Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06019-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06019 00
Accionante: Luz Andrea Barrero Ríos y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06019 00
Accionantes: LUZ ANDREA BARRERO RIOS Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Luz Andrea
Barrero Ríos, Nubia Ramos de Gómez, Luis Enrique Velásquez Alzate y
Andrés Aníbal Velásquez Ramos, a través de apoderado, contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Luz Andrea Barrero Ríos, Nubia Ramos de Gómez, Luis
Enrique Velásquez Alzate y Andrés Aníbal Velásquez Ramos solicitaron el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, que estimaron vulnerados con ocasión de la
sentencia del 12 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que revocó la sentencia del 14 de diciembre
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Segunda de Decisión, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda
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Accionante: Luz Andrea Barrero Ríos y otros
de reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P1.
1.2. Como hechos antecedentes a la acción de tutela, los accionantes2
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados con
ocasión de la muerte del señor Luis Eduardo Gómez Ramos.
1.3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que el señor Luis
Eduardo Gómez Ramos se desempeñó como líder de disciplina de mercado
en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y en razón a sus funciones
recibió amenazas de muerte, las cuales puso en conocimiento de su
empleador y éste, a través del jefe de seguridad, hizo lo propio ante la
Policía Nacional de Pereira (Risaralda). Sin embargo, el señor Gómez Ramos
fue asesinado el 22 de agosto de 2011 en la ciudad de Pereira.
1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, quien profirió
sentencia el 14 de diciembre de 2018, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se había
configurado la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, por no
haber efectuado el estudio de nivel de riesgo y no haber otorgado la
protección requerida por el señor Luis Eduardo Gómez Ramos, lo que dio
lugar a que se concretaran las amenazas de muerte en su contra.
1.5. Contra la anterior decisión, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia del 12
de abril de 2024, que la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de
la demanda, al considerar probado que el asesinato del señor Luis
Eduardo Gómez Ramos se dio a causa del desempeño de su cargo, es
1
Proceso que se identificó con la radicación 66001-23-33-000-2014-00005-00/02.
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Quienes conformaron la parte demandante en el proceso de reparación directa.
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decir, por una eventualidad directamente relacionada con las funciones
que le asignó su empleador, quien era el llamado a brindar la seguridad
requerida por él, y no la Policía Nacional, como lo consideró el a quo, lo
que configuró la responsabilidad de la Empresa de Energía de Pereira S.A.
E.S.P., por culpa patronal.
Además, consideró que las pretensiones de la demanda fueron denegadas
respecto de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y como la parte
demandante no cuestionó tal decisión, no se abordó el estudio de
responsabilidad de esa empresa.
1.6. El accionante manifestó en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en desconocimiento del precedente porque se apartó
de la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado que, cuando el
apelante único impugna un aspecto global de la sentencia, el ad quem está
facultado para revisar los aspectos que estén propiamente relacionados con
tal recurso, aun cuando el apelante no se haya referido expresamente a
estos. En particular, invocó la sentencia del 24 de mayo de 2018, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, bajo la radicación
18001-23-31-000-2011-00264-01 (56371), magistrada ponente Marta
Nubia Velásquez Rico.
1.7. Con fundamento en los anteriores argumentos, formularon las
siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP) y
al acceso a la administración de justicia (art. 229 CP. Artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos), de todas y cada una de las personas que fungen como
accionantes en la presente acción de tutela.
SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia del 12 de abril de 2024, notificada el 8 de
mayo de 2024, emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, que revocó la decisión
de primera instancia y negó las súplicas de la demanda interpuesta contra la
EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP y la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
– POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del medio de control de reparación directa con
Radicado No. 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700); que violaron derechos
fundamentales al debido proceso (art. 29 CP) y al acceso a la administración de
justicia (art. 229 CP. Artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), de todas y
cada una de las personas que fungen como accionantes en la presente acción de
tutela.
TERCERO: DEJAR sin efecto la Sentencia del 12 de abril de 2024, notificada el 8
de mayo de 2024, emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, que
revocó la decisión de primera instancia y negó las súplicas de la demanda
interpuesta contra la EMPRESA ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP y la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del medio de control
de reparación directa con Radicado No. 66001-23-33-000-2014-00005-02
(64700).
CUARTO: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B proferir nuevamente
sentencia dentro del medio de control de reparación directa Radicado No. 66001-
23-33-000-2014-00005-02 (64700) teniendo en cuenta las pretensiones y hechos
de la demanda, el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, a fin de que se
garantice el debido proceso y el acceso a la administración de Justicia”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por
intermedio del ponente de la decisión debatida, informó que no participará
en el trámite de tutela como parte ni como tercero y que acatará las
disposiciones que sean adoptadas.
2.2. La Policía Nacional, por intermedio de la Secretaría Jurídica,
manifestó que la solicitud de amparo es improcedente al no acreditarse
la existencia de un perjuicio irremediable en detrimento de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Además, consideró que la
decisión atacada fue proferida conforme a la jurisprudencia y las normas
vigentes aplicables al caso, por lo que solicitó que se negaran las
pretensiones del accionante.
2.3. La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a través de
apoderado, sostuvo que no se evidencian los defectos fáctico y sustantivo
en los que pudo incurrir la decisión atacada para que la acción de tutela
resulte procedente, y lo que realmente pretende la parte accionante es
reabrir el debate que ya fue objeto de estudio por el juez natural dentro
del proceso ordinario.
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2.4. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió copia digital del
expediente de reparación directa con radicado número 66001 23 33 000
2014 00005 00.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Los señores Luz Andrea Barrero Ríos, Nubia Ramos de Gómez, Luis
Enrique Velásquez Alzate y Andrés Aníbal Velásquez Ramos interpusieron
demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, y la Empresa Energía de Pereira S.A. E.S.P., con el fin de
obtener la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la falla
en el servicio que conllevó a la muerte del señor Luis Eduardo Gómez
Ramos.
3.2.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, a
través de sentencia del 14 de diciembre de 2018, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
3.2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, interpuso
recurso de apelación y, mediante proveído del 12 de abril de 2024, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó la decisión de
primera instancia, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la responsabilidad de brindarle seguridad al señor Luis
Eduardo Gómez Ramos era de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
por culpa patronal, y no de la Policía Nacional. Empero, no analizó la
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responsabilidad de la entidad empleadora porque la parte demandante no
apeló la decisión de primera instancia.
3.2.4. La parte demandante interpuso acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional4 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte demandante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia del 12 de
abril de 2024, dictada por el Consejo De Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que revocó la sentencia del 14 de diciembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de
Decisión, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, y la Empresa Energía de Pereira S.A. E.S.P5.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
5
Ver nota al pie 1.
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corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20196, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 7.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
7
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
8
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, la sentencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente,
porque se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado. En particular
hizo referencia a la sentencia del 24 de mayo de 2018, proferida por el
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, bajo la radicación
18001-23-31-000-2011-00264-01 (56371), magistrada ponente Marta
Nubia Velásquez Rico.
3.3.2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por el demandante constituyen simplemente la reiteración del debate que
ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo busca
ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el
juez natural del asunto sobre el caso planteado.
Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional.
3.3.2.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 20219,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar y a citar
una sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, pero
sin identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar
una comparación entre los hechos estudiados en ese asunto y el sub lite,
para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi
le eran aplicables a su caso particular.
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
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Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
cuestionar lo resuelto por el juez natural del asunto y a reclamar que no
se decidió de acuerdo con el criterio que le resultaba más favorable.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06019 00
Accionante: Luz Andrea Barrero Ríos y otros
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por los señores Luz Andrea Barrero Ríos, Nubia Ramos de Gómez, Luis
Enrique Velásquez Alzate y Andrés Aníbal Velásquez Ramos contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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Accionante: Luz Andrea Barrero Ríos y otros
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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