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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2011-00264-01

Acción de reparación directa: daños derivados de la administración de justicia

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2011-00264-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: Modificar la sentencia del 8 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así: “1. Declarar probada de manera oficiosa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación. “2. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Jaime Ángelo Arias Calvo “3. Condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: Demandantes Grado de parentesco Montos otorgados Jaime Ángelo Arias Calvo Víctima directa 30 S.M.L.M.V. Jaime Arias Jordán Padre 15 S.M.L.M.V. Elvia Calvo Perdomo Madre 15 S.M.L.M.V. Educardo Arias Valencia Hermano 9 S.M.L.M.V. “4. Condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar al Jaime Ángelo Arias Calvo el equivalente a un millón trescientos setenta y siete mil quinientos veintisiete pesos ($1’377.527), por concepto de lucro cesante. “5. Negar las demás pretensiones de la demanda. “6. Sin condena en costas. “7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. “8. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando”. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2011-00264-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

24 de mayo de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños derivados de la administración de justicia / DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por privación injusta de la libertad en vigencia de ley 906 de 2004 / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión / TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES - Delitos contra la salud pública / REBELIÓN - Delito contra el régimen constitucional y legal / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva / SENTENCIA ABSOLUTORIA - El sindicado no cometió el delito / DAÑO ANTIJURÍDICO - Privación injusta de la libertad durante 1 mes y 23 días

El 3 de marzo de 2009, se presentó al batallón un ciudadano que había sido desplazado del municipio de Puerto Rico (Caquetá) por alias “Bolo” informando que desde hace 8 días miembros de las FARC se encontraban en un islote del río Guayas comprando sustancias alucinógenas. (…) Como consecuencia de ello, el 4 de marzo de 2009, el Ejército Nacional se trasladó a las coordenadas indicadas y, una vez corroborada la información suministrada por el ciudadano, procedieron a capturar a tres personas, entre las cuales se encontraba el señor Jaime Ángelo Arias Calvo. (…) En virtud de lo anterior, el 5 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Florencia (Caquetá) legalizó la captura del hoy demandante, aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. (…) El 27 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), aceptó la solicitud formulada por la Fiscalía, en el sentido de precluir la investigación seguida en contra del señor Jaime Ángelo Arias Calvo y, por ende, ordenó su libertad inmediata. (…) La preclusión de la investigación en favor del ahora demandante se basó en que el ente acusador no encontró prueba alguna acerca de su participación en las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión, ello significa que el señor Arias Calvo no cometió esos delitos, lo cual constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según lo expuesto en precedencia.

PRELACIÓN DE FALLO - Regulación normativa / PRELACIÓN DE FALLO - Decisión sin sujeción al orden cronológico por tratarse de asuntos reiterados jurisprudencialmente / PRELACIÓN DE FALLO - Pronunciamiento anticipado de juez por existir jurisprudencia consolidada y reiterada sobre privación injusta de la libertad

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social. En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad por constituir decisión definitiva que entraña reiteración de jurisprudencia, consultar sentencia de 24 de mayo de 2017, Exp. 49740, CP. Marta Nubia Velásquez Rico; de 30 de agosto de 2017, Exp. 51057, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 16

RECURSO DE APELACIÓN - Competencia / COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia / COMPETENCIA DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS - Conocen en primera instancia procesos de reparación directa por daños derivados de la administración de justicia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Conoce de procesos de privación injusta de la libertad en segunda instancia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia proferida el 8 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 73

CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término dos años / CONTEO TÉRMINO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 22 de junio de 2017, Exp. 44784, CP. Hernán Andrade Rincón; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 47874, CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 28 de septiembre de 2017, Exp. 52.897, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción. Distinción entre la material y de hecho / LEGITIMACIÓN DE HECHO - Relación procesal entre demandante y demandado que surge a partir de la notificación del auto admisorio, momento en que se trabada la litis / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA - Participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Fundamento legal / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración por circunstancias objetivas definidas por el Legislador / IMPUTACIÓN OBJETIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configura cuando se comprueba que el hecho no existió, sindicado no lo cometió y la conducta es atípica / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De comprobarse genera responsabilidad patrimonial del Estado siempre que el daño no sea causado por el hecho exclusivo y determinante de la víctima

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal– y de la Ley 270 de 1996. De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió y/o iii) que la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414 / LEY 270 DE 1996

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configura cuando se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal del principio in dubio pro reo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aunque se dicte medida de aseguramiento con el lleno de requisitos legales / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Es deber del Estado su reconocimiento al particular condenado, siempre que no esté en el deber de jurídico de soportarlo

De conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo. Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

CAUSALES DE IMPUTACIÓN OBJETIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Breve recuento de jurisprudencia adoptada por el Consejo de Estado

Se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996. Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414 / LEY 270 DE 1996

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD- En procesos desarrollados en vigencia de la ley 906 de 2004 / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Distinción de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial / FUNCIÓN INVESTIGATIVA - Encabeza de la Fiscalía General de la Nación / FUNCIÓN JURISDICCIONAL - Radica exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Decisión restringida a los jueces de la república / IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN VIGENCIA DE LA LEY 906 DE 2004 - La actuación del ente acusador se limita a la presentación de la solicitud de la medida respectiva

La adopción y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del Sistema Penal Acusatorio, implicó un replanteamiento de las facultades de la Fiscalía General de la Nación, al punto de relevarla de las que la habilitaban para “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”, competencias que fueron asignadas a los Jueces de Control de Garantías, de ahí que la actuación del ente investigador se limite a la presentación de la solicitud en virtud de la cual la autoridad judicial debe resolver sobre estos asuntos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del estado por privación injusta de la libertad en procesos desarrollados en vigencia de la ley 906 de 2004, consultar sentencias de 24 de junio de 2015, Exp. 38524, CP. Hernán Andrade Rincón; de 23 de octubre de 2017, Exp. 52070, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO - Facultad privativa de jueces penales en procesos desarrollados en vigencia de la ley 906 de 2004 / MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO - Deber del juez con funciones de control de garantías de verificar existencia de presupuestos que fundamenten la privación de la libertad del investigado

A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal establece que los jueces penales, con funciones de control de garantías, se encuentran facultados para resolver, a petición de la Fiscalía General de la Nación, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento. Si bien la imposición de la medida de aseguramiento requiere de una petición previa del ente acusador, lo cierto es que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, pues para que tal medida proceda se requiere que un Juez de Control de Garantías: i) valorare la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y ii) verifique si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 306 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE RAMA JUDICIAL - Existente por comprobarse privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se evidenció sentencia absolutoria por existir material probatorio que indicó que el demandante no cometió el delito investigado / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Constituyó una carga que el demandante no se encontraba en el deber jurídico de soportar por no cometer el delito endilgado / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Imputable a la Rama Judicial por encontrarse a cargo de la función jurisdiccional en vigencia de la ley 906 de 2004

El ente acusador no encontró prueba alguna acerca de su participación en las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión, ello significa que el señor Arias Calvo no cometió esos delitos, lo cual constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según lo expuesto en precedencia. (…) En ese sentido, el ahora accionante no estaba en la obligación de soportar la privación de su libertad, la cual se produjo desde el 4 de marzo de 2009 hasta el 27 de abril de la misma anualidad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño irrogado a los demandantes. (…) Es claro que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no resultó determinante en el daño irrogado al aquí actor, debido a que su intervención se limitó a pedir que se decidiera sobre la procedencia de la aprehensión. En ese sentido, la Rama Judicial es la llamada a responder por los perjuicios reclamados por los demandantes, dado que, la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad del señor Jaime Ángelo Arias Calvo se profirió en el marco de las competencias asignadas a los Jueces de Control de Garantías dentro del Sistema Penal Acusatorio.

CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Culpa exclusiva de la víctima cuando la conducta del procesado es determinante en la ocurrencia del daño censurado / HECHO DE LA VÍCTIMA EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se exonera del deber de indemnizar en los eventos en que se comprueba que existe dolo o culpa grave del procesado / HECHO DE LA VÍCTIMA EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Cuando se comprueba que actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en las conductas ilícitas investigadas

Se precisa que la culpa de la víctima se configura cuando se encuentra probado que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que no se encuentran acreditadas en el sub lite.

RECURSO DE APELACIÓN - Competencia del juez de segunda instancia / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Facultad para decir sobre los aspectos que estén intrínsecamente relacionados con el recurso de apelación

En este punto, es menester precisar que en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, esta Corporación indicó que cuando el apelante único impugna un aspecto global de la sentencia, el juez de segunda instancia está facultado para revisar todos los aspectos que estén intrínsecamente relacionados con su recurso de apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de unificación jurisprudencial de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, CP. Danilo Rojas Betancourth.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Genera indemnización de perjuicios morales. Presunción de causación de afectación de orden moral / PERJUICIOS MORALES - Deben ser reconocidos en igual medida a víctima directa del daño y sus familiares por afectación, congoja y angustia que el hecho dañoso les ocasiona

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

ACREDITACIÓN DEL DAÑO MORAL - Basta con la prueba del parentesco o la relación marital para probar afectación moral de familiares cercanos a la víctima / PERJUICIOS MORALES - Criterios reiterados jurisprudencialmente para su tasación en casos de privación injusta de la libertad / PERJUICIOS MORALES - Indemnización por arbitrio iuris del juzgador con fundamento en presupuestos jurisprudenciales y circunstancias particulares de cada caso

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios jurisprudenciales para tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, CP. Hernán Andrade Rincón (E).

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Procede en favor de la víctima, sus padres y hermano conforme a los criterios jurisprudencialmente reiterados / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - No es dable su modificación por aplicación del principio non reformatio in pejus del apelante único / APELANTE ÚNICO - Límites a la competencia del Ad quem

En el presente caso, la Sala encuentra que los señores Jaime Arias Jordán, Elvia Calvo Perdomo y Educardo Arias Valencia acreditaron su relación de parentesco con el señor Jaime Ángelo Arias Calvo, razón por la cual se infiere que a ellos se les causó una afectación moral, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hijo y hermano, respectivamente. Atendiendo al período de privación de la libertad de la que fue víctima el demandante, esto es, 1 mes y 23 días, se tiene que el monto que esta Corporación le hubiere otorgado al directamente afectado y a sus padres sería de 35 S.M.L.M.V. y a su hermano el equivalente a 17.5 S.M.L.M.V., sin embargo, el Tribunal a quo les reconoció un monto inferior, aspecto que, se advierte, deberá mantenerse, dado que en el presente caso, la Rama Judicial es apelante única y, por tanto, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política, la Sala se abstendrá de desmejorar su situación.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31

PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Por lo dejado de percibir por la víctima al ser privado de la libertad / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES - Solo procede respecto de los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato laboral / PRESTACIONES SOCIALES - No procede su reconocimiento respecto de trabajador independiente / LIQUIDACIÓN DE LUCRO CESANTE - No procede reconocimiento del período que se presume una persona demora en conseguir trabajo cuando se trata de trabajadores independientes / TRABAJADOR INDEPENDIENTE - No se le reconoce prestaciones sociales ni el periodo de tiempo adicional en caso de privación injusta de la libertad

En reiteradas oportunidades, esta Subsección ha denegado tanto el reconocimiento del 25% por concepto de prestaciones sociales así como el lapso que una persona requiere para conseguir trabajo, luego de recuperar su libertad, con fundamento en el mismo razonamiento, esto es, la condición de trabajador independiente de la víctima directa del daño. En ese sentido, para este caso particular y atendiendo a un pronunciamiento similar dictado por esta Subsección, cobra plena aplicación la excepción prevista en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, pues el 25% por concepto de prestaciones sociales constituye un tema íntimamente relacionado con el período adicional (8.75 meses), dado que, se reitera, ambos aspectos, para su reconocimiento, obedecen a la misma situación, consistente en que se trate de un trabajador dependiente, lo cual no se cumplió en este caso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento o derecho al pago de prestaciones sociales, en la liquidación por lucro cesante en casos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 3 de agosto de 2017, Exp. 51017, CP. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con el reconocimiento del periodo adicional en la liquidación del lucro cesante, por el tiempo que se presume una persona se demora en conseguir trabajo, consultar sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 53646, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Por lo dejado de percibir por la víctima al ser privado de la libertad / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES POR LUCRO CESANTE - Liquidada con base en el salario mínimo legal mensual vigente por no encontrarse probado cuantía de ingresos mensual / PRESUNCIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS - Toda persona que se encuentra en edad productiva devenga al menos el salario mínimo / LIQUIDACIÓN DE LUCRO CESANTE - No comprendió el tiempo que se presume una persona demora en conseguir trabajo por tratarse de trabajador independiente / LIQUIDACIÓN DE LUCRO CESANTE - Sin el reconocimiento del 25% por concepto de prestaciones sociales al no ser trabajador dependiente

Como consecuencia de lo expuesto, se modificará la sentencia de primera instancia en dos aspectos, para lo cual se liquidará el lucro cesante sin tomar en consideración conceptos adicionales al tiempo que de privación de la libertad como al monto del salario mínimo. (…)Entonces, la Sala se limitará a hacer el cómputo de dicho perjuicio desde el 4 de marzo de 2009 hasta el 27 de abril de la misma anualidad (lapso que estuvo efectivamente privado de su libertad el ahora demandante), para lo cual tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente ($781.242), toda vez que no se acreditó cuánto devengaba el señor Jaime Ángelo Arias Calvo para el momento de los hechos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 18001-23-31-000-2011-00264-01(56371)

Actor: JAIME ÁNGELO ARIAS CALVO Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Proceso penal llevado a cabo en vigencia de la Ley 906 de 2004/ RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD – Preclusión – el sindicado no cometió el delito / LUCRO CESANTE – no se reconoce el 25%, por concepto de prestaciones sociales, por ser trabajador independiente, punto íntimamente ligado al lapso de 8.75 meses, el cual tarda una persona para conseguir trabajo.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia del 8 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual se efectuaron las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los argumentos señalados en la parte motiva de la presente providencia.

“SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales, causados a los señores JAIME ANGELO ARIAS CALVO, JAIME ARIAS JORDAN, ELVIA CALVO PERDOMO y EDUCARDO ARIAS VALENCIA, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto JAIME ANGELO ARIAS CALVO, conforme a lo probado y expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar con cargo a su presupuesto, por concepto de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:

“a. Perjuicios Inmateriales – Daño Moral:

“A JAIME ANGELO ARIAS CALVO, la suma correspondiente a TREINTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (30 S.M.M.L.V.), a la fecha de ejecutoria de la presente decisión.

“A JAIME ARIAS JORDAN y ELVIA CALVO PERDOMO, la suma correspondiente a QUINCE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (15 S.M.M.L.V.) para cada uno de ellos, a la fecha de ejecutoria de la presente decisión.

“A EDUCARDO ARIAS VALENCIA, la suma correspondiente a NUEVE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (9 S.M.M.L.V.), a la fecha de ejecutoria de la presente decisión.

“b. Perjuicio Material – Lucro cesante:

“A JAIME ANGELO ARIAS CALVO la suma equivalente a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($7’866.353,82), suma que deberá ser actualizada a la fecha de la ejecutoria de la presente decisión.

“CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda” (negrillas del texto original).

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 15 de junio de 2011, los señores Jaime Ángelo Arias Calvo, Educardo Arias Valencia, Jaime Arias Jordán y Elvia Calvo Perdomo, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos irrogados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el primero de los aludidos actores, dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 S.M.L.M.V a favor del directamente afectado y un monto de 15 S.M.L.M.V. para cada una de las víctimas indirectas del daño; asimismo, en idénticos términos pidieron la reparación del “daño a la vida de relación”.

De igual forma, reclamaron, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $7’335.156, a favor del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, en razón de los ingresos que dejó de recibir durante el período que estuvo privado de su libertad.

2. Los hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que, el 4 de marzo de 2009, miembros del Ejército Nacional, en desarrollo de la operación Mariscal 04, aprehendieron al señor Jaime Ángulo Arias Calvo, debido a que fue encontrado en un islote del río Guayas donde se almacenaba material bélico y sustancias alucinógenas.

En virtud de la situación advertida, el 5 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Florencia (Caquetá) legalizó la captura del hoy demandante, aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.

Finalmente, el 27 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), aceptó la solicitud formulada por la Fiscalía, en el sentido de precluir la investigación seguida en contra del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, toda vez que con las pruebas sobrevinientes se desvirtuó la responsabilidad del sindicado en las conductas punibles investigadas.

3. Trámite en primera instancia

3.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante auto del 31 de octubre de 2011, el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

3.2. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de forma extemporánea.

3.3. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones y afirmó que su actuación se ajustó a las disposiciones legales, en relación con la situación fáctica puesta de presente en su momento, por lo que no le asistía responsabilidad alguna en los supuestos perjuicios causados a los demandantes.

Entre los argumentos de defensa propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que fue la Fiscalía General de la Nación la entidad que solicitó la legalización de la captura y la imposición de una medida de aseguramiento en contra del aquí accionante.

3.4. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 27 de junio de 2013, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual intervino la Rama Judicial para reiterar los argumentos expuestos en su contestación.

El ente investigador sostuvo que su actuación se ajustó a las previsiones legales aplicables a la materia y que la investigación adelantada permitió contar con los elementos para solicitar la imposición de medida de aseguramiento en contra del ahora demandante, al margen de que, con posterioridad, se allegaran pruebas que obligaron a solicitar la preclusión.

El argumento central de defensa está asociado con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la medida restrictiva de la libertad fue determinada por el Juez de Control de Garantías, de ahí que el daño alegado por la parte actora no le resultara atribuible al ente acusador.

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia proferida el 8 de abril de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y tuvo como fundamento de la decisión la configuración de los elementos de la responsabilidad del Estado bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en atención a que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que cobijaba al señor Jaime Ángelo Arias Calvo antes, durante y después del proceso penal adelantado en su contra.

En este orden de ideas, endilgó responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial, habida cuenta de que fue dicha autoridad la que adoptó las decisiones a través de las cuales se privó de la libertad al ahora demandante. A su vez, declaró, de manera oficiosa, la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Fiscalía General de la Nación.

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal de primera instancia reconoció perjuicios tanto morales como materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de los accionantes, sin embargo, se abstuvo de emitir condena por el perjuicio denominado “daño a la vida de relación”, habida cuenta de que en el plenario no reposaba elemento probatorio alguno que acreditara la causación del mismo.

5. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la Rama Judicial interpuso oportunamente recurso de apelación con el fin de lograr su revocatoria.

Como sustento del recurso, afirmó que los jueces a cargo de la actuación en sus distintas etapas no incurrieron en una actuación ilegal ni desproporcionada, por lo que no había lugar a la declaratoria de responsabilidad, entre otras razones, porque no se demostró la existencia de una falla del servicio con vocación de generar el daño alegado por los demandantes.

Señaló que resulta evidente que la investigación penal adelantada en contra del ahora demandante nació como consecuencia de la sindicación que efectuó la autoridad competente, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de estudio.

6. El trámite en segunda instancia

El recurso presentado en los términos expuestos fue concedido mediante proveído del 8 de octubre de 2014 y fue admitido por auto calendado el 29 de febrero de 2016. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual intervino la Fiscalía General de la Nación para reiterar los argumentos expuestos a lo largo del proceso y agregó que la Ley 906 de 2004 no le confirió facultades jurisdiccionales para decidir sobre la privación de la libertad de los investigados.

En su concepto, el Ministerio Público señaló que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, con la precisión de que el título de imputación aplicable al presente asunto es el de falla en el servicio, debido a que el señor Jaime Ángelo Arias Calvo fue exonerado de responsabilidad penal, ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de su inocencia.

En ese sentido, consideró que se debe declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, toda vez que i) la Fiscalía General de la Nación investigó y acusó penalmente al mencionado demandante y ii) la Rama Judicial avaló los elementos probatorios que allegó el ente acusador y, con base en ellos, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

La parte actora y la Rama Judicial guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. La competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia proferida el 8 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el caso bajo estudio, encuentra la Sala que la providencia del 27 de abril de 2009, a través de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) precluyó la investigación en favor del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, quedó en firme ese día, por cuanto ninguna de las partes interpuso recurso de apelación.

En ese sentido, se infiere que el término de caducidad de la presente acción debe contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de dicha decisión, es decir, desde el 28 de abril de 2009, por tanto, el término de los dos (2) años vencería el 28 de abril de 2011.

En el expediente obra constancia expedida por el Procurador 25 Judicial II Administrativo de Florencia (Caquetá), en la cual se evidencia que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 27 de abril de 2011, cuando el término de caducidad aún no había fenecido -restaba un (1) día-, es decir, que desde esa fecha dicho término de caducidad quedó suspendido.

El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación -numeral 1, del artículo 2 de la Ley 640 de 2001-, el 14 de junio de 2011, de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo de un (1) día que restaba cuando se suspendió el término de caducidad, lo cual permite concluir que el plazo para impetrar la demanda fenecía el 15 de junio de 2011 y, dado que la misma se presentó ese mismo día, se impone concluir que la acción de reparación directa se interpuso en tiempo, de conformidad con lo normado en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

4. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

4.1. Legitimación en la causa de los demandantes

Los señores Jaime Ángelo Arias Calvo, Jaime Arias Jordán, Educardo Arias Valencia y Elvia Calvo Perdomo corresponden a los demandantes en este asunto, en cuanto fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con los elementos probatorios que reposan en el expediente, está demostrado que el señor Jaime Ángelo Arias Calvo fue procesado por la supuesta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión, que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó con decisión de preclusión, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

Por otro lado, se observa que a folio 18 del cuaderno No. 1, obra copia del registro civil de nacimiento del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, con el cual se demuestra que sus padres son los señores Jaime Arias Jordán y Elvia Calvo Perdomo.

Respecto al señor Educardo Arias Valencia, se encuentra que a folio 19 del cuaderno No. 1, reposa copia del registro civil de nacimiento del referido demandante, en el cual consta su parentesco en calidad de hermano del señor Jaime Ángelo Arias Calvo, información que se acompasa con la copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño.

4.2. Legitimación de la demandada

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la demandada, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de la demandada en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal– y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió y/o iii) que la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. El caso concreto

La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado lo siguiente:

• El 3 de marzo de 2009, se presentó al batallón Liborio Mejía un ciudadano que había sido desplazado del municipio de Puerto Rico (Caquetá) por alias “Bolo” informando que desde hace 8 días miembros de las FARC se encontraban en un islote del río Guayas comprando sustancias alucinógenas.

• Como consecuencia de ello, el 4 de marzo de 2009, el Ejército Nacional se trasladó a las coordenadas indicadas y, una vez corroborada la información suministrada por el ciudadano, procedieron a capturar a tres personas, entre las cuales se encontraba el señor Jaime Ángelo Arias Calvo.

• En virtud de lo anterior, el 5 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Florencia (Caquetá) legalizó la captura del hoy demandante, aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.

• El 27 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), aceptó la solicitud formulada por la Fiscalía, en el sentido de precluir la investigación seguida en contra del señor Jaime Ángelo Arias Calvo y, por ende, ordenó su libertad inmediata, toda vez que uno de los imputados declaró que la droga y el armamento incautado eran de alias “Bolo” y de la guerrilla y que la presencia del ahora demandante en dicho lugar obedecía a una orden del referido miliciano. Esto se consignó en la mencionada decisión (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“Igualmente, la Fiscalía obtuvo respuesta de la Policía Judicial… el 2 de abril de 2009, la cual informa que le tomó entrevista en centro carcelario al señor Yuberney Betancourt, quien explica que para el día de los hechos, subía con Bolo y que aproximadamente a las 6:00 am recogió a Jaime Ángelo en Rionegro porque tenía problemas con Bolo y por ello lo llevaron al islote para arreglar problemas de chismes y comentarios que tenían que ver con su prima Luz Miriam que era compañera sentimental de alias Bolo y que se habían separado y que este señor lo culpaba a él de su desgracia matrimonial y por eso tuvo había tenido que hacer presencia en ese lugar para responder por estos comentarios y solucionar su problema… explica que Bolo era integrante del frente 14 de las FARC y que él le ayudó como mes y medio a comprar base de coca… expone que las armas con la respectiva munición las tenían en la canoa, que Bolo y Yuberney portaban pistolas… los otros dos muchachos no tenían ningún tipo de armas, destaca que el armamento y base de coca eran de Bolo y de la Guerrilla, destacando igualmente que las otras dos personas capturadas al preguntarles que si perteneces a las FARC dice que ellos no pertenecen a nada de eso, que ellos no tenían nada ilícito, no hacían nada malo… porque el muchacho Ángelo iba a arreglar un tema familiar con alias Bolo…

“(…).

“… nótese su señoría que muy a pesar de que se encuentra un considerable material bélico… a ninguna de las dos personas aquí imputadas hoy se les encontró en su poder portando o accionando ninguno de estos elementos… la razón es porque las armas eran de Bolo y de Yuberney… en cuanto al tráfico de estupefacientes, es el mismo Yuberney… el que cuenta y les informa de manera libre y voluntaria donde estaba el famoso cargamento… de 6.848 gramos, que tampoco fue encontrado en poder o portándolo las personas aquí hoy implicadas, este estaba camuflado y es precisamente Yuberney quien le indica a la fuerza pública donde está.

“Hay que destacar también que es el mismo informante del Ejército el que destaca que las dos personas aquí procesadas no las conocía y no las había visto en actividades delictivas de ninguna naturaleza pero es precisamente el propio Yuberney quien en un acto de valor asume su responsabilidad penal porque él sabía en qué andaba, tan es así que ya fue sancionado penalmente por este Despacho judicial pero es él mismo el que evita también una injusticia contra las dos personas que hoy nos acompañan… corrobora abiertamente lo del señor Ángelo, en el sentido en que tenía un problema de chimes con el comandante Bolo y el cual le tocó acudir a su llamado para poder solucionar este problema, la pregunta de la Fiscalía sería que le hubiera pasado si no acude al llamado imperativo de este delincuente… pues muy seguramente no estaría aquí sentado contando el chiste y pues en estas situaciones uno como ciudadano desprotegido, que no tiene en ciertos sectores del país la presencia pública, hace que desafortunadamente acudan con todo el respeto a estos ‘tribunalitos’ que organizan los comandantes de estos sectores para presionar y apretar a la gente, al señor Ángelo le tocaba o le tocaba asistir al llamado del señor Bolo para solucionar este problema, situación que fue corroborada por Yuberney en ese sentido y él fue muy enfático en contar que era lo que había sucedido, incluso el relató que alias Bolo convivió con una familiar de Jaime Ángelo…

“La fiscalía ni siquiera en la base de datos del cuerpo técnico pudo verificar que los dos señores Jorge Eduardo y Jaime Ángelo ni siquiera figuran en un orden de batalla como para pesar pues la remota posibilidad de pensar que sí hacían parte de un grupo insurgente… en el caso de Jaime Ángelo… se hizo su verificación en el barrio buenos aires y se hizo con dos ciudadanos… fue verificado que es un buen ciudadano, humilde, que no tiene otro camino que el de trabajar de motorista… entonces su señoría, la Fiscalía no cuenta con ningún elemento material probatorio ni evidencia física que permita despejar la presunción de inocencia de estos dos señores y haberlos acusados como presuntos autores responsables de los delitos de tráfico de estupefacientes y el de rebelión, por el contrario, las evidencias demuestran todo lo contrario… estaban en el lugar equivocado, porque explicaron de una manera razonable, objetiva y clara su presencia en el lugar y la Fiscalía cree en esta situación porque no hubo posibilidad de desvirtuar lo dicho por ellos… por ende, solicito que se precluya la investigación a su favor y por ende que obtengan su libertad.

“(…).

“… Pasa el Despacho a pronunciarse con relación a dicha petición… se llega a la conclusión de que durante esos 30 días se recogieron elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente recaudada que no le permite a la Fiscalía formular una acusación en contra de estas dos personas y que por el contrario llega a la conclusión de que lo que se debe es precluir la investigación, para ello, argumenta que de acuerdo a lo señalado por el informante él únicamente conocía a alias Bolo, no conocía a los acá imputados, nunca los había visto, se señala igualmente que a ellos el Ejército al momento de la captura no les encontró ningún tipo de armas, el señor Yuberney que era quien acompañaba a alias Bolo y quien aceptó cargos por rebelión y tráfico de estupefacientes, en ningún momento les hace incriminación, en cuanto al tráfico de estupefacientes Yuberney es quien informa al Ejército donde se encontraba escondida la sustancia, Yuberney explica la presencia de estas dos personas en ese lugar coincidiendo esa explicación con lo que manifestaron en sus respectivos interrogatorios tanto Ángelo como Jorge Eduardo, el uno dice que Ángelo que por problemas de chismes fue llevado a ese sitio ante Bolo que era quien oficiaba como jefe de la subversión en ese lugar, aclarara esos problemas…

“La Fiscalía señala que resulta creíble que estas dos personas habían acudido a ese lugar en cumplimiento de órdenes de la subversión sin que tuvieran la opción de negarse, dado que el negarse a una orden impartida por ellos conlleva a que tengan que abandonar la región o asumir las consecuencias por el desacato a esas órdenes, señala igualmente que la Fiscalía hizo todo un esfuerzo investigativo pero que pese a ello y a las diligencias, no encontró como presentar en contra una acusación, que por el contrario lo que se pudo fue demostrar las afirmaciones que hicieron los acá imputados en cuanto a las actividades que ellos realizan normalmente en su calidad de motoristas

“(…).

“Así las cosas resulta claro que a la Fiscalía no le fue posible desvirtuar esa presunción de inocencia de los señores Jaime Ángelo Arias Calvo y Jorge Eduardo Castañeda, por lo que se encuentra probada la causal prevista en el numeral 6 del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 por lo que se procede a decretar la preclusión de estas dos personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión y como consecuencia de ellos se revocará la medida de aseguramiento, disponiéndose su libertad inmediata…

“(…).

RESUELVE

Primero: Precluir la investigación a favor de Jaime Ángelo Arias Calvo… por las conductas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión…

Segundo: Revocar la medida de aseguramiento impuesta, disponiendo su libertad…” (se destaca).

Como puede verse, la preclusión de la investigación en favor del ahora demandante se basó en que el ente acusador no encontró prueba alguna acerca de su participación en las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión, ello significa que el señor Arias Calvo no cometió esos delitos, lo cual constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según lo expuesto en precedencia.

En ese sentido, dadas las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el ahora accionante no estaba en la obligación de soportar la privación de su libertad, la cual se produjo desde el 4 de marzo de 2009 hasta el 27 de abril de la misma anualidad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño irrogado a los demandantes.

Por otro lado, la Sala advierte que el daño causado al señor Jaime Ángelo Arias Calvo le es imputable a la Rama Judicial, toda vez que fue dicha entidad la que, por conducto del Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia (Caquetá) con Función de Control de Garantías y de conformidad con lo previsto en la Ley 906 de 2004, le impuso la medida de aseguramiento objeto de controversia.

En efecto, la adopción y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del Sistema Penal Acusatorio, implicó un replanteamiento de las facultades de la Fiscalía General de la Nación, al punto de relevarla de las que la habilitaban para “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”, competencias que fueron asignadas a los Jueces de Control de Garantías, de ahí que la actuación del ente investigador se limite a la presentación de la solicitud en virtud de la cual la autoridad judicial debe resolver sobre estos asuntos. Al respecto, el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política, señala:

“Artículo 250.  La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (…). Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

“1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

“El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función (…)” (se destaca).

A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal establece que los jueces penales, con funciones de control de garantías, se encuentran facultados para resolver, a petición de la Fiscalía General de la Nación, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento.

Si bien la imposición de la medida de aseguramiento requiere de una petición previa del ente acusador, lo cierto es que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, pues para que tal medida proceda se requiere que un Juez de Control de Garantías: i) valorare la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y ii) verifique si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se encuentra que fue el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Florencia (Caquetá) el que: i) legalizó la aprehensión del aquí accionante; ii) aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión y iii) le impuso medida de asuramiento de detención preventiva.

Por lo anterior, es claro que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no resultó determinante en el daño irrogado al aquí actor, debido a que su intervención se limitó a pedir que se decidiera sobre la procedencia de la aprehensión.

En ese sentido, la Rama Judicial es la llamada a responder por los perjuicios reclamados por los demandantes, dado que, se reitera, la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad del señor Jaime Ángelo Arias Calvo se profirió en el marco de las competencias asignadas a los Jueces de Control de Garantías dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Por otro lado, se precisa que la culpa de la víctima se configura cuando se encuentra probado que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que no se encuentran acreditadas en el sub lite, por las razones que pasan a precisarse.

De la providencia que precluyó la investigación, se deduce que lo que llevó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) a exonerar de responsabilidad al señor Jaime Ángelo Arias Calvo fue la imposibilidad de demostrar: i) su participación en grupos al margen de la ley y ii) que estuviera comercializando sustancias alucinógenas con el frente 14 de las FARC.

En efecto, al momento de proferir la aludida decisión, la autoridad judicial no encontró material probatorio alguno que demostrara la responsabilidad del señor Jaime Ángelo Arias Calvo en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el de rebelión, por el contrario, contó con un elemento de juicio -declaración del imputado que se allanó a cargos- que acreditaba que la presencia del mencionado accionante en el lugar de los hechos obedeció a una orden impartida por alias “Bolo”.

Esto se lee de la decisión del 27 de abril de 2009 (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“… Yuberney Betancourt, quien explica que para el día de los hechos, subía con Bolo y que aproximadamente a las 6:00 am recogió a Jaime Ángelo en Rionegro porque tenía problemas con Bolo y por ello lo llevaron al islote para arreglar problemas de chismes y comentarios que tenían que ver con su prima Luz Miriam que era compañera sentimental de alias Bolo y que se habían separado y que este señor lo culpaba a él de su desgracia matrimonial y por eso tuvo había tenido que hacer presencia en ese lugar para responder por estos comentarios y solucionar su problema… explica que Bolo era integrante del frente 14 de las FARC y que él le ayudó como mes y medio a comprar base de coca… expone que las armas con la respectiva munición las tenían en la canoa, que Bolo y Yuberney portaban pistolas… los otros dos muchachos no tenían ningún tipo de armas, destaca que el armamento y base de coca eran de Bolo y de la Guerrilla, destacando igualmente que las otras dos personas capturadas al preguntarles que si perteneces a las FARC dice que ellos no pertenecen a nada de eso, que ellos no tenían nada ilícito, no hacían nada malo… porque el muchacho Ángelo iba a arreglar un tema familiar con alias Bolo…

De lo expuesto, se infiere que la presencia del aquí actor en el islote del río Guayas no se produjo de manera voluntaria, sino por una orden que profirió alias “Bolo”, la cual, según lo señaló tanto Yuberney Betancourt como la Fiscalía General de la Nación, debía acatarse, pues de no ser así, Jaime Ángelo Arias Calvo tenía que “abandonar la región o asumir las consecuencias por el desacato”.

De lo anterior, no se evidencia una conducta culposa o dolosa imputable a la parte actora, por cuya virtud pudiere predicarse, sin asomo de duda, que en este caso operó la culpa exclusiva de la víctima, pues, se reitera, el ahora demandante no se encontraba en el lugar de los hechos cometiendo una conducta contraria a la ley, sino que estaba, de manera coaccionada, “solucionando un problema de chismes” que había causado la disolución del matrimonio de alias “Bolo” con su prima Luz Miriam.

Como consecuencia, la Sala confirmará, en este aspecto, la decisión apelada, dado que se estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Jaime Ángelo Arias Calvo.

7. Indemnización de perjuicios

En este punto, es menester precisar que en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, esta Corporación indicó que cuando el apelante único impugna un aspecto global de la sentencia, el juez de segunda instancia está facultado para revisar todos los aspectos que estén intrínsecamente relacionados con su recurso de apelación. Esto se consignó en la referida decisión:

“Esta segunda postura se adoptó en un caso en el que el recurso de apelación se interpuso exclusivamente por la entidad que fue encontrada administrativamente responsable en primera instancia y condenada al pago de los perjuicios causados. La condena, entonces, era un asunto consustancial a la declaratoria de responsabilidad y por lo tanto, difícilmente habría podido sostenerse que no estaba relacionada con el objeto del recurso de apelación.

“(…).

“De manera que si la Sala inicialmente afirmó que ‘el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por el recurrente’ y que, por lo tanto, ‘los demás aspectos del fallo que no fueron cuestionados por el apelante único no pueden ser revisados por el juez ad quem’, lo hizo con el objeto de justificar, en ese caso y en otros iguales, a él, su decisión de omitir pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que motivaron la declaratoria de responsabilidad, pues entendió que éstas ya habían quedado fijadas con la decisión que profirió el a-quo; y no de impedir, en eventos distintos, al juez de segundo grado resolver sobre aspectos que son desfavorables al apelante y que, aunque no se mencionen expresamente, están íntimamente relacionados con el objeto de su apelación.

“(…).

“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.

“En el caso concreto, la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia con el objeto de que se revisara la decisión de declararla administrativamente responsable por la muerte de Milena Andrea Santamaría López y por la afectación del estado de salud de Leidy Yuliana Vásquez Cano, y de condenarla a pagar indemnizaciones en cuantías que, en su criterio, no se compadecen con la intensidad de los perjuicios morales padecidos por algunos de los demandantes.

“En consecuencia, la Sala, atendiendo al criterio expuesto y a la prohibición de la reformatio in pejus, revisará todos aquellos aspectos que son desfavorables a la entidad demandada y que son consecuencia directa de la declaratoria de su responsabilidad, lo cual incluye -en el evento de ser procedente- no solo la condena por perjuicios morales, sino también por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante” (se destaca).

En el caso objeto de estudio, se observa que la Rama Judicial apeló un aspecto global del fallo, esto es, la responsabilidad que le fue endilgada por la privación de la libertad del señor Jaime Ángelo Arias Calvo.

Es ese sentido y, con fundamento en la jurisprudencia antes transcrita, la Sala entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo en favor de los actores deben o no mantenerse, dado que, se reitera, dichos aspectos están íntimamente ligados a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada.

7.1. Perjuicios morales

El Tribunal Administrativo de Caquetá condenó a la Rama Judicial a pagar a favor del señor Jaime Ángelo Arias Calvo la suma de 30 S.M.L.M.V., a favor de los señores Jaime Arias Jordán y Elvia Calvo Perdomo, el equivalente a 15 S.M.L.M.V., para cada uno de ellos y a favor del señor Educardo Arias Valencia un monto de 9 S.M.L.M.V.

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

En el presente caso, la Sala encuentra que los señores Jaime Arias Jordán, Elvia Calvo Perdomo y Educardo Arias Valencia acreditaron su relación de parentesco con el señor Jaime Ángelo Arias Calvo, razón por la cual se infiere que a ellos se les causó una afectación moral, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hijo y hermano, respectivamente.

Atendiendo al período de privación de la libertad de la que fue víctima el demandante, esto es, 1 mes y 23 días, se tiene que el monto que esta Corporación le hubiere otorgado al directamente afectado y a sus padres sería de 35 S.M.L.M.V. y a su hermano el equivalente a 17.5 S.M.L.M.V., sin embargo, el Tribunal a quo les reconoció un monto inferior, aspecto que, se advierte, deberá mantenerse, dado que en el presente caso, la Rama Judicial es apelante única y, por tanto, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política, la Sala se abstendrá de desmejorar su situación.

7.2. Perjuicios materiales

Lucro cesante: el Tribunal a quo, por este perjuicio, reconoció la suma de $7’866.353. Para ello, tomó el tiempo que efectivamente estuvo privado de la libertad el señor Jaime Ángelo Arias Calvo -1 mes y 23 días- más el lapso que una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo –“8.16 meses”-; como base para la liquidación, tuvo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente al momento en que se dictó el fallo, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Los testimonios recibidos en el proceso dan cuenta de que el señor Jaime Ángelo era una persona trabajadora y que se dedicaba “a oficios varios (…) de diferente clase” , situación de la cual no es razonable inferir que tuviese la condición de trabajador dependiente, de ahí que no fuese posible reconocer suma alguna por prestaciones sociales y por tiempo adicional para conseguir trabajo, toda vez que se trata de ingresos que el demandante no habría percibido si estuviera en libertad, pues, por su naturaleza, solo procede respecto de los trabajadores dependientes, es decir, quienes desempeñan sus actividades productivas en virtud de un contrato laboral.

En efecto, en reiteradas oportunidades, esta Subsección ha denegado tanto el reconocimiento del 25% por concepto de prestaciones sociales así como el lapso que una persona requiere para conseguir trabajo, luego de recuperar su libertad, con fundamento en el mismo razonamiento, esto es, la condición de trabajador independiente de la víctima directa del daño.

En ese sentido, para este caso particular y atendiendo a un pronunciamiento similar dictado por esta Subsección, cobra plena aplicación la excepción prevista en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, pues el 25% por concepto de prestaciones sociales constituye un tema íntimamente relacionado con el período adicional (8.75 meses), dado que, se reitera, ambos aspectos, para su reconocimiento, obedecen a la misma situación, consistente en que se trate de un trabajador dependiente, lo cual no se cumplió en este caso.

Como consecuencia de lo expuesto, se modificará la sentencia de primera instancia en dos aspectos, para lo cual se liquidará el lucro cesante sin tomar en consideración conceptos adicionales al tiempo que de privación de la libertad como al monto del salario mínimo.

Entonces, la Sala se limitará a hacer el cómputo de dicho perjuicio desde el 4 de marzo de 2009 hasta el 27 de abril de la misma anualidad (lapso que estuvo efectivamente privado de su libertad el ahora demandante), para lo cual tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente ($781.242), toda vez que no se acreditó cuánto devengaba el señor Jaime Ángelo Arias Calvo para el momento de los hechos.

Así las cosas, se procederá a calcular el monto de la indemnización.

S = Ra (1+ i)n - 1
i
Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Jaime Ángelo Arias Calvo: $781.242.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 1.76 meses.
Reemplazando tenemos:

S = $781.242 (1 + 0,004867) 1.76 – 1
0,004867

S = $1’377.527

Así las cosas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y reconocerá a favor del señor Jaime Ángelo Arias Calvo la suma de un millón trescientos setenta y siete mil quinientos veintisiete pesos ($1’377.527), por concepto de lucro cesante.

8. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: Modificar la sentencia del 8 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así:

“1. Declarar probada de manera oficiosa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación.

“2. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Jaime Ángelo Arias Calvo

“3. Condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

Demandantes
Grado de parentesco

Montos otorgados
Jaime Ángelo Arias Calvo
Víctima directa
30 S.M.L.M.V.
Jaime Arias Jordán
Padre
15 S.M.L.M.V.
Elvia Calvo Perdomo
Madre
15 S.M.L.M.V.
Educardo Arias Valencia
Hermano
9 S.M.L.M.V.

“4. Condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar al Jaime Ángelo Arias Calvo el equivalente a un millón trescientos setenta y siete mil quinientos veintisiete pesos ($1’377.527), por concepto de lucro cesante.

“5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

“6. Sin condena en costas.

“7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“8. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

MARÍA ADRIANA MARÍN
Aclara voto

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Aclara voto
Folio 1 del cuaderno No. 1.

Se hace la precisión de que los nombres de los mencionados demandantes se tomaron tal y como constan en los respectivos registros civiles de nacimiento allegados al expediente.

A folios 13 y 14 del cuaderno No. 1 reposan los poderes otorgados por los aludidos accionantes.

Los nombres de los referidos actores se tomaron tal y como constan en los respectivos poderes.
Folios 47 a 48 del cuaderno No. 1.
Folios 52 a 53 del cuaderno No. 1.
Folio 48 vuelto del cuaderno No. 1.
Folios 64 a 74 del cuaderno No. 1.
Folios 54 a 60 del cuaderno No. 1.
El Tribunal a quo decretó los documentos aportados con la demanda, ordenó librar los oficios solicitados por la parte accionante y decretó los testimonios pedidos en el escrito inicial. Folios 87 a 88 del cuaderno No. 1.
Folio 95 del cuaderno No. 1.
Folios 106 a 109 del cuaderno No. 1.
Folios 96 a 100 del cuaderno No. 1.
Folios 137 a 152 del cuaderno principal.
Folios 159 a 162 del cuaderno principal.
Folio 168 del cuaderno principal.
Folio 181 del cuaderno principal.
Folio 183 del cuaderno principal.
Folios 185 a 191 del cuaderno principal.
Folios 203 a 207 del cuaderno principal.
Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

Una vez tomada la decisión y al ser notificada por estrados, se dio la oportunidad a los sujetos procesales para que interpusieran los recursos correspondientes, empero, debido a que ninguno de ellos los interpuso, en la misma audiencia se declaró en firme la referida decisión. Minuto 1:25:27 a 1:25:40 del audio que obra a folio 214 del cuaderno principal.

Folios15 a 17 del cuaderno No. 1.

Ley 640 de 2001: “ARTICULO 2. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:

“1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo”.

ARTICULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca).

Folios 17 del cuaderno No. 1.
Folio 18 del cuaderno No. 1.

Folio 36 del cuaderno No. 1.
Minutos 1:28:00 a 1:36:15 del audio que obra a folio 44 del cuaderno No. 1.
Minutos 1:36:26 a 2:15:32 del audio que obra a folio 44 del cuaderno No. 1.
Minutos 2:17:00 a 2:45:15 del audio que obra a folio 44 del cuaderno No. 1
A folio 21 del cuaderno No. 1, reposa la boleta de libertad No. 004 del 27 de abril de 2009.

A folio 213 del cuaderno principal reposa el audio de la providencia que decretó la preclusión de la investigación en favor del ahora demandante.
A folio 3 del cuaderno No. 2, reposa el certificado expedido por el INPEC, en el cual consta el tiempo que el referido actor estuvo privado injustamente de su libertad.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de junio de 2015, expediente 38.524, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencias de 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, entre otras providencias.

Esto consagra la norma en mención: “El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

“Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de abril de 2018, expediente 46.005 Magistrado Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth.
Folios 18 y 19 del cuaderno No. 1.

Esto manifestó el declarante Carlos Andrés Ortiz Duque: “se ha desempeñado como motorista y oficios varios, también se desempeñaba en construcción, como ayudante de los queseros” Folio 24 del cuaderno No. 2.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente 51.017.

“En ese sentido, si la Fiscalía General de la Nación apeló lo reconocido por el a quo a título de prestaciones sociales bajo el argumento de que el aquí actor no tenía vínculo laboral con ningún empleador, resulta insostenible e inconsistente mantener el reconocimiento que también se hizo de 8.75 meses adicionales, cuando este, precisamente, pende de la misma situación. Es por lo anterior que para este caso particular sí cobra plena aplicación la excepción prevista en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, pues el período adicional indemnizado (8.75 meses) constituye un tema íntimamente relacionado con el 25% por concepto de prestaciones sociales, dado que, se reitera, ambos aspectos, para su reconocimiento, obedecen a la misma situación, consistente en que se trate de un trabajador dependiente, lo cual no se cumplió en este caso” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente: 53.646, reiterada en sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.440).

De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección y con la ley, en Colombia ninguna persona debe percibir menos de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

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