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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2021-00325-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2021-00325-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2022 del Tribunal Administrativo de Caldas, para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2021-00325-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de abril de 2022

Demandante: María Mercedes Márquez Botero
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00325-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00325-01
Accionante: MARÍA MERCEDES MÁRQUEZ BOTERO
Accionado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES

Temas: Revoca decisión que accedió a pretensiones, para en su
lugar negar las pretensiones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia del 10 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral declaró que COLPENSIONES ha
omitido el deber funcional del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, y en
consecuencia, le ordenó iniciar de manera inmediata los trámites de cobro
coactivo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2021, la señora María
Mercedes Márquez Botero, por medio de apoderado judicial1 ejerció acción de
cumplimiento contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, con el fin de obtener el acatamiento del artículo 24 de la
Ley 100 de 19932.

1 La señora María Mercedes Márquez Botero, otorgó poder especial a la abogada Yuliana
Ocampo Marulanda, para que la represente en la acción de cumplimiento de la referencia, en
los términos allí conferidos.
2 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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Demandante: María Mercedes Márquez Botero
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00325-01

2. Pretensiones de la demanda:

“…1. QUE SE ORDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES), seccional Manizales, dé aplicación y cumplimiento al artículo
24 de la Ley 100 de 1993.

2. QUE SE ORDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES), seccional Manizales ejerza la acción de cobro en contra de los
ex empleadores de mi poderdante”.

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

2. El 22 de septiembre de 2020 la apoderada judicial de la accionante solicitó
corrección de historia laboral a COLPENSIONES, para lo cual le precisó las
semanas en las cuales se presentaban inconsistencias:

Inicial Final Semanas
Ene - 01 Ene-01 0.29
May-01 May-01 4.29
Oct-01 Oct-01 4.15
Ene-08 Abr-08 0.57
Dic-08 Dic-08 0.14
Mar-13 Nov-13 1.287
Mar-17 Abr-17 0.286
Mar-18 Mar-18 0.14
Dic-18 Dic-18 0.14
Total 11.293

3. La Administradora Colombiana de Pensiones con oficio BZ2020_9467448-
19498403, manifestó a la señora Márquez Botero que la respuesta a la solicitud
de corrección de historia laboral sería atendida dentro de los 60 días hábiles,
contados a partir de la fecha de radicación.

4. Colpensiones con oficio BZ2020_9467448-2129236 del 15 de octubre de
2020, informó a la actora, que realizadas las investigaciones y acciones
pertinentes, se estableció que las empleadoras señoras Liliana Alzate de
Escobar y Adriana Giraldo Estrada, no han realizado el pago de aportes en
algunos periodos, razón por la que no se ve acreditado correctamente en la
historia laboral, hasta tanto se efectúen, por tanto “…de acuerdo a las atribuciones
que nos competen y a las leyes vigentes, en curso se encuentra la gestión para requerir al
empleador el pago del ciclo pendiente”.

5. En mayo de 20214, la accionante solicitó a la Administradora Colombiana de
Pensiones, que en caso de que no se haya iniciado gestión alguna para obtener

3 El documento no tiene fecha.
4 El documento aportado solo indica como fecha mayo de 2021, sin precisar el día

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el pago pendiente por parte de la empleadora Liliana Alzate de Escobar, “…se
inicien los trámites de fiscalización correspondientes, en aras que la historia laboral de mi
poderdante refleje la totalidad de los periodos aportados. Que se dé cumplimiento al artículo 24
de la Ley 100 de 1993 (…)”.

6. La entidad accionada a través de oficio BZ2021_6499162-1351879 del 1º de
julio de 2021, manifestó a la demandante en respuesta a la petición de cobro de
aportes a pensión, “…que con el ánimo de recuperar los aportes que solicita por parte del
empleador Alzate de Escobar Liliana Patricia; acorde a los hallazgos, en ejercicio de las
facultades otorgadas por la Ley 100 de 1993, se procedió a requerir al empleador mediante
proceso de cobro No. PP765533; caso de cobro No. 2021_298116”.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

7. Con auto del 12 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda y ordenó la notificación a la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES y al Ministerio Público.

8. En proveído del 1º de febrero de 2022, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por la demandante y la entidad accionada.

4.2. Contestación de la demanda

9. La apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, mediante escrito del 18 de enero de 2022, contestó la
demanda, en el que solicitó se negaran las pretensiones, en razón a que ha
cumplido el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en cuanto “…existe proceso de cobro
de aportes a pensión N° APP765533; caso de cobro N° 2021_298116, a la empleadora
LILIANA ALZATE DE ESCOBAR, lo que demuestra la gestión realizada por parte de
Colpensiones, respecto del cobro solicitado por la accionante”.

10. Precisó que la historia laboral de la señora Márquez Botero, presenta
inconsistencias respecto al no pago de manera completa a la seguridad social
de empleadores.

11. La peticionaria en septiembre de 2020, pidió la corrección de historia
laboral, solicitud que fue respondida con oficio BZ2020_9467448_2129236 del
15 de octubre de 2020, informándole que algunos de los pagos de los
empleadores de la accionante efectuados por la seguridad social, son
insuficientes, por lo que los periodos no se verán acreditados en la historia
laboral, hasta que se realicen.

12. El 15 de octubre de 2021, Colpensiones manifestó a la parte actora que
acorde con los hallazgos se procedió a requerir a la empleadora Liliana Alzate

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de Escobar mediante proceso de cobro N° APP765533; caso de cobro N°
2021_298116; con lo que se muestra la gestión realizada.

13. Afirmó que no hubo renuencia, comoquiera que en atención a la norma
cuyo cumplimiento exige la accionante, existe el proceso de cobro de aportes a
pensión N° APP765533; caso de cobro N° 2021_298116, contra la empleadora
Liliana Alzate de Escobar.

14. Resaltó que “…la accionante tuvo la oportunidad de acudir a la inspección del trabajo y
a la justicia ordinaria laboral, con el fin de ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, esto es, el cobro y pago de los aportes, que hoy reclama a través de esta acción de
cumplimiento”.

15. Sostuvo que “… Colpensiones ha actuado con diligencia al adelantar un proceso de
cobro de aportes de pensión N° APP765533; caso de cobro N° 2021_298116, a la empleadora
LILIANA ALZATE DE ESCOBAR, tal como la accionante tiene conocimiento desde el 01 de
julio de 2021, de las gestiones realizadas por Colpensiones. Lo que de contera desvirtúa el
incumplimiento del art. 24 de la Ley 100 de 1993”.

4.3. Concepto del Ministerio Público

16. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales,
Caldas, a través del correo electrónico del 4 de febrero de 2022, solicitó la
declaratoria de improcedencia de la acción, al considerar que “…no se cumple con
el requisito de procedibilidad y ante una evidente superación total del objeto de la presente
acción”.

17. Precisó que, si bien la actora pidió a la entidad accionada el acatamiento
del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, lo cierto, es que no mencionó que la
solicitud fue contestada y que tenía conocimiento de que se requirió al
empleador “mediante proceso de cobro No. APP765533; caso de cobro No. 2021_298116”,
con lo cual claramente, se evidencia que se iniciaron las acciones de cobro que
la señora Márquez Botero persigue a través de esta acción constitucional; por
tanto, no se advierte que haya renuencia o rebeldía de COLPENSIONES.

4.4. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala 4ª de Decisión Oral, en sentencia
del 10 de febrero de 2022, declaró que la Administradora Colombiana de
Pensiones, omitió el deber funcional previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de
1993 ordenándole “…que inicie de manera inmediata los trámites de cobro coactivo
previstos en dicha norma, para consolidar las semanas de cotización faltantes en la historia
laboral de la señora María Mercedes Márquez Botero, los cuales deberá adelantar en los
estrictos plazos del Estatuto Tributario, la Ley 1437 de 2011, y demás normas aplicables”.

19. Precisó el Tribunal que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, ”… consagra una
regla según la cual, es deber de las administradoras de pensiones proceder al cobro forzoso de
aquellos aportes que durante la vida laboral del afiliado no hayan sido objeto de recaudo, bien

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por el incumplimiento de quien debía efectuarlos, o bien por inercia del respectivo fondo o caja
de previsión, sin que pueda trasladarse esta carga al solicitante de la pensión, o que esta
situación pueda fungir como argumento válido para hacer nugatorio el reconocimiento y
ejercicio del derecho prestacional”.

20. En ese orden adujo que, la afirmación de la entidad accionada de haber
efectuado requerimientos a los ex empleadores en mora no basta ni satisface el
contenido obligacional, por el contrario, prolonga las barreras para materializar
el derecho pensional que puede asistirle a la demandante, el cual depende de
manera directa de que COLPENSIONES ejerza las facultades de ejecución
forzosa que el texto normativo le otorga, más cuando ha pasado 1 año y 5
meses desde la primera petición, y los procedimientos de cobro coactivo no se
han iniciado.

4.5. Impugnación

21. La parte accionada, por correo electrónico del 17 de febrero de 2022,
impugnó5 la decisión del Tribunal y solicitó que se revocara y en su lugar, se
negaran las pretensiones de la demandante.

22. Sostuvo que “…no se comparte la decisión del a quo, por cuanto es contraria a la verdad
de autos, al probarse que Colpensiones ha dado cumplimiento al art. 24 de la Ley de 1993, en
tanto, existe proceso de cobro de aportes a pensión N° APP765533; caso de cobro N°
2021_298116, a la empleadora LILIANA ALZATE DE ESCOBAR, lo que demuestra la gestión
realizada por parte de Colpensiones, a los empleadores de la accionante. Es así, como
COLPENSIONES ha adelantado las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador, en el caso de la señora MARÍA MERCEDES MARQUEZ
BOTERO”.

23. Precisó que este mecanismo de control “…es procedente siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio,
causales que no se cumplen dentro del caso estudiado, porque la accionante cuenta con el
recurso judicial de la acción de tutela, acudir a la jurisdicción laboral y a la inspección de trabajo,
con el fin de no desgastar la ya congestionada administración de justicia; por lo que solicito se
revoque la decisión de primera instancia y se niegue la acción. Con fundamento en los
planteamientos que anteceden, solicito se sirva revocar la sentencia recurrida, despachando
desfavorablemente la procedencia de la acción”.

24. Resaltó que el artículo 178 de la Ley 1607 de 20126, dispuso que “…La UGPP
será la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que
se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras”; para lo cual

5 La sentencia del 10 de febrero de 2022, fue notificada por medios electrónicos el 14 de febrero

de 2022, y el escrito de impugnación fue presentado el 17 de febrero de 2022. Así pues, se
evidencia que la entidad accionada impugnó la sentencia dentro del término legalmente
previsto, ver expediente digital.
6 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”

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cuenta con 5 funciones principales a saber: (i) investigación; (ii) sanción; (iii)
fiscalización; (iv) capacitación; y, (v) información.

25. Destacó que por su parte del artículo 3 del Decreto 2011 de 20127, señala
que es deber de COLPENSIONES, “efectuar el recaudo de los aportes al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, en las cuentas y con los mecanismos que la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones establezca para tal efecto”.

26. De otro lado, agregó que no hay un deber legal que provenga del artículo
24 de la Ley 100 de 1993 que haya desconocido la entidad.

27. Por último, afirmó que “…no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad, pues
existe otro mecanismo judicial para el reclamo de los derechos que pretende la actora, en
realidad, le sean concedidos, siendo en este caso la jurisdicción ordinaria laboral y el juez
natural el ordinario laboral, y en ese sentido, su desconocimiento conllevaría a la violación del
debido proceso de Colpensiones”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de
19978, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

29. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la

7
“Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colom-
biana de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones”.
8 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al

cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en
primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En
segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al
cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán
resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual
haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la
correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre
todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma
igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en
funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en
los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose
de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.

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sentencia del 10 de febrero de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Caldas, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

30. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

31. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad
accionada, el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, ordenarle que “…ejerza la acción de cobro en contra de los ex
empleadores” de la señora María Mercedes Márquez Botero?

3. Razones jurídicas de la decisión

32. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de
procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

33. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de
1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley
para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos".

34. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la
realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento
de sus funciones públicas.

35. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen
funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

36. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge

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de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un
orden jurídico, social y económico justo” 9(Subraya fuera del texto).

37. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

37.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1º)10.

37.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.

37.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (Art. 8º).

37.4. El artículo 8° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

37.5. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente
la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de
derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se
pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).

3.2. De la renuencia

38. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante

9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y
con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

39. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES, antes de instaurar la demanda.

40. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener
en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir
el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”11.

41. Para atender la renuencia la parte actora elevó petición en mayo de 202112,
a la Administradora Colombiana de Pensiones, solicitándole que en caso de
que no se haya iniciado gestión alguna para obtener el pago pendiente por
parte de la empleadora Liliana Alzate de Escobar, “…se inicien los trámites de
fiscalización correspondientes, en aras que la historia laboral de mi poderdante refleje la
totalidad de los periodos aportados. Que se dé cumplimiento al artículo 24 de la Ley 100 de
1993 (…)”.

42. La entidad accionada el 1º de julio de 2021, manifestó a la demandante
“…que con el ánimo de recuperar los aportes que solicita por parte del empleador Alzate de
Escobar Liliana Patricia; acorde a los hallazgos, en ejercicio de las facultades otorgadas por la
Ley 100 de 1993, se procedió a requerir al empleador mediante proceso de cobro No.
PP765533; caso de cobro No. 2021_298116”.

43. De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia, lo que impone realizar el estudio de las pretensiones de
la demanda.

3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

44. Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

11Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio
Torres Cuervo.
12 El documento aportado solo indica como fecha mayo de 2021, sin precisar el día

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Demandante: María Mercedes Márquez Botero
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00325-01

45. En el sub judice la parte actora pretende que se ordene a la Administradora
Colombiana de Pensiones el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de
1993, en consecuencia, se le exija que ejerza la acción de cobro en contra de
los ex empleadores de la señora Márquez Botero, caso en el cual en principio
es procedente la acción de cumplimiento, pues la norma se encuentra vigente,
en cuanto no ha sido derogada ni suspendida.

46. Por otra parte, el cumplimiento solicitado no conlleva la ejecución de un
gasto, en cuanto lo que se busca es que se adelante la acción de cobro contra
los ex empleadores de la accionante para que realicen el pago de los aportes
faltantes.

47. Por último, se encuentra que lo perseguido por la parte actora no involucra
la protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento.

3.4. Análisis del caso concreto

3.4.1. Norma que se pide cumplir

48. La accionante indicó como norma incumplida el artículo 24 de la Ley 100 de
199313.

3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

49. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una
ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

50. No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se
caracterizan como “deberes”14. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los
que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5,
7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.

13 “LEY 100 DE 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
(…)
ARTÍCULO 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor
adeudado, prestará mérito ejecutivo”.
14 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes

naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).

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51. Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 señala que la presente
acción se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la
norma con fuerza material de ley o acto administrativo, es decir, impone al
demandante la carga de establecer, tanto para la constitución en renuencia y la
interposición de la demanda, la autoridad pública o el particular en ejercicio de
funciones públicas que debe cumplir la norma.

52. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo. Así, por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su
ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.

53. En el presente caso, la parte actora pretende que se le ordene a la entidad
accionada el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, y por ende se
exija que ejerza la acción de cobro en contra de las ex empleadoras de la
señora Márquez Botero.

54. Del contenido de la disposición que se dice incumplida, se advierte que se
indica que corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro, ante el incumplimiento de
obligaciones por parte de los empleadores, conforme con la reglamentación que
expida el gobierno nacional; adicionalmente que la liquidación que determine el
valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.

55. En este caso, no se evidencia el incumplimiento aducido por la parte actora,
en la medida que está acreditado que la entidad accionada ha adelantado las
actuaciones de cobro pertinentes, por tanto, las pretensiones de la demanda,
deben ser negadas, pues según lo manifestado por la apoderada judicial de
COLPENSIONES existe un proceso de cobro de aportes a pensión “…caso de
cobro N° 2021_298116, a la empleadora LILIANA ALZATE DE ESCOBAR”, lo que
demuestra que la obligación de “adelantar” las acciones de cobro, contenido en
la norma, no ha sido desatendida.

56. Desde este punto de vista, la Sala no comparte la conclusión a la cual llegó
el Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia impugnada, según la cual
el mandato imperativo e inobjetable a cargo de COLPENSIONES, no ha sido
cumplido, en razón a que conforme a las pruebas documentales que reposan
en el expediente, la entidad accionada ha adelantado las actuaciones
pertinentes, en los términos previstos en la norma invocada.

3.6. Conclusión

57. En consecuencia de lo anterior, se observa que el artículo 24 de la Ley 100
de 1993, contiene el deber de adelantar las acciones de cobro, mandato que ha

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sido atendido por la entidad accionada, en consecuencia, se revocará la
sentencia recurrida para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
por las razones aquí señaladas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2022 del Tribunal
Administrativo de Caldas, para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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