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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-31-000-2019-00154-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-31-000-2019-00154-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, en cuanto condenó en costas y, en su lugar se dispone: 30 Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023) Demandante: Floresmiro Alba Sánchez «Segundo. No condenar en costas.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Floresmiro Alba Sánchez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social [Ugpp], de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer personería al abogado Edgar José Polanco Pereira identificado con la cédula de ciudadanía 16.918.747 de Cali y portador de la tarjeta profesional 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 10 de SAMAI. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclaración de voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 31

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-31-000-2019-00154-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo.
Decaimiento del reconocimiento de pensión gracia en
cumplimiento de una orden de tutela

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, Sala Tercera, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

1. Floresmiro Alba Sánchez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1
En adelante Ugpp.
2
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 1 a 22.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución RDP 006510 del 14 de febrero de 2013,
por medio de la cual la Ugpp declaró el decaimiento de la Resolución 41914 del 23
de agosto de 2006 que reconoció la pensión gracia en cumplimiento de una orden
de tutela.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión gracia, a partir de la fecha en que adquirió
el derecho y su inclusión en nómina de pensionados; ii) el pago de las mesadas
pensionales con los ajustes legales; iii) el pago de los intereses moratorios; iv) el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la condena
en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Floresmiro Alba Sánchez nació el 18 de julio de 1951.

3.2. Prestó sus servicios como docente en el departamento del Caquetá, así:

Institución Educativa Acto Administrativo Desde Hasta
Monseñor Valencia Cano [Puerto Resolución 0003 del 01-02-1974 31-12-1974
Torres] 01-01-1974
Colegio San José [Florencia] Resolución 0003 del 01-01-1975 31-12-1975
01-01-1975
Cervantes [Morelia] Resolución 0003 del 01-01-1976 31-12-1976
01-01-1976
Colegio Migan [Florencia] Resolución 0003 del 01-01-1977 18-07-2001
01-01-1977
Total tiempo de servicios: 27 años, 5 meses y 18 días

3.3. Acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio
docente, 50 años de edad y desempeñó sus actividades con honradez,
consagración y buena conducta.

3.4. El Juzgado Penal del Circuito de Lérida [Tolima], a través de sentencia de tutela
del 13 de junio de 2006, amparó sus derechos fundamentales de igualdad, debido
proceso, seguridad social y mínimo vital, y ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social4 el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

3
En adelante CPACA.
4
En adelante Cajanal.

2

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

3.5. En cumplimiento de lo anterior, Cajanal profirió la Resolución 41914 del 23 de
agosto de 2006, en la cual le reconoció y ordenó el pagó de la pensión gracia en
cuantía de $648.112, a partir del 18 de julio de 2001, por el término de 4 meses y
condicionada a la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, «so pena de que cesaran los efectos de la orden de tutela».

3.6. En diciembre de 2006 presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue remitida a
los juzgados administrativos de Bogotá, y el 28 de agosto de 2007 fue enviada por
factor territorial a los juzgados administrativos de Florencia [Caquetá], la cual le
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que a través de auto
del 25 de octubre de 2008 declaró la perención del trámite, toda vez transcurridos 6
meses no consignó los gastos del proceso.

3.7. A través de la Resolución RDP 006510 del 14 de febrero de 2013, la Ugpp
declaró el decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, y lo
excluyó de nómina de pensionados, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 91 del
CPACA.

3.8. El 1° de abril de 2013 solicitó la revocatoria directa de la Resolución RDP
006510 del 14 de febrero de 2013, la cual fue negada por la Ugpp mediante la
Resolución RDP 019599 del 29 de abril de 2013.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 48, 53, y 123 de la Constitución
Política; y el CPACA.

4. Asimismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en la sentencia del
3 de abril de 2014 proferida en el expediente 11001-03-25-000-2005-00166-01
[4942-2014 y de la Corte Constitucional contenido en las sentencias T-140 de 2010,
T-649 de 2011 y T-343 del 2014.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos5:

5.1. El
acto acusado vulneró los postulados constitucionales y legales, pues
desconoció que a través de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006 le fue
reconocida la pensión gracia, y se expidió sin observar el debido proceso

5
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 4 a 19.

3

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

administrativo, pues dejó sin efectos el acto que reconoció la prestación, sin haberle
otorgado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

5.2. Igualmente se transgredió el principio de confianza legitima y de buena fe, pues
el reconocimiento pensional tuvo lugar en cumplimiento de una orden de tutela «que
goza del principio de legalidad», por lo que la administración no está facultada para
declarar su decaimiento, puesto que es la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo la competente para efectuar el control de legalidad.

5.3. Además, la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006 se expidió con
fundamento en un fallo de tutela del 13 de junio de 2006, proferida por el Juzgado
Penal del Circuito de Lérida [Tolima], el cual hizo tránsito a cosa juzgada; por lo que
la Ugpp incurrió en desacato de una orden impartida por un juez constitucional «que
es vinculante y de obligatorio cumplimiento hasta tanto no se desvirtué su presunción de
legalidad.».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con los
siguientes argumentos:

6.1. Con la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, se dio cumplimiento al fallo
de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida [Tolima], en
consecuencia, reconoció la pensión gracia a favor de Floresmiro Alba Sánchez,
efectiva a partir del 18 de julio de 2001 y durante 4 meses contados a partir de la
notificación del acto administrativo, y con posterioridad siempre y cuando acreditara
el inicio de la acción pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
so pena de que cesaran los efectos de la orden de tutela y hasta cuando se decidiera
definitivamente el asunto.

6.2. Mediante la Resolución RDP 006510 del 14 de febrero de 2013, se declaró el
decaimiento jurídico de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, por cuanto
no se acreditó dentro del término legal el inicio del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

6.3. A través de la Resolución RDP 19599 del 29 de abril de 2013, no se accedió a
la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la Resolución RDP 006510 del
14 de febrero de 2013.

6
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 89 a 95.

4

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

6.4. Mediantela Resolución RDP 07032 del 4 de marzo de 2019, se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, decisión administrativa que fue
confirmada con la Resolución RDP 010578 del 30 de marzo de 2019.

6.5. De acuerdo con el certificado laboral del 23 de octubre de 2018, expedido por la
Secretaría de Educación de Florencia, Floresmiro Alba Sánchez prestó sus servicios
como docente desde el 1° de febrero de 1974 hasta el 17 de junio de 2016 en el
departamento del Caquetá con vinculación nacional, por lo cual no cumple con el
requisito de 20 años de servicio de tipo territorial para acceder a la pensión gracia.
En consecuencia, los actos administrativos fueron debidamente motivados y se
encuentran sujetos a derecho.

6.6. Propuso las excepciones de i)
inexistencia de la obligación demandada; ii)
ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; iii) prescripción; y iv)
genérica e innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. ElTribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera, mediante sentencia
proferida el 12 de mayo de 20237 negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas al demandante, con sustento en los siguientes argumentos:

7.1. Los efectos del fallo de tutela del 13 de junio de 2006 proferido por el Juzgado
Penal del Circuito de Lérida [Tolima], perdió sus efectos pues Floresmiro Alba
Muñoz no cumplió con las cargas procesales dentro de los términos concedidos por
el juez constitucional, «por lo tanto, debe lidiar con los efectos adversos derivados de su
desidia e inactividad procesal».

7.2. Era procedente que la Ugpp expidiera la Resolución 006510 del 14 de febrero
de 2013, mediante la cual declaró el decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de
agosto de 2006, pues la orden de tutela que le sirvió de sustento perdió sus efectos,
ya que no se cumplió con la carga procesal de activar la vía judicial dentro de los 4
meses siguientes. Además, no se obtuvo un pronunciamiento de fondo por parte del
juez competente, porque se declaró la perención del proceso, y tampoco se notificó
el trámite judicial a la Ugpp.

7.3. El demandante conocía que la orden del juez constitucional era de carácter
transitoria, por lo tanto, debía adelantar las actuaciones dentro las oportunidades

7
Samai Tribunal, índice 33, archivo 45_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 33.

5

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

indicadas para mantener incólume los efectos del fallo de tutela; sin embargo, fue
negligente y omitió dar cumplimiento a las órdenes en los términos judiciales.

7.4. Ahora bien, sobre el argumento que debía haberse demandado el acto
administrativo que le concedió la pensión gracia como medida transitoria, el Consejo
de Estado ha precisado que el decaimiento del acto administrativo es una figura que
aplica de pleno derecho y que no requiere decisión judicial que lo determine.

1.4. El recurso de apelación

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación8, el cual sustentó así:

8.1. El juez de tutela condicionó la vigencia del reconocimiento pensional a que el
actor acudiera a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dentro de los 4
meses siguientes al fallo, pero de esto no se puede concluir que la «vigencia del fallo
de tutela está sujeto a que la autoridad competente resuelva de fondo».

8.2. Dentro del término establecido por el juez constitucional, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 6203 del 31 de enero
de 2005, que inicialmente le negó el reconocimiento de la pensión gracia. Asimismo,
aunque dentro del referido asunto no se obtuvo pronunciamiento de fondo por parte
de la autoridad judicial por haberse declarado la perención del proceso, esta
situación no generó ningún efecto sobre la vigencia de los efectos del fallo de tutela,
«pues la condición resolutoria lo que señala, es únicamente, que se presente la demanda
en la vía ordinaria, pero no que se obtenga pronunciamiento de fondo sobre el asunto».

8.3. El tribunal consideró que el decaimiento del acto no se puede confundir con las
figuras jurídicas de revocatoria directa o la nulidad del acto administrativo, pues el
decaimiento obedece a hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del acto;
no obstante, la figura jurídica que se aplicó en el acto acusado equivale a una
revocatoria directa.

8.4. La Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006 creó una situación particular y
concreta que consolidó en el tiempo el reconocimiento de la pensión gracia; por lo
tanto, con el acto acusado se vulneró el debido proceso administrativo, puesto que
no era procedente su decaimiento, por lo que la administración incurrió en las
siguientes irregularidades «1) Suspende la prestación pensional a la actora sin estar
facultada, revocando un acto administrativo de contenido particular y concreto de forma
unilateral sin consentimiento del titular. 2) Viola el principio de legalidad al dejar sin efectos

8
Samai Tribunal, índice 38, archivo
50_RECEPCIONRECURSOAPELACION_APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 38.

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

el acto administrativo sin acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para ejercitar la
acción pertinente. 3) Igualmente transgrede el debido proceso porque no se dio oportunidad
al administrado de ejercer[é] el derecho de defensa teniendo en cuenta que afecta un
derecho particular que se había consolidado con el paso del tiempo. 4) Adolece de falsa
motivación, pues fundamenta su decisión en que nunca se dio inicio a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se ha demostrado en el presente escrito
que el actor s[í] dio inicio al proceso y que en la página web de la rama judicial aparece
radicado el proceso en el Tribunal administrativo de Cundinamarca el 31 de enero de 2007.»
[sic]

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

9.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto9 en el cual
solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, toda vez que el demandante
«cumplió con lo ordenado en la sentencia tutela, y que el decaimiento del acto no produce
su nulidad, se debe continuar pagando al accionante la pensión gracia reconocida.»

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

10. Se contrae a resolver ¿si era procedente que la Ugpp declarara el decaimiento
del acto de reconocimiento de la pensión gracia, y si esta decisión administrativa se
ajustó a derecho? o ¿si se configuró una revocatoria directa que debió estar
precedida por la solicitud de consentimiento expreso y previo del demandante?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre el decaimiento del acto administrativo

9
Samai, índice 8, archivo Memorial_FLF_13CONCEPTO(.pdf) NroActua 11.

7

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

11. La figura del decaimiento de los actos administrativos corresponde a aquellas
situaciones en las que este puede perder su eficacia, su fuerza ejecutoria o su poder
vinculante, por circunstancias que son posteriores a su expedición, que no
dependen de la voluntad de la administración y que hacen desaparecer un supuesto
de hecho o de derecho indispensable para su existencia. Esta fue desarrollada por
el legislador en el artículo 91 del CPACA a través del cual estableció las causales
de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo así:

«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los
siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.».

12. En la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, no se discute ni se
afecta su presunción de legalidad, tampoco se corrigen errores formales en la
actuación, sino que, ante la configuración de alguna de las causales previstas en
dicha norma, se concreta una excepción a la firmeza del acto administrativo, la cual
puede ser propuesta tanto por la administración como por el particular.

13. Alrespecto, esta Corporación10 ha precisado que el decaimiento del acto
administrativo opera de pleno derecho, esto es, sin que sea necesaria su
declaratoria en vía administrativa o judicial, pues obedece a circunstancias externas
que imposibilitan el acatamiento material de la situación jurídica previamente
creada, extinguida o modificada por la autoridad, y sus efectos son a futuro; en los
siguientes términos:

«[…] El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia el futuro,
desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho. No obstante, ello
no impide que pueda adelantarse el estudio de legalidad respectivo, pues el juicio de
nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad del acto. […] La pérdida de fuerza
ejecutoria del acto administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene
la ausencia de obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales allí señaladas,
entre ellas, por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […] La

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020,
proferida en el proceso con radicado: 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-2016), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

jurisprudencia y la doctrina, han desarrollado la institución del «decaimiento del acto
administrativo», haciéndola consistir en una «“extinción” del acto acusado, que tiene
ocurrencia cuando se presentan circunstancias que comportan la desaparición de los
fundamentos jurídicos del respectivo acto administrativo.

[…] La ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o
impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende
provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que
lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la
medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii)
administrativa, mediante la revocatoria directa de la decisión administrativa. En esta
situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos
mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales
consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las
cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática,
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso
del decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o
de derecho. […]».

2.2.2. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocieron
prestaciones periódicas

14. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»11; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»12, de carácter excepcional y, que procede
de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los límites y
reglas que prevé la ley.

15. Lo anterior, se materializó en los artículos 73 del CCA y 93 del CPACA. El primero
estableció que la administración se encontraba facultada para revocar sus actos
siempre que contara con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de
los derechos reconocidos en el acto administrativo en cuestión. A falta de este, la
revocatoria directa únicamente era viable en los siguientes casos:

15.1. Cuando fueran actos administrativos producto de haber operado el silencio
administrativo positivo y pudiera verificarse una de las siguientes condiciones:
a) que fueran manifiestamente opuestos a la Constitución Política o a la ley; b) que

11
Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
12
Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

no consultaran el interés público o social o atentan contra él; y b) que causaran un
agravio injustificado a una persona; y

15.2. Cuando era evidente que el acto se expidió por medios ilegales.

16. Estasdos excepciones surgen de la interpretación que la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha hecho en relación con los artículos 6913 y 7314 del
Decreto 01 de 1984, y que fue definida por la Sala Plena del Consejo de Estado por
medio de sentencia del 16 de julio de 200215.

17. En aquella oportunidad, la Sala explicó que «en el inciso 2º de dicha norma [el
artículo 73 del CCA], el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para
resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la
puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º,
el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”,
para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo cierto entonces es
que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las
cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el
consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio
administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales».

18. En relación con las dos excepciones, puede concluirse que en vigencia del
Decreto 01 de 1984 «la administración contaba con la posibilidad de revocar actos
administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u
ostensible. Así las cosas (…) no se trataba de que la autoridad pública intuyera o
sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal
circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada
dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del

13
«Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
14
«Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
15
Radicación 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029). MP: Ana Margarita Olaya.

10

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

acto que contenía la decisión de la revocatoria»16 (se resalta).

19. Así entonces, una vez verificado el cumplimiento de alguno de los 2 supuestos
que dan paso a la revocatoria directa, a efectos de garantizar el derecho al debido
proceso, la administración se encontraba en la obligación de adelantar una
actuación administrativa en los términos del artículo 28 del CCA y demás normas
concordantes, tal y como lo ordena el artículo 74 ibidem.

20. Esto supone que previo a la adopción de la decisión en comento deban agotarse
unas etapas procesales mínimas con las que se reafirme el respeto por el derecho
de contradicción del directamente afectado y de terceros que puedan estar
interesados en aquella, quienes podrán expresar sus opiniones en la oportunidad
legalmente establecida y solicitar el decreto y práctica de pruebas que estimen
pertinentes.

21. Ahora, cuando no es posible revocar unilateralmente los actos administrativos
ilegales, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado17, la administración
puede acudir a la denominada acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del acto propio, que es precisamente el camino procesal que tiene para retirar
del ordenamiento actos que reconocen derechos particulares y concretos:

«La acción de lesividad tiende a obtener la nulidad de los actos administrativos ilegales
que perjudican a la administración, y que esta no puede revocar unilateralmente por no
configurarse los requisitos previstos en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 73 del mismo estatuto. La acción de
lesividad es equivalente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
ejercen los particulares con el fin de cuestionar la legalidad de un acto administrativo
concreto y tiene entre otras características, que en ella la administración comparece al
proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de un
acto administrativo expedido por ella, invocando una o varias de las causales de nulidad
previstas en el artículo 84 del C.C.A. En consecuencia, con fundamento en la naturaleza
jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe por parte del ciudadano pues la declaratoria de
nulidad del acto administrativo demandado radica en que se pruebe una de las referidas
causales de nulidad» (sic).

16
Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Radicación 76001-
23-31-000-2004-03824-02 (0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero; Demandado: Departamento
del Valle del Cauca.
17
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B,
sentencia del 8 de mayo de 2008. Expediente 25000232500020021323101 (0949- 2006). MP. Jesús
María Lemos Bustamante.

11

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

22. Ahora bien, esta Sala encuentra necesario referirse al artículo 9318 de La Ley
1437 de 2011, el cual, de manera expresa, precisó las causales que imponen a la
administración acudir a la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos
de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de oficio o a petición
de parte. Tales causales son las siguientes:

22.1. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

22.2. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél19, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y

22.3. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.

23. Sin embargo, tal y como lo señalaba el CCA, para la revocación de los actos de
carácter particular y concreto, el CPACA estableció una regla general contenida en
el artículo 97, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables20, estrechamente relacionado con

18
«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
19
Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1981.
20
Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación

12

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección
de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

24. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos21:

«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto
administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto administrativo
comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría esta última
que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y escrita
medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que, en lo
que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de

de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
21
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

13

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
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un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos,
deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el
consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el
respectivo acto administrativo (…)».

25. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, también en vigencia del
CPACA la administración no puede revocar un acto administrativo de carácter
particular, sino solo en los eventos en que se cuente con el consentimiento
de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o
legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces, solo en casos
excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin el
consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante un juez
administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar medidas
cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que consideren
ilegal.

26. No obstante, y en consideración al objeto del litigio en el sub judice en materia
de seguridad social, existen eventos en los que la entidad puede revocar el acto
administrativo aun sin el consentimiento del beneficiario, como es el caso de las
pensiones que fueron reconocidas irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley
797 de 200322 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes» (se resalta).

27. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «(p)or la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones.
Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones
tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en

22
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

14

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o
cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación
administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica
la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a
revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular» (se resalta).

28. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa23 y se definiera o verificara si aquella (la
irregularidad) existió.

29. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del
acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»24 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general» 25,
esté obligada a acudir al juez competente.

30. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado (ex tunc), en otras que
tiene efectos hacia el futuro (ex nunc) y, solo en una providencia, se indicó que los

23
Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber; (iii)
no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
24
Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
25
Ibidem.

15

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el
La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro
pasado
 3 de agosto de 198831.
 22 de agosto de 199026
 23 de octubre de 199132
 14 de noviembre de 199133
 9 de septiembre de 200034
 16 de julio de 200235
 26 de febrero de 200436
 20 de mayo de 200427
 5 de octubre de 200937
 13 de mayo de 200938

 31 de mayo de 201228
 3 de abril de 201339
 15 de agosto de 201340
 29 de enero de 201541

 13 de abril de 201529
 18 de febrero de 201642
 8 de septiembre de 201643
 17 de noviembre de 201644

26
Expediente 285.
27
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
28
Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
29
Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
31
Sección Segunda, expediente 1609.
32
Sección Segunda, expediente 2174.
33
Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
34
Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
35
Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
36
Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
37
Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
38
CP. Myriam Guerrero de Escobar.
39
Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
40
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
41
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
42
Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
43
Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
44
Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.

16

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

 21 de abril de 201745
 19 de julio de 201830  26 de octubre de 201746
 8 de febrero de 201847

 23 de mayo de 201948
 31 de octubre de 201949
 20 de noviembre de 201950
 7 de mayo de 202051
 18 de junio de 202052
 1 de julio de 202053
 26 de noviembre de 202054
 21 de enero de 202155
 25 de enero de 202156
 22 de abril de 202157

 6 de mayo de 202158

 5 de agosto de 202159
 10 de marzo de 202260

31. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan en

30
Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
45
Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
46
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
47
Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
48
Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández
Gómez.
49
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
50
Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
51
Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
52
Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
53
Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
54
Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
55
Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
56
Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
57
Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
58
Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
59
Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
60
Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

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forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

32. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 (proferido por la Sección Segunda).
Los argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son
los siguientes:

32.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«(R)esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

32.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

32.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

32.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

33. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin

18

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.

34. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

35. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas pagadas
en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos.

36. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA (organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva) que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

37. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»61, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

38. Incluso, esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter

61
Corresponde a la transcripción que se hizo de un aparte del libro Los grandes fallos de la
jurisprudencia administrativa colombiana de la decisión del 11 de mayo de 2004 adoptada por la
Asamblea de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado francés, citado en el concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 5 de marzo de 2019, radicación 11001-
03-06-000-2018-00217-00(2403), MP Germán Alberto Bula Escobar; reiterada por la Sección
Segunda de la Corporación en sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 11001-03-25-000-
2013-00508-00(1011-13), MP Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»62 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y
alcance de la vigencia»63, su derogatoria (tácita o expresa) deviene de la decisión
unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex
nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»64.

39. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:

Características Efectos
Afecta el acto por razones de «ilegalidad». No tiene la virtualidad
Revocación de retrotraer las cosas al estado inicial.
Hacia el futuro
directa Procede solo con el consentimiento de la persona, salvo en los
casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad que
Derogatoria
lo expidió. No se pueden afectar los derechos consolidados al
del Hacia el futuro
amparo del que fue derogado. No restablece el orden jurídico que
reglamento
se estima contrariado.
Nulidad Afecta el acto desde el momento de su expedición. Hacia el pasado

2.4. Caso concreto

40. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

40.1. Floresmiro Alba Sánchez nació el 18 de julio de 195165.

40.2. Por medio de declaración juramentada66, manifestó que se desempeñó como
docente con honradez, consagración y buena conducta.

62
Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
63
Ibidem.
64
Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
65
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 71 y 72, en la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
66
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 73.

20

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

40.3. A través de la Resolución 003 del 1° de enero de 197467 «[p]or la cual se ratifican
unos nombramientos, de nombra personal para nuevos cargos y reemplazos para varios
renunciantes del personal administrativo y de servicios de la inspección y de algunos
planteles y personal docente de enseñanza media del territorio escolar del Caquetá para el
año lectivo de 1974», el inspector nacional de educación del Ministerio de Educación
Nacional encargado lo nombró docente en la institución educativa Monseñor
Valencia Cano, en el cual se posesionó el 14 de febrero de 197468.

40.4. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 227, expedido el 23 de octubre de 201869 por la Secretaría de
Educación del municipio de Florencia, prestó sus servicios como docente de básica
secundaria, en propiedad, con tipo de vinculación nacional70, así:

Novedad Tipo de A.A. Desde Entidad de previsión
Ing. y Reing.
Monseñor Valencia Cano Resolución 003
01-02-1974
Florencia (Caq) del 01-01-1974
Traslados
Resolución 003
Colegio San José 01-01-1975
del 01-01-1975 Fondo Prestacional del
Florencia (Caq)
Magisterio
Traslados
Resolución 003
Cervantes 01-01-1976
del 01-01-1976
Morelia (Caq)
Traslados
Resolución 003
Juan Bautista Migani 01-01-1977
del 01-01-1977
Florencia (Caq)
Tiempo Total 17 - 5 - 42

40.5. Sentencia de tutela del 13 de junio de 200671, proferida por el Juzgado Penal
del Circuito de Lérida [Tolima], en la cual se resolvió:

«[…] PRIMERO: TUTELAR como MECANISMO TRANSITORIO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO VITAL a los docentes y cónyuges
supérstites…FLORESMIRO ALBA SÁNCHEZ CC. 17625850- FLORENCIA
(CAQUETA).

67
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 66 a 69.
68
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 70.
69
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 65.
70
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 74.
71
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folio 60 en el contenido de la Resolución 41914 del 26 de agosto de 2006.

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Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

SEGUNDO: ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL y a través
de su representante legal que en el término improrrogable de quince (15) días siguientes
contados a partir de la notificación de este fallo de tutela profiera los actos
Administrativos reconociendo la pensión gracia a los accionantes relacionados en el
ordinal primero de esta parte resolutiva, y proceda al pago de todos los factores salariales
con su respectiva retroactividad, reajustes e indexación, remitiendo igualmente a este
Despacho Judicial copia de estos actos administrativos comprobando cumplimiento de
esta decisión. Contrariamente la entidad accionada y a través de su representante legal
se hará acreedora a las sanciones que por desacato correspondan.

TERCERO: ORDENASE prevenir a los accionantes si no han acudido a la jurisdicción
contencioso administrativa que a más tardar dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación de este fallo de tutela deberán instaurar la
correspondiente demanda ante esa jurisdicción en atención a que la Tutela de sus
derechos vulnerados se ha efectuado dentro del marco del mecanismo transitorio. […]»

40.6. Resolución 41914 del 23 de agosto de 200672, suscrita por la asesora general
del grupo docentes de Cajanal, en la cual dio cumplimiento al fallo de tutela proferido
por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida [Tolima], reconoció y ordenó el pago de
la pensión gracia a favor de Floresmiro Alba Sánchez, efectiva a partir del 18 de
julio de 2001 y «durante cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente
resolución y con posterioridad siempre y cuando el interesado acredite ante el grupo de
nómina de esta entidad el inicio de la acción pertinente ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, so pena de que cesen los efectos del fallo de tutela, y hasta cuando se
decida definitivamente el asunto».

40.7. El 18 de diciembre de 200673, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 6206 del 31 de enero
de 2005 y, en consecuencia, el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

40.8. La demanda fue presentada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección A, autoridad que a través de auto del 29 de marzo
de 200774, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso a los
Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá.

72
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 59 a 63.
73
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 39 a 47.
74
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 49 y 50.

22

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

40.9. El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá75 declaró la falta de competencia por
factor territorial y ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos del circuito
de Florencia.

40.10. El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia mediante auto del 1° de
noviembre de 200776, resolvió admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, y ordenó al demandante depositar la suma de $115.000 por concepto de
gastos ordinarios del proceso. Asimismo, a través de providencia del 23 de octubre
de 200877, declaró la perención de proceso, toda vez que transcurrieron más de 6
meses sin que la parte actora hubiese consignado los gastos, en consecuencia, dio
por terminado el proceso.

40.11. Con la Resolución 006510 del 14 de febrero de 201378, la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la Ugpp sostuvo que la Resolución
41914 de 2006 se encuentra inmersa en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437
de 2011, toda vez que el demandante no inició la respectiva acción ordinaria, pues
el amparo constitucional fue de carácter transitorio, y resolvió:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que el en presente caso se produjo el
fenómeno del decaimiento jurídico de la Resolución No. 41914 del 23 de agosto de 2006.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR que por el ÁREA DE NÓMINA, se proceda a la
EXCLUSIÓN EN NOMINA DE PENSIONADOS de manera inmediata de la Resolución
No. 41914 del 23 de agosto de 2006, por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo
de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida – Tolima de fecha 13 de
junio de 2006. […]»

40.12. El demandante solicitó79 a la Ugpp la revocatoria directa de la Resolución
006510 del 14 de febrero de 2013 y la inclusión en nómina de pensionados.

40.13. Con la Resolución RDP 019599 del 29 de abril de 201380, la subdirectora de
derechos pensionales de la Ugpp, no accedió a la solicitud de revocatoria directa,
por cuanto el acto de reconocimiento pensional se expidió en cumplimiento de la

75
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 52 y 53.
76
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 55 y 56.
77
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 57 y 58.
78
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 24 a 28.
79
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 30 a 32.
80
Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_18001233100020190015(.rar)
NroActua 2, visible a folios 33 a 36.

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

orden de tutela, la cual se concedió como mecanismo transitorio y, si bien se radicó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se declaró su perención.
Además no se configuraron las causales de revocatoria directa previstas en el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

2.5. Análisis sustancial

41. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, negó las pretensiones de la
demanda al concluir que era procedente que la Ugpp expidiera la Resolución
006510 del 14 de febrero de 2013, mediante la cual aplicó la figura jurídica del
decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, pues la orden de
tutela perdió sus efectos, ya que el demandante no cumplió con la carga procesal
de presentar dentro de los 4 meses siguientes la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho; pues si bien la radicó no obtuvo un pronunciamiento
de fondo por parte del juez competente

42. El demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que no era
procedente el decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, pues
la orden de tutela no perdió sus efectos jurídicos, en tanto, cumplió con la condición
establecida en esta; además porque en su criterio se revocó la decisión
administrativa con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.

43. De acuerdo con lo anterior, se precisa que el objeto del asunto es el control de
legalidad de la Resolución 006510 del 14 de febrero de 2013, por medio de la cual
la Ugpp declaró el decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006,
en la cual Cajanal le reconoció al demandante una pensión gracia en cumplimiento
de una orden de tutela.

44. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo, la figura de la
pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones administrativas opera de manera
automática y de pleno derecho; sin embargo, esto no impide que los actos a través
de los cuales se aplica dicha figura jurídica sean sometidos a un juicio de legalidad
como el sub judice, puesto que con estos se crea una situación jurídica, en tanto
afecta su eficacia e imposibilita que este siga surtiendo efectos jurídicos.

45. De acuerdo con lo probado en el proceso, se advierte que el juez constitucional
tuteló los derechos fundamentales del demandante y, como mecanismo transitorio,
le ordenó a Cajanal reconocerle una pensión gracia, a lo cual se dio cumplimiento
a través de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006. De igual forma, en esta
providencia, se dispuso prevenir al beneficiario que «a más tardar dentro del término

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de este fallo de tutela deberán
instaurar la correspondiente demanda ante esa jurisdicción».

46. Ahora bien, el apelante sostuvo que el juez de tutela condicionó la vigencia del
reconocimiento pensional a que el actor acudiera a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo dentro de los 4 meses siguientes al fallo, sin embargo, a su juicio, no
se puede concluir que la «vigencia del fallo de tutela está sujeto a que la autoridad
competente resuelva de fondo». En ese sentido «la condición resolutoria lo que señala,
es únicamente, que se presente la demanda en la vía ordinaria, pero no que se obtenga
pronunciamiento de fondo sobre el asunto».

47. Al respecto, se encuentra que el mencionado amparo transitorio se sustenta en
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:

«ARTICULO 8º- La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su
orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro
(4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás
procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez
si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la
situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.»

48. Por lo que se advierte que la condición resolutoria de la tutela transitoria adoptada
por el juez constitucional tiene origen legal, puesto que es la disposición transcrita
la que establece que, en casos como el que es objeto de estudio en los que el
interesado cuenta con otro medio de defensa judicial [medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho], la protección transitoria permanecerá vigente solo
durante el término que le tome al juez natural definir la situación jurídica en
controversia, claro está, siempre y cuando, se acuda a la jurisdicción en un término
máximo de 4 meses.

49. En ese orden, en consideración a la transitoriedad del amparo de tutela que
conllevó al reconocimiento de la pensión gracia a Floresmiro Alba Sánchez, se

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

encuentra que este estaba sometido a condición resolutoria, es decir, que surtiría
efectos hasta tanto se verificaran una de dos condiciones, a saber: i) que el
beneficiario de la prestación no acudiera dentro de los 4 meses siguientes a la
jurisdicción con el fin de obtener la nulidad del acto que le negó el reconocimiento
pensional o ii) que dentro del proceso iniciado por el beneficiario se profiriera una
decisión de fondo frente a la pretendida prestación. Así las cosas, de acreditarse la
ocurrencia de una de estas situaciones, el acto que se profirió en cumplimiento de
la orden de tutela perdería su eficacia.

50. De acuerdo con el material probatorio allegado en el proceso, se advierte que el
demandante presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negado el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, mediante auto del 23 de octubre
de 2008 se declaró terminado el proceso por perención al considerar que:

«De conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, señala que
la perención del proceso se decretará cuando por causa distinta al decreto de
suspensión del mismo, por falta de impulso procesal cuando éste corresponda al
demandante, permanezca el proceso en secretaría durante la primera o única instancia
por más de seis meses. El término se contará desde la notificación del último auto o
desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto
admisorio de la demanda del Ministerio Público, en su caso.

En el proceso de la referencia, el 01 de noviembre de 2007, el despacho admitió la
demanda sin que a la fecha hayan sido consignados los dineros ordenados para gastos
del proceso.»

51. Al respecto, se encuentra que el demandante parte de una interpretación errada
de la decisión del juez de tutela, puesto que, a la luz de los artículos 86 de la
Constitución Política y 8 del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza de este amparo
es transitorio, el cual, en consonancia con la naturaleza supletiva, residual
excepcional y subsidiaria de la acción dentro de la cual se profirió [acción de tutela],
conlleva a entender de manera inequívoca que esta no desplaza ni las vías
ordinarias ni al juez natural al que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le
corresponde efectuar el control de legalidad de los actos de la administración y, en
el sub judice, verificar si el interesado contaba o no con la aptitud legal para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.

52. Ahora bien, como se señaló anteriormente, el demandante acreditó que presentó
demanda con el fin de que se declarara la nulidad del acto con el que le fue negado
el reconocimiento de la pensión gracia, pese a lo cual, este proceso no terminó con
una decisión de fondo, puesto que, mediante auto del 23 de octubre de 2008 se dio
por terminado por perención. En cuanto a esta figura procesal se recuerda que se

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

constituía en una forma de terminación anormal del proceso como consecuencia de
la inactividad del demandante, es decir, se trataba de una sanción contra este
cuando no adelantaba los actos procesales necesarios para impulsar el proceso.

53. En ese sentido se advierte que la obligación del demandante de acudir a la
jurisdicción no debe entenderse únicamente desde el punto de vista formal de
presentar una demanda, sino que, debe acreditarse que además de esto efectuó
todos los actos procesales frente a los que se encontraba legitimado para lograr una
decisión de fondo. Sin embargo, el proceso que inició con el fin de definir de manera
permanente su situación jurídica frente al derecho pensional se dio por terminado
con la figura que lo sancionó por su inactividad.

54. Por lo expuesto, para la Sala no tiene cabida la interpretación a la que arriba el
apelante, puesto que esto conllevaría a que su negligencia en el curso del proceso
en el que se declaró la perención se premie con la conversión a permanente de una
medida que por su naturaleza solo puede ser transitoria, puesto que esto
desconocería principios constitucionales como el del juez natural y el debido
proceso de la administración, más aún cuando esta fue decretada en el marco de
una acción de tutela en el que la competencia del juez se centra en la protección de
los derechos fundamentales y no en el control de legalidad del acto que, en este
caso, negó el reconocimiento de una pensión.

55. Por lo tanto, era procedente que la entidad aplicara la figura jurídica del
decaimiento de la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006, ya que se configuró
una de las condiciones resolutorias del reconocimiento pensional «como una medida
transitoria», esto fue, porque el demandante no efectuó las gestiones necesarias
para lograr una decisión de fondo por parte de la autoridad judicial competente. En
tal sentido, se precisa que en el acto administrativo se estableció que la pensión
gracia se otorgaba en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juez Penal
del Circuito de Lérida [Tolima], en el que se ampararon los derechos fundamentales,
sin efectuar un análisis de fondo respecto de la acreditación de los requisitos legales
para acceder a la prestación.

56. Corolario a lo anterior, para la Sala la Resolución 41914 del 23 de agosto de 2006
estableció una condición resolutoria respecto a la eficacia del reconocimiento de la
pensión gracia; en consecuencia, al verificarse que se cumplió, se configuró la
causal del artículo 91.4 del CPACA, lo cual generó la pérdida de fuerza ejecutoria
de la decisión.

57. De otra parte, esta Subsección no pasa por alto que en la parte motiva de la
Resolución 006510 del 14 de febrero de 2013 se indicó que el fundamento jurídico

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Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

para declarar el decaimiento del reconocimiento pensional era la causal contenida
en el artículo 91.2 del CPACA, esto es, «[c]uando desaparezcan sus fundamentos de
hecho o de derecho». Sin embargo, en consonancia con lo expuesto en esta
providencia, lo cierto es que la causal que se configuró y que conllevó a la pérdida
de ejecutoria del acto de reconocimiento transitorio es la contenida en el artículo
91.4 del mencionado estatuto, lo que se deriva del acto objeto de reproche cuando
señaló:

«Que el Juzgado Penal del Circuito de Lérida Tolima el 16 de abril de 2010 dentro del
radicado 2007/06 ordenó:

[…]

En esas condiciones, desde la fecha de fallo de tutela 13 de junio de 2006, ha
transcurrido un término muy superior a los cuatro meses como plazo para que los
accionantes acudieren a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a instaurar la
correspondiente demanda dentro de los términos señalados en el inciso tercero del
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, con la advertencia de que si no instauran dicha
demanda ante la jurisdicción especial, cesarán los efectos del fallo de tutela
conforme lo dispone el inciso 4 de esa misma disposición.

Así las cosas, sobrepasado el término de los cuatro meses contados a partir de la
notificación del fallo de tutela y no habiéndose instaurado la demanda de carácter
administrativo, han cesado los efectos del fallo de tutela, y en consecuencia no habrá
lugar a la reanudación del incidente de desacato y se procederá al archivo definitivo de
la actuación.

En consideración a lo anterior, el Juzgado Penal del Circuito de Lérida Tolima resuelve,

PRIMERO: DECLARAR que el fallo de tutela de la referencia ha cesado en sus efectos […]»
[Se resalta].

58. Lo anterior, puesto que lo que conllevó a la perdida de la fuerza de ejecutoria del
acto administrativo que dio cumplimiento a la orden de tutela, fue la configuración
de una de las condiciones resolutorias establecidas por el juez constitucional con
fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, esto es, por cuanto el demandante
no ejerció los instrumentos procesales establecidos en el ordenamiento para lograr
una decisión de fondo de la autoridad judicial competente.

59. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo el decaimiento
solo conlleva la imposibilidad de que un acto administrativo siga generando efectos
a futuro, es decir una afectación sobre la eficacia de la manifestación de la
administración, sin alterar su existencia o validez. En tal sentido, como la pérdida
de ejecutoriedad de un acto no modifica ni extingue lo resuelto por la autoridad que
lo expidió, sino solo su materialización, es claro que de ninguna manera podría

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Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

convalidarse lo que argumentó el apelante en su recurso que el haber declarado
expresamente dicho fenómeno lo que en realidad implicó fue una revocatoria directa
de un acto particular. Aunado a lo anterior, por cuanto, la decisión adoptada en el
acto objeto de reproche no se sustentó en alguna de las causales previstas por el
legislador en el artículo 93 del CPACA para la procedencia de la revocatoria por
parte de la administración.

60. Así las cosas, la Sala considera que la Resolución 006510 del 14 de febrero de
2013 por medio de la cual la Ugpp declaró la pérdida de fuerza ejecutoria del
reconocimiento de la pensión gracia de forma transitoria, fue proferida de acuerdo
con los postulados constitucionales y legales, por lo cual se confirmará la sentencia
del 12 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Tercera.

2.6. Costas

61. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

62. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

63. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma81.

81
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

29

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

64. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

65. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas
a la parte demandante, pues no se observa que hubiese realizado análisis de
temeridad o mala fe.

3. Reconocimiento personería

66. Se reconocerá personería al abogado Edgar José Polanco Pereira identificado
con la cédula de ciudadanía 16.918.747 de Cali y portador de la tarjeta profesional
140.742 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la
Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el
índice 10 de SAMAI.

4. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la Resolución 006510 del
14 de febrero de 2013 por medio de la cual la Ugpp declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria del reconocimiento de la pensión gracia de forma transitoria, fue proferida
de acuerdo con los postulados constitucionales y legales.

68. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, en la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.

69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 12 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, en cuanto condenó en costas
y, en su lugar se dispone:

30

Radicado: 18001-23-31-000-2019-00154-01 (5162-2023)
Demandante: Floresmiro Alba Sánchez

«Segundo. No condenar en costas.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera, que negó las pretensiones de
la demanda presentada por Floresmiro Alba Sánchez contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social [Ugpp], de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer personería al abogado Edgar José Polanco Pereira identificado
con la cédula de ciudadanía 16.918.747 de Cali y portador de la tarjeta profesional
140.742 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la
Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el
índice 10 de SAMAI.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

KGO

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