Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00278-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
Demandante: Viviana Ramírez Piedrahita
Demandado: La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación
de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023.
MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)1 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Viviana Ramírez Piedrahita instauró demanda en contra de La Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se inaplique por inconstitucional o ilegal el artículo 17 del Acuerdo PSAA15-
10402 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a
la denominación “GRADO 23” asignada al cargo de abogado asesor, creado
mediante dicho acto administrativo.
Que se declare la nulidad de las resoluciones DESAJMAR21-192 del 14 de abril de
2021 y DESAJMAR21-215 del 23 de abril de 2021, expedidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante las cuales
se resolvió de manera desfavorable su solicitud y el recurso de reposición
formulado, respectivamente; y la nulidad del acto administrativo ficto, producto de
no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
DESAJMAR21-215.
1 Véase el índice 00022 de SAMAI de la gestión en el Despacho de primera instancia.
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Que a título de restablecimiento del derecho se ordene el reconocimiento,
liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el
cargo de “abogado asesor de tribunal judicial” y el “abogado asesor grado 23”,
conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios
de la Rama Judicial expedidos por el Gobierno Nacional.
Que se ordene el reconocimiento y pago del ajuste e indexación del valor a que
haya lugar, tomando como base la variación del IPC.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 fueron creados,
trasladados y transformados unos despachos judiciales y unos cargos, disponiendo,
el artículo 17, la creación de un (1) cargo de “abogado asesor grado 23” para
diferentes despachos de tribunal superior, dentro de los que se encontraba el de
Manizales.
Que mediante Resolución 006 del 14 de mayo de 2019 fue nombrada como
“abogada asesora gado 2” en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, posesionándose el 17 del mismo mes y año. Cargo que ha
venido desempeñando sin solución de continuidad.
Que su remuneración salarial y prestacional ha debido ser la de un “abogado
asesor” y no la del “abogado asesor grado 23”, porque con la expedición del
Acuerdo PSAA15-10402 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura excedió sus competencias, pues se atribuyó la facultad de fijar la escala
salarial, asunto que compete al Gobierno Nacional.
Que el 8 de abril de 2021 radicó petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales, solicitando que se inaplique la denominación
“grado 23” contenida en el artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre
de 2015 y que, en consecuencia, se le reconocieran y pagaran las respectivas
reliquidaciones salariales y prestacionales.
Que mediante Resolución DESAJMAR21-192 del 14 de abril de 2021 se negó lo
solicitado; decisión en contra de la cual interpuso recurso de apelación.
Que mediante Resolución DESAJMAR21-215 del 23 de abril de 2021, notificada el
27 del mismo mes y año, se concedió el recurso de apelación; mismo que, a la fecha
de presentación de la demanda, no se había resuelto, configurándose en
consecuencia el silencio administrativo negativo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 26 de enero de enero de 20222 y se notificó
2 Véase índice 00003 de SAMAI de la gestión en el Despacho de primera instancia.
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a la entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones, argumentando que los
actos demandados se expidieron conforme a las facultades constitucionales y
legales del Consejo Superior de la Judicatura, entidad autónoma para tomar las
decisiones encaminadas a mejorar el funcionamiento de la administración de
justicia, como la creación, modificación o supresión de cargos y para reglamentar lo
concerniente a la carrera judicial, de conformidad con sus facultades
constitucionales.
Que para la expedición del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 se
determinó según las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades
que el cargo que se debía crear era el de “abogado asesor grado 23”, que no tiene
relación con el cargo de abogado asesor innominado de la Ley 4 de 1992;
tratándose, por tanto, de un grado específico con una remuneración proporcional a
las funciones y responsabilidades que demanda su perfil.
Que tanto las facultades del Consejo Superior como las razones expuestas, llevaron
a la posterior expedición de los acuerdos PSAA11-7886, PSAA13-9991, PSAA14-
10197, PSAA15-10288, PSAA15-10323, PSAA15-10335, PSAA15-10356,
PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y PSAA15-10385, contentivos de
políticas y medidas de descongestión.
Propuso como excepciones la falta de causa para demandar, la legalidad de los
actos administrativos y la innominada3.
Por auto del 9 de febrero de 2024 se resolvió dar trámite de sentencia anticipada,
en consecuencia, se fijó el litigio, se abrió a pruebas y se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara el
respectivo concepto4. Ocurrido lo anterior, se dictó sentencia, que fue apelada en el
plazo oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 18 de marzo de 2024,
accedió a las pretensiones, tras analizar el sentido y alcance de la sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023. Con
fundamento en esta decisión, consideró que el cargo de abogado asesor de
Tribunales Judiciales fue denominado por el Gobierno Nacional con su respectiva
remuneración mensual y, por ende, no era posible aplicarle una escala salarial
residual, pues esta se encontraba reservada para los cargos no denominados
dentro del respectivo decreto anual.
Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo No. PSAA15-10402
del 29 de octubre de 2015, al asignar o clasificar el cargo de abogado asesor de
tribunales judiciales en el grado 23, desconoció que este cargo ya existía como
“abogado asesor de tribunal judicial” desde el artículo 3 del Decreto 57 de 1993 y
que fue reiterado en los sucesivos decretos salariales en los que el Gobierno
Nacional fijó año a año la remuneración para los cargos de los empleados de la
3 Véase consecutivo 029 del expediente digital, de la gestión en el Despacho de primera instancia en SAMAI.
4 Véase índice 00013 de SAMAI de la gestión en el Despacho de primera instancia.
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rama judicial, potestad que se ejerce con fundamento en la Ley 4 de 1992.
Que la demandada excedió sus facultades, pues le asignó a un cargo innominado
un grado -el 23- sin tener la competencia para ello, aplicando de manera errada el
contenido del artículo 4 del Decreto 57 de 1993, vulnerando con ello los artículos
125, 15 numeral 23 y 257 de la Constitución Política y generando a la demandante
una diferencia salarial injustificada.
Finalmente, advirtió que respecto de los periodos reclamados por la demandante no
se configuraba la prescripción y condenó en costas a la parte demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada5 solicitó que se revoque la decisión de primera instancia,
incluida la condena en agencias en derecho, reiterando que el Consejo Superior de
la Judicatura es autónomo para adoptar las medidas encaminadas a mejorar el
funcionamiento de la administración de justicia, dentro de las que se encuentra la
creación de cargos para descongestionar los despachos judiciales.
Que los apartes del Acuerdo cuya inaplicación fue solicitada se expidieron con
apego a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y que, determinado que el
cargo que se requería por los tribunales superiores y administrativos allí definidos
era el de “abogado asesor grado 23” y no el de “abogado asesor” y que su
remuneración corresponde a la dispuesta en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014.
Que la inaplicación por inconstitucionalidad exige una carga argumentativa sólida y
que, en el caso concreto, la demandante se limita a indicar una supuesta falta de
competencia para determinar el grado del empleo, asunto que no corresponde a
una vulneración de la Constitución, sino a un ataque contra su legalidad, que debe
debatirse en ejercicio del respectivo medio de control; sumado a que no se
encuentra acreditada la igualdad de funciones, responsabilidades y carga laboral
entre uno y otro cargo.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 19 de junio de 20246, fue admitido el recurso de apelación en el
que se dispuso que, una vez ejecutoriada dicha providencia, el expediente pasaría
a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez
concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
5 Véase índice 00028 de SAMAI de la gestión en el Despacho de primera instancia.
6 Véase índice 00004 de SAMAI de la gestión en esta Corporación.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus
facultades legales al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y
asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el
Gobierno Nacional para el cargo de “abogado asesor de tribunal judicial”.
Además, deberá determinarse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de
la escala salarial señalada para el cargo de “abogado asesor” de tribunal judicial
establecida en el numeral 2°, del artículo 4 del Decreto 194 de 2014 modificado por
los Decretos 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 2017, Decreto
337 de 2018 y los demás que se profieran; y si a partir del 1º de julio de 20227 debe
continuar su remuneración como abogado asesor de tribunal. También deberá
pronunciarse acerca de si era procedente la condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial
Para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la
Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 20238, en la
cual la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las pautas que en adelante se
deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se
enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.
Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial,
toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”.
La siguiente fue la regla de unificación fijada en la referida sentencia:
“(…) UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que ´El Consejo
Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los
cargos nominados9, grados, códigos y remuneración diferentes a los
previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos
por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad
corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del
cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es
la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por
el gobierno nacional sobre la materia”.
La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar
anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y al
7 Teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de 2022 se resolvió cambiar la
denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, con vigencia
a partir del 1 de julio de 2022.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Radicado 08001-23-33-000-
2018-00529-01 (3071-2019).
9 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
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Consejo Superior de la Judicatura le atañe crear los cargos y realizar las
incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le
otorgan tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996. En este punto, la
sentencia de unificación señaló:
“(…) 127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar
“grado 23” al cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del
universo jurídico que la denominación del cargo para su remuneración
salarial -entendida como “el nombre indicativo de la función”10 ya había
sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el
Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de
2014, el cual, como se vio, establece una escala gradual principal de
remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el
artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no
contemplados en los artículos anteriores”11.
128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo
Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor
de las facultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente
que, con su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento
de:
(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de
1992, al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado
asesor”, toda vez que su consecuencia directa e inmediata fue afectar
negativamente la remuneración salarial y prestacional del demandante al
ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo
debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en
el artículo 25712 de la Ley 270 de 1996.
(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al
desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales
expedidos por el presidente de la República, el cual, como se vio en los
acápites anteriores, constituye un elemento esencial del derecho al
trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la
labor desempeñada.
(…)
130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la
legalidad de los actos demandados aceptando la interpretación dada por
el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23”
al cargo de “abogado asesor” creó una categoría especial de empleo no
regulada por el artículo 4° de los decretos salariales anuales, con lo cual,
debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6° de los Decretos
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.
131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro
del listado de los nominados13 en los Decretos expedidos por el presidente
10 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto
de 2012.
11 Negrilla y subrayas de la Sala.
12 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
13 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de
1992, lo que generó que la labor del accionante, fuese remunerada con
un salario inferior al que realmente le corresponde, situación que
desconoce los cánones constitucionales y legales que regulan las
competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el
régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas
competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los
derechos salariales y prestacionales del señor Orlando José Jiménez
Cerra.
(…)
133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial
en atención al artículo 25714 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede
desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley
4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían
señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado
asesor”.
134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación
se encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan
el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las
escalas salariales allí señaladas. Frente a los mismos es ilegal, tanto
asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de
remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150
numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno
Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios
establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4
de 199215, a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse
el Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial” (negrillas y
subrayas en el texto original).
Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
Tribunales Administrativos se encuentra dentro del listado de los cargos
nominados16 en los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de
las competencias señaladas en la Ley 4º de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de los decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior
de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3, numeral
2 del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el
“grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la
remuneración salarial y prestacional del mismo.
14“ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
15 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”.
16 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
La providencia de unificación también se refirió a la modificación de la denominación
del cargo de “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado
23”, contenida en el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de 2022, teniendo en
cuenta que en el caso bajo estudio se ordenó el pago de las diferencias salariales y
prestacionales que se llegasen a causar mientras que el demandante se
desempeñara como abogado asesor de tribunal. De allí que deba verificarse qué
efectos generó esta modificación respecto de la determinación del salario y las
prestaciones sociales correspondientes a quienes venían desempeñándose como
“abogado asesor” de tribunal.
Sobre ese punto, esta Corporación consideró que:
“151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del
cargo, las mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo
fue meramente económico al tratar de mantener la remuneración del
citado cargo con la escala salarial del grado 23 y así sustraerlo de la
aplicación del artículo 4º de los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor
nominado17.
152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha
emitido la jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares,
donde ha establecido que los abogados asesores grado 23 de tribunal
administrativo deben remunerarse con el salario del cargo de abogado
asesor nominado18 en los términos de los decretos expedidos anualmente
por el Ejecutivo.
153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario
igual” e irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53
de la Constitución Política– y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966,19 en
cuanto consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas”.
(…)
159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre
los cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado
23, toda vez que (i) los requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no
ocurrió algún cambio en cuanto a las funciones que venían
desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó
ningún tipo de responsabilidad adicional.
160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de
desempeño y evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige
que esta decisión del Consejo Superior de la Judicatura entra en clara
contradicción con el principio de seguridad jurídica al desconocer los
numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en los que se ha
ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de la labor de los
“abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con
el cargo de “abogado asesor nominado”, en los términos de la escala
salarial principal establecida en el artículo 4.° de los Decretos expedidos
por el presidente de la República.
17 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
18 Ibidem.
19 Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y ratificado el
29 de octubre de 1969
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal
Administrativo deben continuar siendo remunerados como abogado
asesor nominado20 de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando
las mismas funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en
sus mismos lugares de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin
que exista una razón objetiva y justificable para que se asuma que
cambiaron a un cargo diferente con grado 23 y que merecen ser
remunerados de acuerdo con la escala salarial de ese grado.
162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos el artículo 53
constitucional y de progresividad y prohibición de regresividad, así como
el derecho constitucional al trabajo en condiciones dignas”.
En virtud de lo anterior, ordenó la inaplicación del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022
y concluyó que, a partir del 1° de julio de 2022, el servidor que venía en el cargo de
“abogado asesor grado 23” y que pasó a llamarse “profesional especializado grado
23” debe ser remunerado como “abogado asesor nominado de Tribunal” de acuerdo
con los decretos expedidos por el Presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992.
En tercer lugar, puntualizó que es oportuno atender a los términos de prescripción
establecidos en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los
cuales aquel lapso es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el
reclamo escrito del trabajador. Situación diferente ocurre frente a las diferencias
generadas sobre los aportes para pensión a cargo del empleador, que pueden
reclamarse en cualquier tiempo.
Resolución al caso concreto
Del acervo probatorio se puede establecer lo siguiente:
-Que mediante Resolución Nro. 006 del 14 de mayo de 2019 la señora Viviana
Ramírez Piedrahita fue nombrada en el cargo de “abogada asesora 23” de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Caldas, con efectos a partir del 17 del mismo
mes y año21.
• Que en certificación expedida el 14 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas) acreditó que desde el
17 de mayo de 2019, la señora Viviana Ramírez Piedrahita ocupaba el cargo de
“abogado asesor 23” en el Despacho 01 de la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Manizales, devengando como asignación básica $5.685.756 y como
bonificación $2.929.06522.
Es pertinente advertir que si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene
20 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
21 Véanse páginas 2-3 del consecutivo 025 del expediente digital, de la gestión en el Despacho de primera
instancia en SAMAI.
22 Véanse páginas 28 a 31 del consecutivo 025 del expediente digital, de la gestión en el Despacho de primera
instancia en SAMAI.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
competencia para crear los cargos, determinar las funciones, señalar los requisitos
y no establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, no podía arrogarse
la competencia para fijar una remuneración al cargo de “abogado asesor” de
Tribunal, que se encontraba dentro del listado de los cargos nominados en los
decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4 de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados, códigos
adicionales o determinarle una remuneración diferente, porque la competencia para
ello recae únicamente en el Gobierno Nacional.
Aplicando en este caso la regla de unificación fijada en la sentencia SUJ-033-CE-
S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, se advierte, como se hizo en la sentencia
apelada, que el salario que se le canceló a la señora Viviana Ramírez Piedrahita
como “abogada asesora grado 23” fue inferior al establecido anualmente por el
presidente de la República para el cargo de “abogado asesor” de Tribunal Judicial.
En cuanto al fenómeno de la prescripción, se advierte que el mismo no operó, toda
vez que si se tiene en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir del 17 de mayo
de 2019, cuando inició su vinculación como abogada asesora grado 23 y que la
petición de reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales fue
elevada el 8 de abril de 2021, ello quiere decir que no transcurrieron más de tres
años; como tampoco transcurrieron entre la fecha de presentación de la solicitud y
la radicación de la demanda, lo cual ocurrió el 29 de octubre de 202123.
Además, debe indicarse que como se expuso en la sentencia de unificación a la que
se ha hecho referencia, los servidores que venían desempeñándose como
“abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo deben continuar siendo
remunerados, a partir del 1° de julio de 2022 como abogados asesores nominados
de Tribunal. Por ello también debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022.
Así las cosas, respecto de la señora Viviana Ramírez Piedrahita debe considerarse
que, si se encontraba vinculada en el cargo que pasó a denominarse “profesional
especializado grado 23” para el 1 de julio de 2022, y, mientras permanezca en el
mismo, su labor debe remunerarse como “abogado asesor nominado de tribunal
judicial”.
Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia para: (i) inaplicar por
inconstitucional e ilegal la denominación “Grado 23”, contenida en el literal a) del
artículo 17 del Acuerdo No. PSAA15-10402 de octubre 29 de 2015 y (ii) inaplicar
por inconstitucional e ilegal el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, en su totalidad.
De la condena en costas en primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, teniendo en cuenta que en su escrito de apelación la entidad
demandada solicitó “(…) desestimar las pretensiones de la presente demanda (…)
23 Véase índice 00001 de SAMAI de la gestión en el Despacho de primera instancia.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
y absolver a mi representada de todos y cada uno de los cargos endilgados en la
demanda, incluyendo la condena en agencias en derecho”24.
Inicialmente se debe precisar que las agencias en derecho constituyen un
subgénero de las costas procesales. Así, las “costas” comprenden todos los gastos
de tipo económico que realizó la parte que gana el litigio en un proceso judicial, que
se dividen en (i) expensas y (ii) agencias en derecho:
“Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del
proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de
apoderados. El artículo 393-2 del C.P.C. [hoy, 366-3 del CGP] señala
como expensas los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de
la justicia, y hace referencia genérica a todos los gastos surgidos en el
curso de aquel. Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa
que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la
parte vencedora, aún [sic] cuando pueden fijarse sin que necesariamente
hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No
obstante, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su
representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios
pactados entra ésta y aquel”25 (corchetes fuera del texto original).
Teniendo en cuenta esta clasificación, y como la condena en costas en primera
instancia se efectuó por concepto de “agencias en derecho”, se entiende que hacia
este punto es que se dirige el recurso de apelación y, para resolverlo, esta Sala de
Subsección acudirá a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia
fue proferida el 18 de marzo de 2024.
En relación con la condena en costas en primera instancia, se advierte que la parte
demandada no brindó en su recurso ningún argumento que permita a la Sala
determinar que estas no se causaron o que la valoración realizada en la decisión
impugnada resultó contraria a la realidad procesal, por ello, este punto será
confirmado.
Ahora, en relación con la condena en costas en esta instancia, es importante aclarar
que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, o si se encuentra comprobadas o causadas, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a
la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes
en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica
24 Véase página 4 del consecutivo 37 del expediente digital, de la gestión en el Despacho de primera instancia
en SAMAI.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00278-01 (3183-2024)
conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Aplicando el criterio anunciado, se observa que los fundamentos expuestos en el
recurso de apelación por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, no revisten una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada en sus escritos
indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el dieciocho
(18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), los cuales quedarán así:
“TERCERO. INAPLÍCASE en el caso concreto, por razones de
inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación “Grado 23” contenida
en el artículo 17, literal a) del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre
de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Asimismo, INAPLÍCASE en el caso concreto, por razones de
inconstitucionalidad e ilegalidad, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022
mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor
grado 23”, por la de “profesional especializado grado 23”.
Segundo. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia de primera instancia.
Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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