Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2014-00005-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2014-00005-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2014-00005-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2014-00005-02
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
12 de abril de 2024
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandantes: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
Tema: Responsabilidad del Estado por muerte de un empleado de la
Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Se revoca la sentencia
de primera instancia que declaró la responsabilidad de la Policía
Nacional porque, al existir culpa patronal, la Empresa de Energía
de Pereira S.A. ESP era la entidad que debía responder por la
muerte del empleado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia impugnada es
del siguiente tenor:
<<1. DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de “hecho exclusivo del tercero”,
formulada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones
expresadas en la parte considerativa de esta sentencia.
2. DECLÁRASE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los perjuicios
ocasionados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento del señor
Luis Eduardo Gómez Ramos, ocurrido el día 22 de agosto de 2011, dentro de las
circunstancias y por las razones que se dejaron precisadas en la parte motiva de
esta sentencia.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE A LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de los
demandantes las siguientes sumas de dinero:
3.1. Por concepto de perjuicios morales a la fecha de ejecutoria de la sentencia:
A Luz Andrea Barrero Ríos (compañera permanente) 100 SMLMV
A Nubia Ramos de Gómez (madre) 100 SMLMV
A Luis Enrique Velásquez Alzate (padre) 100 SMLMV
A Andrés Aníbal Velásquez Ramos (hermano) 50 SMLMV
1
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
3.2. Por concepto de perjuicios materiales:
• En la modalidad de lucro cesante consolidado a favor de la señora Luz Andrea
Barrero Ríos, la suma de doscientos sesenta y ocho millones ciento treinta y tres
mil quinientos treinta y seis pesos ($268.133.536) más la actualización debida
conforme a los parámetros fijados en la parte considerativa.
• En la modalidad de lucro cesante futuro la suma de mil doscientos sesenta
millones doscientos diecinueve mil setecientos sesenta pesos ($1.260.219.760) en
favor de la señora Luz Andrea Barrero Ríos.
4. NIÉGANSE LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por las razones
anotadas en la parte motiva de este proveído.
5. Se condena en costas a la demandada, por lo considerado en la parte motiva
de este fallo. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. (…)>>
Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El Tribunal
Administrativo del Risaralda era competente para conocer el proceso en primera
instancia de acuerdo con el numeral 6 del artículo 152 del mismo código.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 18 de septiembre de
20191. En el auto del 11 de marzo de 2020 se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2 y la parte
demandante3 presentaron alegatos de conclusión. La Empresa de Energía de
Pereira S.A. ESP y el Ministerio Público guardaron silencio.
Esta sentencia se emite con cambio de ponente porque el proyecto presentado
en Sala del 19 de octubre de 2023 fue derrotado.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- El 12 de noviembre de 2013 Luz Andrea Barrero Ríos, Nubia Ramos de
Gómez, Luis Enrique Velásquez Alzate y Andrés Aníbal Velásquez Ramos (en
adelante, <<los demandantes>>) presentaron demanda4 de reparación directa
contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP (en adelante, <<EEP>> o <<el
empleador>>) y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en
adelante, <<la Policía>>) para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
<<PRIMERO: Que se declare que la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.
E.S.P., la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL son
1 Cuaderno principal, folio 711.
2 Samai del Consejo de Estado, índice No. 17.
3 Samai del Consejo de Estado, índice No. 19.
4 Cuaderno principal, folios 134 – 184.
2
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños sufridos a los
actores LUZ ANDREA BARRERO RÍOS (compañera permanente), NUBIA
RAMOS DE GÓMEZ (madre), LUIS ENRIQUE VELÁSQUEZ ALZATE
(Padrastro), ANDRÉS ANÍBAL VELÁSQUEZ RAMOS (hermano); por los
perjuicios materiales, morales, daños a la vida de relación o alteración de las
condiciones de existencia, que les fueron causados, como consecuencia de la
grave negligencia y omisiones en las medidas de seguridad personal por parte de
las entidades convocadas que generaron la muerte del Ingeniero LUIS EDUARDO
GÓMEZ RAMOS quien fuera asesinado el día 22 de agosto del año 2011 en la
ciudad de Pereira.
SEGUNDO: Que como consecuencia de su responsabilidad jurídica y patrimonial
la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. y la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL deberán pagarles a título de
indemnización a los actores, los perjuicios materiales, morales, mortis causa y
daños a la vida de relación cuantificándose así:
A. PERJUICIOS MATERIALES:
LUCRO CESANTE: Se deberá proporcionar a LUZ ANDREA BARRERO RÍOS
(compañera permanente), o quienes sus derechos representaren al momento de
quedar en firme la conciliación que así lo apruebe; la indemnización por este
concepto se cuantificará a continuación:
En cuanto a los DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES, serán concedidos a los
afectados teniendo en cuenta el salario devengado por el occiso a la fecha de su
muerte: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO
PESOS M/CTE. ($3.250.104). (…)
A. MORALES (sic)
• Se reconocerá y pagará a favor de LUZ ANDREA BARRERO RÍOS (Compañera
permanente), el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así
lo apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de la afectación emocional, sicológica y patológica sobrevenida por
el daño producido.
• Se reconocerá y pagará a favor de NUBIA RAMOS DE GÓMEZ (madre), el
equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así lo
apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de la afectación emocional, sicológica y patológica sobrevenida por
el daño producido.
• Se reconocerá y pagará a favor de LUIS ENRIQUE VELÁSQUEZ ALZATE
(Padrastro) el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así
lo apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de la afectación emocional, sicológica y patológica sobrevenida por
el daño producido.
• Se reconocerá y pagará a favor de ANDRÉS ANÍBAL VELÁSQUEZ RAMOS
(hermano), el equivalente en pesos colombianos a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales, es decir, por la suma de VEINTINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($29.475.000),
3
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así lo apruebe, como
consecuencia de la afectación emocional, sicológica y patológica sobrevenida por
el daño producido.
B. PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE EXISTENCIA
(…)
• Se reconocerá y pagará a favor de LUZ ANDREA BARRERO RÍOS (Compañera
permanente), el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así
lo apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de los daños a la vida de relación sobrevenidos con el hecho.
• Se reconocerá y pagará a favor de NUBIA RAMOS DE GÓMEZ (madre), el
equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así lo
apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de los daños a la vida de relación sobrevenidos con el hecho.
• Se reconocerá y pagará a favor de LUIS ENRIQUE VELÁSQUEZ ALZATE
(Padrastro) el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así
lo apruebe, es decir, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($58.950.000), como
consecuencia de los daños a la vida de relación sobrevenidos con el hecho.
• Se reconocerá y pagará a favor de ANDRÉS ANÍBAL VELÁSQUEZ RAMOS
(hermano), el equivalente en pesos colombianos a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales, es decir, por la suma de VEINTINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($29.475.000),
vigentes al momento de quedar en firme la conciliación que así lo apruebe, como
consecuencia de los daños a la vida de relación sobrevenidos con el hecho.
TERCERO: INTERESES. Se reconocerá a los actores, los intereses moratorios
generados a partir de la fecha de su aprobación hasta su pago definitivo.
Con fundamento en el artículo 1653 del Código Civil, expresa que todo pago se
imputará primero a intereses.
CUARTO: CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA – LA EMPRESA DE ENERGÍA
DE PEREIRA S.A. E.S.P., LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL que para estos efectos se faculte por dicha entidad, deberá cumplir
con la Sentencia conforme a lo reglamentado en el artículo 192, 194 y 195 de la
Ley 1437 de 2011, de la cual presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.
QUINTO: Se condene en costas a la entidad demandada.
SEXTO: Se expidan copias de la Sentencia con constancia de su ejecutoria con
destino al ente público demandado, indicando la idoneidad para su ejecución.>>
2.- Los demandantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- Luis Eduardo Gómez Ramos empezó a trabajar en la Empresa de Energía
de Pereira S.A. ESP en febrero de 2009. Se vinculó como <<líder de disciplina
4
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
de mercado>> luego de suscribir un contrato de trabajo a término indefinido para
colaboradores de manejo y confianza. Desde que empezó a trabajar en la EEP,
el señor Gómez Ramos se expuso a una situación de riesgo por las amenazas
que recibían los directivos de la empresa como consecuencia de la adopción de
algunas medidas de control y administración, y por la denuncia de delitos y
situaciones anómalas dentro de la empresa.
2.2.- Otros directivos y trabajadores de la EEP se encontraban en una situación
similar. Por ello, mediante oficio del 18 de septiembre de 2009 la gerente de la
empresa informó al comandante del Departamento de Policía de Risaralda la
situación de riesgo en la que se encontraban sus directivos, y solicitó “se
adopt[aran] las medidas de choque o plan de contingencia para prevenir
cualquier hecho que lamentar (…)”
2.3.- Debido a amenazas de muerte recibidas en su contra, el 26 de enero de
2011 el señor Gómez Ramos presentó una denuncia ante el Departamento de
Policía de Risaralda. También informó al jefe de seguridad de la EEP sobre tales
amenazas con el fin de que se le brindara la seguridad personal necesaria. En
respuesta a lo anterior, el jefe de seguridad de la EEP solicitó al comandante de
la Policía Metropolitana de Pereira un estudio del nivel de riesgo de Luis Eduardo
Gómez Ramos y, además, le proporcionó un esquema de seguridad integrado
por dos escoltas que, de manera inexplicable, fue retirado al poco tiempo.
2.4.- Mediante oficio del 12 de julio de 2011, el Comando de la Policía
Metropolitana de Pereira comunicó a la gerencia de la EEP que, tras un estudio
de nivel de riesgo, se advirtió que algunos de los directivos de la empresa se
encontraban en nivel “medio y alto”, por lo que les fue asignada seguridad con
escolta. No obstante lo anterior, en el grupo evaluado no se incluyó a Luis
Eduardo Gómez Ramos.
2.5.- Ni la EEP ni la Policía Nacional le brindaron protección al señor Gómez
Ramos y este fue asesinado el 22 de agosto de 2011 por personas desconocidas.
La parte actora refirió que la Policía y la EEP incurrieron en una <<falla en el
servicio>> por omisión, al no brindar protección a la víctima ni adoptar medidas
adecuadas ante el riesgo en el que se encontraba y que, con anterioridad a los
hechos, fue puesto en su conocimiento.
B.- Posición de la parte demandada
3.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda5 y expuso los
siguientes argumentos:
3.1.- A pesar de tener conocimiento de la situación de riesgo en la que se
encontraba, la víctima directa no atendió las recomendaciones dadas por la
Policía Nacional, ni acató la sugerencia de presentar una autorización para la
5 Cuaderno No. 1 – 1 , folios 242 – 245.
5
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
elaboración de un estudio de riesgo, de acuerdo con lo previsto en la Directiva
Permanente No. 4 DIPON DIPRO del 20 de septiembre de 2010.
3.2.- Si la víctima directa no contaba con un esquema de seguridad, era porque
no existía una solicitud concreta de protección de su vida.
3.3.- Se configuró la causal de exoneración de hecho de un tercero, pues la
muerte fue ocasionada por personas ajenas a la institución.
3.4.- El mandato constitucional según el cual las autoridades están instituidas
para proteger a todas las personas debía interpretarse desde lo razonablemente
exigible, es decir, sin que dicho deber constituya una obligación de resultado ni
le sea atribuible la responsabilidad por todos los hechos que generen perjuicios
a los ciudadanos.
4.- La EEP contestó la demanda; no obstante, en el expediente no obra dicho
escrito. La Sala advierte que el 9 de mayo de 2019 el Tribunal Administrativo de
Risaralda celebró audiencia de reconstrucción de expediente porque el cuaderno
No. 1-1 se había extraviado. Sin embargo, y a pesar de que en dicha audiencia
se manifestó que la apoderada de la demandada aportó contestación de
demanda por parte de la EEP, en el cuaderno reconstruido no obra ese
documento.
5.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros, llamada en garantía por la EEP, se
opuso a las pretensiones de la demanda6 y expuso los siguientes argumentos:
5.1.- No es cierto que la EEP hubiera retirado el esquema de seguridad a la
víctima directa. Muy por el contrario, dicho esquema fue mantenido hasta el día
en que se perpetró el homicidio de Luis Eduardo Gómez Ramos.
5.2.- La EEP no tenía como objeto brindar seguridad y protección a la ciudadanía.
Pese a ello, cuando conoció sobre las amenazas recibidas por la víctima directa,
adoptó las medidas que estaban a su alcance para garantizar la seguridad del
trabajador; esto es, informó a la Policía Nacional sobre el riesgo que corría y le
brindó un esquema de seguridad.
5.3.- La parte actora debió acreditar que la muerte se produjo por “culpa patronal”
de la demandada o que ocurrió debido a las funciones que desempeñaba en
dicha empresa, y esto no estaba probado en el proceso.
5.4.- En todo caso, señaló que los perjuicios reclamados eran excesivos y,
además, advirtió que la póliza adquirida solo amparaba casos de responsabilidad
civil extracontractual; no obstante, en el presente caso la responsabilidad que se
atribuía al empleador era de carácter laboral, por lo que la entidad aseguradora
no estaba llamada a responder por las reclamaciones de la demanda.
6 Cuaderno No. 1 – 2, folios 382 – 390.
6
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
C.- Sentencia recurrida
6.- En sentencia del 14 de diciembre de 20187 el Tribunal Administrativo de
Risaralda (i) declaró no probada la excepción de hecho exclusivo de un tercero
propuesta por la Policía Nacional, (ii) declaró responsable a la Policía Nacional
por la muerte de Luis Eduardo Gómez Ramos, (iii) condenó a la mencionada
entidad a pagar los perjuicios materiales y morales reclamados por la
demandante, y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda. Para adoptar
estas decisiones, en síntesis, consideró que:
6.1.- Estaba demostrado el daño consistente en la muerte de Luis Eduardo
Gómez Ramos.
6.2.- El daño no era imputable a la EEP porque cumplió con el deber de
protección de su empleado haciendo uso de los medios que estaban a su
alcance, esto es, denunciar las amenazas contra la vida de Luis Eduardo Gómez
Ramos y solicitar que se realizara un estudio de riesgo que permitiera determinar
las medidas de seguridad que debían adoptarse para proteger su vida. La EEP
no tenía dentro de su objeto social funciones relacionadas con brindar protección
o medidas de seguridad a sus empleados ni mucho menos las asumió por cuenta
de la suscripción del contrato de trabajo, motivo por el cual no podría efectuársele
reproche alguno por no proteger la vida de la víctima directa.
6.3.- El daño era imputable a la Policía Nacional en tanto no adoptó las medidas
adecuadas para proteger la vida de Luis Eduardo Gómez Ramos, a pesar de
tener conocimiento del riesgo que pesaba sobre aquel. En efecto:
a.- La víctima interpuso una denuncia ante la Policía Nacional con base en
amenazas graves y fundadas en el peligro que representaba el ejercicio de sus
funciones, lo cual creó la obligación para el Estado de brindar seguridad y
protección al afectado. Además, la EEP le solicitó a dicha entidad practicar un
estudio para determinar el nivel de riesgo en el que aquella se encontraba.
b.- La Policía Nacional no dio trámite a la denuncia presentada por Luis Eduardo
Gómez Ramos ni a la solicitud de análisis de su nivel de riesgo; esto es, no puso
en funcionamiento los recursos de la institución para el adecuado cumplimiento
de su deber legal de proteger a la víctima directa, aun cuando conocía las
particularidades del riesgo que corría. Según las pruebas que obran en el
expediente, la Policía Nacional se limitó a remitir las solicitudes a otra
dependencia de la misma institución y no brindó una solución eficaz a la situación
de riesgo en la que se encontraba Luis Eduardo Gómez Ramos.
c.- De haber adoptado las medidas de protección de la víctima directa, se hubiera
podido evitar el homicidio de Luis Eduardo Gómez Ramos. Así, la omisión en que
7 Cuaderno principal, folios 649 – 670.
7
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
incurrió la Policía Nacional <<(…) tuvo incidencia en que se concretara el
homicidio objeto de amenaza>>.
d.- Descartó que el daño fuera atribuible a un tercero, ya que, pese a que fue
cometido por sicarios, lo cierto es que desde el momento en que la Policía
Nacional tuvo conocimiento de la situación adquirió una posición de garante que
le obligaba a desplegar acciones para proteger a la víctima, las cuales no realizó.
D.- Recurso de apelación
7.- La Policía Nacional solicita revocar la sentencia de primera instancia8 y negar
las pretensiones de la demanda. En el recurso de apelación presenta los
siguientes reparos:
7.1.- No se valoraron adecuadamente el testimonio del policía Jhon Faber
Gutiérrez Blandón ni los oficios aportados al expediente por la entidad. En ellos
estaba contenido el trámite surtido en virtud de la denuncia interpuesta por Luis
Eduardo Gómez Ramos y de la solicitud de análisis del riesgo al que estaba
sometido, que era el establecido en el Código Nacional de Policía y en el Código
de Procedimiento Penal.
7.2.- Según lo previsto en el Decreto 1740 de 2010, no procedía realizar un
estudio de riesgo para Luis Eduardo Gómez Ramos ya que se trataba de un
particular que no se encontraba en ninguno de los grupos poblacionales
señalados en los artículos 4 y 5 de la referida norma. Por lo anterior, la Policía
Nacional realizó aquello que procedía en este caso: (i) una entrevista consentida
con la víctima directa y el jefe de seguridad de la EEP en la que se brindaron
medidas preventivas y recomendaciones de autoprotección; y (ii) intercambió
abonados telefónicos para que, en el evento en que se diera otra situación de
amenaza contra la vida de la víctima directa, esta acudiera o llamara al cuadrante
más cercano para atender las situaciones que pudieran atentar contra su
integridad, lo cual no fue observado por la víctima directa ni por el jefe de
seguridad de la EEP.
7.3.- No estaba probado que la muerte de la víctima obedeciera a los hechos
denunciados siete meses antes del suceso e insistió en que la entidad tenía una
obligación de medio, pero no de resultado, pues <<es un fin en sí mismo del
Estado dar protección a quienes habiten dentro de su órbita de poder, pero tal
mandato debe ser comprendido dentro de los límites de la normalidad y
razonabilidad, sin que sea posible entonces exigir de parte de este protección
absoluta (…)>>.
8 Cuaderno principal, folios 676 – 681.
8
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
II. CONSIDERACIONES
E.- Caducidad del medio de control
8.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término legal de dos (2) años previsto en el en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA. En efecto, Luis Eduardo Gómez Ramos falleció el 22 de
agosto de 2011, por lo que, en principio, el término para interponer la demanda
iba hasta el 23 de agosto de 2013. No obstante, con la presentación de la solicitud
de conciliación extrajudicial, este se suspendió desde el 21 de agosto de 2013
hasta el 8 de noviembre de 2013, cuando se expidió la constancia que acredita
la ausencia de ánimo conciliatorio. La demanda se presentó el 12 de noviembre
de 2013 (los días 9, 10 y 11 fueron no hábiles), es decir, antes del vencimiento
del término legal.
F.- Decisión a adoptar
9.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones
de la demanda respecto de la Policía Nacional. Esta decisión se adopta porque
está demostrado que el asesinato de Luis Eduardo Gómez Ramos se ocasionó
por las labores desarrolladas en el ejercicio de su cargo, esto es, por una
eventualidad directamente relacionada con su trabajo, por lo que se configura la
responsabilidad de la EEP por culpa patronal. Como en la sentencia de primera
instancia las pretensiones de la demanda fueron negadas respecto de la EEP y
la parte demandante no cuestionó esa decisión, la Sala no abordará el análisis
de responsabilidad de la referida entidad.
10.- El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:
<<ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente
comprobada del {empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la
enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por
perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en
dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.>>
11.- En este caso está demostrado que el homicidio de Luis Eduardo Gómez
Ramos se perpetró con ocasión del ejercicio de su cargo como <<líder de
disciplina de mercado>> y, además, que fue advertido en las amenazas que
recibió. En efecto, en la investigación penal adelantada por la Fiscalía obra la
entrevista realizada a Mario Germán Osorio Vélez, en calidad de sindicado, quien
manifestó que participó en la comisión del homicidio de Luis Eduardo Gómez
Ramos y relató que el determinador del hecho, después de cometido el ilícito, le
advirtió <<(…) que tuvieran mucho cuidado con la Policía, que el muerto era una
persona muy importante, ya que el muerto sabía mucho de un desfalco de las
empresas públicas y que los señores lo habían amenazado para que se fuera de
la ciudad y como no lo hizo por eso fue que ordenaron su muerte (…)>>9
9 Cuaderno No. 1 – 3, folios 615 – 622.
9
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
12.- Lo anterior evidencia que la EEP, como patrono de Luis Eduardo Gómez
Ramos, lo expuso a un riesgo excepcional en el ejercicio de su cargo como
<<líder de disciplina de mercado>>. Esta circunstancia obligaba a la entidad
prestadora de servicios públicos a velar por el cumplimiento del deber de
seguridad y protección de su trabajador, lo que se traducía en brindarle un
esquema de seguridad que asegurara su vida e integridad personal.
13.- En el expediente está demostrado que la EEP incumplió su deber de velar
por la seguridad y protección de su trabajador Luis Eduardo Gómez Ramos, a
pesar de haber demostrado que estaba en capacidad de brindarle un esquema
de seguridad. En efecto, está probado que la EEP le proporcionó a la víctima
directa un esquema de seguridad integrado por dos escoltas que, según lo afirmó
la parte demandante, fue retirado al poco tiempo sin justificación alguna. Esta
circunstancia demuestra que la EEP estaba en condiciones de suministrarle la
seguridad y protección a su empleado y, a pesar de ello, decidió retirar su
esquema de seguridad, lo cual demuestra la desatención de sus deberes como
patrono y, por tanto, su culpa patronal.
14.- Si bien está demostrado que la víctima directa presentó denuncia ante la
Policía Nacional y que el jefe de seguridad de la EEP igualmente solicitó a dicha
entidad el estudio de su nivel de riesgo, lo cierto es que, en el momento en que
dichas solicitudes fueron formuladas, la víctima directa contaba con un esquema
de seguridad propocionado por su empleador. En el expediente no obra prueba
de que la Policía Nacional hubiera sido notificada del retiro del esquema de
seguridad proporcionado a la víctima directa y, por ello, del considerable
incremento del riesgo al que estaba sometido por cuenta de las amenazas
recibidas en su contra.
15.- En conclusión, la muerte de Luis Eduardo Gómez Ramos obedeció al
incumplimiento de los deberes que la EEP tenía a su cargo como empleador. No
obstante lo anterior, como quiera que la parte demandante no cuestionó la
decisión del tribunal en cuanto absolvió de responsabilidad a la referida entidad,
la Sala insiste en que no puede declarar su responsabilidad por culpa patronal.
G.- Condena en costas
16.- Como el recurso de apelación formulado por la Policía Nacional prosperó, la
Sala se abstendrá de condenar en costas a dicha entidad. En este punto es
importante destacar que no se condenará en costas de ambas instancias a la
parte vencida porque en esta instancia no se está revocando íntegramente la
sentencia del inferior.
10
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00005-02 (64700)
Demandante: Luz Andrea Barrera Ríos y otros
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 14 de
diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO: En su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda respecto
de la Policía Nacional.
TERCERO: No se CONDENA en costas.
CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Salva voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Aclara voto
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.