Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00161-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00161-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00161-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00161-01 (1549-2026)1
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el
Oficio Nº 2-2018-001629 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018),
mediante el cual, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA negó la declaratoria
de existencia de una relación laboral encubierta entre la señora Molina Zuluaga y
1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
3ED_C01Principal_003DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
dicha entidad, durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de
dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) declarar la existencia de una relación laboral durante el período
señalado ut supra; (ii) reconocer y pagar a favor de la demandante todos los
derechos que emanan de una relación laboral, entre ellos, los aportes a pensión,
salud y riesgos profesionales dejados de pagar por la entidad accionada,
vacaciones, primas de servicios, primas de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, conceptos que suman $143.085.229; (iii) de manera subsidiaria, solicitó
que “se considere la posibilidad que al emitir fallo se reconozcan la totalidad de las pretensiones
reclamadas en los períodos desde el 1º de febrero de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2016 ”.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que la actora laboró en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA desde
el veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010), hasta el diecisiete (17) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), al amparo de contratos de prestación de
servicios, de acuerdo con los tiempos que relacionó en la siguiente tabla:
Contrato Nº Año Inicio Terminación
99 2010 28 de enero de 2010 27 de diciembre de 2010
50 2011 1º de febrero de 2011 30 de junio de 2011
195 2011 18 de julio de 2011 16 de diciembre de 2011
59 2012 24 de enero de 2012 4 de julio de 2012
210 2012 16 de julio de 2012 14 de diciembre de 2012
328 2013 23 de enero de 2013 16 de diciembre de 2013
366 2014 20 de enero de 2014 12 de diciembre de 2014
531 2015 6 de febrero de 2015 19 de febrero de 2015
625 2016 25 de febrero de 2016 1º de abril de 2016
713 2016 17 de abril de 2016 17 de diciembre de 2016
4. Señaló que, durante el tiempo de vinculación, la demandante cumplió las labores
encomendadas en las sedes y con los insumos de la entidad, recibiendo una
remuneración por los servicios prestados, y se sometió al cumplimiento estricto y
obligatorio de horarios de trabajo, bajo la supervisión directa de los coordinadores.
Precisó que, en ese lapso, prestó servicios como instructora “en las especialidades
propias del área de injerencia del plan de bienestar de aprendices ”, apoyando las actividades
del Centro de Comercio y Servicios (sede Manizales), impartiendo formación (virtual
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Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
3ED_C01Principal_003DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
y/o presencial) en idiomas, con sujeción a los procesos para la formación profesional
integral del SENA, junto con los estándares de calidad ISO 9000.
5. Resaltó que las funciones de la entidad están consagradas en la Ley 119 de 1994
y apuntan, en esencia, a invertir en desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando formación profesional integral, a través de
programas de formación técnica, profesional y tecnológica. Así pues, indicó que la
labor de instructor(a) que desarrolló la accionante en la entidad corresponde a una
actividad que, por su naturaleza, no es independiente, “sino que el servicio se presta
personalmente y está subordinado al cumplimiento de los reglamentos propios de esta actividad,
encontrándose ese elemento ínsito en la función que desarrollan los docentes ”.
6. En esa línea, aseveró que las actividades ejecutadas son idénticas a las de un
instructor de planta, entre ellas, asistir a reuniones periódicas, participar en
actividades de diseño y desarrollo curricular, impartir formación utilizando los
programas previamente definidos por el SENA, asistir a comités de evaluación y
seguimiento, registrar en el software de gestión académica “SofíaPlus” las
evaluaciones, asistir a capacitaciones y entregar reportes estadísticos mensuales y
seguir los lineamientos de formación de acuerdo con los reglamentos internos.
7. Mediante oficio del seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), la demandante
elevó una petición ante la entidad, con miras a que se reconociera la existencia de
una relación laboral encubierta. No obstante, a través del Oficio Nº. 2-2018-001629
del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018), se negaron las solicitudes. Dicho
acto fue notificado el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Por su parte,
según el Acta Individual de Reparto que obra en el expediente (índice 15 del
SAMÁI), la demanda fue radicada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), tramitada inicialmente con el Rad. 17001333900520180043700,
ante el Juzgado Quinto (5) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, pero
luego remitida por competencia, en virtud del auto del veintiocho (28) de julio de dos
mil veintidós (2022), al Tribunal Administrativo de Caldas.
1.3. Concepto de la violación4.
8. La demandante alegó que el acto administrativo demandado viola los artículos
4
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo:
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
1º, 2º, 6º, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Política de Colombia; el
artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993; el artículo 5º del Decreto 3135 de
1968; el Decreto 1848 de 1969; y el Decreto 1042 de 1978.
9. Señaló que, en la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), la
Sección Segunda del Consejo de Estado, explicó que la labor de formación en el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA no es independiente, sino que el servicio
se presta en forma personal y de manera subordinada al cumplimiento de los
reglamentos, fines y principios del servicio público de educación, cumpliendo su
actividad conforme a las directrices impartidas por la entidad, así como, por las
autoridades educativas, y sin gozar de autonomía con respecto a la labor
desarrollada. Agregó que la accionada infringió el ordenamiento superior, toda vez
que “no podía denominar como prestación de servicio una labor que debe desempeñarse o bien
por una relación legal y reglamentaria, ora por un contrato de trabajo”.
10. Expuso que, en virtud del artículo 2º del Decreto 2277 de 1979, se definió la
labor docente aplicable a todos los maestros, como el ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación. Tal definición fue reafirmada por el
artículo 104 de la ley 115 de 1994, disposiciones de las cuales es posible inferir -a
juicio de la actora- que pertenece a la esencia de la labor docente el hecho de que
el servicio se preste personalmente y esté subordinado al cumplimiento de los
reglamentos institucionales, a las políticas que fijen las autoridades educativas, a la
entidad que administra el servicio, al pensum y al calendario académico.
11. Hizo referencia a la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014),
dentro del Exp. Nº. 08001-23-31-000-1997-13079-01(1370-2012), entre otras
providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para anotar que la
función docente no es temporal, comoquiera que quienes desempeñan dicha labor
están obligados a cumplir con el estatuto docente, pues, por ejemplo, les está
prohibido abandonar o suspender las labores injustificadamente o sin autorización
previa, deben cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan los
superiores jerárquicos, cumplir una jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo
a las funciones propias del cargo. Puso de presente que la función prestada por el
SENA a través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional y
laboral, certificando a sus estudiantes, por lo que tales características permiten
clasificar la labor dentro de un sistema de educación no formal.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
1.4. La contestación de la demanda5.
12. Mediante memorial del doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), la
entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En lo que
toca a los hechos narrados en el libelo inicial, sostuvo que la demandante prestó
sus servicios profesionales como instructora por horas de formación, “ sin generarse
en ningún momento una relación legal y reglamentaria ”. Anotó que la señora Molina Zuluaga
fue contratada al amparo de órdenes de prestación de servicios, de conformidad
con los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y que
las labores contratadas fueron con carácter temporal y de forma interrumpida.
13. Explicó que, en el caso de autos, la ejecución de los servicios de formación se
dio en razón de la experiencia, capacitación y formación de la demandante, quien,
como contratista, ejecutó las actividades con autonomía e independencia desde el
punto de vista técnico y científico. Agregó que la entidad únicamente le suministró
las herramientas pedagógicas básicas representadas en los contenidos mínimos de
los módulos de aprendizaje y estructura curricular, que en todo caso debían
desarrollarse de acuerdo con la programación de los cursos de formación titulada o
complementaria, con sujeción al calendario académico. Advirtió que, como era
natural, la entidad supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
14. Sostuvo que el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 2-2018-001629 del
treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018) fue expedido por la autoridad
competente, con observancia del debido proceso, debidamente motivado y teniendo
como objeto la jerarquía del ordenamiento jurídico. Precisó que, para garantizar la
prestación del servicio público y el cumplimiento de la misión institucional, resultaba
imprescindible acudir a la figura de la prestación de servicios, “por cuanto el personal
de planta con el que cuenta la entidad es insuficiente para atender la infinidad de beneficiarios,
aprendices, comunidades, municipios y empresas que el SENA forma diariamente ”.
15. Puso de presente que los elementos definitorios de una relación laboral, a saber,
la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación y
dependencia, no se configuran en el marco de relaciones contractuales de carácter
temporal, sino que se enmarca en la tipología prevista en la Ley 80 de 1993.
5
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
16. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: (i) prescripción extintiva
trienal; (ii) inexistencia de manifestación por el (sic) accionante de desequilibrio
contractual; (iii) inexistencia de los elementos propios del contrato realidad, y,
consecuentemente, inexistencia del vínculo o relación laboral; (iv) inexistencia de
una continuada subordinación y dependencia; (iv) interrupción contractual con
contrataciones distintas; (v) cobro de lo no debido; (vi) caducidad del medio de
control; (vii) compensación; y (viii) la innominada o genérica.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
17. Mediante la sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, declaró probada la
excepción de “inexistencia de los elementos propios del contrario realidad e inexistencia del
vínculo o relación laboral” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas frente a la parte vencida. Al respecto, dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR probada, la excepción de i) Inexistencia [de] los elementos propios
del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo o relación laboral formulada
por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme a las consideraciones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas.
TERCERO: No condenar en costas ni agencias en derecho a la parte demandante, por las
consideraciones expuestas.
CUARTO: De una vez se autoriza, a su costa, la expedición de las copias auténticas que de
esta providencia soliciten las partes intervinientes.
QUINTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación en los términos del
artículo 247 del CPACA.
SEXTO: En firme la sentencia, archivar el expediente, previa anotación en la base de datos
del despacho y en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente sentencia conforme lo consagran los artículos 203 y 205
numeral 2 del CPACA (modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021) y artículo 8 de
la Ley 2213 de 2022”.
18. El A-quo empezó por advertir que la demanda se presentó dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la notificación del acto acusado, teniendo en cuenta que
dicho acto se notificó el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) y la demanda
se promovió el treinta y uno (31) de agosto de la anualidad en cita. A su turno, negó
las pretensiones de la demanda al no encontrarse desvirtuada la naturaleza jurídica
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Índice 00024 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la señora Paula Andrea
Molina Zuluaga y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Sostuvo que, si bien
se demostró la prestación personal del servicio y la existencia de una remuneración
periódica derivada de los honorarios pactados en cada uno de los contratos
suscritos durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de dos
mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el
elemento esencial de la subordinación no fue probado en el proceso.
19. Afirmó que las pruebas aportadas únicamente permitían establecer el
cumplimiento de obligaciones contractuales previamente pactadas, consistentes en
la impartición de formación profesional en el área de idiomas, en modalidad
presencial y virtual, conforme al pensum académico de la entidad, la aplicación de
las herramientas pedagógicas y tecnológicas de la institución, el cumplimiento del
calendario y la programación de las actividades de formación, y la observancia de
los lineamientos del Centro de Comercio y Servicios y del Centro Pecuario
Agroempresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, sin que se acreditara
la sujeción a órdenes directas, permanentes e imperativas, ni el ejercicio de poder
disciplinario o del ius variandi por parte de la entidad demandada.
20. Al respecto, puntualizó que no se incorporaron medios de convicción que dieran
cuenta del ejercicio de potestades propias del empleador, tales como memorandos
dirigidos específicamente a la demandante, reglamentos disciplinarios exigibles,
llamados de atención formales, actas de descargos, evaluaciones de desempeño
con efectos sancionatorios o actos administrativos que reflejen el ejercicio del ius
variandi. Adujo que el cumplimiento de las labores en la sede de la entidad, o del
número de horas y actividades pactadas en los contratos, no eran, por sí solas,
suficientes para acreditar el elemento de la subordinación continuada.
21. Aseguró, a partir de las pruebas documentales y testimoniales valoradas, que la
señora Molina Zuluaga no demostró que debía ajustarse a una jornada laboral
semejante a la de un empleado de planta. En criterio del Tribunal, los contratos,
celebrados en su condición de instructora en formación presencial y virtual,
establecieron cargas variables asociadas a la ejecución de los programas, sin que
de su contenido se derive la imposición de una jornada laboral fija y permanente.
Anotó, además, que de los testimonios recaudados se desprendía que, si bien la
programación general de los cursos era definida por la entidad contratante, en la
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
práctica los instructores coordinaban con los aprendices aspectos relacionados con
la organización de las sesiones, especialmente en la modalidad virtual, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos curriculares y formativos.
22. Hizo hincapié en que, según el relato de algunos de los deponentes, las órdenes
que recibía la demandante consistían básicamente en que debía atender
determinada formación o curso asignado y asistir a reuniones convocadas por la
entidad, las cuales eran señaladas como de carácter obligatorio. No obstante, a
juicio del juez de primer grado, el acatamiento de los lineamientos impartidos por la
entidad para la ejecución de las actividades de formación no constituye, per se, un
acto de subordinación laboral, sino el cumplimiento natural del objeto contractual.
En esa misma línea, resaltó que las reuniones a las que fue convocada la actora
por parte de la coordinación académica, en las que se abordaron temas relativos al
cumplimiento de tareas, calificaciones y aprendices, no excedieron los acuerdos
contractuales, ni limitaron la autonomía de la contratista, puesto que, se trataba de
espacios de coordinación necesarios para el adecuado cumplimiento del contrato.
Asimismo, frente a la asistencia a los denominados grupos primarios, manifestó que
no se trataba de una obligación impuesta por la accionada, sino a “una concepción
propia de la señora Molina Zuluaga de compromiso para cumplir con las actividades pactadas ”.
23. Insistió en que, para acreditar una relación laboral encubierta, corresponde a la
parte demandante demostrar que se encontraba inserta dentro del círculo rector,
disciplinario y organizativo de la entidad, de manera que pueda concluirse que las
actividades desarrolladas estaban dirigidas de forma clara y determinante por la
contratante, circunstancia que no se evidenció en el caso concreto.
1.6. El recurso de apelación7.
24. Mediante memorial del veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026), el
apoderado de la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, acceder a las súplicas de la demanda. Para soportarlo, arguyó que el
Tribunal incurrió en graves errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas
documentales y testimoniales, al aplicar un estándar de subordinación continuada
excesivamente restrictivo y formalista, con abierto desconocimiento del principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas.
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Índice 00030 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
25. En primer lugar, sostuvo que el A-quo incurrió en un error de hecho al valorar la
carga laboral y alegar una supuesta inexactitud de los registros horarios. Expuso
que, al sostener que un contratista goza de “autonomía” cuando registra una carga
de más de 300 horas en un mes, el Tribunal respaldó una consideración
fácticamente insostenible, puesto que, un volumen de tal magnitud, evidencia “ una
absorción y dependencia absoluta de la fuerza laboral de la docente frente a las necesidades
operativas fijadas arbitrariamente por el SENA”. En este punto, resaltó que el juez de primer
grado omitió valorar la declaración de la señora Liliana Montoya y el señor Andrés
Grisales, así como las copias de las circulares de compensatorios de Semana Santa
de los años 2011-2014, y las resoluciones de calendario académico, elementos con
los cuales se podía acreditar la sujeción de la actora a los lineamientos de la entidad.
26. En segundo término, puntualizó que el Tribunal descontextualizó los testimonios
y valoró en indebida forma el concepto de “organización de horarios”. Además, adujo
que desnaturalizó el cumplimiento de horarios al desvincular a la señora Molina
Zuluaga del entorno de formación virtual. Explicó que la “aparente libertad” para
elegir el momento del día en que se ingresaba a calificar evidencias o responder
foros en la plataforma “SofíaPlus” no constituía una prerrogativa de autonomía
técnica, toda vez que, dicha actividad se encontraba rígidamente parametrizada y
condicionada por directrices institucionales ineludibles del Servicio Nacional de
Aprendizaje, las cuales se concretaban en el cumplimiento estricto del calendario
académico, los cronogramas obligatorios de los cursos, las guías de aprendizaje
unificadas y la supervisión de “interventores académicos que auditaban estadísticas”.
27. Reprochó que el fallo censurado se haya marginado de la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado, al desestimar la prueba de la subordinación por el
simple hecho de que, durante un período, la demandante dictó clases en otras
instituciones. A su juicio, dicho razonamiento devela un error, habida consideración
que la exclusividad no es un elemento de la esencia de la relación laboral. Advirtió
que el amparo del principio de primacía de la realidad no exige que el trabajador
dependa de una única fuente de ingresos, pues, lo jurídicamente relevante es
comprobar que, durante las horas y espacios en que se ejecutaron las funciones de
formación en los ambientes de aprendizaje de la entidad, la actora estuvo inmersa
de forma directa y subordinada en el círculo organizativo de la misma.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
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28. Aunado a lo expuesto, puso de presente que el operador de primera instancia
calificó, de manera indebida, los indicios de subordinación como “ coordinación
contractual”. Para el efecto, aseveró que: catalogar obligaciones de sujeción personal
como parámetros normales de un contrato estatal constituye un error de derecho;
quedó plenamente acreditado en el expediente que la actora estaba obligada a usar
uniforme (delantal institucional) y carné permanente dentro de las instalaciones;
asimismo, debía someterse a comités de evaluación disciplinaria de alumnos,
participar de forma obligatoria en el diseño curricular unificado del centro y asistir
mensualmente a los "grupos primarios" donde los directores impartían reprimendas
administrativas colectivas; y las exigencias observadas sobrepasaron la mera
vigilancia del objeto contractual, insertando forzosamente a la contratista en la
estructura jerárquica y el “círculo rector, disciplinario y organizativo de la administración”.
29. Por último, la apelante refirió que, aunque el fallo cuestionado argumentó que
no obraban en el expediente memorandos, actas de descargos o sanciones
disciplinarias formales emitidas contra la parte demandante, en la realidad
contractual, la facultad disciplinaria y de mando coercitivo se ejerció mediante la
coacción y la amenaza latente de la no renovación del vínculo contractual para el
siguiente periodo académico. Así las cosas, aludió a una presunta sumisión
económica y funcional que “representa la manifestación más agresiva del poder directivo del
empleador, camuflado bajo el ropaje de la temporalidad contractual”.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia8.
30. Mediante el auto del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026), el
despacho ponente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia y, al no haber pruebas por practicar en esta instancia, el proceso
ingresó al despacho para fallo, con concepto del delegado del Ministerio Público.
1.7.1. Concepto del Ministerio Público9.
31. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 ante el Consejo de Estado solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, acceder a las
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Índice 00004 del Samai.
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Índices 00010 y 00011 del Samai.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
pretensiones de la demanda. En criterio del Ministerio Público, de acuerdo con el
material probatorio que reposa en el plenario, se logran acreditar los elementos de
una relación laboral encubierta, toda vez que, constatado el objeto y las funciones
que se establecieron en los contratos suscritos entre las partes, sumado a lo
expuesto por los testimonios, las actividades desarrolladas por la señora Molina
Zuluaga exigían para su ejecución una necesaria dependencia y subordinación,
aunando a que la labor desempeñada por la misma fue la de instructora, razón por
la cual, “se encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada,
siendo incuestionable la actitud de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo
los servicios de la actora en consideración a la sucesiva e interrumpida relación contractual”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
32. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 10 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
33. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿Entre la señora Paula Andrea Molina Zuluaga y el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, existió una relación laboral encubierta, durante el
período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de dos mil diez
(2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)?
(ii) En caso afirmativo, ¿es procedente acceder al restablecimiento del
derecho, en los términos pretendidos por la parte actora?
(iii) Asimismo, ¿operó el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva de los
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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derechos reclamados por la parte demandante?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado,
suscitadas en el marco de la ejecución de contratos de prestación de
servicios. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
34. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación de las
condiciones legales previstas en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, y la jurisprudencia en vigor en
casos en los cuales se suplica la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, característico de las relaciones laborales subordinadas.
35. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32, numeral 3º, de la Ley
80 de 1993, forma jurídica de vinculación de personas naturales con la
administración que está dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán
celebrarse […] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados», «no generan relación laboral ni prestaciones sociales» , y porque
«[…] se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
36. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características
del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.
En esa oportunidad, sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que
cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para
los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos »; y concluyó que «el
elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral
frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios .
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37. Posteriormente, el Alto Tribunal Constitucional 11 determinó los criterios que
permiten establecer lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…]
la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones
de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos
en la respectiva planta de personal», momento en el que, a propósito del esclarecimiento
del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los
criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la
ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente
asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es,
cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; [iii]
al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o
cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la
labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea
acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal
de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria,
resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al criterio
de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios
pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para
desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral».
38. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha proferido sendas
sentencias de unificación jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-16 12 del 25 de
agosto de 2016, en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el
derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».
39. En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta Colegiatura profirió la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202113 del 9 de septiembre
de 2021, en la que identificó algunos criterios para desentrañar el suceso o no de
subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como el lugar de
11
Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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trabajo, los horario de labores, la dirección y el control efectivo de las actividades a
ejecutar, y la comprobada identidad funcional con empleados de la planta de
personal, y señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato
estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías
propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución
y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las condiciones
socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores» .
40. Asimismo, en la referida providencia, esta Corporación introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable»,
concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».
41. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues de ser así surgen, en forma inmediata, los
derechos para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en
los cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines.
42. Luego, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada entre dos
sujetos, se requiere que la parte interesada acredite los elementos esenciales de la
misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de manera personal, es decir,
por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una remuneración o pago; y,
además, que en la relación con el empleador exista continua subordinación o
dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al prestador del
servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación
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resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que, marca la diferencia entre el contrato
de prestación de servicios y una verdadera relación laboral.
2.4. Hechos probados.
43. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) De acuerdo con los documentos precontractuales y contractuales que fueron
aportados al plenario, se evidencia que, entre la señora Paula Andrea Molina
Zuluaga, y la entidad demandada, se celebraron los siguientes contratos:
Cont Objeto contractual Valor Inicio Fin Días*
rato
Núm. “Prestación de servicios personales $27.610.000 28/01/2010 27/12/2010 N/A
99 como instructor-tutor contratista
de para impartir formación profesional
2010 presencial y/o virtual en idiomas, de
14 acuerdo a los procesos y
procedimientos para la ejecución de
acciones de formación profesional
integral del SENA, junto con los
estándares de calidad ISO 9000
vigentes”.
Núm. “Prestación de servicios personales $14.477.680 01/02/2011 30/06/2011 26
50 como instructora contratista para
de impartir formación profesional virtual
2011 en el área de idiomas del Centro de
15 Comercio y Servicios del SENA”.
Núm. “Prestación de servicios temporales $14.381.162 18/07/2011 16/12/2011 12
195 como instructora por período fijo
de para la ejecución de acciones de
2011 formación profesional, presenciales
16 o virtuales en el centro de comercio
y servicios, apoyar al desarrollo de
las actividades de formación,
formulación de proyectos y diseños
de actividades de aprendizaje en
idiomas”.
Núm. “Prestación de servicios personales $13.953.333 24/01/2012 04/07/2012 27
59 de carácter temporal, como
de instructor por período fijo, para la
2012 ejecución de acciones de formación
17 profesional, presenciales o virtuales
en el centro de comercio y servicios,
apoyar al desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseños
14
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 803 y siguientes.
15
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 594 y siguientes.
16
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 907 y siguiente.
17
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 680 y siguientes.
16
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de actividades de aprendizaje en
idiomas”.
Núm. “Prestación de servicios personales $14.860.267 16/07/2012 14/12/2012 9
210 de carácter temporal, como
de instructora por período fijo, para la
2012 ejecución de acciones de formación
18 profesional, presenciales o virtuales
en el centro de comercio y servicios,
apoyar al desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseños
de actividades de aprendizaje en
idiomas”.
Núm. “Prestación de servicios personales $33.285.733 23/01/2013 16/12/2013 26
328 de carácter temporal, como
de instructora por período fijo, para la
2013 ejecución de acciones de formación
19 profesional, presenciales o virtuales
en el centro de comercio y servicios,
apoyar al desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseños
de actividades de aprendizaje en el
área de idiomas, así como las
actividades de capacitación y/o
auditoría para el Sistema Integrado
de Gestión de Calidad del SENA
que acuerden las partes”.
Núm. “Prestación de servicios personales $34.281.360 20/01/2014 12/12/2014 23
366 de carácter temporal, como
de instructora por período fijo, para la
2014 ejecución de acciones de formación
20 profesional, presenciales o virtuales
en el centro de comercio y servicios,
apoyar al desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos y diseños
de actividades de aprendizaje en
idiomas, así como las actividades
de capacitación y/o auditoría para el
Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del SENA que acuerden las
partes”.
Núm. “Prestación de servicios personales, $32.916.000 06/02/2015 19/12/2015 38
531 de carácter temporal, para impartir
de formación profesional integral en el
2015 programa de bilingüismo,
principalmente en ambientes
virtuales de aprendizaje, mediante
el desarrollo de procesos de
enseñanza-aprendizaje-evaluación,
basados en competencias laborales
y aprendizajes por proyectos y/o
acciones de formación afines de
acuerdo a los requerimientos del
sector productivo y/o demanda
social”.
Núm. “Prestar temporalmente los $32.552.557 25/02/2016 01/04/2016 46
18
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 1002 y siguientes.
19
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 1084 y siguientes.
20
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 1218 y siguientes.
17
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625 servicios profesionales, como
de instructor, por período fijo, para
2016 ejecutar acciones de formación
21 profesional, presenciales o
virtuales, apoyar el desarrollo de las
actividades de formación,
formulación de proyectos, en el área
de apoyo en las competencias
básicas en inglés”.
Núm. “Prestar temporalmente los $26.940.080 18/04/2016 17/12/2016 12
713 servicios profesionales, como
de instructor, por período fijo, para la
2016 ejecución de acciones de formación
22 profesional del Centro Pecuario y
Agroempresarial en ambientes
virtuales de aprendizaje, apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de proyectos
y diseño de actividades de
aprendizaje en el área de
bilingüismo”.
*Cálculo en días hábiles transcurridos entre la finalización de un contrato y la ejecución del sucedáneo.
b) Conviene precisar que, con el expediente administrativo23, también se aportó: (i)
formato único de hoja de vida de la señora Paula Andrea Molina Zuluaga; (ii)
declaración juramentada de bienes y rentas; (iii) certificados académicos y de
experiencia; (iv) certificaciones de afiliación y de antecedentes; (v) planillas
integradas de autoliquidación de aportes; (vi) actas de aprobación de la garantía de
cumplimiento; (vii) pólizas de cumplimiento; (viii) certificados de disponibilidad
presupuestal; (ix) informes mensuales de ejecución contractual; (x) certificados de
capacidad para ejecutar el objeto del contrato, idoneidad y experiencia del
contratista; (xi) verificación de requisitos para la contratación de servicios
profesionales; (xii) constancias de designación de supervisor del contrato; y (xiii)
órdenes y comprobantes de pago a favor de la señora Molina Zuluaga.
c) Valga anotar que, en los informes mensuales de ejecución, reposan actividades
comunes como: hacer seguimiento a los cursos asignados (entre otros, a través de
la plataforma “Blackboard”); aplicar las herramientas pedagógicas, criterios de
evaluación, adjudicación de calificaciones, y demás insumos para la transmisión de
conocimientos; presentación del (sic) centro de calificaciones, según la escala
establecida por el modelo de evaluación; ingresos a la sala virtual; apertura y cierre
de foros temáticos; administración de la plataforma “Blackboard”, de conformidad con
21
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 266 y siguientes.
22
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 384 y siguientes.
23
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15.
18
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los lineamientos de la formación virtual; envío de correos electrónicos; asistencia a
los grupos primarios y demás reuniones programadas por el centro de formación;
uso del aplicativo “SofíaPlus”; y emplear los elementos institucionales.
d) También reposan los formularios de gastos de viaje de contratista y los formatos
de “legalización de desplazamiento-contratista”24. De igual manera, se allegó copia de las
actividades de la guía de aprendizaje para el proceso de formación; del formato de
entrega de bienes e información de ejecución contractual (por período).
e) Según las documentales aportadas con la demanda, la señora Molina Zuluaga
participó en los comités de evaluación y seguimiento del veintidós (22) de mayo y
del nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013) 25 . Asimismo, la demandante
participó en las reuniones del grupo primario durante el 2010 (los días 19 de febrero,
19 de marzo, 21 de mayo, 18 de junio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 22 de
octubre, 19 de noviembre y 15 de diciembre), 2011 (18 de febrero, 17 y 22 de junio
y el 15 de diciembre), y en el 2012 (17 de febrero, 20 de abril, 18 de mayo, 3 de
julio, 17 de agosto, 21 de septiembre, 28 de noviembre y 13 de diciembre)26.
f) Obra en el expediente la solicitud de viáticos para impartir clases en el municipio
de Anserma los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20, así como el 26 y 27 de junio de 201427,
y para las jornadas realizadas en los municipios de Aguadas y Pácora los días 2, 9,
16 y 30 de marzo de 2016, solicitudes que fueron debidamente pagadas.
g) Por medio de la Resolución 624 de 200428, por medio de la cual se determinó la
jornada laboral semanal para el grupo ocupacional de instructor del Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA. En el artículo primero, el acto en cita dispuso: “De
conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto 249 de 2004, la jornada
laboral semanal para el grupo ocupacional de instructor es de 42.5 horas, de las cuales se dedicarán
32 horas a las actividades de formación profesional integral”. A su turno, en el parágrafo 1º
del citado artículo primero ibidem, se precisó que: “son actividades de formación
profesional integral, las sesiones presenciales o desescolarizadas, tanto a distancia como virtuales,
24
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 313 y siguientes.
25
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
26
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
27
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
28
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2227 y siguientes.
19
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de duración mínimo de una hora desarrollada por los instructores, en el SENA o en las empresas
cuando realicen el seguimiento formativo a los alumnos en etapa productiva ”.
h) Mediante la Resolución Nº 002297 de 200529, la entidad estableció el calendario
académico y de labores de los centros de formación profesional para el año 2006.
A través de la Resolución Nº 2908 de 2008, la accionada hizo lo propio para el año
200930. A su turno, por medio de la Resolución Nº 02944 de 201031, el SENA fijó el
calendario académico y de labores para el año 2011.
i) En virtud de las Circulares Nº 3-2012-000095 del veintinueve (29) de febrero de
dos mil doce (2012), y Nº. 3-2013-00011 del veintiocho (28) de febrero de dos mil
trece (2013)32, dirigida a todos los servidores públicos, se informó a los instructores
que debían compensar los días de Semana Santa (17 horas laborales), “ trabajando
de acuerdo con la programación que establezca el respectivo subdirector del centro de formación
profesional”. Además, se precisó que era responsabilidad de los jefes inmediatos
verificar la asistencia y el cumplimiento de labores institucionales en el horario de
compensación, y adoptar los correctivos necesarios del caso.
j) Comunicación del veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016)33, con Rad.
Nº 1-2016-000295 en la que la señora Molina Zuluaga le manifestó al subdirector
del Centro de Automatización Industrial – Regional Caldas del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA que, por motivos personales, no podía continuar con la
ejecución del contrato de prestación de servicios Nº 625 de 2016, por lo que solicitó
la cesión de mutuo acuerdo de dicho instrumento contractual. De acuerdo con el
acta de resciliación del dieciséis (16) de abril de la referida anualidad34, las partes
dejaron constancia que, en virtud de la solicitud anterior, la terminación del contrato
se dio a partir del primero (1º) de abril de dos mil dieciséis (2016).
k) Por medio de la petición del seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), la
demandante le solicitó a la entidad el reconocimiento de una relación laboral.
29
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2230 y siguientes.
30
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2235 y siguientes.
31
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2239 y siguientes.
32
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2971.
33
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 326.
34
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 329.
20
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Mediante el Oficio Nº 2-2018-001629 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho
(2018)35, el Director Regional (Caldas) del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
negó la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta entre la entidad
y la señora Paula Andrea Molina Zuluaga durante el período reclamado.
l) El trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)36, el Centro Colombo Americano
certificó que la señora Paula Andrea Molina Zuluaga estuvo vinculada a la institución
como profesora catedrática mediante contrato laboral en los años 2003 y 2004, y
como docente al amparo de contratos de prestación de servicios en los siguientes
períodos: desde el veinticuatro (24) de agosto de dos mil trece (2013), hasta el seis
(6) de diciembre de ese año, y desde el dieciséis (16) de enero de dos mil catorce
(2014), hasta septiembre de la referida anualidad. Por su parte, el representante de
Estudios Cambridge S.A.S., mediante oficio del seis (6) de julio de dos mil veintitrés
(2023)37, en respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal, hizo constar que
la señora Molina Zuluaga no estuvo vinculada a esa entidad en el año dos mil doce
(2012), como lo solicitó el A-quo acreditar al momento de oficiar.
m) En el presente proceso, fueron practicadas las pruebas testimoniales en la
diligencia del catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023) 38 , en la que
declararon la señora Liliana Montoya Monsalve y el señor Ricaurte Andrés Grisales
Gómez. En la misma oportunidad, se practicó el interrogatorio de parte.
2.5. Análisis del caso concreto.
44. En el asunto sub examine, la señora Paula Andrea Molina Zuluaga pretende la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 2-2018-001629 del treinta
(30) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA negó la declaratoria de existencia de una relación laboral
encubierta, durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de dos
mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), así
como, los salarios y prestaciones derivados de la declaración antes referida.
35
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 46 y siguientes.
36
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
37ED_C01Principal_037RESPUESTAREQUERIMIENTOCENTROCOLOMBOAMERICANOPDF(.pdf) NroActua 15.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
45. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026),
negó las pretensiones de la demanda, al no encontrarse desvirtuada la naturaleza
jurídica de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la señora Paula
Andrea Molina Zuluaga y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. El A-quo
sostuvo que, si bien se demostró la prestación personal del servicio y la existencia
de una remuneración periódica pactada a título de honorarios en cada uno de los
contratos suscritos, durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de
enero de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), el elemento esencial de la subordinación no fue probado en el proceso.
46. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, en virtud del cual reiteró que, en el sub judice, concurren los
elementos configurativos de la relación laboral. Para sustentar el recurso de alzada,
la actora hizo énfasis en los siguientes reparos, los cuales coinciden en que, en el
asunto de marras, se acreditó la continuada subordinación y dependencia, a saber:
el error en la valoración de la carga laboral y la “inexactitud de los registros horarios”; la
descontextualización de las declaraciones rendidas en el marco del proceso; el
desconocimiento del precedente unificado en punto a la “ pluralidad de vínculos y la
exclusividad”; la indebida calificación de los indicios de subordinación como “ simple
coordinación contractual”; y la coacción contractual como muestra de poder disciplinario.
47. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos esgrimidos en
el recurso de apelación interpuesto por la actora, la Sala analizará si, en el presente
proceso, se acreditaron los elementos que permiten configurar una relación laboral.
2.5.1. Sobre los elementos que configuración la relación laboral.
2.5.1.1. Prestación personal del servicio.
48. La prestación personal del servicio consiste en que la labor encomendada debe
ser prestada de forma personal y directa 39 , habida cuenta que, en razón a las
capacidades o cualificaciones profesionales de la contratista, fue a esta a quien se
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Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
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eligió y no a otro prestador. De ahí que, dadas las condiciones para su ejecución,
no se puede delegar el ejercicio de las actividades en terceras personas.40
49. En efecto, revisado el dossier procesal, se evidencia que la señora Paula Andrea
Molina Zuluaga prestó personalmente sus servicios como instructora al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, con el propósito de impartir formación integral -
presencial o virtual- en el área de idiomas, por el período comprendido entre el
veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), con algunas interrupciones, tiempo durante el cual
desarrolló, con ocasión de las obligaciones pactadas, labores de formación,
formulación de proyectos y diseño de actividades de aprendizaje en idiomas. Vale
la pena anotar que, dada la naturaleza y alcance del objeto contractual, la labor
encomendada fue ejecutada de manera personal, siendo esta indelegable, con lo
cual se satisface el primer presupuesto y/o elemento de la relación laboral.
2.5.1.2. Remuneración.
50. Sobre el elemento de la remuneración, esta Sección41 ha aclarado que: “por los
servicios prestados, el presunto contratista ha debido recibir una contraprestación económica, con
independencia de si la entidad contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es
el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto,
enseñen los montos que correspondan a la prestación del servicio contratado .” En el asunto de
marras, la Sala evidencia, a partir de los documentos contractuales que fueron
incorporados -con su valor legal- al proceso, que la señora Molina Zuluaga, al
amparo de los diez (10) contratos de prestación de servicios suscritos, recibió como
contraprestación por la labor adelantada una remuneración pactada a título de
honorarios, pagados periódicamente, por lo que se cumple el segundo presupuesto.
2.5.1.3. Subordinación.
51. De acuerdo con lo reafirmado por esta Sección en la sentencia de unificación
del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en consonancia con lo que
prevé el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o
dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la
40
Al respecto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de
2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 09 de septiembre de 2021,
Rad. No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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relación laboral de las demás prestaciones de servicios, puesto que encierra la
facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes,
imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos y
lineamientos de la organización, y someterlo a su poder disciplinario. No obstante,
la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según
cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio y que, valga anotar, se
distingue del alto grado de autonomía técnica que respalda al contrato de prestación
de servicios que contempla el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993.
52. Previo a acudir a la valoración conjunta e integral de los medios de prueba, debe
precisarse que, con sujeción a lo dispuesto en los Decretos 118 y 164 de 1957, el
Servicio Nacional de Aprendizaje se creó como un organismo descentralizado, con
personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de impartir formación
profesional a los trabajadores jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la
agricultura, la ganadería y la minería, labor que tendría como propósito “la preparación
técnica del trabajador y la formación de ciudadanos socialmente útiles y responsables, que posean
los valores morales y culturales indispensables para el mantenimiento de la paz social, dentro de los
principios de la justicia cristiana”. Posteriormente, con la expedición de la Ley 119 de
1994, se precisó la naturaleza del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como
un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo y de
la Seguridad Social, con la misión -según el artículo 2º- de cumplir la “función que
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico
del país”. De acuerdo con el artículo 3º ibidem, son objetivos de la entidad:
“Artículo 3º. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas,
y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la
productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico
del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico.
3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la
calidad de la formación profesional integral.
4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social,
que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional integral.
5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un
sistema regional de formación profesional integral dentro de las iniciativas de integración de
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los países de América Latina y El Caribe.
6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica
y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la
demanda de formación profesional integral”.
53. Vale la pena resaltar que, conforme con el artículo 54 de la citada Ley 119 de
1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA crearía y mantendría un sistema
de capacitación y actualización permanente para los instructores y demás grupos
ocupacionales de la entidad, que reglamentará el Consejo Directivo Nacional. En
ese sentido, es dable sostener que, uno de los empleos a través de los cuales la
entidad materializa sus objetivos misionales, es el de instructor, cargo cuyo
propósito principal consiste en desarrollar procesos de formación profesional de
conformidad con las políticas institucionales, la normatividad vigente y la
programación de la oferta educativa y que, en adición, tiene como funciones las
siguientes: (i) seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación según
el programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado; (ii)
seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices; (iii) orientar los procesos de
aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación,
metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes; (iv) programar las
actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación de conformidad con los módulos
de formación y el calendario institucional y el manual de procedimientos para la
ejecución de acciones de formación profesional; (v) reportar la información
académica y administrativa según las responsabilidades institucionales asignadas;
y (vi) evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo
correspondiente, de conformidad con el manual de evaluación vigente.
54. Al verificar los objetos contractuales 42 de los instrumentos suscritos por la
demandante, durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de
dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se
observa que los mismos coinciden en la prestación de servicios personales como
instructora, para la ejecución de acciones de formación profesional, presenciales o
virtuales, en el área de idiomas o, concretamente, en el programa de bilingüismo,
objeto que incluía, entre otros, el desarrollo de las labores de formación profesional
integral, la formulación de proyectos y el diseño de actividades de aprendizaje.
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55. Para la concreción de tal objeto, se fijaron las siguientes obligaciones
específicas, las cuales permanecieron relativamente uniformes entre los distintos
contratos: (i) adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato
en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo con las especificaciones exigidas
por el SENA; (ii) ejecutar el contrato con autonomía desde el punto de vista técnico
y científico, sin perjuicio del cumplimiento que se deba dar al pensum y los
contenidos mínimos de los programas de formación, el calendario académico, la
programación de clases, las estrategias para evitar la deserción, el lugar, los fines
y objetivos misionales, las normas y directrices de la entidad; (iii) vigilar y
salvaguardar los bienes y valores que han sido encomendados; (iv) comprometerse
a ajustarse a las políticas de comunicación del SENA y aplicación de las TIC
(manejar los sitios web oficiales, utilizar correctamente los correos, velar por la
adecuada utilización de la imagen institucional, etc.; (v) permanecer identificado con
el carné dentro de las instalaciones del SENA; (vi) promover entre los aprendices y
velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial; (vii) efectuar y
demostrar el oportuno y correcto registro de las matrículas, evaluaciones y demás
novedades de los aprendices y programas de formación bajo su responsabilidad;
(viii) impulsar, acompañar y estimular a los aprendices en los procesos de
formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos de aprendizaje;
(ix) conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinario por programa o
conjunto de programas por redes tecnológicas; (x) participar en la programación y
ejecución del proceso de inducción de aprendices y el reconocimiento de
aprendizajes previos; (xi) reportar en el sistema “SofíaPlus”, en un plazo máximo de
tres (3) días, todas los actividades bajo su responsabilidad -del instructor-,
garantizando la calidad de la información y la coherencia con el proceso formativo.
56. Las actividades desarrolladas por la demandante, además de la vocación de
permanencia en el tiempo y de tratarse de labores consustanciales a la misionalidad
de la entidad, orientadas a impartir formación profesional, excedieron el alcance del
contrato estatal de prestación de servicios, de acuerdo con el contenido del artículo
32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, comoquiera que, con la celebración sucesiva
de tales instrumentos, se desbordó el propósito de atender funciones ocasionales
por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra, o el de cumplir -de manera
excepcional y temporal- funciones pertenecientes al objeto misional de la entidad,
siempre que no hubiere suficiente personal de planta. En el caso de autos, no se
demostró la transitoriedad y excepcionalidad ínsitas en la prestación de servicios.
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57. En sentir de la Sala, la suscripción de diez (10) contratos de prestación de
servicios, por espacio superior a los cinco (5) años, con algunas interrupciones, y
para la ejecución de labores inherentes a la misión de la entidad contratante, devela
que no se trató de una actividad esporádica u ocasional, característica propia de la
tipología en cuestión, sino que, por el contrario, el tiempo de vinculación prolongado
constituyó un indicio claro de subordinación. Con ello, la Sala reitera que se
desnaturaliza la finalidad para la cual fue estatuida la tipología de contratos de
prestación de servicios (en la que se alude a su celebración por el “término
estrictamente indispensable”) cuando se suple, de manera definitiva -o prolongada en el
tiempo-, las funciones permanentes o misionales de las entidades, puesto que su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias43.
58. Con arreglo a lo dispuesto en la pluri-citada sentencia de unificación del nueve
(9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado como indicios de subordinación, además de la
correspondencia de las actividades desarrolladas al amparo de los contratos de
prestación de servicios, con las asignadas a los empleados de la planta de personal,
el lugar de trabajo, el horario de labores, y la dirección y el control efectivo de las
actividades a ejecutar, este último -indicio-, bien sea a través de la exigencia del
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder
de disciplina o del ius variandi, propósito para el cual se debe acreditar la inserción
del contratista en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que se pueda evidenciar que ésta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento del respectivo objeto contractual.
59. Contrario a lo sostenido por el A-quo, la Sala identifica suficientes indicios de
subordinación, con los cuales se desnaturalizó la figura del contrato de prestación
de servicios a la que, de manera sostenida en el tiempo, acudió la entidad. Esta
aseveración encuentra sustento en las pruebas documentales y testimoniales que
conforman el acervo probatorio, del que es posible colegir que, durante la
vinculación al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la demandante debía
satisfacer una exigencia horaria; prestar personalmente el servicio con las
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad.
No. 05001-23-33-000-2013-01143-01.
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herramientas -y plataformas- facilitadas por la entidad; atender los lineamientos,
orientaciones pedagógicas, instrucciones y directrices impartidas por la contratante
para el desarrollo de las actividades de formación; participar activamente en la
estructura organizativa de la entidad, especialmente, en reuniones del grupo
primario, del equipo de desarrollo curricular, y en los comités de evaluación.
60. Las consideraciones advertidas se acompasan con las pruebas testimoniales
que fueron practicadas en la diligencia del catorce (14) de junio de dos mil veintitrés
(2023) 44 , en la que declararon la señora Liliana Montoya Monsalve y el señor
Ricaurte Andrés Grisales Gómez. En la misma oportunidad, se practicó el
interrogatorio de parte de la señora Paula Andrea Molina Zuluaga.
61. Antes de proceder con su valoración, debe anotarse que, aunque el testimonio
de la señora Montoya Monsalve fue tachado, al tener -presuntamente- interés
directo en las resultas del presente trámite por haber adelantado un proceso contra
la entidad demandada ante esta jurisdicción, lo cierto es que, como lo sostuvo el
juez de primer grado, dicha circunstancia no invalida la prueba testimonial. Al
respecto, la tacha a la que alude la accionada no presupone que la recepción y
valoración de la prueba testimonial se torne improcedente, sino que exige del
operador un análisis más severo con respecto a cada una de las declaraciones para
determinar el grado de credibilidad que ofrecen y cerciorarse de su eficacia
probatoria. Así lo ha dicho el Consejo de Estado al indicar que, para la valoración
del testimonio, no existe descalificación legal de un testigo que se estime
“sospechoso”, porque ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que
gobierna el régimen probatorio.45 De manera consonante, la Corte Constitucional
ha indicado que el juez no tiene facultad para abstenerse de valorar un testimonio
que considere sospechoso, sino que, en su lugar, “debe efectuar una práctica más rigurosa
del mismo y una evaluación más detallada de cada una de las afirmaciones que lo compongan” 46.
62. Dicho esto, se tiene que la señora Montoya Monsalve, quien adujo ser
contratista del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA desde el dos mil (2000)
hasta el dos mil quince (2015), hizo constar que: fue compañera de la demandante
en el “área de inglés”; a pesar de estar, principalmente, en modalidad virtual, la actora
44
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
40ED_C01Principal_040ACTAAUDIENCIAPRUEBASPDF(.pdf) NroActua 15
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez. Rad. No. 25002342000201602966 01.
46
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090 de 2005.
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debía cumplir con un mínimo de horas (160 horas mensuales aproximadamente, las
cuales se extendían, en ocasiones a 180 o 200 horas) y “hacer lo mismo que una persona
de planta”, es decir, asistir a reuniones, grupos primarios y a encuentros académicos
del área; adujo que la coordinadora académica establecía los horarios, a los cuales
debía ajustarse la instructora; los cursos se desarrollaban con base en los
lineamientos dados por la entidad; precisó que no le constaba que la demandante
pudiera desarrollar otras actividades de manera externa mientras estuvo vinculada
a la entidad; y señaló que, en lo que toca a la forma de trabajo, la señora Molina
Zuluaga debía rendir informes, “pasar listas”, ejecutar una planeación inicial,
desarrollar guías de aprendizaje, tramitar reportes de auditoría, confrontar el
programa con los criterios de evaluación, entre otras actividades.
62.1. Agregó que, para tramitar permisos, debía reportarse la situación a la
coordinación académica o, en su defecto, poner en conocimiento del jefe del centro
de formación la solicitud. Adujo que la coordinación académica, la instructora de
revisión estratégica y la auditoría verificaban el cumplimiento de las labores
realizadas. Frente a la autonomía para la ejecución de las actividades contratadas,
y la alegada dependencia, sostuvo que: “a pesar de que nosotros teníamos la posibilidad de
aplicar nuestra técnica, nuestro conocimiento, a favor de ellos, eso no quería decir que nosotros
pudiéramos hacer una clase, por ejemplo, sin los estándares o lineamientos que ellos tenían, ah
venga es que aquí los objetivos son tales cosas, los criterios de evaluación tiene que redactarlos de
esta forma, la evaluación para esto es mejor que la haga de tal forma, ellos nos hacían seguimiento
a todo”. Respecto de los contenidos curriculares, aseveró que los instructores
elaboraban las guías de aprendizaje con base en los lineamientos de la entidad.
Aunado a ello, explicó que a los instructores se les pedían las calificaciones de los
aprendices, sin distingo del tiempo y la forma que destinara para ese propósito.
63. Por su parte, el señor Ricaurte Andrés Grisales Gómez manifestó que trabajó
durante -aproximadamente- tres (3) años con la señora Molina Zuluaga, pues,
estuvo vinculado desde el dos mil cinco (2005), hasta el dos mil catorce (2014), bajo
“condiciones laborales iguales”, al amparo de contratos de prestación de servicios. Aclaró
que debían atender el horario que se les daba y que, en particular, a la actora le
correspondía “dar clases de inglés, a grupos en el SENA, allá en la sede central, también clases
virtuales, a otras personas que estudiaban inglés, también recuerdo que ella dio clases de francés
en la noche, a unos grupos por las noches, creo que también viajó a municipio a atender grupos a
municipios”. Precisó que, al margen de las actividades presenciales, cuando se
desarrollaba la modalidad virtual, la formación se hacía con el computador personal
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y a través de las plataformas de la entidad. Puntualizó que la accionante debía
cumplir un mínimo de 40 horas semanales y, algunas veces, 48 horas.
63.1. Puso de presente que los horarios eran variables. Para ilustrarlo, explicó que
“a ella le tocaba a veces trabajar de, por ejemplo, de 7 a 1, por poner un ejemplo, y volver después
de 6 a 10, o a veces la ponían de 2 a 6 y quedarse de 6 a 10, o sea no era un horario fijo”. Además,
expuso que era el SENA el ente que imponía los horarios, el que decía “ qué es lo que
tenía que hacer”. Aludió a la existencia de una coordinadora, de nombre Dora Ruby, y
de un director del centro de comercio, de quienes la demandante recibía órdenes.
Sostuvo que la parte actora “tenía que pedir permiso siempre, para poder hacer algo aparte de
sus labores”. A su turno, indicó que no le constaba que, durante el tiempo de
vinculación, la señora Molina Zuluaga hubiera prestado servicios en otras entidades.
63.2. Refirió que la supervisión de actividades consistía en verificar que se
orientaran las clases, se cumpliera con los horarios “tal cual”, se pasaran las planillas
y los informes y que, en suma, se estuviera impartiendo la formación. Incluso,
advirtió que, cuando no había clase, la demandante debía cumplir un horario, tiempo
durante el cual se dedicaba a “organizar, a planear, a calificar, cosas así”. Aclaró que no
tenía conocimiento si la actora fue objeto de alguna sanción o investigación.
63.3. Al ser consultado por el apoderado de la entidad demandada sobre el
funcionamiento del programa de formación virtual, hizo constar que: “ bueno, en
ocasiones son los mismos estudiantes del SENA los que están en el curso de inglés, deben hacer el
curso como parte de su programa de formación. En otras ocasiones es gente particular que se va
uniendo a la plataforma del SENA y en otras ocasiones a ella le tocaba buscar gente para conformar
sus grupos y cumplir con las horas. Se trabaja por medio de la plataforma, en esa época se llamaba
blackboard y ella debía atender grupos de 80 personas, creo que mínimo eran como dos grupos de
80 personas, y tenía que cumplir con unos horarios y responder con evidencias de esos horarios ¿a
quiénes? A los interventores, que eran los que estaban pendientes siempre de lo que hacíamos o
no hacíamos”. En esa línea, sostuvo que los instructores determinaban a qué hora
calificaban las unidades de los aprendices y fijaban espacios para ciertas tareas. En
adición, hizo énfasis en que les correspondía cumplir con las horas asignadas.
64. Las declaraciones antes relacionadas se acompasan con lo relatado por la
señora Molina Zuluaga en el interrogatorio de parte, oportunidad en la cual indicó,
entre otros aspectos, que tuvo supervisores en los centros de formación que
impartían instrucciones que, a su juicio, se dirigían a todos los instructores, con
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independencia de si eran contratistas o de la planta de personal, resaltando que
cumplían, materialmente, las mismas funciones. La única diferencia advertida, en
su criterio, fue que en la planilla única los de planta no pasaban estadística. Hizo
hincapié en que, en las reuniones de formadores, a las que tuvo que “asistir
obligatoriamente”, se les recordaba el uso del delantal y las demás instrucciones a
seguir, dictadas por parte del coordinador o, en ocasiones, del director del centro o
del interventor (sic). Anotó que siempre debía cumplir con una carga horaria,
específicamente, “8 horas diarias, independiente que hubiera o no cursos había que cumplir un
mínimo de horas, más o menos entre 188 y 196, pero a veces era más, a veces era más porque
dependiendo de la necesidad del centro, eso variaba dependiendo de la necesidad del centro”.
64.1. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que, en algunos períodos, dictó clases en
otras instituciones y que, al vincularse a la entidad, fueron muy claros al indicarle
“que podían trabajar con otras instituciones privadas siempre y cuando los horarios no se cruzaran ”.
También explicó el objeto de los grupos primarios a los que concurría. Al respecto,
manifestó que aquellos consistían en reuniones mensuales en los que se revisaban
actividades académicas generales relacionadas con las necesidades del centro, así
como los resultados del proceso de enseñanza. Afirmó que: “(…) a veces nos (j)alaban
por ejemplo las orejas y nos decían, nos recordaban sobre los lineamientos que teníamos a los que
estábamos sujetados de acuerdo a los contratos, el uniforme era un delantal, la escarapela, común,
como si fuéramos todos de la misma, del mismo centro, sin ningún tipo de prelación o diferencia, yo
usaba mi escarapela y mi delantal (sic)”. Añadió que esos grupos primarios estaban
conformados por la coordinadora, los interventores (incluyendo al interventor
pedagógico), los instructores de planta y los contratistas (sin diferenciación).
65. En suma, observa la Sala que, tanto los deponentes, como la parte demandante,
convergen en aspectos como: el cumplimiento de una exigencia horaria definida por
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; la sujeción a las órdenes impartidas
desde la coordinación académica, o la dirección del centro de formación; la
necesidad de tramitar permisos a través de los superiores; la adecuación de los
programas y contenidos curriculares a los lineamientos dados por la entidad; la
inserción de la actora al círculo organizativo de la demandada, reflejada en la
continua participación en las reuniones de área y los grupos primarios; y la identidad
material de las funciones desempeñadas con el personal de planta.
66. Aunque el juez de primer grado advirtió inconsistencias en las declaraciones, la
Sala considera que las mismas fueron claras, coherentes y espontáneas, dotadas
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de afirmaciones verosímiles y contextualizadas, así como de elementos que
permiten identificar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron
las actividades derivadas de los contratos de prestación de servicios celebrados.
Para respaldar este aserto, se destaca que: (i) por un lado, contrario a lo sostenido
por el A-quo, el hecho de admitir que -la actora- prestó servicios en otra institución,
durante una fracción de tiempo que coincidió con un período de ejecución
contractual en la entidad demandada, no desvirtúa que se haya cumplido con una
intensidad horaria determinada, ni suprime, de suyo, el elemento de subordinación,
pues, es factible que una persona se encuentre jurídicamente subordinada a un
empleador y, simultáneamente, desarrolle otra actividad remunerada, siempre que
las condiciones materiales de ambas vinculaciones lo permitan; y (ii) por el otro
lado, no es cierto que la narración del señor Grisales Gómez devele contradicciones
por el hecho de haber sostenido, en un principio, que la demandante debía cumplir
jornadas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y/o de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., y, más adelante,
que por ser “docente virtual”, no debía asistir permanentemente a las instalaciones del
SENA, habida consideración que la observancia de un horario, y la modalidad de
formación virtual, no son excluyentes, sino complementarias, máxime si se tiene en
cuenta que el horario se cumple sin distingo de la modalidad de la formación. A ello
se suma que la señora Molina Zuluaga no ejecutó actividades exclusivamente
virtuales, sino que también tuvo a su cargo labores en la presencialidad.
67. En este estadio del análisis, la Sala estima conveniente destacar que, de
acuerdo con la Resolución 624 de 200447 que se incorporó al plenario, por medio
de la cual se determinó la jornada laboral semanal para el grupo ocupacional de
instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se dispuso, en el artículo
primero, que: “De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto 249
de 2004, la jornada laboral semanal para el grupo ocupacional de instructor es de 42.5 horas, de las
cuales se dedicarán 32 horas a las actividades de formación profesional integral”. A su turno, en
el parágrafo 1º del citado artículo, se estableció que: “son actividades de formación
profesional integral, las sesiones presenciales o desescolarizadas, tanto a distancia como virtuales,
de duración mínimo de una hora desarrollada por los instructores, en el SENA o en las empresas
cuando realicen el seguimiento formativo a los alumnos en etapa productiva”. En tal virtud, es
claro que la normativa que regula las actividades de formación a cargo de los
instructores, admiten las sesiones presenciales, a distancia y virtuales, lo que impide
sostener que la modalidad de las actividades constituya un presupuesto de la
47
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2227 y siguientes.
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subordinación del vínculo, aspecto que contrariaría las reglas de la sana crítica.
68. Debe decirse que, además de las declaraciones analizadas ut supra, fueron
examinados otros medios de convicción que acreditan el elemento de la
subordinación y dependencia. Así, por ejemplo, reposan en el plenario, las actas de
los comités de evaluación en los que participó la demandante, en concreto, en las
sesiones del veintidós (22) de mayo y del nueve (9) de octubre de dos mil trece
(2013)48. Asimismo, se aportaron las constancias de participación de la actora en
las reuniones del grupo primario durante el 2010 (los días 19 de febrero, 19 de
marzo, 21 de mayo, 18 de junio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 22 de octubre, 19
de noviembre y 15 de diciembre), el 2011 (los días 18 de febrero, 17 y 22 de junio y
el 15 de diciembre), y en el 2012 (los días 17 de febrero, 20 de abril, 18 de mayo, 3
de julio, 17 de agosto, 21 de septiembre, 28 de noviembre y 13 de diciembre)49.
68.1. Cabe anotar que, en los grupos primarios, se rendían los informes de la oficina
virtual, dirección regional, coordinación académica y la subdirección del respectivo
centro de formación; se compartían proposiciones; se discutían cambios en los
proyectos y herramientas pedagógicas (v.gr. Blackboard, Moodle, SofíaPlus); se
abordaban aspectos asociados a la formación profesional, salud ocupacional, entre
otros; y se daban a conocer los lineamientos y directrices institucionales.
69. En virtud de las Circulares Nº 3-2012-000095 del veintinueve (29) de febrero de
dos mil doce (2012), y Nº. 3-2013-00011 del veintiocho (28) de febrero de dos mil
trece (2013) 50 , se informó a los instructores que debían compensar los días de
Semana Santa (17 horas) “trabajando de acuerdo con la programación que establezca el
respectivo subdirector del centro de formación profesional”. Además, se precisó que era
responsabilidad de los jefes inmediatos verificar la asistencia y el cumplimiento de
labores institucionales en el horario de compensación, y adoptar los correctivos
necesarios del caso. Esta circunstancia pone en evidencia que las instrucciones
relativas al cumplimiento de una intensidad horaria se dirigían, sin excepción, a los
instructores de planta y contratistas, quienes debían satisfacer un mínimo de horas.
48
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
49
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
50
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
13ED_C01Principal_013CONTESTACIONDEMANDASENAPDF(.pdf) NroActua 15, pág. 2971.
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Número Interno: 1549-2026
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70. Asimismo, obra en el expediente la solicitud de viáticos para impartir clases en
el municipio de Anserma los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20, así como el 26 y 27 de junio
de 201451, y para las jornadas realizadas en los municipios de Aguadas y Pácora
los días 2, 9, 16 y 30 de marzo de 2016, solicitudes que fueron debidamente
pagadas y que acreditan el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad, pues,
podía determinar el lugar, el horario y las funciones a ejecutar por parte de la actora.
Este hecho se armoniza con lo declarado por la señora Molina Zuluaga en el
interrogatorio de parte, quien en dicha oportunidad sostuvo que: “ (…) uno tiene que
estar preparado para que lo envíen a Municipios o no, o para que le asignaran, yo tenía que estar
lista para que me asignaran municipios o no, o todo el tiempo virtual, o sea la asignación virtual
cambiaba, siempre cambiaba el tipo de formación, como le digo dependiendo de la necesidad del
Centro y estábamos supeditados a lo que nos dictaran desde coordinación académica (…) el
Municipio lo ponían en el contrato era para eso, para saber si le pagaban a uno o no viáticos, en
varias ocasiones yo tuve que pagar mis viáticos porque no aparecía en el contrato. Me decían hay
esta necesidad en este municipio, pero no tiene viáticos, a los de planta, eso es otra diferencia, que
sí note era que a ellos les pagaban siempre los viáticos para donde se fuera, a nosotros no, si había
una necesidad se tenía uno que ir para allá y si no le pagaban los viáticos pues le toco pagar ”.
71. En un caso de similares contornos fácticos y jurídicos, en el que se discutió la
existencia de una relación laboral encubierta de un instructor de Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA que impartió formación profesional, en modalidad virtual, y
en cursos de idiomas, la Sala de Subsección, mediante sentencia del veinticuatro
(24) de julio de dos mil veintiséis (2026)52, sostuvo que: “en efecto, aunque la utilización
de plataformas tecnológicas y la existencia de contenidos académicos podrían corresponder a
mecanismos propios de coordinación contractual, en el presente caso excedieron dicho ámbito, pues
implicaban control permanente sobre la ejecución del servicio y la obligación de cumplir instrucciones
impartidas (…) Estas circunstancias evidencian una sujeción funcional respecto de la entidad, pues
la demandante no tenía libertad para determinar de manera autónoma la forma de ejecutar el
servicio, sino que debía ajustarse a los parámetros fijados por el SENA”.
72. Así las cosas, contrario a lo concluido por el Tribunal, y a los argumentos de
defensa esgrimidos por la entidad, la parte actora no desarrolló la labor contratada
bajo la égida de un esquema de simple coordinación de actividades, sino, por el
contrario, en el contexto de la continuada subordinación y dependencia frente a la
entidad contratante. Más allá de la sincronización de actividades, o la concertación
de las condiciones que rodeaban la ejecución contractual, la Sala avizora que las
51
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo:
5ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 15.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 24 de julio de
2026, Rad. 20001-23-33-000-2019-00030-01 (3195-2021), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Número Interno: 1549-2026
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circunstancias en que aquellas se desarrollaron, ponen de manifiesto la supresión
de la autonomía contractual, así como la desnaturalización del carácter excepcional
y temporal que ampara al contrato estatal de prestación de servicios. En suma, el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA pudo disponer de la señora Molina
Zuluaga para la materialización de su objeto misional, a través de la imposición de
horarios, lineamientos, directrices, órdenes y su inserción al círculo organizativo.
73. Con todo, la Sala encuentra acreditados los elementos configurativos de la
relación laboral, situación que impone revocar la sentencia de primera instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio Nº 2-2018-001629 del treinta (30) de abril de
dos mil dieciocho (2018), mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA negó la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta entre la
señora Molina Zuluaga y dicha entidad, durante el período comprendido entre el
veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), así como los reconocimientos subyacentes.
2.5.2. Del restablecimiento del derecho.
74. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, la
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legalmente previstas. Para la Sala de Subsección, la base de liquidación de dichas
prestaciones debe corresponder al salario asignado al empleo de la planta de
personal, cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la
demandante. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las
actividades que debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la
planta de personal exista un empleo con funciones iguales o equivalentes a las
pactadas contractualmente, deberá tomarse como parámetro el salario asignado a
dicho cargo. La igualdad o equivalencia a la que se alude es de carácter funcional,
de manera que, aun cuando no exista en la planta un empleo idéntico, deberá
establecerse si alguno de los cargos existentes comprende funciones equiparables.
75. Nótese que, cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la
Constitución Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación
de servicios desconoció el ordenamiento superior, lo cual conlleva a que se deba
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
preferir el salario del cargo, en lugar de acudir a los honorarios pactados. De lo
anterior se extrae que, lo acordado por las partes, o lo fijado internamente por la
entidad como pago para los contratistas, no puede, en línea de principio, constituir
la base para determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra
la existencia de una relación laboral con una entidad pública. Tal consideración
propende por un parámetro de equidad y proporcionalidad, por haberse utilizado el
contrato de prestación de servicios para ocultar una verdadera relación laboral.
76. En hilo con lo expuesto, se tiene que el principio de “a trabajo igual salario igual”,
también se deriva del artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas. Al respecto, esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del
veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)53, explicó que:
“124. Ciertamente, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los indicios a
evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son realizadas por los
servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación explicó que «el hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios
o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a
trabajo igual, salario igual». Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda
al salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.
125. En efecto, esta Sala ya ha venido considerando que como consecuencia de la
declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado principio, la base
para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la planta de personal
(…) 126. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de las
prestaciones sociales será el valor de los honorarios”.
77. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría
devengado un empleado de planta de la entidad demandada, por lo que se
dispondrá el pago de las mismas, liquidadas con base en el salario de un empleado
de la planta de personal que ejerciera funciones iguales o equivalentes, durante el
período efectivamente laborado, salvo el afectado por prescripción. No obstante,
únicamente en el evento que no exista un cargo funcional y materialmente igual o
equivalente, la base de liquidación la constituirá los honorarios pactados.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 24 de julio de
2026, Rad. 66001-23-33-000-2018-00124-01 (2936-2022), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Número Interno: 1549-2026
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78. En lo que toca a los aportes pensionales, y considerando el carácter periódico
e imprescriptible de los aportes de tal naturaleza, frente a ellos no opera el
fenómeno prescriptivo que se analizará ut infra, por lo que la entidad deberá efectuar
las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones, por el período comprendido entre
el veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016), salvo las interrupciones acreditadas.
79. Para tal efecto, el criterio de la Sala de Subsección 54 es que la entidad
demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
señora Molina Zuluaga, tomando como base -según lo expuesto- el salario de un
empleado de la planta de personal y, solo en caso de no existir, se tendrá en cuenta
el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios del
respectivo período. La entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el
porcentaje que le correspondía como empleadora. Para el propósito anotado, la
demandante deberá acreditar las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad
social en pensiones, durante el tiempo de vinculación a la entidad y, en caso de no
haberse realizado aportes, o de existir diferencia en su contra, le corresponderá
pagar o completar el porcentaje que, como empleada de planta, le asiste.
80. Las diferencias reconocidas a favor de la demandante deberán actualizarse con
el fin de preservar su poder adquisitivo. Para tal efecto, la entidad aplicará la fórmula
utilizada, de manera reiterada, por esta Corporación: R = Rh × IPC Final / IPC Inicial,
en la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por
el guarismo que resulte de dividir el índice de precios al consumidor vigente en la
fecha de ejecutoria de esta providencia o de pago efectivo (IPC final), entre el índice
vigente para la fecha en que cada obligación se hizo exigible (IPC inicial). Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la actualización deberá efectuarse
separadamente respecto de cada una de las sumas adeudadas.
2.5.3. De la prescripción.
81. En la sentencia de unificación SUJ2-005-16 del veinticinco (25) de agosto de
dos mil dieciséis (2016), proferida por esta Colegiatura, se establecieron las
siguientes reglas: (i) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo
de 2026, Rad. 05001-23-33-000-2015-00521-02 (1147-2025), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
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un interregno determinado, y en lo que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso
de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia de la relación laboral encubierta es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio; (ii) la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes a pensión, en atención al carácter periódico del derecho pensional; y (iii)
quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres (3) años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.
82. En la sentencia de unificación del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), esta Sección estableció un periodo de treinta (30) días hábiles como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una “camisa de fuerza” para
el juez contencioso que, en cada caso, y de acuerdo con los elementos de juicio
que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral. En la misma providencia, se precisó que, “se entenderá
que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación
de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas
de ellos son iguales o similares (…)”. Sobre el particular, se estableció que:
“152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80
de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse”.
83. La anterior providencia fue aclarada mediante auto del once (11) de noviembre
de dos mil veintiuno (2021), en el que se precisó: “el término de treinta (30) días hábiles,
a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9 de septiembre de
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2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay solución de continuidad
entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la prescripción de derechos laborales ”.
84. Con fundamento en los contratos aportados, y las interrupciones relacionadas
en el acápite de hechos probados, se observa que, en toda la unidad contractual,
sólo tuvieron lugar dos (2) interrupciones superiores al indicador temporal acogido
en el precedente unificado, a saber: (i) la primera, de treinta y ocho (38) días hábiles,
entre la finalización del Contrato Núm. 366 de 2014 (12/12/2014) y la ejecución del
Contrato Núm. 531 de 2015 (06/02/2015); y (ii) la segunda, de cuarenta y seis (46)
días hábiles, entre la finalización del Contrato Núm. 531 de 2015 (19/12/2015), y la
ejecución del Contrato Núm. 625 de 2016 (25/02/2016), sin que, durante dicho
interregno, se hubiese acreditado la continuidad en la prestación del servicio.
84.1. Aunque la sentencia de unificación del nueve (9) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), proferida por esta Colegiatura, aclaró que el parámetro de treinta
(30) días no constituye una barrera infranqueable o una “camisa de fuerza” para
analizar si existió o no solución de continuidad, lo cierto es que, en el caso de autos,
no se aportaron elementos de juicio que acreditaran que, durante las interrupciones
superiores a dicho término, se siguieran ejecutando -materialmente- actividades
propias de los contratos celebrados; que dicho lapso resultara atribuible a la entidad
demandada; o que, durante ese tiempo, acaeciera alguna circunstancia que
imposibilitara la suscripción del contrato sucedáneo dentro del marco de referencia
temporal antes anotado.
84.2. Fuerza decir que, en la regla de unificación en comento, se precisó que, en
cada caso, habrá de sopesarse los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso al concebido como
marco referencial. Como se dijo, al dossier no se aportaron medios que justificaran
las razones por las cuales se excedió el término, ni la demandante aludió a los
precisos motivos que enervaran la ruptura de la unidad contractual.
85. Con base en lo expuesto, y teniendo en cuenta que la señora Paula Andrea
Molina Zuluaga presentó la reclamación administrativa el seis (6) de abril de dos mil
dieciocho (2018), la prescripción de los derechos laborales deberá analizarse de
manera independiente respecto de cada uno de los períodos acreditados. En ese
sentido, las interrupciones superiores a los treinta (30) días hábiles rompieron la
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Número Interno: 1549-2026
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unidad de la relación laboral para efectos de la prescripción, por lo que, únicamente
podrán reconocerse las prestaciones sociales causadas dentro de los tres (3) años
anteriores a la reclamación, en los períodos no afectados por la prescripción.
86. Por tanto, en atención a que la reclamación de pago de las prestaciones
derivadas de la existencia de la relación laboral se presentó el seis (6) de abril de
dos mil dieciocho (2018), los periodos contractuales concluidos antes de que iniciara
el término prescriptivo se encuentran afectados por dicha figura (6 de abril de 2015).
Así, se observa que los derechos derivados del Contrato Núm. 531 de 2015,
ejecutado hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos mil quince (2015), e iniciado
el seis (6) de febrero de esa anualidad, y los períodos ejecutados con posterioridad,
fueron reclamados dentro del término, de manera que, los períodos anteriores al
seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), se encuentran afectados por el
fenómeno prescriptivo, salvo los aportes a pensión, como se explicó ut supra.
2.6. Conclusiones.
87. De conformidad con el fundamento expuesto, y en atención a la valoración
probatoria adelantada a la luz de las reglas de la sana crítica, la Sala concluye que,
entre la señora Paula Andrea Molina Zuluaga, y el Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA, existió una relación laboral encubierta durante el período comprendido
entre el veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), salvo las interrupciones acreditadas, teniendo
en cuenta que, durante la ejecución de la labor contratada para impartir formación
profesional integral, principalmente en ambientes virtuales, en el área de
bilingüismo, se acreditaron los elementos configurativos de una relación laboral, es
decir, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación y dependencia. En consecuencia, se revocará el fallo apelado.
2.7. Condena en costas.
88. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual, se
negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Nº
2-2018-001629 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante el
cual, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA negó la declaratoria de existencia
de una relación laboral encubierta entre la demandante y la entidad demandada, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. DECLARAR que, entre la señora Paula Andrea Molina Zuluaga, y el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, existió una relación laboral encubierta
durante el período comprendido entre el veintiocho (28) de enero de dos mil diez
(2010) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), salvo las
interrupciones acreditadas, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar
a favor de la señora Paula Andrea Molina Zuluaga, las prestaciones sociales que
hubiera percibido un empleado de planta de la entidad de igual o similar categoría,
derivadas de la relación laboral declarada, y por el período efectivamente laborado
no afectado por el fenómeno prescriptivo. La base de liquidación de las prestaciones
sociales será el salario de un empleado de planta que cumpliera funciones iguales
o equivalentes. En caso de no existir un cargo equivalente en la planta de personal
de la entidad, la liquidación deberá efectuarse con base en los honorarios pactados.
Asimismo, se ordenará la indexación de las sumas acá reconocidas, en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de los
derechos laborales y prestacionales derivados de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre la señora Paula Andrea Molina Zuluaga y la entidad
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
demandada, causados en relación con los períodos laborados con anterioridad al
seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), salvo los aportes pensionales.
SEXTO. DECLARAR que el tiempo laborado por la señora Paula Andrea Molina
Zuluaga, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, en los períodos
en los cuales se demostró la existencia de una relación laboral encubierta, se debe
computar para efectos pensionales. En consecuencia, ORDENAR al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, a realizar las cotizaciones para efectos
pensionales, teniendo en cuenta el porcentaje que le correspondía como entidad
empleadora, para lo cual tomará como referente el salario de un empleado de la
planta de personal que desarrollaba funciones iguales o equivalentes a las
ejecutadas por la demandante en el período reconocido y, únicamente en caso de
no existir el empleo en la planta, se tendrán como base los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios para cada período. Lo anterior,
considerando el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral,
según lo analizado en los acápites pertinentes de esta sentencia.
Para todos los efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
hubiese realizado al sistema de seguridad social en pensiones, durante los vínculos
contractuales, precisando que, en caso de no haberse hecho, o de existir diferencia
en su contra, tendrá la carga de completar el porcentaje que le corresponda.
SÉPTIMO. NEGAR las demás súplicas de la demanda.
OCTAVO. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la carga impuesta
a la parte actora en el inciso segundo de la disposición en cita.
NOVENO. Sin condena en costas en ambas instancias.
DÉCIMO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Número Interno: 1549-2026
Demandante: Paula Andrea Molina Zuluaga
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
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