Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2012-02124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2012-02124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2012-02124-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
27 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 16
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02124-00
Actor: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y MUNICIPIO
DE MADRID – CUNDINAMARCA
Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia
del 9 de mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de Estado, en el proceso de
reparación directa No. 25000-23-26-000-2003-02021-01.
FALLO
1. La Sala Especial de Decisión 16 decide el recurso extraordinario de
revisión presentado, por conducto de apoderado judicial, por el señor Manuel
José Méndez Rodríguez contra la sentencia del 9 de mayo de 2011,
proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, por
medio de la cual (i) revocó la proferida por la Sección Tercera, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) declaró probada la
excepción de caducidad de la acción y (iii) negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio de la acción de reparación directa, instauró
Manuel José Méndez Rodríguez contra el departamento de Cundinamarca y
otro.
ANTECEDENTES
El proceso de reparación directa
2. El 19 de septiembre de 2003, el señor Manuel José Méndez
Rodríguez presentó demanda contra el departamento de Cundinamarca y el
municipio de Madrid para que fueran declarados administrativamente
responsables de los daños y perjuicios que le ocasionaron como
consecuencia del encerramiento de los terrenos de propiedad del
demandante, sin contar con su concurso, voluntad y consentimiento, según
las obras ejecutadas por un arquitecto y contratista en desarrollo del
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Recurso Extraordinario de Revisión
FALLO
convenio suscrito entre el departamento y el municipio en el mes de junio de
2003.
La sentencia objeto de revisión
3. El 9 de mayo de 2011, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en cumplimiento del fallo de tutela de 18 de marzo de
2010, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ordenó la prelación
de fallo en este proceso, revocó el fallo del 7 de febrero de 2007, proferido
por la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en su lugar, dispuso:
“Primero. Declárese probada la excepción de caducidad de la acción.
Segundo. Niéganse las pretensiones de la demanda”.
4. La Sentencia de primera instancia había declarado no probadas las
excepciones propuestas de falta de legitimación en la causa por activa y por
pasiva y la de caducidad de la acción; y declaró patrimonial y
extracontractualmente responsable al municipio de Madrid por la ocupación,
por causa de obra pública, de un terreno de área de 1.519 m2 perteneciente
al actor y, en consecuencia, condenó al municipio de Madrid al pago de
$240.867.971 más los intereses conforme con el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo.
5. En la sentencia recurrida, luego de precisar que el asunto
correspondía al régimen de responsabilidad objetiva por ocupación
permanente de bien inmueble por parte de la administración o de particulares
autorizados por esta y los presupuestos para su configuración, así como la
exoneración por parte del Estado, señaló que, conforme con los artículos 86
y 136 del Código Contencioso Administrativo, para la reparación de los
daños causados por la ocupación, se podía ejercer la acción de reparación
directa, la cual caduca al vencimiento del plazo de dos años contados a partir
del acontecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad
ajena por causa de trabajos públicos.
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FALLO
6. Así, la Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación consideró
que, contrario a lo establecido por el Tribunal, la propiedad sobre el inmueble
objeto de controversia no estaba probada en el proceso, pues los
documentos aportados (escritura pública No. 3359 del 16 de julio de 1964,
registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-22393) no tenían la
virtualidad de probar ese hecho, pues las copias no cumplían algunos de los
supuestos previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil,
para ser reconocidas como auténticas. El demandante tampoco solicitó
prueba que estableciera la propiedad sobre el bien objeto de reclamo. La
Sección Tercera consideró:
“De lo expuesto, se tiene que Manuel José Méndez Rodríguez no acreditó la
conducta de dueño del inmueble afectado, toda vez que en el proceso no
obra copia autentica de la escritura pública y del registro de la matricula
inmobiliaria mediante la cual a aquel le fue transferida la propiedad, pues
solo se allegó la copia simple de los citados documentos. Es decir, falta la
prueba del título y el modo, mediante los cuales se daría por probada la
condición en la que el actor se ha presentado a este proceso, respecto del
bien que dice es de su propiedad, lo que genera a que en este caso se
estructure la falta de legitimación en causa”.
7. Frente a la caducidad de la acción, la Subsección C de la Sección
Tercera consideró que no estaban probadas las afirmaciones que se hacían
en la demanda relativas a que el departamento de Cundinamarca y el
municipio de Madrid eran responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios causados por el cerramiento de los terrenos de propiedad del
demandante sin contar con su concurso y su voluntad, con ocasión de las
obras ejecutadas por el contratista Fabio Muñoz.
8. Que, si bien estaba probado que el municipio hizo un cerramiento de
un predio ubicado en la urbanización Lusitania, donde está construido un
parque infantil, lo cierto es que no estaba demostrado que al momento de
dicho cerramiento aquel predio fuera de propiedad del demandante, ni que el
municipio hubiese despojado al demandante de la posesión de 1.519 m 2,
como consecuencia de la construcción o del cerramiento del parque infantil.
Que, por el contrario, estaba demostrado que dicha área fue cedida por el
demandante al municipio para la construcción del parque infantil, según el
documento suscrito el 13 de marzo de 1985 entre la alcaldesa de Madrid, el
personero del municipio y el demandante, que era el urbanizador; documento
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FALLO
que, aunque está en copia simple, fue aportado por la entidad demandada,
no fue tachado de falso, fue aceptado en la demanda y fue corroborado por
personas residentes del sector, pertenecientes a la Junta de Acción Comunal
del barrio Lusitania y fundadoras prácticamente de la mencionada
urbanización, quienes relataron detalladamente las circunstancias en que se
produjo el cerramiento y construcción del mencionado parque; “que ese
parque siempre ha estado ahí, “que la comunidad al ver que tenían un parque se
(sic) servía solo para ganado, para delincuencia y drogadicción, optamos por pedir
la colaboración al doctor ALBERTO DIMATE que nos ayudara para encerrar el
parque y nos quedó un ala sin encerrar”. Que el primer cerramiento del Parque se
hizo siete (7) años atrás y la parte que quedó sin encerramiento, una parte pequeña
en forma de ele, se terminó de encerrar en el año 2003, con ayuda del
departamento de Cundinamarca”.
9. Por ello, la Sección Tercera consideró que desde 1985 el municipio
había detentado la posesión material de esos terrenos, hasta el día de hoy,
sin que se hubiera probado que dicha posesión haya revertido al
demandante. Que en el año 1996 el municipio contrató la ejecución, por el
sistema de precios unitarios, de la construcción del parque infantil del barrio
Lusitania, obras que terminaron en 1997, sin que el demandante se hubiera
opuesto a dicha construcción, alegando propiedad sobre los mismos. Que,
aunque la cesión no se perfeccionó por escritura pública, en todo caso,
produjo efectos, que no se pueden desconocer como la entrega real y
material del inmueble y los actos posesorios que realizó el municipio sobre el
mismo. Que la única manera de dejar sin efectos la declaración de voluntad
del documento del 13 de marzo de 1985 era ejercitando las acciones
administrativas o judiciales, por lo tanto, en virtud del principio de buena fe,
no es aceptable que ahora se alegue que el municipio lo despojó de manera
ilegal y arbitraria del lote donde se encuentra el parque infantil.
10. Que, como la ocupación permanente del inmueble se inició en marzo
de 1995, y según el contrato de obra pública No. 085 de 1996, adicionado
por medio del contrato No. 019 de 1996, con el objeto de construir el parque
infantil en el barrio Lusitania, el plazo de entrega y conclusión de obras debía
efectuarse el 5 de agosto de 1997, el demandante tenía hasta el 5 de agosto
de 1999 para presentar la demanda, sin que se deba tener en cuenta el
cerramiento que concluyó en el año 2003, toda vez que el hecho que se
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Recurso Extraordinario de Revisión
FALLO
imputa a la administración es la ocupación ilegal y arbitraria del referido
inmueble, que se consolidó en el momento en que se inició la construcción
del parque (junio de 1997). El cerramiento del parque fue un hecho
connatural a la noción de ocupación permanente que ya venía ejercitando el
municipio de Madrid en el citado previo. Que, como la demanda se presentó
el 19 de septiembre de 2003, operó la caducidad de la acción, como así lo
declaró.
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
11. El 8 de noviembre de 2012, el señor Manuel José Méndez Rodríguez,
a través de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 9 de mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de Estado y solicitó que se anule dicha decisión y,
en su lugar, “se sustituya o se reemplace por una nueva sentencia acorde con las
pruebas, con la justicia, con el derecho y con la ley la cual necesariamente deberá
ser de carácter positivo y favorable para el señor MANUEL JOSÉ MÉNDEZ
RODRÍGUEZ toda vez que nunca existió la caducidad de la acción por cuanto la
demanda de Reparación Directa fue presentada por el afectado en el mes de
Septiembre de 2003 a los tres meses de haberse operado o efectuado el acto ilegal
y arbitrario de ocupación, de despojo de su terreno por medio del cerramiento del
área total del parque infantil en el barrio Lucitania (sic) del municipio de Madrid,
prácticamente constituyendo en un acto confiscatorio proscrito por nuestra
Constitución y la Ley”.
12. Invocó como causal del recurso extraordinario la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, denominada “nulidad originada en la
sentencia”, principalmente por violación al artículo 29 de la Constitución
Política; causal que desarrolló a través de los siguientes argumentos que se
pueden resumir así:
13. En el fallo recurrido el Consejo de Estado se arrogó una facultad que
no tenía, pues declaró oficiosamente la caducidad de la acción, cuando nadie
la había propuesto; y aunque el municipio de Madrid en la contestación a la
demanda la mencionó, lo hizo como una vía de hecho procesal, pero no
como excepción, además, dicha excepción había sido descartada en primera
instancia. Consideró que en la sentencia recurrida se incurrió en el error
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judicial de considerar que la obra de cerramiento fue a partir del año 1996 y
1997, pero no tuvo en cuenta el contrato de obra suscrito entre la
gobernación de Cundinamarca y el municipio de Madrid con el contratista
Fabio Muñoz a finales de 2002, para la ejecución de las obras referentes al
cerramiento de toda el área del parque infantil, momento en el que se hizo el
cerramiento total del parque y se confiscó la parte del terreno del recurrente,
aproximadamente de unos 4000 metros cuadrados. El mismo contratista lo
confirmó en la declaración jurada que rindió en el proceso.
14. En la sentencia recurrida se incurrió en error judicial por aplicar la
reformatio in pejus en la consulta, pues, so pretexto de no existir limitación
alguna para abarcar todo el proceso en el grado de consulta, se desconoció
que la excepción de caducidad de la acción ya había sido descartada en la
primera instancia, como resultado de la valoración de todos y cada uno de
los elementos probatorios allegados al proceso. El demandante fue quien
apeló la decisión de primera instancia con el fin de aumentar la condena
impuesta, pues solo se reconoció 1.500 metros cuadrados y no los 4000 de
su propiedad, pero la sentencia de segunda instancia lo que hizo fue
agravarle su situación, por medio de una incongruencia manifiesta de la
decisión.
15. Afirmó que, probablemente, el Consejo de Estado incurrió en el error
de tener como referencia, para declarar la caducidad, la Escritura Pública No.
0632 de 1996 por medio de la cual se cedió un terreno por parte del actor a
favor del municipio de Madrid, en el sector del parque infantil del barrio
Lusitania, y considerar que desde esa fecha ocurrió el cerramiento, sin
embargo, las obras que se hicieron fueron parciales y nunca comprendieron
la parte faltante del área contigua al parque infantil, donde le quedaba un
terreno a favor del actor de 1.500 metros cuadrados y adicionalmente a esa
extensión, los 1.972 metros cuadrados que habían reversado bajo su
dominio por el incumplimiento del municipio de dar vía libre a la segunda fase
o etapa de la urbanización Villa Lusitania, por falta de agua en el municipio.
Es decir, para la fecha en que tomó el Consejo de Estado, para contar la
caducidad, el cerramiento parcial no perjudicaba al señor Méndez Rodríguez.
16. Acusó a la sentencia de haber efectuado una valoración amañada y
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sesgada de las pruebas del proceso, ignoró la prueba pericial y el testimonio
del señor Fabio Muñoz, quien declaró que el cerramiento del parque infantil
lo entregó a finales del mes de marzo de 2003 en virtud de un contrato con la
gobernación de Cundinamarca y la intervención del municipio de Madrid,
poniendo en duda, además, la calidad y legitimidad de propietario del terreno
materia de la acción y dando total credibilidad a las declaraciones de las
personas relacionadas por el abogado del municipio de Madrid, sin reparar
en que se trataban de personas residentes del lugar y parcializadas a favor
del mencionado municipio.
17. Señaló que la sentencia fallaba en su motivación pues no tuvo en
cuenta los fundamentos de hecho y de derecho del demandante, imperando
la subjetividad sobre la realidad, motivada por el resentimiento, debido a la
acción de tutela que instauró el actor para dar prelación de fallo, por la
enfermedad grave del actor.
18. Afirmó que la sentencia recurrida violó la Ley 1395 de 2010, Ley Anti
trámites, pues, por el hecho de estar aportados en fotocopias simples, se
desestimaron los documentos allegados de manera informal con la demanda,
al considerar que el actor no había demostrado ser el legítimo propietario del
terreno materia de ocupación, en especial, la Escritura Pública No. 3359 del
16 de julio de 1964 correspondiente a la compra que el actor hizo de 6
fanegadas de tierra dentro del municipio de Madrid, terreno incorporado al
proyecto Villa Lusitania y dentro del que se encuentra el sector del parque
infantil y los 4000 metros de propiedad del actor. El Consejo de Estado omitió
el análisis del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, según el cual
los documentos privados que se incorporen a un expediente judicial con fines
probatorios se reputan auténticos sin necesidad de presentación personal ni
autenticación, y sobre los cuales no haya tacha de falsedad.
19. Consideró equivocado que el Consejo de Estado, con base en los
testimonios, hubiera indicado que las obras se ejecutaron y terminaron en
1997, pues para esa fecha el cerramiento fue parcial y no obstruía la
posesión material que ejercitaba el señor Méndez sobre el terreno de su
propiedad, lo cual solo vino a ocurrir en el 2003 con el cerramiento total, por
obra contratada con el departamento de Cundinamarca y el municipio de
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Madrid, momento en el cual se generaron los daños y perjuicios y podía
presentar la demanda, como lo señaló, acertadamente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia al
resolver negativamente la excepción de caducidad, afirmaciones respaldadas
con todo el acervo probatorio. Por lo tanto, la sentencia del Consejo de
Estado no es congruente ni con la sentencia de primera instancia, ni con la
misma providencia.
20. Señala que contra la sentencia recurrida se interpuso acción de tutela
por existir defectos sustantivos, fácticos, orgánicos y de procedimiento, sin
embargo, fue desestimada por improcedencia, por cuanto el actor contaba
con el recurso extraordinario de revisión, por la causal sexta de revisión,
existir nulidad originada en la sentencia, situación que era la que pretendía
se resolviera por tutela.
Trámite del recurso extraordinario de revisión
21. Repartido el recurso extraordinario de revisión al despacho a cargo del
Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, por auto del 26 de noviembre
de 2012, el magistrado sustanciador lo rechazó por extemporaneo por
considerar que la sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 2 de junio de
2011 y el recurso extraordinario se presentó el 8 de noviembre de 2012, es
decir, por fuera del término previsto en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que
establece el témino de un año.
22. Contra la anterior decisión, el apoderado del actor interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue adecuado al recurso de
súplica.
23. La Consejera Olga Mélida Valle De La Hoz, a quien le remitieron el
expediente para resolver el recurso de súplica, se declaró impedida para
conocer del asunto por cuanto fue ponente del fallo proferido el 9 de mayo de
2011, objeto del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con los
artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 141, numeral 2 del Código General del
Proceso.
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24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante auto del 12 de mayo de 2015, declaró infundado el
impedimento manifestado por la doctora Valle De La Hoz, por considerar que
el recurso extraordinario de revisión no constituía una nueva instancia, sino
que daba nacimiento a un nuevo proceso, conforme a la linea jurisprudencial
del Consejo de Estado y por tal razón no se estructuraba la causal invocada.
25. Mediante auto del 19 de agosto de 2015, la Consejera Valle De La
Hoz ordenó la remisión del expediente al despacho del magistrado que
seguía en turno al doctor Jaime Orlando Santofimio dentro de la Sala
Especial de Decisión 16, teniendo en cuenta la conformación de dichas Salas
para conocer de los recursos extraordinarios de revisión, según el Acuerdo
321 de 2014 de la Sala Plena de la Corporación.
26. Mediante providencia del 5 de abril de 2016, los demás miembros de
la Sala Especial de Decisión 16 resolvieron revocar el auto del 26 de
noviembre de 2012 que rechazó el recurso extraordinario, por cuanto para la
fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (3 de junio de 2011)
estaba en vigencia el C.C.A. y el término de caducidad era de dos años, por
lo tanto, el haberse interpuesto el recurso el 8 de noviembre de 2012, lo fue
oportunamente.
27. Devuelto el expediente al despacho del magistrado sustanciador,
mediante auto del 25 de abril de 2016 ordenó remitirlo al consejero que
seguía en turno, teniendo en cuenta que conforme al auto del 5 de abril de
2016, proferido por los demás miembros de la Sala Especial de Decisión 16,
había quedado claro que para el presente recurso no era aplicable el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sino el
Código Contencioso Administrativo, normativa según la cual ese despacho
no era competente para adelantar el trámite del recurso extraordinario por así
disponerlo el artículo 186 del C.C.A., que consagraba que se excluía de su
conocimiento a “la sección que profirió la decisión”.
28. En cumplimiento de lo anterior, el 27 de febrero de 2020, el despacho
del magistrado que seguía en turno, admitió el recurso extraordinario de
revisión.
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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29. Mediante providencia del 26 de octubre de 2020 se tuvieron como
pruebas las documentales aportadas con el recurso extraordinario de
revisión y por las partes demandadas, y se prescindió del máximo periodo
probatorio, por cuanto no se decretaron pruebas de oficio.
30. El 10 de febrero de 2021 se allegó al despacho sustanciador un
memorial suscrito por la señora Zaira Sofía Méndez Restrepo, quien
manifestó ser la hija del señor Manuel José Méndez Rodríguez, parte
recurrente en este recurso extraordinario de revisión, e informó que su señor
padre falleció el 14 de diciembre de 2020, y que no le ha sido posible ubicar
al abogado que tenía su padre en este recurso para tener información de
este.
31. Por auto del 15 de septiembre de 2021, el despacho sustanciador
ordenó que, por Secretaría General, se informara a la señora Zaira Sofía
Méndez Restrepo los datos de contacto del abogado Orlando Ardila Molano,
apoderado judicial del señor Manuel José Méndez Rodríguez y, asimismo, se
pusiera en conocimiento del apoderado judicial de la parte recurrente el
escrito presentado por la señora Zaira Sofía Méndez Restrepo, y sus anexos,
visible en el índice 132 del expediente electrónico del aplicativo Samai.
32. Teniendo en cuenta que no se hicieron presentes ni la señora Zaira
Sofía Méndez Restrepo ni otros sucesores procesales del señor Manuel José
Méndez Rodríguez, el despacho sustanciador, por auto del 4 de agosto de
2022 dispuso continuar con el trámite procesal correspondiente, pues el
fallecimiento de la parte actora no producía la suspensión o interrupción del
proceso, y sus intereses seguirían protegidos por su apoderado, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso, por lo tanto lo
procedente era dictar sentencia.
Oposición al recurso extraordinario de revisión
33. El municipio de Madrid, a través de apoderada judicial, solicitó que
se declare infundado el recurso extraordinario de revisión, por las siguientes
razones:
34. Señaló que el recurso no satisfacía los requisitos procesales, pues fue
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presentado extemporáneamente y, además, no se fundamenta en causal de
nulidad legal alguna de las previstas taxativamente en el artículo 140 del
C.P.C. o del 133 del Código General del Proceso, para configurar la causal
de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
35. Afirmó que el recurso se fundamentó en los supuestos errores
judiciales de violación de la no reformatio in peius y una supuesta valoración
inadecuada de las pruebas, argumentos que se encaminan a reabrir un
debate probatorio y jurídico, no propios de una causal de nulidad, por lo cual
no cumple con el requisito de indicar precisa y razonadamente la causal
invocada.
36. Indicó que el recurso fue presentado el 9 de noviembre de 2012, es
decir de manera extemporánea, conforme con el artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
estableció como término para la interposición del recurso, dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, por lo tanto, como la
sentencia recurrida fue notificada por edicto el 26 de mayo de 2011, el actor
tenía hasta el 31 de mayo de 2012 para interponer el recurso.
37. En lo de fondo, se refirió a los hechos narrados en el recurso y señaló
que era falso que la administración hubiere realizado cerramiento de terrenos
de la propiedad del accionante, como quiera que, como se acreditó en el
expediente, las supuestas áreas pretendidas por Manuel José Méndez
habían sido entregadas por el mismo actor a la comunidad adquirente del
proyecto desde los años 90s, así como que había sido la misma comunidad
la que había realizado el cerramiento de tal parque.
38. Afirmó que ninguna de las supuestas irregularidades expuestas por el
recurrente materializa causal de nulidad, por lo que, en nada vician o afectan
la legalidad de la sentencia, pues la inconformidad del recurrente con en el
análisis probatorio realizado por el Consejo de Estado, bajo ningún escenario
ocasiona una nulidad, sino que corresponde a la reapertura del debate
procesal, lo cual no es la finalidad del recurso. Consideró que la sentencia
recurrida se ajustó a derecho, con un análisis adecuado sobre las pruebas
allegadas al expediente valoradas de acuerdo con los requisitos legales y
jurisprudenciales vigentes a ese momento, cosa distinta es que el
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demandante no hubiera satisfecho su carga probatoria y desconociera las
ritualidades procesales.
39. Señaló que el análisis de la caducidad de la acción por parte del
Consejo de Estado también fue correcto, de acuerdo con los testimonios y
pruebas documentales arrimadas al proceso que demostraron que el
cerramiento había acontecido en los años 1996 y 1997.
40. El departamento de Cundinamarca, a través de apoderada judicial,
solicitó que se niegue por improcedente el recurso extraordinario de revisión,
por cuanto la sentencia recurrida no incurrió en nulidad y, además, por
cuanto el Consejo de Estado estaba facultado para declarar la caducidad de
la acción. Señaló que lo que pretende el recurrente, a través de los errores
jurisdiccionales aducidos, es cuestionar la valoración de las pruebas, lo cual
no es de la naturaleza de este recurso extraordinario, tampoco se permite
reabrir el debate propio de las instancias o cuestionar la actividad
interpretativa del juez, ni suplir la deficiencia probatoria.
41. Afirmó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, pues
fue radicado el 9 de noviembre de 2012, cuando ya estaba vigente el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
aplicable a este caso, pues se trata de un nuevo proceso ajeno e
independiente a la causa que dio origen al fallo recurrido, aun cuando se
cuestione a través de ellos, sentencias ejecutoriadas proferidas bajo el
régimen jurídico del Decreto Ley 01 de 1984. Que, como la sentencia quedó
ejecutoriada el 30 de mayo de 2011 (sic), el recurso debió interponerse a
más tardar el 30 de mayo de 2012, para ser considerado oportuno en virtud
del nuevo ordenamiento.
42. Señaló que el recurso no identificó ninguna de las hipótesis
consagradas hoy en el artículo 133 del Código General del Proceso, como
causal de nulidad, ni indicó vulneración de derechos fundamentales en el
proceso jurisdiccional, aunque en sede de tutela ya se había definido que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en
violación al debido proceso, ni restringió el derecho de acceso a la
administración de justicia, del accionante.
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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FALLO
43. Consideró que la sentencia recurrida se basó en las pruebas que
fueron decretadas y practicadas dentro de la oportunidad procesal, sin que
se hubiera realizado una valoración caprichosa de las mismas; además, los
argumentos del recurrente plantean una apreciación errada y una indebida
interpretación de las pruebas, cuestión que escapa al ámbito de la aludida
causal de revisión.
44. Señaló que la regla según la cual aquellos temas no propuestos en el
recurso de apelación estarían llamados a excluirse del conocimiento del ad
quem no era absoluta, pues debían tenerse en cuenta las excepciones que
se derivan, por ejemplo, de las normas o principios constitucionales; de los
compromisos asumidos por la celebración y ratificación de tratados
internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, o de las normas legales de carácter imperativo, como temas
procesales que, de configurarse, se deben declarar oficiosamente. Por ello,
señaló que el principio de non reformatio in pejus no es absoluto ya que de
acuerdo con la posición actual de la sección Tercera de la Corporación el
juez puede analizar la caducidad de la acción, la falta de legitimación en la
causa o la ineptitud sustantiva de la demanda, aun cuando no haya sido
advertido por el juez de primera instancia; por lo tanto, la decisión de declarar
la caducidad no contraviene el principio de non reformatio in pejus.
Concepto del Ministerio Público
45. El Procurador 1º Delegado ante el Consejo de Estado estima que el
recurso debe prosperar, debido a la nulidad originada en la sentencia por
violación del debido proceso, toda vez que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado desconoció la validez de las pruebas legal y
legítimamente aportadas al expediente, y procedió con defecto material o
sustantivo al aplicar de forma indebida la norma para contabilizar la
caducidad de la acción impetrada por el recurrente, como lo explica así:
(i) Violación al debido proceso por desconocimiento de las
pruebas allegadas al expediente.
46. Señala que el Consejo de Estado consideró que el demandante no
acreditó la condición de dueño del predio sobre el que efectuó su
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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reclamación toda vez que “no hay copia auténtica de la escritura pública y del
registro de matrícula por la que le fue transferida la propiedad, pues solo se allegó
copia simple de los citados documentos […] para la Sala dichos documentos no
tienen la virtualidad de probar ese hecho (la propiedad), puesto que las copias
aludidas no cumplen con algunos de los supuestos previstos en el artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil, para ser reconocida como auténtica. En la demanda,
de otro lado, no se solicitó ninguna otra prueba que estableciera la propiedad del
bien por el que se reclama”.
47. El Ministerio Público considera que, si bien el artículo 254 sí exige la
formalidad de la autenticación de las copias, lo cierto es que se desconoció
el carácter de documento público auténtico que, per se, tienen las escrituras
públicas a la luz de los artículos 252 y 251 del Código de Procedimiento Civil,
según los cuales el documento público es el otorgado por funcionario
público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se denomina
escritura pública cuando el documento es otorgado por un notario o quien
haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. Estos
documentos públicos se presumen auténticos, mientras no se comprueba lo
contrario mediante tacha de falsedad. Que así mismo se presumen
auténticos los certificados de libertad y tradición a menos que sean tachados
de falsos dentro de un proceso donde se aporten como prueba, caso que no
fue el que aquí ocurrió.
48. Advirtió que la Sección Tercera no valoró las copias de la escritura
pública, pero sí un documento privado suscrito entre las partes por medio del
cual en el año de 1985 acordaron una cesión o donación de una parte del
terreno del demandante al municipio de Madrid, porque se reputaba
auténtico, teniendo en cuenta que no había sido tachado de falso.
49. Señala que para la fecha del fallo estaba vigente el artículo 11 de la
Ley 1395 de 2010, por medio de la cual se adoptaron medidas en materia de
descongestión judicial, artículo que modificó el inciso 4o del artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil al señalar que “En todos los procesos, los
documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes,
presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial
con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación
personal ni autenticación”.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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50. Explica que en el proceso ordinario ninguno de los documentos fue
tachado de falso, por lo que debieron ser valorados conjuntamente y, si en
caso de tener alguna duda sobre su autenticidad, el Consejo de Estado
hubiera podido aplicar el artículo 169 del C.C.A. que autorizaba las pruebas
de oficio para el esclarecimiento de la verdad. Al no haber valorado tales
pruebas ni haber decretado pruebas de oficio el Consejo de Estado incurrió
en un defecto factico y procedimental por exceso ritual manifiesto que se
tradujo en una vulneración del derecho al debido proceso y de los principios
de confianza y buena fe; se desconoció el derecho de propiedad que el
demandante tenía en el predio respecto del cual formuló su reclamación, y
solo se tuvieron en cuenta los efectos jurídicos derivados de un acto
imperfecto del cual erróneamente se derivó la posesión de un bien por parte
del Estado, confundiendo la entrega material del mismo con la posesión,
decidiendo el caso sin el apoyo probatorio de las escrituras públicas y
privilegiando la ritualidad sobre la justicia material.
(ii) Defecto material o sustantivo consistente en la aplicación de
forma indebida de la norma para contabilizar la caducidad de la
acción de reparación directa
51. Precisó que tres meses antes de que se profiriera la sentencia
recurrida, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 9 de febrero
de 2011 (Exp. 2008-00301-01 38271), estableció la forma de contabilizar la
caducidad en los casos de procesos por ocupación de bienes inmuebles, así:
52. “La jurisprudencia de la sala distingue dos supuestos, en lo que tiene que ver
con la ocupación temporal o permanente de inmuebles, en los eventos en que la
ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con
vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercicio de la acción de
reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual
el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor
conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento
anterior, por otra parte, cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el
término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se
entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma
sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha
tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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misma”. (Negrillas del Ministerio Público).
53. Que en el presente caso, la sentencia recurrida tomó como punto de
partida, para contar la caducidad, la iniciación de las obras de cerramiento y
empradizado en la propiedad del demandante en febrero de 1997 y a partir
de ese momento computó los dos años para instaurar la acción de
reparación directa, considerando que el daño se consolidó cuando las obras
comenzaron, y no cuando terminaron en el año 2003. El Consejo de Estado
no tuvo en cuenta que las obras se ejecutaron para que perduraran a lo largo
del tiempo, es decir, la ocupación tuvo vocación de permanencia en un
terreno de propiedad del demandante convertido en un parque de la
comunidad; por lo tanto, la decisión de la Sección Tercera tuvo una
interpretación contraria a su propia jurisprudencia unificada que definió el
término de duración de una ocupación de inmuebles, hasta que la misma
cesa. En este caso no se analizaron con detenimiento todos los testimonios
ni las demás pruebas, como los contratos de obra celebrados en 1996 y
2003 que daban cuenta tanto del inicio de las obras como su culminación.
Por esta razón se vulneró el debido proceso y se incurrió en una causal de
nulidad de la sentencia recurrida, porque los vicios se consolidaron al
momento de proferirla.
54. Sobre el fondo de la controversia, el Ministerio Público precisó que el
31 de julio de 1979, el señor Méndez cedió a favor del municipio de Madrid
(Cundinamarca) un lote de 1.000 mts2, por medio de escritura pública N°
32251. Que el 21 de mayo de 1996, mediante la escritura pública N° 0362, le
cedió otra franja de terreno al mismo municipio, por 2.075 mts 22. Que en
marzo 13 de 1985, mediante documento privado, acordaron, entre las
mismas partes, que el señor Méndez le donaría o cedería al municipio un lote
de terreno de 1.717 mts2, para que el municipio construyera un parque y
calles peatonales a favor de la población; ese mismo día procedieron a la
entrega material del inmueble, pero nunca llegaron a formalizar dicho acto, a
pesar de que se requería elevar a escritura pública y registrar en la oficina de
instrumentos públicos para tener todos los efectos jurídicos, entre ellos, la
propiedad del predio, conforme con los artículos 1443 y 1458 del Código
1
Número catastral 01-1-003-060-963.
2 Número de matrícula 50C-22393 (número catastral 01-01- 003-0010-000).
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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Civil.
55. Del anterior recuento, el Ministerio Público indica que el municipio de
Madrid, solo contaba con la propiedad de los terrenos legalmente donados o
cedidos (de 1.000 mts2 y de 2.075 mts2), mientras que los 1.717 mts2 no eran
de su propiedad, porque no se formalizó su entrega material, sin embargo,
procedió a trabajar en el terreno conformado por la suma de todos estos
predios para construir un parque y unas calles en el sector, ejecutando la
obra pública consistente en el cerramiento y empradizado de esos predios,
cuyos trabajos iniciaron en 1997 quedando pendiente una zona en forma de
“L” del terreno por cerrar, la cual se vino a culminar hasta finales del mes de
marzo del año 2003. Que, a pesar del cerramiento inicial, el señor Méndez
podía continuar accediendo a sus demás lotes de terreno respecto de los
cuales se hallaba construyendo una urbanización, pero cuando en el año
2003 se concretó el cerramiento total del área en mención y no pudo acceder
a sus urbanizaciones, demandó al municipio en el año 2003, reclamando el
área cedida pero no formalizada, así como otras áreas más, hasta un tope
aproximado de 4.000 mts2.
56. Señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda porque como la cesión del predio que se hizo en
1985 no se había elevado a escritura pública, ese acto no podía tener
efectos jurídicos y, por ende, el demandante seguía siendo el titular del
derecho de dominio sobre ese terreno y debía indemnizarse. Por ello,
condenó al municipio de Madrid y al departamento de Cundinamarca, el cual
llegó a ser parte de ese litigio porque en el año 2003 auspició las obras para
terminar el cerramiento del parque.
57. Indica que el demandante apeló la decisión porque el monto de la
condena no cubría los 4.000 mts2 que reclamaba. Que los demandados no
apelaron, por lo tanto subió al Consejo de Estado para conocer de la
apelación y del grado jurisdiccional de consulta.
58. El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal, porque
consideró que el hecho que no se hubiera formalizado la cesión no implicaba
que este acto no produjera efectos jurídicos. Desconoció el valor probatorio
de todas las escrituras públicas allegadas al plenario y solo valoró la minuta
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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suscrita entre las partes en 1985 de la que indicó que el municipio de Madrid,
en virtud de la entrega material del inmueble cedido, se había convertido en
un poseedor, por lo que al proceder al cerramiento del lote, estaba ejerciendo
actos de señor y dueño. El Consejo de Estado consideró que si el
demandante había permitido el cerramiento del terreno en 1997, generando
una confianza legítima en el municipio, no podía reclamar por el resto del
cerramiento efectuado en el año 2003, pues él mismo había dado pie para
que el Estado actuara como procedió.
59. Para el Ministerio Público el Consejo de Estado no podía desconocer
el valor probatorio de las escrituras ni declarar la caducidad de la acción,
porque del predio de 1.717 mts2, el municipio de Madrid no puede reputarse
poseedor, sino que se constituyó en un mero tenedor, pues una entrega
material de un bien no hace per se poseedor del mismo a quien la recibe. En
este caso el municipio sabía a ciencia cierta que el dueño seguía siendo el
propietario en tanto no habían cumplido con el “título”, ni con el “modo” para
efectuar la tradición del inmueble, al punto de que por esa razón le insistió al
dueño en el año 2003, que formalizaran y protocolizaran dicha situación, es
decir, no tenían el ánimo de señor y dueño. Aunque el municipio hizo el
cerramiento, en todo caso le cobró impuestos al señor Méndez entre los
años 1997 y 2002 del predio cedido en 1979 y el identificado con el número
catastral 01-02-0099- 0001-000 (folio 180 del expediente).
60. Señaló que el municipio no era un poseedor regular pues, conforme
con los artículos 264 y 265 del C.P.C., no tenía justo título, porque sabía que
la propiedad no se le había transferido por medio de una escritura pública; ni
tampoco alcanzó a adquirir la propiedad del bien por medio de la prescripción
adquisitiva de dominio o usucapión, ya que como no tenía un justo título, le
tocaba reclamar la posesión quieta y pacífica por 20 años, (es decir desde
1985 a 2005), término que se vio interrumpido en el año 2003 cuando el
demandante efectuó la reclamación.
61. Considera que la sentencia recurrida incurre en una contradicción al
señalar que el señor Méndez no podía venir en contra de sus propios actos,
pues había generado una confianza en el municipio, porque no reclamó la
ocupación que empezó en 1997, pues, si un poseedor se considera legítimo
dueño en virtud del justo título que cree que tiene, entonces no tendría por
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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qué esperar nada del legítimo propietario, y en consecuencia no tiene sentido
que confíe en su aceptación, tolerancia, consentimiento o beneplácito. De
manera que no se puede afirmar que como una vez se le permitió a la
administración el inicio de unas obras de cerramiento, el dueño lo tendría
tolerar por siempre. Además, los demandados nunca adujeron ese principio
general y por otra parte el demandante no se opuso a ese cerramiento,
simplemente porque en ese momento no le interrumpía la entrada a sus
demás predios.
62. Señala que el principio argüido por el Consejo de Estado del “non
venire contra factum propium”, no tiene una aplicación absoluta, sino residual,
es decir, que solo puede ser utilizado cuando no existan otros modos de
resolver una controversia, o dicho de otra forma, solo se activa ante la falta
de una ley que haya previsto la solución al caso, que no es lo que aquí
ocurre, por cuanto ante la ocupación de un bien inmueble por vías de hecho,
el legítimo propietario puede recurrir a las vías legales en virtud de la acción
o medio de control de reparación directa, para remediar la situación irregular
que se generó; cita la sentencia de la Corte Constitucional C-284 de 2015
sobre los límites de los principios generales del derecho.
63. Asegura que aunque el demandante no podía reclamar la
indemnización por los 4.000 mts2, sí lo podía hacer por el terreno de los
1.717 mts2 que no se podía fraccionar porque era un todo, por lo tanto, sí se
debía ordenar a los demandados que indemnizaran al señor Méndez por la
ocupación permanente del inmueble desde 1997 hasta la fecha en que
terminó el cerramiento del perímetro de ese terreno destinado al parque y
calles del municipio de Madrid en el año 2003, y ordenar que se proceda de
conformidad con lo expuesto en el artículo 220 del Decreto 01 de 1984 o
Código Contencioso Administrativo, (que fue la norma que rigió esta
controversia) para que se traslade la propiedad al municipio en cuestión3.
3 “Artículo 220. Transmisión de la Propiedad37. Si se tratare de ocupación permanente de una
propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla
funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada
obrará como título traslaticio de dominio”.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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Recurso Extraordinario de Revisión
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
64. Esta Sala Especial de Decisión, sin exclusión del integrante de la
Sección que profirió la decisión, tiene competencia para decidir el presente
recurso extraordinario de Revisión, conforme con los artículos 111 y 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4,
en concordancia con el artículo 107 ibídem5 y el Acuerdo 321 de 2014 –
compilado en el Acuerdo 080 de 2019- por el cual la Sala Plena del Consejo
de Estado reglamentó la creación de salas especiales de decisión,
encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos
contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta
Corporación6.
65. Si bien por auto del 25 de abril de 2016 el magistrado a quien le fue
repartido el recurso consideró que este se tramitaba por el Código
Contencioso Administrativo y no por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque así se desprendía
del auto del 5 de abril de 2016, lo cierto es que dicho auto lo que señaló fue
que el conteo del término de caducidad para interponer el recurso era de dos
años, pues la sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 3 de junio de 2011,
fecha para la cual estaba en vigencia el C.C.A. De manera que el recurso fue
interpuesto oportunamente el 8 de noviembre de 2012.
4 “CPACA. Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia”.
“CPACA. Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“CPACA. Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
5 “CPACA. Artículo 107. Integración y composición. (…)
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad
por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una
de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el
caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno”.
6 “Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado”.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Recurso Extraordinario de Revisión
FALLO
66. En efecto, para la Sala, la anterior consideración no significa que el
presente recurso se rija por el Código Contencioso Administrativo y no por el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
pues en virtud del artículo 308 ibidem, dicho ordenamiento comenzó a regir
el 2 de julio de 2012 y se aplica a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a su entrada en vigencia. De modo que siendo el recurso
extraordinario de revisión un nuevo proceso, y que en este caso se presentó
el 8 de noviembre de 2012, es claro que se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no por el
Código Contencioso Administrativo, aunque el proceso ordinario se haya
tramitado bajo las normas del anterior ordenamiento.
67. Por otra parte, tampoco cambia la norma que rige este proceso el
hecho que el magistrado que siguiera en turno dentro de la Sala Especial de
Decisión 16 hubiere admitido la demanda, pues lo hizo en cumplimiento a la
providencia del 25 de abril de 2016, proferida por el magistrado a quien le
correpondió por reparto el asunto, y por razones de celeridad y garantizar el
derecho de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que el recurso ya llevaba
muchos años sin que se hubiera admitido.
Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
68. El municipio de Madrid y el departamento de Cundinamarca coinciden
en señalar que el recurso fue presentando por fuera del término legal, sin
embargo, es un aspecto ya examinado por la Sala Especial, mediante auto
del 5 de abril de 2016, al resolver el recurso de súplica interpuesto contra el
auto que rechazó el recurso por extemporáneo, como se precisó en los
antecedentes de esta providencia.
69. No obstante, la Sala reitera, en esta oportunidad, que el presente
recurso fue presentado oportunamente, pues la sentencia recurida fue
proferida el 9 de mayo de 2011 y notificada por edicto fijado el 26 de mayo
de 2011 y desfijado el 30 de mayo del mismo año, por lo tanto, quedó
ejecutoriada el 2 de junio de 2011, conforme se observa a folio 372 del
expediente del proceso ordinario de reparación directa, obrante en el
plentario en calidad de préstamo. Para el 2 de junio de 2011 estaba vigente
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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el Código Contencioso Administrativo y, según el artículo 187, el término
para interponer el recurso extraordinario era de dos años siguientes a la
ejecutoria de la respectiva sentencia, por lo tanto, el demandante tenía hasta
el 3 de junio de 2013 para interponerlo. Como el recurso se presentó el 8 de
noviembre de 2012, lo fue oportunamente.
70. Si bien a este caso le son aplicables las normas procesales vigentes
para la fecha de presentación del recurso, es decir, las contenidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
porque el recurso se presentó el 8 de noviembre de 2012, bajo su vigencia,
lo cierto es que en lo que respecta a la caducidad, conforme con lo previsto
en el artículo 40 de la Ley 153 de 18877, modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso, los términos que hubiesen empezado a correr
en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con
ella.
Problema jurídico
71. En el presente asunto la Sala debe determinar si en la sentencia
proferida el 9 de mayo de 2011 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, se incurrió en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, que consiste en “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”; específicamente si se violó el debido proceso, según el
recurrente, por (i) haberse arrogado una facultad que no tenía; (ii) haber
aplicado la reformatio in pejus en la consulta; (iii) por haber efectuado una
valoración amañada y sesgada de las pruebas del proceso; (iv) por falla en
su motivación; (iv) por desestimar los documentos allegados en copia simple;
y (v) por ser incongruente.
7 “Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones (…)”.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Recurso Extraordinario de Revisión
FALLO
72. Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por el
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.
Resolución del problema jurídico
Objeto y alcances del Recurso Extraordinario de Revisión
73. Ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice
una justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien
ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio
lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se
rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos casos, de derechos
fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador
judicial.
74. Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la
decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so
pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que
fue realizada por el juez de instancia.
75. En efecto, las causales del Recurso Extraordinario de Revisión están
previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo así:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Recurso Extraordinario de Revisión
FALLO
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra
con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
76. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia del 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso
extraordinario, que, aunque el análisis se efectuó frente a las disposiciones
del Código derogado, la similitud de las causales permite reiterar en esta
ocasión dicho criterio, así:
“Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de
los vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos
que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario
que se analiza. Ciertamente, a excepción de la causal del numeral 5°,
referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se relacionan en los
numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad
analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de
juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 6°, referido a la existencia de causal de nulidad
originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).
Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del
ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el
principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada
material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue
asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la
Constitución Política”[1]. Y, precisamente, bajo ese entendimiento, en esa
misma oportunidad sostuvo que “el recurso extraordinario de revisión
conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias
ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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FALLO
cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada
material”.
A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el
recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera
acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del
caso concreto[2]. Por ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido
establecido para respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la
certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los
jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los dictados
constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P.”[3]. […]
De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible
reabrir el debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante
la cual fue resuelta esa controversia a fin de determinar la justicia de ese
pronunciamiento a la luz de estrictas causales legales”8.
77. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia,
pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos
extraordinarios9.
De la causal 5a del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
78. La censura frente al fallo proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, objeto del presente recurso extraordinario,
consiste en considerar que en dicha sentencia se incurrió en una nulidad
procesal, por violación al debido proceso.
79. Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es
necesario examinar la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp.
No.11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-
000-01027-00.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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FALLO
80. Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan
durante el trámite de una actuación, y que, por su connotación, tienen la
entidad de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. En razón a su
gravedad, el legislador estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que
todas aquellas actuaciones que se adelantaron viciadas sean invalidadas,
con el fin de salvaguardar los intereses superiores de las partes.
81. Dada su importancia en el marco de la normativa procesal,
especialmente por su función protectora, el legislador permitió que las
nulidades fueran incluidas como motivo válido para acudir ante las
autoridades jurisdiccionales en revisión, pues inclusive en la sentencia que
pone fin a los procedimientos, es posible que se presente una irregularidad
que no es subsanable.
82. En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en
la sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan
pudieron ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos o tomar la
medida que fuera necesaria para llevar a cabo un debido proceso. Así, y
como lo señaló la Sala 8 Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo
de Estado en pronunciamiento que se reitera, “para que esta causal de revisión
prospere, entre otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma
sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y
que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta;
que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas
deberían haberse alegado en su curso y no con posterioridad a él; que la causal
está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en la sentencia, que
como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser
desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los casos en los
que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción,
perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la
oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o
mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto en la
ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non
reformatio in pejus”10.
83. Para ello es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia
del 6 de febrero de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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haya configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de
algún hecho o circunstancia de carácter procesal que implique el
desconocimiento de alguna ritualidad propia de la actuación con el fin de
estudiar con claridad el vicio que se presenta, con la consecuencia que el
mismo acarrearía.
84. Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en
párrafos anteriores del 10 de marzo de 2010, señaló:
“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena[9]:
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas
están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un
proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención,
o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído
se profiere estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la
que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de
competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la causal
cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo
163 de la Constitución Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser
motivada´. […]
En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo
en aquella oportunidad[10]:
“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en
el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad
que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la
disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el
juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra
actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia en firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se
revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como
única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se
pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad
debida (numeral 5), entre otros eventos. […]
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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FALLO
Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte
jurisprudencial, esta Sala anotó [11]:
Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que
afectan la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son
los establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]
En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:
[…]
En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para
resolver el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción
o competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo
contrario el vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la
demanda o la contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión
[…]”11.
La causal de nulidad procesal alegada: falta de competencia
El recurrente sostiene que la sentencia cuestionada incurre en la causal de
nulidad del numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
según la cual “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: (…) 2. Cuando el juez carece de competencia”.
Dicha causal de nulidad está referida al desconocimiento de las reglas
procesales que determinan la competencia para tramitar y decidir el asunto,
bien sea por la calidad de las partes (factor subjetivo), la materia o el valor
(factor objetivo), el territorio (factor territorial), o por la distribución vertical de
funciones entre jueces (factor funcional).
Al tenor de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 144 del Código de
Procedimiento Civil, la incompetencia del fallador es una causal de nulidad
procesal de naturaleza saneable, a menos que la falta de competencia se
configure por el factor funcional, también llamado vertical o de instancia. En
efecto, esa norma dispone el saneamiento del vicio procesal que se
analiza “cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya
alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá
conociendo del proceso” (subraya la Sala).
La nulidad procesal alegada es aquella que, según el recurrente, se originó en
la sentencia de segunda instancia por falta de competencia del juez ad quem
para pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta y, por tanto, con plena
competencia, sobre la decisión del a quo, que fue apelada parcialmente.
En estas circunstancias, la nulidad resultaría insaneable por falta parcial de
competencia funcional, irregularidad del proceso que, según la doctrina, “se
refiere a la distribución vertical del juez de primera, segunda o única instancia,
o para conocer los recursos de casación y revisión, como si por ejemplo, un
juez municipal admitiera un recurso de apelación o de consulta, o cuando un
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp.
No.11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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FALLO
juez de circuito conoce en segunda instancia de un asunto (…) de única
instancia”12.
85. De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada
en la sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso
de apelación, sustentada en la falta de competencia del juez para decidir el
asunto, debe corresponder a la incompetencia del operador judicial por
alguno de los factores mencionados en la jurisprudencia transcrita
anteriormente.
86. Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay
otros motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del
Código General del Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra
la que no procede ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al
debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.
87. Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión
Veintidós de la Sala Plena del Consejo de Estado, al considerar : “la violación
al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En
este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice
contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento. Así
también lo entendió esta Sala Especial de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero
de 201713: ‘En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que
la nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar si lo
que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de
instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la
inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso’” 14.
88. La falta al debido proceso se configura cuando la sentencia
impugnada desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la
garantía de ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado,
ante autoridad judicial competente y según las formas propias de cada juicio;
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp.
No.11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
13 Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia del 4 de abril de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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ii) la aplicación de la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o
desfavorable, aunque aquella sea posterior, en los casos que ello sea
procedente; iii) la presunción de inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser
asistido por un abogado en aquellos casos que la ley lo indique; v) un
proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el principio del non bis in ídem; vii) la
posibilidad de presentar, conocer y controvertir las pruebas dentro del trámite
procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas providencias
condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que haya sido
obtenida ilícitamente15. Adicionalmente, también se transgrede el debido
proceso, cuando se dicta un fallo inhibitorio sin justificación o cuando se falta
al principio de congruencia.
89. En todo caso, aun bajo el amparo de invocar una nulidad
constitucional, al igual que en la invocación de cualquier causal que implique
la nulidad originada en la sentencia, se requiere que el hecho que la motiva
ocurra en la misma providencia; que se trate de una irregularidad procesal y
que sea de tal envergadura que, de no haberse presentado, la decisión a
adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este evento, que, so
pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional, se utilice el
recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o probatorio
que se dio en la instancia correspondiente.
90. Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en
sentencia del 23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en “la
expedición del fallo mismo, y no instancias o etapas anteriores, salvo “… que el
afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los
conoció cuando se dictó la sentencia recurrida” 16, comoquiera que lo contrario
desnaturalizaría la esencia de la causal, pues la norma que la consagra es
suficientemente explícita en la oportunidad de configuración. Esta concepción
impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre el instrumento de corrección
y saneamiento del proceso con el de realización de la justicia material que subyace
al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de
febrero de 2013, Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M.
P. Julio Roberto Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-
00888-00(REV).
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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puso fin a la litis”17.
91. De todo lo anterior es posible concluir que, para que sea procedente
infirmar la sentencia cuestionada en sede de revisión, con base en esta
causal de nulidad originada en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad
se origine en la sentencia o por hechos posteriores a ella, ya que no puede
darse en un momento previo, pues en tal caso las partes deben poner el
hecho en conocimiento del juez conductor del proceso, salvo que no se
pudieron invocar antes porque solo se tuvo conocimiento de ellos cuando se
dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada sea de tal entidad, que influya
en la decisión a adoptar, ello en razón a que no cualquier irregularidad tiene
la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la que la sentencia está
investida.
Caso concreto
92. El actor considera que el fallo recurrido adolece de nulidad por
violación al debido proceso, por las siguientes razones, que la Sala procede
a estudiar:
93. El recurrente desarrolla inicialmente dos argumentos que tienden a
evidenciar la violación al debido proceso por parte de la sentencia recurrida y
que tienen que ver con la declaratoria de la caducidad de la acción. El
primero de ellos, bajo el cuestionamiento que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se arrogó una facultad que no tenía al
declarar de manera oficiosa la caducidad de la acción de reparación
directa, pese a que no fue planteada como excepción por ninguna parte
procesal y, además, porque ya había sido descartada en primera instancia.
El segundo, al señalar como un error judicial el haber aplicado la
reformatio in pejus en la consulta, pues, so pretexto de una competencia
ilimitada en el grado de consulta, se desconoció que la excepción de
caducidad de la acción ya había sido negada en la primera instancia, como
resultado de la valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios
allegados al proceso.
94. Aduce que la sentencia recurrida agravó la situación del apelante
17 Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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único, el demandante, quien pretendió por medio de su recurso de alzada
que la condena a su favor se aumentara, incurriendo el ad quem en una
incongruencia manifiesta de la decisión.
95. Para la Sala, los cargos no están llamados a prosperar, por las
siguientes razones:
96. Con un enfoque procesal, la doctrina ha definido la caducidad como
un “plazo acordado por la ley, por la convención o por la autoridad judicial, para el
ejercicio de una acción o derecho”18.
97. Sobre la caducidad de las acciones contenciosas, que se encontraban
consagradas en el artículo 136 del C.C.A., ordenamiento que rigió en este
proceso ordinario de reparación directa, la Corte Constitucional, en sentencia
C-115 de 1998, precisó:
"[…]El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración
del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones,
cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de
una autoridad pública, se lesiona un derecho particular".
(….)
"La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido
abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de
extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones
consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de
derechos".
"Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la
acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si
el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin
presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin
que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos".
(….)
"La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la
acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la
inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales
requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos
imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para
la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el
límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la
18
SALVAT Raimundo, Tratado de Derecho Civil Argentino, citado por LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, Novena Edición, Dupre Editores, 2005,
Pág. 509.
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causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien,
dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos,
no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".
98. La caducidad es un fenómeno jurídico de orden público, por lo tanto,
se debe declarar de oficio cuando se encuentre probada; y por su carácter de
orden público no es susceptible de renuncia o disposición por las partes y
solo puede ser suspendida o interrumpida por disposición legal expresa.
99. Sobre el deber de declarar la caducidad de oficio, la Corte
Constitucional en sentencia C-574/98 señaló:
“[…] La caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al
término prefijado para intentar la acción judicial, de manera que una vez
transcurrido éste se produce fatalmente el resultado de extinguir dicha acción.
Por ello, la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento judicial oficioso
cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no
se descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte
[…]”.
100. El mismo Código Contencioso Administrativo en su artículo 164
disponía que “[…] en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada[…]”, de
manera que si en el fallo, luego de haber examinado todos los elementos
probatorios, se establece con certeza que sí operó la caducidad, el juez debe
declararla, así no haya sido propuesta por la parte demandada como
excepción.
101. Actualmente, en similares términos, el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que
en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada, por lo tanto, para la Sala
aunque en la audiencia inicial se haya resuelto sobre la excepción de
caducidad, si al momento de dictar sentencia, se cuentan con mejores
elementos probatorios para establecer con certeza que sí operó la
caducidad, el juez debe declararla.
102. Y esta regla, de decidir sobre las excepciones que se encuentren
probadas en la sentencia definitiva, opera tanto para primera como para
segunda instancia, de manera que si en primera instancia se resolvió sobre
la caducidad, bien a petición de parte o de oficio, el superior puede revisarla
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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también de oficio o cuando la persona perjudicada con la decisión solicita su
revocatoria mediante el recurso de apelación.
103. Sobre la facultad oficiosa del juez para declarar la caducidad de la
acción, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que
“Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez,
cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de
oficio, aún en contra de la voluntad de las partes”19.
104. Así, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado:
“[…] La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado
pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su
derecho dentro del término que señala la ley. En la caducidad deben concurrir
dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Dicho
término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo,
invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar
o no. Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que
se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. […] El Juez está
facultado para declarar de oficio la caducidad de la acción cuando quiera que,
de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, encuentre probados
los supuestos que la configuran […]”20.
105. En otra jurisprudencia precisó: “[…] el juez luego de comprobar la
estructuración de cualquier excepción deberá declararla oficiosamente, esto es, sin
necesidad de instancia de parte. Por tanto, recordando que la caducidad de la
acción se estableció como excepción en el artículo 97 del C. de P.C., la Sala
concluye que su acaecimiento se puede declarar de oficio por el juez, así no hubiere
sido alegada por el demandado. De esta forma, queda claro que sus efectos operan
ipso iure […]”21.
106. Recientemente, la Sección Tercera de la Corporación precisó:
“[…] 24. Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los
presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que
no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las
omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo
consagra el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) .
25. En este sentido se ha entendido que el juzgador de segunda instancia
tiene la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 1996-03652-01 (15983). Sentencia del 25 de febrero de
2009. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 1999-01554-01 (16699). Sentencia del 24 de abril de
2008. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009. Exp. 1995-11341-01 (17215)
M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de fondo, como
en este caso la de la caducidad, aunque no hubieran sido propuestas por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
recurrida.
[…] La caducidad, como fenómeno procesal, no admite renuncia ni
suspensión del término , el cual transcurre de manera inexorable, y como se
ha referido, debe ser declarada por el juez oficiosamente cuando se
configure. Estas premisas son universales, y no pueden escapar en su
aplicación y entendimiento para ninguna entidad o autoridad pública.
28. Es pertinente recordar que las normas de caducidad tienen profundas
raíces en el ordenamiento jurídico, en el sentido de impedir que las
situaciones conflictivas permanezcan indefinidas en el tiempo. Así, la
exigencia de respetar los límites temporales que han sido dispuestos para el
ejercicio y exigencia de los derechos, propende por la consolidación del
orden público y la paz en las relaciones sociales, y fortalece la seguridad
jurídica en favor de los asociados, a quienes, en el ejercicio de sus derechos
al debido proceso y al acceso a la justicia, se les demanda actuar con
diligencia y eficacia a fin de que sus pretensiones puedan ser resueltas con
carácter definitivo por un juez con competencia para ello. Correlativamente,
la institución de la caducidad permite a quienes son sujetos pasivos de las
demandas, tener certeza sobre hasta cuándo pueden estar sometidos a
requerimientos judiciales por una determinada causa […]”.
107. Pero además, en este caso, la Sala precisa que, contrario a lo
afirmado en el recurso de revisión, la caducidad sí fue planteada como
excepción por el municipio de Madrid en la contestación de la demanda,
como lo resumió el Tribunal, en los siguientes términos:
“[…] Finalmente, señaló que el actor ha rechazado los requerimientos de la
Administración para legalizar y elevar a escritura pública las zonas verdes
objeto de cesión por la urbanización Lusitania, como es su obligación según
las normas urbanísticas de la época, y cuyo cerramiento se efectuó en 1997,
por lo que en todo caso se encuentra caducada la acción para reclamar
cualquier indemnización por este hecho. Como excepción presentó la de
CADUCIDAD DE LA ACCION, bajo los argumentos ya referidos […]”
108. El Tribunal declaró no probada la excepción de caducidad de la acción
de reparación directa por las siguientes razones:
“[…] Finalmente, la acción de reparación directa no ha caducado, pues si
bien las obras para la construcción del parque infantil fueron iniciadas el 14
de febrero de 1997, según acta de iniciación de obra visible a folio 70 del
cuaderno No.1, y fueron entregadas, según el municipio de Madrid, el 4 de
agosto de 1997, lo cierto es que las obras para el encerramiento, terminación
y empradizada del mismo se contrató por el Departamento de Cundinamarca
el 19 de noviembre de 2002, con una duración de 120 días a partir de la
suscripción del acta de iniciación de obras (cláusula cuarta), obras que de
conformidad con el testimonio del arquitecto Fabio Humberto Muñoz,
contratista para la construcción del cerramiento total del parque, fueron
entregadas en marzo de 2003 (fl. 105, C.2), mientras que la demanda fue
presentada el 19 de septiembre de 2003 […]”.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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109. En lo de fondo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Madrid por
la ocupación, por causa de obra pública, de un terreno con área de 1.519
M2, perteneciente al señor Manuel José Méndez Rodríguez y condenó al
municipio al pago de $240.867.971,oo M/cte. por concepto de daño material;
y absolvió al departamento de Cundinamarca.
110. Ahora bien, tampoco cambia el deber de declarar de oficio la
caducidad si se encuentra probada, el hecho que esta excepción no haya
sido un tema de apelación, porque el único apelante fue el demandante, cuya
inconformidad fue no haber condenado al municipio “[…] específicamente en lo
referente al valor de los 861.40 M2. que se encuentran ocupados por las vías
públicas y que determinó muy claramente la perito designada en su experticia y que
en la Sentencia se deja de lado con el argumento de no haberse solicitado ese
punto en la parte del petitum de la demanda y que solamente la condena abarca el
encerramiento que ilegalmente efectuó la parte demandada respecto a la zona del
parque infantil. Con el Recurso interpuesto se pretende que la Providencia se
reponga para adicionarla incluyéndose este punto que debe ser materia de condena
no solamente por estar claramente demarcada en el dictamen pericial como de
propiedad del accionante, sino que además es susceptible de cuantificarse en
dinero precisamente por ser un terreno adyacente o contiguo al que se encerró
arbitrariamente de una extensión de 1519 M2 […]”22.
111. Y aunque la caducidad no fue motivo de apelación, conforme a lo
considerado anteriormente, el Consejo de Estado podía declararla de oficio
al encontrar, según su análisis fáctico y probatorio, que se había configurado,
razón por la cual se desvirtúa la falta de competencia de la Sección Tercera
para declarar la caducidad de la acción de reparación directa.
112. Pero además, el tema de caducidad fue objeto de pronunciamiento en
la sentencia recurrida, por cuanto se resolvió en primer término el grado de
consulta, teniendo en cuenta que el Tribunal en el numeral 9 de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia dispuso que en caso de no
ser apelada se remitiera al Consejo de Estado para surtir el grado
jurisdiccional de consulta.
113. En efecto, al iniciar las consideraciones de la sentencia recurrida, la
22 Folio 162 del cuaderno ordinario de reparación directa, obrante en préstamo.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consideró que la
Sala debía decidir el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 7 de febrero
de 2007, como se había señalado en el auto del 25 de mayo de 2007, que
admitió el recurso de apelación y avocó el conocimiento del grado
jurisdiccional de consulta, que procedía conforme con el artículo 184 de
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la ley
446 de 1998. Lo anterior, porque se consideró que se había declarado
responsable en primera instancia a una entidad pública, con una condena
mayor de 300 salarios mínimos legales mensuales y la sentencia no fue
apelada por ella. Precisó que en este caso, a la fecha de presentación de la
demanda, el proceso era de doble instancia, de acuerdo con la cuantía de las
pretensiones y la condena establecida por el Tribunal.
114. La sentencia recurrida también advirtió que, conforme con la Ley 794
de 2003 que reformó el artículo 336 del C. de P.C., se suprimió la ventaja de
la no reformatio in pejus respecto del favorecido con la consulta, al
adicionarse el inciso 2 con la siguiente frase: “No obstante, el superior al revisar
el fallo consultado, podrá modificarlo sin límite alguno” y concluyó:
“[…] Así las cosas, esta Sala tiene competencia para revisar el fallo del a quo
no sólo en relación con los aspectos objeto del recurso interpuesto, sino
respecto de todos los elementos que dieron lugar a la imposición de la
condena en contra de la entidad demandada, pudiendo, en consecuencia,
modificar dicho fallo sin limitación alguna, aun agravando la situación de ésta
última o la del apelante, dado que el trámite conjunto del recurso y de la
consulta inhibe, para ambas partes, la aplicación del principio de no
reformatio in pejus, que, en principio, operaría para el apelante único, en
virtud del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, y para la entidad
demandada, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual la consulta se surte en favor de la
administración, principio que seguirá operando únicamente para el evento de
la apelación, cuando se trata de único apelante.
[…]
Por razones metodológicas es conveniente estudiar, en primer lugar, la
consulta surtida en favor del municipio de Madrid, pues, de llegar a
prosperar, buena parte de los argumentos del recurso de apelación
expuestos por el actor perderían su razón de ser, de manera que esto
justifica que se aborde en este orden el estudio del proceso en esta instancia
[…]”.
115. En este orden de ideas, el Consejo de Estado abordó inicialmente el
estudio de las pruebas documentales aportadas al proceso por las partes y
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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de allí concluyó que el señor Manuel José Méndez Rodríguez no acreditó la
condición de dueño del inmueble afectado y sobre el que basaba sus
pretensiones, lo que generaba la falta de legitimación en la causa por activa.
116. Luego señaló que “ […] a la falta de legitimación por activa, se le suma la
presencia en este caso del fenómeno jurídico de caducidad de la acción, por lo que
la Sala entrará al estudio de este tema”.
117. Bajo ese derrotero, la sentencia recurrida declaró la caducidad de la
acción previas las siguientes consideraciones:
“[…]
En ese orden de ideas, la parte actora tenía hasta el 5 de agosto de 1999,
para presentar la demanda, como quiera que, al 5 de junio de 1997, el
municipio reanudara las obras de construcción y cerramiento sobre el
inmueble que afirma el demandante ser de su propiedad.
Considera la Sala que no le asiste razón al a quo, en el sentido de afirmar
que la acción no se encontraba caducada, porque si bien es cierto que el
encerramiento, terminación y empradizada del parque se concluyó en marzo
de 2003; también es cierto que el hecho que se imputa a la administración.,
como lo es la ocupación ilegal y arbitraria del referido inmueble, se consolidó
desde el momento en que se inició la construcción del Parque infantil, esto
es en el mes de junio de 1997.
[…]
En lo que toca con la ocupación permanente de inmueble con ocasión de
trabajos públicos, el término para accionar se empieza a contar desde el
momento en el cual se consolida la ocupación, es decir, desde cuando se
realiza la obra; presupuesto que aplicado al caso que ahora se decide
permite concluir que, en el hipotético caso de haberse dado la ocupación
que se reclama, esta tuvo ocurrencia en el año 1997, y no en el año de
2003, como lo entendió el a quo, pues estas últimas obras de encerramiento
efectuadas en el Parque Infantil del barrio “Lusitania”, eran “connaturales a
la noción de ocupación permanente” que ya venía ejercitando el municipio
de Madrid en el citado predio. Como esta demanda fue presentada el 19 de
septiembre de 2003, es decir, cuando ya había transcurrido el término de
dos años para intentar la acción de reparación directa que concede el art.
136 del C.C.A., se configuró el fenómeno procesal de la caducidad. En ese
orden de ideas, no es posible realizar un pronunciamiento de fondo en el
asunto en examen, dada la inexistencia del presupuesto de la acción,
demanda en tiempo”.
118. De lo narrado esta Sala de Decisión considera que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la sentencia recurrida no violó el
debido proceso, pues ciertamente, contaba con toda la competencia
funcional para decidir de manera oficiosa sobre la caducidad.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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119. En efecto, no solo porque, como se señaló, la caducidad es de orden
público y debe ser declarada de oficio cuando se prueba, sino porque la
Sección Tercera, en el marco del grado jurisdiccional de consulta podía
entrar a resolver si la demanda de reparación directa había sido presentada
en tiempo o la acción estaba caducada.
120. Ciertamente, la consulta es un mecanismo jurídico consagrado en la
ley, de manera taxativa, en favor de ciertos sujetos procesales para que el
superior jerárquico del funcionario judicial que ha emitido una sentencia
desfavorable a sus intereses revise la decisión, con el fin de asegurar el
acierto de esta en derecho. Este grado jurisdiccional, cuando la ley lo
consagra, es obligatorio para el funcionario de conocimiento de someter a su
superior funcional la decisión, para que este la confirme, modifique o
revoque, conforme a su revisión.
121. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, la consulta no es un
recurso en estricto sentido, sin embargo, “cuenta con una estrecha relación con
los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble instancia, sin que a la
misma le sean aplicables todos los principios y garantías de la apelación, tanto así,
que el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el
principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una
revisión del fallo”23.
122. En efecto, si bien el artículo 31 de la Constitución Política24 proscribe
la reformatio in pejus, o reforma en perjuicio, tratándose de “apelante único”,
pues su finalidad es “permitir el libre ejercicio de los recursos, sin que por el
hecho de la impugnación se deriven efectos nocivos para el apelante único,
respecto de las situaciones ventajosas reconocidas por el juez de primera
instancia”25, lo cierto es que en el grado jurisdiccional de consulta la
competencia del ad quem no está limitada por el principio de la no reformatio
in pejus. Se trata de un control integral de la decisión de primera instancia
con el fin de corregir los posibles errores que se hubieren podido cometer.
23 Corte Constitucional, sentencia C-424 de 2015.
24
Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de octubre de
2014, Exp. 2010-01284-00 (REV), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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123. Como lo recordó la Corte Constitucional en la citada sentencia C-424
de 2015:
“[…] Esta Corporación en la sentencia C-583 de 1997 al examinar la
constitucionalidad una disposición del Código de Procedimiento Penal,
expresó en lo atinente a la relación de la consulta y la prohibición de reforma
en perjuicio, que:
“Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión
determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo
del inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no
estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 de la
Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión
consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello
norma constitucional alguna. La autorización que se otorga en el
precepto demandado al superior para que al decidir la consulta se
pronuncie "sin limitación" alguna sobre la providencia dictada por el
inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia esencia se
deriva la capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar
íntegramente la providencia consultada con el único objetivo de
corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera
instancia. De esta manera se busca evitar que se profieran decisiones
violatorias no sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro
precepto constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la
sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El propósito
de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia
es fin esencial del Estado.” (Subrayas fuera de texto)[…]”.
124. Así las cosas, para la Sala es claro que, ante la competencia otorgada
por el grado jurisdiccional de consulta, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado podía declarar la caducidad de la acción, aun
en perjuicio del demandante, pues debía corregir o enmendar el error jurídico
que, según su análisis, evidenció en el fallo consultado, en relación con la
oportunidad de la demanda de reparación directa.
125. Por las anteriores razones no tiene vocación de prosperidad los
argumentos sobre los que basa el recurrente la violación al debido proceso
por parte de la sentencia recurrida y que tienen que ver con la declaratoria de
la caducidad de la acción.
126. Ahora bien, la Sala debe precisar que la controversia planteada por la
parte actora que considera erróneo el conteo del término que tomó el fallo
recurrido para establecer la caducidad de la acción, y que, según su
posición, este plazo debe iniciar a finales del 2002 y no desde los años 1996
y 1997, como lo determinó el Consejo de Estado, al tener aparentemente
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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como referencia la Escritura Pública No. 0632 de 1996 por medio de la cual
se cedió un terreno por parte del actor a favor del municipio de Madrid, en el
sector del parque infantil del barrio Lusitania, y considerar que desde esa
fecha ocurrió el cerramiento, corresponde a argumentos que implicarían
hacer un juicio interpretativo respecto de la valoración probatoria, fáctica y
jurídica que efectuó el Consejo de Estado en el fallo recurrido, aspectos que
escapan del objeto y naturaleza del recurso extraordinario de revisión. La
Sala considera necesario reiterar que el recurso extraordinario de revisión no
tiene por objeto ni puede ser empleado para debatir las consideraciones
jurídicas del juez natural de la causa y reabrir un debate propio de la
instancia, como es lo que pretende en este asunto el recurrente.
127. Tan cierto es lo anterior que el recurrente, en otro aparte de su escrito,
acusa a la sentencia de haber efectuado una valoración amañada y sesgada
de las pruebas del proceso; pues señala que además de poner en duda la
calidad y legitimidad de propietario del terreno materia de la acción, el
Consejo de Estado ignoró la prueba pericial y el testimonio del señor Fabio
Muñoz, que demostraban que el cerramiento del parque infantil ocurrió a
finales del mes de Marzo de 2003 en cumplimiento del contrato celebrado
con la gobernación de Cundinamarca; al paso que dio total credibilidad a las
declaraciones de las personas residentes del lugar que estaban parcializadas
a favor del mencionado municipio.
128. En este mismo sentido, para la Sala, los argumentos planteados por el
Ministerio Público, en su concepto, al acusar a la sentencia de haber
incurrido en defecto material o sustantivo consistente en la aplicación de
forma indebida de la norma para contabilizar la caducidad de la acción de
reparación directa, de no haber analizado con detenimiento las pruebas
allegadas al proceso y de tener una interpretación contraria a su propia
jurisprudencia sobre el término caducidad frente a la duración de una
ocupación de inmuebles, no corresponden a vicios procesales de la
sentencia sino a argumentos tendientes a que se reexamine la situación
fáctica y jurídica del proceso ordinario y confrontarlo frente a lo analizado por
el Consejo de Estado, y de esta manera que el recurso sea una tercera
instancia, lo cual no es propio de este medio de impugnación.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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129. Por otra parte, es importante recordar que el desconocimiento del
precedente judicial no puede considerarse como un presupuesto
configurativo de la causal quinta de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consistente
en existir nulidad originada en la sentencia, como lo precisó la Sala 13
Especial de Decisión en sentencia del 7 de abril de 201526:
“[…] Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del
precedente judicial –esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva
sentencia o sentencias que tengan la entidad de precedente-, la legislación
prevé el denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda instancia proferidas
por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los términos de los
artículos 256 a 268 del CPACA.
De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
tendría cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar
la aplicación de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en
los términos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005, con el fin de proteger el derecho fundamental de igualdad.
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción
de tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento
del precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al
considerar que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo
judicial idóneo para atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no
fue previsto por el legislador como una causal de dicho recurso .
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del
recurso extraordinario de revisión […]”.
130. Así las cosas, como no es posible, a través de este mecanismo
excepcional, hacer un estudio sobre la jurisprudencia aplicable al caso, pues
ello no corresponde a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, la
Sala se releva de analizar los planteamientos esbozados por el Ministerio
Público para verificar si la caducidad de la acción estuvo bien o mal
declarada, aspecto que, además, implicaría hacer un análisis sobre el
ejercicio interpretativo efectuado por el Consejo de Estado en la sentencia
recurrida, lo cual no es propio de este medio impugnativo.
131. Ciertamente, la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia
se refiere a aquellas irregularidades procesales previstas en la ley como
causales de nulidad o que constituyan violación del debido proceso, como
26
Criterio reiterado en sentencia del 4 de agosto de 2020, Sala Especial de Decisión 2, Exp. 2016-
03553-00.
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
Recurrente: MANUEL JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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por ejemplo pretermitir la etapa probatoria, pero, so pretexto de aducir una de
ellas, no es permitido reabrir debates jurídicos o probatorios, como lo
pretende ahora el recurrente y el Ministerio Público, frente al análisis
efectuado por el Consejo de Estado sobre qué pruebas debían tenerse en
cuenta o sobre cómo debían valorarse para contar el término de caducidad
de la acción. Por las anteriores razones no prospera este cargo de nulidad
originada en la sentencia.
132. Violación al debido proceso por falla en su motivación, pues, según
el recurrente, en la sentencia recurrida no se tuvieron en cuenta los
fundamentos fácticos y jurídicos esgrimidos por la parte demandante y por el
contrario, en el fallo imperó la subjetividad sobre la realidad y el
resentimiento por la acción de tutela que se instauró y que ordenó dar
prelación de fallo, por la enfermedad grave que padecía el actor.
133. Para la Sala este cargo no está llamado a prosperar. De la lectura del
fallo recurrido la Sala advierte que el Consejo de Estado contiene una
motivación suficiente sobre el régimen de responsabilidad por ocupación
temporal o permanente de inmuebles de dominio privado por causa de
trabajos público o por cualquier otra causa, basada en normas y en
jurisprudencia. Asimismo, justificó las razones por las cuales estudiaría en
primer lugar la consulta surtida en favor del municipio de Madrid. A partir de
allí, enlistó el material probatorio allegado al proceso para establecer, de
acuerdo con las pretensiones de la demanda, la propiedad del inmueble, de
lo cual concluyó que los documentos aportados al plenario no tenían la
virtualidad de probar ese hecho (propiedad), “[…] puesto que las copias
aludidas no cumple con algunos de los supuestos previstos en el artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil, para ser reconocida como auténtica. En la demanda,
de otro lado, no se solicitó ninguna otra prueba que estableciera la propiedad del
bien por el que se reclama […]”. Con base en dicho análisis consideró que se
estructuraba la falta de legitimación en la causa por activa por cuanto el actor
no había acreditado la condición de dueño del inmueble afectado.
134. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado fue declarar la
caducidad de la acción, previa revocatoria de la sentencia de primera
instancia. En este sentido, la sentencia recurrida hace una valoración de los
testimonios practicados dentro del proceso, entre ellos, el del señor Fabio
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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Humberto Muñoz quien celebró el contrato de obra con la Gobernación de
Cundinamarca, para una parte del encerramiento del parque de Lusitania;
también se valoraron los testimonios de varios residentes del barrio Lusitania
quienes depusieron sobre la historia del encerramiento del parque y un
documento suscrito en 1985 entre la alcaldesa del municipio de Madrid, el
personero municipal y el señor Manuel Méndez que contenía la cesión de
unas zonas de terreno destinadas para el parque y la calle peatonal de la
Urbanización Lusitania Segundo Sector.
135. Sobre dichas pruebas el Consejo de Estado consideró:
“[…] Lo consignado en el documento en cita es corroborado por los testigos
MARIA ISABEL FORERO DE TOVAR y JUAN SEFA AREVALO CAMELO,
personas residentes en el sector, defensoras de la comunidad,
pertenecientes a la junta de acción comunal del Barrio “Lusitania”,
fundadoras prácticamente de la citada urbanización, conocedoras de primera
mano de la situación arquitectónica del Barrio, quienes declaran en forma
clara, coherente y precisa, movidas solamente por la defensa de los
intereses de la comunidad y de su Barrio, relatando con lujo detalles las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el cerramiento y
construcción del citado Parque infantil, señalando que dichos terrenos fueron
cedidos por el demandante MANUEL JOSE MÉNDEZ RODRIGUEZ, en el
año de 1985 al municipio de Madrid. Que ese Parque siempre ha estado ahí,
“que la comunidad al ver que tenían un parque que servía solo para Ganado,
para delincuencia y drogadicción, optamos por pedir la colaboración al doctor
ALBERTO DIMATE que nos ayudara para encerrar el parque y nos quedó un
ala sin encerrar”. Que el primer cerramiento del Parque se hizo siete (7)
años atrás y la parte que quedó sin encerramiento, una parte pequeña en
forma de ele, se terminó de encerrar en el año 2003, con ayuda del
Departamento de Cundinamarca.
Es más la parte demandante en su escrito de demanda acepta en el hecho 4
del escrito de demanda que “el señor Manuel J. Méndez Rodríguez, se
comprometió en minuta de fecha 13 de marzo de 1985 a cederle al Municipio
de Madrid el 20% del terreno del segundo sector de Urbanización “Villa
Lusitania” con destino al parque infantil, constituyendo un área de 1.972 m.2
siempre y cuando hubiese podido terminar el proyecto urbanístico “Villa
Lusitania” Segundo Sector”; pero pese a lo anterior “la administración
municipal de Madrid no cumplió con lo acordado o estipulado (…) puesto
que se dedicó a torpedear su desarrollo (…) le impidió al urbanizador
Méndez Rodríguez, continuar con su proyecto, ante lo cual todo quedó
paralizado y el urbanizador le tocó posteriormente hacerle un giro a tal
proyecto comprometiendo en venta esos terrenos hasta quedar finalmente
con una parte pequeña de su propiedad, incluyendo aquella parte del parque
infantil, puesto que ya no estaba obligado legalmente a mantener su oferta
de cesión de tal terreno”.
Está probado dentro del proceso que el desprendimiento de los 1519 m.2, o
del área que fuese, para la construcción del parque infantil, ocurrió como
consecuencia de la cesión que hizo de manera voluntaria el demandante al
municipio de Madrid, en el año de 1985, y desde ese momento el municipio
de Madrid ha venido detentando la posesión material de esos terrenos, tal
Exp. 11001-03-15-000-2012-02124-00
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como de manera expresa se hizo constar en el documento en donde se
consignó la cesión, sin que exista prueba en el expediente que demuestre
que dicha posesión material hubiese sido revertida al demandante, sino que
aquella continuó radicada en cabeza del municipio de Madrid desde esa
fecha hasta el día de hoy, en donde en la actualidad funciona el Parque
Infantil del Barrio “Lusitania”.
Tan cierto es lo anterior, que en el año de 1996, el municipio de Madrid
celebró Contrato de Obra Pública No 085 de 1996 , cuyo objeto era la
ejecución por el sistema de precios unitarios de todas las obras necesarias
para la construcción del parque infantil del Barrio “Lusitania”, obras que se
ejecutaron y terminaron en el año de 1997, sin que el demandante se
hubiese opuesto a dicha construcción, alegando que los terrenos en donde
se construía el cerramiento eran de su propiedad, quedando en esa
oportunidad una parte pequeña sin encerramiento, porque según el dicho de
las personas que rindieron testimonio dentro del proceso, los recursos para
encerramiento se agotaron , y sólo hasta el año 2003, se terminó el
encerramiento con aportes de recursos por parte del Departamento de
Cundinamarca.
[…]
Entonces resultaba muy importante, a la hora de deducir responsabilidades,
por las declaraciones de voluntad consignadas en el documento fechado el
13 de marzo de 1985, las que sin duda debían someterse a la buena fe y a la
confianza de los destinatarios y de los expedicionarios de las mismas, pues
faltando una y otra se podían deducir responsabilidades de tales
declaraciones y la única manera de dejar sin efecto tales declaraciones, es
decir, si existían inconformidad por parte del demandante con la actitud del
municipio de Madrid en el cumplimiento de sus obligaciones, y en especial
con las asumidas para la puesta en marcha de la Urbanización “Villa
Lusitania”, era ejercitando las acciones administrativas o judiciales
orientados a dejar sin efecto ese compromiso precontractual, mas no por
esto, podría decirse o alegarse olímpicamente que como el contrato de
cesión no se perfeccionó, aquel no producía ningún efecto jurídico, lo cual
no es cierto, tal como se acaba de exponer.
Para la Sala, resulta inaceptable la conducta desarrollada por el actor, quien
durante el proceso de negociación que inicia con el municipio de Madrid
tendiente a lograr el pago de los terrenos que reclama en este proceso,
acepta que efectivamente suscribió un documento en donde cedía a favor
del municipio el área donde se construiría el Parque infantil (1972 m.2), pero
como dicha cesión no se materializó y esa parte del terreno figura todavía “a
nombre del señor Manuel José Méndez Rodríguez, entonces su legítimo
propietario renunciaría a dicho predio a cambio del lote de terreno que el
profesor Méndez Rodríguez, cedió al municipio en la zona adyacente (…) y
adicionalmente se compromete a efectuarle la Escritura Pública de la zona
libre del costado oriental”, que serían los 1.519 m.2 a que se refiere la
sentencia y que los testigos afirman que es el terreno en forma de ele que
quedó sin encerramiento en el año de 1997. Pero como dicha negociación no
se materializó, inicia proceso judicial, pretendiendo hacer creer que el
municipio lo despojó de manera ilegal y arbitraria del lote en donde se
encuentra construido el Parque infantil.
Aquí vale la pena subrayar tal como lo expuso en alguna oportunidad esta
Corporación, que nadie puede venir válidamente contra sus propios actos,
regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum quis venire non
potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un
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derecho en contradicción con una conducta anterior, o sea, “venire contra
factum proprium non valet”. Es decir, va contra los propios actos quien
ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta
precedente, lo que significa que la pretensión que se funda en tal proceder
contradictorio es inadmisible y no puede en juicio prosperar.
[…]”.
136. Luego de hacer referencia a la jurisprudencia sobre la aplicación de la
doctrina de los propios actos y de valorar las pruebas allegadas al plenario,
el Consejo de Estado concluyó que la acción estaba caducada.
137. De lo anteriormente narrado y transcrito, para la Sala, contrario a lo
aducido en el recurso extraordinario, la sentencia recurrida tuvo en cuenta
los argumentos tanto de la parte demandante como de la parte demandada;
asimismo, valoró las pruebas recaudadas en el proceso tanto por petición del
actor como por la parte opositora, sin que se advierta alguna animadversión
hacía el demandante, o algunos móviles diferentes a fallar en derecho por
parte del Consejo de Estado, a fallar en derecho.
138. De acuerdo con lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar, pues
el hecho que la decisión recurrida no hubiera sido favorable a las
pretensiones de la demanda, no significa que no se hubiera analizado y
fallado dentro del marco planteado por la parte actora, sin que sea dable,
como se señaló en el acápite anterior, hacer un juicio de valor sobre las
consideraciones que llevaron al Consejo de Estado a decidir en ese sentido.
139. Violación del debido proceso por desestimar los documentos
allegados en copia simple. El recurrente afirma que se violó la Ley 1395 de
2010, de anti-trámites, pues, no obstante, estaba demostrado que el actor
era el legítimo propietario del terreno materia de ocupación, el Consejo de
Estado desestimó la Escritura Pública No. 3359 del 16 de julio de 1964
correspondiente a la compra de 6 fanegadas de tierra dentro del municipio de
Madrid, bajo el argumento de estar aportados en fotocopias simples. Explica
que en esa escritura se encuentra el sector del parque infantil y los 4000
metros de propiedad del actor.
140. El recurrente señala que el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el
artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, según el cual los documentos
privados que se incorporen a un expediente judicial con fines probatorios se
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reputan auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, y
sobre los cuales no haya tacha de falsedad.
141. Pues bien, para la Sala el cargo no tiene vocación de prosperidad, por
cuanto el desconocimiento del documento mencionado no fue un tema
fundamental para decidir la demanda de reparación directa.
142. Es importante recordar que para la configuración de la causal de nulidad
originada en la sentencia debe tratarse de una irregularidad de tal entidad,
violatoria del debido proceso, que tenga la fuerza suficiente para influir en la
decisión y romper la cosa juzgada de la que está investida.
143. En este caso, como se relató en el acápite anterior, el desconocimiento
de la Escritura Pública No. 3359 del 16 de julio de 1964 no fue parte de la
ratio decidendi de la sentencia impugnada, pues dicha argumentación tuvo
como propósito considerar que la propiedad del inmueble, sobre el que se
reclamaba la reparación de perjuicios por su ocupación ilegal, no estaba
demostrada en cabeza del actor, razón por la cual se estructuraba la falta de
legitimación en la causa por activa.
144. Y aunque la legitimación en la causa es un tema de suma importancia
por ser un presupuesto de la acción, lo cierto es que esta no fue la razón por
la cual se negaron las pretensiones de la demanda, sino, otro presupuesto, la
caducidad de la acción, fue lo que determinó el motivo de la decisión.
145. En efecto, la Subsección C de la Sección Tercera decidió declarar la
caducidad de la acción y negar las pretensiones de la demanda, previa
revocatoria de la sentencia de primera instancia al considerar:
“[…] Sobre el particular, y de acuerdo con el material probatorio revisado se
tiene que la ocupación permanente del inmueble en que se encuentra
ubicado el Parque infantil del barrio “Lusitania” se inició en el mes de marzo
de 1985, con la entrega voluntaria que de dichos terrenos (cesión) hizo el
demandante al municipio de Madrid, tal como se anotó en el art. 7 del
documento visible a folios 252 y 253 del cuaderno de 2ª instancia.
En desarrollo de esa entrega voluntaria que se le hizo al municipio de
Madrid, el 27 de diciembre de 1996, el municipio de Madrid suscribió con el
señor Jorge Enrique Rojas Abril, el contrato de obra pública No 085 de
199627, cuyo objeto era la construcción del parque infantil del barrio
“Lusitania”, estableciéndose como plazo de entrega de la obra sesenta (60)
27 Fls 58 a 66, cdno 1.
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días contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía. A través del
contrato No 019 de 199628, se adiciona el citado contrato, en los términos allí
indicados. El día 14 de febrero de 199729 se dio inició a las obras de
construcción del Parque infantil del barrio “Lusitania”. El contrato en cita se
suspendió y el día cinco (5) de junio de 199730, se reinician las obras de
construcción del parque, las cuales según los términos del contrato debieron
concluirse el cinco (5) de agosto de 1997.
En ese orden de ideas, la parte actora tenía hasta el 5 de agosto de 1999,
para presentar la demanda, como quiera que, al 5 de junio de 1997, el
municipio reanudara las obras de construcción y cerramiento sobre el
inmueble que afirma el demandante ser de su propiedad.
[…]
En lo que toca con la ocupación permanente de inmueble con ocasión de
trabajos públicos, el término para accionar se empieza a contar desde el
momento en el cual se consolida la ocupación, es decir, desde cuando se
realiza la obra; presupuesto que aplicado al caso que ahora se decide
permite concluir que, en el hipotético caso de haberse dado la ocupación
que se reclama, esta tuvo ocurrencia en el año 1997, y no en el año de
2003, como lo entendió el a quo, pues estas últimas obras de encerramiento
efectuadas en el Parque Infantil del barrio “Lusitania”, eran “connaturales a
la noción de ocupación permanente” que ya venía ejercitando el municipio
de Madrid en el citado predio. Como esta demanda fue presentada el 19 de
septiembre de 2003, es decir, cuando ya había transcurrido el término de
dos años para intentar la acción de reparación directa que concede el art.
136 del C.C.A., se configuró el fenómeno procesal de la caducidad. En ese
orden de ideas, no es posible realizar un pronunciamiento de fondo en el
asunto en examen, dada la inexistencia del presupuesto de la acción,
demanda en tiempo.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada declarando probada
la excepción de caducidad de la acción y negará las pretensiones de la
demanda […]”.
146. Y aunque la sentencia recurrida consideró que no estaba probada
plenamente la propiedad del inmueble objeto de la demanda, dicha
propiedad se tuvo en cuenta para efectos de analizar el tema de la cesión
de los terrenos según documento, aportado por la demandada, suscrito el
13 de marzo de 1985 en el que el señor Méndez transfiere, a título de
cesión, al municipio de Madrid las zonas de terreno destinadas para
parque y calle peatonal en la urbanización Lusitania Segundo Sector. De
allí a considerar el Consejo de Estado lo siguiente:
“[…] Está probado dentro del proceso que el desprendimiento de los 1519
m.2, o del área que fuese, para la construcción del parque infantil, ocurrió
como consecuencia de la cesión que hizo de manera voluntaria el
demandante al municipio de Madrid, en el año de 1985, y desde ese
momento el municipio de Madrid ha venido detentando la posesión material
28
Fls 67 a 69, ib.
29
Fl 70, ib.
30 Fl 71, ib.
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de esos terrenos, tal como de manera expresa se hizo constar en el
documento en donde se consignó la cesión, sin que exista prueba en el
expediente que demuestre que dicha posesión material hubiese sido
revertida al demandante, sino que aquella continuó radicada en cabeza del
municipio de Madrid desde esa fecha hasta el día de hoy, en donde en la
actualidad funciona el Parque Infantil del Barrio “Lusitania”.
[…]
Es cierto que dicha cesión no se perfeccionó en razón a que no se otorgó la
Escritura Pública respectiva, pero lo anterior no implica que no se hubiesen
producido unos efectos jurídicos, que hiciesen necesario una declaración
judicial […]”
147. De manera que el desconocimiento de los documentos, aportados por el
actor en copia simple, no fue la razón fundamental de la decisión de declarar
la caducidad de la acción, la cual, como se evidencia de las transcripciones
efectuadas, tuvo como argumento central la cesión que el demandante
efectuó de los terrenos para la construcción del parque y los efectos jurídicos
de dicha cesión, como “la entrega real y material que del inmueble en cita le hizo
el demandante al municipio de Madrid, y como consecuencia de ello el ente
territorial procedió a ejercitar actos posesorios, actos de señor y dueño sobre el
inmueble en mención, como fue el cerramiento del Parque Infantil a la comunidad
del Barrio “Lusitania ” […] es cierto que el hecho que se imputa a la administración.,
como lo es la ocupación ilegal y arbitraria del referido inmueble, se consolidó desde
el momento en que se inició la construcción del Parque infantil, esto es en el mes de
junio de 1997 […]”. Momento a partir del cual se contó el término de
caducidad.
148. Igual consideración debe hacer la Sala frente al concepto de Ministerio
Público, que considera que el recurso debe declararse fundado por violación
al debido proceso por desconocimiento de las pruebas allegadas al proceso
y que acreditaban la condición de dueño del predio del demandante, por
tratarse de documentos públicos auténticos, y que, sin embargo, solo se
tuvieron en cuenta los efectos jurídicos derivados de un acto imperfecto del
que, erróneamente, derivó la posesión de un bien por parte del Estado,
cuando se trataba de una simple entrega material del mismo, lo que
evidenció la decisión del caso sin apoyo probatorio y privilegiando la
ritualidad sobre la justicia material.
149. En efecto, la prueba sobre la propiedad del predio no fue finalmente el
tema central que influyó en la decisión, por lo tanto, la discusión sobre el
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valor probatorio de los documentos allegados al proceso y la supuesta
irregularidad en su apreciación no tendría la fuerza suficiente para romper la
cosa juzgada de la que está investida la decisión recurrida.
150. Por otra parte, la discusión del Ministerio Público sobre los efectos que
le dio el fallo recurrido a la cesión del predio efectuada por el actor al
municipio de Madrid, y el alcance de la posesión del mismo en virtud de
dicha cesión, plantea un debate sobre la interpretación que efectuó el
Consejo de Estado sobre estos hechos y su análisis frente a las
circunstancias que tuvo en cuenta para establecer el término de ocupación
del bien inmueble, aspectos que, atendiendo a la finalidad de este medio
extraordinario de revisión, no pueden ser abordados por la Sala, so pena de
incurrir en un juicio que corresponde a una instancia adicional, ajena no solo
a la causal de revisión alegada sino a la propia naturaleza del recurso
extraordinario. No prospera el cargo.
151. Violación al debido proceso por incongruencia en la sentencia.
Para sustentar este cargo, el recurrente afirma que es errada la
consideración del Consejo de Estado sobre la fecha del conteo del término
de caducidad, al establecer, con base en los testimonios, que las obras se
ejecutaron y terminaron en 1997, pues para esa fecha el cerramiento fue
parcial y no obstruía la posesión material que ejercitaba el señor Méndez
sobre el terreno de su propiedad, lo cual solo vino a ocurrir en el 2003 con el
cerramiento total. Por esta razón considera que la sentencia recurrida no es
congruente con la sentencia de primera instancia, ni con la misma
providencia.
152. Para la Sala, es evidente que el cuestionamiento de este cargo atiende
al ejercicio interpretativo efectuado por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el fallo recurrido, pues so pretexto de
alegar una incongruencia de la sentencia, la real pretensión es que se
reexamine el tema de la caducidad de la acción, lo cual no corresponde a la
naturaleza de este medio de impugnación.
153. En efecto, pese a que este cargo invoca una violación al debido por falta
de congruencia de la sentencia, lo cierto es que lo pretendido es que el
recurso constituya una tercera instancia, planteando la necesidad que sea
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esta Sala la que establezca si la actividad interpretativa del juez se ajustó a
derecho, desnaturalizando el objeto y propósito de este recurso
extraordinario.
154. La lectura de la sentencia recurrida permite observar que el fallo guardó
plena congruencia interna entre el análisis probatorio y fáctico del caso y la
decisión que se tomó, sin que pueda considerarse que, por el hecho de
haber revocado la decisión de primera instancia por haber llegado a una
conclusión diferente, constituyera una falta de congruencia en la decisión.
155. Ciertamente, para la Sala no es procedente reabrir el debate sobre el
inicio del término para contar la caducidad de la acción, efectuando una
valoración probatoria y un análisis jurídico que ya realizó el Consejo de
Estado, pues lo que permite romper la fuerza de cosa juzgada de un fallo es
que se dé una de las causales que taxativamente consagra el artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, condición que en este caso no se cumple, ya que los
argumentos del cargo realmente consisten en cuestionar la interpretación
que de los elementos probatorios y de los hechos hizo la Sección Tercera,
como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia
adicional. No prospera el cargo.
156. Por las anteriores razones, esta Sala de decisión advierte la
improsperidad del recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, lo
declarará infundado.
157. Por último, la Sala no condenará en costas al recurrente vencido en
este proceso, debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365,
numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el
sub lite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 16, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Manuel José Méndez Rodríguez contra la sentencia
del 9 de mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Tercera de
esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Con salvamento parcial de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
NICOLÁS YEPES CORRALES
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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