RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2014-00215-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00215-02

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00215-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, por las agencias en derecho correspondientes por esta instancia, a la demandante, en favor de la parte demandada por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($2’762.000) Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. 11 Radicación: 18001233300020140021502 (63.990) Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia Demandado: Municipio de Florencia TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-33-000-2014-00215-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de segunda instancia – Ley 1437 de 2011

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se
declaró probada la excepción de caducidad.

El objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la declaratoria de
nulidad del acto administrativo, a través del cual el ente territorial accionado
adjudicó un contrato. El a quo consideró que se configuró la caducidad del medio
de control instaurado. En su apelación, la parte actora indicó que estuvo
imposibilitada para presentar la demanda en el plazo aludido por el Tribunal, dado
que para ese momento la Rama Judicial cesó sus actividades, con ocasión del
denominado paro judicial llevado a cabo en 2014.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 14 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Caquetá decidió
“DECLARAR probada de oficio la excepción de CADUCIDAD DE LA ACCIÓN”1.

Tal proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos principales y
(iii) fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

2. El 1 de septiembre de 20142, la Fundación Niñez, Mujer y Familia presentó
demanda contra el municipio de Florencia (Caquetá), con el propósito de obtener
las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe literal, incluyendo
eventuales errores):
1
Folio 811 del cuaderno principal.
2
Folio 1 del cuaderno 1.

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

“PRIMERO. - Que se declare la nulidad de la Resolución número 0103 del 20 de
febrero de 2014, ‘Por la cual se adjudica un contrato’.

“SEGUNDO. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se restablezca la
derecho que tiene la FUNDACION NIÑEZ, MUJER Y FAMILIA, con Nit. Número
824.002.285-0, por ser la mejor propuesta presentada en la selección abreviada 001
de 2014, adelantada por la Alcaldía Municipal de Florencia – Caquetá, por
declaratoria de desierta de la licitación pública LPOJ 005-2013.

“TERCERO. - Que como producto de las anteriores declaraciones, se condene al
MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA, a pagar a la FUNDACIÓN NIÑEZ
MUJER Y FAMILIA, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($276’244.842,oo) MCTE., que corresponde a la utilidad media
proporcional dejada de percibir con ocasión de no habérsele adjudicado la selección
abreviada 001 de 2014.

“CUARTO. - Que se ordene al MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA, que las
sumas de dinero condenadas a pagar se actualicen conforme lo tiene autorizado la
Ley y la jurisprudencia, al momento en que se haga efectivo el pago, conforme lo
determina la Ley 1437 de 2011.

“QUINTO. - Que se ordene al MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA, como
entidad demandada, a pagar sobre las sumas ordenadas en la sentencia, el pago
de los intereses conforme lo dispone el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, actual
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; ello se
deberá surtir con las fórmulas, cálculos e índices autorizados por la jurisprudencia
establecida por el Honorable Consejo de Estado.

“SEXTO.- Que se condene al MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA, al pago
de la tasa de interés y oportunidad calculada a favor de la FUNDACIÓN NIÑEZ
MUJER Y FAMILIA, conforme lo ordena la jurisprudencia, por el efecto de haber
perdido el derecho a incluir el contrato en el registro único de proponentes de la
correspondiente Cámara de Comercio, para acreditarlo como experiencia
específica, conforme lo autoriza la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012,
vigente para la época; tasa de interés y oportunidad, que deberá ser calculada con
los índices autorizados por el Honorable Consejo de Estado, a efectos de que
corresponda a la legítima indemnización por la no acreditación de la experiencia en
el RUP.

“SÉPTIMO. - Que se condene al MUNICIPIO DE FLORENCIA -CAQUETA, al pago
de las correspondientes costas, conforme lo dispone el Artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 3 (resaltado del
texto original).

Hechos principales

3. Como supuestos de hecho, sostuvo el actor que el 4 de febrero de 2014, como
consecuencia de la declaratoria de desierta de la licitación pública LPOJ 005-
2013, el municipio de Florencia ordenó la apertura del proceso de selección
abreviada 1 de 2014, cuyo objeto era la “prestación de servicios para brindar
atención alimentaria en la modalidad de desayunos y almuerzos a niños y niñas
matriculados en las instituciones educativas de las sedes del municipio de
Florencia”4.

4. Señaló que se presentaron dos ofrecimientos dentro del aludido proceso de
selección, el de la Fundación Niñez, Mujer y Familia y el de la Asociación de
Mujeres Productoras de Cárnicos del Caquetá -ASOMUPCAR-.
3
Folios 2 y 3 del cuaderno 1.
4
Folio 3 del cuaderno 1.

2

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

5. El Comité Evaluador, mediante documento del 11 de febrero de 2014, habilitó a
ambos proponentes; sin embargo, ASOMUPCAR no cumplía con el cupo de
endeudamiento exigido para acreditar la capacidad financiera -el numeral 3.2. del
pliego de condiciones prescribía que el proponente debía acreditar la existencia de
un cupo de crédito equivalente al 8% del valor del presupuesto del proceso de
selección-, puesto que aportó una certificación de capacidad para tramitar un
crédito rotativo y no una constancia de aprobación de un crédito.

6. Adujo que, pese a las falencias, el municipio adjudicó a la referida asociación el
proceso de selección abreviada 1 de 2014, por un valor de $2.303’743.662.

Fundamentos de derecho

7. La parte actora aseveró que el acto administrativo cuestionado infringió los
artículos 2, 5, 6, 29, 83 y 123 de la Constitución Política, 23, 24, 25, 26 y 30 de la
Ley 80 de 1993, 2, 5, 6 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, en
su Título I.

8. Aseveró que el municipio demandado no se ciñó a la Constitución, a la ley, ni a
los pliegos de condiciones, dado que otorgó puntaje por el criterio de capacidad
financiera a ASOMUPCAR, aun cuando la certificación que aportó no demostraba
la existencia de un cupo de crédito a su favor, como lo prescribía el pliego, sino
una certificación de un cupo rotativo, lo cual desconoció las reglas del proceso de
selección en las cuales se determinó, de forma expresa, que para la valoración del
cupo de crédito “no se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni tarjetas
de crédito, ni CDT, ni créditos rotativos, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos
valores, ni documentos representativos de valores”5 (resaltado del texto original).

9. Anotó que el acto demandado adolece de desviación de poder, por cuanto fue
producto de una evaluación arbitraria, proveniente de la voluntad personal del
Comité Evaluador, en contravía de los requisitos del numeral 3.2 del pliego de
condiciones, situación que, añadió, transgredió los principios de transparencia y
equidad, al tener por acreditada la capacidad financiera de un proponente que no
cumplió con las previsiones fijadas para el proceso de selección.

Contestación de la demanda

10. El municipio de Florencia se opuso a todas las pretensiones; indicó que el
proceso de selección abreviada se desarrolló en cumplimiento de las leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007, y conforme con el pliego de condiciones.

11. Sostuvo que la capacidad financiera, al ser un requisito habilitante para la
participación en el proceso de selección, no otorga puntaje; razón por la cual, en
los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, puede ser subsanada en los
plazos previstos durante el proceso, situación que aconteció en el asunto en
estudio por cuanto, dentro de la oportunidad, ASOMUPCAR aportó la aclaración

5
Folio 10 del cuaderno 1.

3

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

de la certificación bancaria del 18 de febrero de 2014, donde se manifestó que la
referida asociación contaba con un cupo de crédito superior al 8% del valor del
presupuesto oficial asignado; por ende, el proponente que resultó adjudicatario sí
cumplía con las exigencias previstas en torno a la capacidad financiera.

12. Igualmente, propuso las excepciones de: (i) inexistencia de nexo causal, por
inexistencia de una relación entre el daño alegado y el hecho generador del
mismo, comoquiera que el municipio corroboró que ASOMUPCAR contaba con un
cupo de crédito que superaba el 8% del presupuesto del proceso de selección; (ii)
inexistencia de la obligación y carencia de argumentos y pruebas, en la medida
que lo acontecido en el proceso de selección demuestra que los fundamentos
esbozados por la parte actora son carentes de sentido y de sustentación
probatoria; (iii) cobro de lo no debido, puesto que no hay lugar a que la parte
actora reclame derecho alguno, dado que el proceso de selección se desarrolló
con apego a la ley; (iv) la genérica, consistente en declarar probada cualquier otra
excepción que se demuestre en el litigio y que sea favorable a los intereses del
ente territorial demandado.

Fundamentos de la providencia recurrida

13. El Tribunal Administrativo del Caquetá6 declaró probada, de oficio, la
excepción de caducidad, al advertir que la demanda fue presentada fuera de los 4
meses establecidos para debatir un acto administrativo precontractual.

14. Señaló que el plazo para instaurar la demanda vencía el 29 de agosto de 2014
y que la demandante la presentó hasta el 1 de septiembre de ese año; para el
efecto, explicó la configuración del aludido fenómeno jurídico procesal, así:

Actuación Fecha
Fecha del acto demandado Febrero 20 de 2014
Fecha de publicación del acto demandado Febrero 21 de 2014
Fecha a partir de la cual empezaba a correr la caducidad Febrero 22 de 2014
Fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial e Mayo 22 de 2014
interrupción de la caducidad
Tiempo transcurrido de caducidad antes de radicar la solicitud de 3 meses
conciliación
Término que faltaba por correr 1 mes
Fecha de terminación de la suspensión del término de caducidad Julio 28 de 2014
por conciliación fallida
Fecha en la cual se reanuda el término de caducidad y empieza a Julio 29 de 2014
correr el mes que faltaba
Fecha en que termina de correr el mes que faltaba para Agosto 29 de 2014
completar la caducidad
Fecha de presentación de la demanda Septiembre 1 de 2014

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis del recurso de apelación:

6
Folios 808 a 811 del cuaderno principal.

4

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

15. La parte actora formuló recurso de alzada contra la sentencia de primer grado,
con el fin de que ésta se revoque y, como consecuencia, se acceda a las súplicas
de la demanda; para el efecto, sostuvo que no pudo instaurar el libelo introductorio
dentro del plazo precisado por el a quo, dado que desde el 29 de julio de 2014
ASONAL judicial dio inicio al cese de actividades en todos los distritos judiciales,
por el desarrollo del denominado paro judicial, circunstancia que se extendió hasta
enero de 2015.

16. Añadió que no está obligada a soportar la declaratoria de caducidad del medio
de control, porque ello aconteció por cuenta, “de una problemática gubernamental
entre el Estado Colombiano y los funcionarios de la Rama Judicial” 7 ; además,
aportó copia de recortes de prensa relativos al desarrollo del aludido paro.

Trámite en segunda instancia

17. El 25 de abril de 2019, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de
apelación 8 , el cual fue admitido el 15 de julio siguiente por esta Corporación 9 ;
luego, el 17 de octubre de 201910, el Despacho sustanciador negó tener como
pruebas las notas periodísticas referentes al paro judicial, dado que no se
ajustaban a ninguno de los supuestos que dan lugar a su decreto en el curso de la
segunda instancia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del CPACA.

18. El 3 de febrero de 2020 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto 11 . En esta
oportunidad, la demandante reiteró que su propuesta fue la mejor y que
ASOMUPCAR no cumplió con los requisitos de carácter financiero establecidos en
el numeral 3.2 del pliego de condiciones. Asimismo, indicó que no pudo presentar
la demanda en una fecha anterior, con ocasión del cese de actividades de la
Rama Judicial, situación que le impidió instaurar la acción de forma previa y que
se traduce en una carga por “inoperancia judicial” que no puede transmitirse a los
administrados.

19. El municipio de Florencia reiteró que el proceso de selección se adelantó
conforme a lo consagrado en el pliego de condiciones y pidió confirmar el fallo
impugnado, pues la demanda se instauró fuera de los cuatro meses que determina
el artículo 164 del CPACA.

20. El Ministerio Público solicitó confirmar el fallo apelado, toda vez que, adujo, las
notas periodísticas señaladas por la actora no resultan suficientes para probar su
imposibilidad de acceder a la administración de justicia durante la época en que
debía presentar la demanda y, además, no allegó alguna otra prueba idónea o
complementaria que justificara la presentación de la demanda fuera del plazo
legal. Asimismo, manifestó que el municipio actuó acorde a lo previsto en el pliego
de condiciones, dado que el proponente adjudicatario sí cumplió con los requisitos

7
Folio 818 del cuaderno principal.
8
Folio 880 del cuaderno principal.
9
Folio 892 del cuaderno principal.
10
Folio 895 del cuaderno principal.
11
Folio 898 del cuaderno principal.

5

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

de capacidad financiera, mediante certificación expedida por el Banco Agrario de
Colombia que informó que tenía un cupo de crédito superior al 8% del presupuesto
fijado para el contrato.

21. Mediante auto del 4 de febrero de 2022, esta Sala, de oficio, con el fin de
esclarecer los hechos relativos a la configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad, solicitó al Tribunal Administrativo del Caquetá certificar las fechas
durante la cuales no corrieron términos judiciales ni ejecutó labores durante el año
2014 a raíz del denominado “paro judicial” que se desarrolló en dicha vigencia, con
la indicación puntual de si esa Corporación cesó en funciones y no prestó atención
al público en los meses de julio y agosto de 2014.

El anterior proveído fue notificado electrónicamente a las partes el 28 de febrero
de 2022 12 y al Tribunal Administrativo del Caquetá el 16 de marzo siguiente;
Corporación que remitió con destino a este proceso la certificación requerida el 30
de marzo de 2022. Asimismo, se fijó en lista el proceso por un término común de
cinco (5) días, para que las partes se pronunciaran respecto del medio probatorio
que fue incorporado, dicho plazo corrió del 22 al 28 de abril de 202213.

El 28 de abril de 2022, la parte actora descorrió el anterior traslado, en el sentido
de pedir desestimar la prueba aportada, toda vez que no es concordante con los
sucesos declarados y ordenados por Asonal Judicial en 201414.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

22. Vistos los argumentos del recurso de apelación, advierte la Sala que su objeto
se centra en establecer si se configuró o no la caducidad del medio de control de
la referencia, con el fin de evidenciar si, como lo sostiene la actora, no pudo
presentar la demanda oportunamente con ocasión del pluricitado cese de
actividades de la Rama Judicial, ocurrido en 2014. En caso de advertir la no
configuración del aludido fenómeno jurídico procesal, se estudiarán de fondo los
reparos esgrimidos contra el acto administrativo materia de debate.

Motivación de la sentencia

23. En primer lugar, para caracterizar esta figura, hay que indicar que la caducidad
corresponde a un presupuesto procesal que hace parte, entre otros, del catálogo
de requisitos que se deben verificar para integrar y desarrollar el proceso, pues se
trata de una de las condiciones indispensables “que deben existir a fin de que
pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la
demanda, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del juez de proveer
sobre el mérito”15.

12
Índice 40 del aplicativo SAMAI.
13
Índice 51 del aplicativo SAMAI.
14
Índice 50 del aplicativo SAMAI.
15
Vescovi Enrique. “Teoría General del Proceso”, Bogotá, Temis. 1984. Pág. 93

6

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

En segundo lugar, en relación con su función y alcance, este instituto determina
los límites temporales que el ordenamiento jurídico prevé para la formulación
judicial de ciertos medios de control, de forma que, sólo en dichos lapsos es
posible ejercer el derecho de acción, evitando la pugnacidad que implicaría
autorizar, de forma ilimitada, la posibilidad de iniciar un debate judicial sin
horizonte de tiempo; contrario sensu, si los plazos previamente establecidos por la
ley son superados, no es posible constituir una relación jurídico-procesal válida y,
por ende, de cara a sus efectos, la figura de la caducidad se revela como medio
extintivo del referido derecho -el de acción- en el caso concreto.

24. Este fenómeno jurídico, de orden público, se caracteriza por ser indisponible e
irrenunciable, es decir, cuando el juez encuentre probados los supuestos fácticos
que conducen a su configuración, debe declararla de oficio y sin considerar la
voluntad, aquiescencia o pedido de las partes16, ni la etapa o instancia en que
avanza el proceso. Además, por su naturaleza objetiva (dado que opera por el
solo transcurso del tiempo) se explica que su término sea perentorio y preclusivo,
pues corre sin prórrogas17 y sin interrupciones, y únicamente se suspende con la
presentación de solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo
prescrito en la Ley 640 de 2001.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido:

“La caducidad … constituye propiamente una sanción para el titular del derecho
que omite poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional dentro del lapso
dispuesto por el ordenamiento jurídico para reclamarlo y, desde el punto de
vista estrictamente procesal, se erige como un hecho que enerva o extingue la
pretensión desde la base o el nacimiento; por consiguiente, debe ser
declarado, aún de oficio, siempre que el fallador de primera o segunda
instancia lo encuentre probado, a términos de lo dispuesto por el artículo 164
del C.C.A.”18.

25. El análisis y aplicación de esta figura impone, en el caso particular, acudir a los
preceptos contenidos en el artículo 164 del CPACA –Oportunidad para presentar
la demanda– en cuyo numeral 2, literal c, consagra que “cuando se pretenda la
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la
celebración del contrato, el término [para demandar] será de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso”.

26. En aplicación del aludido término, el Tribunal de primer grado concluyó que se
configuró el fenómeno de la caducidad, razonamiento que no comparte la
recurrente –parte actora-, al afirmar, como ya se indicó, que le resultaba imposible
presentar la demanda en el límite máximo referido por el a quo -29 de agosto de

16
Sobre su declaratoria “resulta claro que es apenas una facultad de la parte demandada la de proponer desde un primer
momento, o sea, dentro del término de traslado de la demanda, esas excepciones; pero si no lo hace, no significa que
precluyen ya que las de caducidad, transacción y cosa juzgada podrá reconocerlas el juez, aun de oficio, en el momento de
dictar sentencia” LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio: “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Dupré Editores,
Tomo I, Décima Edición, Bogotá, 2009, pág. 566.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2006 (expediente 15.323).
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012 (expediente 22.734).

7

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

2014-, por cuanto, para esa época, la Rama Judicial había cesado sus
actividades, a raíz del paro judicial convocado por Asonal Judicial.

Por lo anterior, procede la Sala a examinar (i) la fecha de vencimiento del plazo
para demandar, según lo prevé el artículo 164 del CPACA y (ii) si se acreditó la
ocurrencia de un evento extraordinario que le impidiera a la actora presentar el
asunto de la referencia dentro del plazo legal previsto para tal fin.

27. Examinado el expediente, observa la Sala que en la Resolución 103 del 20 de
febrero de 2014, proferida por el Alcalde del municipio de Florencia, –acto
enjuiciado– se estableció lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores):

“ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la SELECCIÓN ABREVIADA Nº001
POR DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LPOJ
005-2013 a la ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE
CÁRNICOS DEL CAQUETÁ …

“ARTÍCULO SEGUNDO: La presente adjudicación se realiza en cuantía
de DOS MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($2.33.473.606=) MCTE, de acuerdo con el CDP No 2014000211 del 31 de
enero de 2014 expedido por la jefe de presupuesto del Municipio de
Florencia Caquetá.

“ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente Resolución
en el sistema electrónico de contratación pública.

“ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procde
el recurso de reposición”19 (se subraya).

28. Así, al verificar la publicación del mencionado acto administrativo en el
SECOP20, se advierte que ésta tuvo lugar el 21 de febrero de 2014, de modo que
el acto podía ser demandado entre el 22 de ese mismo mes y año y el 22 de junio
de 2014.

No obstante, este plazo se suspendió con la solicitud de conciliación prejudicial
presentada el 22 de mayo de 201421 ante la Procuraduría 71 Judicial I para
Asuntos Administrativos, esto es, faltando 32 días para que operara la caducidad
de la acción. El mencionado plazo se reanudó el 29 de julio de 2014, día siguiente
a la expedición de la constancia de celebración de la audiencia de conciliación22 y
se extendió hasta el 29 de agosto de 2014. En esa medida y dado que la presente
demanda se instauró el 1 de septiembre de 201423, es evidente que ello ocurrió
fuera del plazo legal previsto para tal fin.

29. No obstante lo anterior, pues, además no es una circunstancia discutida por la
parte actora, la Sala aborda el estudio de la justificación que ésta trajo en su

19
Folio 17 del cuaderno 1.
20
Consultar en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-2371189
21
Se precisa que el término de caducidad se suspende desde el día en que se presenta la solicitud de conciliación
extrajudicial ante el Ministerio Público, conforme lo prescribe el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, así: “la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad…”.
22
Folios 644 y 645 el cuaderno 4.
23
Folio 1 del cuaderno 1.

8

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

recurso de apelación, en el sentido de que “para el día 29 de julio de 2014,
ASONAL JUDICIAL determinó que a partir del siguiente día toda la rama judicial,
de todo el país cesaría sus actividades en todos los distritos judiciales”24 y que el
mismo “tan solo fue levantado en el mes de Enero del año 2015”25.

30. Frente a lo antes indicado, la Sala parte en su análisis de una sola realidad, y
es aquella según la cual, el cierre de los Despachos judiciales sea con motivo del
denominado paro judicial o como consecuencia de la ocurrencia de la vacancia,
no genera la suspensión o interrupción de la caducidad, pues lo que implica es
que, si el plazo para demandar vence durante los días en que el Despacho no está
prestando sus servicios, éste debe extenderse al primer día hábil siguiente, como
lo determina el artículo 118 del CGP 26 –antes artículo 121 del C. de P.C.– 27.

31. En el caso concreto, (i) con el propósito de dilucidar la verdad material sobre la
cesación de actividades de los Despachos judiciales; (ii) precaver una denegación
del derecho de acceso a la administración de justicia de la actora; y, (iii) ante el
reconocimiento de que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento
cuya finalidad consiste en garantizar la eficacia de los derechos y preservar el
orden jurídico mediante la interpretación del ordenamiento adjetivo, conforme con
los principios constitucionales y del derecho procesal28, fue decretada una prueba
de oficio29, con el propósito de que se expidiera una certificación donde constaran
las fechas en las cuales no corrieron términos judiciales ni se ejecutaron labores
en los despachos judiciales de Florencia, durante el año 2014 a raíz del
denominado paro judicial que se desarrolló en dicha vigencia y en donde se
indicara, además, de forma puntual, si éstos cesaron en funciones y no prestaron
atención al público en los meses de julio y agosto de 2014.

32. En cumplimiento del anterior proveído, el Tribunal de primera instancia remitió
al proceso la certificación suscrita por el Presidente de la Subdirección de
Florencia de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama
Judicial –Asonal Judicial-, en la cual manifestó lo siguiente (se transcribe literal):

“En atención a lo solicitado mediante oficio Nro. 420 de la fecha y para que
haga parte dentro del proceso de la referencia, atentamente le comunico que
para los meses de julio y agosto de 2014 no se tienen en esta seccional
registro de Cese de Actividades.

“Aclarando que el Cese de Actividades convocado por la Junta Directiva
Nacional del Sindicato, se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el
catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014) y el trece (13) de enero de

24
Folio 817 del cuaderno principal.
25
Ibídem.
26
Sobre el cómputo de términos, aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa consagrada en el artículo 306
del CPACA, el artículo 118 del C. G. del P. determina:
“…Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del
correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su
vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia
permanezca cerrado el juzgado” (se subraya).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proveído del 31 de agosto de 2015,
expediente 2015-00155-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 1 de agosto de 2019, radicación
05001-23-33-000-2018-00342-01(62009), Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
29
Índice 38 del aplicativo SAMAI.

9

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

dos mil quince (2015), ambas fechas inclusive, lo que conllevó al cierre de
términos judiciales y labores en los Despachos con sede en la ciudad de
Florencia, por el mismo lapso”30 (se subraya).

33. Teniendo en cuenta que la prueba antes indicada proviene del ente que lideró
y promovió el denominado paro judicial –la Asociación Nacional de Funcionarios y
Empleados de la Rama Judicial-, que, además, conoce las implicaciones directas
que éste tuvo en la prestación del servicio de administración de justicia y ante la
ausencia de pruebas que refuten lo consignado en ésta, se colige, con razonable
grado de convicción, que del 14 de octubre de 2014 al 13 de enero de 2015 fue
realmente el período en que se presentó un cese de las actividades en los
despachos judiciales ubicados en el municipio de Florencia, con efectos sobre el
servicio a los usuarios, y no antes, como lo manifiesta el apoderado de la
recurrente.

34. Para abundar en razones, es del caso señalar que tal certeza se ve
corroborada con el hecho de que el 1 de septiembre de 2014 la Oficina de
Coordinación Administrativa recibió la demanda y sus anexos31 y ese mismo día
fue repartida al despacho identificado con el código 00332; además, la demanda
fue admitida el 16 de septiembre de esa misma anualidad33 y el Tribunal recibió el
29 de septiembre siguiente copia magnética de la demanda para efectos de los
traslados34.

35. Lo anterior, ratifica que los hechos certificados por Asonal Judicial gozan de
credibilidad, en tanto justifican la razón por la cual, para el momento en que el
actor presentó su demanda y con anterioridad a éste, no se presentaba afectación
alguna del servicio en la Rama Judicial, sin que las notas periodísticas que se
citan con el recurso de apelación puedan llegar a conferir un mejor o distinto grado
de convicción, dado que la información contenida en medios de comunicación solo
permite acreditar la existencia de las noticias allí plasmadas y de su inserción en
un medio periodístico representativo, no su real y concreta ocurrencia35. A su vez,
como se vio en párrafos precedentes, en el curso de esta instancia se negó la
incorporación de dichos documentos –las notas periodísticas– como pruebas
dentro del proceso, sin que la parte interesada manifestara reproche alguno con
esta decisión.
30
Índice 46 del aplicativo SAMAI.
31
Folio 1 del cuaderno 1.
32
Folio 649 del cuaderno 4.
33
Folios 651 a 654 del cuaderno 4.
34
Folio 655 del cuaderno 4.
35
En punto de la valoración probatoria de las publicaciones de prensa o medios de comunicación, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo puntualizó:“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido
la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser
considerada prueba documental35. Sin embargo, en principio sólo representa valor secundario de acreditación del hecho en
tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en
sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su
conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e
independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez..“En la jurisprudencia de esta
Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas
…son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘…son
susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio
representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’.
“Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el
campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de mayo de 2012, expediente 2011-01378-00. Consejera
Ponente: Susana Buitrago Valencia)

10

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

36. Así las cosas, es forzoso concluir que para la época en que venció el plazo de
caducidad aquí contabilizado, esto es, el 29 de agosto de 2014, aún no se habían
detenido las actividades de los despachos judiciales ubicados en el municipio de
Florencia, así como tampoco obra prueba de que entre esa fecha o época anterior
y aquella fecha en que se presentó la demanda, el interesado se hubiere
enfrentado a un hecho irresistible o de tal naturaleza que le hubiere impedido
acudir en tiempo a la jurisdicción con el fin de elevar su demanda. Por
consiguiente, se confirmará la decisión de primer grado, relativa a la configuración
de fenómeno jurídico de la caducidad, en los términos aquí expuestos.

Costas

37. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que “se
condenará en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”, regla aplicable al sub lite.

La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

38. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia,
en la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
M/CTE ($2’762.000) a favor de la parte demandada, cifra que no supera el 5%
sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso (la suma de
$276’244.842), límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia,
según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por las agencias en derecho
correspondientes por esta instancia, a la demandante, en favor de la parte
demandada por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL PESOS M/CTE ($2’762.000)

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

11

Radicación: 18001233300020140021502 (63.990)
Demandante: Fundación Niñez, Mujer y Familia
Demandado: Municipio de Florencia

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(Ausente con excusa)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE36
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

V.F

36
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.