto Rendón Jiménez.

2. Condénese a la Nación-Ministerio de Defesa Nacional-Ejército Nacional reconocerle, liquidarle y pagarle a la señora Rubí Graciela Jiménez Lamos en su condición de madre del causante, la pensión de sobreviviente como consecuencia de la muerte del Cabo Segundo (Póstumo) Carlos Alberto Rendón Jiménez, con efectos a partir del 3 de septiembre de 1994.
La cuantía total de la prestación se determinará de acuerdo con el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, una suma equivalente al 50%de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem, en atención a lo expuesto en el acápite de las consideraciones de esta providencia, de cuyo monto corresponde a la demandante el 50%en su condición de progenitora. Las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de esta providencia se actualizarán aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva.

De los valores adeudados deberá descontarse lo pagado por concepto de compensación por muerte, por las razones expuestas.

Dese cumplimiento al fallo en los términos y condiciones establecidas en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
3. SE DECLARA la prescripción de las mesadas pensionales causadas cuatro años antes de la fecha cierta de la presentación de la petición, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, esto es respecto al pago pero no en cuanto a la causación.

4. Sin constas en esta instancia.”

El A-quo fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

Encontró probado que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, ingresó al Ejército Nacional a partir del 8 de diciembre de 1993, y que murió el 2 de septiembre de 1994, en actos propios del servicio. Que mediante resolución 03754 del 17 de abril de 1995, el Ministerio de Defensa, pagó a la señora Rubbí Graciela Jiménez Lamos, madre del soldado Rendón, una compensación equivalente a 36 meses del sueldo básico. El 7 de septiembre de 2007, la beneficiaria reclamó ante el Ministerio de Defensa el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y que fue negada mediante el oficio OFI08-24818.

Que de conformidad con el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, vigente para la época que ocurrió la muerte del soldado regular Rendón Jiménez, solamente se reconocía el ascenso póstumo, una prestación indemnizatoria y pago doble del auxilio de cesantías. Sin embargo, el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, estableció una serie de prestaciones en favor de ascendientes y descendientes, por muerte en actividad: de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, entre estas, el ascenso póstumo y el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. En esas condiciones existe un trato diferenciado entre las prestaciones que respecto de los soldados y las que se reconoce por el mismo hecho a los oficiales y suboficiales.

Advirtió que esas normas fueron expedidas en vigencia de la Constitución Política de 1886, pero que ese trato discriminatorio se superó con lo dispuesto en los artículos 13 y 48 de la Constitución de 1991, que no admiten disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas y a la imposibilidad de acceder a los beneficios mínimos y que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte, tanto es así, que la Ley 447 de 1998 hizo lo propio para los miembros de la fuerza pública.

Por lo anterior, consideró que no existe justificación válida para que se prive de la pensión de sobreviviente en el caso de los soldados que fallecen en actividades del servicio y que el artículo 8º del Decreto 2728 de 1993, debe inaplicarse en cuanto no dispone el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en esos casos.

En relación a la favorabilidad del régimen general, razonó en el sentido, que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptúo su aplicación al personal de la fuerza pública. La aplicación del principio de favorabilidad supone “el conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente “vigentes” en el momento en que se realice el análisis del caso particular o cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones.”. y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dado aplicación al principio de favorabilidad cuando el régimen especial establece beneficios menos favorables a los dispuestos en el régimen general.

En criterio del Ad-quo, el caso que le ocupó su atención, el régimen general, no resulta más favorable que el régimen aplicable a las fuerzas militares, porque pese a que aquél exige 26 semanas de cotización el monto de la pensión ni supera el 45% del ingreso base de liquidación, mientras que el segundo establece que:“si el Suboficial no hubiere cumplido doce (12)años de servicio, sus beneficiarios tendrán derecho a que se les pague una pensión al cincuenta (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, y considerando que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 8 meses y 24 días, el monto de la mencionada prestaciones más favorable dentro el régimen especial, el cual debe ser equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990.”

Concluyó que, da aplicación al Decreto 1211 de 1990, por ser el régimen más favorable para el caso, y que la cuantía de la prestación se “determinará de acuerdo con el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es una suma equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem”

5. La apelación

La parte demandada, apeló la sentencia de 29 de noviembre de 2012, y solicitó que se revoque la totalidad de la providencia.

Reitera los argumentos sostenidos en la primera instancia y precisa que el soldado regular Carlos Alberto Rondón Jiménez, murió en misión de servicio y no en combate, por ese hecho solamente podía reconocerse una indemnización o compensación y que no es posible jurídicamente interpretar extensivamente el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, norma aplicable a oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. La norma que regula la situación fáctica del causante, para la fecha de los hechos es el Decreto 2728 de 1968, no se vulnera el derecho a la igualdad.

Afirma que en si el Despacho opta por confirmar la sentencia apelada, se debe ordenar se descuente lo pagado por indemnización y se declare la prescripción a partir del 11 de abril de 2008, y que la liquidación de la pensión sea liquidada sobre el salario mínimo legal mensual vigente, en razón a que el causante ostentaba la condición de soldado regular, su ascenso póstumo sólo tuvo efectos para el reconocimiento de la compensación.

5.1. Posición jurídica de las partes en segunda instancia

5.1.1. La parte actora. Afirma que el acto administrativo demandado, es abiertamente ilegal, solicita se procede a su nulidad y se acceda a las pretensiones de la demanda.

Adujo que: (i) sentencias, entre estas, la de 1 de abril de 2004 y 30 de octubre de 2008, del Consejo de Estado, se pronunciaron sobre los efectos del artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, y del trato discriminatorio entre soldados y los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional en relación con las prestaciones que consagra el Decreto 1211 de 1990 y la norma antes citada. Que la jurisprudencia de esa Corporación, ha anotado“…que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo al grado de Cabo Segundo, les conceda... doble la cesantía, como el caso de los oficiales y suboficiales” pero “en cambio no les otorga a sus beneficiarios la pensión que sí se le concede tratándose de estos últimos militares…”sino una compensación. (i) Los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, fueron expedidas con anterioridad a la Constitución de 1991, a partir de la cual se reivindican como principios constitucionales la igualdad material y la seguridad social. No existe justificación válida para que por la muerte de soldados regulares que fallecen en actos propios del servicio, no sea reconocido una pensión de sobrevivientes. (iii) “Es acertado la decisión…de inaplicar…el Decreto 2728 de 1968”

(iv) En fallos de tutela, la Corte Constitucional, ha comparado el Decreto 2247 de 1984, con la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, y lo ha inaplicado. (v) el decreto 2728 de 1968, no constituye ley marco, viola el derecho a la igualdad, adolece de inconstitucionalidad sobreviniente (vi) En vigencia de la actual Constitución Política, la ley marco para los integrantes de la fuerza pública, se encuentra en la Ley 923 de 2004, norma que como última ratio, debe aplicarse de manera retrospectiva, junto con el Decreto 4433 de 2004. (vii) no existe el fenómeno de la prescripción cuatrienal en virtud de los artículos 10 del Decreto 2728 de 1968 y el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

Adicionalmente solicita (viii) se tenga en cuenta “LA COMPUTACIÓN DE LOS APORTES, hechos como suboficial en ascenso póstumo con anterioridad a la Ley 923 de 2004, y ...la computación de los aportes que se hacen en la actualidad.” (ix) se refiere al daño cesante y daño emergente y considera que a los artículos 4º de la Ley 700 de 2001, y 23, 101, 102 y 141 de la Ley 100 de 1993, prevé las consecuencias, como es la indemnización moratoria por el pago tardío de la pensión.

Concluye que se debe acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte del soldado regular Carlos Alberto Rondón Jiménez, quien laboró en el Ejército Nacional, 1 año 1 mes y 16 días, tiempo durante el cual cotizó por más de 26 semanas para pensión, se demostró su fallecimiento y la calidad de beneficiaria de la demandante.

5.1.2. La demandada: Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional parte apelante, no alegó de conclusión y así se dejó constancia secretarial.

5.1.3. Intervención del Ministerio Público. La Representante del Ministerio Público, solicitó se confirma la sentencia apelada con fundamento en los siguientes argumentos:

Se refirió: (i) al artículo 8º del Decreto 2728 de 2 de noviembre de 1968, 1211 de 1990, y adujo que esas normas plasman un trato diferenciado ante el mismo hecho, entre soldados y personal de oficiales y suboficiales, lo que es contrario a los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política y considera que debe inaplicar por inconstitucional, la norma primeramente citada (ii) se refiere a las sentencias de 1 abril de 2004, 30 de octubre de 2008,7 de julio de 2011del Consejo de Estado, y C-336-2008 de la Corte Constitucional. (iii) La Ley 447 de 1998, establece la pensión vitalicia y otros beneficios en favor de “los parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio”. Nuevamente advirtió el tratamiento discriminatorio de los soldados del Ejército Nacional.

En su criterio fue acertado que el A-quo prescindiera de la solicitud del reconocimiento de la pensión con base en la ley 100 de 1993, en razón a que esta norma no es la favorable.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del C.C.A, es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia de 29 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

2. Problema jurídico

Los problemas jurídicos por resolver se contraen a establecer si (i) se debe revocar la sentencia apelada (ii) si por la muerte del soldado regular Carlos Alberto Rendón Jiménez, la demandada debe reconocer una compensación o una pensión de sobreviviente, o ambas. En caso afirmativo al amparo de qué norma.

3. Análisis problema jurídico

Como preámbulo, se aclara que la parte actora en esta instancia, en su escrito de alegaciones, presenta un compendio de razones y de solicitudes, algunas de las cuales no fueron objeto de discusión en primera instancia, y tampoco es la parte apelante, por tanto, la Sala no las analizará, en consideración a que: (i) se está en el escenario de la apelación contra la sentencia de primera grado proferida del 29 de noviembre de 2012 y figura como parte apelante, la demandada, no la parte demandante, está última ni si quiera apeló de manera adhesiva. (ii) De conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión debatida, “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o confirme la decisión.”

Aclarado lo anterior, la Sala para resolver el asunto tendrá en cuenta las premisas según las cuales: (i), tanto en vigencia de la Constitución Política de 1886 (165 y siguientes) como con la Constitución Política de 1991 (artículo 216 y siguientes), la fuerza pública ha gozado de un régimen prestacional especial. (ii) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluye expresamente a la Fuerzas Pública de la aplicación del régimen general de seguridad social y el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. No obstante estas reglas, tiene límite en el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad; lo que indica que la norma especial prevalece siempre y cuando sea más favorable que la norma general o el régimen, no sea discriminatorio. (iii) El servicio militar tiene modalidades, a saber: (a) voluntario, regulado por la Ley 131 de 1985 y (b) obligatorio previsto en las Leyes 48 de 1993 y 1861 de 2017. (iv) de conformidad con el artículo 40 de la Ley 43 de 1998, el tiempo de servicio militar obliagotorio le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; (v) Las normas proferidas en nuestro ordenamiento jurídico rigen sobre las situaciones jurídicas que acontecen en su vigencia, pero en circunstancias excepcionales, los efectos de las leyes en el tiempo pueden variar. Entre las posibilidades de aplicación de las leyes en el tiempo se han reconocido la retroactividad, ultractividad y la retrospectividad: (vi) El precedente judicial ha sido definido por la Corte Constitucional como “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”, pero no constituye una obligatoriedad absoluta. También y en cuanto a la sentencia de unificación la Corte Constitucional, ha precisado que “…la labor de unificación, se ha considerado que el valor de las decisiones de los órganos judiciales de cierre ha asumido una fuerza obligatoria a manera de precedente, por virtud de la cual los fallos judiciales anteriores se erigen en una especie de regla general para la posterior solución de casos semejantes… En relación con sus efectos, se observa que el CPACA le otorga a las sentencias de unificación una especial preponderancia tanto en el ámbito del procedimiento administrativo como en los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” (vii) es obligación de juez, “Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido,...para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales de derecho sustancial y procesal. (viii) En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sentado la regla que la norma aplicable en cada caso, es la favorable que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir, al momento del fallecimiento del causante. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiteradamente ha destacado su naturaleza y objeto, precisando que la pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad social, es una modalidad pensional que se configura en los eventos en los que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, fallece. La legislación previa verificación del cumplimiento de determinados requisitos creados por la ley, asegura que el núcleo familiar del fallecido no se vea afectado por dicha situación.

Para que se reconozca la pensión de sobrevivientes en el caso de los padres, es necesario que se acredite: (i) la relación filial; (ii) la existencia de una dependencia económica; y (iii) y la falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho. En el sub examine, no se puso en tela de juicio, la calidad y condición de beneficiaria de la señora Rubby Graciela Jiménez Lamos, lo que es objeto de reyerta es simple y llanamente: (i) el acceso al derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado regular y (ii) el régimen aplicable.

De las pruebas obrantes en el proceso, se acreditó plenamente que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, prestó sus servicios laborales en el Ejército Nacional, como soldado regular y falleció por “accidente en misión de servicio”, el 2 de septiembre de 1994. Esto es, el deceso ocurrió, por un lado en vigencia del régimen especial previsto en los Decretos Leyes 1211 de 1990, y 2728 de 1968, 1414, 1805 y 2605 de 1975, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, y régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, respectivamente. Igualmente, se advierte que el deceso ocurrió antes de (i) 23 de julio de 1998, fecha de entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998, por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios en favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio (ii) de 30 y 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 y Decreto 4433 de 2004, Ley marco y régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Por otro lado, en vigencia del régimen general la Ley 100 de 1993, sistema de seguridad social integral y antes de 29 de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, reformatoria de algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993.

Así, para mejor comprensión del asunto, la Sala recuerda la normativa de la pensión de sobrevivientes del régimen especial de la fuerza pública (Ejército Nacional), y del régimen general. También la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de ésta Corporación sobre el tópico.
3.1. El Decreto 1211 de 1990, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, consagró
“ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate...
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.

ARTÍCULO 190. MUERTE EN MISION DEL SERVICIO.
...
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante
ARTÍCULO 191. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en actividad, por causas diferentes a las enumeradas en los dos (2) artículos anteriores, sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
...
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.”

3.2. Respecto de la regulación de las prestaciones generadas por la muerte de soldados dentro el régimen especial de las Fuerzas Militares, el Decreto 2728 de 1968, régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, estableció que:

“El soldado o grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y al pago doble de la cesantía.
A la muerte de un soldado o grumete en servicio activo causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero
A la muerte de un soldado o grumete en servicio, por causas diferentes a las enunciadas anteriormente, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo Segundo Marinero.”

De las normas descritas se observa que el régimen especial de la fuerza pública, vigente al 2 de septiembre de 1994, fecha del fallecimiento del señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, prevén la pensión de sobrevivientes, respecto de oficiales y suboficiales muertos en: (i) combate, (ii) en misión del servicio o (iii) simplemente en actividad y para acceder a ella exige 12 y 15 años de servicios, para un monto de 50% de las partidas que indica la norma especial. Empero, no estipula esa prestación para el caso de soldados muertos en las mismas circunstancias; (i) misión de servicio, (ii) simplemente en actividad y en principio tampoco (iii) en caso de soldados muertos en combate.

3.3. La Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social; estructuró el sistema con los siguientes componentes: (i) el Sistema General en Pensiones, (ii) el Sistema General en Salud (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv) Servicios Sociales Complementarios.

El Sistema General en Pensiones, en lo relacionado con la pensión de sobrevivientes, establecía originalmente en su artículo 46 que tendrán derecho a la mencionada prestación (i) los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca y (ii) los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiera cumplido alguno de los siguientes requisitos: a) que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Por su parte, el artículo 48 de la misma ley señala que “el monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación”.

Así, en el régimen general de seguridad social integral, para el 2 de febrero de 1994, fecha del fallecimiento del señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, exigía 26 semanas de cotización (equivalente a 6 meses) al momento de la muerte o del año inmediatamente anterior, para una pensión en cuantía que parte del 45% del ingreso base de cotización y sin consideración a la causa de la muerte.

De manera que del análisis integral de las normas contentivas del régimen especial y del régimen general, no obstante, lo referente a la cuantía, éste (régimen general) tiene más elementos de favorabilidad en relación con aquel. Lo anterior, deja en evidencia, que la legislación especial, para efectos de la pensión de sobrevivientes, no incluía la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado. Adicionalmente, para el caso de oficiales y suboficiales exige más tiempo de cotización que la norma general para efectos de acceder a la pensión de sobreviviente.

3.4. Respecto al acceso de la pensión por muerte de soldados, la jurisprudencia de esta Corporación reiteradamente ha abogado por ese derecho y no ha encontrado justificación en el trato diferenciado respecto de sus beneficiarios y así se ha pronunciado en sentencias tales como de 7 de julio de 2011; 2 de agosto de 2012; 18 de febrero de 2016; 8 y 22 de septiembre de 2016; 26 enero de 2017; 16 y 23 de febrero de 2017; 17 agosto de 2017, y 31 de mayo de 2018, entre otras.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha considerado que:“...no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto”.

La expresión de actos de servicio, supone la vinculación de un hecho con el servicio, guarda relación con el orden funcional. El término ‘servicio’ “alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares.”

Igualmente, la Corte Constitucional ha anotado que, “los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”.Por lo anterior, y en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la dignidad humana, favorabilidad, igualdad material, y la seguridad social, reiteradamente en acciones de tutela, ha ordenado el reconocimiento de una pensión de sobreviviente en favor de los beneficiarios de los soldados cuya muerte ha ocurrido en: misión de servicio, acción directa del enemigo, en combarte, simplemente en actividad

De manera que, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han considerado que “no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente” pues ha evidenciado un trato inequitativo e injustificado entre los beneficiarios soldados que fallecen en actos de servicio, con sus pares de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales.

Así, el vacío normativo respecto del acceso al derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de soldados en acto se servicio ha quedado superado por virtud de la jurisprudencia, en el sentido que sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes.

3.5. En relación al régimen aplicable, a la pensión de sobrevivientes por la muerte de soldados, se observa, que:

La Corte Constitucional, en sentencias de tutela, en repetidas oportunidades con el propósito del reconocimiento de la pensión de sobreviviente por muerte de soldados en actos de servicio, ha ordenado la aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. En efecto, ha señalado:

“El derecho a la pensión de sobrevivientes, en el régimen especial de las Fuerzas Militares. ...
.1. En múltiples oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la figura de la pensión de sobrevivientes...
...
Ahora bien, una lectura detenida de los enunciados normativos transcritos
4.9. Frente a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segundo, en fallo de julio 7 de 2011, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, radicado 2161-09, se anotó que “resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las  previstas por el Decreto 1211 de 1990 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn26" \o "" [26], para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias”.
…
Por tal razón, de conformidad con el artículo 4 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn27" \o "" 4 de la Constitución Política, el Consejo inaplicó el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicó el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, “toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn28" \o "" [27].
...
6.5… la finalidad de la norma aludida es proteger la familiar del soldado fallecido cuando se encontraba prestando el servicio militar oficial, con el objetivo que los integrantes no queden desamparados, por lo que se debe aplicar el beneficio pensional dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados regulares que prestando el servicio militar y fallecen en actividad de tal servicio.
...”

La jurisprudencia del Consejo de Estado, también, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, ha acudido al régimen previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990 y ha considerado que no era procedente ordenar el descuento de la compensación reconocida con fundamento en el artículo 8º del decreto 2728 de 1968.

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación, en cuanto al régimen aplicable a la pensión de sobreviviente, respecto del personal de soldados muertos, en simple actividad, concluyó:

“…
88. Esta relación evidencia que sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 7 de 1998, se previó una pensión a favor de los beneficiarios del conscripto fallecido, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 no la contemplaba. Aunado a lo anterior, es importante advertir que la Ley 447 de 1998, consagró la aludida pensión, tan solo para aquellas muertes ocurridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público. 89. Se observa entonces que para el caso del fallecimiento del un conscripto en simple actividad, la única prestación que se encuentra prevista en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, y consiste en el reconocimiento y pago de 24 meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo segundo o marinero.
…
1.1.8 Principio pro homine o pro persona
112. Principio pro homine o pro persona es un principio que irradia a todos los derechos humanos, al ser connatural a la existencia misma del sistema de protección de tales derechos…
1.1.9 Principio de igualdad
117. Es importante precisar que los regímenes pensionales especiales encuentran limitantes impuestas en virtud de principios superiores como la igualdad y la favorabilidad, tal como pasa a exponerse…
…
1.1.9.1. Principio de inescindibilidad de la norma…
127.De lo anterior, se colige que el denominado principio de derecho laboral de inescindibilidad o indivisibilidad tradicionalmente ha sido consagrado en la legislación laboral colombiana como complemento del de favorabilidad, según el cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i)debe ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.
…
1.1.10. Determinación de la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los conscriptos de las fuerzas militares muertos simplemente en actividad.
…
136. Ahora bien, en este estudio no debe incluirse el Decreto 1211 de 1990 por cuanto no es aplicable a quienes prestan el servicio militar obligatorio, donde se ubican los soldados regulares, quienes claramente no son oficiales ni suboficiales. 137. Además, no sería más favorable frente a la pensión regulada en el régimen general…
…
139. Tampoco es admisible extender las prestaciones de que trata la Ley 447 de 1998, comoquiera que esta norma no decreta pensión de sobrevivientes a favor de los familiares del conscripto muerto simplemente en actividad. 140. La misma situación se presenta en relación con las disposiciones contenidas en el Decreto 4433 de 2004…
142. No desconoce la Sala que la Corte Constitucional en la sentencia T-1043 de 2012 hizo extensivo el régimen contenido en el Decreto 1211 de 1990, en el caso de un conscripto fallecido el 16 de octubre de 1997 en accidente de tránsito durante el servicio …, empero se observa que en aquella oportunidad dentro del sustento jurídico de la decisión se acogió la posición expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 7 de julio de 2011y del 30 de octubre de 2008, vigente para ese momento y que extendían los efectos de un régimen especial para las Fuerzas Militares, teoría que en esta oportunidad se reevalúa para dar aplicación al régimen general contenida en la Ley 100 de 1993.
…
146.Por ende como el régimen aplicable en virtud de la regla de favorabilidad contenido en el artículo 288, es el general previsto en la Ley 100 de 1993, este deberá atenderse en su integridad, esto es, en lo relativo al monto de la prestación, ingreso base de liquidación y orden de beneficiarios.
…
1.1.11. Descuentos de lo percibido por concepto de compensación por muerte.
…
161.

En resumen es procedente el descuento, debidamente indexado, de lo que se hubiere pagado por virtud de la compensación por muerte, como consecuencia de la aplicación del Decreto 2728 de 1968. En todo caso, la entidad solo podrá efectuar el descuento siempre y cuando haya identidad entre el beneficiario de la compensación por muerte y el beneficiario de la pensión de sobrevivientes que se reconoce. 182.…De manera que por ningún motivo podrá hacerse deducción alguna de la compensación por muerte a quien no resulte beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
…
1.1.12. Término de prescripción aplicable
…
169. Por su parte, en el régimen general se aplica el término prescriptivo de 3 años de conformidad con lo establecido por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor... 173. de manera que el término de prescripción que corre en contra de la persona que reclama el reconocimiento de la prestación opera respecto de las mesadas y será de tres años, teniendo como referente la presentación de la respectiva petición. 174. Ahora bien, no puede hablarse de prescripción de los valores económicos pagados por compensación por muerte, toda vez que la sentencia que reconoce el derecho pensional es la que origina, a su vez, el derecho de la entidad a deducir los valores que fueron inicialmente entregados por aquél concepto. 1.1.13. Reglas de unificación
…
2.Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculada a las Fuerza Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista para el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.
…
1.1.14. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación. Precedente y su vinculatoriedad.
…
205. Por lo anterior, se considera que las reglas de unificación contenidas en esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial.
…”

De manera que respecto al régimen aplicable en la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, inicialmente, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, sentaron como precedente la aplicación de las previsiones del Decreto Ley 1211 de 1990, empero, recientemente en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, acude a la Ley 100 de 1993, y en epígrafe anterior, se advirtió que las sentencias de unificación de los órganos de cierre tienen fuerza obligatoria.
4. Caso concreto

Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado: (i) mediante registros civiles: (a) nacimiento del señor Carlos Alberto Rendón Jiménez que figura como hijo de Luís Alberto Rendón Narváez y Graciela Jiménez., (b)fallecimiento del señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, (ii) mediante certificación expedida por la jefatura de soldados del Departamento E-1 del Comando del Ejército, da cuenta que el señor Carlos Alberto Rendón Jiménez, ingresó al Ejército como soldado regular, el 8 de diciembre de 1993 y fue “dado de baja” el 2 de septiembre de 1994, permaneciendo “un lapso de ocho (08)meses, veinticuatro (24)días”, esto son, 38,18 semanas, (iii) también hace parte del acervo probatorio, el informe administrativo 25 del 6 de septiembre de 1994 expedido por el Comandante Batallón San Mateo, Unidad Táctica Octava Brigada del Ejército, por la muerte del soldado Carlos Alberto Rendón Jiménez, que indica: “el día 2 de septiembre de 1994, a las 06:00…cuando se dedicaba a la consecución de leña, se activó una granada de mano de (sic) un campo minado haciéndole explosión en la mano derecha y causándole su muerte momentos después. De acuerdo al Decreto 2728 de 1968 artículo 8º su muerte se produjo por accidente en misión de servicio. “

En el apartado anterior, se precisó que la normatividad especial, no previó la pensión de sobrevivientes, por muerte de soldado en actos de servicio y por las diferentes causales, pero que ese vacío normativo quedó superado por la jurisprudencia, en el sentido que sus beneficiarios tienen derecho a la prestación. Así la discusión planteada por el apelante en relación al acceso del derecho, se torna inane.

En cuanto al régimen aplicable en caso de soldado muerto en misión de servicio, en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala aplicará por analogía, el criterio plasmado en la sentencia de unificación, CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, y por las siguientes razones:
Si bien es cierto en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, se trató de un caso de muerte de soldado (i) “simplemente en actividad” que es una de las causales prevista en las normas especiales, a lado de las otras causales (ii) en misión de servicio y (iii) combate”, ambos casos se refiere a muerte de soldado, en actos de servicio, había existido vacío normativo respecto al derecho, en uno y otro caso la muerte ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993 y antes de la Ley 447 de 1998.
Así las cosas, de lo esbozado se concluye que en caso de muerte de soldado vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “en misión de servicio”, en vigencia del sistema de Seguridad Social integral sus beneficiarios acceden a la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 1993, el cual habrá que aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación. Por lo anterior, el A-quo acertó en el reconocimiento de la prestación, no así en el régimen aplicable, empero, no por eso le da razón al apelante.

La parte apelante, solicitó que en caso de confirmarse la sentencia de 29 de noviembre de 2012, se ordene: (i) el descuento de la indemnización y (ii) se aplique la prescripción a partir del 11 de abril de 2008. (fecha que corresponde a la de expedición del acto acusado)

Respecto al descuento pretendido, se advierte de las pruebas que obran en el expediente, que efectivamente mediante resolución 03754 de 17 de abril de 1995, el Ministerio de Defensa Nacional, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, reconoció y ordenó el pago de una compensación en favor de Luís Alberto Rendón Narváez y Rubby Graciela Jiménez Lamos, por la muerte del soldado Carlos Alberto Rendón Jiménez.

Siguiendo, la tesis plasmada en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, es procedente “el descuento, debidamente indexado, de lo que se hubiere pagado por virtud de la compensación por muerte, como consecuencia de la aplicación del Decreto 2728 de 1968.” Igualmente, se observa que el fallo apelado ordenó en el inciso 4 del artículo 2º de la parte resolutiva el descuento “de lo pagado por concepto de compensación por muerte.” Así lo pretendido por el apelante se encuentra superado.

Por otro lado, la muerte del causante ocurrió el 2 de septiembre de 1994, la petición de reconocimiento de la pensión de sobreviviente, fue elevada el 7 de septiembre de 2007 y no obra fecha exacta de recibido, por parte de la demandada.

Sabido es que el derecho a la pensión es imprescriptible, no así las mesadas pensionales. El ordenamiento Colombiano, en relación con la figura de la prescripción de las mesadas pensionales, prevé que la misma se cuenta a partir de la fecha en la cual la obligación se hizo exigible y que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

El fallo apelado aplicó la prescripción “de las mesadas pensionales causadas cuatro años antes de la fecha cierta de la presentación de la petición, de acuerdo

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, esto es respecto al pago pero no en cuanto a la causación.”

Así, siguiendo la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, la misma plasmó la tesis en el sentido que la prescripción de las mesadas pensionales, en estos casos, será de 3 años. Entonces, opera la prescripción trienal, pero no puede contarse la misma a partir de la fecha de la expedición del acto demandado, pues así no lo prevé la normatividad.

III.DECISIÓN

Corolario de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, previa modificación del inciso segundo del artículo 2 y el artículo 3 de la parte resolutiva, como se indicará en la parte resolutiva de esta providencia y debe tenerse en cuenta que la petición que originó el acto administrativo demandado se elevó 7 de septiembre de 2007, y la muerte del causante acaeció el 2 de septiembre de 1994, lo que indica que las mesadas anteriores al 7 de septiembre de 2004, se encuentran prescritas.

Por lo expuesto a lo largo de esta providencia, se acoge parcialmente, el concepto del Agente del Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFÍRMESE la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y previa modificación del inciso segundo del numeral 2º y el numeral 3º de la parte resolutiva, en los siguientes términos:

a).El inciso segundo del numeral 2º quedará así: “La cuantía de la prestación debe determinarse en los términos del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y sin que en ningún caso pueda ser inferior al inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Se pagará a partir del 7 de septiembre de 2004.”

b) El numeral 3 quedará así: 3.Declárase la prescripción trienal de las mesadas pensionales anteriores al 7 de septiembre de 2004.

SEGUNDO. Confírmese los demás numerales de la sentencia apelada.

TERCERO. TÉNGASE al abogado Bayar Fernely González Zamorano T.P. 191.483 del C.S.J. como apoderado de la señora Rubby Graciela Jiménez Lamos.

CUARTO. EN FIRME devuélvase al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoria JORM/DCSG
Radicado 3239 de 1999
Radicación 13001-23-31-000-2000-00093-01(1707-02)
Radicación 07001-23-31-000-20001-1619-01 (1994-03)
2 de septiembre de 1994 ( fl. 12 cdno 2)
Folio 72 cuaderno principal
Folios 40, 40 anverso, 44, 45, 83, 84 del expediente
Folios 86, 102, 107, 115, 118, 125, 128, 129 del expediente
Folio 132 del cuaderno principal
Folio 182 cuaderno principal
Folio 188 y 190. Sentencia de 31 de agosto de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.(no se indica numero de radicado o de la sentencia.)
Radicado 07001233100020010161901
Radicación 8626-2005
Sentencias T-110-11, 431-09, 485-11, C-613-96
Folio 264 cuaderno principal
Radicación 1994-2003
Radicado 8626-2005
Radicado 2161-09
Folio 257 cuaderno principal
T-393-13. Soldado regular (presta servicio 18 meses); soldado bachiller (presta servicio 12 meses) Ley 1861 de 2017. Artículos 11 y 13 de la ley 57 de 1887. T-525-17. Corte Constitucional. “En razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.” Sentencias T-1029-12, T-342-16 y T-459-17. Sentencia C-179-16 Luis Guillermo Guerrero Pérez
Artículo 8º de la Ley153 de 1887 y 42 del C.G.P. Consejo de Estado. Sentencia de unificación 76001233100020070161101 (160509) de 25 de abril de 2013. Ver también radicados 050012333000201200772 01 (0328-2014) de 3 de marzo de 2015. Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00557-01(3318-14), 20 de abril de 2017.Radicado No. 201400521 01 del 28 de septiembre de 2017. Corte Constitucional T-663-16
Sentencia T-532A-16
Disposiciones sobre el régimen de prestaciones para el personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares (por desaparecimiento). Por el cual se reglamenta el ordinal d) del artículo 1º del decreto 1414 de 1975. Sobre el uso de la franquicia postal. Ley 447 de 1998. Articulo 11. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Diario Oficial No. 43.345, de 23 de julio de 1998
Ley 923 de 2004. Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Diario Oficial 45777 de diciembre 30 de 2004
Decreto 4433 de 2004.ARTICULO 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1211_1990_pr004.htm" \l "193" 193 del Decreto-ley 1211 de 1990,  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1212_1990_pr003.htm" \l "167" 167 del Decreto-ley 1212 de 1990,  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1213_1990_pr002.htm" \l "125" 125del Decreto 1213 de 1990, Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1213_1990.htm" \l "1" 103 de 1912, y los artículos  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1793_2000.htm" \l "39" 39 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1793_2000.htm" \l "40" 40 del Decreto-ley 1793 de 2000. Diario oficial 45778 de 31 de diciembre de 2004. Ley 100 de 1993.Artículo 151. vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
parágrafo.

El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Ley 797 de 2003. Artículo 24. La presente ley rige al momento de su publicación y deroga los artículos  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "30" 30 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "31" 31 de la Ley 397 de 1997 y demás normas que le sean contrarias. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003. La Ley 447 de 1998, por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones, señala:
“ARTICULO 1o. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigente “PARÁGRAFO 1o. Suprímase la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones. PARÁGRAFO 2o. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en el caso de muerte de persona prestataria del servicio militar obligatorio, como consecuencia de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.”
El decreto 4433 de 2004, estipuló: “Artículo 34. Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998.”
Posteriormente, el Decreto 4433 de 2004, exige “tuviere quince (15) o menos años de servicio” e incluye también a los soldados profesionales y exige en ese caso menos de veinte (20) años de servicios. A partir del 23 de julio de 1998, fecha de entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998, incluyó al personal muerto en combate, pero no el que muere en misión del servicio o simplemente en actividad. Consejo de Estado-Radicado 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09)
Consejo de Estado. Radicado 05001-23-31-000-2002-00672-01(1020-10)
Consejo de Estado. Radicado 66001233300020120006001(2681-2013)
Consejo de Estado. radicados 13001-23-33-000-2013-00299-01(1085-14) y 41001-23-31-000-2010-00308-01(4373-14)
Consejo de Estado. radicado 68001-23-33-000-2014-00278-01(2801-15)
Consejo de Estado. radicados 68001-23-33-000-2013-00564-01(2114-14) y 68001-23-33-000-2013-00534-01(2146-15
Consejo de Estado. radicados 05001-23-33-000-2015-01678-01(2493-17)
T-1043-12. Corte Constitucional sentencias C-358-97 y C1184-08
Ibídem
T-1043-12. M.P.Nilson Pinilla Pinilla
T-484-12 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
T-393-13M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, t-106-12 m.P, Nilson Pinilla Pinilla.

Sentencia T-1043-12
Sentencia T-1043-12
Consejo de Estado. Radicado 66001-23-33-000-2013-00432-01 (4826-14). Sentencia de 28 de octubre de 2016 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado 73001-23-33-000-2013-00058-01(3791-13) sentencia de 17 de agosto de 2017 M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado. Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018. Sentencias T-1043-12, T-393-13
Folios 13 y 12 cuaderno 2, folio 13, 19 cuaderno principal
Folio 11 cuaderno 2. Folio 9 cuaderno principal, 26 cuaderno 2. Artículo 488 del C.S.T. Artículo 41 decreto ley 3135 de 1968
Folio 4 cuaderno principal

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