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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01293-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01293-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción de la referencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: en firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-01293-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de noviembre de 2025

Demandante: Colfondos AFP
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Pasivos Pensionales y Contribuciones Parafiscales
Rad: 25000-23-41-000-2025-01293-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01293-01
Demandante: COLFONDOS AFP
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE
PASIVOS PENSIONALES Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES - UGPP

Tema: Revoca sentencia que declaró la improcedencia de la
acción y niega las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 18 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró
improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. Colfondos S.A., actuando a través de apoderado judicial 1, promovió acción
de cumplimiento en contra de Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Pasivos Pensionales y Contribuciones Parafiscales (UGPP) en la que pretende
que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de
1993.

2. Como consecuencia, ordenar a la UGPP que inicien las acciones de cobro
«contra el departamento de Sucre2» a fin de que se determine si hubo o no
pago de aportes a CAJANAL correspondiente al período comprendido entre el
mes de febrero de 1993 al mes de noviembre de 1995.

1 El abogado Juan Fernando Granados Toro, apoderado general de la sociedad accionante.
2 Los hechos de la demanda se refieren al municipio del Atlántico; sin embargo, al momento

de las pretensiones la actora se refirió al municipio de Sucre.

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Demandante: Colfondos AFP
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Pasivos Pensionales y Contribuciones Parafiscales
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2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente3:

4. La parte actora sostuvo que la señora Isabel Ariza Sarmiento es afiliada a
la AFP COLFONDOS y actualmente se encuentra pendiente la definición de
su bono pensional como una de las fuentes de la financiación de su pensión,
para lo cual a través de la AFP se están realizando las gestiones para lograr
la reconstrucción de su historia laboral, esto en virtud de lo señalado en el
artículo 20 del Decreto 656 de 1994.

5. La señora Ariza Sarmiento prestó sus servicios laborales en la Secretaría
de Salud del Atlántico. Los tiempos que harían parte del bono pensional, de
conformidad con lo expedido en el CETIL y cotizados a CAJANAL,
corresponden al período comprendido entre el mes de octubre de 1977 al mes
de agosto de 1978 y del mes de mayo de 1987 al mes de agosto de 1995.

6. De conformidad con lo señalado en el certificado expedido a través del
sistema CETIL, los aportes fueron efectuados a CAJANAL, razón por la cual,
en principio corresponderían a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el pago del cupón de bono pensional.

7. De acuerdo con el reporte de la página de la OBP del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, no se encuentran planillas de pago de aportes a CAJANAL,
lo cual enunció citando el error 4438 para dichos tiempos.

7. Indicó que AFP COLFONDOS no ha podido solicitar el reconocimiento de
cupón de bono pensional, pues para este caso se encuentra bloqueado hasta
que no se aporten las planillas de pago de aportes a CAJANAL.

8. De acuerdo con el reporte de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el departamento del Atlántico aparece como asumida por la Nación a
partir de abril de 1978.

9. Esto significa que desde octubre de 1977 a marzo de 1978 existe una deuda
presunta a cargo del departamento del Atlántico, razón por la cual se solicitó a
la UGPP a través de comunicación de 18 de julio de 2025, se dé cumplimiento
a lo establecido en el artículo 24 de la ley 100 de 19934.

3 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias,
apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados
reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico
de la acción.
4 A continuación, el apoderado de Colfondos hizo referencia a otros hechos relativos a la

señora Rosa García Montalvo y al departamento de Sucre; sin embargo, no corresponden con
los demás hechos de la demanda ni con los anexos, por lo que la Sala entiende que se trató
de un error al copiar y pegar.

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3. Trámite de la solicitud en primera instancia

10. Mediante providencia del 22 de agosto de 20255, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, admitió la demanda y ordenó la notificación a la UGPP.

4. Contestación de la demanda

11. El apoderado de la UGPP señaló que la acción es improcedente por cuanto
se cuentan con otros medios judiciales o administrativos para lograr el
cumplimiento de la ley.

12. Indicó que las medidas específicas de cobro frente al departamento de
Sucre y la determinación de la existencia del pago de aportes a Cajanal son
asuntos que requieren de un procedimiento administrativo complejo y de la
verificación de documentos históricos.

13. Consideró que el demandante contaba con la posibilidad de acudir a la vía
ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar los actos
previos o para cuestionar omisiones en la liquidación de aportes.

14. Además, en el caso concreto, el actor alegó que la UGPP había incumplido
la norma; sin embargo, no presentó un acto administrativo claro y exigible que
establezca una obligación directa y específica para la UGPP.

15. Manifestó que la pretensión formulada por el actor busca que la UGPP
realice acciones frente al departamento de Sucre; sin embargo, la entidad no
tiene competencia ni responsabilidad respecto de las obligaciones de otra,
cuando la entidad principal tiene sus competencias y se verifique que no ha
cumplido.

5. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2025, declaró
improcedente la acción, por cuanto consideró que, la obligación cuya exigencia
se pretende está sujeta a valoraciones previas de la Administración e incluso
a un eventual debate judicial en sede ordinaria, por lo que la acción de
cumplimiento no es el mecanismo idóneo para resolver el asunto.

5 Índice 00004 de Samai. Expediente del tribunal.

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6. La impugnación6

17. La AFP Colfondos cuestionó la decisión del juez de primera instancia,
señalando que éste interpretó erróneamente las pretensiones de la acción.
Indicó que el fallo entendió que lo solicitado era el cobro de aportes
parafiscales mediante acción de cumplimiento, cuando en realidad la demanda
se dirigió a exigir el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que
impone a las administradoras de pensiones el deber de iniciar acciones de
cobro en caso de presunto incumplimiento del empleador.

18. Sostuvo que la norma en cuestión no otorga una facultad discrecional, sino
que consagra un deber obligatorio para las administradoras de pensiones,
incluida la UGPP, al asumir las funciones de Cajanal, de iniciar las gestiones
de cobro frente a los empleadores morosos. De no interpretarse así, se
vaciaría de contenido la disposición legal y se vulnerarían los derechos de los
afiliados al sistema general de pensiones.

19. Argumentó que, en ningún momento se ha solicitado el reconocimiento del
pago de aportes, sino que lo que se pretende es que la UGPP en el marco de
sus competencias como entidad que sustituyó a CAJANAL efectúe las
acciones de cobro para determinar si hubo o no pago de aportes.

20. Finalmente, enfatizó que COLFONDOS no puede iniciar ese cobro de
aportes, pues no es una deuda en favor de la AFP, sino en favor de CAJANAL,
no siendo aceptable que UGPP niegue su vínculo con CAJANAL porque el
legislador le llamó Unidad Administrativa Especial y no administradora de
pensiones, dado que reemplazó a CAJANAL en todas sus funciones, entre
ellas, las de cobro jurídico.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

21. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera Subsección A, según lo dispuesto en los
artículos 1507 y 1528 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

6 La sentencia del 18 de septiembre de 2025 fue notificada el 3 de octubre de 2025, y el escrito

de impugnación fue radicado mediante correo electrónico ese mismo día, término que se
encuentra oportuno.
7 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
8 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

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Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado9.

2. Objeto de la decisión

22. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 18 de
septiembre de 2025, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

23. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
procedibilidad y precedencia de la acción de cumplimiento y, como
consecuencia, establecer si es viable exigirle a la entidad demandada el
cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

24. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

25. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

9 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones

contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].

26. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

27. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

28. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

29. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10.

30. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.

31. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano12.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
12 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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32. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

33. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

33. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
constancia del correo electrónico del 14 de agosto de 2025 dirigido a la UGPP,
en el que solicitó el cumplimiento del siguiente artículo:

34. Sin embargo, en el expediente no obra prueba de que la UGPP diera
respuesta a la solicitud de la parte actora; por tanto, para la Sala, está
acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

35. Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando
el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no
proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

6. Normas que se pide cumplir

36. La parte actora pretende el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de
2023, que dispone:

LEY 100 DE 1993
(diciembre 23)

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.”

Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras

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de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.

37. En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene a la entidad
accionada iniciar las acciones de cobro contra el departamento del Atlántico13
a fin de que se determine si hubo o no pago de aportes de seguridad a Cajanal
en relación con la señora Isabel Ariza Sarmiento en los periodos comprendidos
entre octubre de 1977 a agosto de 1978 y de mayo de 1987 a agosto de 1995.

38. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la acción de
cumplimiento resulta improcedente cuando el actor dispone de otros
mecanismos judiciales o administrativos idóneos para alcanzar el objeto de su
pretensión.

39. En el caso concreto, el a quo concluyó que la acción era improcedente
porque lo perseguido por Colfondos comportaba la satisfacción de un interés
particular, en contravía de lo antes expuesto. Asimismo, consideró que el
demandante pretendía sustituir los mecanismos judiciales dispuestos para
ventilar la controversia.

40. Sin embargo, la Sala advierte que tal razonamiento resulta equivocado,
por cuanto desconoce que la verdadera pretensión de la AFP no es la
ejecución del cobro mismo, sino que se inste a la UGPP a dar inicio a las
acciones de cobro que la ley presuntamente le impone en virtud del artículo 24
de la Ley 100 de 1993.

41. En este escenario, no existe en el ordenamiento jurídico otro medio idóneo
que permita a la AFP exigir a la UGPP el ejercicio del derecho de acción, en
caso de que ello encaje dentro de sus competencias. Como consecuencia, la
acción de cumplimiento se erige como el único mecanismo previsto por el
ordenamiento jurídico para lograr que la demandada ejecute lo solicitado por
Colfondos, en caso de que esto resulte del deber legal aparentemente
establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

42. Adicionalmente, en las sentencias del 7 de abril y 11 de agosto de 2022 14,
en las cuales esta Sección estudió la pretensión de cumplimiento del mismo
apartado normativo invocado por la demandante en el proceso de la
referencia, se concluyó la procedencia de la acción en atención, entre otras, a
las siguientes consideraciones:

Al respecto, la Sala considera que, en este caso, si bien se señaló la

13 A pesar de que, de forma errada indicó en algunos apartes de la demanda que se trataba

del departamento de Sucre.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del 7 de abril de 2022. M.P. Rocío Araújo

Oñate, rad.17001-23-33-000-2021-00325-01; y sentencia del 11 de agosto de 2022. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, rad. 17001-23-33-000-2022-00091-01.

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improcedencia por subsidiariedad, lo cierto es que en la demanda y como se
precisó en la impugnación, el actor solo pretende la exigibilidad de una
obligación de hacer a cargo de la demandada y que considera que se deriva
de la normativa referida, consistente en adelantar las acciones de cobro
eficaces, para lo cual, no se advierte que el solicitante tenga a su alcance otros
medios judiciales.

43. Asimismo, la disposición es actualmente exigible porque no está derogada
ni suspendida y su cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento de
gasto no presupuestado para la Administración.

44. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales propios que puedan ser invocados vía
acción de tutela, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.

7. Análisis del caso concreto

45. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda
acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento
de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87
constitucional.

46. No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se
caracterizan como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los
que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable”.

47. Al respecto, resulta importante recordar que esta <sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional:
mandatos imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente
providencia precisó su postura de la siguiente manera15:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir
en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces
desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien
estatuyo en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona
solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los
actos administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las
omisiones de las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan

15Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-

41-000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o material,
legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»16.

48. En el caso bajo examen, la AFP Colfondos solicita que se ordene a la
entidad demandada dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 24 de
la Ley 100 de 1994, disposición que establece, en términos categóricos, que
corresponde a las entidades administradoras del sistema pensional desplegar
las actuaciones necesarias para obtener el pago de las cotizaciones
incumplidas por los empleadores.

49. Sobre este punto, resulta claro que la norma referida contiene un mandato
de carácter imperativo, cuyo cumplimiento no se deja a la discrecionalidad de
la Administración, sino que impone una obligación jurídica concreta e
ineludible. Se trata, por consiguiente, de un deber legal expreso dirigido a las
entidades administradoras, que les ordena adelantar las gestiones de cobro
pertinentes para garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección efectiva
de los derechos pensionales de los afiliados.

50. Incluso, sobre esta obligación, la Corte Constitucional, en la sentencia T-
502 de 2020, enfatizó:

Cuando existe un vínculo laboral vigente y el empleador no paga las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones, incumple la obligación
establecida en el artículo 2217 de la Ley 100 de 199318, y la Administradora
de Fondos de Pensiones a la que esté afiliado su trabajador debe, conforme
lo dispone el artículo 2419 de la referida ley, adelantar las acciones de cobro
de los respectivos aportes adeudados.

51. Como consecuencia, el debate que corresponde resolver a la Sala no se
centra en la existencia o no del deber de cobro, el cual surge de manera
indiscutible de la disposición legal, sino en determinar si la UGPP se encuentra
cobijada por la obligación en comento y, por ende, debe adelantar las acciones
de cobro solicitadas en el presente proceso.

52. Al respecto, conviene destacar que la determinación del marco
competencial de la UGPP requiere mencionar el proceso de extinción de

16 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio

del Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–
125.
17 Ley 100, artículo 22: “Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable del pago

de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del
salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el
de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas
sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro
de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. // El empleador responderá por la
totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
18 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
19 Ley 100, artículo 24: “Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de

los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de
las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor
adeudado, prestará mérito ejecutivo”.

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Demandante: Colfondos AFP
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Pasivos Pensionales y Contribuciones Parafiscales
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Cajanal. En efecto, el artículo 1 del Decreto 2196 de 2009 20 ordenó la
supresión y liquidación de dicha entidad, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 155 de la Ley 1151 de 200721.

53. Seguidamente en su artículo 3°, inciso 2°, se estableció que Cajanal
continuaría de manera transitoria con la administración de la nómina de
pensionados hasta tanto tales funciones fueran asumidas por la UGPP:

[…] Igualmente Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración
de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.

54. De la norma en cita, podría concluirse, como lo sostiene la demandante,
que aun cuando la naturaleza de la UGPP no corresponda en estricto sentido
al de una administradora del sistema pensional en los términos del artículo 24
de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, como consecuencia de la transición
institucional, adquirió competencias propias de administración y, en esa
medida, se encuentra llamada a desplegar las funciones de gestión y cobro
que resulten necesarias frente a los recursos que los empleadores adeudaran
a la extinta Cajanal.

55. Sin embargo, se advierte que la señora Ariza Sarmiento inicialmente se
encontraban afiliada al régimen de prima media administrado por Cajanal y,
posteriormente, fue trasladada al régimen de ahorro individual con solidaridad
(RAIS), administrado por la AFP Colfondos, en virtud de los procesos de
selección y traslado previstos en las normas del Sistema General de
Pensiones.

56. En particular, con relación a los efectos jurídicos de dicho traslado, el
artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1833 de 201622 dispone que:

ARTÍCULO 2.2.2.3.2. Traslado de recursos. Por razón de la selección,
procede el traslado de los recursos a la administradora de pensiones

20Artículo 1°. Supresión y liquidación. Suprímase la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, EICE, creada por la Ley 6ª de 1945 y transformada en empresa industrial y comercial
del Estado, descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de
1998, vinculada al Ministerio de la Protección Social. Para todos los efectos utilizará la
denominación “Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación”.
En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, dicha entidad entrará en proceso
de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años, que podrá
ser prorrogado por el Gobierno Nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado.
21Artículo 155. De la Institucionalidad de la Seguridad Social y la Administración del Régimen

de Prima Media con Prestación Definida.
[…]
Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho
propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros
Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá
delegar el reconocimiento de las pensiones.
22 “Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”.

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Demandante: Colfondos AFP
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de
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seleccionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.2.3.3. del
presente Decreto.

57. La disposición transcrita deja en claro que el traslado no se limita a la
administración de nuevas cotizaciones futuras, sino que comprende la
transferencia integral de los recursos pensionales asociados al afiliado y, por
tanto, la subrogación en los derechos y deberes propios de la entidad
administradora anterior. De esta manera, una vez culminado el proceso de
traslado, la nueva administradora, en este caso, AFP Colfondos, asume la
totalidad de las obligaciones inherentes a la gestión de la cuenta individual del
afiliado, incluyendo las acciones tendientes a garantizar la integridad de los
aportes que deben obrar en dicha cuenta.

58. A su vez, el artículo 17 del Decreto 656 de 199423 establece que:

Artículo 17º.- Las sociedades administradoras deberán obtener y mantener
actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que
estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada
uno de ellos cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez.

59.Tal disposición implica que corresponde a las administradoras, como
responsables directas de la gestión de las cuentas individuales, identificar,
recopilar y verificar toda la información relevante sobre los aportes efectuados,
o no efectuados, durante la vida laboral del afiliado, incluso cuando dichos
aportes se relacionen con periodos en los que la afiliación se encontraba bajo
la administración de una entidad distinta.

60. Por consiguiente, es la AFP Colfondos quien debe obtener la información
necesaria relacionada con los aportes pensionales de la señora Ariza
Sarmiento, inclusive aquella concerniente a los pagos que, en su momento,
debieron efectuarse ante Cajanal.

61. En ese orden, de la interpretación conjunta de las normas mencionadas se
desprende que es la actual administradora del régimen la entidad llamada a
dilucidar la información sobre los aportes presuntamente dejados de efectuar
por el departamento del Atlántico y, de ser el caso, adelantar las acciones de
cobro pertinentes conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

62. Como consecuencia, no puede trasladarse a la UGPP el deber legal que
la normativa atribuye expresamente a las administradoras del régimen, pues
ello implicaría desbordar el ámbito de sus competencias y desconocer la
estructura del sistema pensional.

63. Por las razones expuestas, la Sala concluye que la obligación de adelantar
las acciones de cobro frente a los empleadores morosos corresponde
exclusivamente a la AFP Colfondos, como actual administradora de las

23 Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren

fondos de pensiones.

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cuentas individuales de la señora Ariza Sarmiento, y no a la UGPP24. Por
consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, que declaró la improcedencia de la acción de la referencia y, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: en firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

24 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-01280-01 (acumulado
con 25000-23-41-000-2025-01312-00), C.P. Gloria María Gómez Montoya.

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