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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00013-02

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00013-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2012-00013-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)
Demandante: Carmen Peña de Luna y otros
Demandada: E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Huila

Tema: Régimen de cesantías con retroactividad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Las señoras Carmen Peña de Luna, Amanda Lucero Ordóñez Cruz, Angélica
Córdoba de Ramírez, Aydee Leyton de Cabrera, Clara Helena Barrera Molina, Etna
Judith Pérez, Leonor Blanco Vargas, Luz Marina Rivas Claros, María Adela Clavijo
Hortúa, María del Carmen Peña, María Emilia Puentes Artunduaga, Maricela Ortiz
Murcia, Nohemy Figueroa, Piedad Pertuz Molina, Socorro Zambrano Moreno, Ruth
Dalila Parra y Rosalba Carvajal Medina instauraron demanda contra del Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito Huila, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio DE-G-203 del 2 de abril de 2012 mediante el
cual se negó la liquidación de las cesantías con el régimen retroactivo. A título de
restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar la prestación con
aplicación del régimen de retroactividad, indexar las sumas adeudadas tomando

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

como base la variación del IPC desde la fecha en que se hizo exigible hasta que se
haga efectivo el pago, y reconocer los intereses moratorios a partir de la ejecutoria
de la sentencia.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que los demandantes prestaron sus servicios en la ESE Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito, así:

• Clara Helena Barrera nombrada mediante Resolución 475 del 9 de diciembre de
1982 y acta de posesión del 7 de febrero de 1983, con efectos legales a partir del
10 de diciembre de 1982.

• Maricela Ortiz Murcia nombrada mediante Resolución número 538 del 30 de
diciembre de 1982 y acta de posesión de fecha 7 de febrero de 1983, con efectos
legales a partir del día 1° de enero de 1983.

• Leonor Blanco Vargas nombrada mediante Resolución número 709 del 29 de
septiembre de 1989 y acta de posesión de fecha 02 de octubre de 1989, con efectos
legales a partir del día 1° de octubre de 1989.

• María del Carmen Peña nombrada mediante Resolución número 248 del 23 de
agosto de 1977 y acta de posesión de fecha 21 de septiembre de 1977, con efectos
legales a partir del día 1° de agosto de 1977.

• Piedad Pertuz Molina nombrada mediante Resolución número 093 del 22 de
febrero de 1989 y acta de posesión de fecha 22 de febrero de 1989, con efectos
legales a partir del día 22 de febrero de 1989.

• María Emilia Puentes Artunduaga nombrada mediante Resolución número 030 del
5 de febrero de 1977 y acta de posesión de fecha del 26 de marzo de 1977, con
efectos legales a partir del 1° de febrero de 1977.

• Socorro Zambrano Moreno nombrada mediante Resolución número 206 del 8 de
agosto de 1977 y acta de posesión de fecha 03 de septiembre de 1977, con efectos
legales a partir del día 1° de agosto de 1977.

• Angélica Córdoba de Ramírez nombrada mediante Resolución número 194 del 03
de junio de 1982 y acta de posesión de fecha 03 de junio de 1982, con efectos
legales a partir del día 1° de junio de 1982.

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

• Luz Marina Rivas Claros nombrada mediante Resolución número 778 del 14 de
agosto de 1985 y acta de posesión de fecha 28 de agosto de 1985, con efectos
legales a partir del día 14 de agosto de 1985.

• María Adela Clavijo Hortúa nombrada mediante Resolución 148 del 19 de agosto
de 1975 y acta de posesión de fecha 8 de septiembre de 1975, con efectos legales
a partir del día 1° de agosto de 1975.

• Rosalba Carvajal Medina nombrada mediante Resolución 411 del 29 de junio de
1984 y acta de posesión de fecha 3 de agosto de 1984, con efectos legales a partir
1° de julio de 1984.

• Amanda Lucero Ordóñez nombrada mediante Resolución 1271 del 23 de
noviembre de 1992 y acta de posesión de la misma fecha, con efectos legales a
partir del 23 de noviembre de 1992.

• Ruth Dalila Parra nombrada mediante Resolución 1107 del 1° de diciembre de
1987 y acta de posesión del 15 de diciembre de 1987, con efectos legales a partir
del 1° de diciembre de 1987.

• Aydee Leyton de Cabrera nombrada mediante Resolución 042 del 6 de abril de
1975 y acta de posesión del 21 de abril de 1975, con efectos legales a partir del 14
de julio de 1973.

• Carmen Peña de Luna nombrada mediante Resolución 790 del 31 de octubre de
1986 y acta de posesión del 15 de diciembre de 1986, c on efectos legales a partir
del día 1° de noviembre de 1986.

• Nohemí Figueroa nombrada mediante Resolución 168 del 31 de mayo de 1976 y
acta de posesión del 5 de junio de 1976, con efectos legales a partir del 1° de mayo
de 1976.

• Etna Judith Pérez nombrada mediante Resolución 1738 del 30 de noviembre de
1993 y acta de posesión del 1° de diciembre de 1993, con efectos legales a partir
de esta misma fecha.

Que el régimen aplicable es el de retroactividad, por cuanto la legislación que
regulaba la liquidación de las cesantías al momento de las fechas de vinculación
eran las Leyes 6ª de 1945, 65 de 1946, Decretos 2755 de 1966 y 1160 de 1947. Sin
embargo, el demandado ha efectuado los aportes al Fondo Nacional del Ahorro.

Que aun cuando la Ley 432 de 1998 permitió que el personal vinculado al sector
territorial se afiliara al Fondo Nacional del Ahorro de la misma forma que los del nivel

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

nacional, ellos no han suscrito formulario ni han manifestado acogerse al sistema
de liquidación anualizado regulado en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en
concordancia con el artículo 5 de la Ley 432 de 1998 y la Ley 50 de 1990.

Que el 9 de marzo de 2012 solicitaron a la ESE Hospital Departamental San Antonio
de Pitalito la reliquidación de las cesantías retroactivas y que mediante Oficio DE-
G-203 del 2 de abril de 2012 la gerente de la entidad resolvió de forma negativa, al
señalar que desde el momento de la vinculación se les aplicó el régimen de
liquidación anual conforme a lo dispuesto en el Decreto 3118 de 1968 sin que
hubieran expresado inconformidad.

Que para la fecha de presentación del medio de control las demandantes tienen
derecho al reconocimiento de las cesantías parciales bajo el régimen de
retroactividad, con excepción de la señora Carmen Peña de Luna y Etna Judith
Pérez a quienes se les debe liquidar la prestación definitiva.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 4 de abril de 2016 y notificada al
demandado, quien guardó silencio.

Se celebró audiencia inicial el 2 de mayo de 2017, en la cual se fijó el litigio y luego
de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran
de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 3 de agosto de 2021
negó las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta lo considerado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 14 de agosto de 2020 1. Concluyó que las
demandantes no tienen derecho a la reliquidación de las cesantías con aplicación
del régimen de retroactividad porque con el Decreto 3118 de 1968 los servidores
públicos nacionales estaban obligados a afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro y a
los empleados territoriales de la salud se les aplicaba el mismo régimen por
mandato del artículo 30 de la Ley 10 de 1993.
Que, aunque no hay prueba de la solicitud de cambio de régimen del retroactivo al
anualizado, así como de la autorización de retiros parciales de la prestación, el
hecho de permanecer afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro durante muchos años
sin presentar oposición permite concluir que optaron por el sistema anual. Se

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente:

44001-23-33-000-2014-00029-01 (1557-2016). Demandante: Cristóbal Bautista y otros.

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

abstuvo de condenar en costas por encontrar el ejercicio del derecho bajo una
interpretación normativa razonable.

RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes apelaron la decisión indicando que aun cuando la sentencia
tiene como fundamento jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, ésta desconoce diferentes pronunciamientos de la jurisdicción
contenciosa 2 sobre el particular.

Que de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, las normas
laborales contienen derechos mínimos que son irrenunciables frente a los cuales,
en caso de duda, el juez debe optar por la interpretación que resulte más favorable
para el trabajador. Estimó que debía aplicarse el Decreto 3118 de 1968 disposición
vigente al momento de la vinculación de las apelantes, y apartarse del artículo 30
de la Ley 10 de 1990 por cuanto dicha prerrogativa únicamente cobijaba a los
empleados vinculados con posterioridad a la promulgación de esta.

Citaron diferentes sentencias proferidas por esta Corporación, con el propósito de
exponer la responsabilidad del Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del sector
salud frente al pago de la retroactividad de cesantías de los empleados beneficiarios
de este régimen.

Que resulta inaplicable el sistema de liquidación anual previsto en el Decreto 3118
de 1968 y la Ley 344 de 1995, dado que en ningún momento manifestaron su
voluntad de cambiarse de régimen. Por favorabilidad, tampoco es de recibo la
interpretación que conlleva a la pérdida del derecho bajo el argumento de haber
estado afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 24 de mayo de 2022, se admitió el recurso de apelación sin
pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema jurídico se resume en determinar si las demandantes tienen derecho a
la reliquidación de sus cesantías conforme al régimen de retroactividad.

2 Expedientes: Sentencia 13 de febrero de 2014. Expediente: 13001-23-31-0002-007-00160-01 (0705-2012),

Sentencia del 22 de marzo de 2018 (2014-00210), Sentencia del 3 de agosto de 2006 (44001-23-31-000-2000-
00711-01) (5329-2002).

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

Del Régimen de Cesantías con Retroactividad / Servidores públicos que
integran los Servicios Seccionales de Salud

La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal
a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías
se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.

El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos
que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar
oportunamente el auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales»3, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 4. Con tales
finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo. Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la citada norma empezó el llamado
«desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la
liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las
entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo
laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure
a favor de cada empleado.

Por su parte, el Decreto 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesantías 5, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese
auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor

3 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
4 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
5 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.

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adquisitivo6. Además, en los artículos 6.º y 7.º, se fijó un monto por concepto de
intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de
cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de
liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar,
en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente
Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no
sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
(negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o
en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

6 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los
pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la
Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y
siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores 7.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos8 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:

Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad,
que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá
de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a
este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el
cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se
resalta).

7 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley

65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
8 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

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Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les sigue garantizando éste, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2.º del Decreto 1252 de 2000 9 y 3.º del Decreto 1919 de 2002 10.

Las cesantías de los servidores públicos que integran los Servicios
Seccionales de Salud se liquidan con aplicación del régimen retroactivo previsto
en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946. Pues son empleados del orden territorial ya
que «los Servicios Seccionales de Salud son dependencias administrativas de los
Departamentos y sus servidores son empleados departamentales», según lo
expuesto por esta Corporación. 11 Dicho régimen cambió con la Ley 10 de 1990 12,
pues a partir de la entrada en vigencia de esta norma, se les aplica el mismo sistema
de los servidores del orden nacional, es decir, el anualizado. Situación ratificada con
la expedición de las Leyes 60 y 100 de 1993.

La Ley 60 de 1993 13 creó el Fondo Prestacional del Sector Salud con el fin de
garantizar el pago de las deudas prestacionales por concepto de cesantías,
reservas para pensiones y pensiones de jubilación en favor de los servidores
pertenecientes a las entidades de salud. En su artículo 33, parágrafo 2, dispuso:

«[…] El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y Municipales
podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el
pasivo prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del
pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados
de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al Instituto de los Seguros Sociales
o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los casos se entenderá
que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier
retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de
prestación de servicios de salud que corresponda […]». (se resalta)

Por su parte, el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 señaló que el Fondo debía
asumir el costo adicional generado por concepto de la retroactividad de las
cesantías del sector salud, así:

9 «Artículo 2.- Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías

retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o
entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
10 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de

cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252
de 2000.»
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente C-231. Sentencia de 4 de mayo

de 1993.
12 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
13 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

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«[…] El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de
1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de
jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.

El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector
salud que a la vigencia de esta ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de
la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en ésta, será asumido por el fondo del
pasivo prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de
concurrencia que establece la misma ley.

A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos
aplicable.
[…]

PARÁGRAFO: Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndase
por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las pagadas a 31 de
diciembre de 1993 […]».

Con la extinción del referido Fondo, el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 previó que,
a partir de su vigencia, la responsabilidad prestacional recaería en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Norma reglamentada por el Decreto 306 de 2004 que
en su artículo 3º reguló:

«Artículo 3°. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional que a la
entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido reconocido por el
entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador del extinto Fondo del
Pasivo Prestacional del Sector Salud, será reconocido por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público mediante acto administrativo.

Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron suscritos
por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de 2001 y para la
suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
podrá:

a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en cuenta
únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;

b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el entonces
Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos prestacionales estén
ajustados a las normas legales y convencionales que regían a la fecha del cálculo
del pasivo para cada una de estas instituciones;

c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto del
pasivo, de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos y los
mecanismos para el pago de las obligaciones;

e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los modificatorios
de los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las revisiones efectuadas. En
los convenios o sus modificatorios deberán incluirse los mecanismos de actualización
de los montos de la concurrencia a la fecha de pago de las mismas.

Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer, suscribir
contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en actos
separados. Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se incluyan
parcialmente beneficiarios ya reconocidos.»

El Decreto 0700 de 2013 14 determinó que el pago de dichas prestaciones radica en
cabeza de la Nación y las entidades territoriales, obligación de la que se excluyó a
las instituciones de salud, a raíz de la decisión proferida por el Consejo de Estado
el 21 de octubre de 2010. 15

Respecto al pago de las cesantías del personal que no haga parte del pasivo, éste
se hará con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud
y deben ser giradas directamente por la Nación a los Fondos de pensiones y
cesantías. Así lo señaló el artículo 58 de la Ley 715 de 2001.

«Artículo 58. De los aportes patronales. Las sumas correspondientes a los recursos
que las entidades territoriales y sus entes descentralizados, deben destinar como
aportes patronales de los empleados del sector salud, que se venían financiando
con los recursos del situado fiscal, deberán ser pagadas con cargo a los recursos
del Sistema General de Participaciones de salud y deben ser giradas directamente
por la Nación a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos
Profesionales y a las Entidades Promotoras de Salud a las cuales se encuentren
afiliados los trabajadores.».

Caso concreto

Se encuentra establecido que las demandantes prestaron sus servicios para el
Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, entre los años 1975 y 1989, en los
periodos que se mencionaron en los hechos y en las diferentes certificaciones.

Con el extracto histórico de las cesantías y las certificaciones expedidas por el
gerente, está demostrado que la entidad ha consignado la prestación año por año
en el Fondo Nacional del Ahorro a partir de la vinculación de cada una de las
demandantes conforme a lo dispuesto el Decreto 3118 de 1968.

14 «Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001.».
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicado: 11001-03-25-000-

2005-00125-00 (5242-2005) Demandante: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

También con las respuestas a los derechos de petición de cada una de las actoras,
quedó establecido que la entidad no contó con autorización expresa para que se
consignaran las cesantías en el fondo y por tanto cambiar del régimen de
retroactividad al de cesantías anualizadas.

Se trata entonces de determinar, si esa falta de autorización expresa, es razón
suficiente para considerar que el régimen es el de retroactividad de las cesantías.

En un asunto similar se pronunció esta Corporación en sentencia del 5 de abril de
201716, precisando que, si bien el régimen aplicable era el retroactivo, el hecho de
no manifestarse frente a la administración de la prestación cuando la misma se ha
regido por el sistema anualizado implica aceptación. Así se expresó en esa ocasión:

«[…] Si bien es cierto que la demandante se vinculó al Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 (3 de abril de 1981), que prohibió pactar retroactividad en el régimen
de cesantías de los empleados del sector salud, también lo es que aquellos desde
su vinculación estuvieron afiliados al sistema de liquidación y manejo de cesantías
desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que prevé las normas sobre el auxilio de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales, es decir, un sistema
de liquidación anual de dicha prestación.

[…]

No obstante, se reitera que, desde el momento en que aquella ingresó a la planta
de personal del mentado ente, sus cesantías fueron liquidadas bajo el régimen
anualizado. De hecho, muestra de su conocimiento al respecto, es precisamente
que hubiere efectuado retiros parciales de su prestación en distintas anualidades,
por lo cual es evidente que no pasaba por alto su situación y la forma en que se
calculaba el derecho que aquí reclama.

Tanto así, que en el plenario no se advierte ninguna reclamación presentada por la
libelista ante la administración, con el fin de controvertir la modalidad aplicada para
la liquidación de sus cesantías, pues en el sub iudice sólo se observa una petición
presentada el 23 de octubre de 2014 con dicho propósito, cuya calenda obedece a
una posterior a la de su retiro definitivo del servicio (31 de diciembre de 2013), esto
es, cuando ya había realizado los correspondientes retiros parciales de la
prestación, y se había ejecutado la liquidación final de la misma.

De otra parte, en el escrito de alzada la libelista afirmó que en ningún momento
manifestó su voluntad o intención de renunciar al régimen retroactivo y trasladarse
al Fondo Nacional del Ahorro, situación que se puede corroborar con la certificación
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5

de abril de 2017 Expediente: 41-001-23-33-000-2013-00135-01(4402-2014), demandante: Beatriz Beltrán
Barragán.

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

expedida por la directora encargada del Instituto Departamental de Salud de Norte
de Santander, según el numeral 5 de la anterior relación probatoria.

Empero, esta Sala considera que estimar adecuada la mentada afirmación como lo
insta la apelante, sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse que le
asiste el derecho de la reliquidación deprecada, y por tanto, conllevaría a desvirtuar
la presunción de legalidad del acto administrativo que liquidó sus cesantías
definitivas y de aquellos que lo hicieron de manera parcial, bajo el supuesto
entendido que el ejercicio aritmético se realizó en atención de un régimen distinto
al verdaderamente aplicable.

Lo cual, en todo caso, carece de fundamento jurídico y probatorio, si se tiene en
cuenta que en la referida constancia emitida por la entidad demandada, se advirtió
que «el régimen aplicado para los funcionarios del Servicio Seccional Salud, hoy
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, es el establecido por el
Decreto 3118 de 1968, por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro». Como
además muestra de lo propio, se insiste, es que a la interesada se le hubieren
abonado con anterioridad ciertos rubros correspondientes a sus cesantías parciales
según lo hubiere requerido con el régimen anualizado y no lo objetó.

Ello finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para acceder
a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación de sus cesantías bajo
el régimen retroactivo.17 […]».

En atención a lo expuesto, encuentra la Sala que a las demandantes no les asiste
el derecho a la reliquidación de las cesantías conforme al régimen retroactivo de la
Ley 6ª de 1945, toda vez que, si bien se vincularon al Hospital con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que prohibió pactar retroactividad en el
régimen de cesantías de los empleados del sector salud, aquellas estuvieron
afiliadas al sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado en el
Decreto 3118 de 1968 que regula un sistema de liquidación anual.

Es claro, conforme al precedente citado que el hecho de no haber manifestado de
forma expresa la voluntad de pertenecer a ese sistema, no hace que se les deba
aplicar dicho régimen, por cuanto como se indicó, ellas fueron notificadas sobre las
liquidaciones que efectuó el Hospital, citadas previamente, y no presentaron
objeción alguna sobre tal administración. Lo que permite inferir que se acogieron a
las reglas y disposiciones que regulan el mencionado régimen.

Contrario a lo afirmado por los recurrentes, no se advierte la vulneración al principio
de favorabilidad, dado que en el caso bajo estudio pasa inadvertido el conflicto de

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, Expediente: 54001-

23-33-000-2016-00164-01 (0557-2019). Demandante: Elda Libia Gómez Colmenares.

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

dos normas vigentes o una sola que admita varias interpretaciones. 18 Se trata de la
inconformidad frente a la postura del órgano de cierre de la jurisdicción
administrativa en aquellos asuntos cuya reclamación está orientada a obtener la
reliquidación de cesantías bajo el régimen de retroactividad. La cual según lo
analizado resulta plenamente aplicable.

La Sala estima que la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho, lo que implica que el fallo objeto de la alzada será
confirmado.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18 Corte Constitucional en la sentencia SU-023 de 2018. […] la favorabilidad en materia laboral opera cuando

existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas de idéntica fuente y,
adicionalmente, cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones […].

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00013-02 (2202-2022)

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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