Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00091-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de agosto de 2022
Demandante: Eduardo Díaz Cardona
Demandado: Colpensiones
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00091-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00091-01
Demandante: EDUARDO DÍAZ CARDONA
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Tema: Revoca sentencia que declaró improcedencia para negar la
pretensión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionante contra la
sentencia dictada el 10 de junio de 2022, por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas que declaró improcedente el medio de control
de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
El señor Eduardo Díaz Cardona, por medio de apoderado judicial, demandó a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para obtener el
cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 1, con la finalidad de que la
entidad adelante las acciones de cobro contra la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá (ETB) respecto de los aportes a pensión que como empleador debió
realizar en cuanto al demandante.
1.2. Hechos
En la demanda se indicaron los siguientes supuestos fácticos que se resumen de
la siguiente manera:
1.1.2. El accionante indicó que, en el mes de junio de 2019, solicitó a la
demandada la corrección de su historia laboral en la medida que, en su criterio, en
los datos allí reportados figuran inconsistencias en torno a las semanas aportadas
al sistema, respecto de tiempos laborados ante la ETB, sobre los periodos: i)
1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
1
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Demandante: Eduardo Díaz Cardona
Demandado: Colpensiones
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septiembre y diciembre de 1999, ii) abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre
del 2000; iii) enero 2001, iv) enero a diciembre de 2002; y v) enero a febrero de
2003, los cuales fueron reportados con menos de 30 días.
1.1.3. El 29 de julio de 2019, Colpensiones indicó al actor que la anterior situación
podía deberse a: i) incumplimiento del empleador o ii) pago incompleto o sin
intereses de mora.
1.2.4. El 30 septiembre de 2020, el demandante solicitó a la demandada el
cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, para que se efectuara el cobro
a la ETB de los referidos aportes pensionales, petición que fue objeto de
respuesta el 27 de octubre de 2020, en el sentido de indicarle que había realizado
requerimiento de pago a la ETB con radicado 2020_7090467.
1.2.5. En diciembre de 2021, el señor Díaz Cardona pidió a la accionada la
reliquidación de su pensión en el sentido de incluir los periodos mencionados, la
cual fue negada en Resolución SUB 52938 de 23 de febrero de 2022.
1.3. Pretensión
En la demanda se formuló la siguiente:
“[…] 1-. QUE SE ORDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES (COLPENSIONES), seccional Manizales, dé aplicación y cumplimiento
al artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.
En el citado escrito se precisó “[…] lo que se pretende aquí es el cumplimiento del
ejercicio de la acción de cobro por parte de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES (COLPENSIONES) circunstancia que se permite de cara a esta
normatividad […]”.
1.4. Trámite de la solicitud en primera instancia
El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Caldas que, por medio de auto de 18 de mayo de 2022, admitió
la demanda, decisión que se notificó a Colpensiones, el Ministerio Público y la
Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
1.5. Informe
Colpensiones se opuso a la demanda. En primer lugar, señaló que el señor Díaz
Cardona cuenta con otros medios ordinarios para satisfacer sus intereses, indicó
que lo realmente pretendido es la reliquidación de la pensión de vejez que le fue
reconocida, para lo cual podía controvertir la legalidad de la Resolución SUB
52938 de 23 de febrero de 2022, e incluso, acudir a la jurisdicción ordinaria laboral
contra el empleador para exigir el pago de los periodos que reclama.
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Igualmente, sostuvo que el asunto deviene en improcedente por cuanto implica
gastos, debido a que, ya sean empleadores privados o públicos, en caso de
determinarse posibles omisiones, deben realizarse pagos.
Finalmente, aludió que no existe obligación que deba acatar porque la norma cuyo
obedecimiento se pidió señala en forma expresa que las acciones de cobro, con
motivo del incumplimiento de las cargas del empleador, serán efectuadas de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional y que, a la
fecha, no ha sido proferida.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de 10 de junio
de 2022, declaró improcedente la acción.
Indicó que el medio de control no tiene dentro de su objeto determinar “derechos
inciertos de carácter particular”, como lo ha señalado esta Corporación 2, por
cuanto aquel es el obedecimiento de una obligación expresa en cabeza de la
autoridad demandada, lo cual tampoco se evidenciaba del artículo 24 de la Ley
100 de 1993, porque:
i) No existe regulación, por parte del Gobierno Nacional, a través de la cual se
haya establecido el procedimiento para promover las acciones de cobro a que
refiere la citada norma.
ii) En el caso concreto, no había certeza sobre la obligación objeto de cobro, en
cuanto a si es causa en la mora del empleador o si se trata de días no laborados
en su momento por el accionante3.
Seguidamente, sostuvo que el actor cuenta con otros medios en sede
administrativa y judicial para discutir el pago de los aportes pensionales y
reliquidación pensional que refirió en la demanda, toda vez que es un tema
imprescriptible y puede reclamarlos en cualquier momento4.
El Tribunal concluyó: “[…] la normativa invocada como incumplida no impone una
obligación imperativa e inobjetable ante Colpensiones susceptible de ser
2
Al respecto, se citó “(…) Sección Quinta, 19 de octubre de 2006, Consejera ponente: María
Nohemí Hernández Pinzón, Exp. 2006- 00360-01”.
3
Sobre este aspecto, el a quo expresó que “Precisamente por la incertidumbre sobre los aspectos
de la relación laboral y prestacional entre el demandante, su empleador y la administradora de
pensiones aquí accionada, es que la acción de cumplimiento no puede ser ejercida para perseguir -
como se pretende- `derechos inciertos de carácter particular`”.
4
Al respecto citó “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia de 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001 -23-33-000-2013-
00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16” y el artículo 164 del CPACA.
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reclamada a través del medio de control de cumplimiento, pues dichas
disposiciones legales se encuentran supeditadas a una normativa de
reglamentación específica que a la fecha no ha sido expedida; aunado al hecho de
que el demandante cuenta con otros instrumentos administrativos y judiciales que
le permitirían entablar las discusiones de índole particular.”
Finalmente, con fundamento en los artículos 21 de la Ley 393 de 1997, 188 del
CPACA 365 del CGP, condenó en costas al demandante, en cuantía de 1
SMMLV.
1.7. Impugnación
El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para,
en su lugar, acceder a las pretensiones.
Manifestó que, de acuerdo con la demanda, lo pretendido fue única y
exclusivamente que Colpensiones “adelantara las gestiones de cobro que le
corresponden”.
Sostuvo que no comparte la decisión de primera instancia porque, contrario a lo
señalado por Tribunal: i) la norma que se pide acatar es diáfana en señalar “dichas
facultades de cobro a las entidades del sistema pensional” y ii) la ausencia de
reglamentación no puede ser un obstáculo para el cumplimiento material de la ley.
Aludió que según la Sección Segunda de esta Corporación 5 “se ha dispuesto en
cabeza de dichas entidades tal obligación de cobro jurídico” y que el propio
Tribunal, en otro proceso similar, sí ordenó a la accionada acatar la disposición
invocada6.
Igualmente, discrepó de la consideración del a quo en cuanto a que no se
encontrara acreditada la deuda de la ETB, porque: i) según el oficio de 29 de julio
de 2019, Colpensiones indica que los problemas en la historia laboral se predican
por conductas del empleador, ii) la historia laboral evidencia que existía una
relación laboral vigente y iii) en la comunicación de 27 de octubre de 2020,
Colpensiones “requirió a ETB frente a las inconsistencias de pagos efectuados, en
donde en ningún momento se discute que ETB no fuese el empleador de mi
poderdante”.
5
Citó “CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de
radicado 25000-23-42-000-2016-02360-01(2505-18).// CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-
2016-00444-01(2404-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.”
6
Aportó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de 10 de febrero de 2022,
radicado 17-001-33-33-001-2021-00325-00
4
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Precisó que no pretende el pago de los aportes, simplemente que la demandada
“ejerza las obligaciones que por ley le corresponden”, en ese sentido, aludió que
no existe otro medio ordinario eficaz para la pretensión que formuló. Además,
porque “no se han hecho planteamientos en punto de reliquidación pensional ni
económicas de ningún tipo, sino la circunstancia relativa a que Colpensiones
cumpla con las obligaciones que ostenta con sus afiliados, situación que puede
derivar o no en una mejoría pensional a mi poderdante, si es que las semanas
recuperadas permiten tal, asunto que no ha discutido mi poderdante en esta
acción”.
Manifestó que si bien en la respuesta al escrito de renuencia, la demandada indicó
algunas actuaciones contra ETB, “es plenamente cuestionable la eficacia de las
mismas, pues a hoy, casi dos años después no se ha logrado un cobro efectivo de
dichos dineros”, en su criterio, el alcance de la disposición invocada “debe implicar
que se ejecute en los términos y plazos regulados por la ley, dado que, de lo
contrario, también se considera el incumplimiento de una norma”.
Finalmente, solicitó que se revocara la condena en costas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver el asunto en segunda instancia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 19977, 125, 150
y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 2011 8, así como en el artículo 13, numeral
7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento. […]”.
7 “Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
8
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
5
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2.2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
10 de junio de 2022 de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas que declaró improcedente la acción de cumplimiento, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia a la
demandada respecto de la norma cuyo obedecimiento se deprecó, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a Colpensiones que adelante
las acciones de cobro a la ETB respecto de los periodos de cotización a pensión
que refirió el actor en la demanda?
¿Hay lugar a condenar en costas en el presente asunto?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad y; (iii) análisis
del caso concreto.
2.3.1. Generalidades9
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
9
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación
20001-23-33-000-2016-00371-01 MP Alberto Yepes Barreiro ; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
6
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deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”10.
Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
i) Que el deber que se pide hacer acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º) 11.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido (Arts. 5º y 6º).
iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).
iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
10
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
11
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
7
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perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).
2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política12.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”13.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado14.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP: Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
13
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Dra. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
8
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establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”15.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos, 16 a menos que estén apropiados; 17 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
Superior18.
2.3.2. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este19 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de
diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”20.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
16
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
17
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18
Sentencia ibídem.
19
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
9
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Igualmente, esta Sección 21 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]22” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
21
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP: Susana Buitrago.
22
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
10
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Demandante: Eduardo Díaz Cardona
Demandado: Colpensiones
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00091-01
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano 23.
Al expediente24, la parte actora acompañó copia de solicitud de 30 de septiembre
de 2020 en la que pidió a Colpensiones el acatamiento del artículo 24 de la Ley
100 de 1993, con el fin de que adelantara las acciones de cobro de los aportes a
pensión a cargo de la ETB, respecto de los periodos: i) septiembre y diciembre de
1999, ii) abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2000; iii) enero 2001,
iv) enero a diciembre de 2002; y v) enero a febrero de 2003, los cuales fueron
reportados con menos de 30 días.
A su turno, la entidad en oficio de 27 de octubre de 2020, le indicó que había
requerido a ETB el cobro a través del radicado 2020_7090467. Por tanto, como se
señaló, pese a que existe una respuesta por parte de la administración, aquella
resulta contraria al querer del ciudadano, razón por la cual el requisito de que trata
el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 se tiene por cumplido.
2.3.3. Análisis del caso concreto
La finalidad del medio de control es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”25. Los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un
mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, “imperativo
e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de
1997.
23
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
24
Índice 2 de SAMAI.
25
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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Así, por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su ejercicio es discrecional,
no se cumplirá el requisito bajo estudio.
En el presente caso, la parte actora pretende que se le ordene a la entidad
accionada el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 26 y se le exija
que promueva las acciones de cobro contra su exempleador.
El Tribunal, entre otros argumentos, declaró la improcedencia al considerar que el
actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para dirimir la controversia
en cuanto al pago de los aportes a pensión que refiere el señor Díaz Cardona.
Al respecto, la Sala considera que, en este caso, si bien se señaló la
improcedencia por subsidiariedad, lo cierto es que en la demanda y como se
precisó en la impugnación, el actor solo pretende la exigibilidad de una obligación
de hacer a cargo de la demandada y que considera que se deriva de la normativa
referida, consistente en adelantar las acciones de cobro eficaces, para lo cual, no
se advierte que el solicitante tenga a su alcance otros medios judiciales.
En efecto, si bien del expediente digital se puede advertir que al señor Díaz
Cardona le fue reconocida pensión de vejez, con posterioridad a la presentación
del escrito de constitución en renuencia, y que también se negó la reliquidación de
dicha prestación en la Resolución SUB 52938 de 23 de febrero de 2022, lo cierto
es que, ni en su demanda, ni en su impugnación, plantea reparos que se dirijan a
controvertir la legalidad de dichos actos administrativos, aunado a que sostuvo
que “no pretende el pago de los aportes”, lo cual también implica que el asunto no
deviene en improcedente por gasto.
Ahora bien, en cuanto al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, esta Sección ya tuvo la
oportunidad de pronunciarse en el proceso que el impugnante refirió, en un asunto
con similares circunstancias a las del presente caso y en la que, en decisión de 7
de abril de 2022, se revocó la orden que emitió el Tribunal Administrativo de
Caldas porque se encontró acreditado el acatamiento de la disposición con
ocasión del requerimiento que realizó la demandada al exempleador allí referido.
En dicha ocasión se precisó que “Del contenido de la disposición que se dice
incumplida, se advierte que se indica que corresponde a las entidades
administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro, ante
el incumplimiento de obligaciones por parte de los empleadores, conforme con la
26
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
(…) ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor
adeudado, prestará mérito ejecutivo.”
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reglamentación que expida el gobierno nacional; adicionalmente que la liquidación
que determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”27.
Como se señaló la norma contiene el verbo rector adelantar las acciones de cobro,
conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Sin embargo,
en este caso no se evidencia el incumplimiento aducido, en la medida que como el
propio actor indicó, en su impugnación, la entidad accionada le informó el 27 de
octubre de 2020 que requirió a la ETB mediante radicado 2020_7090467 a efectos
de cobrar los referidos aportes.
Al respecto, la Sala considera que la pretensión debe negarse porque la obligación
que contiene la norma se encuentra acatada, por cuanto la disposición no prevé
algún límite temporal o elemento adicional distinto al de adelantar el cobro. En
efecto, el hecho de que el requerimiento realizado no conllevara el pago del
empleador u otra actuación adicional por parte de la administración, no implica
concluir la desatención de la norma.
Ahora bien, en cuanto al argumento consistente en que la Sección Segunda de
esta Corporación ha indicado que la referida norma contiene la obligación de
cobrar por parte de la administradora de pensiones, es cierto. Sin embargo, se
reitera que en este caso, así como en el antecedente citado, que Colpensiones
adelantó lo pertinente frente a la ETB, como informó en la respuesta al escrito de
renuencia. Una conclusión en contrario, implicaría que el juez de cumplimiento
establezca requisitos y elementos adicionales que la disposición objeto de análisis
no previó.
La Sala debe indicar que, si bien el impugnante alude a las pruebas documentales
aportadas pues, a su juicio, no hay discusión sobre la obligación del empleador, lo
anterior resulta irrelevante porque, se reitera, Colpensiones cumplió con el deber
que la ley le impuso, pues no se puede concluir que su resultado sea obtener el
pago efectivo. Así las cosas, la decisión de primera instancia será revocada para
negar las pretensiones.
Finalmente, en atención a que la condena en costas que determinó el Tribunal se
sustentó en la improcedencia de la acción y que en esta providencia se negarán las
pretensiones, también aquellas serán revocadas porque los argumentos del
demandante son acertados en cuanto a que la norma contiene un mandato y que el
análisis de su obedecimiento o no debe ser objeto de pronunciamiento de fondo por
parte del juez de cumplimiento. Además, en atención a que no se encuentra
demostrada su causación y comprobación, conforme lo prevén los artículos 188 del
CPACA y el artículo 365 del CGP.
27
Radicado 17-001-33-33-001-2021-00325-01. MP. Rocío Araújo Oñate.
13
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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00091-01
III. FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 10 de junio de 2022 de la Sala Tercera del
Tribunal Administrativo de Caldas que declaró improcedente la acción de
cumplimiento para, en su lugar, negar las pretensiones, así como la condena en
costas, en atención a los argumentos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
14
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