Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00279-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2021-00279-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00279-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00279-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro1
Demandado: Assbasalud ESE
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta/ auxiliar de
enfermería.
Decisión: Modifica parcialmente sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de
16 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
2. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto derivado de la petición
presentada por la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) el 19 de abril de
2021, en la que solicitó el reconocimiento de la relación laboral entre las partes
desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de julio de 2018, así como el pago
de las prestaciones sociales dejadas de percibir en ese periodo.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la existencia de la
relación laboral entre las partes entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de julio
de 2018.
1
Luisa Fernanda Cárdenas Mejía.
2
Índice 02 del eexpediente digital 17001233300020210027901 1606-2023 SAMAI, PDF 06SubsanaciónDemanda.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
4. A título de restablecimiento del derecho, se pidió que Assbasalud ESE
reconociera y pagara a los demandantes —Carlos Eduardo Cárdenas Herrera y
Luisa Fernanda Cárdenas Mejía, en su calidad de cónyuge supérstite e hija de la
señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) las prestaciones sociales causadas en
el período en que se surtió la relación laboral. En detalle, solicitó el pago de las
siguientes prestaciones sociales: auxilio de transporte, cesantías y sus intereses,
calzado y vestido, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
subsidio de alimentación y bonificación por recreación. Asimismo, solicitó el pago
de trabajo suplementario, la indemnización por estabilidad laboral reforzada,
indemnización moratoria y el reajuste salarial anual.
5.Finalmente, solicitó que se condenara extra y ultra petita si a ello hubiere lugar,
y que el cumplimiento de la condena se dé en los términos que dispone el
CPACA.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda3
6.La señora Nora Lucía Mejía Loaiza prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en favor de la ESE Assbasalud desde el 1 de noviembre de 2005
hasta el 31 de julio de 2018, mediante contratos de prestación de servicios.
7. En el curso de la relación contractual, la señora Nora Lucía Mejía Loaiza no
recibió copia de los contratos ni los desprendibles de pago. Por lo tanto, el 8 de
febrero de 2021, a través de apoderado, presentó derecho de petición con el fin
de que se le entregaran dichos documentos.
8.Para el cumplimiento del servicio la señora Mejía Loaiza (q.e.p.d.) cumplió un
horario de doce horas de lunes a domingo, conforme a los cuadros de turnos
establecidos por ESE Assbasalud; que recibió de parte de sus superiores,
múltiples órdenes e instrucciones respecto al modo, cantidad y calidad de trabajo.
9. El 31 de julio de 2018, la entidad terminó de manera unilateral la vinculación
con la señora Mejía Loaiza, sin que mediara una justa causa. Además, durante
todo el período de vinculación nunca se le reconocieron las prestaciones sociales
que por la naturaleza de su actividad debió devengar.
10. Razón por la cual, el 19 de abril de 2021, a través de apoderado, la señora
Mejía Loaiza solicitó que se reconociera la existencia de la relación laboral con
la demandada desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de julio de 2018, así
como el consecuente pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir.
11. La señora Nora Lucía Mejía Loaiza falleció el 12 de julio de 2021, por lo que la
demanda fue presentada, en su lugar, por el señor Carlos Eduardo Cárdenas
Herrera, cónyuge supérstite, y Luisa Fernanda Cárdenas Mejía, hija4.
3
Índice 02 del eexpediente digital 17001233300020210027901 1606-2023 SAMAI, PDF 06SubsanaciónDemanda.pdf.
4
Se deja constancia que, textualmente, en los hechos de la demanda no se indica que la señora Nora Lucía Mejía Loaiza falleció el 12 de
julio de 2021. Sin embargo, tanto en las pretensiones como en la presentación de la demanda se identifican a los demandantes y en la
calidad en qué actúan en este proceso, esto es, como sucesores procesales de quien se aludía titular del derecho reclamado. Por lo tanto,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
12. Se indicó que el acto administrativo demandado vulneró las siguientes
disposiciones legales: Decreto 1335 del 4 de julio de 1990; Decreto Ley 3135 de
1968; Decreto 451 de 1984; Decreto 1252 de 2000; Ley 1071 de 2006; Ley 70 de
1988; Decreto 1978 de 1989; Decreto 330 de 2018; Decreto Ley 1045 de 1978;
Decreto Ley 2150 de 1995; Ley 995 de 2005; Decreto 404 de 2006 y Decreto
1083 de 2015.
13. En cuanto al concepto de violación, explicó que en el presente caso se vulneró
el principio de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, porque, a pesar de que las actividades realizadas por la
finada correspondían a las propias de una auxiliar de enfermería, la ESE la
vinculó mediante contrato de prestación de servicios, en cuya ejecución prima la
autonomía de las partes. Por el contrario, enfatizó que ella estuvo todo el tiempo
subordinada por la entidad, dado que recibió órdenes e instrucciones de modo,
tiempo, lugar y cantidad de trabajo.
1.4. Contestación de la demanda5
14. A través de apoderado judicial, la entidad ESE Assbasalud contestó la
demanda a través de la cual se opuso a las pretensiones, por cuanto no se
configuraron los elementos propios de una relación laboral y que, en cambio, lo
que existió fueron unos contratos de prestación de servicios, los cuales fueron
liquidados y declarados a paz y salvo por todo concepto, y estuvieron regidos por
la Ley 80 de 1993.
15. Que no se acreditó que la contratista desempeñó las mismas funciones que
aquellos que estaban vinculados en la planta de la personal. Que a la
demandante le correspondía desvirtuar que las actividades realizadas por ella
eran indispensables para la empresa, y que la actora no desempeñó funciones
públicas en la entidad Assbasalud ESE subordinadas y exclusivas, toda vez que
ella tenía plena autonomía para cumplir con el contrato y las actividades pactadas
libremente.
16. Finalmente, propuso como excepciones de fondo las siguientes: i)
inexistencia de la obligación —prestaciones sociales— en favor de la
excontratista Nora Lucía Mejía Loaiza; ii) cobro de lo no debido; iii) falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad; iv) falta de legitimación por activa
para demandar en el presente asunto; v) falta de legitimación por pasiva; vi)
inexistencia del derecho reclamado como tributo en favor de herederos; vii)
excepción genérica del artículo 282 del CGP; viii) caducidad de la acción y
prescripción de los derechos en materia laboral; ix) presunción de legalidad de
los contratos suscritos entre ASSBASALUD ESE y Nora Lucía Mejía Loaiza,
en aras de que son hechos que se aprecian desde el escrito inicial, por claridad conceptual para la resolución del caso, se consideró
pertinente clarificar en este punto de la providencia.
5
Índice 02 del eexpediente digital 17001233300020210027901 1606-2023 SAMAI, PDF 18ContestaciónDemanda.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
aportados como prueba al debate, y x) presunción de legalidad de la liquidación
de los contratos suscritos entre ASSBASALUD ESE y Nora Lucía Mejía Loaiza,
aportados como prueba al debate.
1.5. Sentencia de primera instancia6
17. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 16 de septiembre de
2022, mediante la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la
ESE, salvo la de cobro de lo no debido, que se declaró parcialmente probada.
Asimismo, dispuso la nulidad del acto ficto demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la ESE a pagarle a «los sucesores de
la señora Nora Lucía Mejía Loaiza, las prestaciones sociales de orden legal que
percibía un servidor de la misma categoría [auxiliar de enfermería] vinculado
laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre el salario de estos, o
sobre los honorarios pactados en los contratos, en caso de inexistencia del cargo
en la planta de personal, en proporción a los periodos efectivamente laborados
relacionados en el “Cuadro General”».
18. De igual modo, ordenó que la ESE realizara el cálculo del ingreso base de
cotización con fundamento en el salario «legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el empleo de auxiliar de enfermería o los honorarios pactados,
conforme a lo anotado en precedencia, en cada uno de los periodos contratados
y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que
efectivamente debió cumplir, cotizar al respectivo fondo de pensiones el valor
faltante de aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador».
19. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal, en primer lugar, estudió la
legitimación en la causa por activa de los demandantes. Al respecto, concluyó
que sí estaban legitimados para reclamar los derechos patrimoniales de la señora
Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.), en tanto que con los documentos aportados
al proceso demostraron su calidad de compañero permanente —Carlos Eduardo
Cárdenas— e hija —Luisa Fernanda Cárdenas Mejía—, respectivamente.
Asimismo, consideró que la ESE demandada estaba legitimada para responder
por las eventuales condenas, por ser la entidad ante la cual se reclamó el
reconocimiento de la relación laboral encubierta.
20. También consideró que no se acreditó la existencia del fenómeno de
caducidad, ya que con la demanda se pretende la nulidad de un acto ficto,
respecto del cual, conforme al artículo 164, numeral 1, literal d), del CPACA,
puede ser demandado en cualquier tiempo.
21. En segundo lugar, el Tribunal encontró probados los elementos esenciales de
la relación laboral, en los siguientes términos:
6
Índice 02 del eexpediente digital 17001233300020210027901 1606-2023 SAMAI, PDF 61SentenciaPrimeraInstancia.pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
22. Prestación personal del servicio: con los contratos aportados se acreditó
que la señora Nora Lucía Mejía Loaiza prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería desde el 1.º de noviembre de 2005 hasta el 31 de julio de 2018, salvo
interrupciones, así como la remuneración.
23. Con relación a la subordinación el Tribunal se remitió a los criterios de la
sentencia de unificación proferida por esta Sección el 9 de septiembre de 2021,
sin perjuicio de la existencia de la presunción de subordinación que recae sobre
las actividades de enfermería. Así, encontró probado que la finada realizó su
servicio en las instalaciones de la entidad, cumplió los turnos impuestos y
desarrolló la labor bajo la dirección y control efectivo de las enfermeras jefe y de
los médicos de la entidad, aunado a que todas esas actividades eran misionales
y correspondían a las ejercidas por el personal de planta.
24. Acreditados todos los elementos del contrato realidad, el Tribunal consideró
que no había lugar a declarar la prescripción extintiva de los derechos
reclamados, en tanto que, entre la terminación de los contratos de prestación de
servicios, la presentación de la reclamación administrativa y, posteriormente, la
demanda, no transcurrieron tres años. Además, expresó que no hubo solución de
continuidad entre los contratos de prestación de servicios, pues entre sus
finalizaciones e inicios no transcurrieron más de 30 días hábiles, conforme lo
dispone la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.
25. Así las cosas, condenó a la ESE a liquidar y pagar en favor de los sucesores
de la señora Nora Lucía Mejía Loaiza «las prestaciones sociales de orden legal
que percibía un servidor de la misma categoría [auxiliar de enfermería] vinculado
laboralmente a la planta de la entidad; liquidadas sobre el salario de estos, o
sobre los honorarios pactados en los contratos, en caso de inexistencia del cargo
en la planta de personal». Asimismo, ordenó a la ESE realizar las cotizaciones
de los aportes pensionales que le correspondían como empleador.
26. Finalmente, negó el reconocimiento del trabajo suplementario, de la
indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa y estabilidad
laboral reforzada, así como de la sanción moratoria por el no pago de las
prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo y por el no pago de
las cesantías.
1.6. Recurso de apelación
27. La ESE Assbasalud presentó recurso de apelación con el que solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las
pretensiones. Para el efecto, desarrolló las siguientes premisas:
27.1. Consideró que: i) en el presente caso no se agotó el requisito de
procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial de los derechos
en discusión; ii) el Tribunal «privó del derecho a la defensa» a la entidad en el
asunto bajo estudio, en tanto no fue practicada la audiencia inicial conforme lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
establece el artículo 180 del CPACA, y iii) los alegatos de conclusión no fueron
tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, estimó que
si, en segunda instancia, se valoraba la existencia de una nulidad procesal, debía
garantizarse el derecho al debido proceso de la parte demandada.
27.2. De otro lado, expresó que, contrario a lo considerado por el Tribunal, en el
asunto bajo estudio no se acreditaron los elementos esenciales de la relación
laboral; que los testimonios rendidos dentro del proceso no fueron contundentes
respecto de la aparente subordinación a la que estuvo sometida la señora Mejía
Loaiza (q.e.p.d.). Sobre este punto, destacó que los testigos allegados por la
entidad expresaron que los turnos del servicio fueron acordados entre la finada y
la supervisora del contrato, y no existieron órdenes, llamados de atención ni
imposición de reglamentos, dado que la labor la ejecutó de manera autónoma e
independiente.
27.3. Que la ESE estaba habilitada para suscribir los contratos de prestación de
servicios celebrados con la finada, pues no contaba con el personal de planta
suficiente para satisfacer sus servicios.
27.4. También censuró la posición del Tribunal relativa a tener por no probada
la solución de continuidad entre los contratos, dado que, antes del inicio del
número 276 de 2018 —el 1 de abril de 2018—, transcurrieron 60 días sin que se
celebrara contrato alguno entre las partes. Por lo tanto, consideró que, a la luz
de la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, se configuró la
solución de continuidad de la relación contractual. De esa manera, entre la
finalización del contrato anterior, ocurrida en enero de 2018, y la presentación de
la reclamación administrativa, pasaron más de tres años, lo que constituye la
prescripción de los derechos laborales causados con anterioridad a esa data.
27.5. Adujo que, si bien el Tribunal declaró la existencia de la relación laboral de
la entidad con la finada, no explicó en la parte resolutiva la manera como se
transmitía el derecho reconocido o a quién debía realizarse su pago.
27.6. Que el numeral cuarto de la sentencia reconoció el pago de aportes a
pensión sin tener en cuenta que, en este caso particular, la excontratista falleció,
por lo que no existe fundamento para su pago, máxime porque en la demanda
ello no se solicitó.
1.7 Trámite en segunda instancia
28. Con auto de 4 de julio de 20237, se admitió el recurso de apelación y en el cual
se indicó que desde la admisión del recurso hasta que proceso ingresara al
despacho el Ministerio Público podría emitir concepto. Sin embargo, en esta
oportunidad la entidad no hizo pronunciamiento.
29. Como no se advierte causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
7
Ver índice 04 aplicativo SAMAI segunda instancia 17001233300020210027901 (1606-2023).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
31. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como solamente
apeló la parte demandada, la resolución del caso se ceñirá siguiendo los
planteamientos que allí se expusieron.
2.2. Problemas jurídicos
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procederá a resolver los siguientes interrogantes:
33. ¿entre la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) y la ESE Assbasalud
existió una relación laboral encubierta en el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2005 y el 31 de julio de 2018, cuando ejecutó actividades de
auxiliar de enfermería mediante contratos de prestación de servicio?
34. De acreditarse la existencia de la relación laboral encubierta, se estudiará si
sobre tal vínculo acaeció, en todo o en parte, el fenómeno de la prescripción
trienal; la legitimación con la que cuentan los demandantes para recibir los
derechos económicos reconocidos; y si es procedente el pago de los aportes
pensionales, de acuerdo con los argumentos del recurso de alzada.
35. Finalmente, en caso de que se acredite la legitimación de los demandantes y
no se pruebe la prescripción en todos los periodos laborados, se estudiará las
prestaciones sociales que se le deben pagar a la parte actora.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
36. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
37. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
38. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.
39. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.
2.4. Cuestión previa
40. En el recurso de alzada, la ESE estimó que en el trámite de primera
instancia se configuraron irregularidades procesales que vulneraron su derecho
a la defensa, en concreto: i) no se realizó la audiencia inicial en este proceso, ii)
no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial como
paso previo a la presentación de la demanda; y iii) sus alegatos de conclusión
no se tuvieron en cuenta en la sentencia apelada.
41. La Subsección se pronunciará sobre cada una de las irregularidades
alegadas en los siguientes términos:
42. En primer lugar, la entidad reprochó en el recurso que el Tribunal no le dio
trámite a la audiencia inicial, conforme lo dispone el artículo 180 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
43. Pues bien, el artículo 207 del CPACA dispone que en cada etapa del proceso
el juez debe realizar control de legalidad a efectos de sanear o corregir los vicios
que configuren nulidades u otras irregularidades dentro del mismo; tanto este
como el artículo 132 del CGP indican que las irregularidades del proceso, salvo
que se traten de hechos nuevos, no pueden ser alegados en etapas
siguientes
44. De igual modo, el artículo 208 del CPACA establece que son causales de
nulidad las establecidas en el «Código de Procedimiento Civil» hoy reemplazado
por el CGP. Esta última codificación en su artículo 133 estableció,
específicamente y de manera taxativa, ocho causales de nulidad10, lo que quiere
decir que, a parte de las allí consagradas, y conforme el parágrafo del artículo
ibidem, todo vicio en el procedimiento se tomará como una irregularidad que, de
no ser impugnadas oportunamente por los mecanismos que el código establece,
se encontrará subsanadas.
45. Bajo ese contexto normativo, al adentrarse en el asunto bajo estudio se
evidencia que, en efecto, como aduce la recurrente, el Tribunal no celebró la
audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, conforme lo establece el
artículo 180 del CPACA, sino que profirió auto del 7 de abril de 2022, mediante
el cual —conforme a las reglas establecidas en el artículo 13 del Decreto
Legislativo 806 de 2020— procedió a resolver las excepciones previas, fijar el
litigio, decretar las pruebas y fijar la fecha para la audiencia de pruebas de que
trata el artículo 181 del CPACA.
46. Debe precisarse que, en estricto sentido, el decreto citado por el Tribunal no
contempla la posibilidad de omitir el trámite de la audiencia inicial cuando en el
proceso que se surte se deben practicar pruebas de manera oral y con
inmediación del juzgador —como ocurre en este caso, debido a que se debían
recaudar testimonios—.
47. Véase que el artículo 12, inciso segundo del Decreto 806 de 2020 determina
que, cuando se requiera la práctica de pruebas, «el juzgador las decretará en el
auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo,
10
En extenso, las causales de nulidad que trae este articulo son las siguiente: ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es
nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente
la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se
reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente
de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de
acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de
apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento
de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso
a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de
dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código (…)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes
de decisión».
48. A su turno, el artículo 13 ibidem —utilizado por el Tribunal para fundamentar
el auto del 7 de abril de 2022— pregona que el juez de lo contencioso
administrativo puede dictar sentencia anticipada, antes de la audiencia inicial,
únicamente cuando: i) «se trate de asuntos de pleno derecho o no fuere
necesario practicar pruebas», o «cuando las partes o sus apoderados de común
acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez (…)»; ii)
en la segunda etapa del proceso11 «cuando encuentre probada la cosa juzgada,
la transacción, la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de
legitimación en la causa (…)», o iii) en los casos de allanamiento.
49. En ese orden, en los casos en que se deban practicar pruebas, es necesario
que se lleve a cabo el trámite de la audiencia inicial y, con ello, las actuaciones
que el artículo 180 del CPACA dispone para su curso. Empero el Tribunal en el
auto del 7 de abril de 2022, resolvió las excepciones previas, decretó las pruebas
aportadas y los testimonios a recaudar en la audiencia de pruebas y, además,
fijó el litigio, aspecto que, conforme a las reglas previstas en la norma citada,
solo debían realizarse en el trámite de la audiencia inicial, en tanto dicha regla
no fue suprimida o modificada por el Decreto Legislativo 806 de 2020.
50. Tal circunstancia configuró un vicio en el trámite procesal que no afectó el
debido proceso de las partes al punto que invalide lo actuado hasta este
momento; pues si bien no se realizó la audiencia inicial, sí se llevaron a cabo las
actuaciones que, en esencia, se deben hacer en aquella etapa, tal y como se
advierte en el auto del 7 de abril de 2022.
51. Además, la irregularidad que ahora pone de presente la ESE no fue alegada
en la primera instancia. Véase que, en el curso de la audiencia de recaudo de
los testimonios, realizada el 13 de julio de 2022 y el 24 de agosto de 2022, el
Tribunal realizó el control de legalidad del proceso, conforme lo dispone el
artículo 207 del CPACA, ante lo cual el apoderado de la ESE no manifestó en
ese momento, ni en fases posteriores, alguna nulidad o irregularidad que debiera
ser saneada. Por lo tanto, conforme al citado artículo y los artículos 132 e inciso
primero del artículo 13412 ibídem, no es procedente que, con posterioridad a la
sentencia de primera instancia, se aleguen posibles irregularidades procesales
que no fueron advertidas en la oportunidad pertinente, las cuales, por tanto, se
entienden subsanadas. Razón por la cual, este reparo no prospera.
11
De acuerdo con el artículo 179 del CPACA, estas son: «ARTÍCULO 179. ETAPAS. <Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 2080
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras
leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:
1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.
2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y
3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones
y juzgamiento (…)» Negrillas de la Sala para referenciar el apartado a que hace referencia la segunda parte del proceso judicial en esta
jurisdicción.
12
«Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a ésta si ocurren en
ella (…)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
52. Como segundo reproche la entidad indicó que en la sentencia de primera
instancia no se tuvieron en cuenta los argumentos de los alegatos de conclusión.
53. Al respecto, recuérdese que los alegatos de conclusión son «la oportunidad
para expresarle al juez, cuál debe ser, en sentir de las partes, la conclusión a la
que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y
el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos
cargos o solicitar nuevas pruebas»13. Sin embargo, dicha oportunidad no es
obligatoria sino facultativa; tanto es así que, dentro de la congruencia que debe
tener la sentencia, el artículo 281 del CGP14 dispone que debe estar en armonía
con lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes en las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos, así como en las excepciones propuestas, sus
fundamentos y en las otras excepciones que se encuentren probadas.
54. Ahora bien, en el plenario está probado que la ESE presentó alegatos de
conclusión dentro de los diez días siguientes al auto del 24 de agosto de 2022,
que corrió traslado para el efecto. Dicha actuación fue ingresada al expediente y
referenciada como recibida por el Tribunal mediante la actuación secretarial que
remite al despacho para dictar el fallo.
55. Bajo ese contexto, la Subsección considera que como en la sentencia apelada
se manifestó que la recurrente no alegó de conclusión, cuando en realidad si lo
hizo, no constituye causal de nulidad alguna, pues el derecho a presentar las
alegaciones se garantizó; empero la Sala tendrá en cuenta lo expresado en esa
oportunidad para resolver la alzada. Aclarando que lo que se exige al juez de
conocimiento es que su decisión corresponda con lo pedido, lo probado y lo
sustentado por las partes en las pretensiones, así como en las excepciones
propuestas, sus fundamentos y en las otras excepciones que se encuentren
probadas, lo cual efectuó el a quo. Sumado a que los argumentos expuestos en
el escrito de alegatos contiene lo expresado en la contestación de la demanda y
en el del recurso que ahora se resuelve.
56. Frente al tercer reparo relacionado con que en el asunto no se agotó la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para presentar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la Subsección estima que
no le asiste razón a la recurrente, pues la conciliación extrajudicial no era exigible
en este caso.
57. Lo anterior obedece a que, si bien en el expediente no obra constancia de
agotamiento de la conciliación extrajudicial previa, su realización no era exigible,
debido a que dentro de las reglas dictadas en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, proferida por esta Sección, se encuentra
aquella que establece que, en vista de que entre los derechos que podrían
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de noviembre de 2025, rad. 25000-23-42-
000-2015-01154-02 (2706-2021), magistrado ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves.
14
En detalle, el numeral primero de este artículo dice lo siguiente: «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
reconocerse a quien demanda están involucradas prerrogativas laborales
irrenunciables, ciertas e indiscutibles —tales como las cotizaciones que inciden
en el derecho a obtener una pensión—, no es procedente exigir la conciliación
extrajudicial15.
58. Además, debe tenerse en cuenta que la demanda se presentó el 28 de julio
de 2021, esto es, en vigencia de las modificaciones introducidas a la Ley 1437
de 2011 —CPACA— por la Ley 2080 de 202116, la cual en su artículo 34,
modificó el inciso segundo del artículo 161 del CPACA, en el sentido de que la
conciliación extrajudicial era facultativa en asuntos laborales o, dicho de otra
manera, no era exigible como requisito previo a la presentación de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
59. De los contratos de prestación de servicios aportados al proceso, se evidencia
que la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) laboró personalmente como
auxiliar de enfermería en favor de la ESE Assbasalud desde el 1 de noviembre
de 2005 hasta el 31 de julio de 2018. Concretamente, las vinculaciones se
surtieron durante los períodos, por los valores y con los objetos que a
continuación se relacionan.
Número de Inicio Fin Objeto del contrato Valor
órdenes prestación
de servicios
254 de 2005 1 de noviembre de 15 de enero de 2006 Realización de turnos como auxiliar de 3.475.000
2005 enfermería actividades que serán
coordinadas con la (el) enfermero (a)
asignado al centro de atención en el
cual desarrolle los turnos.
12 días hábiles de interrupción
018 de 2006 1 de febrero de 15 de junio de 2006 Realización de turnos como auxiliar de 6.408.000
2006 enfermería actividades que serán
039 de 2006 16 de junio de 2006 15 de agosto de 2006 coordinadas con la (el) enfermero (a) 2.848.000
asignado al centro de atención en el
135 de 2006 16 de agosto de 15 de octubre de 2006 cual desarrolle los turnos. 2.848.000
2006
218 de 2006 16 de octubre de 15 de noviembre de 1.424.000
2006 2006
11 días hábiles de interrupción
341 de 2006 1 de diciembre de 31 de enero de 2007 Realización de turnos como auxiliar de 2.848.000
2006 enfermería actividades que serán
031 de 2007 1 de febrero de 30 de abril de 2007 coordinadas con la (el) enfermero (a) 4.464.000
2007 asignado al centro de atención en el
101 de 2007 1 de mayo de 2007 31 de agosto de 2007 cual desarrolle los turnos. 5.952.000
273 de 2007 1 de septiembre de 31 de octubre de 2007 2.976.000
2007
506 de 2007 1 de noviembre de 15 de enero de 2008 Realización de turnos como auxiliar de 3.720.000
2007 enfermería actividades que serán
043 de 2008 16 de enero de 30 de abril de 2008 coordinadas con el enfermero 5.519.500
2008 asignado al centro de atención en el
274 de 2008 1 de mayo de 2008 31 de mayo de 2008 cual desarrolle los turnos. 1.577.000
526 de 2008 1 de junio de 2008 30 de junio de 2008 1.577.000
703 de 2008 1 de julio de 2008 31 de julio de 2008 1.577.000
15
Esta regla fue sintetizada de la siguiente manera en la aludida sentencia: «v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al
estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el
derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables».
16
Recuérdese que el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 determinó que las disposiciones de este compilado normativo regían, por regla
general, a partir de su publicación, esto es, el 25 de enero de 2021; sin perjuicio de las reglas de modificación de competencia «de los
juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten
un año después de publicada esta ley».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
838 de 2008 1 de agosto de 2008 30 de septiembre de 3.200.000
2008
965 de 2008 1 de octubre de 30 de noviembre de 3.200.000
2008 2008
1170 de 2008 1 de diciembre de 15 de enero de 2009 1.600.000
2008
Junto con la adición 800.000
contrato 1170 de (adición)
2008
089 de 2009 16 de enero de 31 de enero de 2009 800.000
2009
157 de 2009 1 de febrero de 28 de febrero de 2009 1.712.000
2009
306 de 2009 1 de marzo de 2009 31 de julio de 2009 8.665.000
493 de 2009 1 de agosto de 2009 Inicialmente: 15 de 7.798.500
diciembre de 2009
Junto con contrato 2.599.500
adicional y otro-sí al Se amplió el tiempo (adición)
contrato de hasta 31 de enero de
prestación de 2010
servicios 493
184 de 2010 1 de febrero de 30 de junio de 2010 8.665.000
2010
305 de 2010 1 de julio de 2010 30 de septiembre de 3.600.000
2010
592 de 2010 1 de octubre de 15 de enero de 2011 Realización de turnos como Auxiliar 4.200.000
2010 Área Salud Enfermería apoyando los
140 de 2011 9 de 2011 30 de junio de 2011 procesos de urgencias y 7.150.000
342 de 2011 1 de julio de 2011 30 de septiembre de hospitalización de Assbasalud ESE, 3.900.000
2011 actividades que serán coordinadas
con el enfermero asignado al centro
da la clínica donde realice los turnos.
20 días hábiles de interrupción
526 de 2011 1 de noviembre de 1 de enero de 2012 Realización de turnos como Auxiliar 2.720.000
2011 Área Salud Enfermería apoyando los
procesos de urgencias y
hospitalización de Assbasalud ESE,
actividades que serán coordinadas
con el enfermero asignado al centro
da la clínica donde realice los turnos.
136 de 2012 2 de enero de 2012 31 de enero de 2012 Realización de turnos como Auxiliar 1.360.000
285 de 2012 1 de febrero de 29 de febrero de 2012 Área Salud Enfermería apoyando los 1.410.720
2012 procesos de urgencias y
417 de 2012 1 de marzo de 2012 31 de marzo de 2012 hospitalización de Assbasalud ESE, 1.410.728
actividades que serán coordinadas
478 de 2012 1 de abril de 2012 30 de abril de 2012 1.410.728
con el funcionario delegado para la
526 de 2012 1 de mayo de 2012 31 de julio de 2012 4.232.184
supervisión del contrato, objeto que no
576 de 2012 1 de agosto de 2012 15 de enero de 2013 involucra el cumplimiento de funciones 7.759.004
127 de 2013 16 de enero de 30 de junio de 2013 públicas y administrativas. 7.991.775
2013 .
609 de 2013 1 de julio de 2013 30 de septiembre de 4.359.150
2013
936 de 20135 1 de octubre de 10 de enero de 2014 4.843.500
2013
214 de 2014 11 de enero de 30 de abril de 2014 5.540.964
2014
370 de 2014 1 de mayo de 2014 31 de agosto de 2014 6.044.688
612 de 2014 1 de septiembre de 31 de octubre de 2014 3.022.344
2014
961 de 2014 1 de noviembre de 30 de noviembre de 1.511.172
2014 2014
1226 de 2014 1 de diciembre de 9 de enero de 2015 1.964.524
2014
133 de 2015 10 de enero de 31 de enero de 2015 1.047.746
2015
267 de 2015 1 de febrero de 31 de julio de 2015 9.429.714
2015
575 de 2015 1 de agosto de 2015 30 de septiembre de 3.143.238
2015
793 de 2015 1 de octubre de 31 de octubre de 2015 1.571.619
2015
933 de 2015 1 de octubre de 30 de noviembre de 1.571.619
2015 2015
1112 de 2015 1 de diciembre de 8 de enero de 2016 1.990.717
2015
091 de 2016 9 de enero de 2016 31 de enero de 2016 1.198.621
203 de 2016 1 de febrero de 29 de febrero de 2016 1.634.484
2016
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
332 de 2016 1 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 1.634.484
461 de 2016 1 de abril de 2016 30 de abril de 2016 1.634.484
563 de 2016 1 de mayo de 2016 31 de mayo de 2016 1.435.812
692 de 2016 1 de junio de 2016 30 de junio de 2016 1.580.520
837 de 2016 1 de julio de 2016 31 de julio de 2016 1.580.520
967 de 2016 1 de agosto de 2016 31 de agosto de 2016 1.650.000
1112 de 2016 1 de septiembre de 30 de septiembre de 1.650.000
2016 2016
1299 de 2016 1 de octubre de 15 de octubre de 2016 800.000
2016
1374 de 2016 16 de octubre de 31 de octubre de 2016 800.000
2016
1505 de 2016 1 de noviembre de 8 de noviembre de 440.000
2016 2016
1702 de 2016 9 de noviembre de 30 de noviembre de 1.210.000
2016 2016
1934 de 2016 1 de diciembre de 15 de enero de 2017 2.475.000
2016
064 de 2017 16 de enero de 28 de febrero de 2017 2.475.000
2017
199 de 2017 1 de marzo de 2017 31 de marzo de 2017 1.650.000
297 de 2017 1 de abril de 2017 30 de abril de 2017 Prestar sus servicios como Auxiliar 1.650.000
465 de 2017 1 de mayo de 2017 31 de julio de 2017 Área Salud Enfermería apoyando los 4.950.000
683 de 2017 1 de agosto de 2017 30 de septiembre de procesos de urgencias y 3.300.000
2017 hospitalización de Assbasalud ESE,
Objeto que no involucra el
793 de 2017 1 de octubre de 30 de noviembre de 3.300.000
cumplimiento de funciones públicas y
2017 2017
administrativas
1174 de 2017 1 de diciembre de 31 de enero de 2018 3.300.000
2017
39 días hábiles de interrupción
276 de 2018 1 de abril de 2018 31 de mayo de 2018 Prestar sus servicios como Auxiliar 3.399.000
471 de 2018 1 de junio de 2018 30 de junio de 2018 Área Salud Enfermería apoyando los 1.699.500
643 de 2018 1 de julio de 2018 31 de julio de 2018 procesos de urgencias y 1.699.50017
hospitalización de Assbasalud ESE,
Objeto que no involucra el
cumplimiento de funciones públicas y
administrativas
60. De la misma manera, los anteriores documentos demuestran la
contraprestación —que se refiere a las sumas de dinero recibidas por la señora
Nora Lucia Mejía Loaiza (q.e.p.d.) durante la ejecución de sus labores—.
61. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre
este elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras
17
Índice 02 expediente digital SAMAI, 27AnexosContratos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el estatuto de
contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos
que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar
para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye
facultades de carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el
definir horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar de
ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».
62. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con el hospital demandado.
Para ello se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en
la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
63. En cuanto al lugar de trabajo, del acervo probatorio y bajo la sana crítica, se
puede establecer que la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) ejecutó las
actividades encomendadas en las instalaciones de Assbasalud ESE.
64. Respecto al horario de trabajo, los contratos aportados al plenario
evidencian que la finada cumplió sus servicios en turnos rotativos que le fueron
asignados por la ESE18.
65. Asimismo, junto con la demanda, reposan múltiples certificados expedidos por
los interventores de los contratos suscritos por la señora Mejía Loaiza entre los
años 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en
los que se discriminan los turnos realizados como auxiliar de enfermería en la
entidad, y en los que se aprecia que sus servicios fueron realizados en períodos
de día, tarde y noche, y en otros de «corrido», en las áreas de hospitalización,
partos y, principalmente, urgencias.
66.En cuanto a los testigos presentados por la parte actora, el señor Jerónimo
Tangarife Granada indicó que prestó sus servicios con la señora Nora Lucía Mejía
Loaiza en la ESE, debido a que, durante diez años, hasta 2016, realizó
actividades como tecnólogo en atención prehospitalaria y, entre 2016 y 2018,
cumplió actividades como enfermero profesional19. Con base en ese
conocimiento, el testigo indicó que la finada cumplió turnos comprendidos entre
las siete de la mañana y las siete de la noche, o entre las siete de la noche y las
siete de la mañana, los cuales debían ser acatados sin posibilidad de ausentarse
en su curso20.
18
Véase, por ejemplo, la cláusula segunda de los contratos 965 de 2008, 089 de 2019, 184 de 2010, 342 de 2011, 417 de 2012, 609 de
2013, 214 de 2014, 0133 de 2015 y 1934 de 2016.
19
Sobre este particular el testigo dijo lo siguiente: «pregunta: Bueno, usted ha sido llamado a este proceso como testigo a fin de declarar
sobre lo que conozca o le conste respecto a la relación que existió entre la señora Nora Lucía Mejía Loaiza y Assbasalud ESE. ¿Podría
hacernos un relato de lo que a usted le conste de esa relación o vínculo? contestó: Bueno, pues yo inicié en Assbasalud ESE como
tecnólogo en atención prehospitalaria. En ese cargo estuve alrededor de 10 años, más o menos 10 años estuve compartiendo con ella
todo lo relacionado con el trabajo. Después del 2016 yo ya pasé a ser parte de la enfermería profesional (…) Yo era el enfermero jefe del
servicio en donde ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería»
20
El deponente sobre este particular dijo lo siguiente: «Preguntó: ¿La señora Nora Lucía cumplía algún horario laboral? Contestó: Sí, claro,
siempre se cubrían turnos de 12 horas de 7 a 7, ya sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 7 de la noche a 7 de la mañana.» (…)
Preguntó: ¿La señora Nora Lucía debía cumplir ese horario o podía retirarse o sustituir a alguien para cumplir ese turno? Contestó: No, no
se, pues uno cumplía el horario que tenía asignado a no ser que tuviera pues una causa justificable, una incapacidad o algo para poder
ausentarse del servicio, pero el horario se cumplía siempre de 7 a 7».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
El señor Manfredi Armando Solano Zuluaga indicó que prestó su servicio en la
67.
entidad entre los años 2013 y 2020, debido a que ejerció como conductor de
ambulancia21. Así las cosas, adujo que la señora Mejía Loaiza realizó actividades
de auxiliar de enfermería y que, en ese servicio, debía cumplir con un horario de
doce horas corridas, comprendidas entre las siete de la mañana y las siete de la
noche, o entre las siete de la noche y las siete de la mañana22.
68.La señora Paula Andrea Morales Castaño manifestó que prestó sus servicios
como enfermera en la ESE entre los años 2016 y 2020, espacios en los cuales
conoció y compartió laboralmente con la señora Mejía Loaiza, quien, en todo caso
y sin precisar fecha, indicó que dejó de prestar el servicio en la entidad antes que
ella23. Consideró que la finada cumplía horarios laborales de doce horas,
comprendidas entre las siete de la mañana y las siete de la noche, o entre las
siete de la noche y las siete de la mañana24.
69.De otro lado, respecto de los declarantes presentados por la parte demandada,
la señora María Eugenia Arias Soto indicó que trabajó en la ESE desde el año
1997 en diferentes ocupaciones: como enfermera, jefe de enfermería, en
consulta externa y en los procesos de enfermería25. Afirmó que conoció del
servicio realizado por la finada a partir del año 2006 y hasta 2018; y que los turnos
no eran impuestos, sino coordinados de acuerdo con la disponibilidad previa que
se reportara26.
70.El señor Jaime Gómez López manifestó que laboró en la ESE como médico
coordinador de enfermería en los períodos en que la señora Mejía Loaiza prestó
sus servicios. Explicó que ella realizó actividades de auxiliar de enfermería entre
2008 y 201827. Respecto del horario, consideró que este se diseñaba a partir de
la oferta de disponibilidad para las labores de las auxiliares de enfermería28. 21
Al respecto, este testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Por favor, háganos un relato de lo que usted le conste. Contestó: Bueno, yo conocí
a Nora trabajando en Assbasalud ESE. Ella era auxiliar de enfermería en Assbasalud ESE (…) nosotros nos conocimos allá, ella ejerciendo
la provisión como auxiliar, atendiendo pacientes y todo. Yo como conductor de ambulancia, allá nos conocimos. Pregunta: ¿Y eso en qué
época fue? Contestó: Yo estuve desde el 2013 hasta el 2020 en Assbasalud ESE. Allá nos conocimos, pues ella estuvo por periodos y
todo, como todos. Pregunta: ¿Pero se acuerdan desde cuándo y hasta cuándo estuvo ella? Contestó: Cuando yo llegué, ya estaba ella
allá en Alba Salud trabajando. No sé cuánto llevaría trabajando, pero allá estaba ella cuando llegué». 22
El testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Y usted sabe si la señora Nora Lucía cumplía algún horario de trabajo? Contestó: Todos cumplíamos horario de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pregunta: ¿Y ella? Contestó: También, porque entramos todos
al mismo turno. Pregunta: O sea, ¿ese turno es de la mañana o turno de la tarde? Contestó: Sí, o sea, de 7 de la mañana a 7 de la noche,
o de 7 de la noche a 7 de la mañana
23
La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted conoce a la señora Nora Lucía Mejía Loaiza? Contestó: Sí, señor, la
conocí. Pregunta: ¿Por qué y dónde la conoció? Contestó: La conocí en Assbasalud. El día que la conocí, lo tengo muy clarito porque fue
el primer día que yo llegué (…) Pregunta: ¿Y qué fecha fue eso? Contestó: Yo trabajé en Assbasalud desde el 2016 (…) fecha exacta no
me acuerdo, pero me acuerdo muy bien de ese turno porque fue muy horrible, porque yo no tenía pasaje para devolverme para mi casa y
a un médico le tocó prestarme plata para irme. Pregunta: ¿Usted sabe desde cuándo y hasta cuándo trabajó o tuvo relación con la señora
Nora Lucía Mejía Loaiza? Contestó: Sí, yo trabajé en Assbasalud entre el 16 de febrero del 2016 hasta el 2020 cuando empezó la pandemia,
a mí me sacaron de Assbasalud porque tenía hipotiroidismo. Pregunta: ¿Y Nora Lucía? Contestó: Ella había salido antes. Pregunta: ¿Y
usted se acuerda cuándo? Contestó: No. 24
Al respecto, la deponente adicionó. 25
En detalle, la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted trabajó para Assbasalud ESE? Contestó: He trabajado para Assbasalud ESE. Trabajé desde 1997. Todavía sigo vinculada porque estoy en una vacancia temporal. Pregunta: ¿Y qué cargo ha desarrollado en
Assbasalud ESE? Contestó: Yo he sido enfermera en los servicios de urgencias, enfermera jefe, a cargo del personal de enfermería y de
los procesos de enfermería. También he desempeñado en salud pública (…) también en consulta externa. Estoy apoyando todos los
procesos de consulta externa»
26
Sobre este punto la testigo dijo lo siguiente: «Preguntó: sirva de informar a esta audiencia si en algún momento a la señora Nora Lucía
Mejía Loaiza y usted como supervisora le obligó a que cumpliera estrictamente algún horario de trabajo. Contestó: Las contratistas no
tienen horario laboral. No se les exigía el horario laboral. Se pactaban los turnos con ella y así se coordinaba. Se coordinaba entre las dos. Yo que era la jefe, ellas que eran las asesinas contratistas, coordinábamos cómo íbamos a hacer esa prestación. De acuerdo a lo que ellos
me pasaban y así era que funcionaba». 27
El testigo sobre este particular dijo: «Pregunta: ¿Entre 2005 y 2018 dónde elaboraba? Contestó: En Assbasalud. Pregunta: ¿Qué cargo
tenía allí? Contestó:
Médico Coordinador (…) Pregunta: ¿Usted conoció a la señora Nora Lucía Mejía Loaiza? Contestó: Sí, su señoría. Pregunta: ¿Por qué la conoció? Contestó: Ella se desempeñó como Auxiliar de Enfermería en los Servicios de Salud (…) Pregunta: ¿Y
sabe desde cuándo y hasta cuándo trabajó la señora Nora Lucía en Assbasalud ESE? Contestó: Desde el 2008 hasta el 2018»
28
Al respecto este testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted sabe si la señora Nora Lucía Mejía cumplía algún horario o algunos turnos
de trabajo? Cumplían los turnos mediante un cuadro que se elaboraba. Contestó: Ellas hacían la oferta, la disponibilidad que tenían para
realizar los turnos, fuera de día, de la tarde, de la mañana, de la noche o los fines de semana, sábados, domingos o festivos. Entonces
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
71.Bajo los anteriores supuestos fácticos, la Subsección concluye que, en efecto,
la señora Mejía Loaiza prestó sus servicios en horarios determinados e
impuestos por la ESE, los cuales se extendían, en un primer momento, entre
periodos de día, tarde y noche y, posteriormente, en lapsos corridos de doce
horas, entre las siete de la mañana y las siete de la noche, o entre las siete de la
noche y las siete de la mañana. En efecto, tanto los contratos de prestación de
servicios como las constancias documentales de los turnos realizados y las
declaraciones de los testigos Tangarife Granada, Solano Zuluaga y Morales
Castaño, quienes tuvieron conocimiento directo, son coincidentes respecto de la
realización del servicio de la finada en los períodos determinados por la entidad.
72.Así, aunque los testigos presentados por la ESE —María Eugenia Arias Soto
y Jaime Gómez López— expresaron que los turnos eran programados de manera
coordinada, lo cierto es que analizadas las pruebas en conjunto demuestran lo
contrario. Ello, debido a que desde las mismas obligaciones contractuales se
demuestra que las actividades de la finada eran ejecutadas en los tiempos y bajo
las condiciones que la entidad dispusiera, lo cual fue corroborado por los testigos
presentados por la demandante, quienes contaron con conocimiento directo de
su servicio y desvirtúan, por tanto, las afirmaciones de la señora Arias Soto y del
señor Gómez López.
73.En todo caso, comoquiera que, en los servicios de salud, la existencia de un
horario se puede considerar como un parámetro lógico y natural que establecen
las partes para lograr el correcto funcionamiento de las actividades convenidas,
es necesario que la Subsección estudie los otros elementos de juicio para
esclarecer si la finada estuvo sujeta a algún direccionamiento o control efectivo y
subordinante por parte de la ESE en el cumplimiento de sus actividades.
74.De esa manera, la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar: Es de recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación
previamente referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».
75.En el recurso de apelación, la ESE reprochó la decisión del Tribunal de
declarar probada la existencia de la relación laboral. A su juicio, no se acreditó el
elemento de subordinación del servicio realizado por la actora, en especial,
debido a que en la ejecución de su servicio no se comprobó la existencia de
órdenes, llamados de atención ni imposición de reglamentos.
Sin embargo, para la Subsección no le asiste razón a la entidad, pues del
76.
análisis integral de los elementos probatorios allegados al plenario se desprende
ellas pasaban la oferta, la disponibilidad que tenían y de acuerdo a eso, las enfermeras jefes, que eran las supervisoras del contrato de
procedimiento de servicios de ellas, las auxiliares de enfermería, entonces se armaba el cuadro de turnos»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
con claridad que la señora Mejia Loaiza estuvo direccionada y controlada por la
entidad en la ejecución de sus contratos, a punto tal que no fue independiente.
77.En efecto, respecto de los testimonios de la parte demandante, el señor
Jerónimo Tangarife Granada indicó que la coordinación médica era el área
encargada de impartir las directrices a la señora Mejía Loaiza para la ejecución
de su servicio. En concreto, identificó que su coordinadora era María Eugenia
Arias —testigo de la parte demandada—, quien era la encargada de constatar
que el servicio de enfermería fuera correctamente desarrollado a partir de la
aplicación de los protocolos de la entidad29.
78.El señor Julián Marín Botero adujo igualmente que la persona que le daba las
órdenes a la demandante respecto a la ejecución diaria del servicio era la señora
María Eugenia30. Lo propio ocurrió con el señor Manfredi Armando Solano
Zuluaga, quien explicó que la jefe del servicio de la demandante era la señora
María Eugenia, encargada de dar todas las instrucciones relacionadas con el
servicio; sin embargo, añadió que el personal médico también daba órdenes
relacionadas con el tratamiento de los pacientes y los medicamentos que debían
suministrarse31.
79.Finalmente, la señora Paula Andrea Morales Castaño indicó que los
superiores de la finada en la ESE eran el señor Jaime Gómez y la señora María
Eugenia, ambos testigos de la entidad. Explicó que, de manera directa, las
órdenes que le daban a la señora Mejía Loaiza estaban relacionadas con el
recibo y supervisión de los turnos, así como con el correcto desarrollo del servicio
de todas las auxiliares de enfermería, ya que, en caso de incumplimientos,
recibían llamados de atención32.
29
Al respecto, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Y quién le daba órdenes a Nora Lucía? Contestó: Eso se manejaba desde
coordinación y ya en el servicio uno impartía pues las directrices que se dictaban en el servicio donde uno estaba coordinando. (…)
Pregunta: ¿Qué actividades de supervisión ejercía la señora María Eugenia Arias sobre la señora Nora Lucía Mejía? Contestó: Pues que
se hicieran las actividades de enfermería correctamente, que se cumpliera con lo designado en el horario laboral, que se aplicaran todos
los protocolos de la institución, que se cumpliera con todo a cabalidad para poder desempeñar esa función y lo hiciera adecuadamente»
30
Sobre el particular, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Y usted sabe quién le daba órdenes a la señora Nora Lucía Mejía? Contestó: La jefe, las que estaban de turno. Pregunta: ¿Y cómo se llamaban ellas? Contestó: (…) la jefe María Eugenia. María Eugenia. Pregunta:
¿Y María Eugenia era la jefe de qué? Contestó: Esa era la jefe, la supervisora, la supervisora de nosotros y de todos los auxiliares allá. Jefe de conductores y jefe de los auxiliares. Ella era la que nos daba la orden, las órdenes para trasladar pacientes, cómo movíamos las
ambulancias, las órdenes a los auxiliares, todo. Todo se movía, era con todo (…) Pregunta: ¿Qué actividades de supervisión ejercía la
señora María Eugenia Arias sobre la señora Nora Lucía? Contestó: Pues, como un jefe, pues todas. Porque ya, pues, empezando el turno,
desde empezando el turno, ellos reciben órdenes de los jefes. Empieza del turno, La jefe son las que supervisan cómo está urgencias o
cómo está el puesto de salud y da las órdenes de qué es lo que se va a hacer en el día y cómo se va a manejar todo, toda la operación en
el día. Entonces la jefe María Eugenia es la que da la orden». 31
Este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Y usted sabe cuál era el jefe o la jefe de la señora Nora Lucía? Contestó: Pues allá siempre había sido la jefe María Eugenia, que era la que coordinaba todo lo de las clínicas. La que mandaba Pregunta: ¿Era la
jefe o le daba órdenes a Nora Lucía? Contestó: Sí señor, ella compartía los cuadros de turno, daba todas las indicaciones en la mañana
cuando estaba en la clínica, qué tenían que hacer. Pregunta: ¿Y a usted por qué le consta? Contestó: Porque nosotros entramos a ese
horario de turno (…) Pregunta: ¿Qué actividad de supervisión ejercía la señora María Eugenia Daria sobre la señora Nora Lucía Mejía?
Contestó: Pues ella repartía lo que era el horario, daba los permisos. Con ella había que funcionar todo el día mientras estuvieran en la
clínica prestando el servicio. Con respecto al personal médico contratado por Assbasalud, Pregunta: ¿qué actividades le encargaba ese
personal médico a la señora Nora Lucía Mejía? Contestó: Pues los médicos entregaban la orden para cumplir lo que tuvieran que aplicar
al paciente. Entonces ellos le entregaban una orden para que les entregaran los medicamentos y aplicárselos al paciente. Pregunta: ¿Qué
actividad de control y direccionamiento de funciones ejercía ese personal médico de Assbasalud sobre la señora Nora Lucía? Contestó: Pues ellos daban la orden escrita para que le colocaran los medicamentos al paciente asignado». 32
La testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Sabe quién era el supervisor o daba órdenes a la señora Nora Lucía mientras ésta desarrollaba
su actividad profesional en el Assbasalud? Contestó: Los supervisores de los contratos de nosotras eran, en cabeza estaba el doctor Jaime
Gómez, que era de planta, y seguía la jefe María Eugenia, que también es de planta, y ya nosotras, que somos las manos derechas de la
jefe coordinadora al jefe María Eugenia, éramos las jefes que estábamos de turno. Pregunta: ¿Qué actividades de supervisión ejercía la
señora María Eugenia Arias sobre la señora Nora Lucía Mejía? ¿Qué actividades de supervisión o jerarquía ejercía? Contestó:
El recibido
de turno, que estuvieran las unidades limpias, las camisas limpias, que el paciente estuviera bien organizado, porque ella pasaba a
cualquiera auxiliar que pasaba y le daba ronda. Y entonces después decía, vea jefe Paula, tal cosa con Nora, que limpie la unidad, que, si
ya le tomó signos, ella supervisaba todas las entregas de turno y en cualquier momento le caía a cualquiera auxiliar a mirar que se estuviera
cumpliendo sus funciones bien (…) algún hallazgo negativo que encontráramos tanto a nosotras como a las auxiliares, nos hacían un
llamado de atención, sea la enfermera jefe de coordinadora, la jefe en este caso o el doctor Jaime, o si no, ya es de los llamados de
atención, ya pasarían memorando».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
80.En cuanto a los testimonios de la parte demandada, la señora María Eugenia
Arias Soto indicó que, si bien era la supervisora de los contratos de la finada, su
función correspondía a la verificación del cumplimiento de las obligaciones
pactadas en los contratos33. Igual consideración tuvo el señor Jaime Gómez
López, quien, al ser indagado sobre su conocimiento respecto de la persona que
le pudo dar órdenes a la señora Mejía Loaiza, indicó que el servicio estaba
supeditado a lo consignado en los contratos de prestación de servicios, e
identificó que la supervisión de los contratos de la finada fue realizada por la
señora María Eugenia34.
81.A parte de las declaraciones, la Subsección también estima necesario resaltar
que, de la lectura sistemática de los contratos suscritos por la señora Mejía
Loaiza con la ESE, como común denominador, se advierte que la finada debió
realizar funciones de auxiliar de enfermería de acuerdo con las normas propias
de la actividad y los requerimientos de la empresa35; debió asistir a los procesos
de inducción, reinducción y capacitaciones de la entidad36; cumplió con los
planes de mejoramiento necesarios para su servicio37; apoyó en las actividades
de salud de los centros de salud pública de atención ambulatoria38, entre otros.
82.Bajo ese contexto, los anteriores medios de prueba denotan que la finada
estuvo sujeta al direccionamiento y control efectivo de la entidad, sin que se
pueda argumentar que para ello contó con autonomía. Véase que los testigos de
la parte demandante son claros en indicar que las actividades que ejecutó
aquella como auxiliar de enfermería fueron controladas, en cuanto a sus franjas
y forma de ejecución, por el personal de la entidad, principalmente por quien
fungió como supervisora de su servicio, la señora María Eugenia Arias Soto, y
por los médicos de turno.
83.De manera que, aunque la señora María Eugenia Arias Soto y el señor Jaime
Gómez López, en sus declaraciones, indicaron que sus actividades de
supervisión se limitaron a verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones
contractuales, la Subsección estima que, en todo caso, las cláusulas de los
contratos suscritos entre las partes denotan igualmente la subordinación a la que
estuvo sujeta la actora. Aunado a ello, los otros testigos afirmaron, contrario a lo
dicho por estos, que los controles ejercidos por la entidad no se limitaban a
aspectos contractuales, sino que se extendían de manera pormenorizada a la
forma en que, en tiempo, modo y lugar, se ejecutaba la labor.
33
Al respecto, la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Infórmenos en esta audiencia ¿Cuál era la función que usted cumplía de supervisión
respecto a la auxiliar Nora Lucía Mejía Loaiz? Contestó: Básicamente que se cumpliera como el objeto contractual lo que se había firmado
en el contrato entonces ahí en los contratos había unas obligaciones que nosotros teníamos descritas al finalizar el contrato pues uno
hacía una relación de lo que ya había cumplido con respecto al contrato y se pasaba un informe de supervisión»
34
Este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted podría decirnos qué labores concretas desarrollaba la señora Nora
Lucía Mejía en Assbasalud? ¿En qué consistían? Contestó: Era como auxiliar de enfermería, brindando servicios de asistencia a los
pacientes en las clínicas, aplicando inyecciones, aplicando tratamientos que ordenaban los médicos. Pregunta: Básicamente era el cuidado
de la salud de los pacientes que teníamos hospitalizados. ¿Y sabe usted quién le daba órdenes a la señora Nora Lucía Mejía para el
desarrollo de esas actividades? Contestó: Básicamente, mediante el contrato de prestación de servicios, a través de unas obligaciones
que estaban allí estipuladas, al igual que los médicos y las enfermeras, ellos cumplían esas obligaciones mediante ese contrato. Y
básicamente eran los supervisores de los contratos. En el caso mío para los médicos y en el caso de las auxiliares de enfermería, eran las
enfermeras jefes. Las enfermeras jefes, yo recuerdo la jefe María Eugenia Arias, la jefe Gloria Morales y la jefe Beatriz Escobar. Durante
este periodo fueron quienes estuvieron realizando la supervisión del contrato de la señora Nora Lucía Mejía»
35
Contrato 219 de 2005.
36
Contrato 592 de 2010.
37
Contrato 526 de 2011.
38
Contrato 9366de 2013.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
84.Por lo anterior, se logró establecer que la señora Mejía Loaiza estaba
supeditada a las indicaciones impuestas por sus superiores, de conformidad con
la necesidad del servicio de la unidad en donde se encontraba trabajando, bien
fuera en hospitalización, urgencias o en el área que se requiriera, atendiendo las
necesidades propias de la entidad; razón por la cual, no es posible afirmar que
la actora era autónoma para ejecutar sus funciones, pues las pruebas traidas al
plenario demuestran todo lo contrario.
85.De igual manera, es importante señalar que esta Sección en decisiones
previas ha considerado que la labor de enfermería no puede desempeñarse de
manera independiente y autónoma, pues quienes la ejercen no pueden, como
se evidencia en el presente asunto, definir el lugar o el modo en que presten sus
servicios; ni tampoco suspender su ejecución sin que medie alguna justificación,
pues de hacerse, se pondría en riesgo la prestación del servicio de salud.
86.Por regla general, la prestación de este servicio se encuentra regulado por las
directrices que al respecto establezca el personal médico a cargo de los cuidados
y tratamiento que requieran los pacientes a fin de garantizar de manera íntegra
el servicio – derecho fundamental de la salud. De modo que, sobre la labor de
enfermería recae, en principio, un indicio per se de subordinación, dirección y
control de su ejecución39, el cual fue corroborado en el presente caso, por lo que
se confirmará en esta instancia la existencia de la relación laboral encubierta
entre la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) y Assbasalud ESE entre el 1
de noviembre de 2005 al 31 de julio de 2018.
87.Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien
se confirmará la existencia de una relación laboral encubierta en torno a aquellos
periodos, ello no implica que la demandante obtenga la categoría de empleada
pública, pues no median los componentes necesarios para la existencia de una
relación legal o reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política.
2.5 Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
Prescripción
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre las
88.
partes, corresponde determinar si esta fue o no objeto de interrupción.
Pues bien, en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto de
89.
2016 se estimó que «quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»40. Igualmente, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril de 2016, expediente 2820-2014,
magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Reiterado en sentencia de 16 de junio de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
radicado interno 4679-2019.
40
Folios 79 a 83 del archivo titulado «065RADICACIONDEL_ANEXOSDEMANDAPDF», expediente digital, índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
de 9 de septiembre de 2021 se fijó un período de 30 días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación
de servicios, no obstante, dicho tiempo no es «camisa de fuerza» para determinar
si acaeció o no la solución de continuidad de la relación laboral.
90.Así las cosas, se recuerda que la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.)
prestó sus servicios en los períodos que se discriminan a continuación, junto con
los lapsos de interrupción existentes entre la finalización de uno y el inicio del
otro:
1. Entre el 1 de noviembre de 2005 y el 15 de enero de 2006
Interrupción de 12 días hábiles
2. Entre el 1 de febrero de 2006 y 15 de noviembre de 2006
Interrupción de 11 días hábiles
3. Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de septiembre de 2011
Interrupción de 20 días hábiles
4. Entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de enero de 2018
Interrupción de 39 días hábiles
5. Entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2018
91.De esa manera, se evidencia que existió una sola interrupción superior a los
30 días hábiles entre la finalización y el inicio del siguiente contrato,
concretamente por 39 días hábiles. Por lo tanto, en principio, le asistiría razón a
la ESE en su recurso de alzada respecto de que el Tribunal no calculó
correctamente las interrupciones ocurridas en los contratos.
92.Sin embargo, aun cuando, en efecto, existe una interrupción superior a los 30
días hábiles, la Subsección estima procedente, en este caso, declarar que no se
configuró la solución de continuidad del servicio de la señora Mejía Loaiza,
dadas las particularidades del caso. Ello, por cuanto el señor Julián Marín
Botero41, al interrogársele sobre si hubo o no interrupciones en el servicio de la
finada cuando no tuvo formalmente contratos con la ESE, contestó
negativamente, pues las actividades en la entidad eran continuas. Además,
debe tenerse en cuenta que la señora Mejía Loaiza ejecutó sus labores de
manera continua y permanente por más de 12 años, con la suscripción de 72
contratos, los cuales, en su gran mayoría, se celebraron y comenzaron su
ejecución al día siguiente de la finalización del anterior.
93.Por lo tanto, es evidente que, analizados en conjunto la declaración del señor
Julián Marín Botero sobre la continuidad del servicio de la finada, la suscripción
entre las partes de más de 70 contratos en 12 años, y el hecho de que existieron
4 interrupciones, de las cuales solo una fue superior a 30 días hábiles, se
concluye que la interrupción ocurrida en el servicio de la señora Mejía Loaiza
entre el 31 de enero y el 1 de abril de 2018 no constituye una razón suficiente
41
En detalle, este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿sabe si hubo interrupciones durante el tiempo en que la señora
Nora Lucía prestó sus servicios en el Assbasalud? (…) Por ejemplo, ¿había meses que no laboraba? Contestó: No, eso era derecho, no.
Interrupciones no. Siempre eran contratos, los contratos que nos daba el Assbasalud, entonces no había que cumplir los contratos que
ellos nos daban, los horarios. Nunca hubo interrupciones, no (…)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
(camisa de fuerza en los términos de la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021) para que la Subsección declare la solución de continuidad.
94.Por el contrario, el análisis conjunto de los elementos aportados denota la
continuidad del servicio y, por tanto, la necesidad de estimarlo como un solo
vínculo ocurrido entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de julio de 2018,
salvo interrupciones para efectos prestacionales.
En ese contexto, la parte actora contaba con tres años desde la finalización
95.
de la relación laboral, esto es, desde el 31 de julio de 2018, para reclamar la
declaratoria de la relación laboral, lo que, en efecto, ocurrió, pues la petición
para el efecto fue presentada ante la entidad el 19 de abril de 2021.
96.Así, comoquiera que, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 —
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969—, la presentación de la petición
sobre un derecho laboral en sede administrativa interrumpe la prescripción por
un periodo igual, esto es, por tres años adicionales, la parte actora contaba hasta
el 19 de abril de 2024 para presentar la demanda, término contado desde la
presentación de la reclamación. En ese sentido, la demanda fue presentada en
término oportuno, pues se radicó en sede judicial el 28 de julio de 2021.
97.En consecuencia, la Subsección considera que no se configuró la
prescripción trienal de las prestaciones sociales a las que tenía derecho la
contratista en relación con el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de
2005 y el 31 de julio de 2018. Por lo tanto, se desestimará el punto del recurso
de la entidad relacionado con la solicitud de declaratoria de prescripción de los
derechos reclamados.
2.6. Legitimación de los demandantes para el cobro de la condena y aportes
pensionales
98.Recuérdese que la sentencia de primer grado declaró probada la legitimación
en la causa por activa del señor Carlos Eduardo Cárdenas y la menor Luisa
Fernanda Cárdenas Mejía, en calidad de compañero permanente e hija de la
finada, respectivamente.
Conforme a ello, luego de declarar probada la existencia de la relación laboral,
99.
condenó a la ESE, en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, a«liquidar y pagar a favor de los sucesores de la señora
Nora Lucía Mejía Loaiza, las prestaciones sociales de orden legal que percibía
un servidor de la misma categoría [auxiliar de enfermería] (…)».
Frente a lo anterior, la ESE manifestó su oposición porque la sentencia
100.
apelada no precisó la manera como se transmitía el derecho reconocido a los
herederos de la señora Mejía Loaiza o la forma en que debía realizarse el pago.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
Así las cosas, la Subsección considera pertinente precisar que los derechos
101.
salariales y prestacionales derivados de la labor de un trabajador fallecido son
transferibles a sus herederos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1008 del
Código Civil, según el cual se sucede a una persona difunta a título universal
«en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de
ellos, como la mitad, tercio o quinto».
Asimismo, se tiene que el artículo 2.2.32.5 y siguientes del Decreto 1083 de
102.
2015, así como el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, establecen un
trámite para que el empleador pague las acreencias laborales a los herederos
del empleado público o trabajador que fallece, según fuere el caso, y si bien es
cierto, en este asunto, la difunta no ostentó la primera calidad y tampoco se le
confiere con la declaratoria de una relación laboral encubierta, no es menos
cierto que como contratista tiene el derecho de acción contra el contratante
cuando estime que en la ejecución de su actividad estuvo sometida a la continua
dependencia de esta y por ende se desnaturalizó el contrato de prestación de
servicios, lo cual conlleva, al pago de las prestaciones sociales de ley a título de
restablecimiento del derecho.
Además, se tiene que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
103.
Laboral42 y la Corte Constitucional43, han explicado que la legitimación en la
causa de quien demanda, respecto de los derechos prestacionales del de cujus,
se diferencian: por una parte, del interés que tienen aquellas personas en
sustituir, acceder y ser beneficiarios de las prestaciones sociales periódicas que
devengaba en vida el titular del derecho, como sería, por ejemplo, la sustitución
y pago de un derecho pensional; y de otra parte, se encuentran los derechos que
asisten a los sucesores o herederos que procuran el pago de acreencias
laborales que el fallecido debió recibir en vida, pero que no le fueron reconocidas,
supuesto que los habilita para reclamar su reconocimiento y pago con miras a
incrementar la masa sucesoral y, en virtud de su derecho de herencia o legado,
acceder a ellas44.
De tal manera que, como los demandantes solicitaron en este proceso un
104.
derecho patrimonial que surgen de la declaratoria de la relación laboral, estos,
al ser concedidos, pasan a ser parte de la masa sucesoral de la señora Nora
Lucía Mejía Loaiza. Por lo tanto, el hecho de que los demandantes allegaran al
42
Como primeros planteamientos que advierten una posición jurisprudencial respecto al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
del trabajador fallecido en favor de sus herederos y sucesores se encuentra la sentencia proferida el siete (7) de mayo de mil novecientos
ochenta y cinco (1.985), radicado 9396, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera.
43
Sentencia T 471 de 2025, Sala Cuarta de Revisión. Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade. En esta providencia se consideró
que, ante el fallecimiento del titular de los derechos laborales, los herederos estaban legitimados para el pago de las prestaciones
económicas que derivaban de la relación laboral que existió entre el empleador y el empleado.
44
Sobre el particular, se destacan los planteamientos desarrollados por dicha Corte en la sentenciaCSJ SL20216-201744:
« i) De la reliquidación pensional.- Considera importante la Sala diferenciar el interés jurídico o la legitimación para reclamar que le
surge a una persona que pretenda obtener el reconocimiento y pago de un estipendio <retroactivo pensional> que bien pudo haber
incrementado el patrimonio de bienes y haberes de un causante, pues, aquel es distinto del interés que se puede traslucir en la persona
que pretenda sustituir o acceder, en su condición de beneficiario, a un afiliado fallecido a fin de obtener el reconocimiento y pago de una
prestación periódica <derecho pensional>.
Véase como en el primer caso no va a resultar exótico que ante un reclamo por alguien en particular de un crédito laboral o pensional a
favor de un causante, la definición judicial de la respectiva obligación se realice con destino al proceso de sucesión o, dicho de otra forma,
a quienes dentro de un proceso de esa naturaleza acrediten su condición de sucesores o herederos, ya no de beneficiarios.
Ahora bien, ese interés para reclamar va a requerir la acreditación de un interés legal que posicione al reclamante en la órbita de ser, por
lo menos, un acreedor de aquellos derechos patrimoniales que no alcanzaron a ingresar a la masa de bienes y haberes del causante. En
el presente caso, la filiación surgida y acreditada entre el demandante Sr. Carlos Páez Torres y su finado padre Sr. Daniel Fernando Páez
Olarte es suficiente para fincar en el primero de ellos la legitimidad para la reclamación del pretendido retroactivo que afirma le fue adeudado
y no pagado en vida al causante (Subraya la Sala)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
proceso los documentos con los cuales acreditaron su potencial condición de
herederos e interesados en las resultas de este proceso45, permite considerar
que los bienes de la causante deben ser incorporados a la masa sucesoral, para
que, conforme a las reglas que regulan esta figura en la legislación colombiana,
se proceda a su liquidación y posterior repartición.
105. Estos argumentos son suficientes para desvirtuar el otro planteamiento del
recurso, relativo a que debe prescindirse de los aportes pensionales en este
caso debido a que la contratista falleció, pues aunque estos no fueron solicitados
en sede judicial, la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016
estableció como regla de unificación que el juez de lo contencioso administrativo
debía pronunciarse de oficio y reconocerlos, si era del caso, debido a que están
estrechamente vinculados con el derecho laboral, irrenunciable, de acceder a la
asignación pensional.
De otro lado, comoquiera que se acreditó el interés directo de los
106.
demandantes para obtener las resultas del proceso, es claro que estas no se
limitan solamente a las prestaciones sociales dejadas de percibir por la
contratista, sino también a las potenciales consecuencias pensionales —
sustitución pensional, pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva,
entre otras— que, por concepto de los aportes pensionales que debió realizar
en vida la señora Nora Lucía Mejía Loaiza por la prestación de su servicio en
favor de la ESE, y conforme a las normas que regulan la materia, podrían estar
legitimados para recibir no solo los demandantes, sino cualquier otra persona
que cumpla con los requisitos que exigen las normas especiales para el efecto.
Por lo tanto, la Subsección estima procedente confirmar la sentencia de
107.
primera instancia respecto de la realización de los aportes pensionales, en los
términos que se precisarán luego de determinar las prestaciones sociales a que
tiene derecho la parte actora.
2.7. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico – restablecimiento
del derecho
Una vez corroborada la existencia de la relación laboral entre el 1 de
108.
noviembre de 2005 y el 31 de julio de 2018, que respecto de esta no operó la
prescripción trienal y clarificado el punto de que las resultas del proceso deben
ser incorporadas a la masa sucesoral de la excontratista, procede el estudio del
restablecimiento del derecho de la parte actora.
En ese sentido, la Sala encuentra que, al respecto, el numeral tercero de la
109.
sentencia de primera instancia ordenó a la entidad pagar a los sucesores de la
45
Véase que al proceso se aportaron: i) el certificado de defunción de la señora Nora Lucia Mejía Loaiza del 12 de julio de 2021; ii)
Declaración juramentada extraprocesal del 11 de febrero de 2020 de los señores Héctor David Amador Pinilla y José Albeiro Gónzales
Rodríguez que declararon, por conocimiento directo de amistad y vecindad, que Carlos Eduerdo Cárdenas Herrera y Nora Luicia Mejía
Loaiza vivieron (a la fecha de creación del documento) durante 16 años en unión marital de hecho, de lo cual engendraron una hija en
común llamada Luisa Fernanda Cárdenas Mejía y para la fecha quien mantenía el hogar era el señor Cárdenas Herrera, pues la señora
Mejía Loaiza estaba desempleada; iii) Registro civil del 29 de septiembre de 2004 de Luisa Fernanda Cárdenas Mejía en el que aparece
como padre Carlos Eduerdo Cárdenas Herrera y como madre Nora Luicia Mejía Loaiza.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
señora Nora Lucía Mejía Loaiza «las prestaciones sociales de orden legal que
percibía un servidor de la misma categoría [auxiliar de enfermería] vinculado
laboralmente a la planta de la entidad». Sin embargo, no desarrolló, en concreto,
cuáles eran las prestaciones sociales que se debían reconocer.
Además, la Subsección estima que es improcedente el reconocimiento de
110.
prestaciones sociales que devenga un empleado de planta del hospital, dado
que, como se indicó previamente, la corporación ha determinado que el
reconocimiento de la relación laboral encubierta no otorga la calidad de
empleado público al contratista; pues este no cumple con los requisitos formales
de ser nombrado y tomar posesión de un cargo existente en la planta de personal
para ejecutar una labor, y tampoco le asisten las mismas responsabilidades
(penal, disciplinaria y fiscal) de aquél que ingresó a laborar legal y
reglamentariamente (artículo 125 CN), de ahí que, no son procedentes tales
reconocimientos46.
Por lo tanto, conforme a lo anterior, se considera que las prestaciones sociales
111.
a las que tenía derecho la finada eran las consignadas en los Decretos 1042 y
1045 de 1978, que regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados
públicos.
Es decir, las prestaciones sociales a reconocer son aquellas a cargo del
112.
empleador y a las que tiene derecho un servidor público vinculado a una entidad
pública del orden territorial, por ser el demandado de tal orden, según las
exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, cesantías, intereses
sobre las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio
de alimentación, dotación de calzado y vestido de labor, y auxilio de transporte.
Asimismo, la prima de servicios prevista en el Decreto 2351 de 2014, a partir del
año 2015; y, desde el 1 de enero de 2016, la bonificación por servicios prestados.
Para la liquidación, se tomará en cuenta el valor de los honorarios recibidos
113.
por la señora Mejía Loaiza entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de julio de
2018, salvo los periodos de interrupción, sin tener en cuenta monto alguno por
concepto de auxilio de transporte, subsidio de alimentación y dotación de vestido
y calzado de labor, por haber devengado la finada contratista más de dos salarios
mínimos legales mensuales en cada período; así:
# #
SALARIO TOTAL INTERES
IPC Dia meses PRIMA DE
Desd IPC PROMED. ANUAL CESANTIA SOBRE LA PRIMA DE
INICIA s compl CESANTIA SERVICIO
e FINAL MENSUAL SALARIO INDEXADA CESANTIA SERVICIO
L por por INDEXADA
POR AÑO S INDEXADA
año año
59,02
2005 75 2,5 1.390.000
158,17 3.475.000 297.168 796.393 19.910 0 0
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de agosto de 2025.
Expediente: 66001-23-33-000-2018-00131-01 (2032-2021). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
60,48
2006 135 4,5 1.424.000
158,17 6.408.000 559.292 1.462.685 65.821 0 0
60,96
2006 60 2 1.424.000
158,17 2.848.000 242.301 628.686 12.574 0 0
2006 60 2 1.424.000
158,17 61,05 2.848.000 242.301 627.759 12.555 0 0
61,19
2006 30 1 1.424.000
158,17 1.424.000 119.906 309.944 3.099 0 0
61,80
2006 60 2 1.424.000
158,17 2.848.000 242.301 620.141 12.403 0 0
63,85
2007 90 3 1.488.000
158,17 4.464.000 383.706 950.521 28.516 0 0
64,14
2007 120 4 1.488.000
158,17 5.952.000 516.858 1.274.578 50.983 0 0
64,20
2007 60 2 1.488.000
158,17 2.976.000 253.191 623.787 12.476 0 0
2007 75 2,5 1.488.000
158,17 65,51 3.720.000 318.120 768.081 19.202 0 0
67,51
2008 105 3,5 1.577.000
158,17 5.519.500 476.864 1.117.249 39.104 0 0
69,06
2008 90 3 1.577.000
158,17 4.731.000 406.656 931.375 27.941 0 0
69,06
2008 60 2 1.600.000
158,17 3.200.000 272.248 623.537 12.471 0 0
69,46
2008 60 2 1.600.000
158,17 3.200.000 272.248 619.946 12.399 0 0
70,21
2008 60 2 1.600.000
158,17 3.200.000 272.248 613.324 12.266 0 0
70,80
2009 30 1 1.712.000
158,17 1.712.000 144.156 322.051 3.221 0 0
71,32
2009 150 5 1.733.000
158,17 8.665.000 760.127 1.685.773 84.289 0 0
71,69
2009 180 6 1.733.000 10.398.00
158,17 0 921.408 2.032.908 121.974 0 0
72,95
2010 150 5 1.733.000
158,17 8.665.000 760.127 1.648.106 82.405 0 0
72,90
2010 90 3 1.200.000
158,17 3.600.000 309.440 671.387 20.142 0 0
74,12
2010 105 3,5 1.200.000
158,17 4.200.000 362.864 774.341 27.102 0 0
75,31
2011 165 5,5 1.300.000
158,17 7.150.000 630.404 1.324.008 72.820 0 0
75,62
2011 90 3 1.300.000
158,17 3.900.000 335.227 701.175 21.035 0 0
76,75
2011 60 2 1.360.000
158,17 2.720.000 231.411 476.902 9.538 0 0
2012 76,75 30 1 1.360.000
158,17 1.360.000 114.517 236.001 2.360 0 0
2012 77,70 180 6 1.410.728
158,17 8.464.368 750.062 1.526.863 91.612 0 0
2012 76,19 195 6,5 1.193.693
158,17 7.759.005 691.022 1.434.557 93.246 0 0
2013 79,95 355 11,8 1.453.050 17.194.42
158,17 5 1.613.982 3.193.041 377.843 0 0
2014 79,56 359 11,9 1.511.172 18.083.69
158,17 2 1.699.300 3.378.309 404.271 0 0
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
2015 79,56 21 0,7 1.047.746
158,17 733.422 61.715 122.692 859 30.559 60.754
2015 85,37 180 6 1.571.619
158,17 9.429.714 853.013 1.580.427 94.826 392.905 727.958
2015 86,39 60 2 1.571.619
158,17 3.143.238 269.276 493.013 9.860 130.968 239.788
2015 87,51 60 2 1.571.619
158,17 3.143.238 269.276 486.703 9.734 130.968 236.719
2016 89,19 39 1,3 1.531.320
158,17 1.990.716 169.465 300.531 3.907 86.092 152.675
2016 89,19 22 0,7 1.198.621
158,17 878.989 74.101 131.411 964 35.674 63.264
2016 91,63 90 3 1.634.484
158,17 4.903.452 429.327 741.096 22.233 222.188 383.536
2016 92,10 30 1 1.435.812
158,17 1.435.812 121.626 208.877 2.089 61.570 105.739
2016 93,02 60 2 1.580.520
158,17 3.161.040 272.217 462.875 9.257 139.393 237.022
2016 92,68 60 2 1.650.000
158,17 3.300.000 284.184 484.995 9.700 145.521 248.349
2016 92,62 30 1 1.600.000
158,17 1.600.000 135.534 231.456 2.315 68.611 117.169
2016 92,73 30 1 1.650.000
158,17 1.650.000 139.770 238.406 2.384 70.755 120.687
2017 96,18 240 8 1.650.000 13.200.00
158,17 0 1.257.452 2.067.906 165.433 678.333 1.115.533
2017 97,53 180 6 1.650.000
158,17 9.900.000 911.547 1.478.309 88.699 484.688 786.046
2018 99,18 120 4 1.699.500
158,17 6.798.000 605.217 965.187 38.607 316.296 504.421
15 35%
BONIFICA-
PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA-
PRIMA DE VACACION PRIMA DE CIÓN POR
NAVIDAD VACACION VACACION CIÒN POR
NAVIDAD INDEXADA VACACION SERVICIO
INDEXADA INDEXADA SERVICIO
INDEXADA
292.097 782.802 144.792 388.033 144.792 388.033 0 0
542.344 1.418.362 267.000 698.270 267.000 698.270 0 0
238.981 620.074 118.667 307.899 118.667 307.899 0 0
238.981 619.160 118.667 307.445 118.667 307.445 0 0
119.079 307.806 59.333 153.371 59.333 153.371 0 0
238.981 611.646 118.667 303.714 118.667 303.714 0 0
375.875 931.122 186.000 460.761 186.000 460.761 0 0
502.889 1.240.130 248.000 611.571 248.000 611.571 0 0
249.722 615.242 124.000 305.500 124.000 305.500 0 0
312.691 754.974 155.000 374.238 155.000 374.238 0 0
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 27
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
465.548 1.090.738 229.979 538.821 229.979 538.821 0 0
398.357 912.367 197.125 451.481 197.125 451.481 0 0
268.519 614.995 133.333 305.377 133.333 305.377 0 0
268.519 611.454 133.333 303.618 133.333 303.618 0 0
268.519 604.922 133.333 300.375 133.333 300.375 0 0
143.162 319.830 71.333 159.361 71.333 159.361 0 0
734.620 1.629.203 361.042 800.701 361.042 800.701 0 0
884.552 1.951.592 433.250 955.882 433.250 955.882 0 0
734.620 1.592.800 361.042 782.810 361.042 782.810 0 0
303.125 657.686 150.000 325.453 150.000 325.453 0 0
354.253 755.967 175.000 373.445 175.000 373.445 0 0
607.212 1.275.299 297.917 625.700 297.917 625.700 0 0
328.385 686.865 162.500 339.892 162.500 339.892 0 0
228.241 470.369 113.333 233.563 113.333 233.563 0 0
113.727 234.374 56.667 116.781 56.667 116.781 0 0
720.059 1.465.788 352.682 717.937 352.682 717.937 0 0
661.177 1.372.599 323.292 671.152 323.292 671.152 0 0
1.487.540 2.942.892 716.434 1.417.366 716.434 1.417.366 0 0
1.560.846 3.103.055 753.487 1.497.977 753.487 1.497.977 0 0
61.416 122.099 30.634 60.901 30.634 60.901 0 0
818.893 1.517.210 401.090 743.123 401.090 743.123 0 0
265.587 486.259 131.878 241.453 131.878 241.453 0 0
265.587 480.036 131.878 238.363 131.878 238.363 0 0
167.949 297.842 83.597 148.252 83.597 148.252 58.063 102.968
70.391 124.831 36.778 65.222 36.778 65.222 24.472 43.398
420.565 725.972 208.115 359.244 208.115 359.244 143.017 246.874
120.787 207.437 60.185 103.360 60.185 103.360 41.878 71.920
268.488 456.534 133.318 226.693 133.318 226.693 92.197 156.771
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 28
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
280.291 478.352 139.179 237.526 139.179 237.526 96.250 164.263
134.600 229.860 67.067 114.532 67.067 114.532 46.667 79.694
138.806 236.762 69.163 117.971 69.163 117.971 48.125 82.087
1.191.271 1.959.069 579.537 953.061 579.537 953.061 385.000 633.140
875.085 1.419.176 428.613 695.107 428.613 695.107 288.750 468.282
588.860 939.101 290.397 463.118 290.397 463.118 198.275 316.204
CONSOLIDADO
INTERES PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
CESANTIAS INDEXADA CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA
$ 680.852 $ 5.099.660 $ 18.642.872 $ 9.208.125 $ 9.208.125 $ 2.365.602
$ 19.102.571
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 64.307.807
Conforme a lo anterior, la liquidación por concepto de prestaciones sociales
114.
que debe reconocer la ESE en favor de la parte de la masa sucesoral de la parte
actora asciende a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos siete mil
ochocientos siete pesos ($64.307.807). Por lo tanto, se modificará la sentencia
de primera instancia en su numeral tercero en el sentido de precisar los montos
a los que asciende, en concreto, la condena.
Aportes pensionales
115.Se recuerda que la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
sobre los porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los
aportes pensionales, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes
si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador34.
En consecuencia, se ordenará a la entidad a efectuar los aportes pensionales
116.
de ley de la trabajadora fallecida únicamente en los períodos en que se acreditó
la existencia de la relación laboral, sin sus interrupciones, estos son: Entre el 1
de noviembre de 2005 y el 15 de enero de 2006; entre el 1 de febrero de 2006 y
el 15 de junio de 2006; entre el 16 de junio de 2006 y el 15 de agosto de 2006;
entre el 16 de agosto de 2006 y el 15 de octubre de 2006; entre el 16 de octubre
de 2006 y el 15 de noviembre de 2006; entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 29
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
de enero de 2007; entre el 1 de febrero de 2007 y el 30 de abril de 2007; entre el
1 de mayo de 2007 y el 31 de agosto de 2007; entre el 1 de septiembre de 2007
y el 31 de octubre de 2007; entre el 1 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de
2008; entre el 16 de enero de 2008 y el 30 de abril de 2008; entre el 1 de mayo
de 2008 y el 31 de mayo de 2008; entre el 1 de junio de 2008 y el 30 de junio de
2008; entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de julio de 2008; entre el 1 de agosto de
2008 y el 30 de septiembre de 2008; entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de
noviembre de 2008; entre el 1 de diciembre de 2008 y el 15 de enero de 2009;
entre el 16 de enero de 2009 y el 31 de enero de 2009; entre el 1 de febrero de
2009 y el 28 de febrero de 2009; entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de julio de
2009; entre el 1 de agosto de 2009 y el 31 de enero de 2010; entre el 1 de febrero
de 2010 y el 30 de junio de 2010; entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre
de 2010; entre el 1 de octubre de 2010 y el 15 de enero de 2011; entre el 16 de
enero de 2011 y el 30 de junio de 2011; entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de
septiembre de 2011; entre el 1 de noviembre de 2011 y el 1 de enero de 2012;
entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2012; entre el 1 de febrero de
2012 y el 29 de febrero de 2012; entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de marzo
de 2012; entre el 1 de abril de 2012 y el 30 de abril de 2012; entre el 1 de mayo
de 2012 y el 31 de julio de 2012; entre el 1 de agosto de 2012 y el 15 de enero
de 2013; entre el 16 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2013; entre el 1 de julio
de 2013 y el 30 de septiembre de 2013; entre el 1 de octubre de 2013 y el 10 de
enero de 2014; entre el 11 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2014; entre el 1
de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2014; entre el 1 de septiembre de 2014 y
el 31 de octubre de 2014; entre el 1 de noviembre de 2014 y el 30 de noviembre
de 2014; entre el 1 de diciembre de 2014 y el 9 de enero de 2015; entre el 10 de
enero de 2015 y el 31 de enero de 2015; entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de
julio de 2015; entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de septiembre de 2015; entre
el 1 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2015; entre el 1 de octubre de 2015
y el 30 de noviembre de 2015; entre el 1 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de
2016; entre el 9 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2016; entre el 1 de febrero
de 2016 y el 29 de febrero de 2016; entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de marzo
de 2016; entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2016; entre el 1 de mayo
de 2016 y el 31 de mayo de 2016; entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio de
2016; entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2016; entre el 1 de agosto de
2016 y el 31 de agosto de 2016; entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de
septiembre de 2016; entre el 1 de octubre de 2016 y el 15 de octubre de 2016;
entre el 16 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2016; entre el 1 de noviembre
de 2016 y el 8 de noviembre de 2016; entre el 9 de noviembre de 2016 y el 30 de
noviembre de 2016; entre el 1 de diciembre de 2016 y el 15 de enero de 2017;
entre el 16 de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2017; entre el 1 de marzo de
2017 y el 31 de marzo de 2017; entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de abril de
2017; entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de julio de 2017; entre el 1 de agosto
de 2017 y el 30 de septiembre de 2017; entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de
noviembre de 2017; entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018;
entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de mayo de 2018; entre el 1 de junio de 2018
y el 30 de junio de 2018; y entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 30
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia para realizar la
117.
anterior precisión respecto a los períodos en que procede el reconocimiento de
aportes pensionales.
De la condena en costas en ambas instancias
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
118.
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
119.
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
120.
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En ese orden, como se efectúa una modificación a la condena impuesta de
121.
manera oficiosa, se estima que no existe parte vencida dentro del proceso y por
lo tanto, no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 16 de septiembre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:
TERCERO: Condenar a la ESE Assbasalud a pagar a la parte actora, a título de
restablecimiento del derecho, la suma de sesenta y cuatro millones trescientos
siete mil ochocientos siete pesos ($64.307.807) por concepto de prestaciones
sociales dejadas de percibir por la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) entre
el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de julio de 2018, de conformidad con la
liquidación efectuada en la parte motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 31
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
Las sumas aquí reconocidas no serán pagadas directamente a los demandantes,
sino que ingresarán a la masa sucesoral de la finada, para que sean adjudicadas
a quienes acrediten su derecho en el trámite sucesoral correspondiente.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 16 de septiembre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:
CUARTO: Condenar a la ESE Assbasalud a consignar en el fondo de pensiones
al que se encontraba afiliada la señora Nora Lucía Mejía Loaiza (q.e.p.d.) los
aportes pensionales en los siguientes periodos:
Entre el 1 de noviembre de 2005
y el 15 de enero de 2006; entre el 1 de febrero de 2006 y el 15 de junio de 2006;
entre el 16 de junio de 2006 y el 15 de agosto de 2006; entre el 16 de agosto de
2006 y el 15 de octubre de 2006; entre el 16 de octubre de 2006 y el 15 de
noviembre de 2006; entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de enero de 2007;
entre el 1 de febrero de 2007 y el 30 de abril de 2007; entre el 1 de mayo de 2007
y el 31 de agosto de 2007; entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de octubre
de 2007; entre el 1 de noviembre de 2007 y el 15 de enero de 2008; entre el 16
de enero de 2008 y el 30 de abril de 2008; entre el 1 de mayo de 2008 y el 31 de
mayo de 2008; entre el 1 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2008; entre el 1 de
julio de 2008 y el 31 de julio de 2008; entre el 1 de agosto de 2008 y el 30 de
septiembre de 2008; entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de noviembre de 2008;
entre el 1 de diciembre de 2008 y el 15 de enero de 2009; entre el 16 de enero
de 2009 y el 31 de enero de 2009; entre el 1 de febrero de 2009 y el 28 de febrero
de 2009; entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2009; entre el 1 de agosto
de 2009 y el 31 de enero de 2010; entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de junio
de 2010; entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2010; entre el 1 de
octubre de 2010 y el 15 de enero de 2011; entre el 16 de enero de 2011 y el 30
de junio de 2011; entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de septiembre de 2011; entre
el 1 de noviembre de 2011 y el 1 de enero de 2012; entre el 2 de enero de 2012
y el 31 de enero de 2012; entre el 1 de febrero de 2012 y el 29 de febrero de
2012; entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2012; entre el 1 de abril
de 2012 y el 30 de abril de 2012; entre el 1 de mayo de 2012 y el 31 de julio de
2012; entre el 1 de agosto de 2012 y el 15 de enero de 2013; entre el 16 de enero
de 2013 y el 30 de junio de 2013; entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre
de 2013; entre el 1 de octubre de 2013 y el 10 de enero de 2014; entre el 11 de
enero de 2014 y el 30 de abril de 2014; entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de
agosto de 2014; entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de octubre de 2014;
entre el 1 de noviembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2014; entre el 1 de
diciembre de 2014 y el 9 de enero de 2015; entre el 10 de enero de 2015 y el 31
de enero de 2015; entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2015; entre el
1 de agosto de 2015 y el 30 de septiembre de 2015; entre el 1 de octubre de 2015
y el 31 de octubre de 2015; entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de noviembre
de 2015; entre el 1 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016; entre el 9 de
enero de 2016 y el 31 de enero de 2016; entre el 1 de febrero de 2016 y el 29 de
febrero de 2016; entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2016; entre el
1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2016; entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de
mayo de 2016; entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2016; entre el 1 de
julio de 2016 y el 31 de julio de 2016; entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de
agosto de 2016; entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2016;
entre el 1 de octubre de 2016 y el 15 de octubre de 2016; entre el 16 de octubre
de 2016 y el 31 de octubre de 2016; entre el 1 de noviembre de 2016 y el 8 de
noviembre de 2016; entre el 9 de noviembre de 2016 y el 30 de noviembre de
2016; entre el 1 de diciembre de 2016 y el 15 de enero de 2017; entre el 16 de
enero de 2017 y el 28 de febrero de 2017; entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de
marzo de 2017; entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de abril de 2017; entre el 1 de
mayo de 2017 y el 31 de julio de 2017; entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de
septiembre de 2017; entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017;
entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018; entre el 1 de abril de
Calle 12 No.
7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 32
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00279-01 (1606-2023)
Demandante: Carlos Eduardo Cárdenas y otro
2018 y el 31 de mayo de 2018; entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de
2018; y entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2018.
TERCERO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 33
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.