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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2005-00366-01

Privación injusta de la libertad

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2005-00366-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria, del 30 de abril de 2018, la cual quedará así: “PRIMERO. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a Jairo René Rodríguez Guaraca como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto entre el 19 de mayo de 2003 y el 16 de abril de 2004, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. “SEGUNDO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios morales, cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 s.m.l.m.v.). “TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de ocho millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos ($8’886.640). “CUARTO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($8’355.959). “QUINTO. Los valores aquí determinados devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y la sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional. “SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. “SÉPTIMO. Sin condena en costas. “OCTAVO. Devolver de manera inmediata el presente expediente al Tribunal Administrativo del Caquetá para que por conducto de su Secretaría realice la notificación de la sentencia y disponga el ulterior procedimiento para su cumplimiento”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2005-00366-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

14 de marzo de 2019

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social. En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la supuesta restricción del derecho a la libertad del señor (...) tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto ver sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 49740, y sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 51057.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JUDICIAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[A] través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 / DECRETO 1 DE 1984

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. Conviene precisar que esta Subsección, en ocasiones anteriores, ha indicado que cuando una demanda contiene varios hechos generadores del daño o causas petendi el término de caducidad se debe contabilizar por separado, por tanto, como en el presente asunto se expusieron diferentes imputaciones de responsabilidad, respecto de cada una de ellas se analizará si el libelo introductorio se radicó oportunamente.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 8

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. (...) la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en las pruebas debidamente incorporadas a la actuación. Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA

Respecto de la valoración de la prueba trasladada, esta Corporación ha señalado que aquella debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que hubiere sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aduce o que hubiere sido practicada con audiencia de esta, pues, de lo contrario, no podría ser valorada en el proceso al cual se traslada. De igual manera, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas fue solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo, porque, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que una prueba haga parte del acervo probatorio, para luego, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocar las formalidades legales para su inadmisión.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 185

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD / PROPORCIONALIDAD / LEGALIDAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / CÁRCEL / INDICIO GRAVE / HECHO INDICADOR / CRITERIO DE NECESIDAD / DEBER PROBATORIO / DEFICIENCIA PROBATORIA / DELITO / REBELIÓN

De conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra del implicado y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia de los sindicados al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria. En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, supuesto que no se encuentra acreditado en el sub lite, dado que no se aportaron pruebas de las cuales fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad contra el señor (...), por las razones expuestas en precedencia, particularmente, las que atañen al precario contenido de las declaraciones que vinculaban a la persona en mención con el delito de rebelión.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 284 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 18001-23-31-000-2005-00366-01(62503)

Actor: JAIRO RENÉ RODRÍGUEZ GUARACA

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – falla en el servicio por indebida valoración probatoria al momento de la imposición de medida de aseguramiento / ALCANCE DE LA APELACIÓN – La Sala se debe limitar a los argumentos esbozados en el recurso de apelación y a los juicios de responsabilidad sobre los cuales se manifestó inconformidad.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, el 30 de abril de 2018, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en tal sentido, dispuso (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“PRIMERO. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a Jairo René Rodríguez Guaraca como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto entre el 19 de mayo de 2003 y el 16 de abril de 2004, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios morales, cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 s.m.l.m.v.).

“TERCERO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de ocho millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento veinticinco pesos ($8’688.125).

“CUARTO. CONDENAR en abstracto a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, los perjuicios ocasionados derivados de la pérdida del vehículo automotor marca Suzuki, de placas HBJ-556, modelo 1982, color gris, carpado, con chasis No. SJ40113859, motor F10A-533329, sin que en todo caso el monto por tal perjuicio exceda la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000) solicitados en la demanda (….)”.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda
El 16 de septiembre de 2005, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor Jairo René Rodríguez Guaraca presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por la privación injusta de la libertad que tuvo que soportar, dentro de un proceso penal adelantado en su contra y por la pérdida de un vehículo de su propiedad que fue incautado al momento de la captura.

Como consecuencia de lo anterior, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales solicitó la suma de 50 S.M.L.M.V.

Por concepto de perjuicios materiales, a título de lucro cesante a favor de la víctima directa, la suma de quince millones treinta y seis mil pesos ($15’036.000).

Por último, debido a la pérdida del vehículo de su propiedad -incautado al momento de la captura-, solicitó el pago de cinco millones de pesos ($5’000.000).

2. Los hechos

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

Se afirmó que el 19 de mayo de 2003, el señor Jairo René Rodríguez Guaraca fue capturado por miembros del Ejército Nacional durante un retén militar instalado en el municipio de San Vicente del Caguán y, además, le fue incautado un vehículo de su propiedad, marca “Suzuki”, color gris, identificado con número de placa HBJ 556 y chasis No. SJ40-1138-58.

Según la parte actora, por medio del informe de captura No 150, del 19 de mayo de 2003, el Ejército Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación al señor Rodríguez Guaraca y el vehículo de su propiedad, para que fuera investigado por los delitos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

Después de ser capturado, rindió indagatoria, diligencia en la cual se declaró inocente de los delitos por los cuales se le adelantaba la investigación penal; sin embargo, la Fiscalía Seccional 18 de Florencia, el 23 de mayo de 2003, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Posteriormente, por medio de proveído del 21 de octubre de 2003, la Fiscalía Seccional 18 de Florencia profirió resolución de acusación en contra del señor Rodríguez Guaraca por el delito de rebelión.

Así las cosas, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, el 15 de abril de 2004, profirió sentencia absolutoria y ordenó la libertad inmediata del acusado.

Por último, la parte demandante adujo que después de recuperar la libertad, el señor Jairo René Rodríguez Guaraca solicitó a la Policía Nacional la devolución del vehículo de su propiedad; sin embargo, la entidad no le otorgó una respuesta satisfactoria y oportuna a su petición, ni le entregó el vehículo, porque el mismo fue perdido mientras se encontraba bajo custodia de la institución.

3. Trámite en primera instancia

3.1. La admisión de la demanda y su notificación

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto del 17 de noviembre de 2005, el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

3.2. La contestación de la demanda

3.2.1. Nación - Rama Judicial

En el escrito de contestación presentado el 13 de julio de 2006, la entidad indicó que no era responsable por la detención del señor Jairo René Rodríguez Guaraca, debido a que, si bien estuvo a su cargo el juicio en el que resultó absuelto el acusado, la Rama Judicial no decidió sobre la imposición de medida de aseguramiento y tampoco tuvo bajo su custodia el vehículo por el cual ahora se reclama. Como consecuencia, presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.2.2. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

La entidad contestó la demanda, por medio de escrito presentado el 14 de julio de 2006, en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, debido a que la captura del señor Jairo René Rodríguez Guaraca se produjo porque sobre él existía la incriminación de dos personas que afirmaron que el capturado pertenecía a la subversión, razón por la cual, el deber del Ejército Nacional consistía en capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Además, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.2.3. Nación – Fiscalía General de la Nación

Presentó el escrito de contestación de la demanda, el 18 de julio de 2006, sin aportar prueba de la calidad en la que actuó la poderdante para otorgar el mandato a la apoderada de la entidad, razón por la cual no fue tenida en cuenta por el Tribunal a quo.

3.2.4. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

La entidad allegó el escrito de contestación el 14 de agosto de 2006, momento para el cual se había vencido el término de traslado de la demanda, por tanto, no fue tenido en cuenta en el sub lite, por extemporáneo.

3.3. La etapa probatoria y los alegatos de conclusión

3.3.1. Cuestión previa

De manera previa a decidir sobre el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes, el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de auto del 19 de julio de 2006, declaró su falta de competencia para conocer el asunto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 3345 del mismo año y, como consecuencia, remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Caquetá.

En un primer momento, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Caquetá avocó conocimiento del asunto y resolvió las solicitudes probatorias, por medio de auto del 29 de mayo de 2007; Sin embargo, posteriormente, advirtió la falta de competencia por tratarse de un proceso de reparación directa, en el cual se discute la privación injusta de la libertad del demandante y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Caquetá.

Así las cosas, el Tribunal a quo avocó conocimiento del asunto mediante auto del 29 de septiembre de 2010 y declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito del Caquetá, con excepción de la prueba válidamente practicada.
3.3.2. A través de la providencia del 5 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Caquetá decretó las pruebas solicitadas por la parte demandante y, advirtió que, en relación con las entidades demandadas, que contestaron de manera oportuna la demanda no solicitaron ni aportaron pruebas.

Concluido el período probatorio, por medio de auto del 19 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar los alegatos de conclusión, oportunidad procesal en la cual la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

La Fiscalía General de la Nación argumentó que no es posible atribuirle responsabilidad, debido a que las actuaciones adelantadas por la entidad, ahora reprochadas, se fundamentaron en el deber legal establecido en el artículo 250 de la Constitución Política con el objetivo de preservar la seguridad pública.

A su vez, el Ejército Nacional manifestó que no existe responsabilidad alguna de la entidad en el caso bajo estudio, debido a que la institución militar no mantuvo al demandante privado de su libertad de manera ilegal, ni tiene facultades para resolver sobre la libertad de las personas y su actuación se limitó en poner al capturado a disposición de la autoridad competente dentro del término establecido por la ley, por tanto, no es posible endilgarle responsabilidad por su actuación.

Por su parte, la Policía Nacional adujo que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda -la captura y la imposición de medida de aseguramiento del señor Rodríguez Guaraca-. Además, en relación con la pérdida del vehículo propiedad del demandante expresó que la custodia a cargo de la Policía Nacional no se encontraba probada con los documentos aportados en el sub lite.

La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

3.3.3. Antes de proferir el fallo de primera instancia, el proceso fue remitido a la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PCSJA17-10693 del 30 de junio de 2017, para que decidiera el asunto.

II. La sentencia de primera instancia

La Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, mediante sentencia del 30 de abril de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones la demanda, con fundamento en el régimen de responsabilidad objetiva y condenó a la Fiscalía General de la Nación, por la privación que tuvo que afrontar el demandado y por la pérdida del vehículo de su propiedad.

III. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito presentado el 29 de junio de 2018, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por considerar que en el sub lite no se configuraron los elementos que permitan endilgar responsabilidad a la entidad, al respecto afirmó que no es posible determinar la responsabilidad de la institución bajo un régimen de responsabilidad objetivo y adujo que en cada caso deben analizarse los supuestos de justificación de la medida de aseguramiento para determinar si se está o no ante un evento en el que la entidad deba responder por una posible falla del servicio por la restricción de la libertad del demandante.

Por otra parte, manifestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 414 de la Ley 600 del 200 -vigente al momento en que ocurrieron los hechos-, se permitía a los funcionarios encargados de la etapa de instrucción adoptar decisiones de carácter restrictivo de la libertad, cuando las mismas resultaran necesarias, razonables y proporcionales a los fines del proceso penal, por lo que concluyó que ese tipo de restricciones son constitucionales y no generan un daño antijurídico que la víctima no esté obligado a soportar.

1. Trámite en segunda instancia

El 18 de septiembre de 2018, se celebró la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se declaró fallida y, en la misma diligencia, se concedió el recurso presentado, el cual fue admitido mediante auto del 25 de octubre del mismo año.

Posteriormente, a través de auto del 6 de diciembre de 2018, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

2. Los alegatos de conclusión

2.1. La parte demandada, Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

2.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

IV. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo -sede Bogotá-, el 30 de abril de 2018, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la supuesta restricción del derecho a la libertad del señor Jaime René Rodríguez Guaraca tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine

2.1. La competencia de la Sala

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

2.2. El ejercicio oportuno de la acción

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Conviene precisar que esta Subsección, en ocasiones anteriores, ha indicado que cuando una demanda contiene varios hechos generadores del daño o causas petendi el término de caducidad se debe contabilizar por separado, por tanto, como en el presente asunto se expusieron diferentes imputaciones de responsabilidad, respecto de cada una de ellas se analizará si el libelo introductorio se radicó oportunamente.

2.2.1 Cómputo de caducidad en relación con la privación injusta de la libertad que afrontó el señor Jairo René Rodríguez Guaraca

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

Revisado el expediente, se advierte que la sentencia absolutoria en favor del señor Jairo René Rodríguez Guaraca quedó ejecutoriada el 29 de abril de 2004, por lo que el término para presentar la demanda corrió hasta el 30 de abril del 2006, como la misma se presentó el 16 de septiembre de 2005 se concluye que se hizo de manera oportuna.

2.2.2. Cómputo del término de caducidad en relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, endilgado por la pérdida del vehículo de placas HBJ – 5556

La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que el cómputo de la caducidad, tratándose de eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe iniciar a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño.

Así las cosas, en el caso concreto se encuentra que el actor solicitó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, la devolución del vehículo de su propiedad incautado al momento de su captura, el 25 de junio de 2004, además, se observa que el referido despacho, por auto del 13 de agosto del mismo año, ordenó a las entidades encargadas realizar la devolución inmediata del mismo. Por último, se observa que la Fiscalía General de la Nación, por medio de oficio UFL SVC-01846 del 24 de septiembre de 2004, afirmó desconocer el paradero del vehículo o a cual entidad fue dejado en custodia.

De este modo, en criterio de la Sala, fue desde el momento en que la Fiscalía afirmó desconocer sobre el paradero del vehículo propiedad del señor Rodríguez Guaraca cuando el particular tuvo conocimiento del daño que se pudo causar. Por tanto, el término para demandar por estos hechos corrió desde el 24 de septiembre de 2004 hasta el 24 de septiembre de 2006 y como la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2005, se impone concluir que se hizo dentro del término legal.

2.3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en las pruebas debidamente incorporadas a la actuación.

Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

2.3.1. Legitimación en la causa del actor

El señor Jairo René Rodríguez Guaraca conforma la parte demandante en este asunto, dado que fue la única persona que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa por activa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que, se acreditó que el señor Jairo René Rodríguez Guaraca fue privado de la libertad, con ocasión de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por la comisión del delito de rebelión y que finalizó con sentencia absolutoria en favor del sindicado, por tanto, el demandante se encuentra facultado para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

2.3.2. Legitimación en la causa de las entidades demandadas

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional y Policía Nacional se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se desprende que a dichas entidades se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de las entidades demandadas, se advierte que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de aquellas en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

3. Objeto del recurso de apelación

En el caso bajo estudio se evidencia que la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, apeló la sentencia, con el fin de que la misma sea revocada, debido a que, según su criterio, su actuación se limitó a lo establecido en un deber legal contenido en el artículo 250 de la Constitución Política y que no se demostró la falla del servicio, sino que se acudió a un régimen objetivo, el cual, a su juicio no es procedente para determinar la responsabilidad de la entidad.

De igual manera, la Sala advierte que, si bien en el recurso se mencionó de manera formal en el acápite denominado “problemas jurídicos” el determinar si le asistía responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por “la pérdida del vehículo automotor marca Suzuki, con placas HBJ-565, modelo 1982, lo cierto es que durante el desarrollo de la apelación se limitó a hacer referencia a la legalidad de la captura y posterior medida de aseguramiento que afrontó el señor Rodríguez Guaraca y, en ningún momento, desarrolló argumentos en relación con el daño imputado, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De este modo, se concluye que la Fiscalía General de la Nación, únicamente, argumentó su inconformidad respecto de uno de los títulos de imputación -privación injusta de la libertad- y no puede el Ad quem, en ese sentido, suplir la falencia argumentativa evidenciada en la apelación.

Al respecto, es del caso reiterar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan.

Así las cosas, debido a que la parte recurrente no esbozó los motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Tribunal a quo en relación con la pérdida del vehículo del aquí demandante bajo su custodia, y en el entendido de que se trata de dos imputaciones o juicios de responsabilidad distintos -privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia-, la Sala se relevará de estudiar la condena por este último aspecto y se centrará en analizar la imputación por la privación injusta de la libertad, con el fin de establecer si hay lugar o no a la revocatoria de la decisión.

4. El caso concreto

4.1. Cuestión previa: valoración de la prueba trasladada

Respecto de la valoración de la prueba trasladada, esta Corporación ha señalado que aquella debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que hubiere sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aduce o que hubiere sido practicada con audiencia de esta, pues, de lo contrario, no podría ser valorada en el proceso al cual se traslada.

De igual manera, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas fue solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo, porque, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que una prueba haga parte del acervo probatorio, para luego, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocar las formalidades legales para su inadmisión.

En el presente caso, la Sala advierte que la parte actora solicitó copia del proceso penal adelantado en contra del señor Jairo René Rodríguez Guaraca con radicado No. 2003-00528. Debido a que el mencionado documento proviene de la entidad contra la cual se aduce, sin que hubiere sido tachado de falso, resulta procedente su valoración como prueba trasladada.

4.2. Los hechos probados

La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado lo siguiente:

El señor Jairo René Rodríguez Guaraca fue capturado por el Ejército Nacional, el 19 de mayo de 2003, y dejado a disposición de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, con fundamento en lo indicado por dos informantes que lo acusaban de pertenecer a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–; al respecto en el informe de captura No. 150 de la fecha de los hechos, con fundamento únicamente en lo manifestado por los informantes, expresó lo siguiente (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Esta persona es integrante de las milicias urbanas de la cuarta compañía móvil ‘Teófilo Forero’ de las FARC, quien fue visto en varias ocasiones utilizando uniformes y armas de uso privativo de las FFMM, haciendo presencia en el caserío de los Pozos, Jurisdicción de San Vicente del Caguán, así mismo participaron en las diferentes reuniones que efectuaban estos terroristas en el sector de la vereda el Guasimo, Inspección de los Pozos, en la actualidad se desempeña como miliciano encargado de adelantar labores de inteligencia (…)”.

Los señores Héctor Hernando Avellaneda Mosquera, quien manifestó haber pertenecido al frente 40 de las FARC-EP, y Bernabé Reyes Zuleta, oriundo de la Doncella, Caquetá, rindieron declaración en contra del señor Jairo René Rodríguez Guaraca a quien manifestaron conocer como miembro de la compañía móvil “Teófilo Forero” de las FARC.

Como consecuencia de las declaraciones referidas en precedencia, el Fiscal 18 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, resolvió la situación jurídica de los sindicados y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, para lo cual expresó (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Al informe se allegó el testimonio de Héctor Hernando Avellaneda Mosquera, reinsertado del movimiento y manifestó que conoció a Jairo René, en la vereda los pozos como miliciano bolivariano, en el año 1999, armado, de civil, se transportaba con ellos en la camioneta, que oba dos o tres veces al pueblo a comprar la remesa de la guerrilla, lo mandaba Rubén Polanco, igualmente era el encargado de mandar a arreglar los radios de comunicación, así como los vehículos de la guerrilla y las motocicletas que ellos usaban.

“(…).

“Entre tanto, Bernabé Reyes Zuleta, en su juramentada afirmó que conoció a René en la vereda los Pozos, hace unos ocho meses ya que su familia tenía una finca por esos lados, es muy claro en afirmar que este sujeto hace por ahí cinco años que pertenece a la guerrilla, que lo ha visto uniformado y portando armas, además que el carro en el que se moviliza es de la guerrilla y es utilizado para transportar el equipo de campaña, que lo conoce como comandante de grupo o cuadrilla (…).

“(…).

“Para el caso concreto, respecto a la materialidad y responsabilidad de los implicados por la conducta endilgada, se basa en el informe proveniente del Ejercito de Colombia, Batallón Cazadores, además de las declaraciones de Héctor Hernando Avellaneda Mosquera, reinsertado de las FARC, y Bernabé Reyes Zuleta quienes de manera clara y coherente coinciden en afirmar que los endilgados son miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

“(…).

“En este estado de cosas, es palmario que se edifica la prueba establecida por el ordenamiento procesal al menos para afectar con gravamen a los vinculados, toda vez que ella se desprende del análisis del acervo probatorio arrimado al expediente; por tanto se dictará medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación contra los procesados” (se destaca).

Posteriormente, el 21 de octubre de 2003, la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, profirió el escrito de acusación en contra del señor Rodríguez Guaraca por el delito de rebelión, teniendo como fundamento los mismos testimonios relacionados en la providencia por medio de la cual se le dictó la medida de aseguramiento, en la que se dispuso (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Sabido es que en materia testimonial rige el sistema de persuasión racional permitiendo una amplia evaluación, no sólo como sujeto desde el punto de vista de las condiciones personales y sociales del testigo, sino como objeto material del testimonio y para el sub judice, los testigos de cargo hasta el momento no han sido tachados de falsos, cierto es que no han podido ser controvertidos por parte del defensor, pero ello no lo vicia de falaz.

“(…).

“En este orden de ideas, el Despacho observa que existen un conjunto de elementos de convicción que convergen a señalar de manera seria que los procesados en verdad han participado en ilicitudes que guardan relación con la insurgencia, pues de las declaraciones recepcionadas a los testigos, atesoran encadenamiento en sus apreciaciones, no hay que olvidar que uno de estos es de la región (…), en tanto que el otro era de un grupo especial que llegó a trabajar en la zona cuando se decretó por parte del Gobierno de turno, la desmilitarización de la región, como escolta del ‘Mono Jojoy’ tal y como lo advierte en su atestación.

“(…).

“En este estado de cosas, es perceptible que se cimienta en la prueba establecida por el ordenamiento procesal para proferir Resolución de acusación en contra de Jairo René Rodríguez Guaraca (…), toda vez que ello se desprende del análisis del acervo probatorio arrimado al expediente” (se destaca).

Por último, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, el 15 de abril de 2004 profirió sentencia absolutoria en favor del señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por considerar que de las pruebas allegadas al proceso y la ineficiente actividad probatoria adelantada por la Fiscalía General de la Nación, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado. Al respecto afirmó (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Para la imputación jurídica del resultado en el delito de rebelión debe mostrarse de forma directa o indirecta, cuales son las actividades que realiza el sujeto activo en beneficio de grupo armado al margen de la ley. El contenido de la prueba testimonial no puede ser abstracto, general, debe ser concreto y particular (…).

“(…).

“De otra parte la imputación del testigo a una persona ‘es miliciano’ ‘es guerrillero’ se torna abstracta y genérica, porque el testigo no aporta mayor información de los motivos circundantes que tuvo para el conocimiento del hecho que relata, no precisa, no concreta, por consiguiente parece que esa imputación genérica, abstracta, queda en el vacío, sin elementos de pruebas y el legislador para la imputación jurídica del resultado exige certeza.

“(…).

“[S]e observan incoherencias, falencias, abstracciones generales, en las afirmaciones que hace cada uno de los testigos, lo cual no permite según la norma antes citada dar credibilidad absoluta a cada una de sus afirmaciones, porque si así fuere sobraría que la Administración de justicia desarrolle todo un proceso penal y no se contemplarían otros medios de prueba, bastaría con la afirmación vaga, imprecisa, genérica, insular del testigo para proferir sentencia condenatoria.

“En estas circunstancias el Juzgado considera acorde a la valoración que se ha hecho de cada uno de los medios de prueba de cargo y de descargo (…) es sabido que en el departamento del Caquetá existe la presencia de grupos armados ilegales, pero de la prueba testimonial de cargo no surge la certeza requerida por el legislador para la imputación jurídica del resultado (…). Del acervo probatorio surge duda probatoria razonable y frente a ellos se aplica el principio universal del in dubio pro reo (…)” (se destaca).

5. Análisis de responsabilidad

Como punto de partida para el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario precisar que el objeto de la controversia se centra en la privación de la libertad que afrontó el señor Jairo René Rodríguez Guaraca, de conformidad con lo planteado en el recurso de apelación.

5.1.1. Daño

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante consistió en la restricción del derecho fundamental a la libertad que tuvo que afrontar, como consecuencia de una investigación penal que se adelantó en su contra.

En consideración a lo anterior y, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado, porque el demandante estuvo privado de la libertad entre el 19 de mayo de 2003 y el 16 de abril de 2004.

5.1.2. Imputación

Establecida la existencia del daño, se procederá a realizar el correspondiente juicio de imputación.

Revisado el material probatorio recaudado en el expediente, la Sala considera importante destacar que la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la que mediante la sentencia C-037 de ese mismo año efectuó el análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y señaló la necesidad de examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, razón por la cual esta Subsección, en orden a examinar los argumentos del recurso de apelación, estima necesario determinar si la entidad demandada incurrió en conductas constitutivas de falla del servicio de la Administración de Justicia, con la virtualidad de causar los perjuicios supuestamente irrogados a los extremos demandantes.

Ciertamente, la Corte Constitucional, al realizar el estudio del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sostuvo que no resultaba viable la reparación automática de perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los que se afectaron sus derechos a la libertad. Sobre el particular, esa Corporación consideró:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

Así mismo, en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, se concluyó que en todos los casos es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, luego, no basta probar la restricción de la libertad y posterior ausencia de condena.

Por último, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-072/18, señaló que ningún cuerpo normativo -ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, será el juez el que, en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada.

De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

En las condiciones analizadas, se encuentra que el señor Jairo René Rodríguez Guaraca fue privado de la libertad con ocasión de un proceso penal que terminó con sentencia absolutoria, en aplicación del principio “in dubio pro reo”, debido a que no se logró demostrar con las pruebas obrantes en el proceso -testimonios-, que el investigado hubiera cometido la conducta punible de rebelión.

Ciertamente, desde la providencia que resolvió la situación jurídica del sindicado y le impuso la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, se evidenciaron imprecisiones por parte de la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, debido a que dicha decisión tuvo como sustento la valoración de dos testimonios y el informe de captura la captura -fundado exclusivamente en las mismas declaraciones de los señores Avellaneda Mosquera y Reyes Zuleta-, sin acompasar sus dichos con otro tipo de elementos probatorios.

Dicha situación se prolongó hasta la etapa de calificación del mérito del sumario, en la medida en que el investigado continuó privado de la libertad únicamente por cuenta de los testimonios, los cuales no fueron confrontados con otros medios de prueba.

Así lo puso en evidencia el juez penal por medio de la sentencia absolutoria del 15 de abril de 2004, al señalar que los testimonios arrimados como elementos probatorios, eran abstractos, generales e imprecisos, los cuales carecían de credibilidad y, por tanto, se tenía que acudir a otros medios probatorios -de acuerdo a lo citado en precedencia- para tener certeza de la comisión del delito.

En criterio de la Sala, la conclusión a la que se arribó en la sentencia absolutoria permite cuestionarse si esa carencia probatoria no podía advertirse desde la vinculación al proceso del aquí demandante y no esperar casi un año, hasta que se pusiera fin al proceso penal, para vislumbrar la ausencia de respaldo probatorio de las personas que señalaron al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, como integrante de las FARC – EP.

Dicho de otra manera, si bien existían algunas afirmaciones en contra del señor Rodríguez Guaraca, lo cierto es que el ente investigador pudo adelantar la actuación pertinente sin privar de la libertad al sindicado, máxime cuando no contaba con ninguna otra prueba que permitiera, por lo menos, considerar la vinculación de este con el grupo ilegal, circunstancia que evidentemente compromete su actuación, porque la conclusión que sustentó la sentencia absolutoria fue precisamente la falta de credibilidad y certeza de quienes pretendieron involucrar a esa persona en la supuesta comisión del delito de rebelión.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte la configuración de una falla en el servicio de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación.

En efecto, la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, dado que se sustentó la medida de aseguramiento en las declaraciones rendidas y que no brindaban certeza de la comisión del delito por parte del procesado.

Al respecto, vale la pena destacar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 600 del 2000, a la Fiscalía General de la Nación le asistía el deber de adelantar una investigación integral en los procesos a su cargo, tanto de lo favorable como lo desfavorable para los sindicados; sin embargo, en el proceso penal adelantado en contra del señor Rodríguez Guaraca este ente dictó la medida de aseguramiento y fundamentó su decisión únicamente en las declaraciones en su contra, sin realizar ningún acto adicional tendiente a encontrar material probatorio que corroborara lo dicho por los reinsertados, situación que comportó, más adelante, la sentencia absolutoria en favor del procesado.

Pues bien, en términos del artículo 314 de la Ley 600 del 2000, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, las labores previas de verificación adelantadas por la policía judicial carecían de la condición de medio probatorio, por manera que no podían tenerse como sustento de una medida con la suficiencia para restringir el derecho a la libertad del implicado, pues, para el particular, según lo previsto en el artículo 356 ejusdem se requería de “por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

En segundo lugar, si bien las personas mencionadas en párrafos precedentes incriminaron al hoy demandante, no es menos cierto que la Fiscalía General de la Nación no contaba con pruebas adicionales -además de estos testimonios- para asumir que ellos prestaban apoyo a algún grupo al margen de la ley y que, en virtud de ello, perpetraron el ilícito de rebelión.

Una vez capturado el señor Jairo René Rodríguez Guaraca, el ente investigador lo mantuvo privado de la libertad, sin que existieran motivos para tal determinación, según lo previsto en el artículo 341 de la Ley 600 de 2000, pues no existían elementos suficientes que lo relacionaran con grupos al margen de la ley.

Asimismo, se reitera que por medio de sentencia del 15 de abril de 2004, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, absolvió al procesado y ordenó su libertad, ante la evidencia de que los elementos de juicio allegados, que no eran otros distintos a los testimonios rendidos desde el momento de imponer la medida de aseguramiento, resultaban insuficientes para relacionarlo con el delito de rebelión.

Entonces, la Sala estima que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 del 2000.

De conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra del implicado y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia de los sindicados al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria.

En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, supuesto que no se encuentra acreditado en el sub lite, dado que no se aportaron pruebas de las cuales fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad contra el señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por las razones expuestas en precedencia, particularmente, las que atañen al precario contenido de las declaraciones que vinculaban a la persona en mención con el delito de rebelión.

En esta misma línea, conviene destacar que la Fiscalía carecía de fundamentos para formular acusación, dado que se basó en las misas declaraciones ya mencionadas, sin efectuar un análisis riguroso que permitiera establecer si se reunían las condiciones para pasar a la etapa de juicio, en la cual, como se expuso, el juez penal determinó que solamente los testimonios no brindaban certeza de la comisión del delito por el cual fueron capturados los investigados.

En tercer lugar, lo que correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa, a fin de verificar la certeza de las manifestaciones de los declarantes; sin embargo, omitió proceder en tal sentido.

En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del aquí demandante con grupos al margen de la ley.

Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad, especialmente, si se tiene en cuenta que el señor Rodríguez Guaraca no fue capturado en flagrancia y en el informe de la captura no existe constancia de que se le hubieran encontrado elementos, ni prendas militares al momento de la aprehensión que permitieran inferir que pertenecía a algún grupo armado al margen de la ley.

Tampoco se cuenta con elementos de juicio para establecer que el daño causado a los demandantes provenga de manera exclusiva y determinante de la conducta de un tercero, en este caso, de las personas que, en su momento, implicaron al hoy demandante con la participación e integración de grupos subversivos.

La Sala afirma lo anterior, dado que los señalamientos efectuados por personas ajenas a este proceso, si bien incidieron en la adopción de la medida de aseguramiento, no se erigen como la causa exclusiva de la privación de la libertad, razón por la cual no hay lugar a concluir que se hubiere configurado el hecho de un tercero, con la vocación de desvirtuar la imputación del daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación.

Dicho de otra manera, las declaraciones de las personas en el proceso penal no desviaron el curso de la investigación ni manipularon la misma con la finalidad de afectar al señor Rodríguez Guaraca, lo que ocurrió fue que gozaron de mérito probatorio para sustentar la medida de aseguramiento y la resolución de acusación en contra del sindicado –aspecto cuestionado a la Fiscalía-, pero no para justificar una sentencia condenatoria, tal como lo estableció el juez penal, por tanto, no revisten las características de una causa extraña en el caso bajo estudio.

Por las razones expuestas, se desestimará el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá responder por los perjuicios ocasionados al demandante.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión apelada en lo que a este punto se refiere, pero con la advertencia de que el título de imputación es el de falla en el servicio.

6. Indemnización de perjuicios

Se precisa que, si bien el ente demandado presentó el recurso de apelación sobre la base de la ausencia de responsabilidad, por privación injusta de la libertad, lo cierto es que esta comprende la estimación de los perjuicios efectuada por el Tribunal, por lo que se entenderá que la misma sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.

Lo anterior con fundamento en la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Sección, providencia en la cual se unificó el criterio respecto de la competencia del juez de segunda instancia, para lo cual se expusieron, entre otras, las siguientes consideraciones:

“(…) Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada (…)” (se destaca).

De conformidad con lo expuesto, la Subsección entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse.

6.1. Perjuicios morales

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del demandante, la suma equivalente a 50 SMLMV.

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, en el sub lite se tiene que el señor Jairo René Rodríguez Guaraca, estuvo privado de su libertad desde el 19 de mayo de 2003 hasta el 16 de abril de 2004, lo cual, basta para inferir la afectación moral de la víctima; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

En el presente caso, la Sala encuentra que el señor Jairo René Rodríguez Guaraca acreditó que sufrió una privación de la libertad, durante un período que transcurrió entre el 19 de mayo de 2003 hasta el 16 de abril de 2004, esto es, 10 meses y 27 días, por tanto, el monto a reconocer a la víctima directa, de acuerdo con la sentencia de unificación citada en precedencia correspondería a 80 S.M.L.M.V.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la parte actora solicitó por este perjuicio únicamente la suma de 50 S.M.L.M.V., la Sala, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, procederá a confirmar la condena impuesta en primera instancia, por este concepto.

6.2. Perjuicios materiales

6.2.1. Lucro cesante.

El Tribunal a quo reconoció la suma de $8’688.125, a favor del señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en razón del tiempo que el demandante estuvo privado de su libertad.

Al respecto, las pruebas testimoniales que obran en el expediente son consistentes en señalar que el señor Jairo René Rodríguez Guaraca se dedicaba a labores del campo en un finca de su propiedad en la Vereda el Dije de San Vicente del Caguán; sin embargo, no se acreditó el monto al cual ascendían sus ingresos por dicha actividad, por lo que resulta procedente el reconocimiento, teniendo como referente el salario mínimo.

Es de anotar que no se reconocerá el valor equivalente al 25% adicional, por concepto de prestaciones sociales, ni por el tiempo que, según las estadísticas, tarda una persona en conseguir empleo, dado que ello no fue solicitado en la demanda ni se acreditó una relación laboral dependiente con antelación a la privación de la libertad que afrontó el aquí demandante.

Con fundamento en lo anterior y dado que se encuentra acreditado que el demandante estuvo privado de la libertad durante 10,90 meses, la suma a reconocer corresponderá a los ingresos salariales dejados de percibir durante este período.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($828.116).

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 10,90 meses.

Indemnización debida o consolidada:

S = Ra x (1+ i)n - 1
i
En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = $828.116.

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (10,90)

S = $828.116 (1+ 0.004867)10.90 - 1
0.004867

S = $9’168.932.

Así las cosas, al demandante, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, le correspondería la suma de nueve millones ciento sesenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos ($9’168.932); sin embargo, con el objetivo de no agravar la condición del apelante único, Fiscalía General de la Nación, la Sala procederá a actualizar la condena impuesta en primera instancia, para determinar si resulta superior a la suma liquidada en precedencia.

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $8’688.125, la cual, actualizada a la fecha de la presente decisión, corresponde a $8’886.640.

De conformidad con lo anterior, se debe reconocer al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, corresponde a $8’886.640.

6.2.2. Daño emergente por la pérdida del vehículo de propiedad del señor Jairo René Rodríguez Guaraca

La Sala advierte que, si bien en principio se advirtió que no se debe conocer respecto de la responsabilidad endilgada a la Fiscalía General de la Nación por la pérdida del vehículo de propiedad del demandante, que se encontraba en su poder, debido a que dicho asunto no fue objeto de apelación, también es cierto que como el Tribunal a quo condenó en abstracto a la entidad demandada, la Sala procederá, en aplicación de los principios de economía procesal y eficacia, a realizar la liquidación de la condena por considerar que cuenta con los elementos suficientes para ello, como se explicará a continuación.

De este modo, se destaca que el vehículo incautado al señor Rodríguez Guaraca, correspondía a un campero marca Suzuki SJ – 410, modelo 1982, No. de serie SJ40 – 11359 y placa HBJ-556, el cual era propiedad del demandante.

Al respecto, se advierte que el valor a determinar del vehículo de su propiedad debe corresponder al avalúo del mismo, establecido para el año 2004, momento en el cual surgió la obligación de entrega, que fue incumplida por la Fiscalía General de la Nación al desconocer el paradero del automotor.

Así las cosas, de conformidad con las Resoluciones No. 10100 del 2003 y 575 de 2004, por medio de las cuales se estableció el avalúo de la base gravable de los vehículos de servicio público y particular para el año fiscal 2004, expedida por el Ministerio de Transporte, la Sala encuentra que el vehículo marca Suzuki SJ – 410, modelo 1982, se encontraba dentro del grupo de clasificación número 10 y cuyo valor comercial ascendía a $4’185.000.

Por lo anterior, la Sala estima que el valor que le corresponde pagar a la Fiscalía General de la Nación por la pérdida del vehículo incautado, corresponde a $4’185.000. Esta cantidad debe actualizarse con base en la siguiente operación matemática:

a) Ca = Ch x índice final
Índice inicial

En donde:

-Ca: Capital actualizado a establecer.
-Ch: Capital histórico a traer a valor presente.
-Índice final: IPC vigente al mes anterior de la fecha de esta sentencia, marzo de 2019: 101,17
-Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que la Fiscalía manifestó desconocer del paradero del vehículo: septiembre de 2004: 55,67.

Ca = $ 4’185.000 x 101,17 Ca = $8’355.959
55,67

De acuerdo con lo expuesto, el valor que deberá pagar la Fiscalía General de la Nación al señor Jairo René Rodríguez Guaraca corresponde a la suma de ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($8’355.959).

Conviene señalar que la mencionada suma no supera el valor actualizado de los $5’000.000 que se reclamó en la demanda, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, luego, no existe afectación alguna al principio de congruencia.

7. Condena en costas

Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria, del 30 de abril de 2018, la cual quedará así:

“PRIMERO. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a Jairo René Rodríguez Guaraca como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto entre el 19 de mayo de 2003 y el 16 de abril de 2004, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios morales, cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 s.m.l.m.v.).
“TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de ocho millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos ($8’886.640).

“CUARTO. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Jairo René Rodríguez Guaraca, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($8’355.959).

“QUINTO. Los valores aquí determinados devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y la sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.

“SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“SÉPTIMO. Sin condena en costas.

“OCTAVO. Devolver de manera inmediata el presente expediente al Tribunal Administrativo del Caquetá para que por conducto de su Secretaría realice la notificación de la sentencia y disponga el ulterior procedimiento para su cumplimiento”.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Sandra Patricia Lesmes Cogollos, portadora de la tarjeta profesional No. 88.391 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, en los términos del poder que obra a folio 445 del cuaderno de segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Creada por medio de Acuerdo No. PCSJA17 – 10693 del 30 de junio de 2017 y que conoció el asunto proveniente del Tribunal Administrativo del Caquetá. Folios 310 a 325 del cuaderno de segunda instancia. De acuerdo con el sello de presentación personal que obra a folio 45 del cuaderno principal. Según el poder que obra a folios 1 y 2 del cuaderno principal. Discriminados de la siguiente manera: i) por los ingresos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000) y ii) por lo dejado de percibir debido al secuestro del vehículo de su propiedad, la suma de diez millones treinta y seis mil pesos ($10’036.000). Folios 48 y 49 del cuaderno principal. Folios 52 a 55 del cuaderno principal. Folio 49 del cuaderno principal, reverso. Folios 94 a 97 del cuaderno principal. Folios 107 a 111 del cuaderno principal. Folios 122 a 131 del cuaderno principal. Folios 136 a 138 del cuaderno principal. Por medio del cual se crearon dos Juzgados Administrativos en el Circuito Judicial de Caquetá. Por medio de auto del 22 de agosto de 2006, que obra a folio 135 del cuaderno principal. Folios 150 y 152 del cuaderno principal. Por medio de auto del 4 de junio de 2010, que obra a folio 160 del cuaderno principal. Folios 164 y 165 del cuaderno principal. Testimonios de los señores Enoc Gómez; Miller Antonio Álvarez; Gilberto y Jorge Céspedes; David Meléndez y Gerardo Londoño. Folios 175 a 177 del cuaderno principal. Folio 241 del cuaderno número 2. Folios 254 a 258 del cuaderno número 2. Folios 287 a 295 del cuaderno número 2. Folios 242 a 253 del cuaderno número 2. Folios 259 a 266 del cuaderno número 2. Folio 309 del cuaderno número 2. Sentencia notificada por edicto fijado el 23 de noviembre de 2017 y desfijado el 27 del mismo mes y año, obrante a folios 219 a 229 del cuaderno de segunda instancia. Recurso interpuesto de manera oportuna, debido a que la sentencia fue notificada por medio de edicto fijado el 15 de junio de 2018 y desfijada el 20 del mismo mes y año. Folios 330 a 341 del cuaderno de segunda instancia. Artículo 70: “En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria (…)”. Según el acta de la diligencia de conciliación judicial que obra a folios 405 y 406 del cuaderno de segunda instancia. Folio 418 del cuaderno de segunda instancia. Folio 427 del cuaderno de segunda instancia. Folios 433 a 444 del cuaderno de segunda instancia. Al respecto se puede consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala. Cabe destacar que, si bien en este caso no se adelantó proceso penal alguno, sí se alegó una afectación del derecho fundamental a la libertad por cuenta de la Policía Nacional, circunstancia que permite enmarcar esta controversia dentro de aquellas susceptibles de prelación de fallo. Acuerdo No. 58 de 1999, modificado por los Acuerdos Nos. 55 de 2003, 148 de 2014, 110 de 2015, 306 de 2015, y 269 A de 2017. Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8.

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Sobre el punto se pueden consultar las siguientes providencias de la Subsección A; i) sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicado No. 1001-23-31-000-2010-00029-01(43563); ii) sentencia del 25 de enero de 2017, radicado No. 76001233100020070059701 (44313). C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, las cuales se reiteraron en sentencia del 5 de julio de 2018, expediente No 25000-23-26-000-2008-00278-01(44823). A saber: i) la privación injusta de la libertad que afrontó el demandante y ii) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia por la perdida del vehículo en poder de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

De conformidad con el constancia de ejecutoria que obra a folio 282 del cuaderno de pruebas número 2. En el caso concreto no era necesario agotar el requisito de conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad, dado que los hechos ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1285 de 2009, que modificó, a su vez, la Ley 270 de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia de la Subsección A del 30 de agosto de 2017, exp. 39.435, entre muchas otras decisiones de la Sala. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 50001-23-33-000-2014-00071-01(53708), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Folio 287 del cuaderno de pruebas número 2. Folio 288 del cuaderno de pruebas número 2. Folio 292 del cuaderno de pruebas número 2. Sobre el particular se puede consultar, entre otras providencias, Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 21.060, criterio reiterado por esta Subsección en Sentencia del 9 de julio de 2014, expediente: 29.404, C.P.: Hernán Andrade Rincón y, más recientemente, en Sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente: 42.424. y Sentencia de la misma fecha, expediente: 55.438.
“Artículo 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. Folios 1 a 5 del cuaderno de pruebas número 2. Folios 22 a 29 del cuaderno de pruebas número 2. Folios 51 a 56 del cuaderno de pruebas número 2. Folios 175 a 182 del cuaderno de pruebas número 2. Folios 262 a 271 del cuaderno de pruebas número 2
De conformidad con el informe de captura No. 150 que obra a folios 2 a 5 del cuaderno de pruebas número 2. De acuerdo con el acta de la diligencia de compromiso, suscrita por el demandante, que obra a folio 276 del cuaderno de pruebas número2. Sentencia del 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, providencia mediante la cual se efectuó la “Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia’ ”. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Folio 291 del cuaderno de pruebas No. 4. En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (…)”. Artículo 20: “Investigación integral.

El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”.
“Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.
“En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”. Folios 279 a 295 del cuaderno No. 4 de pruebas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth. Expediente 05001 2331 0002001 0306801 (46.005). De acuerdo con los testimonios de los señores Gilberto y Enrique Céspedes Deiva, Enoc Gómez Mayorga, Cesar Londoño González y David Meléndez que obran a folios 42 a 51 del cuaderno de pruebas número 3. De acuerdo con la certificación de registro del vehículo que obra a folio 20 del cuaderno principal. Folio 9 del cuaderno principal. Se advierte que la base gravable corresponde al valor comercial del vehículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 488 de 1998, a cuyo tenor: “ARTICULO 143. BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte (…)” (se destaca). De acuerdo con la tabla anexa de la Resolución 575 de 2004. Monto que actualizado a la fecha de la sentencia corresponde a $8’652.925.

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