Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00273-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2021-00273-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00273-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00273-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 17001233300020210027301 (6654-2024)
Demandante: Claudia Patricia Ocampo Villegas
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG1).
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación por
aportes conforme a la Ley 71 de 1988; maestro
vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de la Sentencia proferida el 25
de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual
accedió en su totalidad las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Claudia Patricia Ocampo Villegas por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución N° 4677-6 de 17 de septiembre de
1
En adelante FOMAG.
2
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
2021, por medio de la cual, la Secretaria de Educación de Caldas, actuando
en nombre y representación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación a favor de la señora CLAUDIA
PATRICIA OCAMPO VILLEGAS bajo el marco de la Ley 71 de 1989, pensión
de jubilación por aportes.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la Nación
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a reconocer y pagar a la demandante, la pensión de jubilación
por aportes, en una cuantía equivalente al 75% del salario básico y demás
emolumentos establecidos por la ley como factores de cotización y
devengados el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, esto
es la Asignación Básica, la Bonificación por Servicios y la Bonificación
Pedagógica devengados entre el 19 de julio de 2018 y el 18 de julio de 2019.
También pidió que, se tenga en cuenta el tiempo laborado como docente
vinculado por Ordenes de Prestación de Servicios entre el 07/03/1994 y el
30/12/2003, y que se condene a la demandada a pagar todas las mesadas
pensionales dejadas de cancelar desde la fecha de constitución del derecho
(18 de julio de 2019) hasta el día que se haga efectivo el pago, incluidas las
primas y los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de 1988,
incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de acuerdo a
la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y tal como lo autoriza el
artículo 187 del CPACA.
Finalmente solicitó, condenar a la entidad demandada al pago de los intereses
moratorios que se devenguen a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia, conforme al artículo 192 y numeral 4 del artículo 195 del CPACA y
que se dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en los artículos 189,
192, 194, y 195 del CPACA y se ordene a la entidad demandada al pago de
costas, según lo previsto en el artículo 188 del CPACA en armonía con lo
establecido en el Código General del Proceso”.
3
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Claudia Patricia Ocampo Villegas nació el 24 de septiembre de
1962, por lo que en la actualidad tiene más cincuenta y cinco (55) años.
La demandante explicó que realizó aportes al ISS hoy Colpensiones,
acumulando en total 21 años 10 meses y 4 semanas cotizadas para un total
de 412.00 semanas cotizadas (7 años y 2 meses).
La accionante puso de presente que el Juzgado Séptimo Administrativo de
Descongestión de Manizales, mediante sentencia del 31 de enero de 2014,
condenó al departamento de Caldas a pagar a su favor las prestaciones
sociales y aportes a seguridad social por los periodos laborados al servicio del
departamento bajo la modalidad de OPS de marzo a diciembre de 1999, mayo
a diciembre de 2000, abril a diciembre de 2001, abril a octubre de 2002, y,
junio a diciembre de 2003. Así mismo que, a través de la Resolución N° 6949-
6 de 16 de julo de 2015 la Secretaría de Educación departamental de Caldas
dio cumplimiento al fallo proferido, reconociendo los pagos correspondientes
a seguridad social y realizando los aportes de Ley al FNPSM.
La actora explicó que, adquirió el estatus de pensionada el 18 de julio de 2019,
fecha en la cual cumplió los 20 años de servicio, y contaba con más de 55
años de edad. Aclaró que se vinculó como docente oficial a partir del 1 de
marzo de 1994 al servicio del departamento de Caldas, y posterior a ello, se
vinculó mediante OPS hasta el año 2003, siendo nombrada finalmente en el
año 2004 en provisionalidad de manera discontinua, vinculándose en esa
modalidad por última vez en el año 2018, hasta la fecha de presentación de la
demanda.
Finalmente precisó que tiene más de 55 años de edad, cuenta con 412
semanas cotizadas y más de 20 años de servicios, por lo que es beneficiaria
de la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.
4
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
1.2. Concepto de violación.
La apoderada de la demandante argumentó que se vulneró el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988, artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6
de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
Sobre el concepto de violación en síntesis argumentó que, los docentes
vinculados hasta el «26 de junio de 2003», conservan el régimen excepcional
conformado por las leyes 33, 62 de 1985, 91 de 1989 y 71 de 1988; y que,
para los educadores que por primera vez ingresan al magisterio a partir del 27
de junio de 2003, los derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003.
2. Contestación de la demanda.
Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Manifestó que la parte
accionante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión.
Expuso al respecto que, la Ley 100 de 1993, exceptuó del Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en ella, a los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio como lo contempla su artículo 279.
Con relación a la Ley 91 de 1989 señala que de conformidad con su artículo
15, el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes nacionales
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se efectuará de acuerdo con el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial; en
tanto que, para los docentes nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero
de 1990, se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, reguladas anteriormente por los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978.
5
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
El Fondo también afirmó que, una interpretación literal de la Ley 71 de 1988,
no solo atenta contra el principio de Proporcionalidad, también atenta contra
el Principio de Solidaridad y el Principio de Sostenibilidad Financiera del
Sistema Pensional, en la medida que no existe una correspondencia entre los
aportes y la prestación económica que se solicita por el demandante.
Por último, expuso que, revisados los requisitos para obtener la pensión de
jubilación, la demandante no cumple con el número de semanas requerido
para realizar dicho reconocimiento, que consiste en 1300 semanas de
cotización, razón por la cual no es procedente reconocer la pensión de
jubilación. Así mismo que, el reconocimiento de tiempos de servicio, o la
existencia de un contrato realidad de un contratista frente a la administración,
no otorga la calidad de empleado público. Finalmente Propuso como
excepciones las que denominó: “Legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad”, “Inaplicabilidad de los intereses de mora” y “Prescripción
de mesadas”
4. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 25 de
octubre de 2024, accedió en su totalidad las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas. Luego de realizar un recuento del marco
normativo que se aplica al régimen pensional docente y referirse al régimen
de transición consagrado en el art. 81 de la Ley 812 de 2003, llegó a la
conclusión que la señora Claudia Patricia Ocampo Villegas era beneficiaria de
dicho régimen de transición, toda vez que su primera vinculación al servicio
docente se realizó el 7 de marzo de 1994. De acuerdo con ello, y al encontrar
acreditado que sirvió un total de 20 años al servicio público y privado,
determinó que le era aplicable la Ley 71 de 1988. Teniendo en cuenta el
tiempo servido al servicio docente (15 años, 6 meses y 11 días) y los aportes
realizados en el Instituto de Seguro Social (7 años y 2 meses).
6
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal determinó que la demandante tiene
derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación por aportes establecida
en la Ley 71 de 1988, calculada en un 75% del ingreso base de liquidación
devengado por la demandante durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, esto es, entre el 23 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de
2019, sin que se exija el retiro definitivo del servicio para gozar de dicha
prestación vitalicia.
5. El recurso de apelación
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó su inconformidad
con el fallo de primera instancia, concretamente al señalar que no es
procedente tener en cuenta las ordenes de prestación de servicios para
efectos del reconocimiento del régimen de transición docente establecido en
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, puesto que esta clase vinculación se rige
por las normas de derecho civil y no laboral, como lo consideró el a quo.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que la demandante logró su vinculación
con el servicio docente con posterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año, por lo que no le asiste el derecho
a ser beneficiaria de la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, el juez
2
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
7
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda. Para
el efecto se analizará si a la accionante le asiste derecho a que se le tengan
en cuenta las ordenes de prestación de servicios, como tiempo computable
para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la
Ley 71 de 1988.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso
concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial.
3.1 El derecho fundamental a la seguridad social
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un
derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48
define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que
debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través
de las entidades dispuestas para ello, como una garantía irrenunciable de
todas las personas3.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad
humana puesto que permite que cualquier persona haga frente a las
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
3
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
8
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor
en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a
la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos
internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración
Universal de Derechos Humanos la cual establece que: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la
seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
9
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de
cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden
desconocerse y requieren un alto grado de protección. Tal es el caso, de la
pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución
de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna”4 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión
no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador"5.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la
Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados
miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.
3.2 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendrían derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».
4
Sentencia T 163 de 2013
5
Sentencia C.177 de 1998.
10
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado6,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.
6
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.
11
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de como se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con
los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 817introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
7
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.
12
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1 o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 20198, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
8
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
13
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año9 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo los aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”10.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 11. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad:
55 años. Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con
un IBL o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del
derecho a la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la
docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la
Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
9
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
10
0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
11
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
14
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
3.3 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance
Con anterioridad a la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos
sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como
consecuencia que unos y otros no logran en varias oportunidades completar
el tiempo para acceder a dicha prestación.
Con dicha normativa, el legislador buscó dar solución a esta contingencia
consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el
artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a
partir de esta ley, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20
años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de
previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la
15
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual
particular u oficial y la legal y reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por
16
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación12 también se ha
pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.
3.4 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988,
a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la Sentencia del 30 de enero del 202313 acompaño la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era
aplicable a los docentes estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad
varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis, estos
fueron los siguientes:
12
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-
000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 30 de enero de 2023, radicado núm. 0391-2022. MP Juan
Enrique Bedoya Escobar.
17
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha
expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto
que esta normativa esta dirigida a todos los empleados públicos en general, sin
hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales» 14 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su
artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de
manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual
materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de
las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con
la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y
sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto
es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como
única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir
del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados
oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
14
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó
en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de
1989 se expidieron con posterioridad.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una intelección que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. Ciertamente, considerar que la denominada pensión por
aportes creada por la Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales,
conlleva a la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en
el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una
primera interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó
la Ley 71 de 1988, y una segunda, que si los incluye, bajo la idea que los
docentes como empleados públicos también pueden acceder al régimen
pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los
excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
19
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual, los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
3.5 Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación
por aportes.
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre
de 1994, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
20
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación
de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión
de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación.
El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo
lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios.
21
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
4. Hechos probados.
4.1 Consta, la copia del reporte de semanas cotizadas por la señora Claudia
Patricia Ocampo Villegas a Colpensiones entre el mes de febrero de 1989 y
febrero de 2013, para un total de 412 semanas en ese periodo.
4.2 Se aportó, copia de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo
administrativo de descongestión del Circuito de Manizales de 31 de enero de
2014, en la cual se declaró la nulidad del oficio GJ SED de 2903 de 16 de
septiembre de 2011, expedido por la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas, que había negado el reconocimiento de la relación
laboral con la demandante. En esta providencia, se determinó que el
departamento de Caldas debía pagar al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, los aportes de ley en favor de la demandante, y en la
administradora de fondo de pensiones seleccionado por ella, por el siguiente
tiempo laborado:
1) Por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 1999; mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2000.
2) Por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2001.
3) Por los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 2002.
4) Por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2003.
4.3 Consta igualmente, la Resolución N° 6949 de 16 de julio de 2015, mediante
la cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas da
cumplimiento a la sentencia precitada y reconoce las sumas ordenadas en el
fallo.
4.4 Se aportó, copia de la Resolución N° 01187 de 16 de abril de 1999
mediante la cual se hace un reconocimiento de personal docente, en el que
22
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
aparece la señora Claudia Patricia Ocampo Villegas, en el centro educativo
San Vicente de Paul entre marzo 1 y 28 de 1999.
4.5 Copia de las Resoluciones N° 00738 de 12 (sin fecha), 01668, 02147 de
17 de junio de 1999, 02649, sin fecha, 03587 de 15 de septiembre de 1999,
mediante las cuales se hacen unos reconocimientos de personal docente, en
el que aparece la señora Claudia Patricia Ocampo Villegas, en el centro
educativo San Vicente de Paul entre febrero 9 a 28 de 1999, 03587 de 15 de
septiembre de 1999.
4.6 Igualmente se aportó la certificación emitida por el Profesional Universitario
de la Jefatura Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Caldas, en la cual se indica expresamente lo siguiente:
“Que OCAMPO VILLEGAS CLAUDIA PATRICIA, identificado con la cédula de
ciudadanía 43.040.072, prestó los servicios como Docente por Orden de
Prestación de Servicios "OPS" y/o Reconocimientos, según copia de
Resoluciones y/o Decretos de pago, que reposan en la unidad de gestión
documental del Departamento de Caldas y acumulados del aplicativo de nómina
de Cobol y Antares.
En dicho documento se deja constancia que la demandante se vinculó por
primera vez, al departamento de Caldas en el Colegio Miguel Antonio Caro,
mediante la Resolución N° 2798 del 02/05/1994 Cubriendo licencia por
maternidad, y que mantuvo varias vinculaciones en el servicio docente desde
el año 1999 hasta el 2003.
Así mismo que, la última vinculación, tuvo lugar desde el 23 de julio de 2018
hasta el 1 de julio de 2022 en la Institución Educativa Viboral del municipio de
Aguadas- Caldas-.
4.7 También obra, copia del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
donde consta que la docente demandante, señora Claudia Patricia Ocampo
Villegas, estaba vinculada a la secretaría de Educación del departamento de
Caldas, entidad nominadora, vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Así mismo se observa que tuvo varias vinculaciones con dicho ente
territorial desde el 2008 hasta el 2021, en varias instituciones educativas.
23
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
4.8 De parte, se adjuntó la copia de la Resolución N° 4677-6 de 17 de
septiembre de 2021, mediante la cual la Secretaría de Educación del
departamento de caldas, no accedió a la solicitud de reconocimiento y pago
de pensión de jubilación por aportes de la señora Claudia Patricia Ocampo
Villegas.
5. Caso concreto.
La señora Claudia Patricia Ocampo Villegas solicitó la nulidad de la Resolución
N° 4677-6 de 17 de septiembre de 2021, por medio de la cual, la Secretaría
de Educación de Caldas, actuando en nombre y representación de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el
marco de la Ley 71 de 1989, pensión de jubilación por aportes.
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 25 de
octubre de 2024, accedió en su totalidad las pretensiones de la demanda.
El Tribunal consideró que la demandante tiene derecho a que se le reconozca
la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988,
calculada en un 75% del ingreso base de liquidación devengado por la
demandante durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto
es, entre el 23 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2019, sin que se exija el
retiro definitivo del servicio para gozar de dicha prestación vitalicia.
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de
apelación en contra de la anterior decisión, argumentando que no es
procedente tener en cuenta las ordenes de prestación de servicios para
efectos del reconocimiento del régimen de transición docente establecido en
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, puesto que esta clase vinculación se rige
por las normas de derecho civil y no laboral, como lo consideró el a quo.
Sostuvo que la demandante logró su vinculación con el servicio docente con
24
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
posterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia la Ley 812
del mismo año, por lo que no le asiste el derecho a ser beneficiaria de la
pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988.
En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 24 de septiembre de 1962,
por ende, cumplió 55 años de edad el 24 de septiembre de 2017, (ii) también
se corroboró que ejerció como docente para el departamento de Caldas por
primera vez, el 7 de marzo de 1994, como se indicó en el acápite 4.6 de hechos
probados, (iii) igualmente se pudo corroborar que prestó sus servicios al
departamento de caldas por un total de 15 años, 11 meses y 6 días, de acuerdo
a los formatos únicos para la expedición de certificados de historia laboral
allegados al proceso por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
incluyendo los 3 años y 3 meses ordenados en la sentencia proferida por el
Juzgado Séptimo administrativo de descongestión del Circuito de Manizales
de 31 de enero de 2014, a la que se hizo referencia en el acápite 4.2 de los
hechos probados, (iv) igualmente se demostró que realizó cotizaciones al
antiguo ISS por un total de 412 semanas, teniendo como empleador a Héctor
Lugo A, Iván Botero Gómez, Asociación de Investigación, Cooperativa Multi
activa y también se logran demostrar cotizaciones realizadas por la misma
demandante.
De lo probado en el proceso, se resalta que la demandante se vinculó al
servicio público educativo a partir del 7 de marzo de 1994, lo que en términos
del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 la ubica en aquellos docentes con vínculo
al servicio docente anterior al 27 de junio de 2003, teniendo derecho a que se
le reconozca la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988, al sumar
tiempos públicos y privados por un tiempo mayor a 20 años y contar con más
de 55 años de edad. Lo que permite a la Sala coincidir con el reconocimiento
de la pensión por aportes a favor de la demandante realizada por el Tribunal
de Caldas.
Finalmente, la Sala precisará que no le asiste razón a la entidad apelante al
señalar que no es posible contabilizar el tiempo servido a la actividad docente
a través de contratos de prestación de servicios, puesto que la jurisprudencia
25
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
de lo Contencioso Administrativo al igual que, la Constitucional se han
ocupado en numerosas oportunidades sobre el tema para señalar que la
función docente se cumple independientemente de la clase de vinculó que
relacione al docente con dicha actividad, además es necesario dar prevalencia
a la realidad sobre las formas. De manera que el argumento de la apelación,
no está llamado a prosperar.
5.1 Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365
del Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo
cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con
certeza su causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad
o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del proceso15.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no
se impondrá condena en costas.
DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
15
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
26
Número Interno: 6654-2024
Demandante: Claudia Patrícia Ocampo Villegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
PRIMERO: CONFIMAR la Sentencia proferida el 25 de octubre de 2024, por
el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual accedió en su totalidad
a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo de Caldas.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.