RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2022-00088-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00088-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00088-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Demandante: Armando Portocarrero Peña Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Radicación No.: 17001233300020220008801 TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2022-00088-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de septiembre de 2022

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 17001233300020220008801
Accionante: ARMANDO PORTOCARRERO PEÑA
Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC

Temas: Confirma – criterios para la reclusión de una persona
privada de la libertad en establecimiento o pabellón de
reclusión de alta seguridad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por el señor Armando Portocarrero
Peña contra la sentencia de 20 de mayo de 2022, por la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, declaró la improcedencia del medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Armando Portocarrero Peña, en ejercicio de la acción de
cumplimiento, reclamó del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
el acatamiento del artículo 2.2.1.13.3.1 del Decreto 40 de 20171 y, en
consecuencia, se traslade a los reclusos que no cumplan con los criterios que
determinan el riesgo especial de seguridad de las cárceles de alta seguridad en
Colombia y al accionante a la «Cárcel de Buga Valle» y a la «Cárcel de Palmira
Valle» hasta salir «en prisión domiciliaria».

2. Hechos

2. Para el demandante, la norma que dice desatendida impone al INPEC la
obligación de trasladar a las personas privadas de la libertad que no comportan

1 «Por el cual se adiciona un nuevo Capítulo (sic) al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto

1 069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se reglamentan
los Centros Especiales de Reclusión a que se refieren los artículos 23 A, 24 y 25 de la Ley 65 de
1993 modificados por los artículos (sic) 15, 16 Y17 de la Ley 1709 de 2014.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

riesgo especial de seguridad, de acuerdo con los criterios del artículo 2.2.1.13.3.1
del Decreto, de las cárceles de alta seguridad, y la reubicación de aquel a una de
las cárceles de Buga y Palmira Valle, por no encontrarse dentro de las pautas
mencionadas para estar recluido en establecimientos y pabellones de alta
seguridad. Lo que, a su juicio, pone en riesgo la vida de las personas.

3. El 1º de noviembre de 2018 el accionante fue trasladado de la Cárcel y
Penitenciaria con Mediana Seguridad de Tuluá, Valle a la Cárcel y Penitenciaria
con Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas.

4. Sostuvo que el instituto demandado no ha dado cumplimiento al artículo
2.2.1.13.3.1 del Decreto 40 de 2017 pues la norma establece que
«Establecimientos y Pabellones de reclusión de alta seguridad. (…) Son para
recluir presos, QUE REPRESENTEN, O CONTRA QUIENES SE PRESENTE,
UN RIESGO ESPECIAL DE SEGURIDAD» y el accionante no cumple con los
requisitos previstos en ella.

5. Que en diciembre de 2020 presentó derecho de petición al demandado
solicitando la aplicación del Decreto 40 de 2017 y adicionalmente, pidió se
informara:

a) CUAL ES EL RIESGO ESPECIAL DE SEGURIDAD QUE PRESENTA
ARMANDO PORTOCARRERO PEÑA.
b) CUAL ES EL RIESGO ESPECIAL DE SEGURIDAD QUE SE PRESENTA
CONTRA ARMANDO PORTOCARRERO PEÑA, para haber sido trasladado a
una Carcel de alta Seguridad. (sic).

6. Que, ante la falta de respuesta de la entidad, el 23 de agosto de 2021, interpuso
acción de tutela solicitando el amparo del derecho de petición y su traslado a las
cárceles de Palmira, Tuluá o Buga, en razón a que no cumple con los criterios
para permanecer en el lugar de reclusión actual.

7. Que, dentro de dicho trámite, la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y
Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas «mintió cuando aseguró que soy un
preso clasificado nivel uno (1) de seguridad y con esa mentira acuñaron el motivo
de mi traslado «una cárcel que ofrezca mayores condiciones de seguridad»

8. Que la acción le fue resuelta desfavorablemente, en sentencia del 5 de mayo de
2021,2 al tratarse de un asunto de los jueces de lo contencioso administrativo y
sin pronunciarse sobre el mencionado Decreto.

9. Advirtió que la Resolución núm. 9009029923 de acuerdo con la cual fue
trasladado a un centro de reclusión que ofreciera mayores condiciones de
seguridad, debe ser anulada.

2 Proferida por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada,

Caldas.
3 En los anexos de la demanda se identificó la Resolución núm. 902992 del 1 de noviembre de

2018, por la cual se resolvió trasladar, entre otros, al señor Armando Portocarrero Peña a la
EPAMS la Dorada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

10. Que el parágrafo único de la Resolución núm. 7302 de 2055 señala que las fases
del tratamiento penitenciario pueden ejecutarse en un mismo establecimiento de
reclusión, independiente de su categoría, lo cual, de acuerdo con el demandante,
significa que es posible pagar su pena en la ciudad de Tuluá, cerca de su familia.

11. Que el INPEC está vulnerando el derecho a la dignidad humana, la unión del
núcleo familiar y el bloque de constitucionalidad, en razón a que, de acuerdo con
«las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el primer
Congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y Tratamiento del
delincuente, «se establece que los traslados deben efectuarse cerca del lugar de
residencia del preso».

12. En escrito del 30 de agosto de 2021, el accionante presentó ante el INPEC
solicitud concreta de cumplimiento del Decreto 40 de 2017, artículo 2.2.1.13.3.1,
y con base en lo anterior, pidió, entre otras cosas, la reubicación de las personas
privadas de la libertad que no se ajustaran a los criterios que determinan que
representan un riesgo especial de seguridad. Además, requirió:

a) Definir cuales son los presos que Representen, o Contra QUIENES SE
PRESENTA, UN RIESGO ESPECIAL DE SEGURIDAD En las Carceles de Alta
Seguridad del país. Especialmente en la Dorada Caldas Carcel «Doña Juana».
b) Aplicar los Siete (7) Criterios que determinan El RIESGO ESPECIAL DE
SEGURIDAD y aquellos Presos que no los cumplan Rehubicarlos en otras
Carceles. Establecidos en el citado Decreto
c) Aplicar el parágrafo Del citado Decreto. (sic)

13. En respuesta a la solicitud de cumplimiento del 30 de agosto, el subdirector de
seguridad y vigilancia del INPEC, en oficio de radicado núm. 2021EE0167701 del
19 de septiembre de 2021, señaló que, dentro de los registros del Sistema de
Información SISIPEC4 no fue identificado ningún antecedente que pudiera
demostrar que el señor Portocarrero representa un riesgo especial para la
seguridad, adicionalmente, indicó que la implementación de las fases del
tratamiento penitenciario se realiza independientemente de la categoría del lugar
de reclusión, de acuerdo con el artículo 4º de la Resolución núm. 7302 del 23 de
noviembre de 2005 del INPEC.

3. Actuaciones procesales

14. El Tribunal Administrativo de Caldas, admitió la demanda y ordenó notificar
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al agente del Ministerio Público.
Asimismo, requirió al señor Armando Portocarrero Peña, para que dentro de los
3 días siguientes diera cumplimiento al requisito contenido en el numeral 7 del
artículo 10 de la Ley 393 de 1997.

4. Contestación

4 Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

4.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

15. El apoderado de la entidad accionada se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que no existe ninguna obligación incumplida por parte de
esta.

16. Propuso como excepción, inexistencia de incumplimiento de la norma e
inexistencia de vulneración de derechos al demandante, por parte del instituto
que representa.

17. Mencionó que, no obstante, el INPEC ha recibido derechos de petición por
parte del accionante, estos han sido encaminados al traslado del establecimiento
penitenciario, por tanto, se desconoce si del contenido de los mismos estaba
dirigido al cumplimiento del Decreto 40 de 2017.

18. Puso de presente que, en el trámite de la acción de tutela de radicado
núm. 2021-00075 en la que se profirió sentencia de 5 de mayo de 2021, la
coordinación del grupo de asuntos penitenciarios del INPEC expuso lo siguiente:

«3.5. La Coordinadora de Asuntos penitenciarios del INPEC, allegó respuesta al
trámite tutela y expuso que el señor ARMANDO PORTOCARRERO PEÑA, había
radicado peticiones los días seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), veintitrés
(23) de junio de dos mil veinte (2020) y dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinte (2020),las cuales fueron resueltas los días catorce (14) de abril de dos mil
veinte (2020), seis (6) de julio de dos mil veinte (2020) y siete (07) de abril de dos
mil veintiuno (2021).»

19. Que por medio de la Resolución núm. 902992 del 1 de noviembre de 2018, en
razón a la verificación de la cartilla bibliográfica y luego de identificarse que el
actor fue condenado a una pena de 28 años y 9 meses por el delito de homicidio
agravado, la Dirección General del INPEC ordenó el traslado del recluso del lugar
de reclusión en el que se encontraba a un establecimiento del orden nacional,
Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas, con
mejores condiciones de seguridad para el cumplimiento de su sentencia
condenatoria.

20. Sumado a lo anterior, afirmó, que en Resolución núm. 904029 del 23 de
diciembre de 2019 se dispuso el traslado del mismo al patio de Establecimiento
de Reclusión Especial – ERE- de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada, por hallarse dentro del supuesto de hecho del artículo
29 de la Ley 65 de 1993, según el cual, quienes se encuadren en las
mencionadas situaciones deberán permanecer al interior de un ERE para el
cumplimiento de la condena o de la detención preventiva.

21. Así las cosas, debido a que el señor Portocarrero ostentaba el rango de
subteniente del Ejército Nacional de Colombia, fue ubicado en el pabellón ERE
de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, Caldas,
en atención a su calidad de exfuncionario público.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

22. Concluyó que la entidad accionada ha garantizado los derechos del
demandante, cumpliendo con lo ordenado en el artículo 65 ibidem, además
señaló que no fue demostrada la inobservancia alegada y que:

Se considera que el presunto incumplimiento del INPEC, frente al contenido del
decreto (sic) 40 del 12 de enero de 2017, no puede ser invocado por el hoy actor,
como argumento para pretender su traslado de establecimiento penitenciario, ya
que tal como se ha demostrado, contrario a lo señalado por dicha persona, el
INPEC ha garantizado todos sus derechos en las presentes actuaciones,
cumpliendo a cabalidad lo ordenado por la norma penitenciaria antes descrita.

Así las cosas, se tiene que el Decreto 40 del 12 de enero de 2017, mismo este que
se encarga de reglamentar los Centros Especiales de reclusión, no puede ser
asumido por el personal privado de la libertad, como un medio para pretender el
traslado de establecimiento penitenciario, así las cosas, se tiene que la ubicación
del señor PORTOCARRERO PEÑA en las instalaciones de la Cárcel y
Penitenciaría de alta y Mediana Seguridad incluido el Establecimiento de Reclusión
Especial, no vulnera en ningún{ún (sic) sentido el contenido del precitado decreto.

5. Fallo impugnado

23. En sentencia de 20 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala de Decisión, resolvió:

Primero. DECLÁRASE improcedente la acción de cumplimiento promovida por el
señor Armando Portocarrero Peña contra la Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC.

Segundo. ADVIÉRTESE al accionante que de conformidad con lo previsto en el
inciso final del artículo 21 de la Ley 393 de 1997, no podrá instaurar nueva acción
con la misma finalidad, en los términos del artículo 7 de la misma ley.

(…)

24. Para fundar su decisión, explicó que la norma del artículo 2.2.1.13.3.2 del Decreto
40 de 2017 no cumple con las características de un mandato imperativo,
inobjetable y expreso, puesto que se limita a definir los establecimientos o
pabellones de reclusión de alta seguridad y los criterios para determinar si una
persona comporta un riesgo especial de seguridad.

25. Frente al parágrafo del mismo artículo, indicó que la función del director del
INPEC de emitir concepto previo para la reclusión de personas privadas de la
libertad en los establecimientos o pabellones de alta seguridad, no implica un
mandato imperativo, inobjetable y expreso, sino que se encuentra condicionado
al análisis de diferentes variables, como el estudio de los criterios establecidos y
las decisiones judiciales dictadas en contra de la persona privada de la libertad.

26. Indicó que, la intención del señor Portocarrero es la de ser trasladado a un
centro de reclusión cercano al de la residencia de su núcleo familiar, por tanto,
«Una vez analizado lo anterior, en criterio de la Sala de decisión, el trámite de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

traslado de los internos constituye un procedimiento regulado en la Ley 65 de
1993 y en la reglamentación interna del INPEC, aspecto frente al cual el artículo
2.2.1.13.3.2 del Decreto Presidencial n°040 del 12 de enero de 2017 cuyo
cumplimiento se reclama, no previó un mandato imperativo, inobjetable y
expreso.»

27. Seguido de lo anterior, expresó que:

Tampoco comparte este Tribunal la consecuencia que según el accionante se
deriva de la aplicación de la anterior disposición, en el sentido que se traslade de
manera inmediata a los internos que no cumplen con ninguno de los siete criterios
que determinan el riesgo especial de seguridad de las cárceles de alta seguridad
de Colombia, y específicamente, que se traslade al actor a una cárcel en el Valle
del Cauca; ya que como se dijo al inicio de estas consideraciones, la norma que
se dice incumplida únicamente refiere una definición y una lista de supuestos a
efecto de determinar el riesgo especial de seguridad, pero no regula el traslado
pretendido por el actor.

28. Destacó que, el concepto previo acerca de la procedencia de reclusión en
un establecimiento o pabellón de alta seguridad no constituye un deber derivado
de la lectura del Decreto.

29. Además, precisó que, la acción de cumplimiento no tiene como objeto el
reconocimiento de derechos particulares en disputa, sino, la protección del
ordenamiento jurídico de forma abstracta, con el acatamiento de deberes
concretos de las autoridades, derivados de leyes o actos administrativos.

30. Concluyó que al no contener la norma objeto de la acción, un mandato
imperativo e inobjetable, la misma es improcedente.

6. Impugnación

31. El señor Armando Portocarrero Peña impugnó la decisión de primera
instancia del Tribunal Administrativo de Caldas.

32. El demandante, en su escrito5, aclaró que con la acción no busca su propio
traslado, sino la protección del derecho a la vida de los demás reclusos.

33. Que el cumplimiento del Decreto 40 de 2017 implica necesariamente el
traslado de los presos que no se adecuen a lo establecido en la norma.

34. Asimismo, señaló que, luego de estar desde el año 2015 al 2018 en la
EPAMS Caldas, considera que es tiempo suficiente para ser clasificado en lo
relativo al nivel de seguridad.

35. Por último, afirmó que el citado Decreto si comporta un mandato
imperativo e inobjetable, dado que reglamenta una ley relacionada con el trato
de los seres humanos, también mencionó que la orden es expresa porque de

5 El demandante presentó escrito de impugnación del 11 de agosto de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

acuerdo con cada conducta delictual, los reclusos deben estar en el lugar
correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

36. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada
contra la sentencia de 20 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1256, 1507 y 2438 de la Ley 1437 de 20119 así como del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

37. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

38. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 del 29 de julio de
1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la
renuencia» (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa
antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto
administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda
transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

39. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo
e inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular
en ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y
que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
8 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
9 «Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que
consideró como obligado, la observancia de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto
administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción; que no se trate de
una norma que establezca gastos, ni tampoco del reclamo de un derecho
que pueda garantizarse vía acción de tutela.

3. Del agotamiento del requisito de procedibilidad

40. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad accionada, que consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o
consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se
ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

41. Para cumplir con este requisito de procedibilidad la Sala ha señalado que
«[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento»11..

42. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la

10 Sobre el particular esta Sección ha dicho: «La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.» (Negrita fuera de texto)
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos (Negrillas fuera de texto).

43. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

44. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

45. Así las cosas, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «[…] tiene una finalidad distinta a
la de constitución en renuencia».13

46. En este caso, el actor, mediante escrito del 30 de agosto de 2021, solicitó
al INPEC, de forma expresa, el acatamiento del deber contenido en el artículo
2.2.1.13.3.2 del Decreto 40 de 2017 y, en consecuencia, se reubicara a los
reclusos que no cumplan con los criterios de riesgo especial de seguridad,
enlistados en la norma, entre otras peticiones.

47. La entidad, mediante oficio de radicado núm. 2021EE0167701 del 19 de
septiembre de 2021, no dio respuesta concreta a la solicitud de traslado de las
personas privadas de la libertad respecto de la cuales, de acuerdo con la norma,
se determinara que no comportan un riesgo especial de seguridad.

48. De acuerdo con lo anterior, está probado que la parte actora, previo a
acudir en sede de cumplimiento, solicitó al INPEC el acatamiento de la norma
que alega desatendida en su demanda.

49. En consecuencia, para la Sala, el requisito de constitución en renuencia
se encuentra satisfecho, razón por la cual la Sala estudiará los requisitos de
procedencia del presente medio de control.

13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

50. Como ya se expuso, el actor pretende que con ocasión al acatamiento del artículo
2.2.1.13.3.2 del Decreto 40 de 2017 se traslade a los reclusos que no cumplan
con los criterios que determinan el riesgo especial de seguridad de las cárceles
de alta seguridad en Colombia y al accionante a la «Cárcel de Buga Valle» y a la
«Cárcel de Palmira Valle» hasta salir «en prisión domiciliaria».

51. Conforme lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 14, la acción de
cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de la norma
o acto administrativo salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio
grave e inminente para el accionante.

52. Frente al requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse, la presente acción
deviene improcedente porque con el ejercicio del medio de control constitucional,
lo que se pretende es cuestionar la legalidad de los actos administrativos que
presuntamente desatienden la norma que el demandante considera desacatada

53. Con relación a los traslados de reclusos a otros establecimientos carcelarios,
la Sección Quinta15 de esta corporación indicó que:

«[…] las decisiones que resuelven situaciones atinentes al traslado de reclusos,
son actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, excepcionalmente, la Corte Constitucional, en sede de acción de
tutela, ha admitido que se flexibilice el requisito de subsidiariedad, ante
circunstancias especiales que giran en torno a la protección de derechos
fundamentales de los reclusos y su entorno familiar.»16.

54. En este sentido, la Sala advierte que las pretensiones de la parte actora van más
allá del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.13.3.2 del Decreto 40 de
2017, toda vez que, sin duda, lo que propone con el ejercicio de esta acción es
anular la Resolución núm. 902992 del 1 de noviembre de 2018, expedida por el
INPEC, la cual dispuso su traslado a la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada, Caldas, al pretender que sea reubicado de la misma y
trasladado a un establecimiento penitenciario cercano al lugar de residencia de
su familia, por no cumplir con los criterios de riesgo alto de seguridad para estar
recluido en un establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad.

14 «ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para la
protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos
eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez,
se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante. PARAGRAFO. La Acción regulada
en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos».
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
15 Posición reiterada en sentencia de 23 de junio de 2022, dentro del proceso de radicado núm.

25000-23-41-000-2022-00203-01, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 5 de noviembre de 2020. Radicado núm.

25000-23-41-000-2020-00417-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

Igualmente sucede con la pretensión de reubicación de los penados que no
cumplan con los criterios previstos en el citado artículo.

55. Así entonces, es posible concluir que el demandante busca controvertir, modificar
o anular la decisión de la Dirección General del INPEC dispuesta en la Resolución
902992 del 1 de noviembre de 2018, de trasladar, entre otros, al señor Armando
Portocarrero Peña del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá, por
tanto, deberá el accionante recurrir al juez natural para anular el respectivo acto
administrativo o acudir a otros medios para lograr su revocatoria.

56. Lo mismo, en cuanto al traslado de los reclusos que no cumplan con los criterios
de riesgo especial de seguridad, consignados en la norma, dicha pretensión
busca la resolución de situaciones particulares, para las cuales existen los
mecanismos judiciales idóneos, diferentes de la acción de cumplimiento, la cual
está prevista para la observancia del ordenamiento jurídico y no para controvertir
decisiones de las entidades públicas frente a casos en concreto.

57. Así las cosas, la Sala precisa que, ante la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, la acción de cumplimiento deviene en improcedente.

58. Ahora bien, frente a la previsión contenida en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997
que establece la posibilidad de que la acción proceda ante el inminente peligro
para el accionante de sufrir un perjuicio grave, una vez revisado el expediente,
se advierte que la parte actora no alegó, sustentó o acreditó la existencia de
alguna situación de esta naturaleza, por lo que no es viable obviar este requisito
de procedibilidad.

59. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 20 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, que declaró
la improcedencia de la acción presentada por el señor Armando Portocarrero
Peña contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, pero por las
razones explicadas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Armando Portocarrero Peña
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Radicación No.: 17001233300020220008801

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.