Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01154-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01154-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01154-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01154-02 (2706-2021)
Demandante: Carlos Eduardo Acosta Moyano
Demandado: Nación – Contraloría General de la República
Tema: Retiro del servicio de empleado nombrado en planta temporal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de fecha 25 de marzo de 2021, proferida por la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones nro.
19481 del 18 de junio de 2013 y 1429 del 1.° de agosto de 2014, mediante las cuales
se declaró la insubsistencia de los nombramientos del actor en los cargos de
contralor delegado, grado 04 para la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas y de contralor delegado interseccional, nivel directivo, grado 04 del grupo
interno de apoyo técnico, adscrito a la planta temporal de empleos destinados al
control del sistema de regalías de la Contraloría General de la República.
3. Como restablecimiento del derecho se exigió: i) el reintegro sin solución de
continuidad a un cargo igual o superior al que desempeñaba desde su primera
vinculación; ii) el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que
se produzca la reincorporación y; iii) el pago de los intereses a que hubiere lugar,
junto con el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.
4. De igual manera, pidió la indemnización de los perjuicios materiales y morales
padecidos, así: i) la suma de 100 millones por concepto de daño emergente y el
mismo valor por lucro cesante y; ii) el valor que, por concepto de daño moral y daño
a la vida en relación reconozca la jurisprudencia.
1 Mediante auto del 7 de mayo de 2018, el Consejo de Estado determinó que frente a este acto administrativo
había operado el fenómeno de la caducidad.
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Demandante: Carlos Eduardo Acosta Moyano
5. Hechos. Entre el 11 de marzo de 2003 y el 25 de noviembre de 2010, el
demandante prestó sus servicios a la Contraloría General de la República en calidad
de director de cuentas y estadísticas fiscales.
6. Posteriormente, entre el 26 de noviembre de 2010 y el 18 de junio de 2013 fungió
como contralor delegado, grado 04. En esta última fecha su nombramiento fue
declarado insubsistente a través de la Resolución nro. 1948, sin que tal decisión
contuviera alguna motivación.
7. Después, mediante la Resolución nro. 2237 del 1.° de agosto de 2013, el actor
fue nombrado como contralor delegado interseccional, nivel directivo, grado 04, del
grupo interno de apoyo técnico, adscrito a la planta temporal de empleos de la
Contraloría General de la República, en el marco del Sistema General de Regalías.
8. Aunque el nuevo cargo implicaba un desmejoramiento de sus condiciones
labores, el demandante aceptó su designación en la planta temporal, motivado por
la necesidad de garantizar el sustento de su familia y contribuir con el cumplimiento
de las funciones de la institución.
9. No obstante, a pesar de cumplir satisfactoriamente con las obligaciones propias
del cargo, el señor Acosta Moyano fue nuevamente declarado insubsistente
mediante la Resolución nro. 1429 del 1.° de agosto de 2014, aun cuando, conforme
a las condiciones de creación de la planta temporal, debía permanecer vinculado
durante el tiempo de duración fijado para la misma.
10. Como consecuencia de esa desvinculación, la entidad encargó
provisionalmente a los señores Jorge Enrique Espitia y Augusto Cabrera Sarabia.
Sin embargo, dicho relevo no representó un mejoramiento en la prestación del
servicio, toda vez que estos funcionarios no contaban con las mismas calidades
profesionales que el accionante.
11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 2.°, 6.°, 15, 25 y 29 de la Constitución Política; 26 del
Decreto Ley 2400 de 1968; 9.° de la Ley 1010 de 2006 y 1.°, 3.°, 44 y 138 de la Ley
1437 de 2011. Al desarrollar el concepto de violación expuso lo siguiente:
12. Infracción de las normas en que debería fundarse. No existió una justa
motivación en el caso de marras, dado que el demandante siempre se desempeñó
como un excelente servidor. Por tanto, su desvinculación produjo la violación del
debido proceso, ya que no se pudo ejercer una real defensa jurídica.
13. Además, de conformidad con el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, en la
hoja de vida del señor Acosta Moyano debieron quedar consignados los hechos y
los motivos por los cuales se le retiró del servicio, situación que no ocurrió.
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14. Falsa motivación. El ordenamiento jurídico precisó la necesidad de motivación
de los actos administrativos, lo cual evita la arbitrariedad de la administración en sus
decisiones.
15. Lo dicho es relevante, porque si bien no se desconoce la facultad discrecional
con la que cuenta la entidad, ello no exonera del deber de justificación de sus
decisiones.
16. La causal se materializó, debido a que no se fundamentó la decisión de retiro y
tampoco hubo un mejoramiento en la prestación del servicio.
17. Desviación de poder. La Contralora General de la República consideró que el
señor Acosta Moyano había cometido «[…] una falta grave con la expedición de un
informe de prensa, el cual no fue elaborado por el (sic), como se lo probo (sic), se
ha debido iniciar un proceso y garantizarle el debido proceso y el derecho a la
defensa, contrario a esto no se analizó el informe presentado, ni se inicio (sic)
proceso alguno; solo después que mi poderdante presento (sic) los informes de ley,
ya que no había en la Contraloría ningún funcionario con la capacidad de
elaborarlos, lo declaró insubsistente, para posteriormente llamarlo y reintegrarlo a
otro cargo con el fin que le hiciera el acompañamiento en la Cámara de
Representantes para su exposición, como se prueba en las actas del Congreso, en
donde siempre estuvo presente mi poderdante apoyándola en la presentación de
los mismos».
18. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la Contraloría
General de la República se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Con tales fines, argumentó lo siguiente:
19. En ningún momento se transgredieron las preceptivas enunciadas en la
demanda pues, de conformidad con el artículo 3.° del Decreto 268 de 2000, todos
los empleos de la entidad son de carrera administrativa, salvo los de contralor
delegado, que corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción.
20. Así, comoquiera que el actor se desempeñaba como contralor delegado
intersectorial, es dable concluir que su vinculación era de libre nombramiento y
remoción y, por tanto, podía ser retirado del servicio en cualquier momento por
voluntad del nominador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973.
21. En múltiples sentencias el Consejo de Estado ha señalado que un servidor
nombrado en un empleo de esta naturaleza no está amparado por fuero alguno de
estabilidad, por lo que se reitera que, bien podía la administración declarar
insubsistente su nombramiento sin motivación alguna.
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22. Por otra parte, en cuanto a las calidades profesionales y personales del actor,
sostuvo que estas no están en discusión. Además, la idoneidad en el ejercicio de
las funciones no otorga inamovilidad en el empleo.
23. Tampoco se abre paso el argumento según el cual la falta de anotación en la
hoja de vida de los motivos que provocaron la insubsistencia provoca la ilegalidad
del acto demandado, pues tal omisión no afecta la validez ni la eficacia de aquel.
24. En consecuencia, no resulta viable alegar la falsa motivación cuando el acto
administrativo de insubsistencia no la requería.
25. Propuso las excepciones de «caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento», «inexistencia de causal de nulidad en el acto atacado» e
«inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido».
26. Sentencia de primera instancia3. El 25 de marzo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia en la que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Para llegar a esa conclusión, el operador judicial,
después de relacionar el marco normativo referente a la naturaleza de los empleos
de la planta temporal de la Contraloría General de la República, precisó lo siguiente:
27. El nombramiento del demandante recayó en un empleo perteneciente a la
planta temporal de la entidad demandada, razón por la que dicho cargo no puede
ser considerado como libre nombramiento y remoción, ni mucho menos de carrera
administrativa. Se trata de una modalidad especial de vinculación a la
administración pública, que tiene un carácter de transitorio y excepcional, cuya
permanencia se encuentra sujeta a su periodo de vigencia, el cual depende del
estudio técnico y de la disponibilidad presupuestal.
28. El presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1.° de enero
de 2013 al 31 de diciembre de 2014 fue aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 1606 de 2012; por su parte, el bienio del periodo comprendido entre
el 1.° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 fue fijado por el mismo órgano
en la Ley 1744 de 2014, donde además se prorrogó la planta temporal de la
Contraloría General de la República hasta dicha fecha.
29. En vista de que el Congreso de la República no aprobó el presupuesto del
Sistema General de Regalías para el bienio del 1.° de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2018, este fue expedido por el Gobierno Nacional a través del Decreto
2190 del 28 de diciembre de 2016. En esta norma se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2018 la planta temporal de la entidad demandada y se facultó al
contralor general de la República para realizar los ajustes necesarios, atendiendo
los montos apropiados en el decreto, para lo cual podía reducir, suprimir o refundir
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empleos en la mencionada planta, siempre que se atienda el respectivo
presupuesto.
30. Dado que el objetivo específico del cargo consistía en la vigilancia de los
recursos del Sistema General de Regalías, es claro que la permanencia del actor
dependía de la respectiva disponibilidad presupuestal.
31. Precisado lo anterior, el tribunal, después de transcribir la literalidad de la
Resolución nro. ORD-81117-001429 del 1.° de agosto de 2014, a través de la cual
la contralora general de la República declaró insubsistente el nombramiento del
demandante, indicó que el retiro del servicio tuvo como fundamento la facultad
discrecional, la cual está vedada para este tipo de empleados.
32. En este orden de ideas, su permanencia dependía del periodo del tiempo por el
que fue creado dicho empleo, siempre que el presupuesto así lo permitiera.
33. Lo anterior significa que, al no contener el acto administrativo de insubsistencia
un estudio técnico que dispusiera la reducción de cargos por falta de disponibilidad
presupuestal, es claro que se infringieron las normas en que debía fundarse.
34. Frente al restablecimiento del derecho, advirtió que, para cuando fue
desvinculado del servicio, el demandante se encontraba adscrito a un cargo de la
planta temporal creada mediante el Decreto 1539 de 2012 y cuya vigencia estaba
comprendida entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, la cual fue
prorrogada por varios bienios hasta el 31 de diciembre de 2018.
35. Aunque mediante el artículo 38 de la Ley 1942 de 2018 se creó una planta
temporal, está fue diferente a la anterior, pues no consistió en una prórroga de
aquella creada por el Decreto 1539 de 2012. Por lo tanto, se concluye que, si el
demandante hubiese continuado laborando en el cargo de contralor delegado
intersectorial de la mentada planta, su permanencia en el mismo habría sido,
máximo, hasta el 31 de diciembre de 2018, pues su periodo de vinculación estaba
supeditado al periodo fijado en la resolución de nombramiento.
36. En ese escenario, aunque el acto administrativo de nombramiento -Resolución
nro. 2237 del 1.° de agosto de 2013-, no dispuso una fecha final para esa
vinculación, sí quedó claro que el nombramiento se efectuaba con sujeción al
Decreto 1539 del 17 de julio de 2012, de manera que su permanencia en el cargo
no podía ir más allá de la duración de esa planta, esto es, hasta el 31 de diciembre
de 2018.
37. Así las cosas, no es procedente ordenar el reintegro del señor Carlos Eduardo
Acosta Moyano al cargo que venía desempeñando, pues ya no existe, y tampoco
es procedente la vinculación a otro equivalente, ya que no gozaba de derechos de
carrera.
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38. En cuanto a los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, se
acogieron las sentencias SU-556 del 2014 y SU-354 de 2017 y, por lo tanto, se
ordenó su pago desde la fecha en que fue declarado insubsistente hasta los 24
meses siguientes, debidamente actualizados.
39. Finalmente, negó la pretensión relacionada con la reparación de los daños
materiales e inmateriales, pues los testigos Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz, Henry
Alberto Benavidez Tarapuez, Luís Alberto Sandoval Navas y Luisa María Acosta
Forero no fueron consistentes en sus relatos y, por ende, no brindaron claridad
respecto de tales perjuicios.
40. Recursos de apelación4. Inconformes con la anterior decisión, los apoderados
de las partes la recurrieron en los siguientes términos:
41. Parte demandada: Planteó los siguientes reparos.
42. La naturaleza de los empleos de la planta temporal de la Contraloría
General de la República. Los empleos temporales fueron creados mediante
Decreto nro. 1539 de 17 de julio de 2012, en atención a la necesidad de ejercer la
vigilancia fiscal sobre los recursos de las regalías, al tenor de lo previsto por la Ley
1530 de 2012.
43. Por tanto, esos cargos no pueden ser equiparados a los de carrera
administrativa, pues la utilización de las listas de elegibles vigentes para su provisión
no implica que sus integrantes sean retirados de aquellas.
44. El artículo 3.° del Decreto Ley 268 de 2000 estableció que el cargo de contralor
delegado es de libre nombramiento y remoción. Además, ni la Ley 909 de 2004 ni
el Decreto 1227 de 2005 regularon el tipo de nombramiento que debe utilizarse
frente a los empleos temporales.
45. Lo anterior significa que no existe en la actualidad una normativa de rango legal
que reglamente este aspecto, y en atención a ello, se hace necesario recurrir a los
preceptos contenidos en la Ley 909 de 2004, la cual resulta aplicable en forma
subsidiaria para el Régimen de Carrera Administrativa de la Contraloría General de
la República, de la que se concluye que:
• Los nombramientos previstos en la Ley 909 de 2004 son: ordinarios y en libre
nombramiento y remoción.
• Para acceder a los cargos susceptibles de provisión mediante nombramiento
en periodo de prueba, se deben agotar previamente las diferentes etapas de
un proceso de selección o de concurso de méritos.
4 PDF 022_MemorialWebRecurso-recursodeapelación ibidem.
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46. De lo anterior se infiere que la situación laboral del actor era precaria y, por
tanto, su retiro podía producirse en cualquier momento con sustento en la facultad
discrecional del nominador.
47. Vulneración al principio de congruencia. El problema jurídico quedó
planteado de la siguiente manera: «determinar si: i) el acto demandado, esto es, la
Resolución No. ORD-81117-001429-2014 del 1º de agosto de 2014, fue expedida
con infracción de las normas, falsa motivación y desviación de poder, de resolverse
afirmativamente esta cuestión jurídica, y como consecuencia de ello, establecer si
el demandante CARLOS EDUARDO ACOSTA MOYANO ii) debe ser reintegrado al
cargo que ocupaba en la entidad accionada al momento de su retiro, o a uno de
superior categoría y iii) decidir si tiene derecho al reconocimiento y pago de
perjuicios morales y materiales causados con su retiro».
48. Las normas consideradas como violadas por la parte actora fueron las
siguientes: i) Constitución Política, artículos 2,6,15,25 y 29; ii) Ley 2400 de 1968,
articulo 26; iii) Ley 1010 de 2006, articulo 9; y iv) Ley 1437 de 2011, artículos 1,3,44
y 138; sin embargo, en la sentencia analizó lo siguiente: a) Ley 909 de 2004; b)
Decreto 268 de 2000; c) Decreto 1227 de 2005; d) Decreto 2025 de 2013; e) Ley
1744 de 2014; f) Sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda de fecha 19
de junio de 2008 y g) sentencia C-618 de 2015.
49. Tal como se desprende del análisis de los cargos propuestos por el actor en el
escrito de demanda y el estudio del despacho judicial, no existe coherencia en la
sentencia. Lo anterior evidencia la vulneración del principio de congruencia, pues
se examinaron normas que no habían sido invocada por el actor.
50. Vulneración al debido proceso. En síntesis, indicó que el escrito de alegatos
se presentó dentro de la oportunidad prevista por el tribunal para tal efecto; sin
embargo, el mismo no fue tenido en cuenta, lo que se traduce en la vulneración del
debido proceso. Para sustentar su dicho, trajo a colación los pantallazos que
evidencian la constancia de entrega del PDF contentivo de los referidos alegatos.
51. Indebida aplicación de los efectos de la sentencia C-618 de 2015. El acto
administrativo que declaró insubsistente al demandante es del año 2014, mientras
que la sentencia C-618 fue emitida en el año 2015. Adicionalmente, en tal
providencia, la Corte Constitucional no determinó que lo allí decidido tuviera efectos
retroactivos.
52. Parte demandante. Frente a los perjuicios, indicó lo siguiente:
«De las declaraciones de los testigos se puede inferir la situación económica de mi
representado más aun que hasta la fecha no ha sido posible lograr vinculación con
ninguna entidad ni empresa particular y la situación económica ha sido bastante
difícil al tanto que como se probó la hija se encontraba cursando su carrera
profesional ara lo cual debió solicitar préstamos con sus conocidos y parientes ya
que debido a su situación de desempleado no fue posible conseguir en otros medios,
tal como lo manifestó su hija, quien es la que debió sufrir esta calamidad.
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Aunado a lo anterior también sufrió los perjuicios de la desafiliación a fondo de
pensiones, el retiro de afiliación en salud y medicina prepagada que lo dejo
desprotegido de el (sic) servicio en caso de presentar cualquier enfermedad y tener
que acudir al médico particular.
La pérdida del quinquenio que le debía pagar la entidad al cumplir los días años de
trabajo para lo cual solo faltaba menos de un año, calificación negativa en la Hoja
de Vida, que como se manifestó al presentarse a Concurso en la misma entidad,
esta lo descalificó aun teniendo un puntaje alto, lo que le impido conseguir el empleo.
Las noticias difundidas en las diferentes emisoras que le causaron perjuicios no solo
a nivel laboral sino también a nivel personal, tal como se manifestó en la
presentación de la demanda.»
Trámite correspondiente a la segunda instancia
53. La admisión de los recursos. Mediante auto de 21 de enero de 20225 se
admitieron los recursos de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino
el agente del Ministerio Público delegado ante esta corporación, quien solicito
revocar la sentencia de primera instancia.
54. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
55. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
56. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,8 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
resolver sin limitaciones. En el asunto actual, esta corporación resolverá sin
limitaciones, pues las censuras planteadas en los recursos presentados involucran
la totalidad de la sentencia.
57. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por los
recurrentes, se debe establecer sí:
5 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]»
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57.1 ¿La Contraloría General de la República se encontraba habilitada para
declarar insubsistente el nombramiento del actor sin motivación alguna?
57.2 ¿El fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el
principio de congruencia y el debido proceso de la Contraloría General de la
República?
57.3 ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e
inmateriales reclamados en la demanda?
El caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.
58. Primer interrogante: ¿La Contraloría General de la República se encontraba
habilitada para declarar insubsistente el nombramiento del actor sin motivación
alguna?
59. Marco jurídico de los empleos de carácter temporal.
60. El artículo 1259 de la Constitución Política regula la forma de provisión de los
empleos en las diferentes entidades del Estado, teniendo como eje central el mérito
-carrera administrativa- y, como excepciones, los cargos de elección popular, libre
nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la
ley.
61. En el artículo 1.° de la Ley 909 de 200410, se estableció:
«Artículo 1.°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del
sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben
regular el ejercicio de la gerencia pública.
[…]
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
9 Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de
carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el
carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por
falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.
10 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones.»
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Demandante: Carlos Eduardo Acosta Moyano
d) Empleos temporales.»
62. En cuanto a estos últimos cargos se refiere, el artículo 21 ibidem. -en su
redacción original- dispuso lo siguiente:
«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder
a una de las siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por
hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la
naturaleza de la institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener
la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización
de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y
competencias de los candidatos.»
63. Para esta sección11, del anterior artículo se puede concluir lo siguiente:
«[l]os empleos temporales se caracterizan como su nombre lo indica, por ser
transitorios como quiera son excepcionales en las plantas de personal de las
entidades públicas y, al tener ese carácter temporal, la justificación para su creación
deberá contener una motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y
disponibilidad presupuestal para el cubrimiento de los respectivos salarios y
prestaciones sociales».
64. Posteriormente, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales expidió el Decreto 1227 del 21 de abril de 200512, en el
que reglamentó el empleo temporal así:
«Artículo 1°. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de
cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de
2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P: César
Palomino Cortés, Bogotá D.C., sentencia del 2 de noviembre de 2023 expedida en el expediente con número
25000-23-42-000-2017-04373 (1939-2020).
12 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998»
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Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de
cargos vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la
elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley
909 de 2004.
En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza
de temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 2°. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los
empleos temporales será el que corresponda a los empleos de carácter permanente
que rige para la entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con
lo establecido en la ley.
Artículo 3°. El nombramiento en un empleo de carácter temporal se efectuará
teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de Listas de
Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y
asignación básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y de las
competencias requeridas, la entidad deberá consultar las convocatorias que le
suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la
provisión del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del
perfil requerido para su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de
acuerdo con el procedimiento que establezca cada entidad.
El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles
ni derechos de carrera.
Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el
que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe
quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse
dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá declarar
la insubsistencia del nombramiento.
El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá
sujetarse a la disponibilidad presupuestal.»
65. Es necesario destacar que el aparte arriba subrayado fue anulado por esta
corporación a través del fallo de 19 de junio de 200813, luego de advertir que en su
expedición el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria, pues
estableció una causal de retiro diametralmente distinta y nueva a la prevista en la
ley.
66. En esa providencia también se señaló que los empleados temporales no
pertenecen a la categoría de carrera administrativa ni a los de libre nombramiento y
remoción, pues «[…] se trata de personas que forman parte de las listas de elegibles
(art. 3°, decreto 1227 de 2005) esto es, que superaron el concurso de méritos y
esperan ser nombrados en el periodo de prueba que les permite acceder a la carrera
administrativa; de ahí que su designación en un cargo de esta categoría significa la
oportunidad preferencial de acceder a un empleo público en forma transitoria
mientras se les nombra permanentemente en la planta de personal».
13 Radicado 11001-03-25-000-2006-00087-00 (1475-2006).
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67. Ahora bien, se pone de presente que la Contraloría General de la República
goza de un régimen especial de carrera administrativa, el cual se encuentra previsto
en el Decreto 268 del 22 de febrero de 200014. En el artículo 3.° de esta norma se
dispuso que todos los empleos de la entidad son de carrera, con excepción, entre
otros, del cargo de contralor delegado, en tanto pertenece a la categoría de libre
nombramiento y remoción.
68. La planta temporal de la Contraloría General de la República.
69. El artículo 267 de la Constitución Política establece, en esencia, que la
Contraloría General de la República es la institución encargada de vigilar la gestión
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes públicos.
70. A través del Acto Legislativo 5 de 201115, el Congreso de la República modificó
el artículo 360 constitucional -entre otros- y ordenó que:
«[…] Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación
de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalías.»
71. Con ese propósito, el 17 de mayo de 2012 se promulgó la Ley 1530 «[p]or la
cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías». En el parágrafo 1.° del artículo 152 se revistió al presidente de la
República «de precisas facultades extraordinarias para que, en el término hasta de
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, expida
normas con fuerza de ley para crear los empleos en la Contraloría General de la
República que sean necesarios para fortalecer la labor de vigilancia y el control
fiscales de los recursos del Sistema General de Regalías.»
72. Así las cosas, en cumplimiento de esa potestad, el ejecutivo emitió el Decreto
Ley 1539 de 2012, en el que creó hasta el 31 de diciembre de 2014 los siguientes
empleos temporales en la planta de personal de la Contraloría General de la
República:
Número de empleos Denominación del empleo Grado
Tres (3) Contralor auxiliar
Treinta (30) Contralor delegado 04
intersectorial
Cuatro (4) Asesor de despacho 02
Seis (6) Asesor de gestión 01
14 «Por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General
de la República».
15 «Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.»
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Seis (6) Coordinador de gestión 03
Ciento veintiséis Profesional especializado 04
(126)
Ochenta y dos (82) Profesional especializado 03
Cuarenta y tres (43) Profesional universitario 02
Veintisiete (27) Profesional universitario 01
Dos (2) Tecnólogo 01
Tres (3) Secretario ejecutivo 06
Dos (2) Secretario 04
Cuatro (4) Auxiliar administrativo 03
73. Es importante mencionar que en el artículo 2.° de esa disposición se previó que
«[l]a provisión de los empleos creados en el presente decreto se efectuará en forma
gradual, de conformidad con las disponibilidades presupuestales y hasta la
concurrencia de las respectivas apropiaciones.»
74. Por ello, a través de las Leyes 1606 de 2012 y 1744 de 2014, así como del
Decreto 2190 de 201616, se concibieron los presupuestos del Sistema General de
Regalías para los bienios 2013-2014, 2015-2016 y 2017-2018, en los que, como era
de esperarse, se asignaron los recursos17 a la Contraloría General de la República
para que cumpliera con la misión vigilancia y control prevista en la Ley 1530 de
2012.
75. En lo que corresponde al primer bienio -comprendido entre el 1.° de enero de
2013 y el 31 de diciembre de 2014- la Ley 1606 de 2012 estableció en el artículo 33
que «[l]os empleos temporales de las plantas de personal requeridos para el
cumplimiento de las funciones de los órganos definidos en el artículo 3o de la Ley
1530 de 2012, son de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel
y dependencia a los cuales pertenezcan.»
76. Sin embargo, tal previsión no cobija a los empleos temporales creados al interior
de la Contraloría General de la República, pues esta institución no hace parte de los
órganos del Sistema General de Regalías señalados en el artículo 3.° de la Ley
1530 de 201218.
16 Adicionalmente, en el artículo 42 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018, la planta temporal de
la Contraloría General de la República para el Sistema General de Regalías creada mediante el Decreto
Ley 1539 de 2012.
17 Se resalta que en el parágrafo 2.° del artículo 152 de la Ley 1530 de 2012 se estableció que «[p]ara garantizar
el adecuado ejercicio de las funciones de que trata el presente artículo, los gastos que se generen en virtud de
lo previsto en el parágrafo anterior y de los contratos que se celebren para el fortalecimiento institucional de la
Contraloría General destinado a la correcta vigilancia y control fiscales de los recursos del Sistema General de
Regalías, se financiarán exclusivamente con cargo a los recursos previstos en el artículo 103 de la presente
ley.»
18 En esta disposición se establece que «[s]on órganos del Sistema General de Regalías la Comisión Rectora,
el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía,
así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y los órganos colegiados de
administración y decisión, todos los cuales ejercerán sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto
por la presente ley.»
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77. Por su parte, en lo que respecta al segundo bienio -comprendido entre el 1.° de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016-, es importante destacar que en la Ley
1744 de 26 de diciembre de 2014, que fijó el presupuesto del Sistema General de
Regalías, se estableció que:
«Los empleos temporales de la planta de personal requerida para el cumplimiento
de las funciones de la Contraloría General de la República, son de libre
nombramiento y remoción, independientemente del nivel y dependencia a los cuales
pertenezcan. Por tanto, no se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley 909
de 2004.
En las condiciones establecidas en el inciso anterior, se prorrogan hasta el 31 de
diciembre de 2016, los empleos de carácter temporal en la planta de la Contraloría
General de la República, creados mediante Decreto-ley 1539 de 2012.»
78. No obstante, la expresión «son de libre nombramiento y remoción» contenida
en la norma arriba transcrita fue declarada inexequibles por la Corte Constitucional
en la sentencia C-618 de 2015, bajo el entendido de que los empleos temporales
no son de libre nombramiento y remoción. Véase:
«[…] De conformidad con lo que se ha expuesto, las condiciones a las que están
sometidos los cargos de libre nombramiento y remoción y quienes los ejercen
obligan a que el legislador justifique el encuadramiento de empleos en esta
categoría, de manera que para determinar si el Congreso ha actuado dentro de los
límites de lo excepcional, la Corte debe atenerse a las pautas que para identificar
los empleos de libre nombramiento y remoción ha fijado en su propia jurisprudencia,
reiterada y constante.
Si se atiende al primero de los criterios que es material y atinente a la índole de las
funciones, la escueta referencia a los empleos temporales de la planta de personal
para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General de la República, con
independencia “del nivel y dependencia a los cuales pertenezcan”, contenida en el
artículo 39 de la Ley 1744 de 2014, remite a una consideración global e
indiscriminada de un conjunto de cargos en los que no se advierte el
cumplimiento de la condición objetiva que permita entenderlos como de libre
nombramiento y remoción.
En efecto, el carácter temporal que se les asigna y la mención general de las
funciones encomendadas a la Contraloría General de la República están lejos de
otorgar la certeza acerca de que se trata de empleos con funciones directivas, de
manejo, de conducción u orientación institucional, o de definición y adopción de
políticas públicas, fuera de lo cual ha de repararse en que la planta de personal
correspondiente a la Contraloría y en la que se definen los empleos de dirección
institucional está fijada en otra parte y no en una ley que, como la 1744 de 2014, se
ocupa del presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero
de 2015 al 31 de diciembre de 2016. Definitivamente no se está ante cargos que
involucren dentro de sus funciones la definición y la adopción de políticas
públicas e institucionales y, por lo mismo, desde la perspectiva del criterio
material relativo al aspecto funcional nada hay que permita calificarlos como
de libre nombramiento y remoción.
Utilizado el primer criterio jurisprudencial, queda como alternativa el segundo que,
conforme ha sido señalado, es de carácter subjetivo y concierne al grado de
confianza requerido por la índole de ciertos asuntos que ameritarían un tratamiento
reservado, o el cuidado que debe rodear la adopción de las decisiones de mayor
trascendencia en la respectiva entidad.
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Tampoco en este ámbito el carácter temporal de los empleos y la alusión general a
la planta de personal de la Contraloría General de la República militan a favor de la
calificación de estos cargos como de libre nombramiento y remoción, como que en
vano se busca en la preceptiva demandada algún ingrediente que pudiera ser
revelador de esa especial confianza que sobrepasa la exigible a todo servidor
público, debiéndose añadir que la calificación basada en ese tipo de confianza
no aparece segura en una ley sobre el presupuesto del sistema general de
regalías para un periodo determinado.
En últimas, los cargos a los que alude el artículo 39 de la Ley 1744 de 2014 se
refieren a “puras funciones administrativas, ejecutivas o subalternas, en las
que no se ejerce una función de dirección política ni resulta ser fundamental
el intuito personae” y, en consecuencia, tales funciones “quedan excluidas del
régimen de libre nombramiento y remoción”19.
Al hilo de las precedentes consideraciones la actora ha llamado la atención acerca
del ya destacado sesgo general o globalizante que asume la disposición
cuestionada, al catalogar un conjunto de empleos como de libre nombramiento y
remoción, sin diferenciarlos específicamente, diferenciación que parece obvia e
indispensable tratándose de cargos sometidos a un régimen excepcional y, por ello,
sustraídos de la regla general dotada, además, de un fuerte respaldo constitucional.
Desde las sentencias en las que inicialmente se pronunció sobre estas materias, la
Corte hizo énfasis en que los cargos de libre nombramiento y remoción “no pueden
ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de funciones del
organismo correspondiente”, de conformidad con los criterios desde entonces
planteados, que podrían hacer pensar, “por ejemplo, en el Secretario Privado del
Presidente de la República o en un Ministro del Despacho”20. La alusión
indiscriminada a los cargos temporales de la planta de personal de la Contraloría
General de la República, independientemente del nivel o dependencia a los cuales
pertenezcan, aporta un elemento más que denota la injustificada calificación que de
ellos hace el precepto censurado, adscribiéndolos al régimen de los empleos de libre
nombramiento y remoción, idea esta que se impone como conclusión.» (Énfasis de
la sala)
79. En este preciso escenario, se advierte que, aunque en la sentencia de primer
grado se aplicó la anterior previsión jurisprudencial, es claro que, tal y como lo
argumentó la Contraloría General de la República, sus efectos no podían ser
extendidos al caso de marras.
80. Lo anterior, por cuanto: i) el nombramiento del demandante se fundó en las
reglas jurídicas del bienio 2013-2014 y; ii) su desvinculación se produjo el 1.° de
agosto de 2014, cuando aún no había sido emitida y, por ende, tampoco había
entrado a regir la Ley 1744 de 2014 que, se reitera, reguló el bienio 2015-2016
-comprendido entre el 1.° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016-.
81. Así las cosas, no era procedente que el tribunal de primera instancia, con la
finalidad de concluir que el cargo temporal ejercido por el accionante al interior del
ente demandado no era de libre nombramiento y remoción, utilizara la anterior
interpretación constitucional, en tanto ella fue emitida en el marco del estudio de
19 Sentencia C-514 de 1994.
20 Ibídem.
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constitucionalidad de una ley que no alcanzó a cobijar la situación jurídica del actor,
por ser posterior a la fecha de su retiro del servicio.
82. Sin embargo, a pesar de esa imprecisión, la sala no revocará la sentencia
impugnada, pues dentro de sus sustratos también se invocó la sentencia de 19 de
junio de 200821, en la que, como ya fue dicho, la sección segunda de esta
corporación declaró la nulidad de la expresión «[…] Sin embargo, antes de
cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá
declarar la insubsistencia del nombramiento.» contenida en el artículo 4.° del
Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 y que se refería a los empleos de carácter
temporal como el ejercido por el demandante.
83. Es decir, al amparo de esa providencia, se pregonó que, con anterioridad al
vencimiento del periodo de duración del empleo temporal, no era posible que el
nominador lo diera por terminado a través de un acto administrativo carente de
motivación.
84. Hechos probados.
85. Mediante la Resolución nro. 2237 del 1.° de agosto de 201322, la contralora
general de la República nombró al señor Carlos Eduardo Acosta Moyano en el cargo
de contralor delegado intersectorial, nivel directivo, grado 04, adscrito a la planta
temporal de la entidad, para fortalecer la labor de vigilancia y control fiscal sobre los
recursos del Sistema General de Regalías.
86. Luego, el 1.° de agosto de 201423, la misma servidora expidió la Resolución nro.
ORD-81117-001429-2014, en la que declaró insubsistente ese nombramiento, para
lo cual expresó:
«Que en atención a la facultad discrecional que señala el artículo 107 del Decreto
1950 de 1973, establece que en cualquier momento podrá declararse insubsistente
un nombramiento ordinario o provisional, sin motivas la providencia de acuerdo con
la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus
empleados»
87. En la alzada, la contraloría afirmó que frente a los empleos temporales no existía
una regla que definiera lo atinente al retiro del servicio, razón por la que, al ostentar
un nombramiento ordinario conforme a la Ley 909 de 2004, esto es, sin derechos
de carrera administrativa, el demandante podía ser desvinculado con base en la
facultad discrecional del nominador.
88. La sala no comparte el anterior argumento, por cuanto la citada ley, su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 y la jurisprudencia de esta corporación sí contienen
los lineamientos para ordenar el retiro de un empleado vinculado en una planta
temporal, tal como se manifestó en el marco normativo anteriormente referenciado.
21 Radicado 11001-03-25-000-2006-00087-00 (1475-2006).
22 Folio 26 del cuaderno 1 del expediente físico.
23 Folio 299 del cuaderno 1 del expediente físico.
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89. Por lo que sigue, es evidente que, al ejercer un empleo temporal, la
permanencia en la institución demandada por parte del actor estaba supeditada, en
principio, al término de su duración. Sin embargo, la contraloría podía dar por
terminado ese vínculo antes del cumplimiento de ese límite temporal, mediante la
emisión de un acto administrativo en el que consignara las razones claras, objetivas
y proporcionales de esa determinación.
90. Lo anterior, por cuanto, se reitera, la regla que permitía el retiro del servicio con
sustento en el ejercicio de la facultad discrecional -segundo apartado del inciso
primero del artículo 4.° del Decreto 1227 de 2005-, fue anulada por esta sección
mediante sentencia del 19 de junio de 200824, conforme con los siguientes
argumentos:
«[…] Esta atribución no es ilimitada, pues está sujeta a la Constitución y al contenido
de la misma ley que se va a reglamentar, de manera que el Jefe del Ejecutivo no
puede ir más allá de su contenido para ampliar, modificar o restringir su alcance.
Dicho poder de reglamentación tiene como propósito fundamental hacer operativa
la ley, es decir, permitir que ella tenga cumplida ejecución.
La función del reglamento es hacer eficaz y plenamente operante la norma superior
de derecho, de manera que so pretexto de reglamentación, introducir normas
nuevas, preceptos que no se desprenden de las disposiciones legales, reglas que
impongan obligaciones o prohibiciones más allá del contenido intrínseco de la ley,
es una extralimitación que afecta la voluntad legislativa. De acuerdo con lo
anterior, resulta claro que en este caso el querer del legislador fue el de otorgar
una cierta garantía de permanencia al empleado temporal, al definir que estaría
supeditado al periodo fijado en el acta de nombramiento, el cual a su turno,
pende de lo determinado en el estudio técnico y a la disponibilidad presupuestal; por
ello, mal podía el Ejecutivo extralimitarse en su facultad reglamentaria, al querer
incluir una disposición nueva, no contemplada en la ley reglamentada.
Además, resulta entendible el grado de protección que le pretende dar el
legislador al empleado temporal, pues si bien no tiene la categoría de
empleado de carrera administrativa, tampoco la de uno de libre nombramiento
y remoción, como quiera que se trata de personas que forman parte de las listas
de elegibles (art. 3°, decreto 1227 de 2005) esto es, que superaron el concurso de
méritos y esperan ser nombrados en el periodo de prueba que les permite acceder
a la carrera administrativa; de ahí que su designación en un cargo de esta categoría
significa la oportunidad preferencial de acceder a un empleo público en forma
transitoria mientras se les nombra permanentemente en la planta de personal.
En otras palabras: el art. 3° inciso 3° del decreto 1227 de 2005 fue muy claro en
precisar que el ingreso a un empleo temporal no genera derechos de carrera,
pero por ello tampoco se puede concluir que es de libre nombramiento y
remoción, lo cual se reafirma con el hecho de que prácticamente la única causal de
retiro establecida para ellos es la culminación del periodo para el cual fueron
designados.
Pero además, es evidente que la frase acusada viola el principio de confianza
legítima, como extensión del de la buena fe, pues el empleado que ha sido
nombrado en un cargo temporal por un periodo determinado, tiene la idea de
permanencia y estabilidad en el empleo, porque existe la expectativa cierta y
24 Expediente 11001-03-25-000-2006-00087-00(1475-06), C.P. Jaime Moreno García.
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fundada de conservarlo en cuanto cumpla fiel y eficientemente con sus obligaciones
laborales, hasta cuando se venza tal periodo […]»
91. Se resalta que, con base en la anterior decisión, la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta corporación, en concepto del 16 de agosto de 201225 indicó que «el
empleo temporal constituye una nueva modalidad de vinculación a la función
pública, diferente a las tradicionales de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa; tiene carácter transitorio y excepcional y, por ende, su
creación sólo está permitida en los casos expresamente señalados por el
legislador».
92. Al compás de lo expresado, se concluye que la Contraloría General de la
República solo podía declarar insubsistente el nombramiento del demandante
-antes del vencimiento del tiempo dispuesto para la vigencia del empleo-, en la
medida en que motivará esa determinación.
93. Así entonces, como el acto demandado carece de ese razonamiento, no
prospera el cargo invocado en la alzada.
94. Segundo interrogante: ¿El fallo emitido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró el principio de congruencia y el debido proceso de la
Contraloría General de la República?
95. El principio de congruencia de las providencias judiciales. En el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén de ser motivada,
debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y, además, plasmar el
análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y los razonamientos que
determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.
96. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que esa decisión «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».
97. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio que
demanda que tal determinación esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».
98. En otras palabras, se exige que la providencia esté armónicamente ligada con
las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y jurídicos,
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: William Zambrano Cetina, concepto del 16 de
agosto de 2012 dentro del expediente con radicado nro. 11001-03-06-000-2011-00042-00 (2105).
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así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.
99. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o conceder pretensiones que no fueron
pedidas por él «extra petita».
100. Esta corporación26 ha pregonado que el principio de congruencia detenta dos
matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir entre la
parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige conexidad entre
la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en la respectiva
contestación. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de
este Tribunal27 concluyó:
«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en
el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido
emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado
dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más
(ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión […]».
101. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adoptar en un momento determinado.
102. Bajo los anteriores lineamientos, la sala difiere de la apreciación de la entidad
demandada, pues el tribunal de primera instancia se circunscribió al marco fijado
por el actor, atendiendo los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la
demanda, así como su contestación, sin introducir aspectos ajenos al debate
procesal.
103. Las causales de nulidad que fueron invocadas por el demandante fueron
analizadas por el a quo, tanto es así que una de ellas prosperó y de ahí se
desprendió la nulidad del acto demandado.
104. Cabe destacar que la utilización de normas y reglas jurisprudenciales
diferentes a las expresamente señaladas por el accionante no constituyen
incongruencia, en la medida en que tales disposiciones jurídicas son aplicables al
caso y no son extrañas a los hechos y pretensiones de la demanda.
105. Lo dicho encuentra sustento, toda vez que, si bien el actor no indicó como
vulnerada la Ley 909 de 2004, si era necesario remitirse a esa disposición
normativa, dado que el Decreto 268 de 2000 y demás cánones que regulan la
26 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580),
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P. Cesar
Palomino Cortés.
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estructura de la Contraloría General de la República no sistematizaron lo atinente a
las plantas temporales; por lo que, en aras de llenar los vacíos existentes, resultaba
indispensable acudir a esas reglas.
106. En consecuencia, el fallo guarda correspondencia con lo pedido y debatido
en el proceso, sin que pueda sostenerse que se haya desconocido el principio de
congruencia.
107. De otro lado, sostuvo la entidad demandada que se le vulneró el derecho al
debido proceso, al no tenerse en cuenta los alegatos de conclusión que fueron
presentados dentro de la oportunidad prevista.
108. En efecto, observa la sala que mediante auto del 14 de octubre de 202028, la
magistrada ponente en primera instancia les advirtió a las partes y al agente del
Ministerio Público que los memoriales dirigidos al proceso debían ser remitidos al
correo de la secretaría de la sección
«rmemorialessec02sdtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co».
109. En el acta contentiva de la audiencia de pruebas celebrada el día 10 de
febrero de 202129, se dio por finalizado el debate probatorio y se concedió a las
partes el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión,
periodo que inició el 11 y finalizó el día 24 de ese calendario.
110. Examinado el pantallazo aportado por la contraloría en el recurso de
apelación, advierte la sala que el día 24 de febrero de 2021 el apoderado de la
entidad demandada envió un PDF denominado «ALEGATOS 1 INSTANCIA» al
correo «s02des09tadmincdm@notificacionesrj.gov.co», junto con la siguiente
leyenda:
«Cordial saludo, mediante el presente me permito radicar escrito de alegatos dentro
del siguiente proceso:
Doctora
ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sub Sección “D”
Ciudad
Referencia: Proceso: 25000234200020150115400
Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: CARLOS EDUARDO ACOSTA MOYANO
Demandada CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Asunto: Alegatos de Conclusión»
111. En ese documento se aprecia que el mensaje fue entregado al destinatario
«Sección 02 Despacho 09 Tribunal Administrativo – Cundinamarca», lo que quiere
decir que no fue enviado al canal dispuesto por el despacho para el recibo de
memoriales.
28 PDF 29 ED_ACTUACIONE_25CONVOCATORIAAUDIE, contentivo del expediente digital el cual puede ser
descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
29 PDF 35 ED_ACTUACIONE_54ACTAAUDIENCIAPRU, contentivo del expediente digital el cual puede ser
descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
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112. Sobre el particular, esta corporación30, al resolver un recurso de queja en
contra del auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado
en contra de una sentencia, declaró mal denegada la alzada, bajo el entendido de
que la parte demandada, haciendo uso de los canales digitales, remitió el escrito
impugnatorio a un correo electrónico que no correspondía al de la corporación que
profirió la decisión; pero no por esto se podía tener por extemporáneo el recurso,
pues fue radicado dentro de la oportunidad de ley.
113. En la referida providencia también se dijo que las herramientas tecnológicas
se implementaron con la finalidad de garantizar y facilitar el derecho de acceso a la
administración de justicia y no para obstaculizarlo.
114. Finalmente, se concluyó que «la remisión de un escrito a un canal digital
diferente al dispuesto para la recepción de memoriales, no puede ser un obstáculo
para la efectividad de los derechos subjetivos, puesto que, de ser así se estaría
incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, circunstancia
con la que a todas luces se vulneraron las garantías constitucionales tales como, el
acceso a la administración de justicia y debido proceso».
115. En ese escenario, para la sala, el hecho de que el apoderado de la
Contraloría General de la República haya enviado en tiempo el memorial contentivo
de alegatos de conclusión a un canal diferente al dispuesto por el tribunal para la
recepción de escritos y memoriales, no puede significar que el mismo no haya sido
presentado, pues de ser así, se estaría poniendo en primer plano lo formal antes
que lo sustancial, lo cual no se compagina con el objeto y principio de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y mucho menos con los lineamientos del artículo
228 de la Constitución Política.
116. Ahora bien, la indebida escogencia del canal dispuesto para la radicación de
memoriales trajo consigo que el tribunal plasmara en la sentencia de primera
instancia que la entidad demandada no presentó alegatos de conclusión, lo cual, en
principio, se podía tomar como cierto, porque el despacho nunca tuvo conocimiento
de aquel, en tanto que no se evidencia que el memorial haya sido enviado o remitido
al competente.
117. Toda la anterior explicación permite concluir que a pesar de que los alegatos
sí fueron presentados oportunamente, no se puede concluir que se vulneró el debido
proceso de la Contraloría General de la República, pues como se dijo, el despacho
de primera instancia desconocía su existencia.
118. En todo caso, ante la eventual configuración de una nulidad procesal por la
vulneración al debido proceso, esta corporación ha pregonado que la infracción
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P: César
Palomino Cortés, auto del 23 de febrero de 2023 proferido dentro del expediente con radicado 20001-23-39-
000-2017-00477-01
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debe ser de una magnitud que sea determinante en la decisión final31, al punto que,
de haberse presentado, aquella hubiese sido distinta.
119. En el presente asunto, el recurrente no aportó el escrito de alegatos, ni mucho
menos argumentó el por qué, de haber sido considerado por el a quo, la decisión
final hubiese sido distinta. Sobre el particular, se recuerda que tal escrito, además
de ser facultativo y no imperativo, se ha entendido como «la oportunidad para
expresarle al juez, cuál debe ser, en sentir de las partes, la conclusión a la que se
debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y el acervo
probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos cargos o
solicitar nuevas pruebas».
120. En este orden de cosas, el cargo actual tampoco prospera.
121. Tercer interrogante: ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios
materiales e inmateriales reclamados en la demanda?
122. Para demostrar la causación de los perjuicios materiales e inmateriales, el
demandante solicitó los testimonios de los señores Eduardo Enrique Rodríguez
Ruiz, Henry Alberto Benavídez Tarapuez, Luís Alberto Sandoval Navas y Luisa
María Acosta Forero.
123. En cuanto a esos relatos, se advierte la falta de claridad y certeza respecto
de tales perjuicios.
124. En efecto, los señores Henry Alberto Benavídez Tarapuez y Luís Alberto
Sandoval Navas, fueron unívocos al responder que no les constaban las posibles
afectaciones sufridas por el señor Carlos Eduardo Acosta Moyano.
125. Por su parte, el señor Eduardo Enrique Rodríguez Navas afirmó de manera
genérica que entre los años 2014 y 2015 le realizó varios préstamos al actor por un
aproximado de 6 millones de pesos, con el fin de solventar su situación económica,
en especial para cubrir la universidad de su hija.
126. Por último, la señora Luisa María Acosta expresó que su papa no hablaba
mucho del tema, pero que era conocedora de sus desvinculaciones. Además, indicó
que: i) producto de la declaratoria de insubsistencia, su padre contrajo unas deudas
que no pudo pagar, lo que trajo como consecuencia el reporte negativo en las
centrales de riegos; ii) que cuando ella ingresó a trabajar también se vio obligada a
solicitar créditos que no pudo cancelar y por ende, también sufrió reportes
negativos; iii) que el estado de ánimo de su padre cambió, lo cual fue tratado por
un médico y; iv) que las anotaciones en la hoja de vida le impedían conseguir otro
trabajo.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, C.P: María
Adriana Marín, providencia del 26 de octubre de 2020 emitida dentro de los expedientes con radicados 11001-
03-15-000-2016-02271-00 y 11001-03-15-000-2016-02306-00.
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127. Considera la sala que con tales afirmaciones no se acreditan los perjuicios
solicitados, pues no se aportaron los medios de prueba que evidencien la existencia
de los créditos, los reportes en las centrales de riesgo, las atenciones médicas
recibidas por el actor y/o que por las anotaciones que afirmó tener en su hoja de
vida le cerraron las puertas del mercado laboral dependiente.
128. Frente a la última situación arriba descrita, se recuerda que la declaratoria de
insubsistencia de un nombramiento no tiene carácter punitivo, por lo que no genera
antecedentes negativos en la hoja de vida del servidor público, al punto que le
impida la consecución de un nuevo empleo.
129. En consecuencia, las citadas declaraciones no tienen el alcance probatorio
señalado por el recurrente, por lo que el cargo no prospera.
130. Del restablecimiento del derecho y la necesidad de modificar la orden
impartida en la sentencia apelada.
131. Arriba quedó dicho que como quiera que los recursos de apelación
presentados por las partes involucraban la totalidad de la sentencia de primer grado,
la sala resolvería esta instancia sin límite alguno, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 328 del CGP.
132. La anterior facultad es de gran importancia, en tanto permite al juez de
segundo grado corregir las falencias detectadas en la sentencia apelada y, en
consecuencia, precisar, delimitar y/o revocar, dentro del marco legal, los derechos
reconocidos en aquella.
133. En el presente asunto, deviene procedente ejercer tal potestad sobre la orden
de reconocimiento y pago de los salarios dejados de recibir por el accionante. En
efecto, en la sentencia de marras se afirmó que, dada la naturaleza temporal del
empleo desempeñado por el actor y atendiendo las diversas prorrogas de que fue
objeto, era claro que «[…] su permanencia en el mismo habría sido, máximo, hasta
el 31 de diciembre de 2018, pues su periodo de vinculación estaba supeditado al
periodo fijado en la resolución de nombramiento.»
134. Con sustento en esa premisa y basado en la regla jurisprudencial vertida en
la sentencia SU-556 de 2014, el tribunal determinó que la contraloría pagaría al
demandante los salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha de su
desvinculación del servicio y hasta los 24 meses siguientes.
135. Sin embargo, al emitir esa ordenanza no tuvo en cuenta que el nombramiento
del actor tenía como límite el 31 de diciembre de 2014, pues el Decreto Ley 1539
de 2012 creó ese empleo con ese condicionamiento. Por tanto, el hecho de que a
través del artículo 39 de la Ley 1744 de 2014 se prorrogaron hasta el 31 de
diciembre de 2016 los cargos temporales de la Contraloría General de la República,
no implicaba que automáticamente también se extendieran en el tiempo todos y
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cada uno de los actos administrativos contentivos de los nombramientos efectuados
con sustento en el citado Decreto Ley 1539 de 2012.
136. Es decir, como la vinculación laboral del accionante fenecía el 31 de
diciembre de 2014, era necesario que, para su continuidad, la contraloría emitiera
un nuevo acto administrativo en el que lo nombrara para el bienio siguiente, esto es,
el comprendido entre el 1.° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
137. Así las cosas, para los fines del restablecimiento del derecho concedido en
la sentencia impugnada, se concluye que, de haber permanecido en servicio, el
vínculo laboral del actor hubiera finalizado el 31 de diciembre de 2014, por lo que el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales no puede sobrepasar
esa fecha.
138. En consecuencia, se modificará el ordinal «SEGUNDO» de la parte resolutiva
de la sentencia de primer grado, para disponer que el aludido reconocimiento y pago
no se extienda más allá del 31 de diciembre de 2014.
139. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
140. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.
141. En tal virtud, como en esta decisión se está modificando la sentencia apelada
y tal reforma aprovecha los intereses de la entidad demandada, no se impondrá
condena en costas a ninguna de las partes, en razón a que ambas se vieron
favorecidas parcialmente en sus aspiraciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la parte resolutiva de la
sentencia de fecha 25 de marzo de 2021, por medio de la cual la Subsección “D” de
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la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Carlos Eduardo
Acosta Moyano contra la Nación – Contraloría General de la República. El referido
ordinal quedará así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir por el demandante CARLOS EDUARDO ACOSTA MOYANO, desde la
fecha en que fue declarado insubsistente y hasta el 31 de diciembre de 2014.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. NO IMPONER condena en costas, conforme a lo indicado en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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