Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01780-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01780-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01780-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-00
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 5 de marzo de 2026, el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería -CBOM-,
mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad, defensa, debido proceso, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva2.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 31 de octubre de 2025 emitida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió
el señor Manuel Esteban Meza Padrón en su contra y del municipio de Montería, y
se ordenara proferir una decisión de reemplazo en la que se estudiara la caducidad
del medio de control. La referida demanda estuvo encaminada a que se declarara la
existencia de una relación laboral entre el demandante y el CBOM, por lo que se
pretendía la nulidad de los actos administrativos que negaron aquella.
3.
Mediante la providencia acusada se revocó la sentencia del 30 de junio de 2023,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Montería, se declaró
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También se invocaron los principios de legalidad, confianza legítima y respeto al precedente.
3 Expediente 23001-33-33-005-2021-00173-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-00
Accionante: Cuerpos de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
la existencia de una relación laboral entre las partes por los períodos comprendidos
desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2018, y se condenó al
CBOM a pagar al demandante lo correspondiente a las prestaciones surgidas con
ocasión de la prestación del servicio. El Tribunal consideró que se acreditaron los
elementos esenciales de un contrato laboral, especialmente el de subordinación.
4.
La parte actora indicó que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre la
excepción de caducidad propuesta en la contestación de la demanda por el CBOM
y, con ello, incurrió en un defecto sustantivo, pues incumplió con su deber de
pronunciarse de oficio sobre el cumplimiento del término legal para interponer la
demanda, al no valorar las pruebas obrantes en el proceso que denotaban la
extemporaneidad con la que fue iniciado el medio de control, sin justificación.
5.
Precisó que la jurisprudencia 4 del Consejo de Estado sostiene que aunque la
caducidad no se hubiera alegado como medio de defensa en el proceso ordinario, o
si el a quo no la resolvió en el respectivo momento procesal o, incluso, si la apelación
la presenta cualquiera de las partes (no ambas), por ser una norma de orden público,
dichas falencias no enervan la competencia ni la obligación del juez de segunda
instancia para pronunciarse sobre dicho requisito de procedibilidad de la demanda.
6.
En el proceso estaba acreditado que: (i) el 28 de agosto de 2020 el señor Manuel
presentó solicitud de reconocimiento de la existencia de una relación laboral con el
Cuerpo de Bombero y el consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir durante el término que prestó sus servicios como bombero; (ii) el 22 de
octubre de 2020, el CBOM expidió la Resolución 137 mediante la cual negó el
pedimento de dicho exfuncionario, acto administrativo que fue notificado al día
siguiente, esto es, el 23 de octubre de 2020; (iii) acorde a lo dispuesto en el artículo
164 del CPACA, el término de caducidad de cuatro meses inicialmente corrió desde
el 24 de octubre de 2020 y hasta el 23 de febrero de 2021; (iv) no obstante, este se
suspendió desde el 30 de diciembre de 2020, con la presentación de la solicitud de
conciliación prejudicial, cuando ya habían transcurrido dos meses y 3 días del lapso
otorgado por el legislador para interponer la demanda ordinaria; (v) acorde a lo
dispuesto en los artículos 63 de la Ley 4 de 1913 y 2 del Decreto 1716 de 2009,
compilado en el artículo 2.2.4.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2014, la suspensión del
término de caducidad podría contar, hasta que, como ocurrió en el caso concreto,
transcurrieran tres meses desde la presentación de la solicitud, sin que se hubiera
surtido la respectiva audiencia de conciliación; (vi) por ende, la suspensión de la
caducidad corrió desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021, y
(vii) el término para interponer la demanda culminó el 31 de mayo de 2021, (vii) el
hecho de que la audiencia de conciliación se hubiera celebrado el 3 de mayo de 2021
4 Cita original: “H. CONSEJO DE ESTADO. SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 16. Consejero ponente: CÉSAR
PALOMINO CORTÉS. Sentencia del veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023). Radicado: 11001-03-
15-000-2012-02124-00 Actor: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ. Demandado: DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA. Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión
contra la sentencia del 9 de mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado,
en el proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2003-02021-01”.
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y que solo hasta el 7 de mayo siguiente se hubiera proferido la respectiva constancia
de agotamiento de dicho requisito de procedencia de la demanda ordinaria, no
comportaba una extensión de la suspensión de la caducidad, y debía entenderse
que al haberse ejercido el medio de control hasta el 10 de junio de 2021, denotaba
su evidente improcedencia.
7.
Además, alegó que en la sentencia objeto de tutela no se hizo referencia
adecuada a las pretensiones del señor Meza, específicamente, sobre la primera de
ellas, orientada a declarar que el CBOM y el municipio de Montería incurrió en un
presunto silencio administrativo negativo respecto a la petición de reconocimiento de
la relación laboral y el pago de los emolumentos salariales que devienen de ella.
Presunto actuar de la administración que el accionante buscó usar a su favor para
desconocer el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA. De
haberse analizado esto por el Tribunal también hubiera advertido la falta de decisión
sobre el particular por parte del juez de primera instancia y habría denotado la
necesidad de pronunciarse sobre el medio exceptivo.
8.
Acorde a esto, es evidente que la omisión del Tribunal accionado implicó una clara
vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, especialmente porque
desconociendo que el medio de control no era procedente, revocó la decisión de
primera instancia que había negado las pretensiones del demandante y condenó al
CBOM a pagar unos emolumentos salariales, aun cuando no era viable adelantar un
estudio de fondo sobre el caso concreto. Se omitió que la caducidad es la sanción
legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción.
9.
Esta misma argumentación sustenta la configuración de un defecto
procedimental, al denotarse la falta de pronunciamiento sobre un medio exceptivo
debidamente probado, en una clara omisión de los deberes impuestos al juez sobre
la dirección del proceso que le imponen estudiar y decidir íntegramente sobre los
argumentos que aleguen ambos extremos procesales, velando por la celeridad en la
solución del caso concreto.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.
Mediante auto de 10 de marzo de 20265, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al municipio de Montería y al señor
Manuel Esteban Meza Padrón, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se
ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su cargo y se requirió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Montería para que remitiera copia digital del expediente con radicado 23001-33-33-
005 2021-00173-00/01.
(i) Manuel Esteban Meza Padrón6
5 Notificado el 16 de marzo de 2026.
6 Intervención contenida en 4 folios.
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11.
Pidió declarar improcedente el amparo o, subsidiariamente, negar las
pretensiones de la parte actora ante la falta de acreditación de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Estimó que los argumentos de la parte
accionante son propios de un debate netamente legal y denotan que la acción de
tutela se interpuso a fin de surtir una instancia judicial adicional al proceso ordinario,
pues cuestionan la interpretación jurídica adoptada por el Tribunal accionado en lo
referente a la caducidad. El juez de tutela no tiene la facultad para imponer una
determinada estructura argumentativa al juez ordinario -ello implicaría desconocer
los principios de autonomía e independencia judicial-, y más si la inconformidad
planteada por el tutelante constituye solo una discrepancia jurídica y no una
verdadera violación de derechos fundamentales, tal como ocurre en el presente
asunto.
12.
Resaltó que no toda omisión formal en una providencia judicial tiene relevancia
constitucional, ni configura automáticamente un defecto procedimental o sustantivo.
Por ende, si se aceptara que la autoridad accionada no emitió pronunciamiento sobre
la caducidad del medio de control, ello no implicaba per se una vulneración al debido
proceso, especialmente porque no se acreditó que dicha circunstancia afectara el
sentido de la decisión.
(ii) Tribunal Administrativo de Córdoba7
13.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela o negar el amparo, toda vez que
la entidad accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial a fin de
asegurar que se emitiera pronunciamiento respecto a la excepción de caducidad. En
concreto, pudo solicitar la adición o complementación de la sentencia no solo de
primera instancia, sino también de la emitida por el Tribunal accionado, pero omitió
hacerlo sin justificación alguna.
14.
No obstante, se aclaró que el Tribunal analizó lo concerniente a la caducidad del
medio de control y consideró que la demanda fue interpuesta en término, en tanto
aplicaba la suspensión de dicho fenómeno por hasta cinco (5) meses, consagrada
en el artículo 9 del Decreto 492 de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria por
el Covid-19. Norma que se consideró estaba vigente para el momento en que se
surtió todo el trámite de conciliación prejudicial (diciembre de 2020 a mayo de 2021),
pues el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó de forma continua el estado
de emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
7 Intervención contenida en 4 folios.
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15.
La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer el
presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que la censura planteada pudo ser
encausada en el marco de diversos recursos ordinarios a lo largo del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
16.
La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
17.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 8 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 69 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
18.
Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos que tenía a su disposición para lograr
el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
Salvo que se acredite que ese otro mecanismo judicial no es idóneo y eficaz, o que
no sea suficiente para impedir la configuración de un perjuicio irremediable.
19.
Según la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, puede
configurarse, por ejemplo, en tres supuestos: (i) cuando el asunto se encuentra en
trámite, (ii) en el evento en que no se han agotado los mecanismos de defensa
judiciales ordinarios y extraordinarios y, (iii) cuando se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear las herramientas jurídicas previstas en
el ordenamiento jurídico10.
20.
En el caso objeto de estudio, el amparo se torna improcedente porque la parte
actora no ejerció a lo largo del proceso ordinario, los diversos recursos con que
8 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
9 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
10 Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014.
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contaba, a fin de lograr una decisión expresa sobre el referido medio exceptivo, sin
justificación para dicho actuar omisivo.
21.
Revisadas las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciado por el señor Manuel Meza, esta Subsección encontró acreditado
que, en efecto, en escritos del 18 y 22 de marzo de 202211, dentro de las excepciones
propuestas por el CBOM se alegó la caducidad de la acción, sustentada en que el
demandante pretendía desconocer el término de cuatro meses para interponer la
demanda, tal como se reguló en el artículo 164 del CPACA, pidiendo declarar la
presunta configuración de un silencio administrativo negativo de la entidad y la
nulidad del acto ficto derivado de aquel, respecto a la petición de declarar la
existencia de una relación laboral entre las partes y el pago de los emolumentos
salariales a los que tenía derecho. Lo anterior, en desconocimiento de que la entidad
se pronunció sobre dicha petición, siendo expedida la Resolución 137 de 2022, y
evidenciándose que el presunto silencio administrativo tiene como sustento que la
respuesta dada en el referido acto administrativo no fue favorable a las expectativas
del señor Meza.
22.
Alegó que la acción se ejerció tardíamente porque la notificación de la Resolución
137 se surtió el 23 de octubre de 2020, e inicialmente el término de cuatro meses
para demandar corrió hasta el 23 de febrero de 2021. No obstante, se presentó
solicitud de conciliación prejudicial el 30 de diciembre de 2020 y con ello se
interrumpió el término de caducidad por 3 meses. Luego, de forma poco clara, y sin
que las fechas sean las mismas que se enuncian en el escrito de tutela12, mencionó
que el plazo restante para demandar transcurrió sin que se ejerciera la acción.
23.
Al respecto, adviértase que el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de
Montería profirió auto que “resuelve excepciones y dispone presentación de alegatos
de conclusión para dictar sentencia anticipada” con fecha de 12 de mayo de 2022.
En esta providencia, se mencionó de forma expresa que revisada la contestación de
la demanda presentada por el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería, se
propusieron como excepciones la “ineptitud de la demanda” y “caducidad del medio
de control”, precisándose que en dicha oportunidad procesal, solo se emitiría
pronunciamiento sobre la excepción de inepta demanda, por estar enlistada dentro
de las causales previstas en el artículo 100 del CGP como excepción previa, y
respecto a las demás propuestas -incluso por el municipio de Montería- aclaró que
serían valoradas al momento de dictar sentencia.
11 Pdfs titulados “012ContestacionDemanda” y “013ContestacionDemanda”, que reposan dentro de la subcarpeta
“01Primerainstancia”, carpeta “C01Principal”, índice 13, SAMAI.
12 “Como quiera que el actor presentó solicitud de conciliación el día 30 de diciembre/2020 y eso interrumpe la
caducidad del medio de control, tenemos que. la esa fecha, ya habían transcurrido un lapso de dos meses más
cinco días, (de los cuatro que le otorga la ley) los cuales se reanudan a partir de marzo 1 de 2021 cuando se le
entrega la constancia de conciliación fallida (hecho trigésimo tercero de la demanda) y concluyen los cuatro
meses otorgados por la ley al actor el 25 de abril de 2021ineludiblmente. La demanda fue presentada en junio
08/2021.Una simple comparación de estas fechas (término para interponer -25/03/2021- con la presentación de
la demanda 08/06/2021 nos demuestra la evidente caducidad de la acción impetrada, por lo menos, en lo que
hace referencia a la entidad que represento” (Se transcribe literal)
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24.
La Sala considera que la parte actora debió presentar solicitud de adición y/o
complementación, dado que la caducidad fue alegada como excepción previa dentro
del proceso ordinario, y esta constituyó una de las principales etapas para lograr un
análisis expreso de su procedencia y con ello evitar el estudio de fondo del caso
concreto tanto en primera como en segunda instancia.
25.
En este punto, esta Subsección no desconoce que la caducidad es un
presupuesto procesal que hace parte, entre otros, del catálogo de requisitos que se
deben verificar para integrar y desarrollar el proceso, pues se trata de una de las
condiciones indispensables 13 “que deben existir a fin de que pueda tenerse un
pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a
fin de que se concentre el poder-deber del juez de proveer sobre el mérito”14. Su
función es determinar los límites temporales que el ordenamiento jurídico prevé para
la formulación judicial de ciertos medios de control, y es deber del juez declararla de
oficio cuando la encuentre acreditada, tanto en primera como en segunda instancia.
26.
No obstante, téngase en cuenta que el CBOM sustentó la ocurrencia del fenómeno
de la caducidad en hechos que ocurrieron de forma previa a la interposición de la
demanda ordinaria, que no implicaban decreto probatorio adicional y que acorde a lo
alegado en la tutela, impedían a los jueces de ambas instancias, adelantar mayor
análisis respecto a las pretensiones del señor Meza. En consecuencia, era su deber
promover cualquier mecanismo o recurso procedente al interior del proceso ordinario
para evitar que dicha excepción fuera objeto de pronunciamiento hasta que se dictara
sentencia, pero aun teniendo una vía judicial específica, de forma injustificada, omitió
agotarla, previo a interponer la solicitud de amparo.
27.
Continuando con la revisión del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, se pudo corroborar que el CBOM extendió la sustentación de la excepción
de caducidad al presentar los alegatos de conclusión de primera instancia 15. Alegó
que si se tenía en cuenta la fecha de finalización del último contrato suscrito con el
señor Meza (31 de diciembre de 2018), la caducidad del medio de control devino el
31 de abril de 2019, y en todo caso si se consideraba que se había celebrado un
“contrato estatal” de prestación de servicios, el fenómeno extintivo acaeció el 31 de
diciembre de 2020, dado que no estaba sujeto a liquidación. Por demás, reiteró lo
alegado en la contestación de la demanda ordinaria.
28.
Luego, el 30 de junio de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Montería profirió sentencia de primera instancia, en la que no analizó la configuración
de la caducidad, y pasó a estudiar de fondo los hechos y pretensiones alegadas por
el señor Manuel Esteban Meza. Evidenció amplios periodos sin suscripción
contractual y en atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado, dichas
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, Rad.
18001233300020140021502 (63.990). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
14 Vescovi Enrique. “Teoría General del Proceso”, Bogotá, Temis. 1984. Pág. 93. Citado en la sentencia del 17
de junio de 2022, ibid.
15 Pdf titulado “034AlegatosCuerpoBomberos”, que reposa dentro de la subcarpeta “01Primerainstancia”, carpeta
“C01Principal”, índice 13, SAMAI.
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interrupciones impedían declarar la existencia de un contrato realidad, sumado a que
no se probó la subordinación entre las partes. También determinó que, operó la
prescripción respecto de los periodos anteriores al 28 de agosto de 2017, lo que
limitó aún más el estudio del tiempo laborado.
29.
Respecto a esta providencia, si bien no hubo un pronunciamiento expreso
respecto a la caducidad, el demandante debió advertir que el hecho de que se
estudiara de fondo el asunto implicó que el juez de primera instancia analizó ese
requisito de procedencia, lo encontró superado y en razón a ello, realizó el estudio
del caso concreto. Es decir, el Juzgado Noveno Administrativo de Montería de forma
tácita, al proferir fallo de fondo, descartó caducidad. En consecuencia, la parte actora
pudo presentar recurso de apelación sobre ese aspecto específico.
30.
Ahora bien, no se desconoce que al haberse dictado una sentencia favorable a la
entidad accionante, su interés principal se dirigió a que no fuera modificada y que
quedara ejecutoriada tal cual se profirió. No obstante, esta Sala no puede pasar por
alto que, en el escrito de tutela, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados se sustenta principalmente en que ambas instancias debieron evitar
estudiar de fondo el asunto. Luego, el hecho de haberse dictado sentencia de
primera instancia en la que se negaron las pretensiones del entonces demandante,
no es razón suficiente para considerar que no era procedente apelar la decisión de
haber analizado de fondo el asunto, al considerarse que la demanda se presentó
extemporáneamente.
31.
Incluso, si la intención inicial era que la sentencia quedara en firme por ser
favorable a sus intereses, ante el recurso de la contraparte el CBOM pudo promover
recurso de apelación adhesiva, a fin de provocar un pronunciamiento expreso sobre
la caducidad.
32.
Acorde a esto, es claro que la tutela debe declararse improcedente por falta del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues la entidad demandante en un
actuar evidentemente omisivo e injustificado, no promovió los recursos ordinarios
que tenía a su disposición para lograr que el juez de primera instancia y
específicamente, el Tribunal accionado, se pronunciaran expresamente sobre la
excepción previa de caducidad.
33.
Con todo, se profirió la sentencia objeto de tutela con fecha del 31 de octubre de
2025, en la que se revocó la decisión del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Montería y se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda del señor
Meza. Sobre esta, se aclara que, tal como ocurrió con el fallo de primera instancia,
si bien no hubo un pronunciamiento expreso sobre la configuración o no del
fenómeno de la caducidad, se entiende que dicha instancia judicial estudio dicho
presupuesto procesal y al considerar que se superó, se pronunció sobre la apelación
presentada por el exbombero. Así, el Tribunal no tenía por qué pronunciarse sobre
las razones que la accionante ahora alega en la tutela sobre la configuración de la
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caducidad, pues estas, incluso, no fueron claramente enunciadas en el proceso
ordinario.
34.
En este punto, se precisa que no es de recibo el conteo del término de caducidad
expuesto por el Tribunal Administrativo de Córdoba al presentar respuesta a la
solicitud de amparo, porque no quedó expresamente consignado en el fallo
cuestionado. Circunstancia que, en todo caso, tuvo como causa la inactividad del
demandante para propiciar que su estudio quedara plasmado expresamente en
dicha providencia. Es decir, no se propició un debate que conllevara a ese
pronunciamiento.
35.
Finalmente, debe advertirse que los defectos alegados por el actor solo se
sustentan en su dicho de que la excepción de caducidad no se estudió por la
autoridad judicial accionada, pero no allegó prueba al respecto. El hecho de que ese
análisis no haya quedado expresamente consignado en el fallo de segunda instancia,
no implica per se, que se haya omitido su examen por el despacho judicial que la
profirió. Por el contrario, al decidir analizar de fondo el asunto, permite suponer que
lo encontró superado y como no fue objeto de apelación, no había lugar a declararla,
ni de hacer el estudio pormenorizado de fechas, tal como lo propuso el actor, en el
propio fallo.
36.
Por último, se observa que la parte actora tampoco acreditó la configuración de
un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a intervenir como
mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia, pues, no hizo
manifestación alguna al respecto y tampoco esbozó ninguna justificación para no
haber interpuesto en las oportunidades procesales respectivas el referido recurso
extraordinario.
37.
Por lo expuesto, la Sala declara improcedente el amparo deprecado.
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-00
Accionante: Cuerpos de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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