RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2022-00064-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00064-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00064-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2022-00064-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado
Demandado: Municipio de Manizales
Tema: Régimen de retroactividad de cesantías

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia expedida el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, anunciando
desde ya que la referida providencia será confirmada.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La demandante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad de las Resoluciones 059 del 15 de febrero1 y 125 del 24 de marzo
ambas de 20212, por medio de las cuales se negó la aplicación del régimen retroactivo
para la liquidación de sus cesantías.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene al demandado a pagar
el mayor valor que se genere por concepto de las diferencias en la liquidación de su
prestación con la actualización e indexación que correspondan, así como la sanción
moratoria generada por la cancelación extemporánea y se le imponga condena en costas
y agencias en derecho.

3. Argumentó que ha prestado sus servicios como asesora, adscrita a la Secretaría
de Hacienda del municipio de Manizales, desde el 17 de diciembre de 1992 hasta el 28
de diciembre de 2020, pero durante el lapso transcurrido entre el 1.º de enero y el 28 de
diciembre de 2020 se desempeñó en el cargo de secretara de despacho adscrita a la
Secretaría de Hacienda de dicha entidad territorial.

4. Indicó que la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Manizales
expidió la Resolución 059 del 15 de febrero de 2021, por medio de la cual se reconocieron
sus cesantías definitivas, acto contra el cual interpuso recurso de reposición en el que

1
Índice 2 de Samai
2
Índice 2 de Samai

Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado

reclamó la aplicación del régimen de retroactividad, pero la decisión fue confirmada por
medio de la Resolución 125 del 24 de marzo de 2021.

Contestación de la demanda.

5. El municipio de Manizales se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
que como la demandante fue nombrada en una situación administrativa transitoria o
temporal, llámese encargo o comisión en otro empleo del cual es titular, en vigencia del
régimen anualizado de cesantías, quedó sometida a este por el tiempo de la comisión o
del encargo, tal como se desprende de los conceptos emitidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública que transcribe, situación que fue aplicada al
presente asunto. En lo que respecta a la sanción moratoria por el pago extemporáneo de
las cesantías indicó que estas fueron canceladas oportunamente, pero en todo caso
dicha penalidad deriva de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 norma que
aplica únicamente para los servidores vinculados con posterioridad a su entrada en
vigencia, lo que no ocurre con la demandante quien ingresó al servicio en el año 1982.

6. Propuso las excepciones de caducidad de la acción y prescripción del derecho,
legalidad de la actuación administrativa, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo
no debido y la genérica.

Axa Colpatria Seguros S.A. (Llamado en garantía por el Municipio de Manizales)

7. Se opuso a las pretensiones de la parte demandante pues carecen de fundamento
fáctico y jurídico porque el actuar de la entidad estuvo ajustado a derecho, razón por la
cual no se hace evidente una causal de nulidad que invalide los actos acusados

8. Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo demandado,
ausencia de legitimación en la causa por activa frente al llamamiento en garantía, porque
el contrato de seguro No. 1002541, se expidió únicamente para amparar el patrimonio de
los asegurados y no de la entidad llamante; así mismo, propuso la excepción de ausencia
de siniestro, basado en que el seguro contratado tiene por objeto amparar únicamente el
patrimonio de los asegurados. Finalmente, señaló que el deducible corresponde a la
suma que debe ser asumida por el asegurado en caso de presentarse un siniestro.

II. SENTENCIA APELADA.

9. El Tribunal Administrativo de Caldas concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda pues consideró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por
haberse expedido con infracción de las normas en que debían fundarse; aseguró que a
la demandante sí le asistía el derecho a que su auxilio de cesantías fuera liquidado en su
totalidad con aplicación del régimen de retroactividad pues: i) se vinculó al municipio el
17 de enero de 1992, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de
1996; ii) no se comprobó que hubiera manifestado su voluntad para cambiarse al régimen
de liquidación anual y iii) el nombramiento en comisión a partir del 1º de enero de 2020

2

Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado

en el cargo de secretaria de despacho, no modificó su régimen de cesantías por cuanto
no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio.

10. En lo que respecta a la sanción moratoria pretendida señaló que el legislador no
previó dicha penalidad cuando hay un pago tardío de un reajuste de cesantías, sino que
aquella solo se causa por la extemporaneidad en la cancelación del valor inicialmente
reconocido, lo que impide acceder a esa petición. Por otro lado, en lo que respecta a la
responsabilidad que se pretende endilgar al llamado en garantía expuso que la póliza
ampara al municipio de Manizales por «las pérdidas económicas por responsabilidad de
los directores y administradores» pero que la condena a imponer se sustenta en una
reliquidación de cesantías lo que no se considera una pérdida económica por
responsabilidad civil y en ese sentido no ampara el evento de que trata la sentencia.
Finalmente, se negó la condena en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

11. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación3,
en el que aseguró que para liquidar las cesantías definitivas de la accionante en los
términos en que se hizo tuvo como fundamento un concepto emitido por la Secretaría de
Servicios Administrativos en el que se alude a un concepto emanado del Departamento
Administrativo de la Función Pública; por lo tanto, solicita que se le conceda el recurso
de apelación, con el fin de que el superior deniegue las pretensiones y en su lugar declare
ajustada a derecho la actuación de la administración.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

12. Mediante auto proferido el 6 de julio de 20234 y notificado el 28 de julio siguiente5
se admitió el recurso de apelación. Las partes no hicieron pronunciamiento alguno.

13. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto y
solicitó confirmar la sentencia apelada pues aunque es cierto que el municipio basó su
decisión en la postura que ha acogido el departamento Administrativo de la Función
Pública no solo en el concepto tomado en cuenta por el municipio, sino en otros
posteriores, también lo es que la posición unánime de los más recientes precedentes del
Consejo de Estado señala que debe darse aplicación total al régimen de retroactividad
de cesantías, para todos los emolumentos salariales percibidos, lo anterior hasta tanto
persista la vinculación laboral en la entidad.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

3
Índice 2 de Samai
4
Índice 4 de Samai
5
Índices 7 de Samai

3

Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

15. De conformidad con los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar
si el hecho de que el municipio de Manizales hubiera basado la decisión contenida en el
acto administrativo demandado en un concepto emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública impedía declarar la nulidad del acto acusado.

Caso concreto.

16. A efecto de resolver el problema jurídico, la Sala debe señalar que tal como se
observa en la Resolución 059 del 15 de febrero de 2021 la demandada realizó dos
liquidaciones de cesantías, por un lado, respecto del lapso comprendido entre el 1.º de
enero y el 22 de diciembre de 2020, aplicando el sistema anual y, por otro lado, entre el
17 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2019 con el sistema retroactivo.

17. Pues bien, para justificar la liquidación realizada en tales términos desde la
contestación de la demanda la entidad territorial indicó que se sustentó en conceptos
emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública, a saber: i)
20216000199851 del 4 de junio de 2021 y ii) 20206000174461 del 12 de mayo de 2020.
En el primero de ellos se concluyó lo siguiente:

Así mismo, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que por constituir tanto el
encargo como la comisión una situación administrativa de carácter temporal, no resultaría
acertado proceder a liquidar esta prestación social exclusivamente con base en el salario
devengado durante el mismo, por el contrario, lo procedente es que el salario del
encargo se tenga en cuenta por el tiempo que se ha ejercido y el tiempo restante se
deberá liquidar con base en el régimen retroactivo de cesantías que corresponde al
empleo del cual es titular.

Por tanto, la entidad deberá tener en cuenta al momento de liquidar las cesantías definitivas
que en los tiempos en que estuvo desempeñando los encargos y la comisión, se
deberán liquidar conforme al régimen de cesantías anualizadas el cual, con la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, se extendió a los empleados públicos del orden
territorial y consiste en que el empleador el 31 de diciembre de cada año debe liquidar las
cesantías por anualidad o fracción, consignando el valor correspondiente al fondo de
cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo cual cobija a las personas vinculadas
a partir del 31 de diciembre de 1996, en el orden territorial.

Y el tiempo en que estuvo en el cargo del cual es titular se deberá liquidar de
conformidad con el régimen de cesantías retroactivo, es decir de conformidad con
último salario realmente devengado para la fecha en que ejerció el empleo de carrera. [Se
destaca]

4

Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado

18. Lo anterior quiere decir que es cierta la afirmación de la entidad según la cual la
liquidación de cesantías realizada en los actos acusados atendió el lineamiento contenido
en dichos conceptos; no obstante, tal circunstancia no es determinante para revocar la
decisión de primera instancia y en su lugar mantener la legalidad de las resoluciones
enjuiciadas, pues esos conceptos constituyen un criterio orientador y «no [son] de
obligatorio cumplimiento o ejecución» tal como lo prevé el artículo 28 de la Ley 1437 de
2011.

19. Adicionalmente, en la sentencia recurrida se analizó que de acuerdo con el material
probatorio recaudado se pudo establecer que la accionante se vinculó al municipio de
Manizales el 17 de enero de 1992, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 344 de 1996, circunstancia que le permitía acceder al sistema retroactivo para la
liquidación de sus cesantías; así mismo, se consideró que en ningún momento hubo
cambio al régimen anualizado y que el nombramiento en comisión para ejercer un empleo
de libre nombramiento y remoción no modificó su régimen de cesantías, por cuanto hubo
continuidad en la prestación del servicio.

20. Tal interpretación se ajusta al criterio que tiene la Subsección sobre el particular,
en el que se ha pronunciado en los siguientes términos:6

«La postura reiterada de esta Subsección7 ha sido enfática en afirmar que el
reconocimiento de las cesantías bajo el régimen retroactivo procede para el servicio
ininterrumpido, e, incluso, cuando se producen las suspensiones o interrupciones en la
labor, autorizadas por la ley, siempre y cuando no ocurra la terminación del vínculo
laboral». [Se resalta]

21. En consecuencia, resulta evidente que la demandante está amparada por el
régimen de liquidación retroactiva de cesantías y la liquidación de dicha prestación debió
hacerse por todo el tiempo de servicio con dicho régimen, toda vez que sostuvo una
relación laboral continua y el nombramiento en comisión de que fue objeto no modifica la
naturaleza de su relación laboral ni modifica el sistema para liquidar las cesantías. Con
fundamento en lo anterior, no prosperan los argumentos de reproche propuestos en el
recurso de apelación.

Condena en costas.

22. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código

6 Sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicación: 85001 23 33 000 2020 00030 01, número interno:

1916-2023, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Igual postura fue adoptada en sentencia del 21 de marzo de
2024, radicación: 41001 23 33 000 2012 00013 02, número interno: 2202-2022, M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

7 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19

de agosto de 2010, radicación: 20001-23-31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto
de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas.»

5

Radicación: 17001 23 33 000 2022 00064 01 (0967-2023)
Demandante: Ana María Jaramillo Hurtado

General del Proceso)8 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

23. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento legal por lo que resulta improcedente la condena en costas
en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala, en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.